“El Diálogo Nacional como reconocimiento de actores y demandas”

19 sept. 2015 - reconocimiento de actores y demandas”. Este documento está escrito para generar análisis, reflexión, debate crítico y militante. Sus opiniones ...
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19- SEPTIEMBRE- 2015

“El Diálogo Nacional como reconocimiento de actores y demandas” Este documento está escrito para generar análisis, reflexión, debate crítico y militante. Sus opiniones no necesariamente representan la posición oficial del Movimiento Alianza PAIS.

1.

Antecedentes

Si bien en Ecuador los sindicatos tuvieron un protagonismo en los años 1970 y 1980 en la defensa de los derechos de los trabajadores, a partir de mediados de los ochenta y sobre todo desde 1990 y el primer Levantamiento del movimiento indígena, los movimientos sociales han ocupado el espacio público para posicionar sus demandas y reclamar por diferentes temáticas. De esta forma, estos nuevos actores han sido parte activa de un proceso de confrontación, negociación y diálogo con los diferentes niveles del Estado y sobre todo con el gobierno central, a quien en general han dirigido sus principales reivindicaciones. Este surgimiento de lo que algunas corrientes de la sociología han llamado los “nuevos movimientos sociales” fue una tendencia que se pudo observar en todo el mundo a partir de los años 1970, en reemplazo de los sindicatos y sus reivindicaciones más clasistas. En efecto, las reivindicaciones materiales, que existen todavía, han dejado el espacio a la reivindicación de una identidad específica valorizada: “Desde dos o tres décadas […] la parte más dinámica de las luchas democráticas ya no se juegan tanto en el registro del haber sino en el del ser. […] ya no se trata tanto de afirmar una igualdad-similitud universalista que une igualdad-singularidad universalista.”1 La lucha para una mejor democracia pasó de una política de redistribución a una política del reconocimiento. Entonces la lucha ya no se cantona a las esferas política, económica y social, sino también penetra todas las esferas de la sociedad, la cultura, las costumbres, la educación, la familia, etc. La emergencia de un movimiento social es significativa de una insuficiencia en las identidades colectivas preexistentes. Según Marisa Revilla, “los movimientos sociales mantienen una lógica de identificación y participación en la producción de sentido; […] como formas de acción colectiva no institucionaliza, nunca intentan alcanzar el poder político. Su acción se dirige al desarrollo del proceso de identificación (componente expresivo) y a la obtención de los recursos que permitan tal desarrollo (componente instrumental)” 2 . Los nuevos movimientos sociales se han renovado en la forma de organizarse para reivindicar sus derechos, tanto en la comunicación, como la implicación, la participación o la expresión, lo que ha constituido un cambio radical de las formas de intervención social y política. ¿Cómo se procesa políticamente el surgimiento de este tipo de actores y las demandas que colocan en el espacio público? ¿De qué forma el espacio político del Diálogo Nacional permite la inclusión de las diferentes voces en el entramado estatal?

1

Caillé, Alain (2006). Quelle démocratie voulons-nous ? Pièces pour un débat. Paris, La Découverte, p.7. 2 Revilla, Marisa. “Gobernabilidad y movimientos sociales, una relación difícil”. América Latina Hoy, Salamanca, n°8 (2nda época), junio de 1994, p. 23

Interrogarse respecto a esta cuestión implica indagar en las formas de reconocimiento y articulación que pueden establecerse con las diferentes dinámicas societales. En el marco de un proceso revolucionario de construcción política, este tipo de articulaciones resultan fundamentales para estructurar un colectivo de actores sociales aliados al proyecto político, capaz de convertirse en una base social de apoyo y otorgar nuevos sentidos y significaciones al proyecto político en tanto supone indagar respecto a cómo se construyen identidades políticas colectivas que apuntalan los procesos en curso. 2.

El reconocimiento como lógica de procesamiento político.

La irrupción de actores sociales en el espacio público supone un desafío para los gobiernos que pueden escoger diferentes formas de procesar políticamente las demandas y satisfacer los reclamos de los actores movilizados. Ello se encuentra vinculado a las políticas de reconocimiento, como dimensión constitutiva del ser humano a partir de la interrelación con los demás. Así, las luchas por el reconocimiento forman parte de diversas manifestaciones sociales en las cuales los actores ocupan el espacio público para pedir la inclusión de sus demandas o ser tomados en cuenta en los procesos de toma de decisión. El primero en remarcar la necesidad de “la mirada de los otros” fue Rousseau. El pensador distingue entre el “amor por sí mismo”, relacionado con la auto-conservación de lo que denomina el “amor propio” vinculado a la comparación que se realiza con los demás. El tercer sentimiento que describe el autor es la “idea de consideración”, es decir la necesidad de atraer la “mirada” del otro3. Todorov retomará este punto destacando la importancia que adquiere la sociabilidad para el ser humano, entendiendo que “la vida intersubjetiva está atravesada por esta necesidad de reconocimiento, atendiendo a lo que llama la incompletude original”4. Honneth, como representante de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, aborda la problemática del reconocimiento desde la perspectiva de una teoría social crítica. Para el autor, si las sociedades tradicionales estaban organizadas en función del honor y del estamento al cual se pertenecía, las sociedades modernas lo hacen en torno al concepto de dignidad que determina específicas modalidades de reconocimiento público. Es decir, la división en estamentos, propio de las sociedades feudales, cede su paso a un nuevo tipo de sociedad cuyos fundamentos se sustentan en la dignidad humana. De esta forma, “el término reconocimiento tiene una expresión inicial en el terreno jurídico, que se orienta a la nueva configuración de las relaciones sociales y políticas bajo los principios de igualdad y libertad asociados a la dignidad intrínseca que se asigna a todos los hombres en su calidad de ciudadanos y sujetos de derecho”5. De esta forma, el autor designa tres esferas del reconocimiento: la esfera del amor, la esfera del derecho y la esfera del reconocimiento social o solidaridad. El primer caso se encuentra vinculado a la relación establecida entre la madre y el hijo. El reconocimiento en esta esfera es una mutua relación de afectividad y su ausencia determina una situación de maltrato6. Por su parte, la esfera del derecho “procura la libertad individual de los sujetos posibilitando el libre ejercicio de sus capacidades” 7 . Aquí, la falta de reconocimiento significa precisamente el “no reconocimiento de la capacidad moral del sujeto de hacerse cargo de sus actos como sujeto autónomo digno de derechos y deberes”8. Por último, la esfera de la solidaridad social, posee un carácter contextual en tanto “el reconocimiento y la valoración de las particularidades de los sujetos responden al marco interpretativo que cada sociedad entrega a determinadas características sociales”9. Honneth distingue el fenómeno del reconocimiento de aquellas prácticas asociadas a la sumisión o al dominio afirmando que “estas formas de ejercicio de poder deben ser concebidas como fenómenos de reconocimiento 3 Ramaglia, Dante

(2010). Debates actuales en torno a las políticas del reconocimiento: constitución de los sujetos y cambio social. Revista anual de la Unidad de Historiografía e Historia de las Ideas. Mendoza. Vol. 12 / nº 2. 4 Ídem. Pp.47. 5 Ídem. Pp. 50 6 Tello Navarro, Felipe Hernán (2011). Las esferas de reconocimiento en la teoría de Axel Honneth. En: Revista de Sociología. Pp. 47. 7Ídem. Pp. 48. 8 Ídem. Pp.48 9 Ídem. 50

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escatimado, de menosprecio y humillación calculados, de modo que el reconocimiento mismo nunca pueda caer en la sospecha de ser funcional a un medio de dominación”10. Se distancia de esta forma de las críticas de Althusser para quien toda forma de reconocimiento debe poseer un carácter de ideología en tanto la interpelación a un destinatario supone siempre la imposición de una unidad imaginaria. La falta de reconocimiento o las experiencias fallidas de reconocimiento significan para Honneth un daño a la subjetividad de las personas. En este sentido, Ramaglia retoma la teoría de Honneth especificando que si bien la negación de derechos y dignidad resulta de utilidad para entender los conflictos sociales, “cabe reparar que no se limita sólo a una experiencia moral que se traslada de lo individual a lo colectivo, sino que es desde este último nivel referido a la dimensión social y pública que frecuentemente se produce la visibilización de las demandas de los sujetos sociales que se constituyen en el mismo proceso de la lucha por ser reconocidos”11. ¿Qué significa ello en el campo político? Si pensamos en los diferentes actores y las relaciones que se construyen en este microcosmos, la identidad de los sujetos movilizados puede depender en muchos casos de la forma que adopte el reconocimiento estatal, en tanto niega o posibilita la inclusión de las diferentes voces no solo en el entramado estatal sino también en las múltiples formas de participación ciudadana. Asimismo, la respuesta estatal puede adoptar diferentes variantes: desde la inclusión de una serie de concesiones que los gobiernos realizan a fin de desactivar la protesta callejera, como así también retribuciones materiales, gestos simbólicos o también formas políticas de reconocimiento en tanto se legitima la presencia de un nuevo actor en el campo político y se inicia un proceso de diálogo y negociación. También puede operar una falta de reconocimiento de los actores movilizados, en cuyo caso el ciclo de la conflictividad puede acrecentarse. Siguiendo a Offe (1996), la respuesta estatal a las demandas de los movimientos sociales puede dividirse, analíticamente en dos planos: a) el del reconocimiento: los detentadores del poder estatal aceptan o rechazan a las organizaciones, los representantes y/o los líderes de los movilizados, es decir, en qué medida el Estado los toma en consideración, de qué modo los interpela o cómo los trata, y b) el de las concesiones, es decir, en qué medida las políticas y decisiones de los detentadores del poder estatal contemplan o toman en consideración positiva o negativamente las demandas o reclamos, es decir, de qué modo aceptan o rechazan las reivindicaciones o intereses de los grupos movilizados. 3.

Los nuevos movimientos sociales

La emergencia de los nuevos movimientos sociales en la década de los ochenta supone un conjunto de innovaciones. En primer lugar, el carácter de sus reivindicaciones, vinculadas básicamente a nuevas formas de regulación y dominación de la sociedad capitalista. En segundo lugar, el predominio de otros actores colectivos, lo que en muchos casos sustituyó la primacía del movimiento obrero. En tercer lugar, respecto a las estrategias de lucha, si bien se registra una innovación en los repertorios de acción, la ocupación del espacio público sigue siendo la más importante. Ello se conecta con el cuarto punto, referido a la estructura organizativa que adoptan en tanto han privilegiado una construcción horizontal. Por último, tal como lo expresa Boaventura de Sousa Santos, “la novedad de los nuevos movimientos sociales no reside en el rechazo de la política sino, al contrario, en la ampliación de la política hasta más allá del marco liberal de la distinción entre Estado y sociedad civil”12 . Este elemento sirve para resituar las demandas de los movimientos sociales. Es decir, si en el pasado sus reivindicaciones se orientaban hacia la toma del poder o el desmantelamiento de las instituciones para crear nuevas estructuras, los nuevos movimientos sociales entienden la política de forma ampliada como “práctica de producción y reproducción de los diversos órdenes sociales”13.

10 Honneth, Axel, (2006). El reconocimiento como ideología. En: Isegoría. Nro.

35. Julio – Diciembre. Pp. 131 (2010). Debates actuales en torno a las políticas del reconocimiento: constitución de los sujetos y cambio social. Revista anual de la Unidad de Historiografía e Historia de las Ideas. Mendoza. Vol. 12 / nº 2. Pp. 48 12 Boaventura de Sousa Santos. ‘’Los nuevos movimientos sociales’’. Revista OSAL. Septiembre de 2001. Pp. 181. 13 Tapia, Luis (2009). Movimientos sociales, movimientos societales y los no lugares de la política. En: Cuadernos del Pensamiento Crítico Latinoamericano, CLACSO, Buenos Aires. Pp. 1 11 Ramaglia, Dante

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A partir de ello, ¿cómo se da la relación con el Estado, los partidos políticos y los gobiernos? Un punto importante aquí radica en delimitar las transformaciones que supone el cambio de gobiernos de tinte neoliberal a gobiernos progresistas. Si durante la década anterior, los movimientos podían articular su plataforma de protesta en torno a las consecuencias del modelo neoliberal y su impacto en la sociedad, la llegada al poder de gobiernos progresistas en la región supone un nuevo desafío en tanto las agendas de gobierno recuperan gran parte de estas reivindicaciones materiales, transformándolas en agenda de políticas públicas. En efecto, si la conflictividad y la falta de reconocimiento político habían marcado el vínculo de los movimientos sociales con los anteriores gobiernos, la nueva ola de gobiernos progresistas interpela a las organizaciones sociales a resituarse en el campo político ya no como antagonistas sino como potenciales aliados. Sin embargo, aun cuando las políticas públicas implementadas durante los últimos años satisfagan en cierta medida los requerimientos de los actores movilizados, recuperando históricas demandas olvidadas por los gobiernos neoliberales, este proceso supone que los actores deben reacomodar sus posiciones en el campo político, lo que en muchos casos significa el inicio de un nuevo ciclo de movilización, la integración (conflictiva y fallida) a las filas del partido gobernante o la delimitación como nuevos antagonistas en el campo político. 4.

El diálogo como espacio de reconocimiento y retorno a la política

El año 2014 marcó un cambio en las correlaciones de fuerza a nivel político debido a los resultados de las elecciones seccionales del 23 de febrero, la reactivación de los sectores de derecha con una fuerte disputa de liderazgo en su interior y la aparición de un escenario de reacción y respuesta permanente ante la agenda colocada por los sectores de oposición. Para inicios del 2015, esto significaría un incremento sostenido de la movilización social, visible tanto el 19 de marzo como el 1 de mayo, a partir de la confluencia de diversos actores opositores al gobierno. En lo que respecta a los actores, en ambas marchas destaca la presencia de un fuerte sector de clase media y ciudadanos, que se sumó a los reclamos de aquellos opositores estructurales a la Revolución Ciudadana (organizaciones vinculadas al ex MPD, CONAIE, Compromiso Ecuador, etc.). Mientras que, si se tienen en cuenta las principales reivindicaciones, la marcha del 19 de marzo expresó un cansancio de algunos sectores con respecto al gobierno, motivadas sobre todo por las salvaguardias y el reclamo de una mayor libertad de expresión, por su parte, la marcha de la oposición del 1 de mayo condensó los reclamos por la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, el rechazo a la eliminación del 40 % de los aportes del Estado al IESS y otros temas como la Ley de Tierras y el Plan Familia. La irrupción de estos actores ha abierto nuevos desafíos respecto a las lógicas de reconocimiento político de la Revolución Ciudadana y el procesamiento de las demandas. Al respecto, una de las enseñanzas de dicho proceso radica en que la radicalización de una propuesta política y la recuperación de la iniciativa política necesitan no solamente de una hegemonía y fuerza electoral, sino más aún de un tejido de actores y una base social capaz de apuntalar el proceso, actuar en su defensa y trabajar en su construcción. El proceso de cambio que vive el Ecuador no es una responsabilidad única del Ejecutivo sino que “ese cambio se construye [también] desde abajo, con la participación de diferentes actores” 14 . Ello no significa ni la cooptación de los movimientos sociales, ni su desmovilización, ni el apoyo irrestricto a todo el proyecto político de gobierno sino más bien una articulación política capaz de procesar las demandas de los actores y darles una respuesta. En términos de construcción política, esto significa quitar el rol destituyente o desestabilizador con el cual se ha caracterizado a los movimientos y organizaciones sociales que ocupan el espacio público y pensarlas desde un lugar que resignifique el carácter instituyente que pueden desempeñar en el campo político. De esta forma, repensar en una lógica del reconocimiento con los diferentes actores sociales implica un cambio en la estrategia de construcción política establecida. En este sentido, si pensamos el reconocimiento como una 14 Andrango,

Luis (2010). Las organizaciones sociales y los procesos de cambio en el Ecuador. En: Los movimientos sociales y el sujeto histórico. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Ecuador. Pp.46.

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realización reproductiva que consiste en otorgar valor públicamente a cualidades ya existentes en los seres humanos, existe todo un campo de gestos simbólicos, que no se vinculan necesariamente con medidas de redistribución material, que el proyecto político de la Revolución Ciudadana puede implementar para de esta forma volver a atraer a los diferentes movimientos y organizaciones sociales. Por otra parte, las lógicas del reconocimiento también implican un debate respecto a las formas democráticas por las cuales se canaliza el conflicto. En este punto, el riesgo de la democracia no radica solamente en la ausencia de consensos respecto a instituciones y valores fundantes de la misma sino también “cuando su dinámica de lucha aparece negada por la emergencia de un aparente consenso sin grietas”15. Retomando los aportes de Chantal Mouffe, el camino para lograr la radicalización de la democracia requiere de la emergencia del debate político y la confrontación. Lo político entonces lejos de ser identificado como la búsqueda de consenso, se constituye en un espacio de antagonismo y conflicto. De esta forma, una democracia radical y plural implica “la necesidad de reconocimiento del otro y la imposibilidad de anular las diferencias, y la aceptación del antagonismo, como una dimensión propia del campo de la política”16. Bajo estas consideraciones, el llamado al diálogo nacional propuesto por el Presidente Rafael Correa en ocasión del retiro temporal de los proyectos de Ley de Redistribución de la Riqueza (herencias) y de ganancias extraordinarias (plusvalía), y coordinado por la Senplades, constituye tanto una modalidad de procesar el conflicto como una forma de retorno a la política, ya no en ocasión de una contienda electoral sino precisamente para trasladar el debate respecto al Ecuador que queremos en los espacios de la sociedad, potenciar el diálogo, la interlocución y el intercambio de ideas con los diferentes actores en los territorios. Este empoderamiento del proyecto político con los sectores populares y las clases medias es precisamente lo que permite no solo pensar en la reconstrucción de un ciudadano crítico sino más aun considerar los espacios del diálogo como mecanismos correctivos de la política pública, a partir de las demandas respecto a sus mejoras, extensión de servicios públicos, entre otras. Así el diálogo se convierte en una herramienta de participación que permite reconocer a los diversos actores socio-políticos así como a sus demandas legítimas. En este sentido, los aportes de la teoría de la democracia deliberativa de Habermas establecen que “las decisiones y normas son legítimas cuando están fundadas en razones que resultan de un proceso de deliberación público, inclusivo y equitativo en que los ciudadanos se implican libremente”17. A partir de ello, Franklin Ramírez Gallegos retomando la perspectiva de Avritzer, afirma que la potencialidad de la noción de espacio público radica en la reflexividad a la cual incita. Es decir, “los individuos comunes forman entre sí, de modo más o menos racional, una pluralidad de juicios y opiniones sobre temas relevantes para el conjunto de la sociedad. Al hacerlo, pueden influir en la construcción del bien común y en las orientaciones del sistema político (…) Esta racionalidad política se decanta en la formación de espacios públicos como específicos lugares (topos) que emergen cuando la ciudadanía interactúa discursivamente sobre asuntos que le conciernen. Desde dichos espacios, los actores sociales interpretan, resignifican y producen información, tematizan nuevos asuntos y avanzan reclamos de cuyo procesamiento dependerá la legitimidad del sistema político. La reflexividad social se pauta así, como una forma de participación argumentativa que amplía el espacio, la práctica y el concepto de la políticas más allá de sus confines institucionales”18. La oportunidad está sobre la mesa ahora. La apertura del diálogo, el retorno de la política a amplios espacios de la sociedad, donde las personas viven su cotidianidad y reflexionan sobre los desafíos que aún restan por cumplir en el marco del proyecto de la Revolución Ciudadana, delimita los contornos de un nuevo proceso de construcción política que debe ser acompañado de la invención de nuevas lógicas de reconocimiento político, otorgando voz a los actores sociales y procesando políticamente sus demandas. 15 Carrillo,

Ricardo (2010). El nuevo momento de los movimientos sociales. En: Los movimientos sociales y el sujeto histórico. Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana. Ecuador. Pp.64. 16 Ídem. Pp.65 17 Ramírez Gallegos, Franklin (2008). El espacio público como potencia Controversias sociológicas desde la experiencia participativa de Medellín. En: ICONOS. FLACSO – Ecuador. Pp. 62. 18 Ídem. Pp. 63.

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