ONU Examen Periódico Universal Venezuela Sesión (Noviembre de 2016) Presentación conjunta de la Comisión nacional de protección de los periodistas (Conapro) integrada por Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Circulo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV) y Espacio Público

1. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP)1, es una corporación de derecho público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio distinto al Fisco Nacional; custodio y defensor del derecho que tiene el pueblo a estar informado, así como el derecho del periodista al libre acceso a las fuentes informativas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP)2, es una organización gremial que defiende los derechos laborales, promueve las mejoras profesionales y defiende la libertad de expresión y el derecho a la información. El Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV)3 es una organización gremial que agrupa a los profesionales de la fotografía periodística en Venezuela. Espacio Público, es una asociación civil venezolana, que tiene como finalidad la promoción y defensa de la libertad de expresión; el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social. 2. Conapro4 es una alianza de estas organizaciones, destinada a la acción coordinada para la defensa y protección de los periodistas, reporteros gráficos y trabajadores de la prensa, afectados en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, basados en los estándares internacionales de derechos humanos y las obligaciones del Estado establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Conapro considera que la libertad de expresión es un derecho humano imprescindible para el desarrollo de la democracia y otros derechos. 3. La metodología utilizada para la elaboración de esta presentación se basa en la documentación directa de los casos; mediante entrevistas, videos y fotografías; y el análisis de los hechos basados en los instrumentos, doctrina y jurisprudencia del sistema internacional de los derechos humanos. 1

El CNP, se rige por una ley nacional publicada en Gaceta Oficial, el 31 de marzo de 1995. Es un órgano colegiado que impulsaron los periodistas desde el año 1941. 2 El SNTP, cumplió en marzo de 2011, 65 años de fundado. 3 El CRGV, fue fundado el 6 de mayo de 1943 4 La Conapro se estableció el 1 de octubre del año 2008 y la integran el CNP, SNTP, CRGV y Espacio Público

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4. La presentación contiene aspectos relativos a la garantía de la libertad de expresión en Venezuela, relativos al discurso polarizador de los altos funcionarios en contra de medios y periodistas; agresiones a periodistas; la impunidad y lentitud de las investigaciones relativas a las agresiones contra periodistas (reporteros, fotógrafos y técnicos); las restricciones legales a la libertad de expresión, relativas a las penas privativas de libertad causadas por delitos de opinión sobre funcionarios; los instrumentos legales incompatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos y las restricciones indirectas ante la escasez de papel prensa que afecta la circulación regular de los medios.

Discurso que criminaliza 5. Los funcionarios utilizan los medios públicos para descalificar, insultar y acusar de forma arbitraria a medios y periodistas con líneas editoriales críticas e independientes. En pronunciamientos de altos funcionarios se mantiene un discurso polarizado, que promueve un clima de hostilidad e intolerancia contra personas vinculadas a medios privados o críticos de la gestión gubernamental actual. En algunos casos los periodistas han sido acusados de estar involucrados en actos delictivos como una forma de represalia por difundir información sensible para el gobierno nacional. 6. En el período comprendido entre los años 2011-2015 se registraron 1795 ocasiones en las que el discurso gubernamental, superó los límites de la crítica legítima a medios y periodistas, situación que fortaleció un clima de hostigamiento y ensañamiento contra periodistas y medios críticos. El discurso hostil por parte de funcionarios coincide con actitudes violentas de partidarios del gobierno que impiden la búsqueda y difusión de información tanto de periodistas como de infociudadanos.

Impunidad ante agresiones a medios y periodistas 7. En los últimos cinco años, la ONG Espacio Público registró 290 ataques y agresiones a periodistas y medios. Las agresiones ocurren especialmente contra comunicadores de medios audiovisuales, reporteros gráficos y camarógrafos de televisión, y son ejecutadas tanto por particulares como por cuerpos de seguridad que retienen equipos, realizan detenciones y destruyen material audiovisual. 8. Las agresiones están vinculadas al impedimento de cobertura de temas sensibles para la opinión pública que cuestionan la gestión de gobierno. En otros casos se impide la cobertura de eventos públicos a medios que son considerados de oposición por parte de los funcionarios. En eventos de corte político y electoral, los periodistas se exponen a agresiones por parte de seguidores tanto de gobierno como de oposición. 9. Durante el 2014 hubo un contexto de alta conflictividad social, a raíz de una serie de movilizaciones estudiantiles enmarcadas en la exigencia de soluciones ante la inseguridad, la violencia y la impunidad. La represión aplicada por los cuerpos de seguridad del Estado 5

Los datos provienen de la base de datos que mantiene Espacio Público desde el año 2002. Sólo se registran aquellas oportunidades en los que el discurso sitúa a los medios y periodistas como enemigos; mediante insultos, ofensas y descalificaciones.

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detonó un movimiento de protesta a nivel nacional con características excepcionales respecto al patrón normal de las manifestaciones públicas en el país. La respuesta del Estado fue el despliegue de una política represiva que afectó directamente el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos6. 10. Un total de 573 violaciones a la libertad de expresión se registraron en el año 20147. De estos 209 fueron casos vinculados a agresiones, amenazas y ataques. La mayoría se ejecutaron durante la cobertura de las manifestaciones de calle, en especial contra reporteros gráficos o infociudadanos que documentaban los hechos mediante vídeos y fotografías. Los cuerpos de seguridad, en especial funcionarios militares de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), impidieron la búsqueda o difusión de información en un 29% de los casos. 11. La mayor parte de periodistas o infociudadanos que fueron detenidos no tuvieron sentencias en su contra y fueron puestos en libertad luego de unas horas de su detención, pero además el uso del sistema de seguridad ciudadana y administración de justicia se utilizó para reprimir a quienes informasen sobre los hechos de violencia que estaban ocurriendo en las manifestaciones. Este tipo de acciones no solo impide el libre trabajo periodístico, sino que también deja a las personas sin información, cuya ausencia se torna especialmente grave en momentos de alto conflicto social cuando la noticia puede ser vital para la sobrevivencia. 12. La omisión de las autoridades ante estos hechos, la desestimación de las denuncias y la ausencia de responsables revelan un patrón de impunidad que normaliza los hechos delictivos y alienta la ejecución de nuevos ataques. A continuación la descripción de algunos situaciones que ilustran los casos. 13. El 15 de febrero de 2014, Gabriel Osorio, fotógrafo profesional independiente, fue víctima de un brutal ataque por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:15 de la noche en la calle Sucre de Chacao, en la ciudad de Caracas. Osorio salió a trabajar con su equipo fotográfico y una máscara antigases para documentar las manifestaciones. En la calle Sucre, fue avistado por funcionarios de GNB. El fotógrafo levantó las manos y mostró su carnet de prensa, en ese momento le dispararon y los perdigones le rozaron la cabeza, torso y pie. Luego lo arrinconaron y un funcionario lo golpeó con una pistola 9 milímetros. Los funcionarios de la GNB querían que les entregara la cámara y ello produjo un forcejeo en el que Osorio cae al suelo. Lo patearon y ello le fracturó una costilla. Al final lo dejaron en el suelo y luego fue atendido en un centro de la salud de la zona. Gabriel Osorio denunció ante el Ministerio Público (MP), la Defensoría del Pueblo (DP) y la Guardia Nacional Bolivariana para exigir la investigación de los hechos y sanciones para los responsables. Tras un año en el que fue imposible identificar a los atacantes, el MP declaró sobreseimiento del caso. 14. El camarógrafo Gonzalo Ruiz fue víctima de dos agresiones por parte de funcionarios policiales en el año 20148. En el primer caso el 28 de mayo, Ruiz junto con la periodista Ana Vanessa Herrero y el reportero grafico Jesús Medina, miembros del equipo de prensa del canal NTN24, fueron agredidos en el estado Táchira por la policía regional, cuando 6

Venezuela 2014: Protestas y Derechos Humanos, consultado el 02.08.2014 en URL: http://www.derechos.org.ve/pw/wpcontent/uploads/Informe-final-protestas2.pdf 7 Espacio Público, 20 de enero de 2015, 2014: el año con más violaciones registradas en los últimos 20 años. Recuperado el 07/03/2016 en http://espaciopublico.ong/informe-2014-violaciones/ 8 Espacio Público, 28 de mayo de 2014, Golpean al equipo de prensa de NTN24 en Táchira, Consultado el 30/05/2014 en http://goo.gl/fgLGBg /Informe21.com, 28 de mayo de 2014, Periodista detenido, lacrimógenas y heridos durante protestas en UCAT Táchira #28M (Fotos). Recuperado el 28/05/2014 en http://goo.gl/BYwtlZ

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salían de hacerle una entrevista al gobernador José Gregorio Vielma Mora, en su residencia. Herrero informó que al culminar el encuentro con el primer mandatario regional vio cuando los efectivos de seguridad arremetían contra una persona. La periodista intentó hacer la cobertura del suceso, pero se dio cuenta de que la persona que estaba siendo agredida era su compañero Gonzalo Ruiz. La reportera denunció que un miembro de la Policía de Táchira les dijo que ellos acatan las órdenes del ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, y no del gobernador Vielma Mora. Por su parte, Ruiz explicó que se encontraba grabando cuando la policía comenzó a combatir a los estudiantes. “Uno de los policías gritó: ‘al que tiene camarita agárrenlo, a mi me sabe la prensa’. De repente, me vi rodeado de policías intentando quitarme la cámara, me empezaron a golpear, menos mal cargaba un casco de motorizado porque me dieron por la cabeza. Me dieron patadas”, explicó el camarógrafo. También aseveró que un agente de apellido Zambrano le quitó su credencial de identificación y le dijo: “tú no tienes ningún carnet. No tienes cómo identificarte”. Aunque el reportero le exigió que le devolviera la credencial el funcionario lo retó diciéndole: “Vamos a ver a quién le van a creer que tú tenías identificación”. Ruiz declaró que lo golpearon en el estómago y le intentaron quitar la cámara en varias oportunidades. A Herrero la golpearon en un brazo. En una segunda ocasión, Ruiz fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Táchira la tarde del 3 de julio. El periodista se encontraba en las inmediaciones de la Universidad Católica del Táchira (UCAT) durante la cobertura de una protesta de estudiantes. Los efectivos policiales le dieron golpes, “el más fuerte fue en la pierna derecha”. Le decomisaron sus credenciales, su cámara y un chaleco antibalas. “Luego me devolvieron la cámara. Al rato llegaron unos funcionarios con el chaleco y luego otros con el carnet. El que me había quitado el chaleco fue uno de los que llegó a devolverme el carnet", dijo el periodista vía telefónica al canal colombiano NTN24 luego de ser liberado. El camarógrafo realizó la denuncia de ambos casos ante la Fiscalía N° 20 del estado Táchira, en las que presentó evidencia fotográfica, en video e incluso se suministraron nombres de algunos funcionarios policiales acusados de la agresión. El 30 de noviembre de 2015, por medio de comunicación escrita, se le informó a Ruiz que la fiscal "consideró oportuno y ajustado a derecho decretar el Archivo Fiscal de la investigación (…) sin prejuicio de reaperturar la misma cuando aparezcan nuevos elementos de convicción y cuando así sea solicitado por la víctima (...)", por lo que el caso pasó a archivo y quedó cerrado indefinidamente. 15. Otro ejemplo de impunidad sostenida es la agresión contra periodistas de la otrora Cadena Capriles9. El 13 de agosto de 2009, un grupo de 12 periodistas fue brutalmente golpeado mientras repartía volantes en una manifestación pública. Tras varias etapas de la denuncia, entre ellas, la desaparición del expediente durante tres años, y constantes diferimientos de las audiencias, el caso nunca llegó a juicio y para noviembre de 2015 se declaró sobreseimiento de la causa, quedando absueltos de culpa todos los acusados. Esta decisión fue apelada pero el recurso se declaró inadmisible10. 9

El grupo editorial Cadena Capriles, hoy Grupo Últimas Noticias, fue vendido en octubre de 2013. Para la fecha aún se desconocen quienes son los nuevos dueños del rotativo. 10 Espacio Público, 14 de agosto de 2015, Caso Cadena Capriles: Seis años tras la justicia. Recuperado el 09/03/2016 en http://espaciopublico.ong/caso-cadena-capriles/ Espacio Público, 24 de noviembre de 2014, Declaran inadmisibilidad del recurso de apelación en el caso Cadena Capriles. Recuperado el 09/03/2016 en http://goo.gl/cAGMEJ

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Hostigamiento judicial como represalia por informar 16. El Código Penal venezolano califica como delitos el desacato y el vilipendio. La reforma de este Código del año 200511 aumentó las condenas e incorporó a otros funcionarios para proteger su honor y reputación. Se mantiene una amplia discrecionalidad de los jueces para decidir si una conducta se ajusta al patrón de delito, a la vez que se obstaculiza el control de los ciudadanos sobre la gestión de los funcionarios sobre recursos públicos. Estos delitos han sido aplicados en contra de determinadas personas que han hecho críticas en contra del gobierno nacional. Ejemplo de esto es Oswaldo Álvarez Paz quien fue condenado a dos años de prisión por el delito de difusión de información falsa, tipificado en el Artículo 296A del Código Penal, por haber emitido opinión sobre la existencia de relaciones entre el gobierno de Venezuela y grupos extremistas como la ETA, al igual que la falta de procesos serios en cuanto al control de situaciones como el narcotráfico12. 17. A través de medios públicos, funcionarios involucran a periodistas en hechos delictivos como una forma de desacreditar a quienes informan sobre temas sensibles para el gobierno nacional. Los insultos o descalificaciones públicas suelen ir acompañadas de amenazas de denuncias que en algunos casos de concretan. Entre los años 2011 y 2015 se registraron 135 denuncias relacionadas con hostigamiento judicial contra periodistas e infociudadanos vinculadas a la difusión de información, con un incremento importante en 2013 cuando se elevó en 375% (57 casos) con relación al año 2012, con 12 eventos. Hubo un descenso de 31% en 2014 (39) respecto al año anterior, para finalmente ubicarse en 18 casos para el año 2015. Sin embargo, la incidencia es alta respecto a los patrones históricos de registro, y se agudizan en periodos de importante conflictividad social y política. 18. Un ejemplo es la demanda penal que interpuso el ciudadano Yamal Mustafá, el 15 de julio de 2013 contra David Natera Febres, director del diario Correo de Caroní, (periódico privado con sede en Ciudad Guayana, Estado Bolívar) por difamación agravada 13, tras la publicación de una serie de artículos en los que se menciona a Mustafá en torno al caso de presunta corrupción en Ferrominera Orinoco. El 19 de julio de 2013 el Tribunal Primero de Juicio de Puerto Ordaz decretó medida cautelar que ordena al Correo del Caroní no publicar información sobre el caso del empresario Yamal Mustafá. En este sentido, se ordenó al Correo del Caroní que “se abstenga de publicar o permitir publicar, informaciones subjetivas o prejuiciosas, emitidas de manera directas o indirectas, simuladas o figuradas, relacionadas al ciudadano Yamal Mustafá, así como referido a cualquier otro proceso penal que se llegue a instaurar contra su persona”. El 08 de enero de 2014 la Corte de Apelaciones Penal de Ciudad Bolívar confirmó el fallo14. Para marzo de 2016 se retomó la demanda contra el director del medio, que de concretarse la condena el proceso pasaría a juicio civil para embargar los bienes del periódico y pagar una indemnización, lo que

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Código Penal de Venezuela. Gaceta Oficial No. 5768E de 13 de agosto de 2005. Disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/codigo-penal 12 Sentencia de la 21er Tribunal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 12 de julio de 2011. 13 Código Penal de Venezuela, articulo 442. Recuperado el 11.03.2015 desde: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/codigo-penal 14 Corte de Apelaciones Penal de Ciudad Bolívar, Sentencia del 08 de enero de 2014.

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aunado a la crisis económica que atraviesa el rotativo desde 2014 (escasez de papel e insumos para la impresión) podría generar el cierre del medio15. 19. El diputado y ex presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, demandó en 2014 a la junta directiva del diario Tal Cual y al articulista Carlos Genatios por el delito de difamación agravada16. Se admitió la demanda y se impuso la prohibición de salida del país y presentación semanal ante un Tribunal del articulista y de cuatro miembros de la Junta Directiva del medio17. En 2015, Cabello inicia otra demanda contra los diarios Tal Cual, El Nacional y La Patilla por replicar una información del diario ABC de España, en la que se vincula al diputado con actividades de narcotráfico. A la demanda civil por daños morales que asciende a 1.000.000.000 bolívares se le sumó posteriormente una acusación penal por difamación agravada continuada. Con ello se ordenó la prohibición de salida del país a 22 acusados que deben presentarse una vez a la semana en tribunales. 20. El 27 de agosto de 2015 el ciudadano Hugo Carvajal, Mayor General retirado, y quien ha ocupado importantes cargos públicos que incluyen Director Nacional de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y Director General de Contrainteligencia Militar, introdujo una solicitud de auxilio judicial por presunto delito de difamación en su contra. De acuerdo con lo expuesto en la solicitud, los periodistas y medios: Patricia Poleo, Julio Rodríguez Salas, José Gregorio Briceño Torrealba, Gustavo Azocar Alcalá, Ibsen Martínez, Sofía Nederr, Hernán Lugo Galicia, Javier Ignacio Mayorca, Ricardo Guanipa y Globovisión; habrían publicado información en la cual vinculaban a Carvajal con delitos de narcotráfico, por lo cual se presumirían como autores de este delito. En este sentido, solicitó al juzgado penal que ordenara la apertura de una investigación sobre estas personas para determinar su responsabilidad en los hechos planteados. El día 10 de octubre de 2014 la Fiscalía 84° del Ministerio Público a Nivel Nacional ordenó al Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT); Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME); Consejo Nacional Electoral (CNE); las compañías telefónicas Digitel, Movistar, CANTV-Movilnet; y las compañías de televisión por suscripción Directv, Supercable e Intercable remitir toda información que tuviesen estas instituciones sobre las mencionadas personas, incluyendo datos personales, direcciones, números telefónicos, movimientos migratorios, datos de vehículos y cualquier otro dato de interés18. 21. Nuevamente, el diputado Diosdado Cabello, en su programa Con el mazo dando, transmitido por el canal de Estado el 26 de agosto, vinculó al periodista Damián Prat con planes de saqueo llamado “Guayanazo 2” en el estado Bolívar dirigido por miembros del partido de oposición, Voluntad Popular. Días después, el 14 de septiembre el ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, relacionó a Prat con la planificación de saqueos en Ciudad Guayana. El nombre del periodista no fue mencionado por el funcionario, sin embargo, en una pizarra que se mostró en medio de la rueda de prensa, aparecía su nombre y su cédula de identidad. Se le señala de pertenecer a una banda

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Espacio Público, 10 de marzo de 2016, Reactivan juicio en contra del Correo del Caroní. Recuperado el 10/03/2016 en http://goo.gl/t9vbwh 16 Código Penal de Venezuela, articulo 442. Recuperado el 11.03.2015 desde: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/codigo-penal 17 Tribunal 29 de Control del Área Metropolitana de Caracas, Sentencia del 06.03.2014. 18 Solicitud de Auxilio Judicial realizado el 27.08.2014 ante el Juzgado 52° de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas / Actuaciones realizadas por la Fiscalía 84° del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia Penal, Tributaria y Aduanera en fecha 10.10.2014.

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paramilitar que es, según las acusaciones del ministro, liderada por el dirigente del partido opositor Primero Justicia Wilson Castro19. 22. El reportero gráfico Jesús Medina Ezaine denunció, el 27 de octubre de 2015, que la ministra para los Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, pretende demandarlo tras haber informado la situación que se vivió en la cárcel Rodeo II, el 22 de octubre de 2015, donde 1 recluso murió y 5 personas estuvieron secuestradas por una semana.“En declaraciones el día de ayer la ministra enfatizó que gracias a mi irresponsabilidad no se había solventado la situación del rodeo II, cuando yo lo único que hice fue intermediar. Incluso gente del alto mando militar, del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo me pidieron que siguiera haciendo el enlace con los reos que mantenían secuestrados a los 5 trabajadores sociales”, declaró el fotógrafo al portal de noticias Caraota Digital. En el mismo audio aclaró que él no se es funcionario público. Sin embargo, medió y colaboró con las autoridades porque “cuando los reos me llaman para que publique lo que estaba pasando, yo lo publico y los entes no tenían enlace con ellos, he puesto en mi cuenta en Twitter”, sentenció el reportero.20

Restricciones indirectas y sanciones por informar 23. Existen impedimentos que restringen de forma indirecta la difusión de información en Venezuela. La venta de papel prensa monopolizada por el Estado tras la creación de la Corporación Maneiro en el año 2013, ha traído consigo una serie de dificultades crecientes para la obtención de papel prensa en especial para medios con línea editorial crítica al gobierno nacional. Al mismo tiempo, la inflación y el no otorgamiento de divisas para la compra de productos importados, como tinta y planchas, ha incrementado los costos, lo que genera importantes dificultades para el sostenimiento de los medios impresos. La crisis ha generado la reducción del formato de 14 periódicos, y la salida de circulación por tiempo indefinido de 8 medios en tres años, además de la reducción de personal que afecta la estabilidad laboral de los trabajadores de la prensa. 24. La Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos contiene elementos vagos e imprecisos que permiten una excesiva discrecionalidad a CONATEL para la sanción de medios de comunicación en función de su línea editorial. Además, la composición del Directorio de Responsabilidad Social resulta políticamente parcializada, pues la mayoría de sus miembros son designados por el Presidente de la República. Ejemplo de esto es la multa de 9 millones 300 mil bolívares contra el medio de comunicación Globovisión, de línea editorial crítica, por presuntos ilícitos en los que este incurrió durante las transmisiones de hechos de violencia ocurridos en los centros penitenciarios Rodeo I y Rodeo II. Globovisión fue acusado de ¨instigación a la zozobra¨ y ¨alteración del orden público¨ por haber transmitido declaraciones de los familiares de las

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Tal Cual, 15 de septiembre de 2015, Ministro del Interior acusa a periodista Damián Prat de estar involucrado en banda paramilitar. Recuperado el 15/09/2015 en http://goo.gl/z6NLLN Espacio Público, 28 de agosto de 2015, Cabello vincula a periodista Damián Prat con plan “Guayanazo 2”. Recuperado el 15/09/2015 en http://goo.gl/WMzm8T 20 Caraota Digital, 27 de octubre de 2015, Reportero gráfico Jesús Medina podría ser demandado. Recuperado el 27/10/2015 en https://goo.gl/EZJJWXn A todo momento, 27 de octubre de 2015, Reportero gráfico responde a ministra Iris Varela por caso de El Rodeo II. Recuperado el 27/10/2015 en http://goo.gl/uxncVB

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personas privadas de libertad en las que manifestaban su preocupación por la desinformación sobre la situación dentro de los centros penitenciarios21. Sin acceso a fuentes oficiales 25. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que el derecho a la libertad de expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información. De igual forma la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión del año 2000 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace eco de este derecho de acceder a la información pública además de resaltar que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de todo individuo. 26. Estadísticas y cifras oficiales, sobre temas de interés nacional no se encuentran disponibles. Ejemplos de ello son los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud, que no fueron publicados durante más de un año22, al igual que los índices macroeconómicos por parte del Banco Central de Venezuela (BCV)23; y la tasa de homicidios en el país, de la cual no se obtiene información regular oficial. 27. Los periodistas enfrentan serias limitaciones para el acceso a las salas de prensa en las instituciones públicas, fuente indispensable para la obtención de información oficial verificable, lo que obstaculiza el derecho a la información de los ciudadanos. Los comunicadores de medios privados deben afrontar la discriminación en la convocatoria a las ruedas de prensa de los organismos gubernamentales, al igual que en el ingreso a estas instancias, a las cuales tienen acceso solo los comunicadores del Sistema Nacional de Medios Públicos, y algunos medios que las autoridades consideran “confiables”24. 28. Consecuencia del trabajo de la sociedad civil25, para marzo de 2016 se encuentra en discusión en la Asamblea Nacional la primera Ley de Acceso a la Información Pública26.

Recomendaciones 1. Los altos funcionarios deben abstenerse de realizar discursos y pronunciamientos que tengan un efecto intimidatorio sobre el ejercicio de periodistas y demás trabajadores que laboran en los medios de comunicación.

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El Universal, 18 de octubre de 2011, Conatel multa a Globovisión por cobertura sobre El Rodeo. Recuperado el 10/03/2016 en http://goo.gl/Tf3psl Espacio Público, 18 de octubre de 2011, Conatel multa a Globovisión por BsF.9.5 millones. Recuperado el 10/03/2016 en http://goo.gl/eJN1zo 22 La Verdad, 18 de enero de 2015, Suspenden publicación de boletín epidemiológico. Recuperado el 10/03/2016 en http://goo.gl/Om2gJc 23 Espacio Público, 7 de mayo de 2015, BCV en mora con cifras oficiales. Recuperado el 10/03/2016 en http://goo.gl/BgqLnM 24 Espacio Público, 9 de marzo de 2011, Limitan acceso a equipo de Globovisión en terminal de pasajeros de La Bandera. Recuperado el 10/03/2016 en http://goo.gl/uhE73L Noticiero Digital, 24 de mayo de 2013, No permiten que Globovisión, Televen ni Venevisión cubran homenaje a los 5 policías fallecidos. Recuperado el 28/05/2013 en http://bit.ly/13Q40BR 25

La Coalición Proacceso consignó ante la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de Comunicación el Proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública. 26 Espacio Público, 3 de marzo de 2016, Aprobada en primera discusión Ley de Acceso a la Información Pública. Recuperado el 10/03/2016 en http://goo.gl/h0e2b7

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2. Establecer mecanismos para una investigación y sanción adecuada para los responsables de las agresiones a periodistas, reporteros y ataques contra medios de comunicación. 3. Derogar los delitos de desacato contenidos en el Código Penal y la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos para ajustarla a los estándares internacionales de derechos humanos, y seguir las recomendaciones de los órganos de protección del sistema interamericano de derechos humanos y la ONU. 4. Permitir el acceso no discriminatorio de los medios y periodistas a las fuentes oficiales, y desarrollar una política proactiva para la divulgación regular de información básica en los sitios web de los entes públicos. 5. Discutir, aprobar y ejecutar una ley de acceso a la información pública, que efectivamente garantice el acceso en todas las instancias y niveles de gobierno correspondientes mediante el desarrollo políticas públicas acordes con los estándares de protección de derechos humanos.

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