La piratería en Colombia Una mirada exploratoria al mercado ilegal del libro Gonzalo Arboleda Palacio.

Ph.D, Presidente Grupo Interamericano de Editores –GIE-

I. ¿De qué estamo hablando? Desde hace una década, el país cuenta con una base de información relacionada con la producción y comercialización de libros, como resultado del trabajo realizado por la Cámara Colombiana del Libro, que en colaboración inicial con el CERLALC ha generado, cada año, el informe estadístico del sector. Ese informe recoge la actividad formal legal e institucionalizada de la industria editorial. No refleja, sin embargo, la incidencia del movimiento comercial informal e ilegal que se viene dando, desventuradamente, en la industria editorial del país. El mundo del libro ilegal está compuesto por: 1. La piratería. 2. La reprografía ilegal. 3. El hurto de libros. 4. La comercialización fraudulenta de muestras de libros de texto escolar. A continuación se hace una descripción de estos hechos disfuncionales que atentan permanentemente contra la estabilidad de toda la cadena del libro. 1. La piratería. Es sencillamente la reproducción de un libro sin la autorización de sus legítimos dueños, autores y editores, y sin reconocerles el derecho a la compensación monetaria o de otra índole a la que tienen derecho. Esta piratería de libros, que se le conoce como piratería editorial, tiene varias manifestaciones. De un lado, existe la piratería offset por utilizar este sistema litográfico para la reproducción de las obras; de otro lado, se tiene la piratería en medio electromagnético cuyo sustrato es el CD Rom; y la piratería virtual que se materializa a través de la red y de la cual “se bajan” toda clase de obras o información sin tener en cuenta la voluntad de sus legítimos autores y dueños. Se estima1 que el daño económico para el sector editorial por la piratería offset, asciende a 8 millones de dólares anuales; no se dispone de información para determinar el valor de las otras dos manifestaciones piratas. 2. La Reprografía ilegal. Esta es otra forma de piratería. Consiste en fotocopiar toda una obra o parte de ella, sin el debido permiso ni la retribución a que tienen derecho sus legítimos dueños. A ésta, se le denomina piratería reprográfica porque utiliza el sistema de reproducción facsimilar. Todo autor tiene el derecho y la facultad de autorizar o prohibir la reproducción total o parcial de su producto intelectual; así está contemplado en la normatividad nacional e internacional2. Sin embargo, hay excepciones que el 1 Datos de la Cámara Colombiana del Libro. 2 Vega Jaramillo, Alfredo. Manual de Derecho de Autor. CERLALC 2003

público debe conocer, específicamente el Convenio de Berna3 y la Decisión Andina 351 del Acuerdo de Cartagena. Esta, en su artículo 21 permite la utilización, sin autorización, de una obra protegida por el derecho de autor, cuando no se atenta contra la normal explotación de la misma y no se causa perjuicio a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. El artículo 22 de dicha Decisión 351, prevé como actividades lícitas la reproducción o cita de breves extractos de la obra, en la medida justificada al fin que persiga y a condición de que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y no tenga ni directa e indirectamente fin de lucro. También contempla la reproducción de la obra por parte de una biblioteca o archivo con el fin de preservarla, pero reiterando la no intención de lucro. Así mismo, la Ley 23/82 en su articulo 37 dispone: “Es lícita la reproducción por cualquier medio de una obra literaria o científica ordenada u obtenida por el interesado en un solo ejemplar para su uso privado sin fines de lucro”. Cuando la reproducción de la obra no sigue estrictamente el espíritu y la letra de la normatividad enunciada, se llega a la reprografía ilegal, delito que se ha vuelto común en nuestro país, muchas veces por desconocimiento de la norma o porque ésta no importa a muchos ciudadanos y especialmente a profesores, directivos universitarios, de colegios o de instituciones generales públicas o privadas. En el año de 1996, solicité a 15 editoriales colombianas, dedicadas a la edición y distribución del libro técnico y científico que se utiliza como texto universitario, realizar una exploración del fotocopiado ilegal en Colombia. Los resultados obtenidos son muy preocupantes. En efecto, en una rápida visita a las principales ciudades del país se encontró que en las universidades o sus alrededores había 889 fotocopiadoras en completa e ininterrumpida operación. Con esta información se procedió a construir la siguiente hipótesis, absolutamente conservadora, pues el pirata no toma vacaciones: que cada máquina produjera solo 1000 fotocopias diarias a $40 pesos cada una y que esas máquinas solo trabajaran 20 días al mes, durante 10 meses al año. El resultado fue que para 1996, el valor del fotocopiado ilegal ascendía a 6.9 millones de dólares de ese año, considerando una tasa de cambio promedio de 1.0 36 pesos: 889 X 1000 X $40 = 35.560.000 X 20 días hábiles = 711.200.000 X 10 meses año =

35.560.000 pesos diarios. 711.200.000 pesos mes. 7.112.000.000 pesos año.

US = 34.324 US = 686.486 US = 6.864.86

Para ese mismo año, el tamaño y valor del mercado legal del libro técnico y científico realizado por esas 15 editoriales y distribuidoras debidamente constituidas, según indagación realizada por el comité del libro técnico y científico de la Cámara del Libro fue de 802.275 libros vendidos con un valor de 17.540.610 dólares4. Así las cosas, el 39% de las ventas corresponde al mercado ilegal: 6.8/ 17.5 dólares.

3 Colombia y el Convenio de Berna. Dirección Nacional del Derecho de Autor 1991. 4 Datos del Comité de Libro Técnico y Científico de la Cámara Colombiana del Libro

Bajo otra mirada, la situación es aún más crítica. Si se asume que un libro de texto técnico y científico tiene en promedio 400 páginas, los libros de texto equivalentes a los 177.800.000 páginas constituyen 444.500 libros, lo que indica que el 55% de las ventas corresponde al mercado ilegal. Esta reprografía afecta, desde luego, a los legítimos dueños de las obras y al Estado que no percibe impuestos. Pero los más afectados son los estudiantes y la comunidad general, pues cuando se estudia en fotocopias el conocimiento es fragmentario y deficiente. No hay un acercamiento integral al saber y con certeza, esta práctica empobrece la calidad de la educación que es la base del desarrollo individual y colectivo. Si hoy actualizáramos esta indagación con la misma hipótesis, pero actualizando el precio de la fotocopia a un promedio de $150 pesos, estaríamos concluyendo que el valor estimado del negocio ilegal por la reprografía asciende 11,5 millones de dólares año. Como se dijo antes, esta cifra es apenas un acercamiento al tema pues aún no disponemos, en Colombia, de una investigación rigurosa que nos muestre la real dimensión de la situación de la reprografía y su incidencia en el mercado editorial. 3. Hurto. Esta es otra manifestación común en la vida del libro ilegal. Hay bandas de delincuentes que se dedican a robar en las librerías, bibliotecas, en los depósitos de las editoriales o en las bodegas de los impresores. Los camiones repartidores de este producto cultural no escapan a los permanentes atracos en ciudades y carreteras del país. Las aduanas son también fuente permanente del hurto de libros; entre los importadores de libros es ya común escuchar que los delincuentes “son muy cultos” pues siempre se sustraen las mejores obras, que desde luego son las de mayor valor. Estos libros son vendidos a reducidores que se encuentran en todas nuestras ciudades. Todos saben dónde están instalados y lo grave es que muchos ciudadanos incautos o de moral laxa compran libros allí, pensando que han hecho el negocio de su vida pues el precio es muy inferior al de las librerías. Claro que tiene que ser inferior, pues los delincuentes no invierten suma alguna, no pagan impuestos, no tienen gastos fijos, ni hacen investigación y desarrollo de nuevos productos. Existe una apreciación por parte de expertos conocedores del tema en el sentido de estimar que el valor de venta al público (PVP) podría ascender a 3 millones de dólares. Esta apreciación se sustenta en la aceptación, por parte de casas editoriales y distribuidores, de que el faltante que se acerque al 1% es “normal” dentro del manejo de inventarios. Si, por ejemplo, en el año 2003 se ofreció al mercado en Colombia 33.851.760 ejemplares de libros producidos en el país e importados5, el 1% equivale a 338.518 ejemplares que a un precio de venta al público promedio de 30.000, arroja un total de 3.529.901 dólares aproximadamente (Tasa de cambio promedio de 2.877 pesos). 4. La comercialización fraudulenta de muestras de libro de texto escolar. Para dar a conocer el producto editorial en las instituciones educativas, el sector editorial de libros de texto escolar tiene la costumbre de regalar muestras para que en dichas instituciones se conozca y analice la propuesta pedagógica de la editorial. Esta costumbre es sana por naturaleza, pues tiene la intención de dotar a los interesados de material pedagógico que ayude a su capacitación constante y a su labor diaria. Sin embargo, muchas veces, por diferentes razones y bajo responsables desconocidos, se desnaturaliza esa buena acción, y en vez de que los libros lleguen a las aulas y permanezcan allí, una porción significativa se ofrece en venta en los canales comerciales informales de manera clandestina. 5 Cámara Colombiana del Libro. Estadísticas del Libro en Colombia 2003.

El porcentaje de muestras que hoy salen de las casas editoriales asciende al 20% en promedio de las ventas realizadas. Los editores de libro de texto piensan que alrededor de un 40% de esas muestras pueden ser vendidas por los canales informales. Si en el año 2003 se vendieron 7.309.170 libros de texto escolar, el monto de muestras (20%) fue de 1.461.834 libros. El 40% de esta cifra vendida ilegalmente asciende a 584.734 libros que a un precio promedio de 12 dólares arroja una suma de 7.016.808 dólares. Si se toma el agregado de las ventas ilegales, el daño económico para el sector editorial asciende a 29.9 millones de dólares discriminados así: Piratería Reprografía ilegal Hurto Venta de muestras

8.0 millones de dólares 11.4 millones de dólares 3.5 millones de dólares 7.0 millones de dólares

Es importante anotar, como se dijo antes, que este es un primer acercamiento, una primera indagación sobre el tema, pues todavía no se dispone de un estudio de características científicas que ilustre el tema. El Centro Colombiano de Derechos Reprográficos –CEDER- pronto acometerá un estudio técnico en relación con la reprografía ilegal.

II. Efectos del comercio del libro ilegal La piratería, en sus varias manifestaciones, tiene funestas consecuencias que es necesario conocerlas para poderla atacar con algún éxito, pues, con su acción se genera una cadena de agentes del libro, que se perjudica ostensiblemente. Se perjudican los escritores y autores, que al no recibir lo que deberían recibir porque se piratean sus obras, se ven desestimulados para emprender nuevas creaciones. Se perjudican los editores que tienen dificultad para recuperar la inversión efectuada en las obras pirateadas. El editor, al contrario del pirata, paga derechos de autor, paga salarios, crea empresa, auspicia la aparición de escritores. Se perjudica el librero y el distribuidor, pues el pirata dispone de redes alternas de distribución de libros. Pero el costo más significativo es el costo social de una comunidad, que se puede acostumbrar a aceptar el libro pirata con argumentos de bajo precio, que el editor y el distribuidor legales no pueden lograr, por lo anteriormente expuesto. El pirata va a la fija, pues su “trabajo” es detectar el libro que se vende bien para proceder a piratearlo y a beneficiarse de manera mafiosa, sin importarle el daño privado y social que genera. Hoy, la piratería es percibida por muchísimos grupos sociales como algo que está allí, que no causa mayor daño. Cuan equivocados están todos ellos. Se viene creando una moral laxa frente a este fenómeno y, toda laxitud o relativismo moral frente al respeto por la propiedad intelectual es muy grave en un mundo donde la verdadera riqueza está representada por la información y el conocimiento; por la capacidad creadora y transformadora de que son capaces los seres humanos educados. ¿En qué pensarán los maestros de todos los niveles escolares que con toda naturalidad permiten fotocopiar obras que tienen dueños legítimos? ¿Qué clase de educación están impartiendo? ¿Qué escala de valores practican? Estas son preguntas que deben tener respuestas contundentes por esos mismos responsables. Es posible cambiar, es posible respetar la propiedad intelectual de los demás y es en la escuela donde se puede lograr ese cambio para generalizarlo a toda la comunidad.

III. Diseño de una plataforma de lucha en contra de la piratería El Estado colombiano y el sector privado han aunado esfuerzos para diseñar e implantar estrategias y acciones concretas que contribuyan a impedir estas prácticas delictivas. Todo ello ha contribuido a conformar todo un arsenal para contrarrestar una situación tan dañina para el país. Entre las armas diseñadas se mencionan las siguientes: 1. Creación de un cuerpo de normas legales y ratificación de tratados internacionales. Póngase como ejemplo la Ley 23 de 1982 y la Ley 44 de 1993 sobre los derechos de autor. La Decisión Andina 351 de 1993, del acuerdo de Cartagena. El Convenio de Berna. Directiva presidencial 01 y 02 de 1999. Desde luego, se debe tener en cuenta para el tema: La Constitución Política del país, de 1991, artículo 61 – 71. Código Civil, artículo 671 ó Código Penal artículo 270 a 272 (Ley 599) y la Ley 600 Código de procedimiento penal artículo 426. 2. El Convenio Antipiratería para Colombia. En 1995, los sectores de la economía relacionados con las industrias culturales golpeadas por el flagelo de la piratería, se unieron para diseñar estrategias y acciones conjuntas, para trabajar contra el fenómeno. Constituyeron el Convenio Antipiratería de Colombia y lo suscribieron las diferentes empresas o instituciones políticas y privadas. En 1998 se revitalizó el convenio y lo suscribieron las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de Cultura, Comisión Nacional de Televisión, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dirección Nacional de Derecho de Autor, Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe –CERLALC-, Universidad Externado de Colombia, Centro Colombiano del Derecho de Autor, Asociación Colombiana de Productores de Fonogramas –ASINCOL- Cámara Colombiana del Video -COLVIDEO-, Asociación Nacional de Industriales del Software –INDUSOFT-, Cámara Colombiana del Libro, Organización Recaudadora SAYCO-ACINPRO- y Federación de Operadores de Televisión Paga. 3. El acuerdo entre la Cámara Colombiana del Libro, la Policía Nacional y Andigraf. En marzo de 1998 la Cámara Colombiana del Libro, la Policía Nacional y Andigraf (Asociación Nacional de Industrias Gráficas), suscribieron acuerdos de íntima cooperación interinstitucional para golpear la piratería. La experiencia lograda ha servido para conocer la naturaleza, psicología y modos de operar de estas bandas de delincuentes y, consecuentemente, golpearlas de manera contundente. 4. El convenio contra el hurto y la piratería de libros. La Cámara Colombiana del Libro y cada una de las empresas del mundo del libro, suscribieron, en 1998, acuerdos puntuales de cooperación en torno al objetivo de atacar la piratería. Se intenta intercambiar información, hacer inteligencia, denunciar y constituirse en parte civil para lograr mayor eficiencia. 5. La creación de la Subdirección Antipiratería y Reprografía de la Cámara Colombiana del Libro. En 1998 se creó la Subdirección Antipiratería y Reprografía de la Cámara Colombiana del Libro, con el objeto de diseñar políticas, planes y programas, orientados a la lucha contra este enemigo del mundo del libro y de la edición. Se pretende evitar dispersión de esfuerzos, promover programas, acciones y fortalecer el diálogo entre las empresas del sector y el Estado, en torno a este problema. Se dedica también, a diseñar, sugerir y perfeccionar herramientas legales tendientes a contrarrestar este fenómeno delincuencial. 6 Derecho de Autor y Derechos Conexos en Colombia, Dirección Nacional del Derecho de Autor, 2004.

6. El fondo Antipiratería de la Cámara Colombiana del Libro. En 1994 la Cámara Colombiana del Libro creó el fondo antipiratería, con el fin de financiar las acciones que el gremio había emprendido en contra de la piratería y del libro ilegal en general. Este fondo se nutre con el 25% de las cuotas de afiliación de los socios de la Cámara. La partida así constituida y que hoy asciende a 10,500.000 pesos mensuales (alrededor de US$ 4.600), tiene destinación específica para luchar contra el flagelo de la piratería. Con esa suma se pagan detectives, apoderados de parte civil, personal administrativo, operativos policiales, capacitación y sensibilización, entre otros aspectos. De 1994 a 2004, se han invertido alrededor de 700.000 dólares en la lucha contra la piratería, según se desprende del análisis de las ejecuciones presupuestales de la Cámara Colombiana del Libro7. 7. La creación del CEDER. Por iniciativa y bajo el auspicio de la Cámara Colombiana del Libro, se creó el CEDER: Centro Colombiano de Derechos Reprográficos. Esta es una sociedad de gestión colectiva de derechos reprográficos, cuyo objetivo es enfrentar el problema de la fotocopia ilegal e indiscriminada del material editorial protegido. La Ley del libro, la 98 de 1993, dispuso la creación de esta sociedad, que obtuvo personería jurídica mediante resolución 088 de 2000, y autorización de funcionamiento mediante resolución 035 de 2002, ambas emanadas de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Ha celebrado acuerdos bilaterales con España, México, Brasil, Hong Kong. Viene otorgando licencias a universidades, bibliotecas y tiendas de copiado. Además de lo anterior, se suman el trabajo de entidades como la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la creación de la Unidad Especializada para los delitos contra el derecho de autor de la Fiscalía General de la Nación, y el apoyo del CERLALC, como Secretaría Técnica del Convenio Antipiratería.

IV. De cara al porvenir. La Cámara Colombiana del Libro ha desarrollado una capacidad importante para exponer ante el parlamento colombiano, las asambleas departamentales, los concejos municipales y demás órganos legislativos, la trascendencia que la materia tiene para el desarrollo nacional, y para generar respeto por los derechos de autor y la propiedad intelectual en general. Su capacidad de convicción ha ayudado a que se generen las normas legales necesarias y efectivas para combatir el delito en contra de los derechos de autores y editores. Es necesario enfatizar dos estrategias para enfrentar la piratería y el libro ilegal. 1. Por un lado, se requiere profundizar en la estrategia educativa, en el cambio de conducta, en crear y afianzar valores de respeto y apoyo al trabajo de los creadores. El Convenio Antipiratería y la Cámara del Libro han realizado y, deben seguir haciéndolo, cursos, seminarios y conferencias para sensibilizar a la comunidad y, especialmente a grupos que por su influencia en sectores críticos podrían convertirse en multiplicadores y defensores del derecho de autor y del editor. Se han utilizado, y se deben continuar utilizando, los medios masivos, especialmente la televisión, la radio, la prensa y las revistas para comunicarse con el público y transmitir un mensaje apropiado y profesional que impacte y transforme la voluntad de los ciudadanos en torno al tema. Es bueno reseñar las campañas que se han lanzado por la televisión: Máscaras; Las aventuras del pirata; No apoye la piratería; Pena, penita, pena; y La trampa. En el mes de septiembre del año 2001, la Comisión Nacional de Televisión encomendó al estratega de la comunicación e investigador de mercados Fabián Bonnett Vélez un “Estudio de impacto, capacidad de 7 Fuente: Cámara Colombiana del Libro.

comunicación y poder de motivación y reflexión de mensajes emitidos en espacios institucionales”, sobre los comerciales antipiratería, el cual señaló que “El mensaje institucional que en los grupos focales se registró como el más recordado es el “libro pirata”, al cual 68 asistentes le atribuyeron un nivel de recordación de 2,63 sobre 3,0”, confirmando una apreciación que teníamos desde nuestro gremio, relativa a la importante utilidad e impacto favorable de estas campañas educativas en el fomento al respeto por el derecho de autor en Colombia. Así mismo, crece el número de fiscales, jueces, policías, cuerpo técnico de la fiscalía, detectives, dirección de impuestos, profesores universitarios y de otros niveles que se vienen formando en el conocimiento y aplicación del derecho de autor. Esta tarea debe profundizarse, enfatizarse y masificarse hasta llegar a todas las escuelas, colegios, universidades y demás instituciones que conforman el alma nacional. 2. Desde luego, la estrategia punitiva es, también, decisiva para lanzar el mensaje de que es necesario respetar a los legítimos propietarios de la creación intelectual. Hoy se discuten en el senado y en la cámara de representantes, normas precisas que hacen que las violaciones a esos derechos sean castigados con penas más duras que las existentes. El delito en contra de los creadores es excarcelable. Se intenta incrementar las penas para que de esta manera el delincuente vaya a la cárcel, y así, se desmotive esa práctica abominable. Se trabaja también, con los ministerios respectivos para que emitan normas que obliguen al sector educativo a no fotocopiar indiscriminada y masivamente. Si las empresas del sector productivo tienen que cumplir lo establecido en la Ley 603 de 20008 sobre el respeto por la propiedad intelectual, ¿Por qué el sector educativo no está obligado a hacer algo similar? Esta es una asignatura perdida que debe habilitarse. Si todos trabajamos unidos: el Estado, el sector privado y la sociedad civil; el futuro será mucho más claro y promisorio. El mundo del conocimiento, de las ideas, de la creatividad, son la materia prima del desarrollo integral para el siglo que comienza y por eso no es posible dejar desamparados los legítimos derechos de quienes se convierten en la fuerza y la fuente misma del avance tecnológico, científico y social.

Bibliografía. CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO. “Estadísticas del libro en Colombia”. Bogotá, 2003. CERLALC. “El libro y la edición: Hacia una agenda de políticas públicas”. Bogotá, 2004. CERLALC Y OTROS. “Memoria del II Foro Internacional de Editores 2003. Competitividad y demanda, desafíos del oficio editorial”. México 2003. COLOMBIA. Ministerio de Gobierno. Dirección Nacional del Derecho de Autor. “Génesis y evolución del derecho de autor”. Bogotá, 2000. COLOMBIA. Ministerio de Gobierno. Dirección Nacional del Derecho de Autor. “Derecho de autor y derechos conexos en Colombia.” Bogotá, 2004. COLOMBIA. Ministerio de Gobierno. Dirección Nacional del Derecho de Autor. “Colombia y el convenio de Berna.” Bogotá, 1991. INDUSOFT, “Legislación derechos de autor: Compilación de normas con especial relación al Software”. Bogotá, 1995. VEGA JARAMILLO, Alfredo, “Manual de derecho de autor”. Bogotá, 2003. 8 Ley 603 de 2000, por la cual se modifica el artículo 47 de la Ley 222 de 1.995, introduciendo la obligación para las sociedades de incluir en su informe de gestión anual: “El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la sociedad…”