Punto final

Educación: no podemos perder más el tiempo Los intereses personales de los dirigentes magisteriales han contribuido a la violación del derecho a la educación de los niños. POR MARÍA ESTER ORTEGA*

El sistema educativo ha sido golpeado tan duramente este año que, aún antes de asumir, el próximo gobierno tendrá que tomar decisiones firmes para enfrentar los retos que se presentan en las áreas de cobertura y calidad. En primer lugar, deberá asegurar que el presupuesto fluirá en enero, como elemento esencial para que las escuelas obtengan los materiales necesarios: útiles, material didáctico, refacción escolar y aulas en buen estado. Para agilizar este proceso se deberá cambiar el modelo de gestión y dar más protagonismo a las organizaciones de padres de familia (OPF), las cuales, conjuntamente con los directores, docentes y líderes comunitarios, pueden facilitar la adquisición de textos, los que en los últimos tres años solo han llegado a preprimaria; cabe señalar que desde hace ocho años no se han entregado en las áreas de Ciencias Naturales y Estudios Sociales. Las OPF también podrán adquirir las bibliotecas y computadoras cuya entrega estaba planificada en el proyecto financiado con el préstamo del BID, pero que nunca llegaron; se mejorará la infraestructura dañada, construir baños, instalar piso, reparar techos, y, lo importante, definir la demanda docente, al avisar a las autoridades la cantidad de maestros que se necesitarán el siguiente año. Las OPF también podrán asegurar que se cumpla con el horario y calendario escolar. Este año, más de 300 niños del nivel primario —17 por ciento del total, según reporte oficial— recibieron menos de 90 días de clase. Dado que siempre los mismos maestros apoyan la huelga, este es el tercer año que sus estudiantes son aprobados sin haber desarrollado las competencias del grado. ¿Será posible que la próxima administración continúe tolerando esta pérdida de conocimientos que los niños y niñas jamás repondrán?

Los intereses personales de dirigentes magisteriales y gubernamentales han contribuido a la violación del derecho a la educación de los niños, elemento fundamental en su desarrollo. Diferentes estudios han demostrado que la cantidad máxima de días trabajados en un año escolar es de 120, debido a las celebraciones en las escuelas “que sí trabajan”: elección de “reinas ”, excursiones, mañanas deportivas, concursos, Día de la madre, del cariño, del Árbol, del niño, de la Tierra, del Agua y otros 40 más que aparecen en el calendario publicado por el Ministerio de Educación. Las nuevas autoridades deben definir lineamientos y hacerlos cumplir, para que esas actividades se lleven a cabo los sábados o en jornadas alternas, incluso los juegos magisteriales —encuentros de futbol con equipos de maestros — que se celebran en horas de clase de marzo a junio, con la participación de toda la escuela. El sistema de supervisión ha sido tan poco eficiente que en visitas a las escuelas del área rural se ha constatado que algunos maestros ni siquiera conocen a estos técnicos. Muy pocas veces llegan a las aulas, se limitan a llamar seguido a los directores a sus oficinas para información; dado que la mayoría de los directores también dan clases, el promedio de reuniones de 50 al año equivale a 50 días de clase perdidos, adicionales a las huelgas y las celebraciones. A lo anterior se agrega que los maestros salen muy mal preparados de las normales. En el 2010 el nivel de logro de los graduandos de magisterio en Matemáticas fue de 1.74 por ciento —de una media de 5 por ciento a escala nacional—; en comprensión lectora fue de 18.5 por ciento —media nacional de 22 por ciento—. La capacitación que podría ayudarlos a desarrollar sus competencias docentes no se dio en los últimos tres años, y de los aproximadamente 158 mil maestros en el sistema, únicamente se vieron favorecidos dos mil 500 con la profesionalización. Estos datos hacen fácil comprender por qué de los 117 mil 830 estudiantes que se graduaron en el 2010, el 32 por ciento repitió por lo menos un grado. Es motivo de análisis considerar como prioridad la necesidad de que la profesionalización sea dirigida hacia la secundaria. Otra acción inmediata debe ser la ampliación de la cobertura del sector público, que solo cubrió el 19 por ciento de los que se graduaron en el 2010; el 77 por ciento restante lo cubrió el sector privado. La proyección reportada por la Dirección de Planificación del Mineduc muestra que en preprimaria en el 2009 se aumentó la cobertura en 30 por ciento, pero queda pendiente el 40 por ciento adicional para completarla. En el nivel primario, con cobertura del 98 por ciento, la principal preocupación es que los estudiantes permanezcan hasta 6º grado. En el nivel básico, el 40 por ciento de los egresados del nivel primario no puede continuar su educación en institutos de básicos, por no haber suficiente oferta. Si no pueden pagar educación privada, estos jóvenes se quedan sin estudiar y sin trabajar y solamente vagan por las calles, presa fácil de las maras y de los grupos criminales. Es necesario que Educación Extraescolar, que puede atender a estos jóvenes con

cursos que los capaciten para el trabajo, vuelva a tener el presupuesto que en los últimos años se vio reducido de Q78 millones a Q10 millones para el 2012. No podemos perder más el tiempo.

*Consultora de Asíes y exviceministra de Educación.