GASTO PÚBLICO Y LOS MILITARES La vocación de poder económico de las fuerzas armadas se oficializó con la llegada de Nicolás Maduro al poder. El 19 de abril de 2013, seis días después de asumir la presidencia, el mandatario asomó desde la base aérea Rafael Urdaneta en Maracaibo la instauración de una “poderosa” zona económica militar con el fin de “satisfacer la demanda de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)” (bienestar, seguridad, educación y protección de las familias integrantes de la FANB). El mandatario destacó que, además, estaría en capacidad de construir cuarteles, viviendas y sitios de entrenamiento para los diferentes componentes de la FANB. Tres meses después, el 9 de julio de ese año, el presidente formalizó la Zona Económica Militar Socialista con la apertura de unas primeras seis empresas que abarcan disímiles sectores, desde transporte, agricultura y comunicaciones hasta finanzas, bebidas y construcción. Mientras 4.300 industrias han desaparecido en los últimos 10 años en Venezuela (según el Instituto Nacional de Estadística, INE), el sector empresarial militar pareciera estar en expansión. Desde julio de 2013 hasta febrero de 2016, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa ha creado 11 empresas para el “desarrollo económico de la FANB”. Ocho de ese total abrieron durante el primer año del anuncio de la Zona Económica Militar:
Banco de la FANB (Banfanb)
Empresa Agropecuaria de la FANB (Agrofanb)
Empresa Militar de Transporte (Emiltra)
Empresa Sistemas de Comunicaciones de la FANB (Emcofanb)
Televisión Digital de la FANB (TVFanb)
Fondo de Inversión Negro Primero (Fimnp)
Constructora de la FANB (Construfanb)
Agua Mineral Tiuna (empresa mixta dentro del complejo industrial del Fuerte Tiuna).
La empresa que se incorpora a la zona económica militar es C.A. Militar de Industrias Mineral, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg). El 22 de enero de 2016, tres semanas antes de su creación, el ministro de la Defensa llamó a impulsar el Motor de Industria Militar para contribuir con el desarrollo nacional. Con fecha del 10 de febrero, en el decreto 2.231 se atribuyó a los militares la facultad para efectuar “todo lo relativo a las actividades lícitas de servicios petroleros, de gas y explotación minera en general.” El documento oficial señala que la empresa será un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Defensa y que todas las acciones concernientes a la actividad gasífera, petrolera y minera, corresponderán a la compañía militar C.A. Militar de Industrias Mineral, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg). Por otro lado el presidente Maduro (junto al Ministro de la Defensa) tendrán el poder de dictar medidas y resoluciones "en tiempo real" en cualquier instancia, amparado por el decreto de emergencia económica y sosteniendo la Constitución como si se tratara de manifiesto de arbitrariedades.
La economía venezolana, cada vez más deteriorada por las malas políticas del Gobierno del Presidente Maduro, no tiene un panorama muy favorecedor, pues cada vez que el ejecutivo anuncia nuevas medidas, pareciera otorgar más poder a quienes no están preparados para manejar el aparato productivo de un país. Las Fuerzas Armadas Venezolanas, no tienen la calificación para realizar
ajustes macroeconómicos en el plano monetario, fiscal y financiero, que es lo que realmente necesita la economía del país. Lo más grave es que las acciones que se deriven de esta especie de cesión del gobierno civil a los militares están exentas de control. El aumento del poder militar en la política venezolana es evidente, dirigen más de 10 ministerios, se involucran de forma activa a la política sin quitarse el uniforme, y ahora por mandato presidencial todas las instituciones del Estado quedan bajo el orden y la subordinación absoluta.
Mirla Dazza Investigadora del Observatorio de Gasto Público
