El derecho del voto bajo grave amenaza Desde finales del año 2016 el derecho del voto ha sufrido en Venezuela un alarmante deterioro. Primero fue la suspensión del proceso de referéndum revocatorio basada en la intervención de jueces sin competencia en materia electoral. Luego el desconocimiento de los diputados del estado Amazonas por parte del TSJ, que a su vez condujo al desconocimiento de la Asamblea Nacional . Después la no realización en 2016 de las elecciones regionales, que ahora se anuncian para diciembre del 2017, con lo cual se prorroga ilegalmente un año el ejercicio de los gobernadores en función. Y últimamente la ilegal e inconstitucional convocatoria por parte del Presidente de la República de una ANC para una reforma la Constitución, aunque de hecho propone una sustitución de la existente. El CNE aceptó la convocatoria y fijó el mes de julio para su realización, obviando la obligatoria consulta al soberano que manda la Constitución. Tanto la Fiscal General de la República, como dos magistrados del TSJ han presentado públicamente objeciones a la propuesta presidencial de ANC, que ha recibido también sustanciales críticas de reconocidos juristas. Adicionalmente, con base en una artificiosa argumentación, el TSJ, en reciente sentencia relacionada con el poder municipal, excluye el principal instrumento de participación política ciudadana como es el voto directo, introduciendo la elección de segundo grado para las Juntas Parroquiales, con lo cual abre la posibilidad del voto indirecto, en reemplazo del sufragio directo que establece la Constitución . Una grave responsabilidad de este deterioro corresponde al CNE, un poder independiente del Estado que tiene el deber de preservar el derecho de los ciudadanos al voto, que ha permitido, faltando a su obligación, la violación flagrante de las normas que protegen este derecho. Mención especial a este respecto merecen las bases comiciales entregadas por el Presidente de la República al CNE y aprobadas por éste en las que se sustituye el voto universal directo y secreto, donde a cada ciudadano corresponde un voto, por una elección sectorializada que ha sido de uso frecuente bajo regímenes dictatoriales en algunos países. Adicionalmente, se introduce la regionalización del voto por municipios, ignorando los criterios de la representación con base en la población que establece la Constitución, lo que lleva a una enorme disparidad del peso del voto entre los municipios, en detrimento de los municipios con más habitantes.

Con ello el CNE carga con la inmensa responsabilidad de dirigir el país hacia una vía de confortación violenta, al cerrar el camino constitucional, civilizado y pacífico para dirimir las diferencias políticas como es el voto universal, directo y secreto. La presentación hecha por la presidenta del CNE, que valora como solución a la crisis del país la propuesta de ANC, cuando es evidente su carácter sesgado y excluyente del sector político opositor, deja en entredicho tanto la imparcialidad a la que está obligada, como su responsabilidad con el país. Una vez más hacemos un llamado al CNE a retomar el camino constitucional, ejerciendo su poder para la restitución de los procesos electorales del país dentro del marco de las leyes, en aras de la paz de la nación. Caracas, 25 de mayo de 2017