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Página 22/LA NACION

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Miércoles 4 de julio de 2007

Polémica por las torres

Prohíben el ingreso con chicos

En bares y hoteles crece la niñofobia Continuación de la Pág. 1, Col. 5

con un público de altos recursos económicos y con una fuerte afluencia de turistas extranjeros. Lo cierto es que allí no entran los chicos, aunque vayan acompañados por sus padres y a pesar de que éstos juren y perjuren que sus pequeños son los más tranquilos del mundo. Sin dejar espacio a segundas interpretaciones, la propuesta es simple: o los mayores concurren solos o eligen otro lugar para visitar con su familia. “No hacemos excepciones. Los huéspedes nos empezaron a hacer la observación acerca de los chicos y el 80 por ciento de nuestros clientes son parejas solas”, justificó Pilar Etcheverry, de Ave María, una posada ubicada en Tandil, en la provincia de Buenos Aires. La polémica en torno de este tema parte de admitir que los chicos pueden resultar una alegría para muchos, pero también un fastidio para “quienes” buscan tranquilidad, sosiego y paz. La tendencia marca hoy que esos “quienes” tengan un nombre: childfree (en inglés “libre de niños”), un movimiento con mayor representación en los países desarrollados, que no plantean la necesidad imperiosa de tener hijos como medio de esplendor y autorrealización. Todo lo contrario: en oposición a los dictados biológicos y culturales de la gran mayoría, sostienen que el desarrollo profesional e individual es más importante, con lo cual estas parejas modernas han pasado a denominarse también dink (double income, no kids), lo que traducido al español significa: doble sueldo, ningún hijo. Y los dink tienen mucho dinero para gastar en esos pequeñosgrandes gustos: viajes, tecnología, estética, que para los padres tradicionales pueden resultar onerosos frente a otras necesidades propias de una familia. La capacidad de gastos hedonistas, como suelen denominarlos las empresas dedicadas a hacer estudios de mercado, son menores cuando hay hijos.

Nueva audiencia

Riachuelo: la ciudad hablará hoy ante la Corte

¿Hasta dónde se está dispuesto a soportar el berrinche de los chicos en restaurantes y hoteles? Si la pregunta se le realiza a la administración de La Pascuala Delta Lodge, un exclusivo hotel cerca del Tigre, la respuesta es tolerancia cero. “No se aceptan menores por políticas del hotel y por cuestiones de seguridad”, explicó Verónica Kaplan. “Lamentablemente, no aceptamos menores de 16 años en la isla”, agregó ante la consulta sobre la posibilidad de hacer una reserva en ese bello rincón del Delta.

ARCHIVO

Según Schiavi, hay un desfase

Aseguran que no está frenada la construcción

Quejas por discriminación La libertad de los niños, al parecer, colisionó contra la pared de un mercado –uno de los pocos, cabría añadir– que los rechaza por sus características intrínsecas e ineludibles: jugar, hacer ruido, etcétera, etcétera. Es que mientras en Europa, en los Estados Unidos y en Japón las políticas de admisión sobre los niños fueron imponiéndose y hasta son ampliamente aceptadas, en la Argentina la tendencia es muy reciente. Y no son pocas las quejas y las controversias que se plantean en torno a ello. “La decisión que tomamos fue analizada porque preveíamos, y de hecho sucede, que podría generar quejas. Sin embargo, primó el sentido de que la mayoría lo agradece”, explicó Etcheverry acerca de la política de admisión en Ave María, que fue adoptada hace poco. “Los que tienen chicos se enojan y lo toman como algo discriminatorio, pero uno tiene que estar acá para entenderlo”, graficó la encargada de ese hotel, que, según aclara, durante las vacaciones de invierno la posada se abre a toda la familia por única vez en el año. En Cariló, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hay hoteles de cuatro y cinco estrellas que ya vienen realizando esta práctica de restringir el acceso de menores, aunque de 14 años, a todas las instalaciones. Otros complejos sólo la circunscriben a las piscinas. Consultada al respecto, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo (Inadi),

Por Jesús A. Cornejo De la Redacción de LA NACION

María José Lubertino, señaló que no había recibido denuncias por discriminación sobre esta nueva política de admisión.

Derecho cuestionado “Lo primero que hay que decir es que cualquier restricción de este tipo es una manifestación discriminatoria. El derecho de admisión no existe, es una construcción cultural sobre la base del derecho privado, pero no hay una ley que lo sostenga”, dijo la funcionaria, que también es abogada. Lubertino agregó, con tono de advertencia: “En algún momento también hubo personas a las que les molestaron los negros, los judíos y los discapacitados”. Pequeños detalles, pero decisivos. Los chicos, como ocurrió con el cigarrillo, actualmente también son materia de admisión.

Costumbres extranjeras En otras partes del mundo, como Dinamarca, Portugal y Japón, es común que los padres dejen a sus hijos fuera de los restaurantes o de otro tipo de ambientes cerrados en los hoteles. Por ejemplo, en Nueva York, en 1997, se dio una situación muy curiosa: un bebe fue dejado en un cochecito en la puertas de un restaurante, mientras su madre cenaba y bebía en ese sitio. Varios asistentes al restaurante llamaron a la policía y se quejaron de la negligencia exhibida por la madre. Al ser detenida, la mujer dijo que dejar a los bebes en la calle mientras se asistía a un restaurante era una práctica común en su país de origen, Dinamarca, por lo que enta-

bló una demanda a aquella ciudad por falso arresto. Lo cierto es que, finalmente, los cargos fueron anulados y la mujer recibió una indemnización de 66.401 dólares. En Portugal, un gran debate se abrió recientemente por la niña británica de cuatro años Madeleine McCann, que desapareció de su cuarto de hotel, en el sur de ese país, mientras sus padres cenaban a apenas 50 metros de distancia. “¿Actuaron sus padres de manera negligente, al dejarla a la niña y a sus dos hermanitos menores solos, incluso por algunos minutos? ¿Era que se sentían seguros en esa población veraniega donde acuden tantas familias?”, se preguntaban los especialistas.

En un predio en el barrio de Parque de los Patricios

Dirá que la Nación no la consulta Pocas horas antes de la nueva audiencia ante la Corte Suprema de Justicia por la contaminación del Riachuelo, que comenzará a las 10 de hoy, el gobierno porteño pidió al máximo tribunal que declarara inconstitucionales dos normas dictadas por el gobierno nacional porque entiende que depositan en la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación funciones que corresponden por ley a la tripartita Autoridad de Cuenca y alteran, así, el desarrollo del ente colegiado. Mediante un escrito, la ciudad también criticó al gobierno nacional por no haber convocado un plenario de la Autoridad de Cuenca, lo que atenta contra la adopción de medidas acordadas entre las jurisdicciones para combatir la contaminación en la zona. Por eso, el gobierno porteño reclamó además al tribunal que le permitiera exponer su posición –que no siente representada por la secretaría nacional– y su plan de acción durante la audiencia de esta mañana. La Corte dio el visto bueno y hoy hablarán el procurador general de la ciudad, Agustín Zbar, y el ministro de Medio Ambiente, Juan Manuel Velasco. El año pasado la Corte Suprema hizo lugar a la demanda promovida por un grupo de vecinos damnificados y abrió una causa destinada a buscar una solución al grave problema sanitario y ambiental en la cuenca. Más tarde, el Congreso de la Nación creó por la ley 26.168 la Autoridad de Cuenca, el organismo con delegados de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño que debe encargarse de instrumentar políticas para el saneamiento. Unilateralmente, la Secretaría diseñó el Plan Integral de Saneamiento de la cuenca, que fue presentado ante la Corte. El máximo tribunal ordenó a la UBA un estudio de factibilidad del plan, cuyas conclusiones descalificaron duramente la propuesta. El ministro Velasco aclaró a LA NACION que el gobierno porteño “no cuestiona las acciones emprendidas” sino que “se hayan definido sin discusión previa con las otras partes”. Y sostuvo que “el decreto reglamentario de la ley 26.168 y una resolución de la Secretaría” depositan en la presidencia de la Autoridad de Cuenca funciones reservadas al ente colegiado y no a su presidencia.

FOTOS DE FEDERICO GUASTAVINO

Momento en que, por una orden judicial, son derribadas las casillas de la villa de emergencia desalojada

Ya sin casas, resisten el desalojo El gobierno les ofreció un subsidio de 450 pesos, pero muchos no lo aceptaron Por Evangelina Himitian De la Redacción de LA NACION Ni la policía, ni los mazazos que tiraron abajo las casillas. Tampoco la oferta del subsidio, ni la promesa trasladarlos a La Matanza. La mayoría de los habitantes del asentamiento Villa Huracán, en Parque de los Patricios, decidió resistir el desalojo del predio ferroviario, que se realizó ayer por la mañana. Cuando ya había bajado el sol, y pese a que casi no había casillas en pie, cientos de familias se disponían a pasar la noche junto a los restos humeantes de lo que eran sus casas. Algunos estaban agrupados en torno de fogatas en las que ardían las paredes de las casillas. Muchos deambulaban por ahí sin rumbo certero. Otros, dispersos, dialogaban con funcionarios porteños y de la Nación. Pasadas las 19, un grupo de representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, convocada para mediar entre los vecinos y el gobierno porteño, anunció que el desalojo estaba suspendido hasta las 10 de hoy. En la estación Buenos Aires, el ferrocarril Belgrano Sur,

se habían agolpado unas 300 personas, muchos eran habitantes de la Villa 21, que exigían que los representantes del gobierno de la ciudad, los inscribieran como beneficiarios de un subsidio habitacional de 450 pesos. Entonces, se decidió suspender para hoy esa tarea. En las rondas en torno de los fogones se debatía si aceptar o no ese dinero. “Compañeros, tenemos que quedarnos y aprovechar esta publicidad para sacarle más plata al gobierno”, proponía uno, con tono de puntero. Otro grupito le gritaba sus verdades a un comisario y a un grupo de oficiales. “Entraron con violencia, no preguntaron nada, no avisaron que nos teníamos que ir. Vinieron con las mazas y tiraron las casas por la fuerza. Además, la orden judicial estaba vencida. Tenía fecha del 22 de junio”, le gritaba Marioli, una mujer peruana, a un comisario. Cerca de las 9, unos 300 efectivos de la Policía Federal iniciaron el desalojo dispuesto por el Juzgado Nacional en lo Civil N° 9, a cargo de la jueza Emilia García. Se trata de 19 hectáreas, propiedad del Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe).

Los que quedaron sin techo

El operativo empezó en ambos extremos del asentamiento. A medida que los policías avanzaban, un grupo de personas no uniformadas, con palos y mazas en mano, tiraba abajo todo lo que hallaba a su paso. Más tarde, cuando la gente había retirado sus cosas, la policía prendía fuego a la precarias viviendas. De lo que ocurrió en esos momen-

tos, hay varias versiones. Mientras que las autoridades dijeron que no hubo incidentes, los habitantes del asentamiento afirmaron que hubo violencia y que dos mujeres embarazadas fueron brutalmente golpeadas. Ese era otro de los reclamos que los vecinos le gritaban a un comisario, que no quiso identificarse, cuando fue consultado por LA NACION. Sandra Durand estaba embarazada de cuatro meses, pero ya no sabe si su hijo nacerá. Tiene el cuerpo amoratado, un dedo quebrado y dice que fueron golpes de la policía. Su esposo, Félix, y un vecino lo confirman. Dicen que intentaron interponerse, y que gritaron que estaba embarazada y que no la golpearan. Al mediodía, la joven fue atendida en el Hospital Penna, según consta en un certificado que tiene la firma de la médica Elisa Blanco. Es una orden para una ecografía. En el monitoreo fetal que le hicieron no había signos de vida. “Me dijo que casi seguro me tengan que hacer un raspaje. Pero me vine acá porque mis dos hijos habían quedado solos”, contó Sandra a LA NACION. Anoche, se disponía a volver al hospital para ser atendida.

“La construcción de torres en la ciudad no está paralizada.” La afirmación del ministro de Infraestructura y Obras Públicas de la ciudad, Juan Pablo Schiavi, reabrió ayer la polémica: es que desde el sector de la construcción aseguran que en cinco barrios de la Capital hay 131 obras que están frenadas porque la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) no entrega los permisos para comenzar a realizarlas. “Acá hay una manipulación política del tema. La edificación de torres no fue frenada. Hay una mala interpretación. Lo que sucede es que hay un desfase de tiempos. AySA tiene que hacer una serie de obras y nosotros queremos que estas tareas estén avanzadas para que los constructores puedan levantar la torres sin problemas de infraestructura”, dijo Schiavi a LA NACION. El jueves 10 de mayo, LA NACION había adelantado que tras la veda para levantar edificios en altura, que había impuesto el jefe de gobierno, Jorge Telerman, en tan sólo tres meses se solicitaron 373 permisos de obras, de los cuales en 99 casos las habilitaciones quedaron condicionadas a una serie de trabajos de infraestructura que se estimaba que demorarían entre 10 y 15 meses. Desde entonces, los pedidos de factibilidad de obra continuaron llegando a la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (Dgfoc) y, en total, suman hoy 131 los casos rechazados, ya que los lugares donde se pretende levantar algunas torres no cuentan con la infraestructura necesaria para soportar un nuevo edificio. En esos lugares, se encomendó a AySA que realizara los correspondientes trabajos para poder habilitar las construcciones, según se informó. Desde el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) estimaron que hay unos 280 proyectos demorados por este tema. Y aseguraron que se ha paralizado la construcción de 336.000 m2, lo que significa 268 millones de dólares, según informó ayer la agencia Télam. Por su parte, distintas organizaciones barriales, principalmente de Caballito, opinaron. “No hacía falta ser visionario para darse cuenta de que tantos años de desinversión en materia de servicios públicos, sumados a la construcción sin planificación, traerían como consecuencia la insuficiencia de la red existente”, comentó un vocero de la Red Verde Ciudadana. “Si los vecinos no salíamos a la calle, ni el gobierno porteño ni las empresas se hubieran preocupado por el impacto que las construcción de torres podría tener en nuestros barrios. Esto es un logro de la lucha ciudadana”, dijo a LA NACION Gustavo Desplat, de Protocomuna, de Caballito.

En la Casa Rosada Ayer, el tema llegó a la Casa Rosada y el presidente Néstor Kirchner se reunió con funcionarios de AySA. Por la mañana, fue el propio secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, quien aseguró que la empresa AySA “no tiene en perspectiva ningún problema de provisión del servicio” de aguas y cloacas en las torres que se están construyendo en varios barrios porteños. Dijo López que AySA acompaña todos los proyectos de desarrollo inmobiliario “que estén definidos” y “no los proyectos hipotéticos” Por su parte, el titular de AySA, Carlos Ben, negó ayer que hubiera problemas de presión de agua por el fuerte crecimiento de la construcción en algunos barrios porteños ni que la antigüedad de las cañerías se viera afectada por este fenómeno, como denuncian los propios vecinos. Luego de esa conferencia en Gobierno, AySA emitió un comunicado relacionado con los pedidos de factibilidad para la construcción de edificios ubicados en los cinco barrios donde rigió la veda de la construcción: Caballito, Palermo, Villa Urquiza, Coghlan y Villa Pueyrredón. En ese escrito la empresa informó que se encuentra “en capacidad de realizar las obras, muchas de las cuales ya están en marcha, siendo su tiempo de ejecución en todos los casos menor que el necesario para la construcción de los edificios”.