POLITICA
Miércoles 31 de agosto de 2011
EN LOMAS DE ZAMORA
I
LA RELACION CON MASSERA
EN SALTA
Exigieron perpetua en el juicio por Ragone
Atacan al dirigente que ligó a Martínez con la dictadura Víctor Amarilla había denunciado al líder de la Uocra tras un enfrentamiento sindical NICOLAS BALINOTTI LA NACION Un gremialista que había acusado al dirigente Gerardo Martínez por presunto espionaje durante la dictadura militar denunció ayer haber sido atacado por “una patota” que respondería al actual líder de la Uocra. Se trata de Víctor Amarilla, del Sindicato de la Industria de la Construcción y Afines (Sitraic), un gremio pequeño que rivaliza por la afiliación de los obreros de la construcción en el sur bonaerense. El episodio sucedió en Colombres 129, en Lomas de Zamora, donde un grupo de representantes de la Uocra celebraba una asamblea para definir un paro de actividades. La reunión se interrumpió abruptamente cuando llegaron al lugar unos cuatro hombres del Sitraic. El problema comenzó con una discusión y siguió con un cruce de trompadas, según relataron testigos de ambos sectores a LA NACION. Amarilla se habría peleado con Marcelo Blas Ojeda, de la Uocra. Así como los miembros del Sitraic denunciaron “a la patota” de Martínez, la Uocra también bajó en tinta su acusación en la Comisaría 1a de Lomas de Zamora. “Hubo un intercambio de palabras, empujones y cachetazos. Hay una interna sindical entre dos gremios que explotó tras una inspección del Ministerio de Tra-
bajo”, comentó una fuente policial que intervino en el caso. “La patota de la Uocra agredió salvajemente a Amarilla. Ellos suelen meter a patoteros en las obras”, informó Juan Giglio, del Sitraic. Mediante un comunicado, Uocra desmintió esta acusación y señaló a Amarilla como el agresor. Amarilla forma parte de la comisión directiva del sindicato y es un referente de sectores de la izquierda. Además, es uno de los testigos en la causa contra el ferroviario José Pedraza por la muerte de Mariano Ferreyra. En julio pasado, Amarilla, junto con organizaciones de derechos humanos y un sector de la CTA que conduce Pablo Micheli, acusó a Martínez de haber integrado el Batallón 601 durante la última dictadura militar. Lo vinculó con la desaparición de 105 empleados del gremio. Martínez ya se presentó en el Juzgado Federal N°9, a cargo de Sergio Torres, y negó sus lazos con represores. En la Uocra, además, rechazaron ayer las acusaciones del Sitraic después del conflicto que se desató en la obra de Colombres al 100. El Sitraic es un gremio que está dando sus primeros pasos. No supera los 1000 afiliados y su área de influencia es Lomas de Zamora y Quilmes. La Uocra, en cambio, es una organización que tiene 67 años y más de 400.000 adherentes.
CABLES DE WIKILEAKS
Las insospechadas simpatías de Zannini “Cada vez que el embajador ha hablado con él, Zannini ha estado notoriamente más relajado y abierto. Su reciente viaje a Minnesota parece haberlo alentado a cierta admiración hacia ciertos aspectos de la sociedad estadounidense a pesar de haberse criado en un ambiente antiestadounidense del izquierdismo argentino.” La cita pertenece al cable 165.438, escrito en agosto de 2008 por funcionarios de la embajada norteamericana en Buenos Aires y revelado a la prensa por WikiLeaks, el portal creado por el activista australiano Julian Assange. Recopilados por el periodista Santiago O’Donnell en el libro Argenleaks, publicado por Sudamericana, este y otros cables reflejan la sorpresa
Pase
que despertaron en los diplomáticos estadounidenses los cambios del secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini, uno de los hombres más influyentes del entorno de Néstor y Cristina Kirchner. No llegó a definirse como “desenfadadamente pro Estados Unidos”, como lo hizo el ministro de Economía, Amado Boudou, o insinuó el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, pero las flamantes simpatías de Zannini hacia EE.UU. llamaron la atención del embajador Earl Wayne. O’Donnell analiza la mirada del gobierno norteamericano sobre los Kirchner, Hugo Chávez, Amado Boudou y Guillermo Moreno, además de figuras de la oposición y el ataque a la AMIA, entre otros temas que suscitan interés.
Por NIK
El juez Ercolini investigará las grabaciones
CENTRO DE INFORMACION JUDICIAL
Pidieron videos en el caso contra Alfano El juez federal Julián Ercolini pidió las grabaciones de los programas de TV en los que se denunció que la actriz y vedette Graciela Alfano habría recibido bienes de detenidos-desaparecidos de manos del fallecido represor Emilio Massera, con quien habría tenido una relación sentimental. El magistrado también solicitó a los juzgados copias de las causas en las que Massera fue investigado por el robo de bienes durante la última dictadura militar para rastrear su destino e investigar si podrían haber tenido vinculación con Alfano. Por ahora, el juez no ordenó la declaración testimonial de Gabriela Biasi, hija de un ex custodio de Massera, quien denunció en TV a la actriz por el supuesto uso de bienes de desaparecidos, como tampoco del periodista del programa de espectáculos Intrusos Luis Ventura. Ambas medidas habían sido pedidas por el fiscal de la causa, Carlos Cearras.
9
La causa quedó radicada en el juzgado federal de Claudio Bonadio, quien está de licencia hasta la semana que viene y es reemplazado por Ercolini. La denuncia a Alfano la hizo el fiscal Luis Comparatore, luego de que en un programa de TV se vinculara a la vedette con Massera y con el uso de bienes de desaparecidos presuntamente provistos como obsequios por el extinto represor. Alfano desmintió la relación con Massera y dijo que lo vio una sola vez en el Teatro Colón y que le dio “un apretón de manos”. Asimismo, negó cualquier relación con bienes pertenecientes a las víctimas de la dictadura. “Todo lo demás es una absoluta mentira. Mis bienes los gané legítimamente en 40 años de trabajo y como resultado de mis matrimonios: no tengo nada que tenga otra procedencia”, dijo Alfano, que reclamó que se la investigue rápidamente para probar su inocencia.
SALTA.– El fiscal federal Horacio Azzolín pidió la pena de reclusión perpetua para el ex jefe de la guarnición Salta del Ejército, Carlos Mulhall, y otros jefes policiales, por el secuestro y la desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, ocurrido el 11 de marzo de 1976, trece días antes del golpe militar. El pedido de reclusión alcanza al ex jefe de policía, Miguel Gentil (también militar), al director de Seguridad de la policía, Joaquín Guill, y al ex agente Andrés Soraire, entre los principales imputados. Todos están acusados de encubrimiento en concurso ideal, homicidio calificado y lesiones, coacción agravada y homicidio doblemente agravado. Al pedido del fiscal se sumó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, querellante en la causa. En el juicio también se investiga la muerte de Santiago Arredes, un comerciante que salía de su negocio en el momento del secuestro. El fiscal pidió diez años de prisión para Jorge Héctor Zanetto, ex vocero de la Triple A, y dos años de prisión efectiva para los ex policías Pedro Javier Herrera y Raúl Nelson Herrera, además de la revocación de las excarcelaciones y prisiones. La pena máxima ya había sido solicitada la semana última por los querellantes de la familia Ragone y de Margarita Martínez de Leal, herida en el secuestro. Argumentaron la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y consideraron probada la existencia de un plan de eliminación de los líderes políticos.
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