OPINIÓN | 29

| Viernes 25 de abril de 2014

una coalición mayor. Si tienen aspiraciones de pasar a una

segunda vuelta en las elecciones de 2015, el Frente Amplio-UNEN y Pro deberían confluir, y más vale pronto que tarde

Se necesitan coraje y falta de prejuicios Luis Gregorich —PARA LA NACION—

L

as elecciones de 2015 están todavía lejos –tanto las PASO como las presidenciales–, pero esa distancia temporal no ha podido impedir los prelanzamientos de potenciales candidatos ni explícitos debates públicos acerca de eventuales coaliciones. En este último ámbito, son los opositores los que más se han esmerado, sobre todo con la formación del grupo de partidos de centroizquierda con buen desempeño en 2013 bajo la sigla UNEN, y que ahora han ratificado su voluntad aliancista, ya con alcance nacional, con la designación de Frente Amplio-UNEN. La noticia es positiva, pero el nombre elegido nos parece poco afortunado; lejos de remitir a una experiencia nueva, nos compara inadecuadamente con la alianza de izquierda homónima que gobierna a Uruguay y, más cerca, al Frente Grande, hoy poco visible. Las pocas encuestas confiables por el momento no otorgan a nadie cifras mayoritarias ni tampoco recogen entusiasmo cívico en la sociedad. Sigue en pie un escenario fragmentado, que anuncia electoralmente una casi segura segunda vuelta. En este prenunciado ballottage no se descarta, ni mucho menos, una nueva puesta en escena de la interna peronista, representada, hoy por hoy, por Sergio Massa y Daniel Scioli. ¿La alternativa del recién nacido frente podrá resultar competitiva frente a la propuesta binaria del peronismo? Parece improbable, aunque no imposible; hay un año y medio por delante. Sea como fuere, sostenemos desde hace tiempo que existe una forma de reunión opositora que emparejaría la disputa electoral y proporcionaría un mayor sentido al voto. Esa coalición, o como quiera llamársela, debería sumar a Pro, de Mauricio Macri, más vale pronto que tarde, con la vista puesta en un único candidato presidencial para 2015. Entiéndase bien: un único candidato para la primera vuelta. En caso contrario, no lo habrá para la segunda. Se han escuchado respetables voces que rechazan de plano esta posibilidad. Rechazamos el rechazo: nos parece que existen argumentos para apuntalarla, tanto

desde el punto de vista político y electoral como desde el ideológico y programático. Y siempre es una discusión que vale la pena emprender. ¿Por qué decimos que si la alianza de centroizquierda y Pro marchan, cada uno, en solitario, lo más probable es que no alcancen a pasar a la segunda vuelta? Ello se debe, entre otros factores, y antes que nada, a que en buena parte atraen a los mismos sectores de votantes (hablamos en especial de las clases medias y medias bajas urbanas), y por consiguiente ese caudal se dividirá. También las hostilidades de campaña se nutrirán de esa división, y a su vez la incrementarán. Nada garantiza que reunir a Macri con la centroizquierda sume matemáticamente sus votos y no pierda algunos por el camino. Nada asegura que Macri acepte dar este paso. Pero es una apuesta razonable. Esta nueva coalición haría un buen papel en varios de los grandes distritos (ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza), reforzaría sus opciones en provincias chicas y medianas, y evitaría un resultado apabullante en la provincia de Buenos Aires, donde persiste la debilidad de los partidos no peronistas. Tendría, si llega al ballottage, tanta o quizá mayor capacidad de tracción de votantes dispersos que el seguro rival peronista. Se ha dicho que la construcción de un sistema político virtuoso implica respetar tradiciones y contraseñas partidarias, y no mezclarlas impunemente en la mera búsqueda de un resultado electoral. La respuesta es que, en el mundo global, los partidos gobernantes se parecen cada vez más, inclinados –ya sea de la derecha o de la izquierda– al centro y aferrados a los mismos o parecidos valores. La Concertación chilena, próxima a nosotros, y la gran coalición alemana, más alejada, son ejemplos típicos de esta desideologización que, de cualquier modo, nunca llega a ser absoluta. Los “relatos” pueden ser diferentes, las antipatías o las bendiciones personales no dejan de ejercer su influencia, pero el hecho es que estos frentes “contradictorios” gobiernan, y hasta suelen ser reelegidos. El populismo peronista, transideológico y transinstitucional, no tiene autoridad para criticar estas aproximaciones políticas cuando en diversas etapas de su historia ha incorporado, sin otro requisito que la capacidad de obediencia y olvido, expresiones extremas de la derecha o la izquierda. ¿Cuál debería ser el programa mínimo de esta nueva coalición opositora, teniendo en cuenta que su oferta estaría dirigida a una sociedad que ya parece haber agotado sus reservas de confianza en los líderes políticos? ¿Cómo evitar que otra vez escuchemos la (verosímil) muletilla de que sólo el peronismo puede gobernar? Los opositores, si son capaces de unirse, también deberían empezar elaborando un programa de gobierno derivado de no más de cuatro o cinco puntos básicos, escrupulosamente dirigidos al futuro. Hay que proponer una cultura distinta de la populista, que nos impregna, desde hace décadas, con su barniz de clientelismo y corto plazo. Cabe a los partidos interesados y a sus dirigentes elegir esos pocos puntos que no susciten controversias y sellen

su unidad y su credibilidad. Por mi parte, como simple ciudadano, ofreceré mi propio (y provisorio) listado, en el fondo una inevitable expresión de deseos, en busca de un milagro criollo. Primero, necesitamos un eje central, un “paraguas” o tejido de valores que proteja todos los demás aspectos de una campaña diferente. Elegimos, sin dudarlo, la suma que nos falta, nuestra utopía: república + justicia social. República, en lo que significa en división de poderes, equilibrio institucional, acatamiento a la ley. Justicia social, en las conquistas bien ganadas por las clases trabajadoras, y en la justa distribución de los bienes materiales y simbólicos. Ambas, dándose la mano. No olvidándose la una de la otra. Segundo, en un terreno más concreto, y con referencia al estilo de gobierno, otra suma que para nosotros ha resultado utópica: gestión ejecutiva + consensos de largo plazo. Ya sabemos que hay que poner inmediatamente manos a la obra en materia de inflación, cepo cambiario, inversiones, energía, transportes, vivienda… Al mismo tiempo, si queremos convertirnos en una nación moderna, debemos acostumbrarnos a consensos que perduren en el tiempo, firmados por las principales fuerzas políticas. Tercero, la lucha contra la corrupción no puede esperar, porque están en juego los cimientos mismos del Estado y de su organización económica. La actual naturalización de las prácticas corruptas, tanto en el sector oficial como en el privado, debe ser extirpada sin demora. Cuarto, nuestra sociedad, por su tradición y destino, está obligada a asumir un colosal esfuerzo en busca de una educación de excelencia. No se trata sólo de gastar, sino de gastar bien, poniendo la mayor atención en los sectores más vulnerables y desatendidos, al mismo tiempo que se premia y estimula a los que apuntan a los más altos escalones del conocimiento. Quinto y último, se requiere un auténtico compromiso federal, que ataque el unitarismo de hecho que impera, y que mediante planes de desarrollo regional pueda empezar a superar la condición postrada de muchas provincias argentinas, sometidas por mafias patrimonialistas locales. Si la UCR, el socialismo, la Coalición Cívica/ARI y Pro se unieran y eligieran a sus mejores candidatos en cada uno de los distritos del país, bajo una plataforma como ésta, o en todo caso parecida, ¿estarían traicionando sus historias o sus convicciones? ¿O más bien, en el fondo, tienen miedo de ganar, y en consecuencia de gobernar, abandonando la mullida tribuna opositora? No se trata de divagaciones sobre supuestos acuerdos de cúpula en el siempre imprevisible ballottage. Tengan, señores dirigentes, el coraje y la falta de prejuicios para unirse, lo antes posible, e iniciar la construcción de un nuevo bloque histórico, una nueva república social, después de setenta años de predominio populista. No tienen el éxito asegurado, porque enfrente está un adversario que conoce la administración del poder y tiene tanto derecho como ustedes a gobernar en democracia, pero sí un pronóstico más auspicioso que la inapelable derrota de los asustados y los divididos. © LA NACION

La canonización de dos pontífices que hicieron historia Julián Schvindlerman —PARA LA NACION—

E

l próximo 27 de abril tendrá lugar una ceremonia extraordinaria en el Vaticano: en presencia de dos papas vivos serán canonizados dos papas fallecidos. Francisco anunció la canonización simultánea de Juan XXIII y de Juan Pablo II, en tanto que el papa emérito Benedicto XVI hizo saber que asistirá. Con la primera canonización doble de dos pontífices, Francisco anhela reunir a reformistas y conservadores dentro de la Iglesia Católica y ungir en figuras modélicas a dos personalidades históricas del papado. Usualmente, tales asuntos son de preocupación exclusiva de los católicos. A veces, partes interesadas dejan oír sus voces cuando esos acontecimientos lesionan sus sentimientos. Tal el caso de Pío XII, el papa

que lideró a la Iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, cuya propuesta de beatificación ha sido cuestionada por la comunidad judía internacional al considerar que de esa forma Roma busca legitimar la política de la Santa Sede frente al nazismo. En la instancia actual, sin embargo, es harto probable que los judíos vean con aprobación esta doble canonización al involucrar a dos pontífices muy queridos. Juan XXIII revolucionó las relaciones religiosas entre católicos y judíos; Juan Pablo II revolucionó las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y el estado judío. El legado individual de cada uno de ellos en las relaciones interreligiosas es notable. En conjunto, es monumental. Durante los años de la Shoá, Angelo Ron-

calli fue nuncio en Estambul, desde donde trabajó denodadamente en favor de salvar a los judíos perseguidos por los nazis. Ya como Sumo Pontífice, compuso una plegaria en la que expresaba remordimiento por las legendarias difamaciones antijudías de la Iglesia y, en una ocasión memorable, saludó espontánea y cálidamente a un grupo de feligreses hebreos al verlos salir de la sinagoga en Roma. Pero su contribución más fundamental en el plano interreligioso fue la convocatoria del Concilio Vaticano II (1962-1965), cuya declaración Nostra Aetate marcó un punto de inflexión en los vínculos entre católicos y judíos, y sus repercusiones positivas se sienten todavía. Juan Pablo II fue el primer papa en visitar Auschwitz (1979), el primero en ingresar en

una sinagoga (1986) y quien entabló relaciones diplomáticas entre Roma y Jerusalén (1993). Al reconocer diplomáticamente al estado judío, Juan Pablo II normalizó las relaciones largamente postergadas entre la Santa Sede y el estado de Israel. Luego se convirtió en el primer pontífice en ir, con el inicio del nuevo milenio, a Yad Vashem (el Museo del Holocausto de Israel) y en rezar en el Muro de los Lamentos. La imagen del papa ante sus imponentes piedras blancas se erigió en la representación visual más destacada de la nueva era en las relaciones entre la grey católica y la judía. Por supuesto que hubo desencuentros y desavenencias entre las partes. En cuestiones religiosas, la Iglesia Católica y el pueblo judío tienen sus diferencias, y en el plano

de las relaciones internacionales, la diplomacia de la Santa Sede y la política de Israel no están en completa sintonía. Pero gracias a estos dos papas extraordinarios algo ha cambiado para siempre en los lazos que unen a ambos pueblos. Por ello la ceremonia de este domingo en la Ciudad del Vaticano será seguramente observada con entusiasmo no sólo por todos los católicos del mundo, sino también por aquellos a quienes uno de estos pontífices famosamente llamó “nuestros hermanos mayores”. © LA NACION

El autor es analista político; escribió, entre otros libros, Roma y Jerusalem: la política vaticana hacia el estado judío (Debate)

Linchamientos, graves violaciones a los derechos humanos Amerigo Incalcaterra —PARA LA NACION—

E

l Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define linchar como “ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo”. En la Argentina, la prensa ha registrado en las últimas semanas entre 12 y 13 casos de linchamientos, uno de los cuales culminó en la muerte de la víctima. Se trata de David Moreira (18 años), que el 22 de marzo fue atacado por una turba supuestamente por intentar robar una cartera en Rosario, Santa Fe. Moreira falleció tres días después, producto de la golpiza. La argumentación que esgrimen quienes justifican este tipo de actos es que son producto del disfuncionamiento endémico del sistema judicial. Y que la ciudadanía, agotada por la situación generalizada de inseguridad, toma la justicia “por mano propia”. Ello contrasta con el estudio global so-

bre homicidios de 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que revela que, a pesar de que América latina es la región con los índices más altos de homicidios en el mundo, la Argentina, Chile y Uruguay son los tres países con menos homicidios en la región. También es de mencionar que la Argentina no aporta datos estadísticos desde 2010. Ahora bien, no se puede ni se debe minimizar los linchamientos solamente con base en las estadísticas citadas en el informe antes mencionado. Hay que repudiar de manera pública, clara y contundente estos graves atentados contra la vida, la integridad física y la dignidad del ser humano en todas las instancias y a todos los niveles, desde los dirigentes políticos, sociales, empresariales, hasta los líderes religiosos y los medios de comunicación. De no hacerlo, se pondría en riesgo el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, fundamento del

Estado de Derecho y del deber jurídico del Estado de brindar seguridad y protección a todas las personas bajo su jurisdicción. El derecho a la vida y la integridad física de la persona es un imperativo normativo supremo, consagrado tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales ratificados por la Argentina, incluido el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La protección de la vida, la seguridad o la integridad de las personas y el deber de llevar ante la Justicia a todos los que atenten contra estos derechos son obligaciones fundamentales e ineludibles de un Estado. Es importante resaltar que cuando se justifica un linchamiento por catalogar de “delincuentes” a las víctimas de dichos actos, se está justificando un acto criminal y una grave violación a los derechos humanos. El linchamiento atenta no sólo contra el derecho a la vida e integridad de la víctima,

sino contra los derechos a la presunción de inocencia y las garantías del debido proceso. Los medios de comunicación deben contribuir a que los linchamientos no sean interpretados como actos de justicia popular, insistiendo en que son inaceptables en un Estado de Derecho y en una sociedad democrática. En la Argentina se ha instalado peligrosamente un discurso violento y descalificador, que permea toda capa social. La intolerancia, la corrupción, la impunidad, la incapacidad de prevenir este tipo de fenómenos sociales y la manera como los medios de comunicación sobredimensionan la inseguridad ciudadana, son un sustrato fértil que no redunda en beneficio de un relacionamiento pacífico de la sociedad. Por ello, los medios tienen un papel primordial en el desarrollo y transmisión de valores basados en el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos de

todas las personas. Para responder a este llamado, los medios deberían aunar esfuerzos para evolucionar hacia un tratamiento objetivo y racional de la información. Además de las obligaciones principales del Estado de prevenir, investigar y sancionar estos delitos, es imperioso que las autoridades competentes, los líderes sociales y políticos, nacionales y locales, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto realicen urgentemente una profunda reflexión y establezcan un diálogo sobre las formas más efectivas de superar el deterioro de valores tan importantes como el respeto a la vida, la integridad física de las personas y la dignidad humana, así como sobre la forma de interrelacionarse. © LA NACION

El autor es representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos