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COMERCIO

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Sábado 16 de abril de 2011

) Posible nuevo avance del Estado

El fantasma de la Junta de Granos Continuación de la Pág. 1, Col. 1

do recientemente por la agrupación Canpo, afín al Gobierno, propone un ambicioso plan de seguridad alimentaria que incluye más intervención en el comercio y hasta la vuelta de las retenciones móviles. A la hora de analizar qué pasaría si los fantasmas sobre la nacionalización se volvieran realidad, en una de las bolsas de cereales dijeron que esta decisión sería un golpe mortal a intermediarios y exportadores. “Cuando lo hagan, y nosotros creemos que lo van a hacer, es el fin de nuestro negocio y el de las exportadoras”, dijeron en una de las bolsas. En el Gobierno, en tanto, en línea con las declaraciones de Domínguez, niegan que se esté trabajando en un proyecto para darle una porción del comercio al cooperativismo y crear una agencia para manejar el negocio granario. “Hemos hablado del tema, pero no estamos haciendo nada concreto”, destacó un funcionario cercano a Domínguez. “Nos reunimos con la FAA y sabemos que apoyan ideas de este tipo, pero no estamos analizando ningún proyecto de ellos. Sí vemos que hay una suerte de cartelización por la cual las grandes exportadoras manejan el 90% del negocio, y nos gustaría que eso cambiara”, señaló el funcionario. “Queremos que las empresas nacionales participen más del comercio, pero todavía no tenemos definido cómo se va a hacer. Lo que no haríamos, a menos que la Presidenta lo pida, es volver a las retenciones móviles, como se publicó en algún lugar. Eso sería un suicidio después de lo

que pasó en 2008”, dijo la fuente. En el sector privado califican como descabellada la mera idea de recrear algo parecido a la vieja Junta Nacional de Granos. “Hoy no hay motivo racional para apoyar la creación de una agencia estatal de control de comercio, para hacer lo que hace con mucha eficiencia el mercado”, dijo Raúl Dente, asesor de la Federación de Acopiadores y directivo de la Junta de Granos hasta su disolución, en 1991. “La prueba de esto es que el único producto que no está intervenido, la soja, es el que cuenta con una comercialización más transparente. Los cultivos que tienen problemas son los intervenidos, como el trigo y el maíz. Es absurdo pensar en corregir un vicio nacido de la intervención con más intervención”, señaló. Para Dente, sería difícil reproducir la antigua estructura de la Junta, que supo tener puertos y elevadores propios. “Hoy hay todo un sistema comercial y logístico privado que antes no existía, porque lo tenía el Estado. Y además una serie de instituciones privadas, como las bolsas, que garantizan en forma eficiente un comercio libre y transparente”, dijo. Con esta visión coincidió Gustavo López, director de la consultora Agritrend y otro ex directivo de la Junta que escribió el libro Vamos al grano, en el que analiza el rol del Estado en el comercio granario en el pasado. “Estatizar el comercio no es una decisión que se puede tomar en forma ligera, por las complicaciones que implicaría”, señaló López. “Primero, el Estado debería tener la po-

testad para hacer compraventa de granos y contar para eso con partidas especiales y volúmenes interesantes de dinero. Segundo, habría que crear una infraestructura para manejar los graneles. Luego está el hecho de decidir si se respetan los precios de mercado o se ponen precios sostén. Y finalmente, el tema de vender la mercadería. Si lo hacés por tu cuenta como Estado, es muy complicado, y si lo hacés a través de los privados, es lo mismo que lo actual, pero más costoso e ineficiente”, analizó López, que se desempeñó en la Junta de 1980 a 1991. López tampoco cree que el otorgamiento del 30% de las exportaciones de granos a las cooperativas sea una buena idea. “Esto implica hacer lo mismo que se hace hoy con los cupos a determinadas exportadoras. Poner cupos desalienta la competencia y genera las diferencias de precio que se producen hoy en los cultivos intervenidos. Además, de aplicarse esto, habría que ver que las cooperativas tengan capacidad para concretar esas exportaciones, y no las terminen haciendo a través de las grandes cerealeras”, dijo. Dentro del arco político, uno de los que más criticaron el virtual proyecto de estatizar el comercio es el legislador de Unión Celeste y Blanco por Buenos Aires, Jorge Srodek. “Es evidente que los problemas que existen en la comercialización son consecuencia de la intervención. Es claro entonces que mayor intervención nunca podría ser la solución” declaró. En las entidades, en tanto, el proyecto de estatizar la comercialización y darles una porción de esta a las cooperativas genera

nuevos motivos de división. Así, mientras FAA aplaude la idea, en el resto de la Comisión de Enlace la rechazan. “Nosotros propusimos a Domínguez lo de las cooperativas, y nos gustaría que se aplicara. Ahora, si van a intervenir más en el comercio, es importante que no lo hagan con una visión nostálgica, pensando en la Junta, sino buscando una herramienta que se maneje en forma mixta y que dé igualdad de oportunidades a todos”, destacó Pedro Peretti, directivo de FAA, entidad vinculada a la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), virtual beneficiaria del proyecto oficial. “La Sociedad Rural cree que lo peor que hizo el kirchnerismo es haber destruido el mercado, cuando nosotros creemos que lo peor fue promover la concentración del negocio. La vuelta al libre mercado no va a solucionar eso, por eso queremos que el Estado participe”, dijo Peretti. En la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), vinculada a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), no creen, en consonancia con el resto de las entidades, que la movida oficial para favorecer a las cooperativas sea beneficiosa. “Nosotros no queremos prebendas para comerciar, sino poder operar con igualdad de oportunidades y en un mercado transparente y libre. Si el Gobierno quiere que las empresas nacionales participen más, podría empezar por darles más ROE a estas empresas, y hacer verdaderas políticas de incentivo a su desarrollo”, señaló Carlos Garetto, presidente de Coninagro.

Los viejos tiempos del control estatal

“Es absurdo corregir un vicio derivado de la intervención oficial, como la distorsión en el trigo, con una junta y más intervención” Raúl Dente Federación de Acopiadores

“El cupo a las cooperativas generaría el mismo efecto que los cupos a las exportadoras: desalentar la competencia y bajar el precio de los granos”

Cómo operaban los entes que manejaban el comercio Según recuerda el analista Gustavo López en el libro Vamos al grano, el primer indicio de intervención en el comercio granario fue en 1933, con la creación de la Junta Reguladora de Granos, cuya principal misión fue garantizar un precio sostén a los productores, en un contexto mundial de fuerte intervención del comercio de parte de todos los gobiernos por la crisis económica internacional. Durante el primer gobierno de Juan Perón, en 1946, se profundizó la intervención, al expropiarse los elevadores de las exportadoras más importantes y crearse el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), que controló el comercio de la mayoría de los bienes desde 1946 hasta 1955, cuando la Revolución Libertadora liquidó el organismo. López define a esta etapa como “una experiencia poco feliz que llevaba a marginar al sector primario, el cual, a través de diversas metodologías, veía disminuir sus ingresos en pos de una supuesta asistencia a otros sectores, en medio de una discrecionalidad absoluta”. El siguiente intento de controlar el mercado granario fue la Junta Nacional de Granos. Esta tuvo dos etapas: una, de 1956 a 1972, en la que sólo trabajó como garante del precio sostén al productor, y, tras una breve interrupción, la etapa de 1973 a 1991, en la que se reestatizó el comercio, como en la época de la primera presidencia de Perón, pero sin el mismo nivel de intervención de los tiempos del IAPI. En esta última etapa, López integró el organismo, junto al asesor de la Federación de Acopiadores, Raúl Dente, y el ex secretario de Agricultura, Marcelo Regúnaga. Sobre esa etapa, López recordó: “Es difícil establecer si la Junta ayudó a que el productor recibiera un mejor precio. La Junta siempre salía a definir los precios sostén, pero hasta que se ponía en marcha, era difícil que conformara al productor, porque muchas veces la inflación ya se había comido ese valor”. Dente compartió esta percepción. “Siempre había gente quejándose. Los productores querían más precio; los corredores, más comisión. Todos querían que se les solucionase el problema. Hoy, estos inconvenientes los ajusta el mercado solo”, dijo Dente. “La Junta era un organismo eficiente y muy profesionalizado, pero en sus últimos tiempos no es que intervenía en todo, sino en los productos más problemáticos y sensibles, como el trigo, y trabajaba en un contexto totalmente diferente del de ahora”, recordó López. “Por otro lado, es probable que generara focos de corrupción”, acotó. Según López, hacia fines de los 80, la Junta ya estaba encarando un proceso de reforma hacia un modelo más liberal. “Ya se estaba pensando en achicar su estructura”, dijo López. La susodicha reforma no llegó a ver la luz, debido a que en 1991, en medio de una ola de desregulación de la economía, el ministro de Economía Domingo Cavallo decretó la eliminación total del organismo.

TESTIMONIOS

Gustavo López Agritrend

La exportación de granos, un negocio que podría pasar de las manos de las cerealeras a ser controlado por un organismo del Estado

“Si el Gobierno quiere que las empresas nacionales participen más, que empiece por darles ROE para poder exportar” Carlos Garetto Coninagro

ARCHIVO

EL ANALISIS

¿Volver a la JNG de los años ochenta? JOSE MAREA MACERA LA NACION

Fui parte de un equipo de jóvenes profesionales que administramos la Junta Nacional de Granos (JNG) en los años ochenta. Fueron tiempos en los que la JNG tenía prestigio y pudo llevar adelante políticas para el sector con solvencia y transparencia. En los últimos días, y a raíz de alguna propuesta de sectores afines al Gobierno, ha vuelto a instalarse el debate sobre la conveniencia de recrear un organismo del tipo de la ex JNG, que fuera disuelta en 1992. El desgastante conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario ha deteriorado la posibilidad de realizar un debate serio y objetivo. También pesan viejos fantasmas de la época del IAPI y de la estatización del comercio del año 73. Más allá de ello vale la pena emitir opinión acerca del rol del Estado en el comercio de granos y como instrumentar esas políticas. Una característica central del comercio de granos es que se trata de un mercado muy cercano a los modelos de competencia perfecta que uno estudiaba en la universidad. La intervención del Estado en un mercado de estas características nunca debe restringir la competencia que permite que el accionar de la exportación no

genere rentas oligopólicas y se traslade íntegramente al productor el precio internacional. Por lo tanto, y como medida básica, el principal rol del Estado en este comercio es garantizar la competencia. Para ello debe ofrecerse el máximo de información oportuna y transparente de cosechas, ventas y compras de operadores, embarques, mercados internacionales, etc. Y hacer un permanente seguimiento del mercado y el reflejo de su paridad. En los últimos tiempos, el foco puesto en el abastecimiento interno (“la mesa de los argentinos”) sesgó todas las medidas de política de comercio de granos. Para evitar el supuesto faltante de productos y disociar los precios internos de los internacionales, se cerraron o cupificaron las exportaciones, provocando fabulosas transferencias de ingresos a favor del sector exportador y la molinería, y desaprovechando oportunidades muy favorables en el exterior. Una JNG con capacidad de operar comercialmente estaría en condiciones de resolver estos objetivos de política, sin afectar la competencia y sin inhibir ventas externas. Así se hizo de un modo trasparente en los años ochenta. Alternativamente se podrían instrumentar mecanismos para garantizar el abastecimiento, sin compras públicas, obligando a reservar por cada tonelada exportada la proporción requerida localmente.

Además, este organismo podría satisfacer el objetivo de generar favorables condiciones comerciales para los pequeños productores por medio de compras a precios diferenciales sin alterar el funcionamiento del mercado. Entonces ¿volver a la Junta Nacional de Granos de los años ochenta? No. a) Aquella Junta, tenía la mayor parte de su personal en la administración de los elevadores portuarios y algunos del interior. Hoy, la red privada de elevado-

Es importante tener diagnóstico e implementar medidas específicas. No hay nada de eso hoy en el sector público y allí está la principal falencia res, moderna y competitiva, cumple más eficientemente esta tarea, y ha permitido la enorme expansión de estos años. b) La Junta tenía una red de fiscalización para garantizar los certificados de depósito, lo que permitió la gran transformación al separar el pago de mercadería y su entrega en los puertos (la famosa resolución 1825). Hoy ya se ha desarrollado un moderno sistema de warrants privados, que cumple eficaz-

mente con dichos requerimientos. c) En aquellos años, muchos países tenían agencias estatales de compra de granos. Hoy prácticamente todos los países han desmantelado estos monopolios de compra. Por lo tanto se requiere un organismo pequeño, altamente calificado, que priorice un acabado conocimiento del mercado, garantice la trasparencia y competencia y que cuente con los mecanismos, recursos y facultades necesarios para resolver los problemas específicos que se describieron y algunos otros que la política pública determine. Algo en la línea de lo que es el Banco Central para la actividad financiera. Es importante tener diagnóstico y poder implementar medidas específicas, oportunas, inteligentes. No hay nada de eso hoy en el sector público y allí está la principal falencia. Si algo positivo tenía la JNG de los ochenta era la capacidad de tener diagnóstico y gestionar políticas. El sector agrícola es el corazón de la economía argentina, el proveedor de las divisas, la base de su sector agroindustrial. Se hace imprescindible contar con un sector público que esté a la altura de su importancia.

El autor es economista y fue gerente de la JNG