INFORMACION GENERAL

Lunes 22 de agosto de 2011

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EXPLOTACION SEXUAL s UN FENOMENO EN LA CIUDAD

Montevideo 595: en un departamento, ofrecen sexo por dinero

Uruguay 680: los vecinos se quejan porque funciona un privado

Av. del Libertador 774: hay varias unidades en la mira FOTOS DE GRACIELA CALABRESE

Los prostíbulos copan el centro porteño Se estima que hay unos 2000 departamentos privados donde se ofrece sexo a cambio de dinero; crecen las denuncias vecinales LA NACION

Una actividad con el título de clandestina La prostitución, el oficio más viejo del mundo, está regulada en todo el territorio argentino por la ley de profilaxis (N° 12.331), que especifica en su artículo 15 que se prohíbe en todo el país “el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución o se incite a ella”. La cuestión es que la ley prevé un castigo sólo a quien regentea esta actividad con un fin económico. Por tanto, quien ejerce la prostitución en una vivienda privada está desarrollando sólo una actividad clandestina a la que no le cabe sanción. “Si bien la prostitución está prohibida, es una actividad clandestina que no tiene un castigo salvo para el que la regentea. Sin embargo, en la Capital, la fiscalía y el gobierno porteño trabajan en conjunto sobre la base de denuncias para hacer inspecciones en departamentos y comprobar las condiciones en las que viven las meretrices y, eventualmente, ordenar el cese de la actividad”, dijo a LA NACION el fiscal porteño Luis Cevasco. Javier Miglino, titular de la ONG Defendamos Buenos Aires, dijo a LA NACION que esa entidad recibe a diario denuncias de vecinos por la existencia de prostíbulos en edificios privados. “Las zonas más afectadas son Belgrano, Palermo, Recoleta, Barrio Norte, Flores, Liniers, Constitución y Once. Hay un gravísimo problema con las casas usurpadas: primero copan una propiedad, luego se reparten las habitaciones y las del fondo las dejan para que funcione un «privado». Y las denuncias no pros-

Denuncias no escuchadas

peran”, dijo el abogado Miglino. Cuando LA NACION quiso conocer la cantidad de denuncias de vecinos sobre actividad sexual en departamentos privados, en el Ministerio Público Fiscal de la ciudad indicaron que no era posible tener esa estadística porque no estaba digitalizada. En la Policía Federal tampoco fue posible que cuantificaran las denuncias, y en el gobierno porteño no informaron con precisión la cantidad de operativos que llevan adelante para detectar prostíbulos. “El trabajo sexual no está penado en la Argentina. Y ejercerlo mientras no haya un tercero o alguien que haga una trata de personas no es un delito. No tiene que haber una persecución a las compañeras de trabajo, sino a las personas que hacen trata de personas y vienen de otros países y provincias y las hacen trabajar con clientes. La Justicia tiene que investigar a las redes mafiosas”, dijo Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina (Attta). La secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), Elena Reynaga, ratificó que la prostitución no es ilegal. “Tenemos como organización una postura tomada. El fondo de la discusión es que hay que regular el trabajo sexual. Pero hay mucha sordera. No tenemos ninguna regla para ejercer la profesión. Entonces: ¿nadie nos puede alquilar a nosotras?”, subrayó la presidenta de Ammar.

Los teléfonos públicos están tapados de avisos de oferta de sexo

       
     

   


                

   

 

  





   







  





 



 

“En estos departamentos, muy excepcionalmente, hay prostitución por cuenta propia y, en la mayoría, existe el regenteo directo y el proxenetismo. Porque cuando hay prostitutas solas que alquilan un departamento, lo arrasa la policía”, dice Gustavo Vera, titular de la ONG La Alameda, que reveló la existencia de prostíbulos en varios departamentos alquilados por el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. En 2009, esta asociación dice haber denunciado ante la Procuración General de la Nación, el Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Fiscalización y Control de la ciudad la existencia 613 prostíbulos en la Capital. “Pero no pasó nada –dice Vera–. Y en 2008 denunciamos ante la Dirección de Fiscalización y Control de la ciudad la presencia de 25 prostíbulos alrededor del Departamento Central de Policía, y al día siguiente me mandaron una inspección de la ciudad.” Consultada la Policía Federal, fuentes de esa fuerza indicaron que hacen investigaciones sobre prostitución, pero que no siempre se puede actuar en departamentos privados.

 

La oferta sexual en departamentos privados de la Capital despierta cada vez más quejas de los vecinos, preocupados por el crecimiento de una suerte de zona roja que ha copado, principalmente, el centro porteño. El problema, sin embargo, se extiende a toda la ciudad, donde se estima que hay unas 2000 viviendas particulares donde se ejerce la prostitución de manera clandestina, según fuentes judiciales y de varias ONG. Propietarios e inquilinos de centenares de edificios comparten a diario lugares comunes con prostitutas, proxenetas y un amplio abanico de clientes, algo que provoca una airada protesta por ruidos molestos y falta de higiene, y alimenta el temor por el riesgo de ser víctima de la inseguridad frente a la cotidiana presencia de personas ajenas y extrañas al edificio. La zona del centro podría ser la capital argentina de la oferta sexual. Entre las calles Hipólito Yrigoyen, Rodríguez Peña, Marcelo T. de Alvear y la avenida Alem puede encontrarse más de 500 direcciones para tener relaciones sexuales a cambio de dinero. Las fotos de mujeres con sus respectivos teléfonos se despliegan en los postes indicadores de calles, teléfonos públicos, vidrieras y hasta en los marcos de las puertas de edificios. Pero también existen otros barrios donde estos privados crecen vertiginosamente, como Flores, Caballito, Recoleta, Belgrano, Once, Constitución y San Telmo (ver infografía). Incluso está el llamado “corredor de lujo”, como se denomina a un sector de la Avenida del Libertador, en Retiro, donde hay edificios con una buena cantidad de viviendas donde se ejerce la prostitución, según denuncian sus consorcistas. La guía del tour sexual porteño bien puede encontrarse, además de ostensible oferta en la vía pública, en Internet o camuflada, ahora, en avisos clasificados. La tarifa por sexo parte de los 40 pesos (promoción, según reza en los folletos) por media hora de actividad, y llega hasta los 500 pesos por el mismo tiempo, según la categoría de la acompañante. En el barrio de Balvanera, por ejemplo, los vecinos de un edificio situado en Montevideo al 500 denunciaron que allí, en un departamento de un piso alto, funciona un prostíbulo encubierto. Al menos cinco chicas, según cuentan, ofrecen sexo día y noche. “Es un gran problema. Hicimos la denuncia en la comisaría 3a y el nuevo comisario nos dijo que iban a investigar. Hace 10 días, se subieron seis personas al ascensor y rompieron el vidrio. Es un caos vivir con los clientes que pasan día y noche”, dijo un vecino, que pidió que se resguardara su nombre. LA NACION llamó al departamento en cuestión y, efectivamente, había mujeres que ofrecen sexo a cambio de dinero. Media hora, 200 pesos, y la hora, 350. “Este departamento es de una conocida abogada. No entiendo

cómo la dueña deja que pase esto”, comentó un vecino. Una de las mujeres que vive en el privado dice habitar el lugar junto con una prima y dos sobrinas. En la última reunión de consorcio, dos de estas mujeres quisieron participar, pero las echaron. Y los vecinos hicieron la denuncia para sacarlas del edificio. Estos tipo departamentos abundan, principalmente, en la zona cercana a Tribunales. En Uruguay 680, los vecinos protestan porque en un edificio funciona un prostíbulo que se promociona con miles de volantes en la avenida Corrientes. Y la concurrencia es alta. Tanto es así que tiene un encargado de puerta propio, además del responsable oficial del edificio. “Acá hay desde ruidos molestos hasta presencia de personas que te dan miedo. Es increíble que nadie haga algo. Tampoco se puede conversar con esta gente, porque se pone brava”, dice un vecino. En Avenida del Libertador 774, en Recoleta, hay un edificio al que se conoce como “la pajarera”. Tiene 352 departamentos y en más de una decena de unidades se ejerce la prostitución, según contaron vecinos del barrio y habitantes del propio edificio. “Yo bajo en el ascensor junto con mi hijo y nos cruzamos con travestis que vienen con amigos”, dijo a LA NACION un hombre que vive allí, mientras gesticulaba con los dedos para entrecomillar la última palabra que menciona. Una elegante mujer se sumó a la charla. Y agregó, luego de pedir expresamente la reserva de su nombre: “En la última asamblea, nos quejamos porque las mujeres que trabajan en el edificio arrastraron la basura y dejaron un preservativo tirado”. “La pajarera” es conocida por vecinos del barrio, ya que varias mujeres publican en Internet sus servicios y citan esa dirección.

     

PABLO TOMINO



 




   





Combate la oferta de sexo con un megáfono Jaime Binderman, de 60 años, es un vecino de Flores que desde hace años se opone a la prostitución en la vía pública, en la cuadra donde vive, y denuncia a las prostitutas con un megáfono. “Señora prostituta, lleve adelante su trabajo en otro lugar, que hay chicos en la calle. Esto es un barrio digno, múdese”, suele decir este hombre, a viva voz, en la calle Bolivia al 300, donde habita. Binderman le inició un juicio al gobierno de la ciudad en mayo de 2009 porque reclama que no le corresponde el aumento del impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), ya que, por la prostitución, según dice, su propiedad se devaluó de manera notoria. “El juzgado comprobó que

las propiedades de Flores donde se ejerce la prostitución bajaron de 1500 dólares el metro cuadrado a 850 dólares. Por lo tanto, el incremento del ABL no me corresponde. Y por eso inicié el juicio”, dijo a LA NACION Binderman. Este vecino, junto con otros habitantes de Flores, ha denunciado desde 2005 la existencia de una red de prostitución en el barrio, y no encontró respuestas de las autoridades. Según contaron en repetidas ocasiones ante organismos oficiales, la oferta de sexo en la vía pública y la presunta explotación de mujeres en albergues transitorios de la zona generan a diario un sinfín de conflictos en el barrio.

EN CHACARITA

Una plazoleta desplazará el abandono Algo está cambiando en el paisaje de Chacarita, más exactamente en el núcleo urbano que conforman la terminal del ferrocarril Urquiza y el cementerio, sobre la superficie, y la estación Federico Lacroze del subte B, bajo tierra. El bulevar que históricamente ocuparon bares al paso, una parrilla, locales de venta de artículos varios y de despensa de alimentos crudos fue desalojado: ahora, el Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño construye allí una plazoleta seca, con árboles y canteros, que oficiará a la vez como espacio de trasbordo entre medios de transporte: tren, colectivo y subte. El sector –delimitado por Lacroze,

Corrientes y Olleros, oficialmente denominado plaza Chacarita– ya se encuentra tapiado y con un cartel de obra. Además de las especies vegetales, se instalarán allí luminarias, bancos, puestos de flores y de diarios, con una inversión total de 800.000 pesos. Los trabajos, adjudicados a la firma Instalectro SA, empezaron esta semana y tienen un plazo de ejecución de tres meses, cuando los porteños y quienes lleguen desde la provincia en trenes y colectivos podrán disfrutar de un espacio renovado. Según explicaron a LA NACION voceros del Ministerio de Ambiente

y Espacio Público, a cargo de Diego Santilli, la reforma del viejo paseo se decidió como consecuencia de los reclamos de muchos años de los vecinos, que se quejaban de que el lugar estaba abandonado y de que, incluso, era habitado por gente sin techo. Por eso, dijeron, surgió la necesidad de recuperarlo, para poder convertirlo en un espacio que pueda ser utilizado por todos, de modo de convertir ese –al igual que otros– punto conflictivo en un sector verde o plaza seca que, en este caso, además, cumplirá la función de trasbordo. Llegar al punto de comienzo de las obras no fue sencillo. Según las fuentes, todos los locales que funcio-

naban allí estaban en una situación de ilegalidad. La mayoría de ellos aceptaron una propuesta oficial para ser reubicados, por lo que fueron desalojados pacíficamente. Pero el dueño del puesto que llevaba el número 22, una parrilla, resistió el desalojo durante meses con una manda judicial en su favor, hasta que finalmente, denuncias de por medio, se logró la desocupación. Todos las construcciones en las que funcionaban los comercios, así como el inmueble de mayor envergadura, en el que se explotaba la parrilla, fueron demolidos por cuadrillas del gobierno porteño, como paso previo al comienzo de las obras.

MIGUEL ACEVEDO RIU

El lugar ya está cerrado y tiene cartel de obra