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eDITORIALeS | CARTAS

| Viernes 20 de junio de 2014

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870 Número 1, Año 1 “la nacion será una tribuna de doctrina” Director: Bartolomé Mitre

Rating oficial: otra forma de sometimiento y control El Gobierno no ceja en su intención de disciplinar opiniones mediante la creación de entes que distraen los recursos públicos de las verdaderas necesidades

L

a decisión del gobierno nacional de crear el Sistema Federal de Medición de Audiencias (Sifema) para conocer el comportamiento de los argentinos de todo el país en su relación con la televisión abierta, digital y por cable sigue la línea que viene desarrollando el kirchnerismo desde hace 12 años: sumar recursos, tiempo y esfuerzos –que bien podrían ser destinados a cuestiones realmente necesarias– para imponer un particular relato. ¿De qué otra manera se puede explicar la necesidad de un gobierno por contar con una herramienta que le diga qué es lo que más miran los ciudadanos, cuáles son sus gustos y preferencias? ¿Piensa acaso redireccionar o incluso ampliar la pauta publicitaria pública, ya de por sí bastante frondosa, para intentar captar a quienes le son indiferentes? ¿Proyecta inmiscuirse en la distribución de la pauta privada, afectando su libre desenvolvimiento? ¿Acaso se ha propuesto usar en la próxima ingeniería electoral del oficialismo la información que se recabe? Cualquiera de esas opciones es posible. El Gobierno ha dado ya sobradas y lamentables muestras de querer controlar el comportamiento de la publicidad comercial. Lo hizo mediante el cepo colocado a los medios de comunicación independientes, a los que –con la necesaria anuencia de los empresarios que lo acataron– logró asfixiar a lo largo de todo un año. Lo hace a cada paso con la aplicación discrecional de la ley de medios, con la compra de empresas periodísticas por parte de empresarios amigos y con la inequitativa distribución de la pauta oficial. Aun así, con un gasto en propaganda gubernamental de alrededor de 4000 millones de pesos anuales, no ha podido hacer que esos medios afines le resulten redituables ni económica ni políticamente. El rating no los acompaña y los escándalos del Gobierno se siguen ventilando y con muy buena audiencia en la prensa que no le es larvaria. En su discurso de lanzamiento del Sifema, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que “la proporción de la pauta del Estado es casi inexistente frente a la magnitud de la privada”. ¿Acaso nos está anticipando que la propaganda oficial crecerá todavía más, siendo que hoy es de casi el 14 por ciento de la masa publicitaria total privada, que ella misma informó que se sitúa en torno de los 30.000 millones de pesos anuales? ¿Intenta hacernos creer que es lo mismo publicidad comercial que propaganda política? Ningún escándalo parece hacer claudicar al

Gobierno de su absurda intención de hegemonizar el pensamiento de los argentinos. O precisamente porque necesita hegemonizarlo para desviar la atención pública de los negociados que protagonizan varios de sus más encumbrados funcionarios, es que cada día sorprende con una novedad descabellada, como la reciente creación del área de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, un recurso con reminiscencias fascistas que debiera ser condenado con vehemencia por quienes, desde otras veredas políticas, dicen defender las libertades que consagra la Constitución. Todo indica que el Sifema será un escalón más en la búsqueda de consolidar el oligopolio estatal de medios y que será también un nuevo recurso en el sostenimiento del relato con que el Gobierno pretende adaptar a su gusto la realidad, como lo ha hecho con el viejo Indec e intenta hacerlo con el nuevo. El Sifema, seguramente, será hermano del costosísimo Fútbol para Todos y primo no muy lejano de los institutos revisionistas históricos, entre otras de las múltiples instituciones Estado-dependientes que financiamos todos los ciudadanos. Cuando fue lanzado el Sifema públicamente, sin ningún tipo de reparo ni siquiera sonrojos diversos funcionarios explicaron que, además de medir el rating, ese sistema realizará reportes de la pauta publicitaria. El Gobierno tendrá entonces de primera mano un amplio registro de dónde los empresarios prefieren publicar sus avisos. No sería extraño que ese mapa le sirva para decidir dónde instalar eventuales nuevos cepos. El trabajo de campo lo hará un grupo de universidades públicas que integran el Observatorio del Sector Audiovisual de la República Argentina, creado en 2012. Más allá del trabajo responsable que realicen los especialistas de esas casas de estudio, preocupa saber cuál será el fin o la utilidad que el Gobierno vaya a dar a esa información que, según ya adelantaron a la prensa algunos de esos expertos, tendrá puntos de coincidencia con la que hoy publica Ibope –una de las mayores empresas de investigación de mercados en América latina–, y otros que diferirán, pues cuentan con distintos procesos de tomas de datos. Lo que para los funcionarios es un rating “público, federal y soberano”, para muchos analistas del gasto estatal representa un capricho más de un gobierno empecinado en uniformar y disciplinar las opiniones de los ciudadanos.

Emergencias y desastres agropecuarios

E

l cambio climático, capaz de provocar graves perjuicios, es un desafío que debemos asumir. Por ello, la ley 26.509 que regula las emergencias y los desastres agropecuarios resulta un instrumento positivo en la medida en que se aplique con eficacia y con los recursos indispensables, cosa que en los hechos no siempre sucede. La ocurrencia de fenómenos climáticos de gran intensidad y cada vez más frecuentes ha dejado su marca en cultivos y ganados: alternancia de sequías con elevados registros pluviométricos incapaces de fluir pausadamente. En este contexto, tuvo lugar una reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, cuya función es evaluar situaciones de emergencia y eventuales desastres, y recomendar la aplicación de medidas contenidas en la citada ley y otras que de acuerdo con la situación resultaren convenientes para los productores agrarios y para el sector público, que debe asumir sus costos. Ante la situación reinante, el gobierno nacional convocó a esa comisión, integrada por organismos nacionales encabezados por el Ministerio de Agricultura; a representantes provinciales de los territorios afectados, y a las entidades rurales. El funcionamiento del sistema de la ley convoca a los gobiernos provinciales que requieran la asistencia del gobierno federal para evaluar los daños a la producción: si alcanzan el 80 por ciento, son considerados desastres y dan lugar a los mayores beneficios; con daños del 50% califican como emergencias. Así las representaciones provinciales concurren con un decreto que describe los perjuicios de cada cultivo en tal o cual distrito y proporción, y según la duración del ciclo productivo.

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La aplicación actual de la ley involucra a cuatro provincias: La Pampa, que declaró en emergencia agropecuaria una parte de sus once distritos agrícolas y agroganaderos, y Córdoba, Tucumán y Mendoza. Tucumán expuso los daños ocurridos en las plantaciones de caña de azúcar, de citrus y de hortalizas. Mendoza presentó los daños en las vides, en los duraznos para consumo e industria, y en general plantaciones de frutas con carozo, que influyen en la reducción productiva y los consiguientes altos precios. Córdoba exhibió también su evaluación de los daños sufridos y consecuentemente su pedido de declaración de emergencia y/o desastre. Estas situaciones dan lugar a las medidas de alivio que se consideren pertinentes, tales como una prórroga o exención impositiva, el otorgamiento de créditos, obras de infraestructura y otras que se supone eficaces para los fines perseguidos. Cumplida la tarea inicial de la comisión nacional, las emergencias han vuelto a aparecer. Ahora como consecuencia de renovadas situaciones de sequías e inundaciones, plagas y enfermedades animales, que serán motivos adicionales para reclamar medidas. Es ya el caso de la provincia de Formosa, que lo reclama para sus cultivos tropicales, víctimas de las masivas precipitaciones del sur de Brasil, que están inundando territorios de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, y comprometiendo ganado del delta del Paraná y aledaños. Cabe destacar que la reunión de la citada comisión sirve también para otros fines, como en este caso el pedido de que, de sancionarse una ley de seguro agrario, ésta debería ser complementaria de la ley 26.509 y no contrapuesta.

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CARTAS DE LOS LECTORES

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La crisis de la deuda Confianza La presidenta Cristina Kirchner “no da confianza” y sus palabras en cadena nacional “son un problema”, expresó el juez Thomas Griesa, para sentenciar finalmente: “No quiero que se vuelvan a reír de una sentencia judicial”. Jamás imaginé que iba a coincidir en algo con ese magistrado, pero no puedo menos que reconocer que sus dichos son exactamente lo que pienso y pensé siempre de quienes nos representan y el modo en que lo hacen. Marta Escobar

vida en democracia. Esto significa que resulta sumamente dificultoso juzgar las conductas de ese pasado con los patrones que hoy nos rigen. Esta dificultad se advierte particularmente cuando se trata de personal militar de rangos inferiores, formado en un contexto autoritario y a la luz de criterios que exigen la obediencia ciega...”. Hoy, quienes tienen el delicado deber de juzgar han invertido este concepto fundado en distintos artículos del Código de Justicia Militar y la doctrina penal militar, cargando injustificadamente toda la responsabilidad en las menores jerarquías (tenientes y cabos) que no tenían poder de decisión alguno. Rafael Mariano Braga

DNI 8.447.824

DNI 6.030.071

La familia

Caranchos

La educación es el medio y el fin permanente para construir la libertad y felicidad de las personas, por eso la necesidad de elaborar una reingeniería de aquélla como producto y proceso en nuestro país. Es preciso reformular el rol de la familia, a través de una actualizada concepción sobre una escuela para padres, espacio donde adquiere central reconocimiento el eje por donde se significa la paternidad. Emerge la necesidad de cambios en los paradigmas educativos dominantes; se

Los tan mentados buitres en estos días me recuerdan que la Presidenta el 29 de noviembre de 2012 nos calificó a los jubilados de buitres y caranchos, por reclamar judicialmente lo que el Estado no nos paga. Ese día por cadena nacional expresó la Presidenta: “Los buitres y los caranchos no están sólo afuera”, refiriéndose a nosotros, los jubilados. Carlos Alberto Finkel [email protected]

Calificativo Como santacruceño por adopción, me sorprende que el Gobierno denueste, llamándolos “buitres”, a aquellos especuladores que aprovechan las fluctuaciones del mercado comprando barato para vender caro y que, al no poder cobrar sus deudas, recurren a la Justicia pidiendo el embargo y/o la expropiación del moroso Si fuera así, ¿cómo deberíamos calificar a una pareja de abogados que ejecutaba viviendas hipotecadas por la “1050”, dejando familias en la calle, para comprarlas posteriormente y revenderlas a un precio sustancialmente mayor? Alejandro Cullen

DNI 11.988.733

Solución Mal que le pese al Gobierno, la solución para este grave momento será lograr un crédito del Fondo Monetario Internacional para pagar nuestras deudas y así retornar a la comunidad global con algo de honra. Ciertamente, esto significará que el Fondo vuelva a monitorear al Estado, primer paso hacia un reordenamiento imprescindible.

En la Red La pelea con los holdouts Facebook

“¿Cómo se negocia con alguien tratándolo de buitre?” Carlos H. Nápoli @napopsa

“Paul Singer con los bonos ganó un 1608%, x eso es un buitre, y quien incrementó un 1172% su patrimonio durante el Gobierno, ¿cómo se llama?” Néstor Antenucci @nestorantenucci

Ricardo Gutiérrez Krüsemann

DNI 4.384.530

Campagnoli y Burke El fiscal Campagnoli es reconocido por su honestidad y dedicación a su profesión, y ahora es enjuiciado por haber investigado al poder político. Es realmente preocupante este avasallamiento a la Justicia y a la independencia del Ministerio Público Fiscal. Sea escribiendo esta carta, participando de una marcha a su favor o con cualquier otro acto desde el ámbito que a cada uno le toque en nuestra sociedad, es necesario que todos realicemos algún aporte por la calidad institucional de nuestro país. Al respecto, es pertinente recordar la famosa frase de Edmund Burke: “Lo único necesario para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada”. Nicolás Durrieu

DNI 29.150.189

Obediencia debida En 1987 el presidente Raúl Alfonsín decidió clausurar los enfrentamientos que aún persistían en la sociedad como consecuencia de los luctuosos hechos ocurridos en los años 70, como también evitar todo acto tendiente a alentar la venganza. En su mensaje al Congreso con motivo de la ley de obediencia debida, precisó los límites de enjuiciamiento dispuestos en el artículo 10 de la ley 23.049. En uno de sus párrafos más significativos sostiene: “... el sistema imperante hasta 1983 comportó una forma de convivencia que ninguna relación guarda con los valores de

“Señor Capitanich, si fuimos víctimas del lobbying de los fondos buitre es porque, entre otras cosas, falló el lobbying que pagamos todos” Mariano Bronenberg @m-bronenberg

“En 2004 fui al cine a ver Memoria del saqueo, de Pino Solanas, que es el mismo que hoy pidió negociar con los buitres y no entrar en default”

No maten mi sueño Tengo casi 92 años, en 2005 comencé un juicio de reajuste de haberes contra el Estado nacional (Anses). Actualmente se encuentra en el Juzgado Federal de 1a Instancia de la Seguridad Social N° 3, a cargo de la jueza Alicia Braghini, que con mucho criterio falló a mi favor con sentencia firme, sin que la Anses haya apelado. Pero igual no logro cobrarlo. Trabajé desde los 13 años, teniendo entre dos y tres trabajos. Así pude darles educación y estudios a mis tres hijos. Me entristece mucho ver sus caras de preocupación y angustia. Hablan despacio para que yo no me entere, pero yo sé que el dinero no alcanza para pagar la casa de reposo (geriátrico) en la cual estoy. Ellos, con sus propios problemas, me tienen que ayudar. No tengo ideología política. Sólo quiero que a algún funcionario, especialmente de la Anses, o legislador se le ablande un poco el corazón y piense que los viejos no tenemos tiempo, que mañana puede ser muy tarde. No maten mi último sueño, ayúdenme, por favor. Pascual Solco

DNI 93.197.633

Carteles Con relación al artículo publicado el jueves pasado, “Publicidad en la vía pública, falta de control en carteles y gigantografías”, quisiera señalar que a todas mis denuncias iniciadas en el CGP 13, que continuaron en la mesa de entradas del GCBA y en la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público, la respuesta fue el silencio absoluto. El único organismo que se ocupó del tema fue la Defensoría del Pueblo, que envió oficios a varias dependencias del GCBA pidiendo información sobre el caso y, atento a la falta de respuesta, en noviembre del año pasado envió un “cumple res” (cumple resolución) donde resuelve: “Poner la resolución en conocimiento del ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, a los efectos que estime corresponder. Recomendar a los directores generales de Control y de Inspecciones disponer la realización de las inspecciones correspondientes, y al director general de Ordenamiento del Espacio Público, de informar si el cartel posee permiso de publicidad vigente”. Gloria Slemenson

DNI 16.580.262

Asesinato de Mugica En su artículo titulado “Hay que juzgar a los asesinos de Mugica”, el autor, Leandro Despouy, insta a que sean condenados quienes mataron al sacerdote, dando por descontado que se trató de miembros de la Triple A. Y ocurre que habría que aclarar previamente si los autores del crimen fueron ellos o montoneros, ya que éstos habían amenazado previamente a la víctima, que predicaba dejar las armas después del ascenso del peronismo al poder. Juan Luis Gallardo

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Los scouts

impone la urgencia de que el objetivo de la “profesionalización” docente en todos sus niveles gire alrededor de la recreación de valores y de enseñar a aprender creativamente. Aquí aparece el Estado, la institución más importante de todas, el espacio donde se edifican las bases, donde se hace sostenible el valor de los otros pilares, que debe prever garantías y obligaciones éticas y morales, tener autoridad para dirigir a los grupos y proponer un nuevo marco de acción. Familia, escuela, sociedad y Estado conforman un todo en donde cada una de estas partes se entrelaza y retroalimenta, construyendo el camino por donde pasa el presente. Es ese todo el que debemos rediseñar y repensar en cuanto a su razón de ser.

Quisiera referirme al artículo del domingo último sobre los boy scouts de los Estados Unidos. Soy un ex boy scout y un ex jefe de tropa. La formación que tengo en una muy buena parte la debo a mi agrupación. Nuestros lemas: Dios, patria y familia. Nuestras tres virtudes: franqueza, servicio y pureza, que se exponen siempre en el saludo de los tres dedos y el pulgar que se apoya sobre el meñique, y significa que el grande protege al pequeño; además, entre los mandamientos sobresalientes figuran amar la naturaleza y los animales, y proteger a la mujer. Tengo 86 años y la implantación de esas reglas en mi vida desde los 13 años ha sido fructífera, por el trato que recibo de mi entorno. Las reglas scouts no aceptan gays hombres o mujeres. Los amateurs de esta nueva moda deterioran las buenas costumbres de la moral, que no cambia. La libertad es el primer don que tiene el hombre. Que formen la agrupación que quieran, pero que no se autodenominen “scouts”, porque nuestras reglas no lo permiten.

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DNI 3.296.449

Juan José Domínguez @juanjotucumano

Edgardo Néstor de Vincenzi

Jorge Chadarevian

las notas más leídas de ayer en lanacion.com De la eDición impresa

1. Una tarjeta personal complica a Boudou. 2. Ordenó la Casa Rosada excluir a Boudou. 3. Economía amenazó con no pagar el vencimiento de deuda de este mes.

De la eDición online

1. En un partido dramático, Uruguay le ganó a Inglaterra con los goles de Luis Suárez. 2. Duro artículo en The Washington Post contra la Argentina por los fondos buitre. 3. Habló la abogada del padre de la nena abusada durante 9 años por el marido de la madre.