Accountability policial: bueno para el resto del mundo lo que es bueno para Occidente?*
Robert L Mawby Alan Wright sobre la actividad policial (policing) democrática, David Bayley examinó a los países de Europa del Este y reflexionó sobre cómo (a consecuencia del colapso de sus sistemas comunistas) "pueden ser ayudados los países autoritarios a desarrollar las instituciones y hábitos de la democracia". En su opinión, "ninguna institución es más central para alcanzar el éxito en la construcción de una nación democrática que la policía" (Bayley, 1995:79). Pero efectuar un cambio a largo plazo en los sistemas políticos y de actividad policial es un asunto complejo. Además, aún no queda claro que los métodos adoptados en Estados Unidos de América y en Europa occidental simplemente puedan ser trasplantados a las nuevas democracias. Por cierto, los críticos radicales de los actuales procesos de occidentalización en Europa oriental y central han señalado los peligros de sugerir que las culturas de la Europa oriental y central puedan ser subsumidas por conceptos predominantemente democrático-liberales, incluyendo el de "sociedad civil" (Burgess, 1997:9-14). Aunque países como la República Checa, Hungría y Polonia han desarrollado economías de mercado y gobiernos democráticos (orientados al acquis communautaire de la Unión Europea), los recientes acontecimientos en la República Federal de Yugoslavia deberían alertarnos de la complacencia con respecto a la transferencia de las creencias y los valores occidentales. EN UNA CONTRIBUCIÓN INFLUYENTE EN LA LITERATURA
* Este artículo apareció originalmente con el título "Pólice Accountability: Is what's good forthe West, good for the rest?", en. Pólice Research & Management, vol. 3, núm. 2, 1999, pp. 9¬ 17. Agradecemos a Alan Beckley, editor de la revista antes citada, el permiso de su publicación en español.
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En contraste con la inercia comparativa del desarrollo de la actividad policial de los estados transicionales de Europa oriental y central, en las llamadas democracias "maduras" el debate sobre las instituciones estatales (incluyendo la policía) es a menudo abierto y permanente. Este ha sido el caso en Gran Bretaña. De vez en cuando, la policía británica ha experimentado limitaciones, lo que usualmente la ha llevado a realizar cambios en el sistema de accountability} La Royal Commission on the Police (1962), por ejemplo, fue establecida después de una serie de escándalos policiales y plasmó nuevas disposiciones sobre la accountability y el sistema de quejas en la Ley de Policía de 1964. Las recomendaciones de Lord Scarman sustentan su investigación en que los desórdenes de Brixton de 1981 contribuyeron decisivamente al establecimiento del esquema de los visitadores civiles y de los comités consultivos entre la comunidad y la policía (Scarman, 1981). Más recientemente, el Decreto Judicial de la Policía y los Magistrados de 1994 ha apoyado (al menos teóricamente) el fortalecimiento de las nuevas autoridades de la policía municipal en relación con los otros pilares del sistema tripartita. Para traer el debate más a la actualidad, el Informe Macpherson de 1999, tras la investigación del asesinato de Stephen Lawrence, busca probablemente poner a prueba un hito al menos tan significativo como el Informe Scarman (Macpherson, 1999). 2
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La palabra accountability no tiene una traducción exacta y aceptable en el idioma español. No existe un equivalente en nuestro idioma que capture la riqueza y complejidad de su significado. Algunos autores consideran que "rendición de cuentas", "responsabilidad" y "responsabilización" son términos que podrían expresar, aunque limitadamente, su significado. No obstante, los rasgos, dimensiones y límites analíticos del concepto desbordan esas denominaciones. Desde una perspectiva teórica, la naturaleza e implicaciones de esta noción aplicada a la actividad policial, han sido abordados con bastante acierto y agudeza por R. Reiner ("Police Accountability: Principles, Patterns and Practices", en R. Robert y S. Spencer (eds.), Accountable Policing: Effectiveness, Empowerment and Equity, Londres, Institute for Public Policy Research, 1993, pp. 1-23) y J. P. Brodeur ("Accountability: The Search for a Theoretical Framework", en E. Mendes (ed.), Democratic Policing and Accountability: Global Perspectives, Aldcrshot, Ashgate, 1999, pp. 125-164) (N. T.). 2
Stephen Lawrence era un estudiante de raza negra que, al suceder su muerte (22 de abril de 1993), tenía 18 años de edad. Su asesinato, ocurrido en el sudeste de Londres, fue causado por una pandilla de jóvenes racistas. El papel de los oficiales de la Metropolitan Police, con respecto a los procedimientos propios de su labor y a la investigación de este asesinato, fue muy cuestionado tanto por su incompetencia y errores como por las justificaciones absurdas que emitieron. El Informe Macpherson concluyó que tal desempeño de la policía era atribuible al "racismo institucional". Para un análisis más comprensivo y crítico de este hecho, véase el ensayo-reseña de Robert Reiner, "Coloured judgments", (Sociology), The Times Literary Supplement, TLS, num. 5028, 13 de agosto de 1999, p. 35. (N. T.) Respecto a la comparación que usualmente se hace entre ambos informes, Robert Reiner señala que esto es así porque el Informe Macpherson "se enfrenta con las dificultades del ra3
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Desde luego, los cambios en los sistemas formales no garantizan una accountability efectiva. Necesitan ser incluidas otras formas de control civil. Además de los sistemas formales, necesita contemplarse el escrutinio informal del comportamiento de la policía y de su uso del poder, que debe ser realizado por un cierto número de grupos de monitoreo. Estos grupos actúan a menudo como grupos de presión, llamando la atención sobre la supuesta conducta inapropiada a través de los medios de comunicación y a través de los representantes electos. En Gran Bretaña, por ejemplo, Liberty (anteriormente el National Council for Civil Liberties) tiene una larga historia de hacer campaña a favor de las libertades civiles y de la reparación a causa de la injusticia. Los medios de comunicación, en sus apariencias o expresiones de vigilantes y de informadores, también tienen que jugar un papel significativo. En ocasiones importantes esto ha conducido a cambios en las prácticas y en los procedimientos. Los programas de televisión conducidos por Roger Graef han sido particularmente influyentes en esta área. Uno de ellos, en 1982, presentó el tratamiento de una víctima de violación, en el que los oficiales de policía actuaron de un modo insensible e intimidatorio. La protesta, que ocurrió como resultado de este hecho, contribuyó positivamente a provocar cambios en los procedimientos para las investigaciones de violación. Posteriormente, los comentaristas sugirieron que "[la] decisión tomada por [el] Jefe de la Policía de Thames Valley, para permitir que fuese producida la serie de documentales de televisión, fue probablemente más importante para realizar una gobernanza democrática de la policía que el sistema global establecido por la Ley [de Policía) de 1964" (Jones et al., 1994). Cualesquiera que sean los argumentos esgrimidos con respecto al problema de la efectividad de los sistemas formales de accountability, este debate ha asegurado que esté vigente el control civil de la actividad policial en Gran Bretaña. En un reciente proyecto del Programa para la Democracia PHARE para la promoción del control civil de la policía estatal húngara, que fue llevado a cabo por los autores, la propuesta principal sobre la transferibilidad de los 4
cismo institucional que [el Informe] Scarman [1981] rechazó. Aunque el Informe Macpherson es indudablemente mas contundente como una crítica del fracaso de la policía, paradójicamente fue Scarman, a pesar de todo su énfasis infundado en el racismo individual de la policía, quien tuvo el entendimiento más agudo de hasta qué punto la discriminación policial está estrechamente vinculada a las estructuras más amplias de la desigualdad y de la exclusión racial y social" (Reiner, 1999) (N. T.). El Programa PHARE es una Iniciativa de la Unión Europea que apoya al desarrollo de un gran sector democrático de naciones dentro de una Europa próspera y estable. Su meta es ayudar a los países de la Europa central y oriental a reconciliarse con el pensamiento prevaleciente del desarrollo europeo con miras a su futura incorporación a la Unión Europea. 4
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principios y sistemas de accountability resultó ser una cuestión central (Benke et al., 1 9 9 7 ; Wright y Mawby, 1 9 9 9 ) . Nuestra primera tarea fue aclarar el significado que había detrás de los términos "accountability" y "control ci vil". Debido a que la policía puede tener un papel muy diverso en las demo cracias, estábamos interesados en el concepto de control civil en el sentido más amplio —incorporando el concepto de accountability en inglés, y la idea de proporcionar una respuesta (antwort), que tiene un significado simi lar en alemán y en holandés—. Nuestra interpretación necesitó la revisión de una gama de aspectos de la accountability constitucional, legal y adminis trativa, y de la accountability a través de la consulta y la participación públi cas. Al emprender el trabajo de campo en Hungría y en cuatro jurisdicciones de Europa Occidental (Inglaterra y Gales, Francia, Alemania y los Países Ba jos), examinamos los marcos existentes con respecto a estas formas de account ability, y buscamos ejemplos de buena práctica en ese ámbito. Es evidente que hay dificultades en la comparación. Estos países han desarrollado de diferentes maneras y han puesto en práctica de distintos modos los sistemas centralizados, federales y regionales de actividad policial. El trabajo de campo y su análisis mostraron que, hasta ahora, no hay un modelo único de actividad policial europea o un sistema universal para la account ability y el control civil. En las democracias liberales de Europa occidental, sin embargo, hay desde luego alguna convergencia conceptual (particularmen te en el nivel del orden democrático), que finalmente sirve a la protección de los derechos humanos. Las áreas de convergencia de los principios en los sistemas euro-occidentales de actividad policial abarcan; La separación de poderes, para impedir la concentración del poder en pocas manos; La legitimidad derivada del Estado de derecho, para evitar el ejercicio arbitrario del poder político; Los sistemas transparentes de pesos y contrapesos con la intención de disminuir la posibilidad de opresión del ciudadano por parte del estado y generar un nivel de consentimiento público de la actividad policial. Por supuesto que esto no quiere decir que siempre hay una congruencia perfecta entre los ideales expresados por estos conceptos y la realidad que caracteriza a cualquier estado en particular. Los arreglos prácticos difieren según las perspectivas históricas, sociales y culturales; no obstante, ello no impide hacer hincapié en la importancia de un estudio comparativo. Lamenta blemente, es también cierto que en cada jurisdicción hay fallas comunes en las organizaciones de la policía y en los policías que, de manera individual,
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hacen frente a estos ideales. Adicionalmente, en todas las jurisdicciones que examinamos, hubo una brecha democrática entre la policía y el gobierno representativo, particularmente en el nivel local. Aunque esto a menudo aparecía poco visible en las complejidades de los sistemas nacionales y locales, es expresado fundamentalmente a través del hecho de que en la práctica la policía no es directamente accountable ante los representantes elegidos localmente. Desde la perspectiva de los beneficiarios potenciales de los servicios de policía, también hubo una preocupación por la debilidad cada vez mayor de los estándares de accountability policial en Europa occidental. Ante estas dificultades, y habiendo postulado que hay ciertos principios democráticos comunes en los sistemas europeos occidentales de accountability de la policía, ¿qué tiene que ofrecer el Occidente a los estados de Europa central y oriental, cuya policía está empeñada en reorientar su papel actual de fuerzas al servicio del gobierno, al de fuerzas que, ahora sí, sirvan al pueblo? Los críticos académicos de Occidente han enfatizado correctamente la arrogancia y la equivocación que existen en la transferencia de la práctica actual de la policía de un estado a otro, sin considerar las condiciones políticas, sociales y culturales que les son particulares. Por ejemplo, en el periodo de posguerra inmediato a 1945, se hicieron algunos intentos de crear sistemas de actividad policial al estilo de las fuerzas victoriosas en las zonas ocupadas. Mawby (1990) ha criticado a éstos como "los intentos fallidos por parte de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos de crear un sistema policial alemán de posguerra a su propia imagen". Esta explicación tradicional revisada del periodo tal como la que hace Coatman (1959), quien elogió los métodos de policía británicos adaptados al uso zonal en Alemania, fue planteada como una base firme para construir un sistema duradero de actividad policial. Mawby comenta, con mucho acierto, que es falso dar por sentado que la experiencia en un territorio es siempre transferible, pues muchos de tales intentos han resultado ser "ahistóricos y acríticos" (Mawby, 1990:10-11). De un modo similar, Brogden y Shearing (1993), en sus propuestas para el desarrollo de la actividad policial en Sudáfrica, también sostienen que los "fracasos comparativos" de los modelos occidentales de actividad policial denotan que los principios en los que pretenden basarse no deberían ser adoptados en lugares como los municipios de Sudáfrica, donde pueden ser más apropiados otros modelos de actividad policial. Ellos sostienen, en términos más generales, que la práctica de la actividad policial en el Occidente, que incorpora principios democráticos liberales en su adhesión al poder limitado del Estado de derecho y a la actividad policial por consentimiento, es inadecuada cuando pretende ser adoptada por países en desarrollo que surgieron después de la caída del comunismo. La actividad policial democrática, sostie-
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nen, está siendo comercializada como un producto entre otros en un super mercado tecnológico internacional. Aunque aquí no desearíamos hacer observaciones sobre los desarrollos democráticos en Sudáfrica, sí hay una razón importante por la que este es cepticismo no debería ser extrapolado al contexto de la democratización de la actividad policial húngara. La razón para adoptar un punto de vista más optimista se basa en la creencia en la lógica en la que se inserta el derecho constitucional en las democracias. La constitución húngara es notable en es te respecto, puesto que ya adopta los principios democrático-liberales frente a los que Brogden y Shearing parecen ser tan escépticos. Si los argumentos basados en las condiciones necesarias implícitas en las constituciones demo cráticas son correctos, entonces es completamente apropiado que el Estado de derecho, la actividad policial por consentimiento y otros principios demo crático liberales deberían considerarse seriamente al investigar la posibilidad del perfeccionamiento de la accountability de la policía en los estados cons titucionales como Hungría. Esto significa que Brogden y Shearing están segu ramente en lo correcto al identificar la necesidad de un enfoque para la acti vidad policial que esté basado primordialmente en las instituciones de la sociedad civil, las cuales están representadas por una diversidad de comuni dades particulares a un área. Sin embargo, es también correcto sostener que, debido a que la integración de estas comunidades dentro de un contexto más amplio está aún representada por el estado-nación, su actividad policial de bería estar configurada por principios democrático-liberales tales como la se paración de poderes, la legitimidad, la efectividad, la transparencia y "la actividad policial por consentimiento". El legado de Occidente es que todos éstos aparezcan, si bien en una variedad de formas no-ideales, en la activi dad policial de los estados de la Unión Europea. Bayley ( 1 9 9 5 ) ha emprendido un análisis amplio del desarrollo democrá tico realizado por medio de la reforma de la policía. Considerando que los estados occidentales tienen una larga (y no siempre exitosa) experiencia de intentar influir en los sistemas de actividad policial de otros países distintos a los suyos, él nos alerta de las expectativas poco realistas y de los "remedios rápidos", como el suministro de una pericia técnica y un equipo avanzado. Afirma que las características de la actividad policial que pueden hacer una mayor contribución a la causa de la democracia (y por inferencia lo que los estados occidentales debiesen procurar influir), pueden ser precisamente aquellas áreas donde el cambio es lo más difícil de lograr, en parte debido a la necesidad del respaldo del gobierno. Estas áreas cruciales son " ( 1 ) la ca pacidad de respuesta a las diversas necesidades públicas" (o sea el servicio al pueblo más que al estado), " ( 2 ) la adhesión a los principios de los dere-
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chos humanos, y (3) una gestión que sea abierta, participativa y autocrítica". (Bayley, 1995:89). Bayley procede a explicar puntualmente once principios que él cree que deberían orientar las políticas de los países democráticos desarrollados de modo que traten de influir en la reforma de los sistemas de actividad policial de Europa oriental contando con el respaldo de las democracias estableci das. Considera que: 1) Los gobiernos interesados en el desarrollo político democrático debe rían ayudar a la policía extranjera sólo si el sistema político general es genuinamente democrático. 2) Los gobiernos democráticos desarrollados deberían ayudar a reorientar a la policía para que responda a las necesidades de los ciudadanos indi viduales y de los grupos privados. 3) Los gobiernos democráticos desarrollados deberían propiciar que la po licía extranjera se concentre en la aplicación reactiva de la ley. 4) Los gobiernos democráticos desarrollados deberían enfatizar la ac¬ countability de la policía ante la ley más que ante el gobierno. 5) Los gobiernos democráticos desarrollados deberían ayudar sólo a aque lla policía que ha sido separada de las fuerzas armadas. 6) Los gobiernos democráticos desarrollados deberían ayudar a que la po licía extranjera encuentre formas de reducir el nivel de fuerza que co múnmente utiliza. 7) La asistencia a la policía extranjera debería concentrarse en el desarro llo de enfoques estratégicos y administrativos apropiados en vez de re alzar las habilidades técnicas. 8) La asistencia técnica para el mejoramiento de la capacidad de aplica ción de la ley extranjera no debería ser el eje de la ayuda exterior brin dada por los gobiernos democráticos. 9) La participación extranjera en la reforma de la policía debería estar su peditada a los esfuerzos efectivos de la policía extranjera orientados a la eliminación de todas las formas de corrupción. 10) La política exterior democrática debería acentuar la integración de la policía extranjera a las comunidades en las que trabajan. 11) La policía extranjera debería mostrar la utilidad de sujetar sus operacio nes a la disciplina de una evaluación empírica que involucra a académi cos y a asesores independientes (Bayley, 1995:90-92). Nuestro trabajo en el proyecto PHARE en Hungría (Benke et al, 1997) coincide con la perspectiva defendida por Bayley. Por estas razones, cree-
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mos que los argumentos de los que descartan la transferibilidad de principios democráticos no son válidos en los estados europeos en proceso de cambio (incluyendo a Hungría), cuyas nuevas constituciones apoyan principios ma nifiestamente democrático-liberales. Por consiguiente, la idea de la impor tancia de los modelos occidentales de accountability de la policía debería basarse tanto en los valores constitucionales de la emergente democracia (y en la medida en que ellos fomenten la legitimidad y la transparencia) como en las preocupaciones prácticas para hacerse de una actividad policial efectiva. Con este fin, donde las constituciones de los estados de Europa oriental y central sean útiles, los ideales occidentales de la accountability de la poli cía podrían ser modelos adecuados a ser tomados en cuenta, particularmente cuando enfatizan características tales como la separación de poderes, y la provisión de pesos y contrapesos para asegurar la legitimidad, efectividad y transparencia en la actividad policial. Por supuesto que, también, debe lograrse un equilibrio entre las medidas actuales para darle un lugar al establecimien to de la accountability y el grado en el que éstas generan confianza pública en un sistema abierto de gobierno. Estos dos componentes son complementa rios. La confianza pública sin las medidas legales y prácticas que aseguren una accountability genuina, que opere dentro del marco constitucional, sería simplemente una forma de populismo; la accountability constitucional jurídico-formal sin medidas prácticas que la aseguren, haría que la confianza pública carezca de sentido. La realización de los principios descritos anteriormente define las condi ciones necesarias, pero no suficientes, para una buena actividad policial en un estado que se asume como democrático. Los sistemas y los mecanismos de accountability no existen al margen de las influencias culturales, éticas y pragmáticas que ocurren en la relación entre la policía y el público. Dos fac tores adicionales proporcionan las condiciones suficientes. Por un lado, la policía necesita de sistemas efectivos de desarrollo profesional y organizacional, que sean apuntalados por ideales muy nobles, particularmente los que conciernen a la protección de los derechos humanos. Por el otro, debe fomen tarse una efectividad en los arreglos prácticos orientados a la participación pública en el control civil de la actividad policial. Esto debería incluir opor tunidades adecuadas para la consulta, encuestas regulares de las actitudes públicas hacia la policía, la apertura en la información que puede ser com partida y mejores vínculos con las comunidades y el gobierno representativo en el nivel local. Desde nuestro punto de vista, sólo la combinación de estos factores traerá beneficios a largo plazo. Sobre la puesta en práctica de tales principios, es particularmente nota ble el trabajo del grupo Police in Transition en Europa oriental v central.
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Mediante el monitoreo y el debate racional, este grupo intenta influir en la re forma de la policía en los estados transicíonales. Este no es un grupo de "be nefactores" occidentales que tratan de imponer un cambio desde afuera, sino un grupo variado de académicos, policías y representantes de organizacio nes no gubernamentales (ONG) de la región que trabajan dentro de los estados, presionando a sus gobiernos y utilizando su pericia técnica occidental cuando sea pertinente. En febrero de 1999, este grupo elaboró "Las Recomendaciones de Budapest", puntualizando una serie de propuestas para fomentar el desarro llo de una buena práctica de la actividad policial en Europa central y oriental. Estas son presentadas en forma completa a continuación y se notará que in corporan los principios defendidos por Bayley, quien sostiene correctamente que el "desarrollo de una actividad policial democrática no puede ser dejada a la policía ni puede involucrar sólo a la policía" (Bayley, 1995:93). 5
Policía en transición. Las recomendaciones de Budapest Considerando los datos y conclusiones de la investigación de los sistemas de actividad policial de un cierto número de estados de Europa central y oriental que comparten un pasado totalitario común, la Conferencia convocada en Buda pest del 18 al 29 de Febrero de 1999 adopta las siguientes recomendaciones: 1) Los estados de Europa central y oriental deberían incorporar todas las normas internacionales pertinentes en sus sistemas legales. De ese modo, debería ponerse énfasis en la Convención Europea sobre los Derechos Humanos, el Código de Conducta de las Naciones Unidas para los Fun cionarios que Aplican la Ley (1979) y la Resolución 690 (1979) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa: Declaración sobre la Po licía. Una exposición completa debería tomar en cuenta las medidas y re comendaciones basadas en la experiencia de la Oficina de Justicia y Asuntos Internos de la Unión Europea. 2) La tortura, el tratamiento inhumano o degradante, deben ser descartados incondicional e inmediatamente de la práctica policial. 3) Los policías deberían abstenerse de llevar a cabo cualquier orden que saben, o que deberían saber, es ilegal. 5
Las recomendaciones fueron aceptadas por votación unánime el 20 de febrero de 1999 en la sesión de la conferencia Pólice in Transition. Los 40 participantes del congreso ratifica ron su aceptación de las recomendaciones. Cualquiera que desee respaldar estas recomenda ciones está en libertad de hacerlo enviando una declaración al Hungarian Helsinki Committee, H-1085, Budapest, József. 34. (e-mail:
[email protected]).
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4) Ninguna restricción será impuesta al ejercicio de los derechos humanos y las libertades civiles de los policías, a excepción de las que son estric tamente necesarias para los propósitos del servicio que efectúan. Los policías deberían tener derecho al respeto de las comunidades a las que sirven y a una remuneración que sea adecuada para propiciar un alto ni vel en los estándares profesionales que se espera de ellos. 5) Deberían tomarse medidas puntuales y efectivas para eliminar la corrup ción en todos los niveles de la policía. 6) La desmilitarización de la policía debería ser uno de los principios bási cos en la medida en que ocurre la modernización de las fuerzas de segu ridad. Los servicios de policía deberían ser agencias civiles con oficia les que disfruten la condición de funcionarios públicos. Esto no excluye la aplicación de cierta disciplina de tipo militar, donde fuera estrictamen te necesario, dentro de algunas formaciones especiales en las que se ca pacita a la policía. 7) Una regulación legal precisa del poder de la policía y definiciones puntua les de los delitos penales deberían ser establecidas y plasmadas como pre condiciones centrales para la accountability de la aplicación de la ley. 8) Debería incrementarse la responsabilidad de los gobiernos locales en la preservación de la seguridad pública y ésta debería complementarse dotándoles de los poderes apropiados. 9) Deberían establecerse mecanismos independientes para investigar la con ducta inapropiada de la policía y la accountability pública total de los po licías. El control civil de la policía debería jugar un papel vital en la reduc ción de las distancias entre la información reservada y las características profesionales de la aplicación de la ley, por un lado, y las expectativas del sistema legal y de la sociedad en general, por el otro. Los organismos ci viles deberían participar activamente en la definición de estrategias de la actividad policial en el ámbito local. Las organizaciones no gubernamen tales deberían tener facultades y oportunidades prácticas para cumplir a cabalidad su misión en relación con el monitoreo de las actividades de la policía, incluyendo las visitas a los centros de detención de la policía. 10) La policía debería ser despojada de sus poderes judiciales allí donde existan. La asistencia legal debería de protegerse de todas las decisio nes administrativas hechas por la policía. La detención antes del juicio no debería ser ejecutada en las instalaciones de la policía, excepto por un periodo corto de tiempo o en las condiciones especiales prescritas por la ley. 11) Los datos personales deberían ser protegidos y algunas medidas preven tivas adecuadas —con especial consideración de la Convención Euro-
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pea de 1981 sobre la Protección de Datos y las posteriores reglas y es tándares europeos— deberían ser implementadas para impedir cualquier uso indebido de ellos. 12) El derecho a notificar a un abogado, a un doctor designado por uno mis mo y a un pariente cercano o una tercera parte debería ser garantizado, siempre que la libertad personal sea restringida. Cualquier interrogación en custodia por parte de la policía debería ocurrir cuando la persona ha sido informada anticipadamente de sus derechos y en un modo prescrito por la ley Cada país debería desarrollar un sistema de provisión de ase soría legal efectiva para las personas arrestadas que carezcan de recur sos financieros. 13) Aquellos medios de vigilancia encubierta que no requieren autorización judicial, también deberían ser considerados regularmente por parte del fiscal público u otro cuerpo independiente de la policía. Este cuerpo de bería tener la facultad de ordenar la destrucción de los datos que no son usados en un juicio penal. 14) La policía no debería tener la autorización de detener a las personas y de comprobar su identidad por razones que sean arbitrarias. Las revisiones deberían ser justificables por razones válidas. 15) Las investigaciones sobre las realidades y el contexto social de la activi dad policial deberían ser fomentadas y apoyadas por los gobiernos. Los métodos innovadores de aplicación de la ley (por ejemplo, la policía comunitaria, la policía orientada a la solución de problemas) deberían ser estudiados y adaptados a las condiciones particulares de los estados de Europa Central y Oriental. 16) Diferentes formas de atención psicológica previstas para los policías por las organizaciones no gubernamentales y gubernamentales deberían ser promovidas por los gobiernos. 17) Deberían hacerse esfuerzos para involucrar a los miembros de todos los grupos sociales y minorías en los niveles de la administración y del per sonal de la actividad policial. 18) Un acento fuerte en los derechos humanos, los valores de la democracia constitucional y el Estado de derecho debería ser incorporado en todos los niveles y temas de la formación de la policía. Los aspectos de los de rechos humanos vinculados a las medidas de la policía, también debe rían ser acentuados durante la impartición de conocimientos sobre las habilidades prácticas de la actividad policial. Traducción del inglés de Fredy Aldo Macedo Huamán
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Recibido: julio, 2004 Revisado: septiembre, 2004 Correspondencia: Criminology's Department/Keele University/Keele, Staffordshire/ST5 5BG/UnitedKingdom/correo electrónico: R. M.: cra26 @keele. ac.uk;
[email protected]; A. W.:
[email protected]
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