Las mentiras de Luciano Alonso sobre la Formación Profesional Básica “El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, ha informado este miércoles de que se han quedado libres 3.000 vacantes en el primer curso de la nueva Formación Profesional Básica y ha atribuido este descenso en un 41 por ciento de la demanda (respecto a los anteriores Programas de Cualificación Profesional, PCPI) a que las familias andaluzas "no se han dejado engañar" por la 'Ley Wert'”. (Información de Europa Press) Se está cumpliendo así el diseño que el ínclito consejero andaluz hizo de sus recortes a la Educación Pública Andaluza y que desde USTEA no hemos dejado de denunciar:

USTEA denunció una reducción media del 15% en el número de grupos respecto a los existentes el curso pasado en 1º de PCPI.

USTEA denunció que el alumnado no podrá elegir, en líneas generales, en qué se matriculará. Estará abocado a hacerlo en la opción de su zona de forma casi exclusiva. USTEA denunció este sistema de implantación con recortes en unidades y ciclos formativos, con desplazamientos forzosos o supresión de puestos de trabajo.

USTEA recurrió las instrucciones dictadas el 21 de mayo que suponían un cambio en las condiciones vigentes de escolarización y atacaban el principio de igualdad, así como, en última instancia, el derecho a la educación.

USTEA denunció, en definitiva, que Alonso se aprovecha de WERT para recortar en Andalucía, algo que por cierto se viene haciendo como política de la Junta en los dos últimos años con especial intensidad.

LO QUE ALONSO Y LA CONSEJERÍA ESCONDEN SOBRE LA FP Básica 1. Con toda seguridad que no se ha podido recuperar al alumnado de los antiguos PCPI a los que se excluyó de la escolarización en FPB, siguiendo las instrucciones de 21 de mayo de 2014. 2. La oferta de especialidades y de zonas se ha conocido por los propios centros tarde y mal. Por tanto, no se ha podido dar la suficiente publicidad. 3. Dicha oferta de plazas y especialidades ha sido restrictiva en relación a la de los antiguos PCPI. Ello ha provocado, bien que parte del alumnado deba elegir titularse en una especialidad -la que se ofertaba en su zona- que no siempre coincide con la de su elección, bien que deba desplazarse a un centro de otra zona, lo que genera un coste económico que todas las familias afectadas no pueden asumir. 4. Ha eliminado el carácter compensatorio de estas enseñanzas cuando podía haberlo mantenido.

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5. Ha considerado las plazas del Profesorado Técnico como puestos específicos y ha eliminado dicha especificidad para las plazas cubiertas por profesorado del cuerpo de maestros, desoyendo las peticiones de quienes querían continuar atendiendo a este alumnado.

 

6. Ha aumentado en 100 horas el cómputo global del currículo, asemejándolo a otras enseñanzas, algo absolutamente inadecuado para este tipo de alumnado. 7. No ha garantizado en modo alguno la futura titulación en Enseñanza Secundaria Obligatoria, lo que ha actuado como un elemento disuasorio a la hora de matricularse en FPB. 8. Ha hecho a los centros una vaga promesa de dotación de los medios materiales para la enseñanza de la FPB, sin que hasta el momento dicha dotación se haya materializado.

Hay que tener muy poca coherencia política para recortar en la implantación de la Formación Profesional Básica en Andalucía, obviando todas las denuncias y reivindicaciones de la comunidad educativa, haciendo trampas con la legalidad. Al publicar unas segundas instrucciones de escolarización para la FPB, en la práctica no se ha revertido la expulsión del sistema educativo de una parte del alumnado destinatario de la misma (lo que hacían las primeras instrucciones, recurridas por USTEA ante los tribunales), sino que se ha intentado dar apariencia de legalidad a dicha expulsión. Ahora, en el colmo de la desfachatez, estas consecuencias se presentan como el resultado de una actuación voluntaria de las familias andaluzas, como un apoyo, en definitiva, de estas a la política educativa de la consejería que preside el Sr. Alonso. No, señor Alonso, no nos dejamos engañar por la ley Wert, pero tampoco nos vamos a dejar engañar por usted. Denunciamos su política de recortes en materia educativa, su engaño a las familias andaluzas, sus “manejos” para que plazas públicas queden vacantes, su desprecio hacia una parte del alumnado andaluz, el que más necesita de una educación pública superadora de las diferencias sociales.

Por manipular la legalidad, por utilizar la implantación de la LOMCE como coartada para seguir recortando en educación, por engañar a la ciudadanía, por atacar de manera impune y reiterada el derecho a la educación en Andalucía, es necesario que dimita, Señor Alonso.  

 

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