OPINIÓN | 29

| Jueves 18 de abril de 2013

malestar. La imposición de la reforma judicial, la evidencia de actos

de corrupción que involucran al Gobierno y los muertos por una catástrofe evitable son las nuevas razones que alimentan la protesta

Por qué salir a la calle Álvaro Abós —PARA LA NACIoN—

A

l cabo de diez años, el Gobierno debe varias asignaturas: subsiste la pobreza estructural, la democracia no está consolidada y valores importantes de nuestra sociedad permanecen amenazados por múltiples causas que van desde fenómenos naturales como inundaciones y lluvias hasta el flagelo del crimen urbano; desde la decadencia educativa hasta la desigualdad social. Pese a ello, el Gobierno está consagrado centralmente a su pervivencia en el poder, cueste lo que cueste. Hace ya tiempo en las redes sociales se convocó a una movilización para expresar el malestar que circula en la sociedad argentina. La fecha elegida fue el 18 de abril, hoy. La actualidad vertiginosa ha hecho que ella coincidiera con una reforma judicial que el Gobierno intenta imponer de manera drástica, imprevista, sin debate previo. Al mismo tiempo, un medio de comunicación revela que un empresario habría enviado al exterior una impresionante fortuna de dudoso origen, operación que, por la estrecha relación que mantiene el involucrado con el círculo gobernante, inevitablemente salpica a éste. El costado farandulero de los protagonistas de esta opereta puede que la frivolice. Quizás ése sea el costo que se ha debido pagar para que tales hechos, que no son nuevos sino reiterados, perforen la distracción de la opinión pública argentina. Son dos hechos distintos –una reforma, una revelación–, pero están fuertemente entrelazados: intento de reforma judicial y visibilidad mediática de la corrupción se imbrican y explican. Sin embargo, la actualidad argentina es mucho más densa y presenta un entramado donde es fácil perderse. A fines del año pasado, el Gobierno quiso zanjar la diferencia que lo enfrenta al grupo Clarín mediante un emplazamiento a la justicia, el 7-D. Se profirieron diversas amenazas percibidas como auténticos ukases. El fracaso de esa estrategia fue vivido por el oficialismo como un ultraje. El jefe de Gabinete profirió expresiones cloacales contra los órganos judiciales y el ministro de Justi-

cia equiparó esas resoluciones con un golpe de Estado. Unos meses después, la iniciativa presidencial retoma aquellas disputas. La reforma judicial que implementa ahora el Gobierno parece una respuesta a aquellas decisiones judiciales, vividas por el poder como un inaceptable desafío. La división de poderes de pronto se ha tornado intolerable para el kirchnerismo. Pero, ¿cuál es la razón de semejante prisa? Resulta indigerible la pretensión oficialista según la cual su único interés es mejorar el sistema judicial. Los cambios estructurales –y el país necesita muchos– no pueden hacerse a tambor batiente, sin reflexión ni consenso. Esta manera de legislar es un dislate, como lo demuestra que los propios partidarios del Gobierno tuvieron que hacerse oír reclamando cambios en la redacción de los proyectos. Dicen, en una metáfora reveladora, que el Gobierno necesita blindar la reforma para que ella perdure. En tales condiciones, ¿qué otra cosa podemos pensar de la mentada reforma los ciudadanos sino que ella conlleva un propósito oculto? Se ha dicho que esconde una ingeniería electoral tan sofisticada como incomprensible para los legos: los candidatos al Consejo de la Magistratura irían colgados de las boletas del FPV para arrastrar votos oficialistas. Aquí surge como un fantasma omnipresente la nunca desmentida vocación re-reeleccionista. Cualquier medio sirve si el Gobierno necesita ganar las elecciones legislativas de octubre de 2013 con un porcentaje del 47% de los votos para obtener los dos tercios de las legislaturas y forzar una reforma constitucional. A los ojos de una sociedad desanimada y crítica, este intento reformista resulta una exageración. Un puro uso de las mayorías automáticas que el oficialismo mantiene en la Legislatura. Si las encuestas auguran un resultado diverso a sus expectativas, el Gobierno no puede recurrir a cualquier medio. Esto recuerda la frase de Talleyrand: “En política lo que es exagerado puede volverse insignificante”. Con el criterio usado para cambiar la

composición del Consejo de la Magistratura, ¿cuál sería el próximo paso del Gobierno? Además de recomponer la estructura electoral, la reforma inevitablemente hace pensar en la búsqueda de una indemnidad para la corrupción que aflora apenas se rasca la realidad. ¿Acaso se buscan jueces complacientes para el futuro? En las elecciones de 2011, el electorado no fue sensible a la corrupción, un flagelo que, parece, sólo conmueve cuando encuentra una sociedad golpeada por problemas económicos. Está pasando en España, donde los medios de

comunicación destapan la financiación oscura de los partidos políticos y la propia casa real resulta involucrada. ¿Tendrían la misma repercusión esas denuncias si los españoles navegaran en la bonanza de las últimas décadas? De pronto, irrumpe un hecho mediático y recuerda a propios y ajenos tantas denuncias que cayeron en saco roto, desde los albores del actual régimen, cuando el gobierno de Néstor Kirchner nombró a la esposa de un ministro controladora de las acciones de éste. La oportunidad de la reforma también

suscita sospechas. El país apenas se ha recuperado de un trance amargo: una inundación dejó decenas de muertos, pero al bajar las aguas se vio que ellas eran turbias. Nunca se hicieron las reformas estructurales que hubieran evitado la catástrofe. Los especialistas en materias ambientales lo habían anticipado, pero nadie les hizo caso. ¿Es que pensar en el futuro no es rentable para el corto término en el cual vive el Gobierno? Que tras diez años de gobierno kirchnerista el índice de pobreza estructural aún alcance el 27% de la población es una pobre performance. Son cifras aportadas por la UCA. Serán cuestionadas, pero pueden ser corroboradas por quien camine las calles de las grandes urbes argentinas. Es esa realidad desgraciada la que torna provocativa la reforma intentada, más allá de lecturas ideológicas. Para el Gobierno, el salario es ganancia. Para el Gobierno, el diálogo es rendición y la tolerancia, una cobardía inadmisible. Cuando todo el país se alegró por la elección de un papa argentino, la reacción primaria, visceral, de la Presidenta y su entorno fue de disgusto. Después, se recompusieron los gestos. Pero los hechos de hoy desmienten el discurso que proviene del Vaticano. Nada hay más ajeno a la humildad y la conciliación con el prójimo desamparado, mensaje primordial de Francisco, que la arrogancia con la que se erige un gobierno que se pretende amo y señor de la ley. En estas condiciones, bajar a la calle se torna un desafío, pero también un incentivo. No es una fatiga inútil. Las movilizaciones del año pasado dieron sus frutos. Gracias a la fortaleza que mostraron las manifestaciones callejeras, un tercio de los legisladores actualmente en ejercicio se ha comprometido a no votar nunca por la re-reelección. Puede ser un instrumento importante y habla de que la oposición, cuya impotencia tanto se alega, es capaz de lograr objetivos. La Justicia, animada por la voluntad que se demostró en cada esquina del país, frenó algunas formulaciones antidemocráticas. Al Gobierno se le estrechan los caminos. Como ha dicho Marcos Novaro, el Gobierno “se va quedando sin ideas ni vías de escape y sólo habla ya con el lenguaje del capricho”. Bajar a la calle puede demostrar que una sociedad está viva. Quizás parezca a muchos un recurso antiguo e ineficaz. Es volver a fuentes arcaicas, en una época en la que el marketing es omnipresente. Sin embargo, también a la calle recurren los trabajadores organizados, que el 15 de mayo marcharán como lo hicieron el pasado 20 de noviembre. Ir a la calle puede ser el mejor camino, si se lo recorre con tres virtudes, que, para estar a tono con la época, son franciscanas: fuerza para no desanimarse, coraje para eludir las provocaciones y alegría para demostrar a los demás y a nosotros mismos que hay algo mejor que caer y llorar: levantarse para seguir adelante. © LA NACION

Lázaro, levántate y responde Luis Majul —PARA LA NACIoN—

L

a autoincriminación de Leo Fariña sobre cómo armaba sociedades para que Lázaro Báez sacara dinero negro fuera de la Argentina es el último dato de lo que parece una película sobre la mafia. Sin embargo, no es ficción. Se trata del eslabón más fino de una enorme y compleja cadena de hechos que demuestra el verdadero vínculo entre el ex cajero de Báez, el fallecido ex presidente Néstor Kirchner y su esposa, la presidenta Cristina Fernández, haya Ella estado o no al tanto de los detalles. En El Dueño expliqué cómo empezó todo. Báez se hizo incondicional de Kirchner en 1990, cuando el primero era cajero del Banco de Santa Cruz y el segundo, intendente de Río Gallegos. El ex cadete tenía 34 años y Néstor, 40. En el primer encuentro, Báez le suministró información confidencial que valía oro: la lista de los principales deudores de la entidad bancaria. Figuraba la crema de la crema de Río Gallegos y el resto de la provincia. Grandes, medianos y pequeños empresarios. Altos funcionarios públicos y adversarios políticos conocidos. Parientes, amigos y enemigos. Fue la primera gran caja que manejó el ex presidente. Me lo explicó Javier Bielle, diputado provincial por la Unión Cívica Radical entre 1995 y 1999, el hombre que los denunció debido a manejos irregulares en el Banco de Santa Cruz: “Así como Kirchner, desde la financiera Finsud, se valió de una lista de morosos para comprarles sus viviendas a precio de remate, desde el Banco de Santa Cruz controló a empresarios, co-

merciantes y políticos incluidos en la lista de deudores”. La movida del gobernador y Báez fue muy redituable para ellos, pero muy perjudicial para la provincia. Cuando Kirchner decidió privatizarlo para “sanearlo”, Báez y sus amigos ya habían repartido entre 150 y 200 millones de dólares que jamás pudieron ser recuperados. Los jueces amigos lo declararon libre de culpa y cargo. El día en que Víctor Hugo Morales intentó desacreditar la investigación de El Dueño le pregunté si lo había leído y si sabía cómo empezaba el capítulo uno. No me respondió. Comienza con una seria denuncia del ex vicegobernador de Santa Cruz Eduardo Arnold. Él compartía un departamento en Buenos Aires con un empresario naviero. Un día entró a la propiedad cuando vio a su amigo en calzoncillos y llorando. Temió que intentara suicidarse. Le preguntó qué le pasaba. “Estoy quebrado y voy a ir preso”, le confesó. Le contó que le había ido a pedir un crédito a Kirchner y que éste lo mandó a hablar con Báez. Que Báez le respondió que no, pero cuando terminó la reunión y volvió al hotel Costa Río, en Río Gallegos, se le apersonó un militante del FPV para informarle que el crédito estaba, con una condición: el pago de una comisión del 20%. El empresario naviero reconoció ante Arnold que había aceptado el trato, pero que igual tenía dos graves problemas. Uno: había cometido la “imprudencia” de abonar la gestión con cheques de su cuenta personal y la entonces Dirección General Impositiva le estaba pidiendo explicaciones. El otro: al

mismo tiempo, Kirchner y Báez le habían “cortado el chorro” y de un día para el otro las cuotas del crédito habían dejado de fluir. Cuando Arnold se reunió con Kirchner y le preguntó por qué hacía semejante cosa, el gobernador le respondió: “Si es así como vos decís, vamos a la Justicia”. Y Chiquito Arnold replicó: “No me jodas… si en esta provincia la Justicia no existe”. Entrevisté a Arnold con un grabador y una libreta. Le pregunté si estaba dispuesto a repetir lo que me dijo ante un fiscal y un juez. Me dijo que sí, pero todavía nadie lo llamó. Igual, hay una verdad sencilla que podría ayudar a los investigadores a confirmar el vínculo entre Báez y la familia Kirchner. Es la coincidencia temporal entre los negocios del empresario y la asunción de Néstor y de Cristina como presidentes de la Nación. Austral Construcciones, la empresa madre de todo el grupo Báez, se fundó el 16 de mayo de 2003, nueve días antes de la asunción de Kirchner. Desde ese momento hasta ahora, se le adjudicaron obras por mucho más de 5000 millones de pesos. A fines de 2005, Báez debutó en un negocio en el que jamás había incursionado: se hizo dueño de la petrolera Misahar. El 23 de octubre de 2007, tres días antes de la primera victoria electoral de la Presidenta, sumó dos nuevas empresas dedicadas a la agricultura y la ganadería. Tampoco en ese rubro tenía experiencia previa. Cinco días después, el 29 de octubre, el ex cajero celebró el triunfo de Cristina con la inscripción de dos nuevas compañías: una se llama Austral Atlántica y la otra, Austral

Desarrollos Inmobiliarios. En una de ellas fue socio de Kirchner, según la propia declaración jurada del ex presidente. Una de las últimas informaciones privilegiadas con las que contó Báez fue la certeza de que la Presidenta impulsaría la construcción de dos enormes represas hidroeléctricas en El Calafate, provincia de Santa Cruz. Las represas tenían nombre y fecha original de inicio. Se iban a llamar Condor-Cliff y La Barrancosa. Se deberían haber empezado a construir a principios de 2009. Aunque ya les cambiaron el nombre por el de Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, las obras todavía no se iniciaron. El lugar donde debían ser levantadas estaba predeterminado. Es el mismo que eligió el inefable Báez para comprar 182.000 hectáreas, divididas en diez estancias, a la vera del río Santa Cruz. Mariana Zuvic, titular del ARI en Santa Cruz, hizo, hace tiempo, algo muy audaz. Recorrió los 315 kilómetros que separan Río Gallegos de El Calafate y se acercó a una de las estancias, La Julia, porque un arquitecto le había dado información inquietante. Le dijo que Báez había construido bóvedas y nichos de cemento para empotrar cajas fuertes donde poder guardar dinero en efectivo. Me lo contó cuando buscaba información para el libro Él y Ella, que fue publicado en julio de 2011. Él y Ella debía tener 16 capítulos. Pero hubo uno, que escribí y no publiqué, cuyo título es “¿Dónde está la plata?”. Allí se cuenta, con lujo de detalles, el viaje de Zuvic para comprobar la existencia de esa rareza arquitectónica. Zuvic también tomó fotos.

Con ese material, entre otros documentos, la dirigente –me anticipo– irá a la Justicia en las próximas horas para ampliar su denuncia. No publiqué aquel capítulo por sugerencia de mis editores. Me explicaron: “Parece un cuento de García Márquez, aun cuando sea verdad”. La gran novela de no ficción se completa con otro dato difícil de creer. Zuvic es hija de Miguel Zuvic, un ex empresario que se agarró a trompadas con Kirchner en marzo de 1995, cuando comenzaba su segundo mandato como gobernador. Zuvic fue el hombre que ideó el proyecto de una zona franca para Santa Cruz. Días después de la brutal pelea con Kirchner quedó completamente sordo, como consecuencia de un derrame producido por el estrés. Fui a ver a Zuvic a Tandil porque toda la historia, la de las bóvedas y la de su sordera, me parecía más una fantasía que un hecho. Lo encontré con su mujer, en su cuchillería. Está sordo y habla con dificultad. Zuvic me contó otra anécdota que parece increíble, pero que también es real. Después de la pelea, se tuvo que ir de la provincia. A pesar de todo, Kirchner quiso compensarlo, porque el remordimiento lo atormentaba. Entonces un día lo recibió y sacó de su bolsillo decenas de billetes arrugados y mezclados con cheques y pagarés y se los puso en la mano. “Sumaban como 15.000 dólares. Con esa plata intenté empezar de nuevo”, confesó Zuvic. A Báez, el socio de Kirchner, el hombre que nunca le dijo que no, le fue mucho mejor. Es hora de que se levante y responda ante la Justicia sobre cómo maneja el dinero.© LA NACION

La garantía del ciudadano frente a los abusos del poder Tomás Linn —PARA LA NACIoN—

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rometer la “democratización” de la Justicia es, así enunciado, una idea seductora. Pero esa fascinación apenas dura un instante, no sólo porque los detalles de una propuesta de este tipo terminan alarmando, sino porque el concepto en sí es contradictorio y peligroso. Hace dos siglos y medio, algunos de los más lúcidos pensadores y constitucionalistas de la época llegaron a una clara y simple conclusión, que se convirtió en el pilar de las constituciones democráticas modernas en todo el mundo. Para asegurarse de que un país de veras sea democrático, resolvieron que uno de los tres poderes debía ser menos democrá-

tico que los demás, entendido este término como un gobierno elegido por el pueblo a través de la expresión de la mayoría de sus votantes. Sabían que de las mayorías se encargaría el Ejecutivo y que ellas estarían bien representadas en el Parlamento. Pero alguien debía hacerse cargo de proteger los derechos y las libertades de las minorías; incluso de ese único y solitario ciudadano que tal vez crea que un pequeño derecho suyo ha sido pisoteado por un decreto presidencial o una ley aprobada en el Parlamento. Para escucharlo, entenderlo y –si se diera el caso– darle la razón, está el Poder Judicial y existen los jueces. Si quieren hacer

bien su trabajo, ellos no pueden responder a lo que determinan las mayorías electorales, siempre circunstanciales, sino que les corresponde afirmar la libertad y defender aquellos derechos que trascienden a los tiempos y están por encima de las mayorías. Hay tal cosa como los legítimos intereses personales, las libertades que responden a los fueros íntimos de la gente, y ellos están por encima de los antojos de quienes ejercen el gobierno. Así fue como se creó ese tercer poder, encabezado por la Suprema Corte de Justicia, cuyos miembros son designados por mecanismos que varían según cada país, pero que

necesitan la aprobación de los órganos representativos (que por lo general requieren alguna mayoría especial para designarlos) y que deben durar en el cargo más tiempo que los períodos normales de un gobierno. Asimismo diseñaron mecanismos que también varían según el país, pero que buscan despolitizar lo más posible las designaciones de los diferentes jueces (sería ingenuo suponer que eso se puede lograr de forma total) para que trabajen con la independencia y distancia necesarias para atender los reclamos personales de cada ciudadano por fuera de la coyuntura política y el fragor del momento. Estos mecanismos, con sus virtudes y de-

fectos, han pretendido ser la garantía última del ciudadano frente a los abusos de poder de los gobernantes de turno y a la tentación constante de someter a los ciudadanos en cuanto personas. Son la confirmación de la teoría democrática de que, si bien la mayoría vota a un gobierno, ésta nunca puede arrasar ni aplastar ni acallar a la minoría, y de que nadie, por elegido que sea, concentra todo el poder. Por eso, pretender “democratizar” la Justicia es liquidar la democracia misma de un país. Es un contrasentido.© LA NACION El autor, periodista, es columnista de la revista uruguaya Búsqueda