II Examen Periódico Universal Venezuela

Información sobre la Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Venezuela (2012-2016)

Presentado por:

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea (Provea) Bulevard Panteón entre Puente Trinidad y Tienda Honda, edificio Centro Plaza Las Mercedes, planta baja, local 6. Caracas, Venezuela +58-212-860.66.69 [email protected] www.derechos.org.ve

Resumen Ejecutivo: El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) fundado el 15 de octubre de 1988 presenta el siguiente informe priorizando los derechos económicos, sociales y culturales.1 La situación de derechos humanos en Venezuela continúo agravándose. En este período destacan los retrocesos en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, revirtiendo algunos avances alcanzados para el Primer Examen Periódico, así como retrocesos en la garantía del trabajo para los y las activistas de derechos humanos. El significativo retroceso en el disfrute de los derechos fue producto entre otros factores de: Ineficiencia en la gestión pública, deterioro de indicadores sociales fundamentales, falta de universalización de políticas públicas, influencia de la polarización política en algunas decisiones relacionadas a problemas sociales, el cambio de gobierno que profundizó la crisis económica , la ausencia de diálogo para afrontar la situación de pobreza y en el último año la baja de ingresos al Estado por concepto de renta petrolera. El Estado Venezolano aceptó 97 recomendaciones en el EPU del año 2011. No creó ningún mecanismo que permitiera hacer seguimiento y facilitar el control de la sociedad a las políticas y medidas que implementaría para ejecutarlas. No cumplió la afirmación que realizó sobre: “se incorporarán elementos en la página www.epuvenezuela.gob.ve, en este espacio se tiene toda la información pertinente y podrán opinar todas aquellas organizaciones que así lo deseen y dar seguimiento a los informes de DDHH en su conjunto”.2

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Provea realiza labores de promoción y defensa de los derechos humanos con énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales. Acompaña víctimas en sus reclamos contra la impunidad y por la obtención de justicia y la defensa de sus derechos. Elabora un informe anual donde monitorea 14 derechos humanos consagrados en la Constitución y presenta propuestas de políticas públicas. 2

No cumplió la recomendación realizada por el Reino Unido “Aplicar un enfoque integral para el seguimiento del examen periódico universal (EPU), que incluya consultas abiertas con una amplia serie de órganos gubernamentales y representantes de la sociedad civil”

Cuerpo del informe 1.-En 2011, en el primer Examen Periódico, afirmamos que una de las dificultades que teníamos las organizaciones de la sociedad civil en el proceso EPU era el difícil acceso a la información pública. Esa dificultad se agudizó en los últimos cuatro años cuando el gobierno nacional decidió no ofrecer por ejemplo cifras epidemiológicas, de pobreza, de homicidios, de inflación, de escasez de productos. Además la mayoría de las peticiones de información que se realizaron a funcionarios fueron negadas o no se respondieron3. Contribuye a ello sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que contrariando estándares internacionales sobre acceso a la información, progresivamente incluye como obligatorios requisitos a los derechos de petición que obstaculizan el ejercicio del derecho4. 2.- El Ejecutivo Nacional se negó a proceder conforme a su responsabilidad de abrir y mantener un diálogo plural y democrático con todas las organizaciones sociales y políticas del país, a fin de construir políticas de consenso para enfrentar problemas que afectan el goce de los derechos humanos por parte de toda la población. Ello fue acompañado con la intensificación de la criminalización a las organizaciones de derechos humanos y los aumentos de riesgo en la labor de los y las defensoras de derechos humanos5. Provea tuvo que solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares de protección.6 3.- Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) la pobreza por línea de ingreso en cuanto a hogares creció 6 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2013 al pasar de 21,2 en 2012 a 27,3 en el segundo semestre de 2013. Ello significó que un total de 416.326 hogares ingresaron a la línea de pobreza. En términos del número de personas, 9.174.142 se encontraban en situación de pobreza y de ellas, 2.791.292 estaban en situación de extrema pobreza.7 4.- Los indicadores que acompañaron el crecimiento de la pobreza en el año 2013, empeoraron en el 2014 y 2015 (inflación, escasez de productos, estancamiento del empleo, reducción de recursos

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Esas negativas también se produjeron cuando se acudió a los tribunales exigiendo se ordenara a la administración dar respuesta adecuada. 4

El Tribunal Supremo de Justicia a través de continuas sentencias incorporó requisitos no establecidos en la Constitución ni la ley para ejercer el derecho de petición y varios de esos requisitos son contrarios a los estándares internacionales en materia de acceso a la información. 5

En tal sentido no se cumplió la recomendación realizada por Uruguay “Seguir facilitando y reforzando la labor de las ONG y de otros actores de la sociedad civil, y garantizar sus medios de comunicación social “ 6

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MC 438/15 - Marino Alvarado, Venezuela. http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC438-15-ES.pdf

Al aumentar la pobreza el Estado decidió no publicar más cifras oficiales sobre pobreza. No se conoce las cifras de pobreza por línea de ingreso de 2014 ni de 2015. En Cuanto a pobreza por Necesidades Básicas Insatisfecha de 2013 a 2015 según el INE se produjo un aumento de 5,13%, lo que significa que 71.239 hogares ingresaron a la pobreza

para los programas sociales, desmejoramiento del sistema público de salud).8 Una Investigación realizada por la Universidad Católica Andrés Bello junto a la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar indicaban que “ 73% de los hogares en Venezuela se encontraban en situación de pobreza y de ellos 49,9 en situación de pobreza extrema” 9 El Informe concluyó que por primera vez la pobreza extrema es mayor que la pobreza. En términos de personas indica que 23 millones de personas en el país se encuentran en condición de pobreza.10 5. A la conflictividad motivada por la polarización política y ausencia de diálogo, se sumó durante los años 2014 y 2015 una extensa y severa crisis económica incubada en lo últimos años de gestión del ex presidente Chávez. La crisis profundizada por el presidente Nicolás Maduro se expresó entre otros factores una inflación para el 2014 de 68,5% y para el 2015 de 208% con su grave impacto en la disminución de la capacidad adquisitiva del salario, el aumento del costo de los servicios básicos y el desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas y otros productos de consumo masivo desmejorando el nivel de vida de la población principalmente los de bajos recursos económicos11. 6.- La creciente escasez de productos afecta varios derechos tales como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un salario digno y el derecho a un nivel de vida 8

.-Las políticas sociales denominadas “Misiones”, que tuvieron durante algunos años un impacto positivo en la reducción de la pobreza se mantienen en crisis desde hace cuatro años. Provea reconoció la inclusión de sectores de población de escasos recursos al disfrute de derechos sociales en el corto plazo, como resultado de estas medidas; pero también alertó sobre las dificultades para su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo, ante un escenario de disminución de ingresos por exportaciones petroleras y la necesidad de transformar estas medidas de carácter asistencial en políticas estructurales que incidieran en las causas de la pobreza. Esa advertencia que no fue seriamente analizada por el gobierno, descalificó las observaciones y persistió en el error disminuyendo su impacto. 9

Encuesta Sobre Condiciones de Vida en Venezuela. Pobreza y Misiones Sociales. Noviembre 2015. Coordinado por Luis Pedro España. 10

Ante la ausencia de información pública, altos funcionarios del Estado dan cifras que no tienen ningún sustento técnico ni son publicadas en alguna página web oficial para ser analizadas. Simplemente se divulgan cifras sin ningún fundamento técnico que las sustente. En contrapartida, descalifica toda información que no sea de fuente oficial que contradiga las cifras del gobierno. Ello dificulta la elaboración de políticas públicas y entraba el monitoreo que realizan organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina (Cepal) o el Mercado Común del Sur (Mercosur) 11

Café. Azúcar, leche, arroz, maíz, aceite, productos de aseo personal, papel higiénico, pañales, medicinas, prótesis, repuestos para vehículos son algunos de los productos de muy difícil acceso motivado a la escasez. El Banco Central de Venezuela reportó en abril de 2014 que 19 productos tenían un índice de escasez superior al 60% situación que se agudizó en 2015 año en el cual el BCV se negó a publicar dicho índice. Estudios independientes calcularon la escasez en más de 70% en cerca de 40 productos de mayor consumo por la familia venezolana. . Estado dispuso medidas de racionamiento que en la actualidad consisten en permitir sólo una compra a la semana por persona de los productos a precios regulados, de acuerdo con el número de cédula de identidad, que se certifica con máquinas captahuellas. y ha dado lugar a un mercado informal que vende algunos productos a más de 1000% el precio regulado

adecuado12. El argumento oficial ha sido que la situación de crisis económica y social es consecuencia de una “guerra económica” contra el gobierno. El no reconocimiento de los problemas aumentó el estancamiento y el retroceso de los avances de inclusión social alcanzados en años anteriores. Ante la crisis el gobierno decidió implementar un conjunto de medidas de ajuste económico descargando el costo de la crisis en los sectores más vulnerables de la población con medidas tales como aumento de la gasolina, de servicios públicos como energía y telefonía, transporte público, aumento en productos de la cesta básica, lo cual indica que muy probablemente durante 2016 aumente la pobreza.13 7.- El derecho a la tierra de los pueblos indígenas está reconocido en el artículo 119 de la CRBV. Aunque las cifras oficiales muestran avances en la demarcación de tierras y entrega de títulos de propiedad e indican que en 2013 se procesaron 80 de 108 solicitudes de demarcación y se entregaron títulos de propiedad colectiva que sumaban 2.800.000 hectáreas”, de forma opuesta, los pueblos indígenas han denunciado constantes obstáculos y retrasos. En2014, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) señaló que sólo se había demarcado 12.4% de los hábitat y tierras indígenas, beneficiando a 11 de los 50 pueblos indígenas. El propio Estado reconoció que entre los años 2011-2014 se entregaron apenas 93 títulos de propiedad y se procesaron 43 solicitudes.14Hay una constante violación del derecho a la consulta previa y el gobierno progresivamente consolida una política extractivista que pone en riesgo el hábitat de los pueblos originarios15. 8.- El derecho a la libertad sindical es cada vez más restringido. Continuaron las violaciones a la libertad sindical mediante distintas vías: a) injerencias en los procesos electorales de las organizaciones sindicales; b) obstaculización del registro de organizaciones sindicales que se consideran críticas al gobierno; c) impedimento de actividades sindicales, principalmente en el sector público, como las asambleas; d) obstrucción del trámite de pliegos de peticiones de carácter conciliatorio o conflictivo por parte de las autoridades del trabajo; e) negación de permisos sindicales a trabajadores del sector público; f) despidos de sindicalistas, en violación del 12

Además del argumento de la “Guerra Económica” el gobierno justificó la escasez indicando que buena parte de los productos pasaban de contrabando para la República de Colombia. Decidió el 21.08.15 cerrar la frontera sin embargo, la escasez de productos se agudizó. 13

La Central de Trabajadores de Venezuela anunció acciones legales contra el denominado paquete tributario por considerar desmejora aún más el nivel de vida de los trabajadores. http://www.notiminuto.com/noticia/ctv-rechazapago-de-islr-por-parte-de-trabajadores/# 14

Esta cifra fue suministrada por el Estado venezolano en 2015 al presentar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el Informe Venezuela. 15

En la Gaceta Oficial 40.855 del 2402.2016 se publicó el Decreto número 2.248 mediante el cual se crea la llamada “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)”. Mediante esta normativa el Ejecutivo Nacional entrega en concesión para la explotación minera una extensión de 111.843 km2, lo que comprende el 12,2% del territorio nacional buena parte de él hábitat de pueblos indígenas.

fuero sindical; g) descalificación pública de la labor sindical y de los sindicalistas; h) hostigamiento policial, detenciones e inicio de juicios penales e incluso encarcelamiento de sindicalistas por participar en manifestaciones pacíficas organizar o participar en huelgas16 9.- Asimismo, el Estado criminaliza a las organizaciones sindicales por ejercer el derecho a la manifestación pacífica y a la huelga. Continúan procesados más de 100 sindicalistas. A los sindicalistas procesados se les restringe la libertad al no poder desplazarse por el territorio nacional y son sometidos a regímenes de presentación periódica en tribunales.17 10.- El 13.02.2011 el ex presidente Hugo Chávez lanzó de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV). Prometió construir dos millones de viviendas entre los años 2011 y 2017; lo cual suponía un promedio al año de 285.714 viviendas construidas. En2012, se concluyeron 200.080. Para el año 2013, la meta fue de 380.000 unidades, pero cifras oficiales señalaron que en realidad se concluyeron y entregaron 201.074 casas; y en el año 2014 sólo se construyeron 64.680 viviendas18 11.- Familias beneficiarias de la GMVV aún no poseen el título de propiedad de la vivienda o desconocen los mecanismos de adjudicación. No cuentan con la seguridad jurídica de la tenencia. Esta inseguridad tuvo entre otras consecuencias que en operativos policiales se desalojara a cientos de familias beneficiarias de adjudicaciones.19 Por primera vez en la historia de Venezuela una política de seguridad ciudadana incorpora el desalojo y la destrucción de vivienda como medida de castigo para familias que presuntamente tienen algún miembro participando en actos delictivos.

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El 24 de septiembre de 2009 fue detenido el Secretario General de la empresa Estatal Ferrominera del Orinoco y tras permanecer 15 meses preso se le continúo un juicio hasta el 23 de abril de 2014 cuando el Tribunal Vigesimocuarto (24°) de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo de la jueza Blanca Pacheco dictó sentencia absolutoria. En total 4 años y medio de juicio entre cárcel y libertad restringida. 17

En agosto de 2012 cinco sindicalistas del sector construcción fueron detenidos en el estado Táchira por participar en una movilización exigiendo pago de salarios en los espacios de una zona clasificada como militar. Tras pertenecer 15 días encarcelados se les sometió por casi dos años a un proceso penal en tribunales militares hasta que finalmente fueron absueltos. 18

De las 64.680 viviendas 21.228 se llegaron a construir a través de convenios con otros países (Irán, China, Turquía, España, Belarús, Portugal y Colombia). 19

El 13 de julio de 2015 el gobierno nacional lanzó la llamada Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Consiste en la toma policial y militar de zonas donde habitan sectores populares, realizan allanamientos sin orden judicial, realizan ejecuciones policiales y por primera vez en la historia de Venezuela proceden a desalojar cientos de familias o a destruir viviendas bajo el argumento que algún familiar está vinculado a un hecho delictivo. En cinco meses de la OLP fueron demolidas 976 viviendas y se realizó el desalojo forzoso de 1490 familias beneficiarias de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

12.- El gobierno nacional rectificó y elaboró un Plan Nacional de Derechos Humanos.20 Dicho Plan fue sometido a una consulta que excluyó algunos sectores sociales y políticos críticos del gobierno.21 Contiene algunas propuestas positivas, sin embargo, es discriminatorio al excluir como beneficiarios en varias medidas a quienes no comparten la denominada “visión crítica y alternativa de los derechos humanos” promovida por el gobierno. 13.- Venezuela todavía no ha completado el trámite de ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, después de que éste fuese decretado por la Asamblea Nacional en 2014 con carácter de ley de la República22 14.- En 2013, surtió efecto la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos interpuesta por el Estado en 2012 y ha persistido en no retirarla a pesar de las recomendaciones de 5 órganos convencionales del sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas emitidas a raíz del examen de Venezuela sobre cumplimiento de diversos pactos en los años 2014 y 2015 Recomendaciones: 1.- Que el Estado publique las cifras de pobreza y mediante un diálogo plural se diseñen políticas para reducir la pobreza. 2.- Que el Estado ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 3.- Que el Estado cumpla con la consulta previa a los pueblos indígenas y suspenda los planes de explotación minera en territorios indígenas y cumpla con la demarcación de tierras.

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En el Primer Examen Periódico en 2011 el gobierno afirmó y rechazó recomendaciones indicando que bastaba con la Constitución y la voluntad de cumplir con la garantía del disfrute de los derechos. Igual posición sostuvo al presentar en 2015 su informe ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 21

Entre los sectores excluidos se encuentran partidos políticos de la oposición, sindicatos críticos la gobierno, intelectuales críticos a la gestión gubernamental, sindicatos no simpatizantes del gobierno, gremios profesionales y otras organizaciones sociales. 22

http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/6414