POLITICA

Jueves 24 de septiembre de 2009

LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS s AVANZA LA CAUSA JUDICIAL

Investigan a otras 51 obras sociales sindicales Entre las entidades involucradas están las de camioneros, la UOM y Smata HERNAN CAPPIELLO LA NACION La Justicia amplió a 51 obras sociales sindicales la investigación que realiza sobre la provisión de medicamentos irregulares, lo que preanuncia una catarata de declaraciones judiciales de los principales dirigentes sindicales del país en el Palacio de los Tribunales para rendir cuentas sobre el funcionamiento de sus servicios de salud. “Esta investigación tiene derivaciones insospechadas”, dijo ayer uno de los investigadores judiciales del caso, luego de que el fiscal Luis Comparatore decidió ampliar la causa por la “mafia de los medicamentos” que instruye el juez federal Norberto Oyarbide. Entre los gremios cuyas obras sociales quedaron ahora bajo investigación se encuentran el sindicato de camioneros (de Hugo Moyano), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Smata (mecánicos), el sindicato de los trabajadores de la televisión (SAT), el gremio de la carne, el del cuero y el sindicato que agrupa a los petroquímicos, entre otros. También están en la mira de la Justicia el sindicato de los ex empleados de Encotesa, la Obra Social para la Actividad Docente (Osplad) y la Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Ostpba), entre otras. Estas obras sociales sindicales se suman a la de los bancarios, cuyo jefe, Juan José Zanola, deberá dar explicaciones a la Justicia como sospechoso dentro de 15 días. El juez, que mantiene la causa en secreto del sumario, decidió enviar el expediente a la fiscalía para que analice si corresponde ampliar la investigación, a la luz de lo hallado en los allanamientos realizados en la Policlínica Bancaria, y fundamental-

El caso ➔ Qué se investiga: la comerciali-

zación de medicamentos adulterados, vencidos o falsos para justificar reintegros millonarios del Estado para las obras sociales sindicales.

➔ Los imputados: el principal acusado es Néstor Lorenzo, socio de la droguería San Javier, acusada de proveer de esos remedios irregulares. El juez Oyarbide citará como acusado a Zanola, del gremio bancario, al que acusa de connivencia con Lorenzo.

➔ Más gremios: ampliarán la

investigación a otras 51 obras sociales, entre las que figuran las de sindicatos de mucho peso político, como el de los camioneros, la UOM y Smata.

mente en las oficinas de la droguería San Javier y en farmacias que comercializaban sus medicamentos. Los documentos clave son los libros de San Javier y el listado de clientes de la droguería. Por eso las nuevas obras sociales que están en la mira son las que alguna vez compraron en esa droguería. San Javier pertenece a Néstor Lorenzo, un empresario que fue detenido y excarcelado, y está a la espera de ser indagado por el juez Oyarbide. Se lo investiga por la supuesta comercialización de remedios vencidos, falsos o eventualmente robados. Además, se trata de determinar si existió connivencia con los gremialistas para la comercialización de esos remedios y si a través de la Cooperativa de Crédito Vernet, ligada a Lorenzo y allanada por Oyarbide, se blanqueó dinero

obtenido en estos negocios. En el caso de los bancarios, por ejemplo, se firmó un fideicomiso entre la obra social y la droguería San Javier. El gremio dice que era para que los fondos que ingresaban por aportes de los trabajadores estuvieran destinados al pago de las prestaciones médicas, pero sus críticos sostienen que, de ese modo, el dinero quedaba directamente en manos de la droguería de Lorenzo. En la investigación de Oyarbide y Comparatore aparece ligado con Lorenzo el nombre de Néstor Vázquez, ex gerente general de la Superintendencia de Salud y actualmente socio de una empresa farmacéutica, dijeron a LA NACION fuentes judiciales. El juez Oyarbide ya decidió citar al ex superintendente de Salud y recaudador de la campaña presidencial de 2007, Héctor Capaccioli El fiscal analizó esta nueva documentación y concluyó que debían investigarse las contrataciones que hicieron medio centenar de obras sociales, cómo pagaron esos medicamentos y si lo hicieron con fondos del Estado que luego debían ser rendidos por los gremios. Los medicamentos en investigación comercializados por San Javier son remedios de alto costo, usados para tratamientos de VIH, hemofilia o cáncer. Estos remedios no son pagados directamente por las obras sociales, sino que los gremios requieren el auxilio del Ministerio de Salud, a través de la Administración de Prestaciones Especiales (APE). El dinero para afrontar los tratamientos es aportado por la obra social, que luego pide un reintegro. Pero se investiga si esos tratamientos efectivamente se realizaron o si se falsificaron troqueles de remedios muy caros para cobrar los reintegros.

En los gremios admiten un vínculo temporal con San Javier Algunos de los sospechados dicen haber roto relaciones con la droguería LUIS LAUGE LA NACION El pensamiento generalizado en la dirigencia sindical es que “se mezclan a propósito la efedrina con los remedios adulterados y los fondos de campaña electoral de Cristina Kirchner” para desprestigiar el sistema de obras sociales sindicales y a quienes las conducen. Sin embargo, en algunas de las entidades a las que apuntó la Justicia admiten haber tenido vínculos con San Javier, la droguería acusada de comerciar con medicamentos adulterados. En los grandes gremios están preocupados, convencidos de que “el vendaval mediático” los meterá a todos en la misma bolsa.Un conocido dirigente agregó: “Nos hacen un daño irreparable”, pero ninguno de los consultados por LA NACION puso las manos en el fuego por el bancario Juan José Zanola, el jefe sindical hasta ahora

más complicado en la Justicia. El secretario general del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), Horacio Arreceygor, explicó a LA NACION: “Nadie sabe que nuestra obra social atiende a un paciente hemofílico mayor de edad en Córdoba que demanda 600.000 pesos mensuales en tratamiento y que no recibimos subsidios de la APE [Administradora de Prestaciones Especiales] ni de la Superintendencia de Servicios de Salud”. Arreceygor admitió que su obra social tuvo como prestador a San Javier entre febrero y junio de 2005. “Pero rompimos el vínculo en desacuerdo con su metodología para los pacientes VIH, cuando empezaron a presentar los papeles para el reintegro de sus servicios a la APE, y cuando aquéllos debieron buscar los remedios directamente en las droguerías. Ello le impedía a la obra social hacer un seguimiento del paciente”, dijo. El secretario gremial del Smata (mecánicos), Ricardo Pignanelli,

también elogió el sistema de obras sociales y dijo que “aunque la APE nos debe todavía 100 millones de pesos, nunca se dejó de atender a un enfermo”. El secretario de Acción Social del gremio, Hugo Vecino, enfatizó a LA NACION: “Nunca trabajamos con las droguerías sospechadas. Seleccionamos entre 20 y 25 laboratorios y pedimos tres presupuestos distintos. Tenemos un alto nivel de sobrevida en VIH y con el tratamiento oncológico. Si nos quieren encontrar algo, van a perder el tiempo”, dijo Vecino respecto de la investigación judicial. Desde el sindicato camionero se remitieron a las declaraciones de Hugo Moyano para que “investiguen todo lo que quieran”, y en la UOM (metalúrgicos) dijeron a LA NACION que San Javier tramitó la medicación para enfermos VIH de los pacientes del gremio ante la APE durante ocho meses en 2004. “Pero la droguería –explicó una fuente– no entregaba el producto en tiempo y forma y rompimos el vínculo.”

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