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POLÍTICA

| Jueves 18 de Julio de 2013

La Justicia le pidió a Interpol la captura internacional de Jaime

sin rastros. Tras cinco días prófugo, un tribunal de Córdoba solicitó que el ex secretario de Transporte sea buscado también fuera del país; su defensa apuesta al fallo de la Cámara

El ex secretario de Transporte kirchnerista Ricardo Jaime cumplió ayer cinco días prófugo y la Justicia libró un pedido de captura internacional, vía Interpol, para dar con él. La orden fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Córdoba, a pedido del fiscal Maximiliano Hairabedian, quien ayer sostuvo que “el detonante” para pedir la captura internacional había sido “la declaración de prensa de que no se va a presentar”, que Jaime hizo pública desde la clandestinidad. La justicia de Córdoba dispuso además que la policía provincial y Gendarmería Nacional se sumen a la búsqueda de Jaime que lleva adelante la Policía Federal. Hairabedian cree que lo más probable es que Jaime siga en la Argentina, pero sostuvo que a partir de ahora su nombre y su pedido de captura van “a figurar en las bases de datos de todos los aeropuertos”. El jefe de la policía de Córdoba, Ramón Frías, también se refirió a la dificultad que supone descubrir el escondite del ex secretario de Transporte. “Córdoba y el país son grandes”, dijo, y afirmó que si sigue escondido será porque “tendrá sus formas de ocultarse”. Frías informó que la Brigada de Capturas y la Policía Caminera lo están buscando. El gobernador José Manuel de la Sota también se refirió a Jaime. “Tendrá algo que ocultar, una persona que no tiene nada que ocultar se presenta ante la Justicia”, dijo, y sostuvo que nadie debe tener “privilegios”. “Sé que lo están buscando por todas partes”, afirmó, y elogió la

El hombre más buscado el ex funcionario sigue prófugo de la Justicia

ricardo jaime ex secretario de transporte

Lo buscan las fuerzas de seguridad nacionales y las de Córdoba. Fueron allanados cuatro inmuebles, pero la Justicia todavía no logró encontrarlo actuación del fiscal Hairabedian. Por el contrario, el senador opositor Luis Juez culpó a De la Sota de que aún no hayan encontrado a Jaime. En declaraciones a Cadena 3, dijo: “La policía de Córdoba está politizada. Cuando alguien quiere buscar a alguien, lo encuentra”. La causa contra Jaime que se tramita en Córdoba, donde se ordenó su captura internacional, es por un supuesto intento de robar una prueba vinculada a un caso de enriquecimiento ilícito. En la causa de Córdoba, el ex funcionario debe presentarse para ser juzgado en un

Avanza un caso por espionaje ^b^b^ El juez federal Ariel Lijo le envió al fiscal Carlos Rívolo la denuncia del canciller Héctor Timerman por “violación de correspondencia”, para que dictamine si corresponde abrir una causa penal para investigar si existieron los supuestos actos de espionaje a dirigentes políticos. Lijo reemplaza transitoriamente a Sebastián Ramos, que será el juez de la causa. Timerman informó que le habían advertido sobre un posible espionaje contra funcionarios, miembros del Poder Legislativo, periodistas y diplomáticos argentinos. juicio oral el 30 del actual. Si no aparece, el juicio no podrá hacerse. Pero la primera orden de captura contra Jaime había sido librada en Buenos Aires, el viernes pasado, por el juez federal Claudio Bonadio, que lo procesó por defraudación. Jaime apeló aquel fallo, con el propósito de que la Cámara Federal lo revoque. Fuentes de la defensa de Jaime afirmaron ayer a la nacion que si la Cámara confirma la prisión preventiva dispuesta por Bonadio, Jaime se entregará. Todo indica que el tribunal estará en condiciones de resolver la

cuestión antes del fin de semana. Originalmente, estaba previsto que la Cámara celebrara una audiencia la semana próxima con las partes, pero la defensa ya presentó un pedido para abreviar los tiempos y renunció a la audiencia. Es posible que la fiscalía haga lo mismo hoy. En ese caso, la Cámara quedará en condiciones de resolver de inmediato. Esta semana debería fallar la Sala I, integrada por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, que se quedaron la primera semana de la feria. Si el caso se demora hasta la semana próxima, decidirá la Sala II. La defensa de Jaime aspira a que el fallo sea dictado en las próximas horas. La jurisprudencia de la Sala I le permitiría ser optimista, pero fuentes de los tribunales sostenían ayer que Jaime, al no entregarse, está empeorando su situación. Los fundamentos que justifican que un acusado cumpla prisión preventiva son el peligro de fuga o el riesgo de que destruya o esconda pruebas para la causa. Según hizo saber Jaime desde la clandestinidad, decidió no entregarse por consejo de sus abogados. “Él no dejó de estar a derecho”, dijo ayer una fuente de su defensa a la nacion. “Bonadio dictó la orden de captura después de que apelamos la prisión preventiva”, fue su argumento. “Ahora, la idea es esperar a ver qué resuelve la Cámara.” La defensa dice que Jaime tiene decidido entregarse de inmediato si el fallo le es adverso.ß Con la colaboración de Orlando Andrada

La IGJ, sacudida por acusaciones y por una interna gremial

contrapunto. Un sector de los trabajadores denunció irregularidades y generó reacciones Hugo Alconada Mon LA NACION

La Inspección General de Justicia (IGJ) quedó envuelta ayer en un fuerte cruce de acusaciones luego de que un grupo de al menos 98 empleados denunció una supuesta campaña de desprestigio del organismo, pero terminó por enfrentarse con delegados gremiales. La denuncia de los 98 empleados –sobre un total aproximado de 450 que trabajan en el organismo– se plasmó en una solicitada que se publicó ayer en Ámbito Financiero. Allí sostuvieron que la IGJ padece “una artera descalificación” y “versiones difamatorias” por la que responsabilizaron a “dos ex agentes” a los que enrostraron un “inusual raid mediático”, en alusión a la ex titular del Registro Nacional de Sociedades Silvina Martínez y el ex inspector Fernando Scanavino. “Nos sentimos vulnerados por el actuar imprudente y despechado de quienes, persiguiendo otros objetivos que desconocemos, instalan en la opinión pública una realidad que en rigor es inexistente”, expusieron esos empleados en la solicitada, que entre los firmantes incluyó a la delegación general en el Ministerio de Justicia del gremio UPCN y, de modo escueto, “ATE”. La inclusión de ATE, sin embargo, provocó una dura reacción, ya que ese gremio había liderado, sólo 48 horas antes, el paro que sacudió a la IGJ el lunes. Más aún, denunció por medio de volantes pegados en puertas y paredes que en la IGJ no existen “la presunción de inocencia ni el Estado de Derecho”. Tras conocerse la solicitada, además, desde el gremio desmintieron haberla firmado. “La Cámpora intenta colonizar la IGJ desde hace meses y se está quedando con los puestos de mando en distintas direcciones y departamentos, reemplazando a gente capaz con otra que no sabe nada”, explicó el delegado general adjunto de ATE para el Ministerio de Justicia, Eduardo Rauch. “Ahora también quebraron

la unión dentro de nuestro gremio y lograron que una parte juegue para La Cámpora, pero no el gremio en sí. Nunca se vivió algo así, ni siquiera en el menemismo”, comparó. En su solicitada, además, los empleados afirmaron que Martínez y Scanavino –a los que nunca mencionaron por sus nombres– intentan “desprestigiar inusitadamente a este organismo centenario” cuando afronta “cambios tecnológicos, actualización de criterios y ejercicio eficiente del poder de policía sobre estructuras societarias”. Pero en el texto obviaron el extravío –o robo– de los legajos societarios vinculados al “caso Ciccone” y la entrega irregular al Ministerio de Economía de los legajos de las 1000 empresas más importantes del país, como también la protección a entidades cercanas a Sergio Schoklender o las sociedades de Lázaro Báez. Los firmantes tampoco mencionaron el “cepo informativo” impuesto en la IGJ para proteger al vicepresidente Amado Boudou y que ordenó levantar la Cámara Contencioso Administrativa Federal, tras recordar que las autoridades públicas deben quedar “sujetas al escrutinio público en reconocimiento al principio básico de que la democracia simplemente no podría funcionar si los ciudadanos no pudieran conocer de qué manera actúa su gobierno”.ß

Investigan el caso Lorenzetti ^b^b^ El fiscal federal Carlos Stornelli abrió una investigación para determinar si el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, fue víctima de una extorsión. La medida responde a las averiguaciones que le inició al juez la AFIP, y que fueron admitidas por su titular, Ricardo Echegaray.

Otra elección sindical que se resolvió a los tiros Por un enfrentamiento, fracasó el congreso de los aceiteros en Necochea; un herido y 26 detenidos En los puertos El 14 de junio pasado hubo otra violenta disputa gremial. Fue durante la elección del Sindicato Unidos Portuarios. Hubo un herido de bala En Santa Fe En mayo, dos facciones de la Uocra se enfrentaron a los tiros por el control de la seccional de la ciudad de Santa Fe, que terminó intervenida

La elección de autoridades de la Federación de Obreros Aceiteros terminó ayer en un enfrentamiento a tiros entre dos grupos que pugnan por el control del gremio. El enfrentamiento fue en el predio que los peones rurales de Uatre tienen en Necochea y dejó como saldo un herido de bala y 26 personas detenidas. El oficialismo, con Oscar Rojas a la cabeza, buscaba ayer revalidar su poder. Pero el congreso gremial que debía supervisar la elección se suspendió cuando se desató un enfrentamiento con los opositores, a quienes se les impidió ingresar en la votación. Matías Cremonte, de la lista opositora, responsabilizó “a la patota del Momo Venegas” por los incidentes. Venegas, como líder de los peones rurales, se desligó anoche del confuso episodio. “Le alquilamos el predio, no tenemos nada que ver. De Uatre estaba sólo el administrador”, dijo a la nacion. Por el violento choque, intervino la Fiscalía N° 2 de Necochea. El herido de bala está fuera de peligro, ya que el impacto fue en la pierna derecha. Se trata de un delegado de la lista opositora que encabeza Daniel Yofra, referente de los aceiteros en Rosario.ß

Nuevas versiones de un avance estatal en Clarín

La Comisión de Valores podría declarar nula la reunión de accionistas y facilitar así la intervención 25-4-2013

Asamblea Los funcionarios Axel Kicillof y Guillermo Moreno irrumpieron en el edificio del Grupo Clarín y participaron de la reunión de accionistas

12-7-2013

Presencia La CNV ordenó que Moreno participe como representante del Estado en todas las asambleas del Grupo Clarín

Otra vez ganan fuerza las versiones sobre una posible intervención estatal en el Grupo Clarín. El Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), habría redoblado su presión para declarar la “irregularidad e ineficacia” de las decisiones adoptadas en la última asamblea de accionistas de la empresa, según publicó Clarín en su edición de ayer. Si la CNV ratifica esta postura sobre la legitimidad de la asamblea, podría ser una medida que allane el camino a una intervención posterior de la compañía. Según publicó Clarín, el subgerente de Emisoras de la CNV, Luis Felipe Marrollo, emitió el 1° del actual el informe técnico sobre el desarrollo de la asamblea del Grupo Clarín. Allí no volcó ninguno de los cuestionamientos que hizo después en el directorio de la CNV para declarar la “irregularidad e ineficacia” de las decisiones adoptadas en la reunión empresaria. El Estado tiene el 9% de las acciones del Grupo Clarín, desde que, hace dos años, una ley transfirió a la Anses las tenencias accionarias que poseían las AFJP. Ayer, desde diferentes sectores de la oposición, manifestaron su rechazo a un eventual avance estatal.ß