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POLÍTICA

| Jueves 27 de marzo de 2014

Giustiniani y Solanas pidieron explicaciones por el precio que se pagará a Repsol

DYN

El kirchnerismo avanza con la expropiación de YPF

senado. Anoche se disponía a darle media sanción al acuerdo;

el PJ disidente y Pro se abstuvieron; la UCR y FAP se opusieron

Gustavo Ybarra La NaCioN

En medio de fuertes cuestionamientos al monto de la operación y de serias advertencias por la existencia de pasivos ocultos y efectos ambientales, el kirchnerismo se aprestaba esta madrugada a aprobar el proyecto de ley que habilitará a la administración de Cristina Kirchner a emitir títulos de deuda por más de US$ 5000 millones para pagarle a Repsol la expropiación del 51% de las acciones de YPF. La ola de críticas a la decisión del Poder Ejecutivo había dejado al oficialismo prácticamente en soledad en la aprobación de la iniciativa. No obstante, al cierre de esta edición el

kirchnerismo tenía asegurados 40 votos (35 propios, más tres aliados y dos del Movimiento Popular Neuquino) que le permitirán darle luz verde al proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados. Luego de que el peronismo disidente, Pro y el Movimiento Popular Fueguino anunciaron que se abstendrían, el rechazo al acuerdo sellado entre el Gobierno y Repsol quedó acotado al conglomerado integrado por la UCR y los senadores del interbloque FaP-UNEN. a pesar de los devaneos argumentativos de aníbal Fernández para justificar el acuerdo, centrados en la necesidad de cumplir con los tratados bilaterales de inversión con España, la voz más lúcida del

oficialismo fue la de Marcelo Guinle (Chubut), que rechazó las críticas de la oposición al señalar que “es de necios confundir precio con valor”. “Con esto, el país está recuperando una herramienta absolutamente idónea para cambiar el paradigma energético”, afirmó Guinle, quien destacó que, más que el precio que se va a pagar por la expropiación, lo que importa es “el valor que en la realidad geopolítica tiene YPF para la argentina”. antes, el neuquino Guillermo Pereyra (MPN) había abierto la sesión avalando el proyecto. Lo hizo con un argumento que el oficialismo evitó durante el extenso debate. “Esto (por el acuerdo) abre las

puertas a las inversiones”, afirmó el presidente de la Comisión de Energía y secretario general del gremio de los petroleros privados. El temor oficialista se justificó unas horas después, cuando el radical oscar Castillo (Catamarca) tomó la idea de Pereyra, pero lo hizo para señalar que el Poder Ejecutivo firmó el acuerdo porque está necesitado de fondos y necesita salir a buscar financiamiento al exterior. así, tras recordar los cambios en el cálculo de la inflación y la apertura de negociaciones por la deuda con el Club de París, el legislador dijo que el pago a Repsol era “lo que faltaba emprolijar para que el país pueda aparecer en los radares de la comunidad financiera internacional”. Desde el FaP-UNEN centraron sus críticas en el precio que se acordó por la operación. así, Rubén Giustiniani (PS-Santa Fe) recordó que en junio del año pasado Miguel Galuccio, presidente de YPF, había ofrecido US$ 1300 millones por la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera, lo cual fue rechazado por Repsol. “Hoy nadie explica cómo se pasó de ese ofrecimiento a la actual valuación fijada en 5000 millones de dólares”, remató el socialista. Por su parte, Fernando Solanas volvió a advertir que el precio final que se terminará pagando por la expropiación superará con creces el declarado por el gobierno de Cristina Kirchner. “Estos bonos serán descontados en el mercado a tasas muy altas, por lo que del bolsillo del pueblo argentino saldrán hasta 2033 la suma de 13.718 millones de dólares”, denunció. Por último, el radical Ernesto Sanz (Mendoza) criticó en duros términos (calificó de “ineptos y corruptos” a los funcionarios del área) la política energética del kirchnerismo. “Desde la expropiación de YPF el déficit energético pasó de 2100 a 6163 millones de dólares”, aseguró, antes de rematar: “Éste es el número que importa, no los 5000 millones que pueda o no valer YPF”.ß

La orden de vetar a Cobos bajó desde la Casa Rosada

diputados. En represalia, la UCR decidió no integrar la Comisión de Educación Laura Serra La NaCioN

No hay que rastrear en la cúpula de los diputados oficialistas al responsable de la decisión de vetar a Julio Cobos (UCR) como presidente de la Comisión de Educación. “La orden provino de la Casa Rosada”, garantizó a la nacion una fuente gubernamental bien informada. La tropa kirchnerista acató, aunque algunos, en la intimidad, cuestionaron la estrategia. “No hace otra cosa que victimizar a Cobos”, se lamentaban. Los lugartenientes del radicalismo se mostraron indignados ante el veto kirchnerista contra Cobos, designado por su partido para presidir la comisión. “así se ponen en crisis las relaciones parlamentarias”, dramatizó el jefe del bloque radical, Mario Negri. Sin embargo, puertas adentro celebraban lo que consideran una nueva chapucería oficialista. “¡Cuanto más lo castiguen a Cobos, más valor le dan. Le están haciendo la campaña gratis!”, ironizaban. Los radicales utilizarán la pelea hasta sacarle todo el jugo político. “No vamos a designar a ninguna autoridad de la Comisión de Educación y convocaremos a todos los jefes de bloque para repudiar este veto, porque lo que hoy les sucedió a la UCR y a Cobos le puede pasar a cualquiera. Es un antecedente muy grave”, advirtió Negri, junto a su par Gerardo Morales y el jefe del partido, Ernesto Sanz. Voces opositoras se expresaron en solidaridad con la UCR. “Es una práctica [el veto a un diputado] que no tiene antecedentes en el Congreso”, advirtió el jefe del bloque socialista, Juan Carlos Zabalza. “Lamento que el oficialismo continúe con sus provocaciones y su autoritarismo”, reprochó Victoria Donda (Libres del Sur). “Es lamentable que se le falte el respeto a la ciudadanía, porque Cobos llegó legítimamente al cargo de diputado por el voto popular de los mendocinos”, cuestionó Patricia Bullrich (Unión por Todos). El escándalo estalló anteayer cuando la mayoría kirchnerista de la Comisión de Educación rechazó al ex vicepresidente como

Cómo se elige el presidente Autoridades El reparto se realiza según la proporción de cada bloque. Se acordó que la UCR presidiría ocho comisiones, entre ellas Educación Candidato La UCR designó como presidente de esa comisión a Julio Cobos Veto y queja El kirchnerismo vetó al diputado. La UCR lo acusó de “poner en crisis las relaciones parlamentarias” y decidió no integrar la comisión su titular, con el argumento de que “violó el mandato constitucional de los argentinos” cuando, en 2008, votó en contra del proyecto del Gobierno sobre retenciones al campo. Desde entonces, Cobos se transformó en un “traidor” para el oficialismo y, al parecer, decidieron tomar revancha. “No pueden resolver el conflicto docente, pero son capaces de cobrarse cuentas chicas por el conflicto con el campo”, ironizó Negri. Sin autoridades radicales, la comisión quedará en manos de la ex docente y diputada misionera Stella Maris “Marilú” Leverberg, quien en 2007 protagonizó un escándalo en su provincia cuando organizó el Día del Maestro en un boliche con strippers y odaliscas. “Estamos cometiendo demasiados errores”, se sinceraba ayer, compungido, un importante diputado oficialista. algunos cuestionan el estilo de Di Tullio, pero lo cierto es que hay ciertas decisiones que parecen excederla. “Mientras discutíamos el reparto de las comisiones, ni Juliana ni Julián Domínguez [presidente de la Cámara baja] nos advirtieron que habría problemas con Cobos. De repente vino el veto. Es evidente que la orden vino de arriba”, elucubraban los opositores.ß

Un juez de Mandela en el caso Blaquier

derechos humanos. Richard Goldstone fue admitido como amigo del tribunal Hernán Cappiello La NaCioN

Richard Goldstone, un prestigioso ex juez y abogado sudafricano, que integró la Corte Constitucional de Nelson Mandela, lo asesoró en la reconstrucción de Sudáfrica y ofició como fiscal en el tribunal penal internacional de la oNU para la ex Yugoslavia y Ruanda, fue admitido por la Justicia para defender los intereses de Carlos Blaquier en el juicio que se le sigue por su supuesta colaboración con la violación de derechos humanos durante la dictadura militar. Goldstone fue admitido por la Cámara de Casación Penal como amigo del tribunal en la causa en que debe resolver si es válida la acusación contra el empresario, dueño del ingenio Ledesma, de facilitar camionetas de la firma a las fuerzas que privaron de la libertad a un grupo de personas en Libertador General San Martín, en julio de 1976. así lo resolvieron los jueces Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Mariano Borinsky, en un fallo difundido por el tribunal, en el que mencionan los antecedentes de Goldstone y que su opinión destaca la necesidad de “independencia e imparcialidad de los fiscales”. Consultada por la nacion, la empresa Ledesma prefirió no comentar el fallo. Blaquier y alberto Lemos, su ex administrador en la empresa, fueron procesados por el juez federal Fernando Poviña en un fallo confirmado por la Cámara Federal. Pablo Pelazzo había sido designado fiscal ad hoc en la causa y un mes antes era el abogado querellante en nombre de las víctimas. La Cámara Federal de Córdoba declaró inválida la designación de Pelazzo en las causas relacionadas con Blaquier, pero mantuvo

la validez de lo actuado. Y sobre ese fallo, que ahora debe revisar la Cámara de Casación, Blaquier presentó a Goldstone como “amigo del tribunal”. La Casación debe pronunciarse también sobre otros siete planteos de las defensas y la fiscalía, pero la validez o no de la acusación fiscal es clave. Se denomina “amicus curiae” a presentaciones que realizan personas ajenas al proceso, pero interesadas en él, que ofrecen su opinión para colaborar con el tribunal en la resolución del caso. En este caso, Goldstone opinó que el derecho a un juicio justo es crucial para la democracia y el Estado de Derecho, que el fiscal debe ser independiente para un proceso justo y que ante un conflicto de intereses un fiscal no puede ser considerado independiente. aseveró que la intervención del fiscal como defensor de los intereses de las víctimas y como fiscal crea un conflicto de intereses cuyo remedio es su apartamiento. El caso Blaquier está avanzado en Jujuy. El juez Poviña cerró la instrucción y dio vista a las querellas, a la fiscalía y a la defensa para que opinen si el caso está en condiciones de ir a juicio oral. Mientras, en Buenos aires, los jueces de la Cámara de Casación Hornos, Gemignani y Borinsky deben decidir. Un fallo en contra puede derrumbar todo el proceso y poner en tela de juicio la actuación de los fiscales ad hoc. En esta batalla legal, Blaquier cuenta con la opinión en su favor de Goldstone, profesor de las universidades más prestigiosas del mundo, reconocido por su defensa de los derechos humanos, presidente del instituto de Derechos Humanos de la asociación internacional de abogados y uno de los jueces que con sus sentencias antiapartheid jugaron un rol indispensable en la transición de Sudáfrica.ß