Siguen los hechos de violencia delictiva

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INFORMACION GENERAL

Miércoles 20 de mayo de 2009

I

11

Sucesión de episodios ACUSADO DE VIOLACION

➷ In fraganti

➷ En Mataderos

ASESINADO A TIROS

DELINCUENTE MUERTO

➷ En Mar del Plata

➷ Marcha por una ley

El suboficial de la Armada Argentina que hace una semana fue detenido in fraganti, acusado de intentar violar a una adolescente de 14 años, será desplazado de esa fuerza. Autoridades de la Base Naval se lo confirmaron ayer al padre de la menor, que encabezó una marcha hasta esa unidad militar.

Eduardo Quiroga, un jubilado de 75 años, fue asesinado anteanoche de dos disparos en el pecho por delincuentes que intentaron robarle el auto en la puerta de su casa, en Mataderos. A la misma hora, en Parque Chas, policías mataron a un ladrón cuando intentaba asaltar a una mujer que salía de su casa para ir a trabajar.

El médico Juan Salvador Castorina, de 59 años, mató ayer a balazos a un ladrón e hirió a otro, al resistirse a ser asaltado junto con su familia en el chalet de Concepción Arenal 4950, en cercanías de la zona de locales bailables de avenida Constitución. La fiscal a cargo de la causa no ordenó su detención.

Familiares de víctimas de la inseguridad se manifestaron ayer frente al Congreso de la Nación para exigir que los legisladores debatan una ley de responsabilidad penal juvenil. Entre los manifestantes estuvieron los hijos de Daniel Capristo, asesinado el mes pasado en su casa de Valentín Alsina.

EN EL PARLAMENTO

LA INSEGURIDAD Y EN LA CAPITAL Y EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Siguen los hechos de violencia delictiva En las últimas horas hubo varios robos, tiroteos y muertes; manifestación frente al Congreso para que se debata la ley penal juvenil La inseguridad parece no detenerse. Una nueva serie de robos, toma de rehenes, tiroteos y muertes de inocentes y delincuentes se produjeron en las últimas horas en la Capital y en la provincia de Buenos Aires. Además, la jornada de ayer concluyó con una marcha en la plaza del Congreso, donde familiares de las víctimas de la inseguridad reclamaron por la sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil, la disminución de la edad de imputabilidad y la rehabilitación para los menores delincuentes. La manifestación fue convocada por la familia de Daniel Capristo, el camionero que fue asesinado el 15 de abril pasado en la puerta de su casa en Valentín Alsina, en Lanús. Por el homicidio está acusado un adolescente de 14 años, que está detenido en un reclusorio de máxima seguridad. Uno de los episodios que conmocionó la opinión pública en las últimas horas fue el homicidio ocurrido anteayer en el barrio de Mataderos, tal como lo informó LA NACION. La víctima fue identificada por la policía como Eduardo Quiroga, un docente jubilado de 75 años. El crimen de Quiroga ocurrió anteayer a las 20.10 en la puerta de su casa, en Juan Rodó 5077, cuando varios delincuentes que quisieron robar su automóvil. Anoche los investigadores analizaban las imágenes grabadas por cámaras de seguridad instaladas en la zona para tratar de identificar a los asesinos, informaron fuentes policiales. Poco después, en Ingeniero Maschwitz, en Escobar, la policía bonaerense abatió a un delincuente e hirió a otro de un balazo en la cabeza, luego de asaltar a un empresario y a su esposa. Los ladrones, para huir, usaron a una de las víctimas como escudo.

El cuerpo sin vida fue descubierto por su mujer. Además del corte en el cuello, Carlos Aladino Gutiérrez tenía muchos golpes en su cabeza y en la cara, sobre todo en los labios. También ayer, el suboficial de la Armada que hace una semana fue detenido in fraganti, acusado de intentar violar a una adolescente de 14 años, será desplazado de esa fuerza. Autoridades de la Base Naval Mar del Plata se lo confirmaron ayer al padre de la menor, que encabezó una marcha hasta esa unidad militar para exigir que se tome esa medida.

“Vagos intelectuales”

JULIAN BONGIOVANNI

Ayer se realizó una manifestación de familiares de víctimas frente al Congreso para exigir que los legisladores debatan una ley penal juvenil A las 21, también de anteayer, dos policías que seguían a un sospechoso por orden judicial mataron a un delincuente durante un tiroteo cuando, junto a un cómplice, asaltaba a una mujer que salía de su trabajo, en el barrio de Parque Chas. Fuentes de la Policía Federal explicaron que uno de los agentes que participó del hecho salvó su vida de milagro: uno de los disparos

Y CERCA DE ESQUEL

que efectuó uno de los ladrones se incrustó en el parante del vehículo que conducía. Dos horas después, en Mar del Plata, un médico cirujano mató a balazos a un asaltante e hirió a otro al resistirse a ser asaltado junto a su familia, en su casa del barrio marplatense de Parque Luro. El hecho ocurrió cuando dos delincuentes ingresaron en el chalet

situado en Concepción Arenal 4950, en cercanías de la zona de discotecas de la avenida Constitución, donde vive con su familia el médico Juan Salvador Castorina, de 59 años. El propietario había dejado abierta una puerta del garaje que da al jardín. Por allí ingresaron los dos ladrones. También anteayer, un obrero de la fábrica Mercedes-Benz mató de un balazo a un delincuente que intentó

robarle, junto con un cómplice, en su casa de Virrey del Pino, en La Matanza. Ayer se conoció que un prestamista de 60 años fue hallado degollado y salvajemente golpeado en su vivienda de Villa Elisa,y la principal hipótesis de la investigación apunta a un homicidio relacionado con la actividad económica del hombre, indicaron fuentes judiciales a LA NACION.

Y AFIRMAN QUE LE ROMPÍA LOS HUESOS A INDIGENTES

COMODORO RIVADAVIA.– El jefe de la policía de Chubut, Juan Ale, defendió el accionar del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), en Corcovado, cerca de Esquel, donde los fiscales investigan 11 denuncias de maltrato y abuso policial, y aseguró que “no hubo una localidad sitiada ni nada similar; sí una minuciosa actividad en búsqueda de ese individuo”, en referencia a un joven implicado en el asesinato de un policía. El fiscal de Esquel, Martín Zacchino, confirmó a LA NACION que se investigan el tiroteo que enfrentó a un grupo de policías y a la familia Bustos, de Corcovado, hecho en el que murió un uniformado de la fuerza y uno de los jóvenes que se enfrentaron con la policía, ocurrido el 8 de marzo pasado. El grupo especial de operaciones policiales se instaló por orden de Ale en esta localidad con el objetivo de encontrar a Cristian Bustos, prófugo de la justicia y condenado a cadena perpetua por el asesinato de su hijo de dos años y a quien la policía intentó recapturar el 8 de marzo, desatando un tiroteo con la familia del delincuente fugado. En el tiroteo murió un hermano de Bustos y otro quedó cuadripléjico. Tras estos hechos, el GEOP intentó dar con el prófugo para lo que, según las denuncias que se investigan, “tiraron 30 o 40 tiros al aire durante la noche, golpearon a un gasista y le pusieron pistolas en la cabeza a chicos de 2, 5 y 8 años. Todo, totalmente alejado de cualquier estado de legalidad”, relató a LA NACION Omar López, defensor oficial de Esquel, que asumió la defensa de Daniel Bustos, el acusado de matar al policía durante el tiroteo. Cabe destacar que, a pesar

Denuncian que chicos fueron manipulados

de las tareas que realizó el grupo especial, Bustos sigue prófugo. La investigación dará, además, otro giro: hoy llegará a Corcovado un funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación con el objetivo de llevar al ministro Aníbal Fernández una versión propia sobre lo sucedido en este pequeño poblado cordillerano de 3000 habitantes. Fernández accedió de este modo al pedido de un grupo de representantes de la comunidad mapuche de Corcovado, que llevó esta semana el reclamo a la Nación. DYN

“Lealtad” En un informe elevado al ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, Máximo Pérez Catán, Ale asegura: “Yo no vivo jurando lealtad, la practico. Jamás produciría un hecho que complique la gestión del gobernador, y mucho menos traicionaría mis principios”. En el escrito, el jefe policial detalla el procedimiento realizado por el GEOP, en el contexto de los allanamientos en Corcovado. Según Ale, el GEOP dice que la policía contaba con la orden judicial pertinente y que fue supervisada personalmente por el fiscal general Eduardo Falco. Que el operativo tuvo lugar “en procura de recapturar al evadido Cristian Omar Bustos, alias Mai”, y que desmiente “totalmente lo dicho por el defensor, quien consigna que la fuerza policial no mostró orden de allanamiento alguna”. La polémica se desató cuando los pobladores de Corcovado cuestionaron al GEOP, presente durante una semana en el pueblo tras el tiroteo y en busca del prófugo. Según confirmó López a LA NACION, las acusaciones contra el GEOP incluyen “agresiones a la gente y armas que la policía le ponía en la cabeza a pobladores, hecho que se repitió sobre chicos de hasta dos años”.

Foro. ¿Cómo cree que debería combatirse la inseguridad? comunidad.lanacion.com.ar/foros

Continúa la polémica por el hogar de Grassi

La fiscalía de Chubut investiga un operativo con dos muertos; llega un enviado de la Nación PARA LA NACION

Colaboraron Valeria Musse, Darío Palavecinio y Victoria Russo

Y TRAS LOS INCIDENTES

Analizan denuncias por abuso policial ANA TRONFI

Ayer, a las 19, se realizó una marcha frente al Congreso Nacional. En esa ocasión el abogado patrocinante de la familia Capristo, Juan Quesada, dijo: “Vamos a exigirles a estos vagos intelectuales que trabajen”, en referencia a que los legisladores debatan la ley de responsabilidad penal juvenil”. Los vecinos de Valentín Alsina que acompañaron a la familia Capristo denunciaron que los hechos de inseguridad continúan sin resolverse. “Al día siguiente del homicidio de mi papá tirotearon a un remisero que vive a la vuelta de mi casa”, dijo, entre llantos, Carla Capristo. Ante la falta de respuesta de seguridad, los vecinos contaron que armaron un sistema para cuidarse entre ellos. “No dejemos que nos derroten fácilmente. Mi papá no murió en vano. Lo hizo para que esto no pase más”, exclamó el hijo de Capristo, Facundo.

Lo acusan de fraguar accidentes viales para cobrar el seguro Un hombre fue detenido ayer en Gregorio de Laferrère acusado de inventar accidentes de tránsito y estafar a empresas aseguradoras cobrando seguros a partir de que les fracturaba las piernas y brazos a indigentes, desocupados o

infectados con VIH quienes, a cambio, cobraban 200 pesos como protagonistas del accidente, según informaron a DyN fuentes policiales. El acusado fue identificado por la policía como José “El Rompehuesos”, de 56 años.

Y LO DECIDE LA CORTE URUGUAYA

Gaby Alvarez sería liberado hoy MONTEVIDEO.– La Suprema Corte de Justicia de Uruguay puede pronunciarse hoy sobre el pedido de libertad anticipada para el relacionista público argentino Gaby Alvarez y su asistente, Blas Coelho, que cumplen pena en una cárcel de las afueras de Punta del Este por el accidente del verano de 2008 en el que murió una pareja de jóvenes argentinos. “Todo indica que saldrán con libertad este miércoles [por hoy] por la tarde”, dijo a LA NACION una fuente vinculada con el expediente, que está a la firma del máximo órgano de la justicia uruguaya. El caso está

en el orden del día de los ministros de la Corte. Gabriel Darío Alvarez y Ariel Alfredo Coelho de Oliveira fueron condenados a dos años y medio de prisión por el delito de “homicidio culposo a título complejo”, por el accidente. Coelho fue procesado porque conducía el auto que iba desde José Ignacio hacia la Barra de Maldonado, y Alvarez, que iba en el asiento del acompañante, porque activó el freno de mano durante una discusión. El vehículo se salió de su carril y atropelló a una pareja de turistas argentinos que viajaba en moto,

en sentido contrario. Fallecieron ambos. Ahora, Alvarez y Coelho se pueden beneficiar del mecanismo de libertad anticipada, que se adelanta por la aplicación de una ley votada en el actual gobierno para descongestionar las cárceles, y que premia a los reclusos que hacen trabajos durante el período de encarcelamiento. Mientras esperan la presentación de este recurso, ambos tienen el régimen de salidas transitorias del Penal de Las Rosas. La cárcel está superada en su capacidad y en las últimas semanas se han dado motines y destrozos de sus instalaciones.

Después de los incidentes por el intento de desalojo, diferentes organismos e instituciones denunciaron el funcionamiento del hogar para menores San José Obrero, que depende de la Fundación Felices los Niños, del padre Julio Grassi. La directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (Casacidn), Nora Schulman, afirmó que “gente de la Fundación” Felices los Niños “manipulaba a los chicos” alojados para que resistieran, el viernes pasado, el desalojo que finalmente no prosperó. “La grosera manipulación de los niños y adolescentes muestra claramente la violencia que se está ejerciendo contra ellos”, dijo Schulman, La Justicia dispuso que la docena de chicos alojados en ese hogar sigan viviendo en la sede de Charlone al 700, pero sólo bajo el cuidado del Arzobispado porteño, y prohibió que personal de la entidad que presidía Grassi pueda acercarse a los menores. El Defensor de Menores porteño, Marcelo Jalil, reiteró que el traslado de los niños sigue “vigente” y denunció que sufrió amenazas de muerte al igual que la jueza, Myriam Rustán de Estrada, que tiene a su cargo la causa, y la presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Jessica Malegarie. Jalil aseguró que el traslado se efectuará “de manera no traumática” y explicó que “a partir de los hechos del fin de semana, se tomarán los tiempos de cada uno de los chicos porque una medida que es para beneficiar a los chicos no puede perjudicarlos”.