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Página 18/LA NACION

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Jueves 29 de marzo de 2007

Obras riesgosas: mientras se suceden accidentes y reclamos, adeudan un mapa del subsuelo de la ciudad

Reclamo de vecinos de Belgrano Chico Por Angeles Castro De la Redacción de LA NACION

FOTOS DE ARCHIVO

Septiembre de 2005, pánico por una fuga producida por la rotura de un caño de gas en Palermo

Los bebes internados debieron ser trasladados por la calle

Temen que haya otra fuga de gas Continuación de la Pág. 1, Col. 2

nientes. También hacemos muchas campañas de prevención y concientización, pero el riesgo persiste con estas acciones”, dijo a LA NACION Virginia Gatti, vocera de la empresa Metrogas. El diputado macrista Mario Morando, vicepresidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Legislatura porteña, criticó al Poder Ejecutivo de la ciudad porque hace más de un año que no reglamenta la ley que crea el Sistema Informático de Obras de Infraestructura y Arquitectura Urbana (Sidiau). La norma fue ratificada por la Legislatura el 24 de noviembre de 2005, precisamente con el fin de confeccionar un mapa del subsuelo de la ciudad, de modo de evitar accidentes por acciones inadecuadas.

ro de 2005. Más tarde, en la fecha antes mencionada, los diputados ratificaron la sanción.

servicios son quienes poseen los mapas del subsuelo de la ciudad. Metrogas, por ejemplo, reconoció que muy pocos solicitan los planos antes de realizar una excavación, pese a que la empresa lleva adelante el Plan de Prevención de Daños precisamente para evitar escapes de gas por roturas no autorizadas. Con la puesta en funciones del Sidiau deberán registrarse todos los trabajos en la vía pública en un mapa digital, lo que incluye, entre otros, el cambio de luminarias, veredas, semáforos y repavimentación. Así se mejorará el control de las obras, ya que no existen mapas sistemáticos de instalaciones en el subsuelo, entre otras medidas. En cuanto a las instalaciones y

Base de datos La ley, impulsada por el propio Morando, consiste en confeccionar una base de datos pública que almacene y centralice toda la información técnica, legal y presupuestaria de las obras ejecutadas o en ejecución que afecten el espacio público de la Capital (se incluyen calzadas, veredas, cordones, calles, plazas y paseos), además del subsuelo. En la actualidad, el gobierno es quien suministra la autorización para emprender cualquier obra o perforación privada o del Estado, pero las empresas prestatarias de

servicios públicos subterráneos, también habrá un detalle de todas las obras. Se incorporarán los planos de instalaciones y conductos, que deberán suministrar el gobierno y las empresas prestatarias de servicios públicos, al identificar la ubicación y traza en el subsuelo.

Reglamentación de la ley “A más de un año de su sanción, el Poder Ejecutivo porteño no reglamentó la ley que permitiría a quienes realizan trabajos en la vía pública disponer de información detallada del subsuelo para terminar de una vez por todas con estos recurrentes y primitivos accidentes. Por supuesto, tampoco le asignó presupuesto”, dijo Morando

a LA NACION, y agregó: “La ley busca terminar con esta situación de riesgo potencial, pero requiere el interés activo del Poder Ejecutivo”, explicó el legislador macrista. Un vocero del Ministerio de Espacio Público porteño, área a la que desde enero último se le asignó la misión de reglamentar la ley, explicó a LA NACION el porqué de las demoras. “La Jefatura de Gabinete debía reglamentar la ley en 2005, pero con la llegada de Telerman las secretarías se transformaron en ministerios y la ley fue de un lado a otro, sin tratamiento. Y ahora se está trabajando en ella, pero no es fácil la reglamentación. Creemos que en un tiempo prudente estará lista”, se indicó, sin dar más detalles.

El escape en Palermo

Una serie de roturas que provoca alarma

Después de la alarma que provocó aquella fuga en la esquina de la avenida Intendente Bullrich y Cerviño, en Palermo –enfermeras y médicos del Sanatorio de la Trinidad tuvieron que trasladar por la calle a bebes en incubadoras–, el riesgo de una explosión intranquiliza a los porteños, azorados por estas horas al ver la caída de una medianera de una vivienda en Caballito como consecuencia de la excavación de un pozo para la construcción de un edificio. La ley del Sidiau había sido sancionada por primera vez en la Legislatura el 9 de diciembre de 2004, pero el gobierno la vetó el 14 de ene-

Los siguientes fueron los casos más graves de roturas de caños de gas registrados en los últimos dos años en la ciudad de Buenos Aires: 15 de febrero de 2007: un escape de gas, que no arrojó víctimas, se registró por la mañana en una obra en construcción de La Paternal, cuando una máquina excavadora rompió un caño de baja presión del fluido. El hecho alarmó a vecinos del lugar que, por seguridad, se evacuaron. 20 de noviembre de 2006: un escape de gas provocó alarma en una obra en construcción de Hipólito Yrigoyen al 3300, en el barrio de Balvanera, cuando obreros trabajaban en la limpieza de un terreno.

9 de noviembre de 2006: la rotura de un caño de gas de alta presión obligó a evacuar una escuela y a interrumpir el tránsito vehicular en seis cuadras a la redonda de ese edificio en Villa Devoto, hecho por el que el gobierno de la ciudad hizo responsable a la concesionaria Metrogas. El incidente se produjo en Carlos Antonio López al 4100, casi Gualeguaychú, donde una cuadrilla de una empresa contratista del gobierno porteño perforó el conducto con un martillo hidráulico mientras realizaba tareas de pavimentación. 1° de marzo de 2006: decenas de personas fueron evacuadas por la tarde por un escape de gas causado

por la rotura de un caño de media presión en el complejo habitacional Tomás Espora, del barrio porteño de Parque Patricios. 18 de noviembre de 2005: un caño de media presión de acero fue perforado supuestamente por operarios que realizaban un trabajo en la red eléctrica, en la puerta de un edificio situado en Yerbal 133. El escape de gas provocó, aparentemente como consecuencia de una chispa, una llama que debió ser extinguida por personal de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal. 21 de septiembre de 2005: la rotura de un caño maestro provocó pánico en Palermo, a tal punto que

un sanatorio debió ser evacuado por prevención. El hecho ocurrió cuando una máquina excavadora rompió el caño de un gasoducto debajo de la avenida Intendente Bullrich. El plan para mitigar el escape de gas incluyó la suspensión del servicio de trenes y subterráneos en Palermo y el corte del suministro de energía eléctrica, de agua y gas. También durante dos horas y en un radio de dos cuadras no funcionaron los semáforos. 23 de mayo de 2005: se produjo un escape de gas en Alvarez Thomas 38, en Colegiales, cuando una retroexcavadora trabajaba frente a un edificio y se rompió un caño de la red troncal de Metrogas.

Derrumbe: habría sanciones Podrían inhabilitar al arquitecto de la obra de Caballito Por Franco Varise De la Redacción de LA NACION La abrupta caída de la medianera que arrastró la mitad de una casa al fondo del pozo de una construcción en pleno barrio de Caballito apuntaló, cabe la paradoja, la decisión del gobierno porteño de responsabilizar por el incidente al arquitecto y a la empresa constructora de la obra lindera con la vivienda. De acuerdo con el Código de Edificación, según interpretó el subsecretario de Control Comunal, Federico Peña, podrían aplicarle una sanción de hasta 6 años de inhabilitación al director técnico de la obra y, en el caso de la empresa, la prohibición para continuar con el proyecto en ese terreno situado en la avenida Pedro Goyena y Thorne. “El Estado delega en un profesional matriculado la conducción técnica de la obra, y en este caso estamos hablando de un típico caso de negligencia”, argumentó Pe-

Caballito, Gustavo Desplats. Ayer, funcionarios de la ciudad continuaron con las tareas de sostén de lo poco que quedó de la antigua casa. Una vez finalizados los peritajes, señalaron, se procederá a su demolición. “Hace tiempo que veníamos advirtiendo sobre las rajaduras y nos dijeron que no había peligro de derrumbe”, sostuvo Ana Bonani, hija de la familia damnificada por el derrumbe. La caída, probablemente a causa de la erosión por efecto de las excavaciones en la obra contigua, dejó a tres personas heridas: el propietario de la casa, el sereno de la obra y uno de los obreros. ¿A estas alturas podría afirmar que no ocurrirán otros derrumbes?, consultó LA NACION a Peña. “No, porque sería lo mismo que asegurar que nadie va a cruzar un semáforo en rojo; no podemos poner un inspector al lado de cada conductor, salvo que decidamos vivir en Cuba, sin responsabilidad individual y donde todo depende del Estado”, respondió el funcionario.

ña. La Dirección de Fiscalización y Catastro de la ciudad había intimado un día antes del derrumbe al arquitecto, Roberto Oscar Alegre, para que frenara la construcción y restableciera el talud sobre la medianera. Alegre, ayer se presentó ante la Justicia para afrontar también cargos en una causa por estrago culposo, que se inició de oficio tras el episodio. En tanto, los vecinos de Caballito realizaron ayer una manifestación para reclamar mayor control en la edificación de torres y pedir que los organismos actúen en la prevención de este tipo de hechos. Ocurre que en las últimas tres semanas se derrumbaron tres casas en diferentes barrios de la ciudad por razones similares. “El Estado actúa post facto cada vez que se cae una casa, y me indigna la respuesta de que toda la responsabilidad es del arquitecto, porque hubo denuncias previas de que esto podía ocurrir”, se quejó el representante de la protocomuna de

ANIBAL GRECO

Ayer se realizaron trabajos de apuntalamiento en la casa dañada

Dos posiciones quedaron bien en evidencia ayer en la Legislatura porteña durante la audiencia pública en la que los vecinos de Belgrano Chico opinaron sobre una ley aprobada en primera lectura que modifica la zonificación en ese exclusivo rincón residencial de la ciudad y habilita la construcción de edificios donde hoy están prohibidos. Casi en partes iguales algunos oradores mostraron su rechazo y otros, su aceptación. Pero podría haber una solución que los contemple a todos y que, en adelante, corresponde a los diputados definir. La normativa en cuestión alcanza todas las manzanas comprendidas entre La Pampa, Figueroa Alcorta, Monroe y las vías del ferrocarril Mitre, con un cambio de zonificación, de usos permitidos y de alturas y superficies de edificación autorizadas. La reglamentación favorece a algunos vecinos y perjudica a otros. El rectángulo delimitado por las mencionadas calles ha sido clasificado en el Código de Planeamiento Urbano como U23, “urbanización determinada”, con características especiales, objeto de regulación integral. Sin embargo, dentro de él conviven hoy distintas categorías de zonificación que resultan afectadas de distinta manera por la ley, que, tras la audiencia pública, debe volver a ser refrendada en el recinto. Hay un grupo de manzanas, catalogadas como Z1, caracterizado por lujosos inmuebles unifamiliares en extensos terrenos. Allí actualmente no pueden construirse viviendas multifamiliares. Pero la nueva normativa habilita este tipo de edificación hasta –según el director de la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura, Juan Felipe Manavella– los 11,60 metros, o sea, tres pisos y una cuarta planta para servicios centrales. “Nosotros no queremos edificios. Ni altos ni bajos. Queremos casas. Por eso elegimos este barrio para vivir, e incluso, en su momento, hicimos un esfuerzo económico. El Código de Planeamiento nos garantizaba que sólo habría casas. Y esta ley lo modifica. Pedimos a los diputados que, por favor, nos escuchen”, dijo a LA NACION Liliana Molas, vecina del sector Z1, que habló en la audiencia.

Mirada conciliadora “Entendemos que a la gente del rectángulo zonificado como Z2 la ley le conviene, pero queremos que también consideren nuestra situación. No buscamos una guerra entre vecinos. La Legislatura deberá contemplar las necesidades de todos”, explicó a LA NACION otro de los oradores opositores a la norma, Diego Decloux. Efectivamente, para la franja catalogada como Z2, la norma evaluada resulta provechosa. Hoy, allí se permite la construcción de torres en algunas parcelas (las más grandes) y en otras no, condición que los vecinos califican de injusta. La ley aprobada en primera lectura equilibra las cosas. “Existen muchos lotes que tienen edificios a ambos lados o a un lado y en el contrafrente, pero los dueños sólo podemos tener una casa por tratarse de una parcela menor. O lo vendemos a un precio irrisorio a un desarrollador que también compra el terreno aledaño y hace una torre, o no lo podemos modificar. Esta ley amplía la capacidad constructiva, el volumen permitido, hasta 21 metros”, aclaró Jorge Kadich, propietario de un lote en Z2 y defensor de la iniciativa. Al cierre de la audiencia, el director de la Comisión de Planeamiento Urbano no descartó que, en función del reclamo de los vecinos del sector Z1, los diputados realizaran ajustes en el texto antes de que vuelva al recinto.

Es la tercera vez que se toma por la fuerza el predio

Usurpan tierras vecinas a la villa 20 Son unos 400 habitantes del asentamiento, que reclaman que les construyan casas Un grupo de vecinos de la villa 20, de Lugano, usurpó ayer un predio que pertenece al Ministerio del Interior, que es utilizado como cementerio de automóviles, en terrenos cercanos al asentamiento, para reclamar que el gobierno de la ciudad expropie las tierras y construya allí viviendas transitorias para unas 300 familias. En tanto, otras dos usurpaciones de predios ocurrieron en Barracas, en San Antonio y Ríos Cuarto, y en Floresta, donde unos 50 ciudadanos peruanos y bolivianos coparon el local vacío de una mueblería, en Juan B. Justo y Sanabria. En Villa Lugano, desde la madrugada de ayer, grupos de vecinos, movilizados por diferentes punteros políticos pertenecientes al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), al Partido Obrero (PO), al Movimiento Territo-

rial de Liberación (MTL) y al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), entre otros, se instalaron en el predio de Chilavert y Corvalán, y levantaron allí carpas y toldos que improvisaban un techo para protegerse de la lluvia.

Resistencia “Decidimos quedarnos aquí hasta que el Gobierno nos dé una solución. Y, cuando digo solución, me refiero a una vivienda, no a un papel, como nos dieron en las tomas anteriores”, dijo ayer Sara Nina, una de las vecinas de la villa 20, que responde al Movimiento de Trabajadores Desocupados. La mujer vive con sus siete hijos en una pieza de tres metros por dos que alquila en la villa. Tienen una sola cama. En dos oportunidades anteriores, este grupo había tomado estas tierras.

La primera vez, el 21 de septiembre pasado, fueron desalojados por la policía. La segunda, el 22 de diciembre, liberaron las tierras tras firmar un acuerdo con el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). “Lo que nosotros reclamamos es que se haga presente el jefe de gobierno, Jorge Telerman. Queremos hablar con alguien que tenga decisión política. Con el IVC no vamos a negociar porque, en otras oportunidades, nos prometieron cosas y no cumplieron”, dijo Franco Pinola, otro vecino que responde al MTR. Hasta el cierre de esta edición ni el jefe de gobierno ni otro alto funcionario se había acercado al lugar. Temprano, el grupo emitió un comunicado en el que sintetiza los cuatro puntos de su reclamo: “El traspaso efectivo de las tierras de la Policía

Federal al gobierno de la ciudad, la inmediata entrega de viviendas transitorias, hasta que se urbanice la villa; el reconocimiento y participación de las cooperativas en el plan de urbanización, y el cumplimiento de la ley 1770, que estableció la urbanización de la villa 20 de Lugano. El presidente del IVC, Claudio Freidín, dijo que las tomas tuvieron “contenido político”. Y agregó: “Ya está convenido el traspaso a la Ciudad del predio. Para comenzar la edificación sólo falta la firma del ministro del Interior (Aníbal Fernández) y que lo refrende el Presidente”. Esta información no pudo ser confirmada en el Ministerio del Interior. Voceros del Ministerio de Derechos Humanos porteño dijeron que se asistirá a los vecinos, aunque aclararon que el tema debe resolverlo el IVC.

HERNAN ZENTENO

El predio fiscal que fue usurpado ayer en Villa Lugano