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| Lunes 7 de abriL de 2014

BUENOS AIRES Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez | www.lanacion.com/buenosaires

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Un guardián de plaza, cabecilla de la “mafia de la fruta y la verdura”

Los riesgos de comprar vegetales en la calle

Según la Justicia, un peruano que es cuidador de la plaza San Martín y vive en la villa 31 sería uno de los jefes de la red ilegal que organiza a manteros en Palermo; en un allanamiento le incautaron $ 60.688

opinión Gastón Diéguez (*)

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Pablo Tomino LA NACION

Un puesto de venta ambulante sobre la avenida Cabildo al 700

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Coordinación La operatoria de esta red de venta ilegal está perfectamente aceitada: bien temprano, dos camionetas reparten las balanzas y los tablones, y otros seis camiones, las frutas y las verduras. Unas 20 personas ocupan mandos medios y estarían involucradas; además, hay 30 manteros. Según la Justicia, el dueño de la verdulería de la calle Migueletes y su padrastro, el guardián de plaza, serían los que se ocupan de contratar a los jornaleros y proveer los tablones y las balanzas para cada puesto. Además, otras dos familias, también de origen peruano, se encargarían de entregar y retirar las frutas y las verduras en los puntos prefijados. En las viviendas de estas dos familias, allanadas la semana pasada, se encontró una puerta oculta detrás de

Zona de venta lle

la firma Argenper, por los cuales el guardián transfería dólares a Perú. También cursaron un pedido de informes para saber si este hombre era ex policía en su tierra natal, según consta en la causa a la que tuvo acceso LA NACION.

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Guardián de plaza, verdulero, cabecilla de una red de 30 manteros y adinerado. Uno de los “reyes de la fruta porteña” es un peruano que trabajaría junto con un compatriota suyo que es dueño de una pequeña verdulería en la calle Migueletes, en Las Cañitas. Ambos son investigados por la justicia porteña como presuntos organizadores de una red de 30 puestos ilegales de venta ambulante de frutas y verduras en esquinas de Palermo con los que facturan casi un millón de pesos por mes. El Ministerio Público Fiscal y la Policía Metropolitana realizaron la semana pasada otros ocho allanamientos en domicilios de “mandos medios” de esta red, que factura unos 31.000 pesos por día, de la que LA NACION dio cuenta en su edición del 25 de marzo pasado. Los nuevos procedimientos arrojaron varias revelaciones: al guardián de plaza le secuestraron 60.688 pesos en efectivo de su domicilio legal, una vivienda de tres plantas en la villa 31, donde también encontraron la ropa y las credenciales que utiliza para hacer su tarea en la plaza San Martín, de Retiro. Cuando LA NACION consultó al Ministerio de Ambiente y Espacio público si este hombre era empleado de la Ciudad –su nombre no se publica porque en la causa hay secreto de sumario–, confirmaron que efectivamente “está como contratado”. La policía también incautó libros contables que aportaron más detalles de las operatoria de la venta de frutas y verduras en las esquinas de Palermo. Incluso descubrieron una puerta secreta en dos viviendas donde se alojaban otros peruanos, que se encargan del reparto a los puesteros de la mercadería que adquieren en el Mercado Central. Son dos departamentos que están interconectados en un complejo de edificios que la Ciudad otorga a personas de bajos recursos, con créditos accesibles, en la calle Saladillo al 3700, en Villa Lugano. Tal como adelantó LA NACION, la red de venta callejera ilegal de frutas y verduras se desarrolla en un área delimitada por Scalabrini Ortiz, Santa Fe, Libertador y Olleros. Los puestos están en sitios estratégicos, como las puertas de supermercados, cadenas de farmacias y comercios de comidas rápidas que tienen buena afluencia de público. En los allanamientos en la casa que el guardián de plaza tiene en la villa 31 se encontraron documentos que revelan que esta persona sería propietaria, en Perú, de una casa de 300 metros cuadrados. La Justicia también investiga recibos de

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$ 31.000 p/día en total

Fuente: LA NACION

un placard. Este pasadizo unía los dos departamentos. “Posiblemente la usaban para escapar o esconderse ante algún operativo o reclamo”, indicó una fuente de la Ciudad. Ademas, las dos familias serían dueñas de un predio de Villa Lugano, lindero al terreno de Fernández de la Cruz y Pola ocupado por más de 3000 personas hace un mes. Allí guardan una flota de ocho camiones con valo-

Archivo/ s. filipuzzi

res que superan el millón y medio de pesos. Cuentan con vehículos Iveco y Mercedes-Benz con los que hacen el reparto de los cajones de frutas y verduras. La fiscalía sospecha que la documentación de aquella propiedad es falsa; así, consideran que el terreno habría sido usurpado. En los libros que secuestró la Policía Metropolitana figuran los nombres de los vendedores y el dinero que recaudan cada día. A saber: “Paragua” vendió el 29 de marzo pasado por $ 1225 pesos; se le pagaron $ 190 por su jornada laboral y le descontaron $ 35 por el almuerzo. “Seguimos investigando esta red y se están reuniendo todas las pruebas necesarias para que [sus integrantes] sean condenados. La venta ilegal de mercadería en la calle es un riesgo grande para la salud de quienes consumen esta mercadería”, dijo a LA NACION Verónica Guagnino, fiscal de cámara de la ciudad. La semana pasada, durante las actuaciones labradas a los manteros que venden fruta en Palermo, dos fueron detenidos por amenazas y resistencia a la autoridad. Uno, en

Scioli apelará el fallo que lo obliga a rectificar el número de víctimas por la inundación polémica. La gobernación bonaerense considera que el juez Arias parte de “falsas premisas” Pablo Morosi

CORRESPONSAL EN LA PLATA

LA PLATA.– El gobierno bonaerense apelará en las próximas horas el fallo del juez en lo contencioso administrativo platense Luis Arias que lo obliga a rectificar la información sobre el número de víctimas mortales de la inundación en esta ciudad y llevarlo a 89, al tiempo que cuestiona duramente la actuación de las dependencias estatales durante la tragedia del 2 de abril de 2013. Fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense indicaron que la Fiscalía de Estado provincial será la encargada de hacer la presentación, en la que se considera que la sentencia del juez Arias expresa una “visión subjetiva” y “parte de falsas premisas”. De este modo, la gobernación busca despejar los cuestionamientos sobre un supuesto ocultamiento de información relativa a la catástrofe. Según el planteo, que lleva la firma del fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, y será presentado este mediodía, el fallo de Arias fue dictado “contrariando la normativa que fija los procedimientos a seguir para la modificación de asientos o registros de defunciones y excediendo el acotado marco que suponen los recursos de hábeas data”, adelantaron a LA NACION los informantes.

PARA LA NACION

En su fallo, Arias constató un total de 89 muertes como consecuencia de la trágica tormenta, y detectó serias irregularidades en la operatoria de la morgue local y en las defunciones anotadas en el Registro de las Personas bonaerense. En lo que atañe al gobierno provincial, el magistrado condenó al Poder Ejecutivo a llevar adelante sumarios para deslindar responsabilidades administrativas, difundir ampliamente la sentencia y rectificar “la información inexacta” divulgada oportunamente sobre la cantidad de muertes producidas como consecuencia del excepcional fenómeno climático de hace un año. Como se recordará, a 48 horas de la catástrofe, el gobierno de Daniel Scioli se apresuró a difundir una lista de 51 fallecidos. Luego, en los días posteriores, ante la aparición de nuevos casos, informó que el total de decesos por la inundación sería determinado por la Justicia. Expediente penal La resolución de Arias, que también remitió una copia a la justicia penal para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública, destaca que “la falta de esclarecimiento de estos casos guarda indudable vinculación con el incumplimiento de las obligaciones

normativas a cargo de las autoridades sanitarias y judiciales”. La condena impuesta al gobierno provincial apunta a la rectificación de los datos “a través de los mismos medios de comunicación por los que se dio a conocer la información inexacta” y su publicación en el Boletín Oficial bonaerense en un plazo de cinco días hábiles, que se cumplen hoy. Según fuentes gubernamentales, en la apelación se planteará que fue el magistrado quien “aportó a la sociedad información falsa” y que “evaluó las acciones de los funcionarios como si no hubieran sucedido en un contexto de catástrofe”. Los voceros indicaron que “el juez confunde incertidumbre fáctica con falta de veracidad” y explicaron que “hay un desarrollo temporal de los hechos que fue sobre lo que el gobierno fue informando, pero sin la pretensión de fijar un concepto de verdad determinada”. Según se expresó, en el recurso de apelación se sostiene que “la sentencia discurre sobre un inexistente ocultamiento de víctimas basado en declaraciones periodísticas personales de funcionarios carentes de relevancia para ser consideradas expresión válida de la voluntad estatal”. Asimismo, se apunta que “lejos de aportar certidumbre, el juez [Arias] vuelve incierto algo conocido por

los familiares de las víctimas, que son quienes saben, a ciencia cierta, que su familiar falleció como consecuencia de la inundación”. Prudencia Para las autoridades provinciales, “era muy importante actuar con prudencia y evitar mayor zozobra a la comunidad enfrentada a semejante tragedia”. Precisamente, consideran que eso es lo que generó la intervención de Arias, a quien también se cuestiona por convertirse en “un juez inquisidor que apeló a procedimientos propios de la justicia penal y permitió otras irregularidades que serán señaladas” en el recurso, se criticó. También se objeta como irregular la intervención con el rol de amicus curiae (figura que permite la participación como “amigo del tribunal” de una persona física o jurídica con interés legítimo en el curso de una causa) de Soledad Escobar, a quien se señala como funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación. La semana pasada, Escobar –que tuvo activa participación en varias diligencias de la causa– había adelantado que, si apela el fallo de Arias, “el gobierno provincial vuelve a revictimizar a los familiares”. Y advirtió: “No nos vamos a quedar quietos si lo hacen”.ß

la esquina de Santa Fe y República Árabe Siria; otro, en Libertador y Salguero. Este último, cuchilla en mano, amenazó a los uniformados que intentaban subirlo a un patrullero, según contaron fuentes del caso a LA NACION. Pero luego la fiscalía consideró que no se pudieron “probar las amenazas”. Y, por lo tanto, fue liberado sin cargos. La paradoja es que la actividad de la red constituye sólo una contravención; al organizador de la venta ilegal ambulante, como el guardián de plaza, le cabe una multa de 60.000 pesos. Hasta hace pocos días, los manteros seguían en las esquinas de Palermo, a la vista de policías, inspectores porteños, fiscales y jueces.ß

del editor: cómo sigue. La acumulación de pruebas será fundamental para cimentar un caso testigo que, luego, pueda ser usado para adecuar las normas y las sanciones

os vegetales son alimentos con una elevada carga bacteriana, no sólo porque se cultivan en los suelos, sino también porque su consumo es de forma directa, en estado crudo. Muchos no se someten a ningún tratamiento previo a la ingesta, lo que eliminaría posibles patógenos, como ocurre con las ensaladas. Sumado a esto, las malas prácticas de manipulación e higiene de los vendedores en la vía pública aumentan el riesgo del consumidor de contraer una enfermedad transmitida por los alimentos (ETA). Así, los peligros microbiológicos más comunes en este tipo de alimentos son la Listeria, la Escherichia coli y la Salmonella sp., pero también presentan riesgos químicos, como los insecticidas, plaguicidas o herbicidas, entre otros. Estos peligros se incrementan cuando las quintas de producción son regadas con aguas servidas provenientes de camiones atmosféricos. De más está decir que esta práctica está prohibida, pero se sigue haciendo en algunos lugares por productores inescrupulosos. El Mercado Central realiza controles sobre las verduras y frutas ingresadas, que son aproximadamente el 50% de las que se venden en la Capital y el Gran Buenos Aires; hace análisis de residuos de pesticidas, microbiológicos y de colorantes en frutas. Pero la venta callejera, además de estar prohibida, representa un potencial riesgo para la salud pública, ya que los productos no suelen tener el debido amparo sanitario ni la factura de compra. En este caso, se desconocerá su origen y no se podrá saber desde qué huerta productora llegó el producto y en qué condiciones fueron cultivadas las frutas, verduras y hortalizas. Por eso la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control realiza el decomiso directo e inmediato de toda mercadería que no cumpla con la documentación que ampare su origen, mientras que inspectores del Ministerio de Espacio Público deben “levantar” los puestos ambulantes. Eso sí: el consumidor siempre debe adquirir los productos en lugares debidamente habilitados y controlados por inspecciones frecuentes. Y nunca en la calle.ß

(*) Veterinario; inspector de la Agencia Gubernamental de Control

transporte público

Audiencia judicial por el aumento del subte La jueza Elena Liberatori, a cargo del expediente en el que se cuestiona el aumento del subte, convocó a las partes en conflicto –el gobierno porteño, Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y al diputado opositor Alejandro Bodart– a una audiencia para el viernes próximo. En ese ámbito, la Ciudad tendrá que dar a conocer “propuestas tendientes a solucionar la controversia” por el incremento de la tarifa a $ 4,50, que rige actualmente, y que se analiza en la Cámara de Apelaciones. La reunión se celebrará desde las 13 y Sbase deberá explicar los avances de la Comisión para la Evalua-

ción del Cuadro Tarifario, que fue creada para el cumplimiento de la orden cautelar que fue dictada. Como se recordará, la magistrada consideró que el sistema tarifario establecido, que incluye abonos y descuentos a viajeros frecuentes, era inequitativo. Y ordenó al gobierno porteño a rever el esquema. La resolución fue apelada por la Procuración General de la ciudad. Si bien está pendiente una definición de segunda instancia, el diputado Bodart (MST) anticipó que pedirá que se dicte una medida cautelar que suspenda la suba hasta que se resuelva la cuestión de fondo.ß

barracas

seguridad vial

El vicepresidente 1º de la Legislatura porteña, Cristian Ritondo, y los diputados Roberto Quattromano (Pro) y Claudio Palmeyro (Bloque Sindical Peronista) descubrirán hoy una placa en homenaje a los llamados “héroes de Barracas”, los rescatistas que murieron en el incendio del galpón de Iron Mountain en febrero pasado. Será en la esquina de Azara y Benito Quinquela Martín, junto con familiares de las nueve víctimas, la cúpula de la Superintendencia de Bomberos, autoridades de Defensa Civil y de la Policía Metropolitana.ß

El 66% de los automovilistas porteños que transportan menores no hacen uso de los dispositivos especiales que se colocan en los autos para que bebes y niños viajen seguros a bordo. Así surge de un estudio realizado por la Asociación Transitar sobre el uso de los sistemas de retención infantil (SRI), en febrero pasado, en cinco esquinas de la ciudad de Buenos Aires. Además, el informe indica que no hay SRI homologados en el país y que el precio de los importados es tres veces mayor que el de los nacionales.ß

Una placa por las Poco uso en la ciudad víctimas del incendio de las sillitas para de Iron Mountain niños en los autos