Segunda Legislatura Ordinaria de 2013 - Tomo III - Diario de los Debates

16.ª A SESIÓN (Matinal) JUEVES 19 DE JUNIO DE 2014 PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES LUIS IBERICO NÚÑEZ Y FREDY ROLANDO OTÁROLA PEÑARANDA SUMARIO Se pasa lista.— Se reanuda la sesión.— Se aprueba la modificación al Cuadro de Comisiones correspondiente al período anual de sesiones 2013-2014.— Se aprueba, con modificaciones introducidas en el curso del debate, el informe en mayoría sobre el caso Indultos y Conmutaciones de Pena presentado por la Comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República.— Se aprueban mociones de saludo al distrito de Yanahuaya, de la provincia de Sandia, región Puno, con motivo de celebrar un aniversario más de su creación política; a la mujer y al hombre del campo por la celebración del Día del Campesino; al distrito de Ocuviri, de la provincia de Lampa, región Puno, con motivo de celebrar su centésimo octogésimo noveno aniversario de creación política; al distrito de Uñón, de la provincia de Castilla, departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el quincuagésimo segundo aniversario de su creación política; a la provincia de Lampa, región Puno, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política; al distrito de Characato, de la provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el cuadringentésimo septuagésimo tercer aniversario de su fundación española; al distrito de Vilquechico, de la provincia de Huancané, región Puno, con motivo de celebrar su centésimo sexagésimo aniversario de creación política; a los pobladores de la ciudad de Chota, por la celebración del Día de la Identidad Chotana; al distrito de Cabanilla, de la provincia de Lampa, región Puno, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política; a la Institución Educativa Simón Bolívar, del distrito de Bolívar, 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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ubicado en la provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, por conmemorarse el cuadragésimo sexto aniversario de su creación; al destacado doctor Lorenzo Orlando Rosas Durand, por su laudable y brillante trayectoria como científico al servicio la humanidad; a la provincia de Paucartambo, región Cusco, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política; a la provincia de Urubamba, región Cusco, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política; a los pobladores de Cajamarca y del Perú por el Día del Campesino; a la Municipalidad Distrital de Olmos, de la provincia y departamento de Lambayeque, con motivo de conmemorarse el cuadringentésimo cuadragésimo primer aniversario de su fundación española; a la Institución Educativa Emblemática Nuestra Señora de las Mercedes, de Huánuco, por su septuagésimo primer aniversario de vida institucional; a la provincia de Quispicanchi, región Cusco, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política; al Comité de Autodefensa (CAD) del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), por el trigésimo aniversario de su creación; a la Capital Histórica del Perú, por conmemorarse el aniversario de la ciudad del Cusco y la fiesta del Inti Raymi.— Se aprueban modificaciones al Cuadro de Comisiones correspondiente al período anual de sesiones 2013-2014 y a la Comisión de Ética Parlamentaria.— Se aprueba, previa admisión a debate, el texto sustitutorio de la Moción de Orden del Día N.° 3324, que propone la conformación de una comisión investigadora respecto de investigar procesos de transferencia de terrenos de propiedad del Estado y presuntas apropiaciones ilícitas del empresario Rodolfo Orellana Rengifo.— Se levanta la sesión. —A las 9 horas y 14 minutos, bajo la Presidencia del señor Luis Iberico Núñez, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, Otárola Peñaranda, Andrade Carmona, Anicama Ñañez, Apaza Condori, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Bruce Montes de Oca, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coari Mamani, Condori Cusi, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Cuculiza Torre, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, García Belaunde, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Hurtado Zamudio, Inga Vás­ quez, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Rivera, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis

Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Medina Ortíz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Merino De Lama, Molina Martínez, Monterola Abregú, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pariona Galindo, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Rondón Fudinaga, Rosas Huaranga, Saavedra Vela, Sarmiento Betancourt, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro, Spadaro Philipps, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Urquizo Maggia, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Za­ mudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar. (Los señores congresistas precitados, además de contestar a la lista, registran su asistencia por medio del sistema digital.)

Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE! 1

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Con licencia oficial, los congresistas Omonte Durand (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), Castagnino Lema, Jara Velásquez (ministra de Trabajo y Promoción del Empleo), Salgado Rubianes y Teves Quispe. Con licencia por enfermedad, los congresistas Neyra Huamaní y Vacchelli Corbetto. Ausentes, los congresistas Luna Gálvez, Abuga­ ttás Majluf, Acha Romaní, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Aguinaga Recuenco, Alcorta Suero, Angu­ lo Álvarez, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Capuñay Quispe, Chacón De Vettori, Coa Aguilar, Condori Jahuira, Díaz Dios, Elías Ávalos, Espinoza Cruz, Espinoza Rosales, Falconí Picardo, Fujimori Higuchi, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Isla Rojas, Julca Jara, Mavila León, Núñez de Acuña, Pari Choquecota, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Tello de Rodríguez, Portugal Catacora, Ramírez Ga­ marra, Reggiardo Barreto, Rimarachín Cabrera, Ruiz Loayza, Salazar Miranda, Solórzano Flores, Tait Villacorta, Tan de Inafuko, Tapia Bernal y Wong Pujada. Suspendidos, los congresistas Gagó Pérez y Uribe Medina. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— El quórum para la presente sesión es de 61. Han registrado su asistencia 77 congresistas. Con el quórum reglamentario, continúa la sesión. Se aprueba modificación al Cuadro de Comisiones correspondiente al período anual de sesiones 2013-2014 El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a dar cuenta de unas modificaciones al Cuadro de Comisiones. El RELATOR da lectura: Modificación al Cuadro de Comisiones correspon­ diente al Período Anual de Sesiones 2013-2014 Comisión de Fiscalización: Sale como titular el congresista Gagó Pérez, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular; y sale como accesitario e ingresa como titular el congresista Reátegui Flores, del Grupo Parlamentario Fuerza Popular.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a votar a mano alzada. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la votación, se aprueba la modificación al Cuadro de Comisiones correspondiente al período anual de sesiones 2013-2014. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido acordado. —El texto aprobado es el siguiente: —La modificación en el Cuadro de Comisiones Ordinarias al Cuadro de Comisiones correspondiente al período anual de sesiones 2013-2014 es el siguiente: -En la Comisión de Fiscalización: Sale de titular el congresista Gagó Pérez. Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Reátegui Flores.” El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la votación, se acuerda tramitar el asunto tratado en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra la congresista Leyla Chihuán. Estoy dando la palabra en razón de la oportunidad del pedido. Primero lo hizo la congresista Leyla Chihuán. La señora CHIHUÁN RAMOS (GPFP).— Señor Presidente, solo para informar a los colegas congre­ sistas que a partir de las ocho de la mañana se está realizando, en la plaza Bolívar, una campaña de donación de sangre. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Estamos buscando héroes. Recordemos que podemos mostrar nuestro lado solidario como congresistas de la República. Ayúdenme a impulsar esta campaña. Los que se encuentren en buena condición física, que son casi todos los aquí presentes, acérquense a donar sangre. Demos el ejemplo. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra la congresista Karla Schaefer. La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Señor Presidente, me solidarizo con Leyla y la felicito por el trabajo que viene realizando desde años atrás para sensibilizar a los ciudadanos respecto de la im­ portancia de la donación de sangre y la donación de órganos. El 14 de junio se ha celebrado el Día Mundial del Donante de Sangre, y la población vería con muy buenos ojos que nosotros los congresistas y todo el servicio parlamentario podamos salvar una vida el día de hoy y volvernos héroes. Gracias, Presidente.

nueva Ley Universitaria no han sido sometidas a votación. El artículo 60.° del Reglamento dice que el Presi­ dente concederá un máximo de tres minutos para que se plantee una cuestión previa —cosa que se cumplió—, la cual de inmediato se someterá, sin debate, a votación. Presidente, la cuestión previa que yo he planteado se refiere a que decidamos que este proyecto de nueva Ley Universitaria, que tiene más de cien artículos y una complejidad enorme, sea debatido y votado por capítulos. Presidente, ha habido ya una introducción y yo tengo una serie de observaciones sobre esa norma. Por ejemplo, se habla del principio de inclusión; sin embargo, se les está quitando a los jóvenes la posibilidad de participar en los estamentos de representación… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Martha Chávez, ese tema no está en debate. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Estoy dando un ejemplo, Presidente. Por favor, no me interrumpa. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Le pido circunscribirse al tema en debate, congresista.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Representación Nacional saluda a la señora Anneli Hulthén, al­ caldesa de la ciudad de Gotemburgo, Suecia, y a su distinguida delegación, quienes se encuentran acompañados de la señora congresista María Magdalena López Córdova y de la señora Diana Álvarez Calderón, ministra de Cultura.

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— De eso estoy hablando.

La Representación Nacional expresa su agra­ decimiento y reconocimiento a la señora Anneli Hulthén por el importante gesto que ha permi­ tido recuperar importantes valores culturales de nuestro patrimonio.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Martha Chávez, hoy día estamos con otro tema de agen­ da. Vamos a tener en cuenta su cuestión previa.

(Aplausos). Para una cuestión de orden, tiene la palabra la congresista Martha Chávez. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidente, se está violando el artículo 60.° del Reglamento del Congreso de la República en la medida que cuestiones previas respecto de la Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Entonces, temas tan importantes como la exclusión de los estudiantes de estudios generales de las univer­ sidades, porque en la ley se exigen cinco semestres…

La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— … no pueden tratarse de una manera superficial con tres minutos por cada intervención. Es un proyecto de ley que tiene más de cien artículos. Le pido, Presidente, que someta a votación la cuestión previa que he planteado. El congresista Mulder también ha planteado una cuestión previa…

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El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Solo hay que recordar que el debate ha sido de tres minutos; pero el tiempo, ilimitado.

Daré cuenta de algunos de los hallazgos centrales de esta investigación, sin dejar de recordar que este caso estaba contemplado en las mociones que dieron origen a la Comisión investigadora.

En su momento se va a votar la cuestión previa, porque vamos a ver otro tema en agenda.

Avanzamos hacia el hallazgo número uno.

Se inicia el debate del informe en mayoría de la Comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República sobre el caso Indultos y Conmutaciones de Pena El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede dar cuenta del tema que vamos a tratar, señor Relator. El RELATOR da lectura: Informe final en mayoría sobre el caso Indultos y Conmutaciones de Pena presentado por la Co­ misión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República.* El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a iniciar la sustentación del informe en mayoría de la Co­ misión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República sobre el caso Indultos y Conmutaciones de Pena. Antes de darle la palabra al congresista Sergio Tejada, debo reiterar que, a efectos de evitar problemas, se va a proceder a retirar del primer piso del Hemiciclo a aquellos asesores que no estén sentados. Pido al personal de seguridad que aplique esta disposición inmediatamente. Tiene la palabra el congresista Sergio Tejada, presidente de la Comisión investigadora. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Presidente, como acordó este Pleno la semana pasada, vamos a ver primero el caso de los indultos y las conmutaciones de pena. Inicialmente haremos una exposi­ ción sobre algunos de los hallazgos principales y continuaremos con las conclusiones de la Comi­ sión, en las que entraré en mayor detalle.

Lo primero que encontró nuestra Comisión fue algo que nos llamó mucho la atención y fue motivo de un pedido de ampliación incluso aquí ante la Representación Nacional: el número de gracias presidenciales que se había otorgado en el período 2006-2011 era de 5246, bastante elevado. La gran mayoría eran conmutaciones; y, lo que más nos llamó la atención, conmutaciones a sentenciados por el delito de tráfico ilícito de drogas. Como se ve en el cuadro (cuadro 1), se dieron 104 indultos humanitarios y 128 indultos comunes. En cuanto a las conmutaciones de pena, 3207 se otorgaron a sentenciados por tráfico ilícito de drogas; 1626, a sentenciados por robo agravado; 150, por hurto agravado; 45, por homicidio; y 218, por otros delitos. Hay que recordar que el indulto es cuando se condona una pena; y la conmutación, cuando se reemplaza una pena por otra. En este caso, predominaron las conmutaciones, mediante las cuales determinadas penas que daba el Poder Judicial eran reemplazadas por otras penas reco­ mendadas por la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales y otorgadas finalmente por el ex presidente de la República. Encontramos que muchas de las conmutaciones de pena eran otorgadas a organizaciones delic­ tivas o grupos familiares completos y cabecillas de bandas. Vamos a ahondar más adelante en el caso de un ciudadano peruano al que se dio la conmutación y poco después cayó nuevamente en la misma actividad pero no con cantidades pe­ queñas de droga, sino con cerca de tres toneladas de clorhidrato de cocaína. El segundo hallazgo central fue que se conocieron denuncias por declaraciones de testigos sobre cobros a internos por tráfico ilícito de drogas para obtener conmutaciones de penas. La Comisión recogió varias de estas denuncias que habían sido realizadas incluso en el propio período 2006-2011, por ejemplo, por los ciudadanos Nelson Rosales Espinoza, Carmen de Guadalupe Delgado Méndez de Rivera, Sócrates Grillo Bockos y Julio Antonio Paico Chimoy.

* El texto del documento obra en los archivos del Congreso de la República. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Cuadro 1

En las conclusiones ahondaremos sobre estas denuncias. La Comisión recogió el testimonio de un tes­ tigo clave que actualmente está en proceso de colaboración eficaz ante la Fiscalía, por lo que no revelamos su nombre. Pero tuvimos su declaración y pudimos corroborar que efecti­ vamente se produjeron una serie de depósitos, retiros y transferencias por el otorgamiento de la conmutación de pena solicitada por Eugen Csorgo, sentenciado también por tráfico ilícito de drogas. La Comisión pudo determinar también que las conmutaciones de pena no respondieron a una política de deshacinamiento carcelario y que el porcentaje de internos conmutados por delito no tuvo relación con el porcentaje de internos que se encontraban en los penales. Se dieron conmutaciones en un 61% a sentenciados por tráfico ilícito de drogas, cuando en las cárceles las personas que están por este delito constituyen el 24%. La mayor cantidad de sentenciados está por robo agravado, y constituyen cerca del 30%. Además, hay muchas personas que están años de años en las cárceles sin ninguna sentencia. Si se buscaba el deshacinamiento carcelario, se hubiera podido buscar alguna solución para esas personas. Incluso hemos encontrado que se benefició a 371 condenados que se encontraban con semilibertad, por lo que en esos casos no podríamos hablar tampoco de deshacinamiento carcelario. La Comisión encontró también que se otorgó, aparentemente de manera ilícita, el derecho de Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

gracia por razones humanitarias a Julio Espino­ za Jiménez, ex jefe del Seguro Integral de Salud procesado por adquirir raciones alimenticias sobrevaloradas para los damnificados por el te­ rremoto del sur de 2007. Para la Comisión, no se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 22.° del Reglamento de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, se otorgó el derecho de gracia encontrándose el proceso judicial en la etapa de instrucción, y se ha acreditado incluso la existencia de actos pre­ paratorios destinados a sustraer de la acción de la justicia, como un proyecto de ley enviado para evitar el ingreso de la Contraloría General de la República en la zona del sismo del sur y que fue rechazado por la Comisión de Fiscalización. Sobre eso ahondaremos más adelante. Se determinó también que a algunas de estas resoluciones de conmutación les habían bajado los años más allá de lo recomendado por la Comisión de Gracias Presidenciales. En este caso fue el mismo expresidente. En pantalla hay un caso que corresponde a Eugen Csorgo (cuadro 2), que lo hemos mencionado ya en esta exposición. La Comisión recomienda bajar la pena de quince a nueve años; sin embargo, se tacha y se disminuye a seis años, con lo cual ese interno salió rápidamente de la prisión. Para la Comisión, posteriormente a la renuncia de la ministra María Zavala, el 20 de diciembre de 2007, se constituyó una presunta asociación ilícita con la finalidad de otorgar gracias presidenciales a cambio de prestaciones económicas.

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Cuadro 2

El 2 de enero de 2008 se designa a Miguel Fa­ cundo Chinguel como presidente de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias (CIDG) y se empiezan a dar una serie de modificaciones legales —sobre las cuales ahondaremos— que tenían un claro objetivo, cual era obtener un control absoluto de la Comisión para poder facilitar este otorgamiento masivo de gracias presidenciales.

Tenemos entonces dos personas que habían estado vinculadas al narcotráfico. Una había estado en Lurigancho; y la otra, en Santa Mónica.

Este control consistía en cambiar la composición de los integrantes, las reglas del quórum para sesionar, el criterio de unanimidad por el de mayoría para aprobar las recomendaciones de resolución, entre otras modificaciones que vamos a ver más adelante.

Hemos encontrado también que muchas de las decisiones de la Comisión, entre ellas muchas de las modificaciones legales que hemos comentado, se producen el mismo día o en días cercanos de reuniones en Palacio de Gobierno.

Un hecho que nos pareció sorprendente fue que la Comisión contrató a dos personas que habían sido sentenciadas por tráfico ilícito de drogas. Este es el caso de Manuel Huamán Montenegro, que había sido vinculado a la banda Los Norteños y purgó ocho años de prisión. Cuando él entró a trabajar a la Comisión de Gracias Presidenciales se dieron mil diez conmu­ taciones a narcotraficantes, de las cuales ochenta y nueve lo eran en su forma agravada. Carmen Morales Pérez, condenada a cuatro años de prisión por tráfico ilícito de drogas, también fue integrante de esta Comisión, y su caso es bastante llamativo, porque fue conmutada por la propia Comisión que presidía Facundo Chin­ guel. Es decir, le dieron la conmutación y poco tiempo después la contratan para formar parte del equipo de aquellos que decidían las gracias presidenciales.

La hipótesis de la Comisión es que esta asociación habría operado hasta el indulto a Crousillat, que, como ustedes saben, fue un escándalo y supuso la caída y la salida del ex ministro de Justicia Aurelio Pastor de esa cartera ministerial.

Tenemos, por ejemplo… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene tiempo adicional, congresista. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Necesito diez minutos más, por favor. Por ejemplo, vemos ahí (cuadro 3) que una reunión entre Miguel Facundo Chinguel y Luis Nava Gui­ bert, secretario general de Palacio de Gobierno, se sostiene en fechas cercanas a una serie de modificaciones legales. Una segunda reunión de Facundo Chinguel con Luis Nava Guibert se realiza el 17 de diciembre, poco antes de que se acepte la renuncia de María Zavala e ingrese a laborar Facundo Chinguel a la Comisión de Gracias Presidenciales. Recordemos 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Cuadro 3

que él ingresa el 2 de enero, dos semanas después de esta reunión que se produce entre Facundo Chinguel y Luis Nava. Encontramos también varias reuniones que se producen entre Miguel Facundo Chinguel y Julio Zavala Hernández, secretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, que coinciden también con modificaciones legales. Por ejemplo, una reunión se da el 10 de enero de 2008, y el mismo día sale una resolución ministerial que modifica una serie de artículos del Reglamento de la Comisión de Gracias Pre­ sidenciales. Otra reunión se produce el 6 de marzo, y el 7 de marzo se otorga el derecho de gracia, por razones humanitarias, a Fernando Dianderas Ottone. Vemos una serie de reuniones entre Facundo Chinguel con Nava Guibert y Zavala Hernández, ya cuando Facundo Chinguel era presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Incluso una de ellas coincide con el día en que se lanza la convocatoria a una consultoría que se adjudi­ ca Manuel Huamán Montenegro, ex integrante de Los Norteños que después formó parte de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Hay un grupo que tenía sentencia por tenencia ilegal de armas; y otro, por tráfico ilícito de dro­ gas. Tres de estos sentenciados tenían condena por tráfico ilícito de drogas en forma agravada. Los aportes son bastante llamativos, y por ello en las recomendaciones solicitamos una investiga­ ción. No hemos concluido al respecto. Pasamos, entonces, a las conclusiones. Muchas de ellas referidas a los hallazgos, pero vamos a profundizarlos. Existen indicios de que con estas políticas se habría infringido una serie de artículos de la Constitución, y voy a centrarme en los más importantes. El artículo 43.° de la Constitución indica que el Gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de separación de poderes. El artículo 44.°, que son deberes primordiales del Estado proteger a la población de las amena­ zas contra su seguridad y promover el bienestar general, que se fundamenta en la justicia y el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

Hemos encontrado también que varios de los condenados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos realizaron aportes al Partido Aprista Peruano, como aparece en pantalla (cuadro 4).

El artículo 45.°, que el Poder del Estado emana del pueblo y que quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Cons­ titución y las leyes establecen.

Los primeros fueron conmutados. Habían estado en la cárcel por robo agravado e hicieron una serie de aportes.

Y el artículo 118.°, en su inciso 1), que el Estado debe cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales; y

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Cuadro 4

en su inciso 9), que se debe cumplir y hacer cum­ plir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales.

Esa es una preocupación que hemos encontrado claramente, y lo vemos en casos de robo agravado, hurto agravado, tráfico ilícito de drogas.

¿Por qué mencionamos estos artículos de la Constitución, Presidente? Porque si bien las gracias presidenciales son una facultad presidencial establecida en la Constitución, ellas deben darse de manera excepcional, motivada y de acuerdo con la Constitución y las leyes, sin vulnerar otros preceptos constitucionales sobre, por ejemplo, separación de poderes. Es evidente que si cuestionas un gran porcentaje de las sentencias que ha dado el Poder Judicial, no estás respetando la separación de poderes y estás constituyendo una suerte de Poder Judicial paralelo que cuestiona aquello que decide la justicia.

Además, el artículo 8.° de la Constitución in­ dica que el Estado combate el narcotráfico, y esta política no ha ido definitivamente en esa dirección. Vamos a desarrollar cuáles son las modificaciones a la normatividad que se dieron a la Comisión de Gracias Presidenciales (cuadro 5). -De cinco comisiones encargadas de evaluar y calificar las gracias presidenciales, se fusionaron dos de ellas en la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia, sobre la que se tuvo control absoluto en virtud de las siguientes modificaciones.

Cuadro 5

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-Se migró de un sistema de profesionales prove­ nientes de instituciones a un sistema que hacía posible el nombramiento de cualquier persona sin ningún tipo de limitación, para que sean los comisionados, este grupo de cinco personas, los que finalmente decidieran a quién recomendaban la gracia presidencial.

-Se eliminó la obligación de actuar en concordan­ cia con los objetivos de la normativa de ejecución penal.

-Se redujo, además, el número de miembros con dos permanentes y tres no permanentes, lo que permitió que sea manejada por un número redu­ cido de personas.

-Y se eliminó la condición de conmutar la pena en forma proporcional y razonable en concordancia con la normatividad vigente.

-Se redujo el quórum y se modificó el requisito de que las decisiones sean tomadas por unanimidad para que en adelante sean por mayoría simple. -Cuando entra Facundo Chinguel, a principios del año 2008, entra con personas que habían estudia­ do con él en la Universidad Federico Villarreal, y se entiende que eran de su máxima confianza. Solo con ellos ya tenía el control, porque necesitaba tres personas para tener quórum. -Se eliminó la aplicación de criterios de objetivi­ dad y se estableció el criterio de conciencia; es decir, la aplicación de criterios subjetivos para la selección de los beneficiarios de las gracias presidenciales.

-Se modificó el concepto de conmutación de pena incorporando como nueva modalidad la reducción del tiempo de duración de la pena.

Con esto, Presidente, se pudo facilitar que se den masivamente miles de gracias presidenciales. Se ha encontrado también que en las resoluciones supremas no hay una motivación explícita y suficien­ te que permita establecer las circunstancias por las que el Estado otorgó la gracia presidencial, y como las mociones que dieron origen a nuestra comisión nos dieron el encargo no solo de encontrar irregu­ laridades, sino también de hacer recomendaciones, estamos haciendo recomendaciones en esa dirección. De otro lado, la Comisión estableció que para las conmutaciones de pena se habría instaurado un sistema judicial paralelo. Pido que se proyecte el video. —Inicio de proyección de video. El REPORTERO.— Penal de Huacariz, en Cajamarca, 4 de septiembre de 2009. El entonces ministro de Justicia, Aurelio Pastor, ofrece a sentenciados por tráfico ilícito de drogas gracias presidenciales como si solo dependiera de él concederlas o no.

El señor PASTOR VALDIVIESO.— ¿Alguien está sentenciado por el 296?

La señora FELÍCITA DELGADO VÁSQUEZ.— Yo estoy por tráfico ilícito de drogas… El señor PASTOR VALDIVIESO.— Hoy día voy a firmar treinta y uno más… La señora FELÍCITA DELGADO VÁSQUEZ.— ¿Treinta y uno más? Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

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El señor PASTOR VALDIVIESO.— Ayer he firmado… PERSONA QUE ACOMPAÑA AL SEÑOR AURELIO PASTOR EN LA VISITA AL PENAL DE HUACARIZ.— Te cuento algo: ella se ha casado acá… El REPORTERO.— Por esta razón, entre otras, Pastor está siendo investigado luego de que se descubriera una presunta organización criminal de funcionarios públicos que habrían cobrado exorbitantes sumas de dinero por otorgar estas gracias presidenciales. Estamos hablando del escandaloso caso conocido como los narcoindultos. El señor PASTOR VALDIVIESO.— ¿Usted es su esposo? El señor TEÓFILO MANOSALVA IDROGO.— Sí. El señor PASTOR VALDIVIESO.— ¿Cuántos años tiene acá? El señor TEÓFILO MANOSALVA IDROGO.— Ya voy a cumplir diez años. El señor PASTOR VALDIVIESO.— ¿Cuántos años le han dado? El señor TEÓFILO MANOSALVA IDROGO.— Quince. El señor PASTOR VALDIVIESO.— ¿Se va a portar bien o no? El señor TEÓFILO MANOSALVA IDROGO.— Sí. El señor PASTOR VALDIVIESO.— ¿Seguro? El señor TEÓFILO MANOSALVA IDROGO.— Sí. El señor PASTOR VALDIVIESO.— Preparen su expediente ahorita. Al toque. La señora FELÍCITA DELGADO VÁSQUEZ.— Por favor, le pido, por favor, por mi hijo… PERSONA QUE ACOMPAÑA AL SEÑOR AURELIO PASTOR EN LA VISITA AL PENAL DE HUACARIZ.— No se preocupe. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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El señor PASTOR VALDIVIESO.— Hoy día quiero el expediente. Lo voy a firmar esta semana que viene. (Aplausos). El REPORTERO.— En el primero de los videos que obtuvo este programa se puede observar al exministro, cuya gestión duró desde el 11 de julio de 2009 al 16 de marzo de 2010, ingresando al Penal de Mujeres de Chorrillos la mañana del 8 de setiembre de 2009. Cientos de presas, en su mayoría extranjeras sentenciadas por TID o tráfico ilícito de drogas, lo estaban esperando ansiosas. El señor PASTOR VALDIVIESO.— Nosotros hacemos un tremendo despliegue que empieza con el trabajo del doctor Facundo y su comisión, para poder evaluar cada caso, armar los cuadernos, conseguir las constancias y lograr que estos expedientes lleguen finalmente al Ministerio de Justicia.

El REPORTERO.— Y luego procede a entregar simbólicamente cinco resoluciones de conmutación de pena que perdonan los años que les quedaban por purgar en prisión, de acuerdo a sus sentencias, a las beneficiadas de un total de 130. El señor PASTOR VALDIVIESO.— Le voy a pedir al doctor Facundo… El REPORTERO.— Y es el mismo Facundo Chinguel quien entrega las resoluciones. El señor PASTOR VALDIVIESO.— Polsoczy Helga… Muy bien. El REPORTERO.— Como mostramos al inicio, cuatro días antes de la visita al Penal de Chorrillos, lo que muchos consideran como un auténtico festín de gracias presidenciales, había llegado a Cajamarca, al Penal de Huacariz. Otro factor que está investigando la Procuraduría… —Fin de la proyección del video. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

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El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia propone que en todos los casos el tiempo no sea controlado. Si no hay objeciones, vamos a actuar de esa manera. Tiempo libre, por favor. Prosiga, congresista Sergio Tejada. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Señor Presidente, cuando escuchamos al exministro pregun­ tar quiénes están por el 296, lo que está preguntando es quiénes están por tráfico ilícito de drogas. El 296 y el 297 son el tipo penal en su for­ ma agravada. Entonces, muestra una voluntad de priorizar los casos de tráfico ilícito de drogas. Ya hemos mencionado que no se respondió a una política de deshacinamiento carcelario. Incluso se dio conmutación a personas que estaban con semilibertad. El hacinamiento carcelario se incrementó de veintiséis mil ingresos en 2007 a treinta y tres mil en 2011. Hemos mencionado también que se había trans­ gredido el artículo 8.° de la Constitución, pues el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas; pero esta política, definitivamente, no ha ido en esa dirección y ha generado un perjui­ cio grave al Estado, porque hay recursos que se invierten en la Policía y el Poder Judicial para poder perseguir y sancionar el delito. Incluso las vidas de las personas que denunciaron, persiguieron y sancionaron los hechos están en

riesgo, porque ven rápidamente a muchos de estos delincuentes de nuevo en las calles. Vamos a mencionar algunas bandas que fueron liberadas. Los llamados nigerianos, como ven en pantalla (cuadro 6), formaban parte de una organización que fue condenada a veinte años de pena pri­ vativa de libertad por el Poder Judicial. En el año 1999, esta mafia estuvo involucrada en un intento de fuga de Lurigancho. Aparentemente, ellos estuvieron financiando un túnel para salir de Lurigancho. Quiere decir que no tenían el mejor comportamiento dentro del penal; sin embargo, se les otorga la conmutación de pena prácticamente a todos. Ahí vemos a Phillip Mofya, a quien se le da la Resolución 138-2008 y sale en libertad el 21 de agosto de 2008. De catorce años baja a once años. Philip Sethole, de doce a once años; John Nnae­ meka, de catorce a once; Maxwell Chukwudi, de catorce a doce; Mokoena Moses, de catorce a once; y Nwabilo Emeka, de quince a doce. Seis nigerianos integrantes de la misma organi­ zación fueron conmutados, en condiciones muy similares, a once o doce años, con lo cual estaban próximos a salir. La mayoría de ellos ha salido a finales del año 2008 o a inicios del año 2009. Otro caso es el de una banda de narcotraficantes integrada por colombianos y ecuatorianos (cuadro 7). Vemos a la izquierda la resolución judicial donde se menciona que todos ellos formaban parte de esta organización. Cuatro de ellos fueron conmutados: de diez a siete años, de quince a ocho años, de quince a siete años, y de quince a ocho años.

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Cuadro 7

En uno de los casos, el propio expresidente reduce la pena de quince años a siete años y medio, cuan­ do la recomendación de la Comisión de Gracias Presidenciales era disminuirla a diez años. Y está el caso de Edwin Valenzuela (cuadro 8), que mencioné al inicio. Él también fue sentenciado por ser parte de una organización de narcotráfico. Fue condenado a doce años de prisión, que corresponde a las formas agravadas según el tipo penal 297. Fueron conmutados también sus coprocesados. El señor Óscar Castrillón, de doce a seis años; el señor Antonio Noblejas, de doce a siete años; el señor Edwin Valenzuela, de doce a seis años. A la mitad, Presidente, cuando entiendo que la Comisión de Gracias Presidenciales, que además había crecido de diez a cuarenta y dos miembros, tenía capacidad de ver quiénes integraban orga­

nizaciones delictivas, porque solamente había que pedir los antecedentes judiciales y las resoluciones por las cuales fueron sentenciados. El 8 de octubre de 2013, se detuvo nuevamente a Edwin Valenzuela y a diez personas más, en Piura, con cuatro toneladas de droga que estaba destinada a Europa. Los integrantes de esta organización pertenecían a distintos países del mundo: Israel, México, Estados Unidos, Colombia, Perú, entre otros. Está el caso de Felícita Delgado (cuadro 9), que es el que se ha visto en el video en el que el exminis­ tro Pastor pregunta si se va a portar bien. Salió en libertad, al igual que la persona que aparece a su lado, que también había estado sentenciada por tráfico ilícito de drogas.

Cuadro 8

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Cuadro 9

Como hemos mencionado en varias resoluciones, el expresidente recomienda menos años que los que propone la Comisión de Gracias Presidencia­ les. Eso lo hemos visto en varios casos y estamos mencionando algunos de ellos, como el de Eugen Csorgo, del que vamos a detallar un poco más el procedimiento. También están los casos de Wolfenson Ríos Vela, José Alexander Reguera Isuiza, Amelia Emperatriz Reyes Alfaro —que además tiene militancia aprista—, Arvel Serapio Bobadilla Mera, entre otros. Como tercera conclusión indicamos que los ministros Aurelio Pastor y Rosario Fernández Figueroa, así como quienes resulten responsables, son solidariamente responsables por los presuntos actos delictivos o violatorios de la Constitución que se hayan producido a través de esta política. En la siguiente conclusión nos centramos en el indulto otorgado al ex jefe del Seguro Integral de Salud Julio Espinoza Jiménez. El 22 de agosto de 2007, unos días después del sismo del sur, se envió un oficio a la Presidencia del Congreso para que la Contraloría suspenda sus facultades de control previo y simultáneo en las localidades declaradas en emergencia por catástrofes naturales. La Comisión de Fiscaliza­ ción lo rechazó, porque consideró que podía abrir paso a actos de corrupción. Sin embargo, cuando es procesado Espinoza Jiménez y todo indica que se iba a leer una sentencia condenatoria, se le sustrae de la acción de la justicia. Según hemos visto, no se habrían reunido las condiciones para un indulto humanitario, pues este señor tenía sesenta y un años de edad, no

sesenta y cinco, y las condiciones carcelarias no agravaban su situación de salud. Es más, él había tenido un período postoperatorio favorable y se desempeñaba con normalidad. Incluso, llevaba clases diarias de diferentes materias, como por ejemplo joyería, y mostraba en todos los informes que tenía una situación favorable de salud. La quinta conclusión es que existen indicios razonables de la comisión del delito de cohecho pasivo propio, tipificado en el artículo 394 del Código Penal, por parte del ex ministro de Justi­ cia Aurelio Pastor Valdivieso, y su ex asesor José Manfredi Marruffo Acosta. Tenemos el testimonio de un testigo de la Co­ misión que sabe más. Él está en proceso de ser colaborador eficaz ante la Fiscalía y sindicó direc­ tamente al ex ministro de Justicia Aurelio Pastor como quien habría negociado o coordinado con él la entrega de dinero a cambio de la conmutación. El relato es aproximadamente el siguiente: El ex ministro Aurelio Pastor acudió el 19 de di­ ciembre de 2009 al penal de Lurigancho para una de estas campañas que promovían la presentación de solicitudes de indulto y conmutación de pena. Aquí el testigo se le acerca, le indica que lo cono­ cía de la región San Martín y le dice: “Tengo un primo —refiriéndose a este narcotraficante de na­ cionalidad checa— que desea ser conmutado y está dispuesto a realizar un pago”. Entonces, lo que le indica es: “Coordine con mi asesor Marruffo”. Se produce esta coordinación, según el tes­ timonio que está en pantalla (cuadro 10), y 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Marruffo aparentemente le indica una serie de rutas que seguir y en las que estaban invo­ lucrados algunos delegados jurídicos del penal que servían de nexo. Tanto él como el propio Facundo Chinguel eran el nexo para decidir cómo abordar esta situación. Como vemos en la página siguiente (cuadro 11), el testigo clave indicó a través de qué cuenta se habría producido la transferencia. Es un dinero que entra del extranjero por dieciocho mil dólares. Estos dieciocho mil dólares, como lo dijo el cola­ borador eficaz, fueron entregados en efectivo a determinadas personas que les indicaban estos intermediarios; y luego fueron transferidos a personas que trabajaban en las inmediaciones

del penal y cuya identidad no revelamos, porque entiendo que estos hechos están siendo vistos por la Fiscalía y nos han solicitado reserva. En el levantamiento del secreto bancario, vemos ahí el depósito de US$ 17 873,00. Se entiende que eran los US$ 18 000,00 menos el cargo que pueden hacer por la transferencia. Está, además, la indicación de todos los retiros y transferencias, que se ajustan a lo declarado por el colaborador eficaz. Cuando se le preguntó sobre estos hechos a Ma­ rruffo, ex asesor del ex ministro de Justicia, él prefirió guardar silencio, prefirió hacer uso de su derecho de no declarar.

Cuadro 11

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De todo el conjunto se deriva la sexta conclu­ sión, según la cual existen indicios razonables de la presunta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir, que podría haber incluido a altos funcionarios de Palacio de Gobierno y del Ministerio de Justicia, así como a integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales. Con respecto a la séptima conclusión, tenemos conocimiento, como ya hemos indicado, de otras denuncias que en su momento fueron archivadas pero que hoy cobran mayor relevancia porque se articulan a otros hechos. Son las denuncias de Nelson Rosales Espinoza, Carmen de Guadalupe Delgado, Sócrates Grillo Bockos y Julio Antonio Paico Chimoy, que seña­ lan que en diferentes niveles se estaba cobrando dinero por las conmutaciones. Aquí hay que ser claros en que se producía tam­ bién en los niveles inferiores de la Comisión con los promotores que solicitaban dinero para recibir la documentación de los internos. Entonces, aparentemente hubo estas denuncias de pagos a distintos niveles. Incluso hubo una denuncia al ex presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales porque un día la secretaria técnica Noelia Gómez Paulet entró a su oficina y encontró un sobre con dinero que decía: “Doctor Facundo Chinguel, estoy remitiendo el encargo”. Y lo firmaba una persona. Eso fue un escándalo en su momento y se pidió abrir una investigación, pero se archivó. No pasó a mayores. Ahora que lo vemos dentro de un con­ texto más amplio, entendemos que posiblemente se hacía esas entregas también en sobres. La octava conclusión es que se ha acreditado que el Ministerio de Justicia contrató servicios de consultoría para la Comisión de Gracias Pre­ sidenciales y se adjudicaron las contrataciones a Manuel Huamán Montenegro y Sonia Mendoza Quintanilla. Quisiera leer aquí, señor Presidente, parte del testimonio que brindó Facundo Chinguel ante la Comisión. Cuando el congresista Pedro Spadaro le formuló la pregunta sobre el caso específico a Facundo Chinguel, este le contesta que no se había encar­ gado de la contratación de Huamán Montenegro y que todos habían sido concursos públicos, como indica la ley de manera transparente; y que él ha­ bía resultado ganando este concurso. Se entiende

que el concurso para trabajar en la Comisión de Gracias Presidenciales. El congresista insiste y le pregunta: “En el caso del señor Huamán Montenegro, ¿qué tipo de personal solicitó el señor Facundo Chinguel como presidente de esta comisión?”. Y él le responde: “No recuerdo en estos momentos”. Más adelante dice: “No recuerdo exactamente cuál fue el cargo, para qué fue o lo que se pidió para que en base a ese cargo él pueda haber ganado ese concurso”. Sin embargo, lo que hemos encontrado es que an­ tes de haber trabajado en la Comisión de Gracias Presidenciales como promotor se había adjudicado una consultoría. El 30 de enero se abre la convocatoria para la con­ sultoría titulada Contratación de una consultoría para estudio de los dispositivos legales de gracias presidenciales en el tema de la problemática de los internos para obtener una gracia presidencial. El mismo día que se produce una reunión en Palacio de Gobierno con Zavala Hernández, se adjudica a Manuel Huamán Montenegro esta consultoría; y el Ministerio nos ha señalado que no obra el informe, a pesar de que Facundo Chinguel emitió la conformidad para que se dé el pago de la prestación del servicio de consultoría. Poco después, el 26 y el 28 de mayo, Manuel Huamán registra visitas a la Comisión de Gracias Presidenciales en las que se indica que se reunió con Facundo Chinguel. Estamos hablando del 26 y el 28 de mayo, y es el 1 de setiembre de 2009 que la comisión solicita contratar los servicios de un promotor. Esto lo gana nuevamente Manuel Huamán Montenegro y suscribe el contrato el 11 de setiembre de 2009. Algo similar podríamos ver en el caso de Carmen Morales Pérez, que había sido sentenciada por tráfico ilícito de drogas y fue conmutada por el propio Facundo Chinguel. Había salido en libertad tan solo cuatro meses antes de su contratación en la Comisión de Gracias Presidenciales. Presidente, esas son las conclusiones de la inves­ tigación. Definitivamente, hay muchos aspectos sumamente preocupantes de cómo se manejó esta comisión. Hay muchas coincidencias en fechas, en reuniones en Palacio de Gobierno, en reuniones en la Comisión de Gracias Presi­ denciales, en las que incluso el señor Facundo Chinguel era visitado por parientes de los con­ mutados y por personas que posteriormente fueron conmutadas. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Hemos encontrado también visitas al exministro Aurelio Pastor de personas que fueron conmu­ tadas y que aparentemente, según el testimonio de estas propias personas, seguían coordinando algunas entregas de conmutaciones.

de funcionarios de Aduanas y de Serpost que esta­ ban tratando de evitar controles para que pasara droga a través de Serpost. La policía los capturó y determinó, a través de escuchas telefónicas, que coordinaban con algunos internos.

Por lo expuesto, señor Presidente, estas son las recomendaciones de la Comisión:

Uno de estos internos, de apellido Ramírez Erazo, fue conmutado en medio del proceso Huandoy.

1. Formular las denuncias y acusaciones corres­ pondientes de acuerdo a las conclusiones del presente documento.

Entonces, es necesario que se investigue también la gestión de Serpost.

2. Elaborar y presentar proyectos de desarrollo constitucional a fin de mantener el carácter ex­ cepcional del derecho de gracia presidencial, pues su ejercicio indiscriminado e irrazonable genera desconfianza ciudadana, más aún si la excarcela­ ción de varios conmutados, algunos reincidentes, puso en riesgo la seguridad ciudadana. 3. Recomendar que el Congreso de la República, a través de las comisiones correspondientes, haga efectiva su facultad de control político respecto de las resoluciones supremas mediante las cuales se otorgan las gracias presidenciales, cuando resulte evidente la transgresión de los límites constitucionales (materiales y formales) de la potestad presidencial. 4. Detallar en las resoluciones supremas que otor­ gan el indulto y las conmutaciones de pena el tipo penal del delito cometido, la pena impuesta, fecha de inicio y cumplimiento de la pena, el tiempo transcurrido de carcelería al recibir el beneficio; y las razones explícitas y objetivas que motivan el otorgamiento de la gracia.

6. Remitir el informe y anexos a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República para que, en uso de sus atribuciones, investigue las presuntas irregularidades en la contratación de consultorías para la Comisión de Gracias Presidenciales entre los años 2006 y 2011, que, entiendo, podrían generar algunas responsabi­ lidades administrativas. 7. Recomendar al Ministerio Público que inves­ tigue el motivo por el cual veinticuatro personas a quienes se les concedió la conmutación de pena entre los años 2008 y 2009 realizaron ochenta aportes de entre uno y siete nuevos soles al Par­ tido Aprista. Asimismo, se investigue si —como ha declarado el testigo 01MEGA13— hubo conmutados que fueron convocados para movilizaciones partidarias del Partido Aprista. Esas son todas las recomendaciones de la Comi­ sión, Presidente.

5. Remitir copias del presente informe al Minis­ terio Público a fin de que se adjunte a la investi­ gación que se tramita ante la Fiscalía, respecto a los presuntos delitos cometidos por los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Como se ve, se han mostrado hechos concretos y objetivos en base a pruebas, a datos que ha obtenido esta Comisión, por lo que solicitamos a la Representación Nacional un debate alturado y la aprobación de este informe.

Asimismo, para que investigue los vínculos de Miguel Facundo Chinguel con las personas que registran visita a la sede de la Comisión de Gracias Presidenciales durante su gestión, así como la gestión de Miguel Facundo Chinguel como director de Serpost, toda vez que hemos encontrado que personas que cayeron trasla­ dando droga a través de Serpost luego fueron conmutadas, y Facundo Chinguel fue director de Serpost y presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Muchas gracias.

Incluso hubo un operativo bastante sonado, el Operativo Huandoy, en el que cayeron una serie

El tiempo, como lo hemos acordado, no es li­ mitado.

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—Reasume la Presidencia el señor Luis Iberico Núñez. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluida la exposición del presidente de la Comisión investigadora, se inicia el debate con la participación del señor congresista Javier Velásquez Quesquén.

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El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Presidente, reiterando lo que hicimos cuando sustentamos nuestra cuestión pre­ via, debo decir que después de más de 1260 días una comisión investi­ gadora, la más amplia en período —y, como lo puedo sustentar en el momento del debate, le ha costado doce millones de nuevos soles al país—, hoy día nos presenta los resultados de un trabajo que no responde. Y cuando hablo de la Comisión investigadora me refiero a aquellos que están sustentando el informe en mayoría: los tres miembros de la bancada de Gana Perú y su aliado de Perú Posible. Quiero relevar que antes, cuando los derechos fundamentales no iban en el camino de ir pro­ gresivamente afirmándose, se podían cometer estropicios que afectaban el valor esencial de la dignidad de una persona, que es su honor. Le recuerdo a la Representación Nacional que en este Parlamento se aprobó, el año 1990, un informe Lark, un informe en el que a Alan García le imputaban una serie de cuentas de patrimo­ nio. Como algunos creen que el Parlamento es el primer poder del Estado y que su actuación no está sujeta ni al control de la Constitución ni al respeto de los derechos fundamentales, piensan que pueden hacer tabla rasa de la dignidad de las personas. Lo que hoy día iniciamos, señor Presidente, es el debate político de un enjuiciamiento político que la mayoría y sus aliados le hacen al expresidente García. Este informe y los nueve que se van a debatir no tienen ningún valor jurídico. Señalo claramente eso, señor Presidente. Si participamos en este debate es porque creemos que en la democracia las ideas se combaten con ideas. Si aquí hay una razón política encubierta de sacar de la carrera política al expresidente Alan García para que no sea presidente, aquí venimos a dar la batalla política. Pero reitero que no tiene ningún valor jurídico lo que hoy día se ha sustentado como conclusiones y recomendaciones de un informe en mayoría. Y quiero relevar que hoy día los métodos para perseguir políticamente al adversario resultan ser más sofisticados, pero no por ello menos torpes, porque hoy día el señor Tejada, como presidente de la Comisión, no ha podido explicarle a la patria lo que ha escrito con un alto grado de sentido de irresponsabilidad.

No le ha imputado un delito al presidente Alan García, no ha mostrado una cuenta, no ha mostra­ do un acto fraudulento, como sí vamos a demostrar que en este Gobierno se han perpetrado ese tipo de ilícitos y nunca nos hemos atrevido a afectar la figura presidencial, que debe ser el sostén de un sistema democrático. Y reitero que la actuación de nuestra representa­ ción parlamentaria es de carácter estrictamente político. No somos representantes ni abogados defensores del expresidente García, así que no se piense que con nuestra actuación política se puede validar un instrumento que el Poder Judicial, en su autonomía —que provoca el reclamo del presi­ dente de la Comisión—, ha establecido que se ha violentado el debido proceso en la investigación al expresidente Alan García. El país debe saber que el presidente Alan García nunca se ha resistido a ser investigado en el Po­ der Judicial, el Ministerio Público o el Pleno. Él es un demócrata a carta cabal, es respetuoso de quienes representamos la soberanía nacional y ha asistido a cuanta convocatoria le ha hecho la Comisión. Pero eso nada tiene que ver con una comisión parlamentaria montada con el propósito exclusivo de descalificar a un adversario político. Si ese no fuera el propósito, no se hubiera senta­ do el nefasto precedente de que un gobierno por primera vez en la historia republicana tome el control mayoritario de una comisión investigadora para investigar al adversario. Por ello, hemos sido muy enérgicos en exigir que se nos permita hablar el tiempo suficiente. Como voy a demostrar ahora, de las nueve conclu­ siones y siete recomendaciones, unas son falsas y otras adolecen de una grave inconsistencia jurídica. La Comisión y el Pleno decidieron que ni siquiera uno de nosotros participara. De haberlo hecho, no hubiéramos permitido que hubieran incurrido en… No me consta que haya habido intencionali­ dad dolosa, pero sí intencionalidad política para cambiar cifras, para modificar los hechos, para hablar de cosas parcialmente. Se ha hablado de este informe y la conclusión final es que en este caso de las conmutaciones, las gra­ cias presidenciales y los indultos, el expresidente Alan García habría infringido la Constitución; y que en el caso concreto de una gracia otorgada a un ciudadano Espinoza habría cometido el delito de encubrimiento, establecido en el artículo 404 del Código Penal. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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La Constitución, en el inciso 21) de su artículo 118.°, establece claramente que es facultad del Presidente de la República indultar, conmutar penas y dar gracias presidenciales. ¿Dónde está el primer grave error o ignorancia de quienes han dicho que cuando un jefe de Estado desarrolla una actividad o una potestad que le da la Constitución está creando un ente paralelo al Poder Judicial? Con ese criterio, cuando el jefe de Estado, por una atribución que la Constitución le da, dicta decretos de urgencia, también crea un parlamento paralelo a este Congreso. Igual cuando le damos facultades delegadas para que dicten decretos legislativos. ¿A qué se debe esa ignorancia? El presidente de esta comisión ha tenido quince asesores, pero ningún penalista reconocido, ningún constitucionalista que le haya advertido que están cometiendo un grave error. Ni siquiera a guiso de ilustración al país el presidente ha sabido explicar qué es una conmutación, qué es una gracia por razones humanitarias o qué es un indulto. Estas potestades que la Constitución le da al jefe de Estado en ningún caso se aplican a una persona inocente. O bien es un beneficio para personas que están siendo procesadas, como el caso de las gracias por razones humanitarias; o para perso­ nas condenadas por un delito. Entonces, hay que partir de ese primer principio. ¿Por qué no solo en el Perú sino en todas las sociedades del occidente moderno, el jefe de Estado tiene esta atribución constitucional de dar gracias, conmutaciones e indultos? ¿Por qué entender, con una lógica estrictamente elemental, que cuando un presidente da un indulto o una conmutación está creando un régimen paralelo al del Poder Judicial? Me relevo de mayores comentarios. El presidente de la Comisión ha pedido que este debate se haga con altura, con respeto, y les ha entregado a ustedes un resumen ejecutivo y acopio de información periodística sin ningún sustento jurídico, sin ninguna valoración sustancial de los hechos. ¿Qué dice? Que Alan García formaba parte de una asociación ilícita para delinquir, de la cual él era cabeza, que contaría con suborga­ nizaciones compuestas por diversos operadores que en algunos casos participaban en más de una suborganización. ¿Un Parlamento democrático puede hacer imputaciones a un presidente constitucionalmente elegido que ha respetado los plazos democráticos, Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

que ha respetado la libertad de prensa, libertad fundamental sobre la cual se desarrollan los otros derechos fundamentales? ¿Es posible que con un recorte o reporte periodístico se arribe a esta conclusión sin ninguna prueba? No, señor Presidente. Yo creo que este tipo de trabajos son los que descalifican una función esencial que tienen los parlamentos modernos, como lo es el control político, como lo es la fiscalización. ¿Por qué tanto dinero ha gastado para pasar un reportaje de diez minutos que todo el Perú ha visto en un canal de televisión? La mayoría de la Comisión le imputa al expresidente Alan García haber infringido el artículo 8.° de la Constitución y conformar una organización criminal para liberar condenados por tráfico ilícito de drogas. Señor Presidente, que vean los colegas de la Representación Nacional un diagnóstico que destruye la segunda conclusión de este informe, un diagnóstico hecho por un funcionario de este Gobierno. Pido que se muestre la estadística que el jefe del INPE dramáticamente ha explicado en la Comisión de Defensa de este Gobierno. Podemos observar cómo ha crecido la población penitenciaria (cuadro 12). Es cierto que las gracias presidenciales no resuel­ ven el problema de la sobrepoblación penal, pero es uno de los muchos elementos que se deben tener en cuenta. Hoy día no se dan gracias presidenciales por esta irresponsabilidad de los agentes de esta comisión en el Congreso. Este informe lo ha firmado el señor José Pérez Guadalupe, un buen jefe del INPE de este Gobierno. Fíjense cómo crece la población penal: el año 2006, cuando entramos al gobierno, había 35 835 internos; el año 2010, 45 000; y ahora, 66 857. Son 66 857 internos que cuestan a todos los peruanos. El presidente ha dejado de ejercer esta potestad, y todos sabemos que el 2011, cuando dejamos el Gobierno, en el país había 182 000 denuncias por asaltos y robos. Hoy día hay 292 000 denuncias. Hay otro cuadro que me gustaría que los colegas de la oposición pudieran verificar (cuadro 13). Yo sé que los colegas del Nacionalismo ya tienen tomada su decisión, pero esto tiene que saberlo el Perú. El año 2006, la sobrepoblación penal era de 37 445 internos. La dejamos en 46 000. Ahora

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está en 68 857. ¿Cuánto ha aumentado? Ha au­ mentado 115%. Habría que investigar también al ministro de Justicia, al señor Pérez Guadalupe. Son cifras que tienen que ver con el ejercicio de una política pública. Esta es una cifra alarmante de sobrepoblación penal que ha sido expuesta por el doctor Pérez Guadalupe en la Comisión de Defensa (cuadro 14). Hoy día la población penal es de 66 857 internos, y hay una sobrepoblación de 35 837. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que con el Gobierno nuestro había políticas públicas para enfrentar la lacra social; y parece que ahora no las hay. El argumento de la infracción a la Constitución y de que el expresidente García no defendió al Estado contra el narcotráfico se cae a pedazos

con estas cifras, porque en nuestro gobierno se erradicaron 51 130 hectáreas de hojas de coca, se destruyeron 10 518 pozas de maceración, se destruyeron 5574 laboratorios, se destruyeron 2900 toneladas métricas de insumos químicos, se incineraron 135 toneladas de cocaína, se des­ truyeron 2000 bienes incautados al narcotráfico. La Comisión, en sus conclusiones, establece seis anomalías administrativas. ¿Qué es lo que dice en sus cuestionamientos administrativos? Que desde Palacio de Gobierno se armó esta organización y se modificaron regla­ mentos y procedimientos para poder delinquir. Voy a demostrar, señor Presidente, señores de la Representación Nacional, que todo lo que ha dicho el señor es falso. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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En primer lugar, ha dicho que hubo una modifica­ ción reglamentaria y se fusionaron comisiones para tratar de tener el control de las conmutaciones. Estas fusiones no fueron para eso, sino parte de una política pública para facilitar trámites y evitar duplicidad de trabajo. Y resulta que por fusionar comisiones están acusando a dos ministros (al ministro Aurelio Pastor y a la ministra Rosario Fernández); pero estas comisiones fueron más fusionadas en la última parte de nuestro gobier­ no, cuando era ministro un reconocido jurista, el doctor Víctor García Toma. ¿Y quién era miembro de esa Comisión de Gracias Presidenciales? El ac­ tual ministro de Justicia, el señor Daniel Figallo. Pero ese decreto supremo que supuestamente utiliza nuestro Gobierno para montar la organiza­ ción criminal está siendo usado por este Gobierno. Al amparo de ese decreto supremo, este Gobierno ha concedido conmutaciones a condenados por tráfico ilícito de drogas. Estas gracias presidenciales sí están sujetas a control, y voy a explicar después por qué. El argumento que el señor Tejada da es que se fusionaron comisiones. Claro, se fusionaron, y acá está el Decreto Supremo 008-2010-JUS. Acá está el Decreto Supremo 008-2010-JUS. ¿Quién lo firma? El doctor Víctor García Toma. ¿Quién formaba parte de la Comisión de Indultos? El actual ministro de Justicia, el señor Figallo. Si para el señor Tejada —que sabe mucho de hechicería, pero no de derecho— esta es la herra­ mienta normativa para perpetrar el delito, voy a Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

mostrar una resolución suprema que, al amparo de este decreto supremo, ha dado el señor Ollanta Humala para otorgar conmutaciones a condenados por tráfico ilícito de drogas. Cuando el odio y la inquina se sobreponen a la reflexión, a la razonabilidad, se incurre en estos graves errores. La resolución suprema la firman el señor Ollanta Humala Tasso y la ministra de Justicia de ese entonces, Eda Rivas Franchini. ¿Qué dicen de esta norma que el señor Tejada señala que el Gobierno nuestro urdió para cometer el delito de asociación ilícita para delinquir? “Que, en ese sentido, el literal b) del numeral 6.4 del artículo 6.° del De­ creto Supremo 004-2007-JUS, modificado por el artículo 5.° del Decreto Supremo 008-2010-JUS (…)”. Esa es la fuente legal que el señor Ollanta Humala Tasso utiliza para dar conmutaciones a condenados por tráfico ilícito de drogas. El señor Tejada ha dicho que se fusionaron las comisiones para urdir este delito. Esa razón, señor Presidente, destruye el argumento de que las comisiones se fusionaron supuestamente para montar sobre ellas una organización criminal. Pero no solamente esto vamos a mostrar, señor Presidente. Dicen que se dieron indiscriminadamente estas gracias y que una de las razones por las que Alan García infringió la Constitución es que puso en peligro la seguridad de las personas. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en el sentido de que el fin constitucional de una pena

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tiene que tener dos aristas que sean compatibles: una, que sea resocializadora; y dos, que la reso­ cialización no sea incompatible con la seguridad de las personas. Pero ¿cómo se materializa este principio cons­ titucional de la pena, señor Presidente? ¿Creen que el presidente de la República, por ser jefe de Estado y tener esa atribución de la Constitución, simplemente dice que indulten o conmuten la pena a tal persona? No, tiene que haber todo un procedimiento que vaya por tres instancias. En el establecimiento penal hay una comisión que se encarga de evaluar o de promover un informe social y psicológico. ¿Saben por qué lo hacen? Para ver si la persona que va a ser beneficiada con esta gracia cumple con los elementos de la resocialización. Una vez que se arma este expediente técnico, psicológico y social, es elevado a la Comisión de Gracias Presidenciales. Ahí evalúan el proyecto de vida de esta persona —ya lo vamos a ver cuando hablemos del caso Espinoza—. Este procedimiento no lo creó el gobierno de Alan García. ¿Saben cuándo fue creado este procedimiento de primera y segunda instancia? Fue creado en el gobierno del doctor Valentín Paniagua, cuando era ministro de Justicia el doctor Diego García Sayán, actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién era viceministro cuando dieron la Resolución Ministerial 170-2001-JUS? El señor Juan Jimé­ nez Mayor. Ese procedimiento es el mismo que hemos utilizado nosotros; y, como es bueno, lo está utilizando este Gobierno. Dice también el informe que dolosamente el go­ bierno de Alan García cambió el sentido de las conmutaciones —que era el de sustituir una pena por otra— para incorporar el criterio de reducir la pena. ¡Falso! Aquí voy a mostrar un decreto supremo, 016-2005-JUS. ¿Quiénes lo firman? El presidente constitucional Alejandro Toledo y el ministro de Justicia Alejandro Tudela Chopitea. ¿Qué dice el artículo 3.° de este decreto supremo? “La conmutación de la pena constituye una atri­ bución constitucional exclusiva del presidente de la República, cuya concesión es de carácter ex­ cepcional para todo tipo de delitos”. Y el artículo 5.° de este decreto supremo dado por el gobierno del presidente Toledo, ¿qué dice? “A efectos de la evaluación, calificación y propuesta que formule la Comisión, se entiende por conmutación de la pena la gracia presidencial consistente en la reducción

de la pena privativa de libertad impuesta”. Aquí se cae otra conclusión. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Al amparo de esta norma lo hemos hecho, y lo ha hecho el presidente Toledo. De tal manera, señor Presidente, que lamento que no se hayan esgrimido razones jurídicas, sino hechos periodísticos, superficiales y anecdóticos que descalifican la seriedad que debe tener un informe parlamentario, máxime cuando se pone de por medio la honra de personas, y con el agra­ vante de que esas personas no están presentes para defenderse. En el gobierno del doctor Valentín Paniagua también se hicieron conmutaciones con reducción de penas. Esa modalidad ha sido tomada por el gobierno del presidente Toledo y continuada por nosotros, porque es una buena modalidad. El informe en mayoría dice que se modificó la composición de los miembros, que de profesionales pasaron a ser designados. No, este procedimiento fue utilizado en el gobierno del doctor Valentín Paniagua, y le voy a alcanzar el Decreto Supremo 004-2001-JUS, que establece este mecanismo para la conformación de comisiones. No se le puede engañar al país. Y dice que resulta grave que el gobierno de Alan García cambiara los criterios objetivos de evaluación de los que solicitaban este beneficio por criterios de conciencia. Y ¿quién dice que los criterios objetivos son incompatibles con los criterios de conciencia? Si hay diecisiete mil solicitudes, la Comisión, con criterio de conciencia, escoge lo que puede priorizar. Un estudiante de derecho sabe que no hay incom­ patibilidad entre una razón objetiva y un criterio de conciencia. Los jueces, para resolver en los procesos, utilizan criterio de conciencia. Entonces, todos estos argumentos supuestamente administrativos que son “el soporte de la red criminal que se creó” son hechos falsos consig­ nados después de mil doscientos sesenta días de investigación. Es lamentable. Esas modificaciones y las que se hicieron tuvieron como propósito no debilitar la estrategia contra el narcotráfico, porque nosotros hemos demostrado que en temas de erradicación e interdicción hemos hecho más que este Gobierno en tres años. Esto respondía a una política de despenalización. Quiero decirle al presidente de la Comisión que 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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el Tribunal Constitucional ha establecido ya en una sentencia que la política de gracias presi­ denciales forma parte del elenco de elementos que un Estado democrático toma como política criminal del Estado. ¿En qué parte del mundo un presidente de la República ha sido sancionado por haber dado un indulto o una conmutación? En ninguna parte del mundo. Hoy se viene a sostener que una atribución, una potestad constitucional debe ser castigada. He revisado el informe en mayoría y también el voto singular del congresista Tubino. Quiero relevar que cuando hay un trabajo serio, cuando hay un trabajo responsable, se dicen las cosas como son. Acá se ha dicho que el jefe de Estado utilizó in­ discriminadamente estas gracias presidenciales. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional en la Sentencia 3660-2010 [03660-2010-PHC/TC], en la que sustenta el congresista Tubino muchos de sus argumentos jurídicos que le dan consis­ tencia a su voto singular? Solamente le hubiera costado al presidente de la Comisión o a uno de sus asistentes entrar al SPIJ [Sistema Peruano de Información Jurídica] para ver esta sentencia, porque de haberlo hecho no hubieran cometido el arrebato y la precipitación que han cometido en sus conclusiones. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional? Que lo escuche bien el señor Tejada. Dice lo siguiente: “En suma, la decisión de indultar a un condenado genera cosa juzgada y como tal es inimpugnable y por tanto, irrevocable administrativamente, e impide la posterior persecución penal por los mimos hechos. Sin embargo, ello no obsta que pueda ser objeto excepcionalmente de anula­ ción en sede jurisdiccional. Naturalmente dicho control no versa sobre la conveniencia o no del indulto, pues ello resulta una materia reservada a la propia discrecionalidad del Presidente de la República, sino sobre su constitucionalidad”. Lo único que se puede cuestionar es la constitu­ cionalidad del beneficio. Es cierto, señor Presidente, porque tendríamos que preguntarnos si estas gracias presidenciales pueden ser sometidas a control. Claro que pueden ser sometidas a control. Hay un control adminis­ trativo y un control jurisdiccional. El administrativo es el que hicimos nosotros sobre la base de un informe que respaldó esa decisión Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

el año 2010, como lo ha dicho el presidente de la Comisión. Cuando dejamos sin efecto el indulto concedido al señor Crousillat, lo dejamos sin efecto administrativamente. Y ¿quién hizo el informe que respaldó esa decisión? Un constitucionalista reconocido llamado Eguiguren Praeli, que acaba de terminar su función como embajador en el Reino de España y fue ministro de Justicia de este Gobierno. Entonces, hay un control juris­ diccional, como lo dice la propia sentencia del Tribunal, por si hubiera vicios que pongan en cuestión esta gracia. Se pueden dejar sin efecto administrativamente estas gracias presidenciales, pero va a cumplir tres años este Gobierno y no han promovido la nulidad de ninguno de los supuestos casos de escándalo que ha presentado el señor Tejada. No han tenido la valentía de siquiera ir al Po­ der Judicial a pedir que anulen tal indulto o tal conmutación. No lo han hecho ni lo van a hacer, porque saben que es legal y constitucional todo lo que se ha dado. Además, este informe induce a error, porque sí hay límites a esta facultad constitucional del presidente de la República. La Ley 28704 prohíbe expresamente que se otorguen estos beneficios a los violadores de menores de edad; la Ley 28770, a los delitos de extorsión, secuestro y robo agra­ vado; y el Decreto Legislativo 824, a los cabecillas de organizaciones que se dedican al tráfico ilícito de drogas. Expresamente dice “a los cabecillas”. ¿En qué gobierno se dio este decreto legislativo? En el gobierno del expresidente Fujimori. En el gobierno del expresidente Fujimori se estableció claramente que no se podía dar esta gracia a los cabecillas de estas organizaciones de tráfico ilícito de drogas. Pero ¿quién puede determinar quién es un cabeci­ lla de una organización dedicada a esa actividad? ¿El señor Tejada?, ¿un juez?, ¿la ley? El juez, en la sentencia, pero no tiene una discrecionalidad absoluta, sino que la ley le dice: “Si usted en su investigación determina que el señor es jefe de una organización criminal dedicada al tráfico ilí­ cito de drogas, la pena a imponerse es no menor de veinticinco ni mayor de treinta y cinco años de pena privativa de libertad”. En la época del presidente Fujimori era cadena perpetua, sino que el Tribunal Constitucional corrigió. Entonces, cuando el señor Tejada muestra en su informe dos casos de cabecillas, eso es falso, porque no hay una sentencia judicial que diga que esas dos personas que él ha mostrado en su informe son cabecillas de la organización.

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El señor Wofelson Ríos Vela (caso D.29) estaba condenado a dieciocho años. Si hubiera sido ca­ becilla, la pena era no menor de veinticinco años. Yo he leído la sentencia y en ninguna parte de la sentencia se dice que este señor es el cabecilla de la organización. Este es el primer caso que muestra el señor Tejada. El señor Edwin Valenzuela Meneses, condenado a doce años. Qué generosos los jueces para que al jefe de una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas le den doce años de pene privativa de libertad. Habría también que culpar a los jueces. No, no eran cabecillas. Les aplicaron el artículo 297 del Código Penal, que se refiere a la forma agravada del tráfico ilícito de drogas y no está entre los límites que se le imponen a la facultad constitucional, no porque lo hayamos dicho noso­ tros en el Gobierno, sino desde la época del doctor Toledo, como hemos leído en el decreto supremo. Entonces, los dos casos que ha presentado el señor Tejada no corresponden a cabecillas. Si hubieran sido cabecillas les habrían impuesto una pena menor de veinticinco años, y estas dos personas tienen penas que ni siquiera llegan a los veinte años.

motivarla, el presidente Humala ha conmutado penas a ciudadanos sentenciados por tráfico ilícito de drogas. No vaya a creer el señor Tejada que nosotros lo estamos sorprendiendo. Dice la resolución suprema que, vistos los informes emitidos por los profesionales competentes, con los certificados de estudios y trabajo respectivos, se resuelve conceder la gracia de conmutación de la pena a internos extranjeros sentenciados que se encuentran recluidos en diferentes estableci­ mientos penitenciarios de la República, y parece una lista de ingresos a la universidad. ¿Dónde está la motivación? Son 139 conmutados y solamente se mencionan nombres. A Alba Iglesias José se le conmutan de seis años ocho meses a dos años seis meses de pena privativa de libertad, la que venció el 22 de agosto de 2012. ¿Quién firma esta resolución suprema? El presidente Ollanta Humala Tasso y el ministro de Justicia Juan Jiménez Mayor. ¿A qué hace referencia esta resolución suprema? Al Decreto Supremo 008-2010-JUS, dado en nuestro Gobierno, que mejoró los procedimientos de calificación.

Y hay más casos de “cabecillas” que no son ca­ becillas sino en la imaginación graciosa de quien imputa este odio. Pero ya no voy a leer más para avanzar en mi exposición.

De tal manera que, respecto de ese otro argu­ mento en el sentido de que no se motivaron las resoluciones que concedían gracias e indultos, tenemos que señalar que hay informes técnicos del establecimiento penitenciario y de la Comisión de Gracias.

Hemos leído detenidamente este informe que el señor Tejada presentó como que iba a conmocio­ nar al país. Toda la legislación que hemos aplicado ha sido dada por los gobiernos del doctor Valentín Paniagua y el doctor Alejandro Toledo. Nosotros la hemos continuado y la hemos mejorado, y este Gobierno la viene ejecutando.

A contrapelo de lo que había dicho el señor Tejada —que después se rectificó—, no hay ningún ele­ mento fáctico que pueda vincular al expresidente García con estos hechos. Si en las comisiones de evaluación técnica penitenciaria o en la Comisión de Gracias hubo por ahí un pillo, un sinvergüenza que cometió una anormalidad, que lo investiguen.

¿Qué otro argumento da el señor Tejada? Dice que el Gobierno de Alan García no motivaba las resoluciones supremas que concedían las gracias. Si el señor Tejada hubiera tenido un buen asesor, este le hubiera dicho que la Ley de Procedimientos Administrativos establece claramente que una resolución suprema que resuelve un tema de una comisión especializada solamente se refiere a esa comisión y no hace un desarrollo.

Nosotros hemos respaldado la investigación de un presidente de una comisión que se reunió con uno de los delincuentes en Piura, y por reunirse está preso; pero hay un presidente de una comisión investigadora que se ha reunido con ese mismo delincuente y no sabemos lo que han conversado ni lo quiere decir. A él sí hay que pontificarlo. Mire las paradojas que se dan en la vida.

Y este argumento lo da en sus conclusiones como parte de la festinación de los trámites de esta supuesta organización delictiva. Le voy a alcanzar al señor Tejada una copia de la Resolución Suprema 010-2012-JUS. Sin

Me refiero al delincuente ‘Brasil’, que es muy amigo de un presidente de una comisión inves­ tigadora. Entonces, ¿qué ha hecho el señor Arbizu, que es funcionario de este Gobierno, agente del Gobierno, y fue asesor del señor Tejada en su momento? Va 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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al Ministerio Público y, sin ningún elemento fáctico, pide que se amplíe a Alan García la investigación que se le sigue a Facundo Chinguel. La Fiscalía de la Nación archivó esa ampliación de denuncia porque no había ningún elemento fáctico. Las conclusiones que llevó el señor Arbizu daban vergüenza y los hechos que consignaba eran falsos. El 1 de enero de este año archivaron esa denuncia. No contentos con eso, nuevamente el procurador Salas —funcionario de este Gobierno y militan­ te del partido— va al fiscal; pero el fiscal de la Nación, al no encontrar ningún elemento fáctico que vincule el supuesto hecho delictivo con el expresidente, vuelve a archivar esa denuncia. Se podría argumentar que por desconocimiento, cuando se habla de infracción a la Constitución, se están refiriendo a la responsabilidad política. El artículo 120.° de la Constitución establece que los actos del presidente deben ser refrendados por los ministros para que tengan validez, porque el presidente no tiene responsabilidad política. Eso es elemental, para eso refrenda un ministro. Y cuando un presidente firma una resolución o una norma sin la rúbrica del ministro, ese acto es jurídicamente nulo. Eso no supone que aquí haya responsabilidad de los ministros a los cuales el señor Tejada responsa­ biliza por haber cumplido con una política pública, como lo va a explicar Mauricio en su momento. Han cumplido su función estrictamente dentro del marco de la ley y la Constitución. No hay derecho para insinuar una actuación delictiva y dolosa de una reconocida jurista como la doctora Rosario Fernández ni de Aurelio Pastor. Esto era parte de una política pública. Con ese criterio, el nuevo ministro del Interior, ahora que hemos encontrado que se han comprado binoculares a precios sobrevalorados, habría que denunciarlo penalmente. Para eso hay los órganos de línea, para eso hay responsabilidades administrativas. Es igno­ rancia decir que un jefe de Estado pueda tener responsabilidad administrativa de un acto que tiene refrendo ministerial, y a eso quiere llevar el presidente de la Comisión. El señor ha presentado como un hecho de escán­ dalo que, de todas las conmutaciones y gracias que se han dado, dos o tres personas hayan rein­ cidido. Lo que no ha dicho es la verdad completa. ¿Saben cuánto significa eso? El tres por ciento. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

De tal manera que el gran porcentaje de gracias otorgadas sí han cumplido el fin constitucional de resocializar a los delincuentes. Entonces, lo que no se ha dicho es que nosotros dimos la Ley N.° 29604, en virtud de la cual se aplicaba el 50% más de la pena a todo aquel que reincidía luego de habérsele otorgado estas gra­ cias. Agravamos la pena. El doctor Toledo dio un indulto humanitario a Juan Silvestre Baldeón, quien cumplía condena por tráfico ilícito de drogas; pero este señor rein­ cidió y está en la cárcel. A Rafael Iraita Sandoval, que cumplía condena por robo agravado, se le conmutó la pena y luego fue capturado en el Mercado Central en circuns­ tancias en que había hecho un asalto, por lo que está nuevamente en la cárcel. Y la Comisión de Gracias Presidenciales del señor Figallo, como ya lo he demostrado, cuando forma­ ba parte del actual Ministerio de Justicia ha dado 479 gracias, y casi el 50% de ellas corresponden a casos de tráfico ilícito de drogas. Como no ha tenido a un penalista al costado, el presidente de la Comisión ha cometido el error de decir que esto es un escándalo porque se han liberado bandas. ¿Y dónde han visto ustedes que la cadena delictiva del tráfico ilícito de drogas la hace una persona? ¿Una persona hace la coca, la comercializa, la distribuye y la vende? ¿Esa cadena no está representada por varios delincuentes? Es un contrasentido lógico-jurídico pensar que una sola persona puede desarrollar toda esta actividad ilícita: sembrar, modificar, distribuir, transportar y vender. Este Gobierno del señor Humala ha enviado un proyecto de ley a este Congreso, y este Con­ greso lo ha aprobado. Hay el afán de acusar a Alan García de haber infringido el artículo 8.° de la Constitución por no defender al Estado frente al narcotráfico, pero ¿qué ha aprobado este Congreso? El Proyecto de Ley 1830, que ha beneficiado a los condenados por tráfico ilícito de drogas extranjeros. Hace una semana se acaba de levantar la reconsideración de este proyecto y ya fue al Ejecutivo para que sea promulgado. ¿Porque son extranjeros no podemos acusar al presidente Humala de infracción a la Constitu­ ción? ¿Y qué es lo más grave? Que esta norma es discriminatoria, porque a los condenados por trá­ fico ilícito de drogas extranjeros los relevamos del pago de la reparación civil; pero a los peruanos no.

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Nosotros votamos en contra. Lo respaldó el con­ gresista Pedro Spadaro, de la bancada fujimorista, porque es un proyecto de ley bueno que tiene como propósito deshacinar las cárceles. El señor Tejada se contradice. Él señala que el uso indiscriminado de esta gracia para con­ denados por tráfico ilícito de drogas es razón para imputarle a Alan García la infracción a la Constitución por no haber defendido al Estado frente al narcotráfico. ¿Saben qué ha hecho el señor Tejada? Ha presentado un proyecto de ley para excluir de estos beneficios a los condenados por tráfico ilícito de drogas. De manera que en la práctica está reconociendo que sí es posible, legal y constitucionalmente, dar este beneficio. Acá está el Proyecto 2626/2013-CR, que ha in­ gresado el 5 de setiembre de 2013: “Proyecto de ley que excluye a los condenados por las formas agravadas de tráfico ilícito de drogas de la con­ cesión de gracias presidenciales (…)”. Entonces, está reconociendo que en tanto no se apruebe su proyecto de ley sí se pueden dar estas gracias a condenados por formas agravadas. ¿En qué error ha hecho incurrir a los demás miembros? Confundir ‘forma agravada’, que está en el Código Penal, con ‘cabecillas de organiza­ ciones de tráfico ilícito de drogas’, que está en el Decreto Legislativo 814. Por eso ha presentado este proyecto de ley. Con la generosa votación de la bancada Naciona­ lista y sus aliados, quieren de todas maneras que se considere infracción a la Constitución. Vamos a ir a la Subcomisión nuevamente y volveremos a repetir este ignominioso cargo, que da vergüenza. Entonces, en el supuesto negado de que el presi­ dente Alan García no fue eficiente para enfrentar al narcotráfico porque hubo un sujeto de una comisión que se reunió con un narcotraficante, habría también que acusar al actual presidente, porque tuvo una congresista que está presa por narcotráfico. Mejor ya ni menciono su nombre. Hay un delincuente, Antonio Mori, que ha dicho que en Madre Mía el capitán Carlos recibía veinte mil dólares para dejar pasar cargamento de droga. Recuerden, ¿quién era el abogado de Amílcar Gómez, que ha estado trabajando en Palacio de Gobierno y se encargó de comprar a los testigos de Madre Mía? Rafael Franco de la Cuba, ‘Capulina’, vinculado al narcotráfico. Puede este Parlamento investigar a siete con­ mutados por tráfico ilícito de drogas que su­

puestamente habrían dado donaciones al Partido Aprista. ¿Saben de cuánto han sido las supuestas donaciones? De un nuevo sol. Pero le pido al señor Tejada que entre al Registro de Organizaciones Políticas y compruebe que hay una persona —como a mí no me gusta injuriar— llamada Carlos Morales que está investigada por lavado de activos del narcotráfico y ha hecho un aporte de S/. 200 000,00 al Partido Nacionalista. Entonces, acusemos al presidente Humala tam­ bién. Pero, como nosotros por lo menos algo de experiencia tenemos en la política, no podemos actuar irresponsablemente, señor Presidente. Quiero terminar, como vocero de mi bancada, pidiéndole a la Representación Nacional que haga una exhaustiva evaluación de las nueve conclu­ siones y siete recomendaciones que plantea este informe. Todas consignan hechos falsos, todas consignan información insuficiente que induce a error. Y quiero referirme al caso de este señor Espinoza al que se le dio la conmutación. El señor Tejada ha tenido el atrevimiento de de­ cir que el expresidente García, para poder darle la conmutación de pena a este sujeto Espinoza, presentó un proyecto de ley con el fin de eliminar el control previo y el control permanente de la Contraloría. Si ustedes hubieran leído bien el informe, se hubiesen percatado de que dos días después del terremoto del 15 de agosto de 2007, que asoló Pisco, estos sujetos ya habían hecho las compras fraudulentas y dolosas. ¿Cuándo se presenta el proyecto de ley? El 22 de agosto, como lo ha dicho el señor Tejada. Entonces, ¿qué sentido tenía que el presidente de la República y el presidente del Consejo de Ministros presentaran un proyecto de ley para eludir la cuestión previa y concurrente cuando ya se habían hecho las compras? ¿No les parece que ese es un argumento baladí e inconsistente que esconde la carencia de argumentos para justificar una gracia? Con relación a esta conmutación otorgada al señor Julio Espinoza, el señor Tejada dice que se hizo indebidamente al procesado por colusión desleal. La conmutación se otorga a los que están procesados; el indulto, a los condenados. Lo preciso porque el señor ha sorprendido a la Representación Nacional. El Reglamento de la Comisión de Gracias Pre­ sidenciales establece tres supuestos por los que se puede dar la conmutación de penas: primero, cuando una persona padece de una enfermedad 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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terminal; segundo, cuando una persona padece de una enfermedad grave no terminal pero que podría agudizarse por las condiciones penitencia­ rias; tercero, cuando la persona padece de males sicológicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el caso del señor Espinoza? Dicen que se festinaron trámi­ tes, pero eso no es verdad, señor Presidente. El que ha festinado el informe es el señor Tejada, porque en la página 40 dice: “Posteriormente, la doctora Liliana Chumbes Sipan, miembro del Departamento de Medicina del Hospital Dos de Mayo, confirmó —miren lo que dice— la evolución satisfactoria de Julio Espinoza Jiménez, expre­ sando, con fecha 12 de abril de 2008, lo siguiente: ‘acude periódicamente a sus evaluaciones, donde se controla mediante tomografías y marcadores tumorales, no evidenciándose enfermedad recu­ rrente hasta la actualidad’”. Acá el informe dice “12 de abril de 2008”, ¿cierto? ¿Saben de cuándo es el informe? De 2010. Ahí está el informe, de 2010. ¿Cuál es la finalidad que tiene el Estado de darle una gracia a una persona que tiene una enfermedad grave no terminal? ¿Cuál es el fundamento? ¿Acaso lo hace para que salga a morir a su casa? No, sino el hecho de que las condiciones penitenciarias pueden agudizar su estado de salud. ¿Le conceden la gracia para qué? Para que se mejore. Este señor, como lo dice el informe del Hospital Dos de Mayo de abril de 2008, padece de cáncer maligno. Refiere el informe: “Lesión neoprolife­ rativa dependiente de colon sigmoide de aspecto maligno. / Pronóstico: malo / Cáncer al colón». Ese es el informe, y sobre la base de este informe le dan la conmutación. Y el informe, que el señor Tejada dice —ojalá sea por error o lo pueda explicar— que es del 2008, es del año 2010, porque la referencia que se hace de la doctora Liliana Chumbes señala lo siguiente: “Acude periódicamente a sus evaluaciones, donde se controla mediante tomografías y marcadores tumorales, no evidenciándose enfermedad recu­ rrente hasta la actualidad”. Último control: 29 de marzo de 2010. Esto es una mentira, señor Presidente. Pode­ mos hacer política, pero no se puede de ninguna manera mancillar el honor de las personas así alegremente. Estas gracias están ajustadas a ley y a la Consti­ tución. Las normas no fueron dadas por nuestro Gobierno. Y, como no lo sé todo, le he consultado Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

al doctor Urquizo, que es un reconocido penalista, si por haber cumplido una potestad constitucio­ nal, o sea, por haber sustraído de la justicia a una persona con cáncer para otorgarle la gracia presidencial, el señor Tejada está acusando a Alan García de encubrimiento. Para que se pueda perpetrar este ilícito de en­ cubrimiento tiene que demostrarse la antijuri­ dicidad del acto, tiene que demostrarse que es antijurídico el acto. ¿Acaso el presidente hizo un acto u omisión que sobrepasó la ley? No, lo hizo en cumplimiento de la ley. ¿De cuándo acá se castiga con encubrimiento a un presidente que cumple una potestad constitucional? No ha habido una interpretación correcta de las normas, y es lamentable que al Parlamento se haya traído hoy este tema y se haya mostrado ante el país como “el caso más grande de escándalo”. Se dice irresponsablemente que el expresidente García formó y urdió una organización delictiva para perpetrar una infracción a la Constitución y afectó la seguridad. ¿Acaso la seguridad ciudadana no ha aumentado ahora más que en el gobierno nuestro, o es una percepción solamente, como lo dice el señor Pedraza, o una histeria, como lo dice otro presidente del Consejo de Ministros que está premiado en la OEA? No, señor. Nosotros tuvimos la valentía de utilizar todas las herramientas que la Constitución y la ley nos dieron para acabar con la zozobra de los peruanos más pobres, y todo lo hicimos en estricto cumpli­ miento de la ley. El resto es papel burdo, una patraña urdida por adversarios políticos que ni siquiera han tenido la inteligencia ni la audacia de construir una estrategia para poder sacar de la carrera política al expresidente García. Todo esto va camino a impedir que Alan García sea candidato a las elecciones. Podrá haber estos jueces, estos sicarios; pero el mejor juez, el juez natural de un político como Alan García es el pueblo. Lo veremos en el 2016. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Gracias por su exposición, congresista Javier Velásquez Quesquén. Ha mantenido una altura que espero se mantenga a lo largo de todo este debate. Tiene la palabra el congresista Juan Pari.

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El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Presidente, me están pidiendo dos interrupciones.

juez del juzgado constitucional que en su momento fue llamado prevaricador y payaso, pero que ahora es el gran referente del orden constitucional. Solo cositas para que la opinión pública de nuestro país conozca cómo este juez fue buscado adrede.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Recordamos que, a pesar de que las intervenciones son de tiempo ilimitado, las inte­ rrupciones sí se mantienen en un minuto. Puede interrumpir el congresista Sergio Tejada. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Presidente, al final, evidentemente, voy a hacer uso de la palabra; pero quiero dejar claros algunos aspectos. Se están diciendo muchas mentiras. Se está diciendo que he mencionado que se ha liberado a cabecillas, cuando me he referido a organizaciones completas. Vean el informe, vean mi presentación. He habla­ do de organizaciones como la de Los Nigerianos y la de Edwin Valenzuela. He visto ahorita el informe del caso Edwin Valenzuela, y en ningún momento digo que sea cabecilla. Estamos hablando de cómo liberaron a organizaciones completas. En segundo lugar, yo no acuso por una fusión. Aquí hay un conjunto de elementos. Hay algunas fusiones, pero también hay unas fusiones que sirvieron en sentido contrario para desmantelar la organización, que fue lo que hizo García Toma cuando asume el Ministerio, luego de que Aurelio Pastor saliera por el indulto a Crousillat. Entonces, no confundamos. Están separando hechos y diciendo: “Lo acusan porque no motivó”. No, señor, estamos recomendando que en el futuro se motive. Solo el tres por ciento de los que han sido recap­ turados… El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Puede interrumpir, por un minuto, el congresista Rubén Coa. El señor COA AGUILAR (NGP).— Presidente, en estos últi­ mos meses, el argumento recurrente de los defensores del expresidente García ha sido esta resolución del

El juez Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta fue nombrado juez constitucional el 13 de marzo; y catorce días después, solo dos semanas después, emite esta sentencia. El 27 de marzo, a solo dos semanas, admite la petición del señor García y declara la nulidad de dos citaciones. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Concluyó el minuto, congresista. Por alusión, puede intervenir el congresista Javier Velásquez. Le ruego que sea muy breve, congresista. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— El señor Tejada ha dicho que soy mentiroso, porque dice que él no ha hablado de cabe­ cillas. La página 147 del informe —¿escrito por él?, no lo sé; lo han firmado solo cuatro parla­ mentarios—, en sus últimas líneas, dice lo siguien­ te: “[…] en su misión de perseguir y sancionar el delito, sobre todo del tráfico ilícito de drogas en su forma agravada, circunstancia que inclusive permitió la liberación de cabecillas de bandas”. ¿Quién miente, señor Tejada? Esto lo ha puesto usted en el informe. Por eso, hemos dicho que el Decreto Legislativo 814 prohíbe expresamente que se libere bajo esta modalidad a cabecillas de bandas. No he mentido, señor Presidente. Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tratemos de hacer una cuestión de­ mocrática, congresista Mulder, y mantengamos la tranquilidad. El congresista Sergio Tejada solicita una con­ traalusión. Le ruego también brevedad. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Pre­ sidente, en los casos que he expresado me he referido a organizaciones. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Cuando hay organizaciones completas, es evidente que alguno de ellos tiene que haber sido cabecilla, porque si hay cinco personas conmutadas o sen­ tenciadas por tráfico ilícito de drogas en forma agravada y liberan a las cinco, es evidente que se puede haber permitido la liberación de orga­ nizaciones y cabecillas. Pero en los casos que yo he expuesto aquí, no me he referido a cabecillas. No he presentado a Edwin Valenzuela como cabecilla; he presentado a la organización. Si no, ¿dónde está el cabecilla si han caído todos en la organización? El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Congresista Juan Pari, puede hacer uso de su tiempo. El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Señor Presidente, lo más recomendable para un Congreso que pretende recuperar la seriedad en el debate es mantener la cordura, no tener una actitud reactiva frente a cualquier argumento que se plantee. Es importante deslindar desde el comienzo si se viola el debido proceso, si se acusa, cuál es el delito. A mí me extraña que antiguos congresistas no sepan distinguir que hay dos tipos de comisiones en el Con­ greso: las que llegan a determinar responsabilidades y acusan, como son los casos de la Comisión de Ética y de la Subcomisión de Acusaciones Constituciona­ les; y las indagatorias, que llegan a conclusiones y recomendaciones pero no indican delito, no indican acusación, sino que encuentra indicios o elementos que tienen que ser profundizados. Si es en términos de orden penal, serán profun­ dizados por el Poder Judicial; y si son de orden constitucional, pasará entonces a la Comisión de Constitución, y de esta a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es el otro ele­ mento que sí deriva en acusación y en términos de delito. Es importante aclarar eso, y hubiera sido impor­ tante aclararlo cuando salió el informe que se dio del caso Tineo Cabrera, que lamentablemente la Comisión de Justicia no trató, porque dicho informe fue entregado en el mes de diciembre de 2012, y curiosamente hasta ahora no se trata. ¿Por qué no se trató?, ¿por qué se dejó que se diluyera? Surge después el argumento de nuestro famoso juez Velásquez, que aparece defendiendo a su patrocinado, como indica su propia sentencia. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Ese es un elemento que llama la atención, pero no es el tema de fondo. En todo caso, ya lo deter­ minarán los que tienen que determinarlo en la respectiva comisión. Sin embargo, debemos tener sumamente claro qué tipo de investigación es la que realiza la Comisión y por qué se utiliza como argumento “se me está acusando”, “se me está queriendo inhabilitar”, “me están violando el debido pro­ ceso”. No, señores, aquí estamos indagando, estamos buscando indicios. Si los hubiera, que se profundice la investigación. Y si hubiera infrac­ ción constitucional, se investigará la infracción constitucional. ¿Dónde está la acusación?, ¿dónde está el delito? No, señores, aquí buscamos conclusiones y recomendaciones. Eso debe quedar claro, de modo que no se pretenda utilizar argumentos falsos para engañar a la población. En todo caso, la Fiscalía y el Poder Judicial acu­ san y determinan los delitos, y eso se hará en su respectivo orden, salvo que haya el temor de que se llegue a ese momento concreto en el que se determinen la acusación y el delito concreto, y cada cual tendrá su propio fundamento. Se ha hablado sobre temas de orden constitu­ cional. Yo no soy abogado; sin embargo, todo ciudadano y todo congresista tienen que estudiar y leer la Constitución. Es cierto que la Constitución, en su artículo 118.°, inciso 21), le da al presidente de la República la prerrogativa de conceder indultos y conmutar penas, así como la de ejercer el derecho de gra­ cia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. Pero no es una prerrogativa para que el presidente indulte, conmute y conceda el derecho de gracia a quien le dé la gana. Eso se enmarca dentro de la Constitución, y el inciso 1) del mismo artículo 118.° dice que co­ rresponde al presidente de la República cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. Está obligado a cumplir; por lo tanto, cualquier prerrogativa presidencial está enmarcada dentro de la Cons­ titución. No se trata de un acto voluntarista por el que el presidente pueda hacer lo que le dé la gana. Lo tiene que hacer dentro del marco de la Constitución, y tiene que evaluarse si estuvo o no estuvo dentro del marco de esta Constitución, que es totalmente clara.

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Y el artículo 8.° de la Constitución señala de ma­ nera expresa: “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales”. El presidente de la República, como primer ciudadano del país, está obligado de proteger del narcotráfico al Estado. Eso nos indica la Constitución, eso es de carácter obligatorio para todo mandatario. Pero ¿qué ha pasado en la rea­ lidad? De las 5246 conmutaciones de pena, 3207 corresponden a casos de narcotráfico. Nos han dicho que esos 3207 son microcomercializadores, son paqueteros, son burriers. Pero la realidad es que 400 de esos 3207 casos son de tráfico ilícito de drogas en su forma agravada. Que no se diga que eso no se conocía, porque la primera línea del expediente indica claramente por qué es agravado. Por lo tanto, el presidente se encuentra con ese primer elemento cuando le llega el expediente. Por más que le hubiera hecho la jugada la comisión que dirigía Facundo Chinguel, el presidente tenía que leer si era agravado o no. Y que no nos vengan a decir que eran simples microcomercializadores, simples paqueteros, simples burriers. Cuando se habla de delito agra­ vado, significa que se pertenecía a una banda. Se pudo ser cabecilla o no, pero se pertenecía a una banda. El delito es agravado porque ha traficado droga no en términos pequeños, sino en términos grandes. De modo que el concepto está totalmente claro y no puede darse la prerrogativa y violarse el artículo 8.° de la Constitución. Aquí hay que ver lo que indica el Tribunal Cons­ titucional en su Expediente N.° 4053-2007-PHC/ TC, cuando se refiere a las gracias presidenciales: “El ejercicio de la gracia presidencial, asimismo, es excepcional —o sea, no es que pueda darlo cuando quiera y cuando le dé la gana— en la medida que ordinariamente es el Poder Judicial al que le corresponde administrar justicia, de conformidad con el artículo 138.° de la Consti­ tución. De hacerse corriente su ejercicio no solo se estaría convirtiendo una suerte de ‘sistema judicial paralelo’, sino que también su ejercicio abusivo (artículo 103.° de la Constitución) puede embozar una sustracción a la acción de la justicia, lo cual se agrava si están de por medio delitos cuya persecución y sanción están previstos en la propia Constitución, como son el de terrorismo (artículo 2.°, inciso 24, literal f), tráfico ilícito de drogas (artículo 8.°) y corrupción (artículo 41.°), entre otros.

Eso lo dice el Tribunal Constitucional en pleno ejercicio del señor Alan García. Entonces, no nos vengan a decir que simplemente se nos antoja hacer este tipo de reflexión. ¿Somos coherentes con el marco constitucional o simplemente lo interpretamos antojadizamente para defender una u otra posición? Todo el país está a la expectativa de que las cosas se aclaren, no solo para saber qué ha pasado, sino también para aprendizaje de este y de futuros gobiernos. Tiene que respetarse la Constitución, que es fundamental para nuestra patria. Se ha hablado del caso de Julio Espinoza Jimé­ nez, ex jefe del SIS denunciado y procesado por delito de colusión y falsedad genérica en contra del Estado en la adquisición de alimentos. Bueno, eso fue en el 2007. Se ha dicho que a él se le ha conmutado la pena, pero miremos nuevamente la prerrogativa. Él no tenía sentencia. Era proce­ sado y recién tenía ocho meses. Por lo tanto, no le correspondía una conmutación. El artículo 118.° habla de ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados porque se conceden indultos y conmutaciones a aquellos que ya tienen sentencia. No se da indulto y conmutación a alguien que está en proceso, sino un derecho de gracia presidencial, que tiene un marco bien defi­ nido: cuando la etapa de instrucción ha excedido el doble de su plazo más su ampliatoria. A los ocho meses, conmutado: primer error. Le correspondía un derecho de gracia. El segundo error es que le conceden una prerro­ gativa que corresponde a personas mayores de 65 años, y él tenía 61. Se concede a personas que tienen problemas de orden terminal, y la verdad es que tenemos in­ formación de que él fue operado y ahora goza de muy buena salud. ¿Dónde quedó la enfermedad terminal? Veamos la realidad. No por el hecho de defender busquemos cualquier tipo de argumento. Aquí la cosa está totalmente clara en el sentido de que se ha violado el Código Penal en su artículo 404, Encubrimiento personal, que dice lo siguiente: “El que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra me­ dida ordenada por la justicia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años […] 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Si el autor del encubrimiento personal es funcio­ nario (…) la pena será privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años.” Si tenemos este indicio, transmitamos este indicio a quien corresponda para la respectiva evaluación. Que se investigue y se profundice este proceso de investigación. El indicio está establecido, pero a nosotros no nos corresponde acusar, porque simplemente llegamos a conclusiones y reco­ mendaciones. Recomendamos que se profundice esta investigación en el Poder Judicial y que los elementos de violación constitucional vayan a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Queremos evitar que esto pase a otro estamento? No. Si hay indicios, hay que profundizar la investigación y no poner una cortina para no profundizar. El país necesita claridad. Si hay indicios, tenemos que hacer algo; y si hay un elemento que nos lleve a una acusación constitucional, tendrá el derecho de asumir la debida defensa en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Aquí las cosas tienen que ser claras. Creo que de nada sirve tratar de poner adjetivos en otro espacio político y decir que este Gobierno está haciendo lo mismo y que, por lo tanto, lo que yo hice es correcto. Si nuestro Gobierno comete algo, será evaluado en su respectivo momento. No nos corremos a ningún tipo de evaluación, como pretende hacer alguien que se encubre y se refugia en una acción de amparo. Lo que ahora estamos evaluando es lo que ha ocurrido en la gestión del señor Alan García. Muchas gracias, Presidente. —Reasume la Presidencia del señor Fredy Rolando Otárola Peñaranda. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Carlos Tubino.

que habría una alianza aprofujimorista y cosas por el estilo. Mi actuación en la Megacomisión se basa en va­ lores que sustentan la democracia en el Perú, en el respeto a todos los peruanos, a todos los ciuda­ danos del Perú, sea el expresidente Alan García o el último ciudadano del país. Todos merecen que se respeten sus derechos. En este país tenemos la cultura inquisidora y queremos acusar a la persona por sospechas, no con la sustentación que corresponde en una democracia, y por eso he presentado reservas. No es que haya presentado reservas en todo lo que se ha hecho en la Megacomisión y que todo lo haya cuestionado; pero sí me voy a permitir sustentar qué reservas he presentado y por qué las he presentado. En primer término, la Conclusión N.° 1 plantea formular denuncia constitucional contra el ex­ presidente García Pérez por haber ejercido las gracias presidenciales de indulto y conmutación de penas a favor de procesados por narcotráfico en contravención de los incisos 1) y 9) del artículo 118.° de la Constitución, que establecen que el presidente de la República debe cumplir y hacer cumplir las leyes y sentencias judiciales. Con relación a este tema, puedo decir que el ar­ tículo 118.° no lo puedo leer aisladamente, como algunos quieren hacerlo. No se trata de que al­ guien agarre el artículo 118.° de la Constitución y lea los incisos 1) y 9), que son deberes que tiene el presidente de hacer cumplir las leyes; e ignorar el inciso 21), que le da al presidente de la República la facultad de realizar indultos, conmutaciones de penas y gracias presidenciales. Esto se tiene que interpretar sistemáticamente, pero no como lo ha hecho la Megacomisión, en forma aislada, y por eso es por lo que llega a esta conclusión. Y ese es un abecé de lo que es analizar un tema en aspectos netamente legales.

El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Señor Presidente, un saludo a todos los parlamentarios y a las personas presentes en el Hemiciclo.

Las gracias presidenciales están contempladas en la Constitución, y conforme lo señala el Tribunal Constitucional en su Expediente N.° 5854-2004AA/TC, deben interpretarse sistemáticamente con los incisos 1) y 9) del artículo 118.° de la Constitución, que es lo que acabo de explicar hace un minuto.

En esta Megacomisión he actuado fuera de cualquier tipo de especulación que se pueda tener de consigna política en el sentido de

Siendo así las cosas, el ejercicio de la prerroga­ tiva constitucional presidencial de las gracias presidenciales no es incompatible con el deber

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constitucional presidencial de cumplir y hacer cumplir las leyes y las sentencias judiciales, y con mayor razón si dicha prerrogativa y dicho deber están contemplados en ese mismo artículo 118.°. Al respecto, no solo se ha pronunciado el Tribu­ nal Constitucional. ¿Qué dice la Corte Suprema? En su Expediente 522-2004-Puno señala que el comportamiento de una persona que actúe en cumplimiento de la ley o ejerciendo un derecho legal está exento de responsabilidad. En consecuencia, no tiene asidero jurídico soste­ ner que el presidente de la República, al ejercer una prerrogativa constitucional, incurre automá­ ticamente en la violación de un deber constitu­ cional. Ese es un tema que hay que tenerlo claro. Y con respecto a esta misma conclusión, hay argumentos adicionales. La Constitución establece claramente, en su artí­ culo 128.°, que los ministros son individualmente responsables por los actos presidenciales que refren­ dan, salvo que renuncien. Al analizar esta norma constitucional, Marcial Rubio Correa y Enrique Bernales sostienen que el presidente de la Repú­ blica es irresponsable por sus actos, característica que comparte con los jefes de Estado de todos los sistemas políticos occidentales. Por ello, Rubio Correa y Bernales concluyen que para garantizar que en toda decisión del Poder Ejecutivo haya un responsable político, administrativo y penal, se exige que un ministro refrende los actos del presidente. Por lo tanto, el expresidente García Pérez no puede ser sujeto de acusación constitucional por la dación de gracias presidenciales, porque han sido refrendadas por los ministros. Adicionalmente, la Corte Suprema, en reiteradas jurisprudencias (Expediente 522-2004-Puno) ha establecido que, en base al principio de confianza —y es muy importante esto del principio de con­ fianza—, no se puede imputar responsabilidad a una persona que actúa con buena fe cuando los demás, con quienes comparte roles, actúan lícitamente. Si por el mandato legal el sustento jurídico y fáctico para otorgar las gracias pre­ sidenciales es plasmado en un informe por el Comité de Gracias Presidenciales, entonces todo presidente de la República que otorga una gracia presidencial en base a estos informes está exento de todo tipo de responsabilidad, puesto que actúa confiando en un acto lícito de dicho Comité de Gracias Presidenciales. De lo contrario, todos los congresistas seríamos responsables, por ejemplo, del actuar ilícito de nuestros asesores.

¿Qué cosa queremos? ¿Queremos traer nuevamente la autoría mediata y el dominio del hecho que tienen preso al expresidente Fujimori? Con esos principios yo puedo llevar a pena de cárcel a cualquier persona que haya ejercido autoridad. ¿Eso mismo queremos? El Tribunal Constitucional ha señalado claramen­ te, en la Sentencia 3660-2010-PHC/TC, que en sede judicial no se puede controlar la conveniencia o no de las gracias presidenciales, pues ello resulta una materia reservada constitucionalmente a la propia discrecionalidad del presidente de la Repú­ blica. Por tanto, no existen razones jurídicas para denunciar constitucionalmente al expresidente García Pérez, menos aún cuando judicialmente no se ha determinado la nulidad de las gracias presidenciales que la Megacomisión cataloga de irregulares. En consecuencia, el expresidente García Pérez no puede ser sujeto de acusación constitucional bajo un juicio de inconveniencia de las gracias presidenciales que otorgó, toda vez que se trata de una materia reservada a la discrecionalidad propia de su cargo constitucional de presidente de la República. Con respecto a la Conclusión N.° 2, nuevamente doy mi voto en abstención, y lo sustento. ¿Qué cosa dice esta conclusión? Que se formule denuncia constitucional contra el expresidente García Pérez por haber ejercido las gracias presidenciales, los indultos y las conmutaciones de pena a favor de procesados por narcotráfico, en contravención con el artículo 8.° de la Cons­ titución, que establece que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Voté en abstención, porque el artículo 118°, inciso 21), no establece ningún límite para la conmutación de pena o el indulto de los conde­ nados por narcotráfico. Nos guste o no, esa es la Constitución Política de nuestro país. ¿Qué es vivir en democracia? Respetar la Constitución y las leyes. Si no, nos tendremos que trasladar al Tribunal de la Inquisición. Parece que eso es lo que a algunos les gustaría. Es menester recordar que la Ley 24388, emitida el 6 de diciembre de 1985, autorizó las conmutacio­ nes de pena para los sentenciados por narcotráfico. Además, el Decreto Legislativo 824, que rige la lucha contra las drogas en el Perú, establece el beneficio del indulto a los reos primarios conde­ nados por el delito de tráfico ilícito de drogas. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Finalmente, el Reglamento Interno de la Comi­ sión de Conmutación de la Pena, Decreto Supremo 016-2005-JUS, establece que la conmutación de pena y el indulto son atribuciones constitucionales del presidente de la República y su concesión es para todo tipo de delitos. Posteriormente se indica que no se debe dar esta conmutación de penas ni a violadores ni a secuestradores ni a los cabecillas de estas bandas de narcotráfico; pero no pone otra limitación. Entonces, se quiere inventar otra, pero lo que dice la ley y lo que dice la Constitución es lo que tenemos que respetar. El actual presidente de la República —y ya lo ha dicho el congresista Velásquez— en una sola resolución blindó con una gracia presidencial de conmutación de pena a setenta personas conde­ nadas por tráfico ilícito de drogas. Bajo ese mismo raciocinio, vamos a tener que acusar al actual presidente de la República, Ollanta Humala, porque hay quienes —como el que habla— consi­ deran que el Gobierno no está luchando contra el narcotráfico con toda la fuerza del Estado, como lo señala la Constitución Política del Perú. Y ¿en qué me sustento? Me sustento, por ejemplo, en lo que dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos en el último informe del mes de marzo en el sentido de que el año pasado por vía aérea han salido de nuestro país ciento ochenta mil kilos de cocaína. Si en cada avioneta salen trescientos kilos, se habrían necesitado seiscientos vuelos. ¿Eso es luchar contra el narcotráfico? No. El Presidente de la República, bajo este raciocinio, no cumple el artículo 8.° de la Constitución Política del Perú. Entonces, tendremos que acusarlo también cuando deje el gobierno. La verdad es que estos sustentos de la Megaco­ misión pueden terminar —con lenguaje naval— siendo un torpedo para su propio presidente. Voté en abstención también respecto a la Con­ clusión N.° 4, que se refiere a formular denuncia penal contra el expresidente García Pérez por la comisión de presunto delito de encubrimiento personal, previsto en el artículo 404 del Código Penal, porque concedió un indulto al señor Es­ pinoza Jiménez, ex jefe del Sistema Integral de Salud. Voté en abstención toda vez que resulta un imposible jurídico imputar responsabilidad penal al expresidente García Pérez por haber ejercido su prerrogativa constitucional de conceder indulto a favor de una persona. En efecto, nuestro Código Penal señala claramen­ te, en su artículo 20, inciso 8), que está exento de Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

responsabilidad penal el que obra por disposición de la ley en el ejercicio legítimo de un derecho. Así las cosas, el expresidente García Pérez no tiene responsabilidad penal, puesto que concedió el indulto a favor del señor Espinoza Jiménez bajo el amparo de la prerrogativa constitucional del artículo 118.°, inciso 21), de la Constitución, que establece que el presidente de la República puede ejercer indulto a favor de cualquier condenado. Esto ha sido ratificado por la Corte Suprema (Sala Penal en Expediente 522-2004-Puno), que señala que el comportamiento de una persona que actúe en cumplimiento de la ley o ejerciendo un derecho legal está exento de responsabilidad penal, máxi­ me si el indulto que el expresidente García Pérez concedió al señor Espinoza tuvo como base diver­ sos informes médicos presentados por el Comité de Gracias. Además, todavía no ha sido declarado nulo en sede judicial, por lo cual la Megacomisión está vedada de catalogarlo como ilegal, y menos aún utilizarlo para imputar un delito. Voté a favor con reserva respecto a la Conclusión N.° 5, que establece formular denuncia penal con­ tra el exministro de Justicia Pastor Valdivieso por el delito de cohecho pasivo impropio (artículo 394 del Código Penal), porque, según la declaración de un testigo encubierto, este supuestamente recibió quince mil dólares por la conmutación de la pena a favor de un condenado por narcotráfico. Los hechos descritos en esta conclusión ameritan ser investigados con mayor detenimiento. No contamos hoy con la suficiente información para imputar un delito en específico. La acusación con­ tra el exministro de Justicia Pastor Valdivieso se sustenta únicamente en el testimonio de un testigo encubierto —es decir, solo por la palabra de una persona no identificada—, y la Megacomisión no ha demostrado fehacientemente la existencia de dicho pago a favor del exministro Pastor. No se ha probado que hayan sido solicitados ni recibidos esos quince dólares. No podemos acusar sobre la base de sospechas o porque alguien dijo si después no tenemos cómo comprobar dónde terminaron los quince mil dólares. Por último, voté a favor con reserva respecto a la Conclusión N.° 6, que establece que existen indicios razonables de la comisión del delito de asociación ilícita para delinquir (artículo 317 del Código Penal). Incluye a funcionarios de Palacio de Gobierno y del Ministerio de Justicia y a inte­ grantes de la Comisión de Gracias Presidenciales por supuestamente haber otorgado de modo irregular gracias presidenciales a sentenciados por tráfico ilícito de drogas.

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Voté a favor con reserva respecto a esta conclusión porque no se han demostrado con suficiencia los elementos típicos que resultan necesarios para imputar el delito de asociación ilícita. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante Acuerdo Plenario 4-2006-CJ, ha establecido que el delito de asociación ilícita se configura siempre que se acrediten copulati­ vamente los siguientes elementos: la estructura jerárquica, la división de roles y el carácter per­ manente de la asociación. En primer lugar, la Megacomisión no demuestra cuál es la estructura jerárquica existente en la supuesta asociación ilícita conformada por el presidente García Pérez y su ministro de Justicia con los demás funcionarios de la Comisión de Gracias Presidenciales. En otras palabras, para imputar este delito la Megacomisión debería haber mostrado, como mínimo, el organigrama de esta supuesta asociación criminal. En segundo término, la Megacomisión no ha demostrado cuál es la división de roles del presi­ dente García Pérez y su ministro de Justicia. Para imputar ese delito se han debido determinar, como mínimo, los roles de cada uno de los integrantes de esta supuesta acción criminal. En tercer lugar, la Megacomisión no ha demos­ trado el carácter permanente de esta supuesta asociación criminal. Se ha debido detallar cómo, cuándo y quiénes la conformaron. Por lo tanto, votamos a favor con reserva respecto a esta conclusión y recomendamos que se acuse a los miembros del Comité de Gracias Presiden­ ciales y que el Ministerio Público determine su responsabilidad por el delito de asociación ilícita. Significa que la actuación del señor Facundo Chinguel y de toda esa gente que se ha presentado en esta Comisión de Gracias Presidenciales debe investigarse, como que está ahora en sede judicial. Eso debe continuar en el fuero judicial. Entonces, señor Presidente, esas son las reservas que he presentado. Con sinceridad debo manifestar que no he en­ contrado sustento jurídico ni constitucional para acusar constitucionalmente al expresidente Alan García Pérez. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, nos compla­ ce que usted esté cumpliendo con el acuerdo de la Junta de Portavoces en el sentido de que no se puede poner límites a las intervenciones. Pero planteo que eso suponga que con posterioridad a la intervención de cerca de una veintena de congresistas de otras bancadas se pueda volver a tener el uso de la palabra por parte de nuestra bancada. Si solo vamos a tener interrupciones de un minuto, va a ser manifiesta la desproporción entre quienes van a hablar contra nosotros y la posibilidad de réplica de nuestra bancada, y eso rompería el esquema equitativo del acuerdo. Quiero referirme, además, a un tema de contexto con el que todas estas cosas se están viendo en nuestro país. Es clarísimo para nosotros que esta es una investigación de carácter político. Lo dijo un congresista en el primer debate que tuvimos acá: es un enjuiciamiento político el que se está haciendo. Aquí se dice que las comisiones investigadoras tienen que encontrar solamente indicios razona­ bles, porque simplemente ponen las cosas para que sean otros órganos los que actúen. Pero lo que en realidad buscan las comisiones investiga­ doras encabezadas por adversarios políticos —en estas circunstancias, el congresista Tejada— es encontrar elementos políticos que lleven a una conclusión política, que en este caso es la inha­ bilitación del presidente Alan García. Estamos, supuestamente, por declaraciones del congresista Tejada, ante el caso más contundente de su investigación de dos años. Este Pleno le dio investigación por un año. Luego pidieron dos años, y hasta querían más ampliaciones. Y este, que había sido el caso noveno, viene a ser el primero que se presenta por la supuesta contundencia política que tiene el tema. En esa contundencia política, el congresista Tejada lo que nos dice es que el presidente Gar­ cía no ha cometido delito. De manera que para nosotros es un tema de satisfacción, porque con dos años de investigaciones de todos esos casos que ha presentado grandilocuentemente y que han sido desmentidos de manera cabal por mi colega y compañero Javier Velásquez Quesquén, la conclusión final con la que tres parlamentarios del Nacionalismo y una parlamentaria a la que incorporaron un día antes para que votara a fa­ 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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vor —la señora Omonte, que venía con un rabo de paja y vota a favor sin leer, y que después, por supuesto, es blindada en la Comisión de Ética y se le premia con el cargo de ministra de Estado—, ¿qué plantea? Formular denuncia constitucional contra el expresidente Alan García Pérez por el incumplimiento de lo establecido en los artículos 39.°, 43.°, 44.° y 45.° y los incisos 1) y 9) del artículo 118.° de la Constitución Política. Esta figura es etérea, todavía en nuestro país no está desarrollada, no está tipificada, no está preestablecida. Y ya la Corte Interamericana de­ termina claramente que la tipificación tiene que estar presente para una inhabilitación. Pero en nuestro país todavía no está tipificada la famosa infracción constitucional. ¿Todo esto para concluir que funcionarios de segunda o de tercera que ya están presos cometieron delitos? ¿Para eso hemos gastado doce millones de nuevos soles, para que concluyan en algo que ya se sabía? ¿Para eso se han requerido diecisiete asesores? ¿Para eso todo tipo de gollerías? ¿Para eso la compra de un software especial que nadie sabe quién lo maneja? Tengo los documentos. En su momento se sabrá también de la compra de ese software especial que el congresista Tejada pidió y que sirve para abrir el secreto bancario de quien él quiera. Ya lo aclarará. ¿Para concluir en qué? En infracción constitucional; o sea, en la interpretación posterior de un hecho estrictamente político. ¿Cuáles son los artículos de la infracción constitucional que le imputan al presidente García? Supuestamente, por firmar indultos que están establecidos en la Constitución, faltó al artículo 39.°: “Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación […]”; al artículo 43.°: “[…] Su gobierno es unitario, representativo, descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes”; al artículo 45.°: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”. Esos artículos fueron supuestamente infraccionados. También hablan de los incisos 1) y 9) del artí­ culo 118.°. Inciso 1): “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales”. ¿Eso es todo, señor Presidente? Esto es lo más político que hay. ¿Cómo no va a ser político si el Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Partido Nacionalista tiene un objetivo político —lo reiteramos— de carácter electoral. No es que nosotros infiramos ese objetivo polí­ tico, sino que esto tiene su origen en el ideario del Partido Nacionalista, y en la primera página del ideario del Partido Nacionalista —para que vean cómo un partido se puede estructurar no en función de pensamiento, de ideología, de historia, de compromiso con el pueblo, directamente dicen: “Nadie podrá negarle a García que es un operador político hábil, escaso de principios, con amplias capacidades de manipulación. […] Él era el único capaz de ganarle a Humala. Hoy sabemos que Gar­ cía, aunque ganase, empleó todo tipo de métodos para intoxicar y manipular a la opinión pública. El contenido de esos métodos ha germinado en pactos políticos que se vienen implementando, así como la radicalización del modelo neoliberal”. De manera que en la primera página del ideario del Partido Nacionalista hay una directa referen­ cia al presidente Alan García. Siquiera hubiesen guardado un poco las composturas y hubieran hecho la pantomima de analizar la realidad na­ cional. Prácticamente es un partido como el que era el famoso Frente Independiente Moralizador, hecho solamente para perseguir a Alan García. ¡Qué vergüenza, francamente! Este es el ideario. Si esas circunstancias los llevan a esas determi­ naciones, veamos cómo es que este tema se fue incorporando, porque ese odio político sobre este tema famoso de los narcoindultos se sintetiza en un origen y en un desarrollo. El congresista Tejada —lo llamo así, ‘congresista Tejada’, porque creo que es lo correcto— trasunta ese odio del Partido Nacionalista en su informe en cada párrafo que escribe. Solo dos veces se menciona al presidente García como expresidente. A Alan García lo mencionan decenas de veces, pero como ‘García Pérez’. Como decir ‘Tejada’. Entonces, yo ya no voy a decir ‘congresista Tejada’ ni ‘señor Tejada’, sino Tejada. En todo el informe se trasunta eso. Él pide trato alturado, pero en su informe dice: “porque García Pérez en su derecho de defensa”, “porque se citó a García Pérez”, “porque García Pérez contestó”, “porque los abogados de García Pérez”, “García Pérez se presentó”; y ‘García Pérez’ por arriba y ‘García Pérez’ por abajo. ¿Qué trato es ese, señor Presidente? Por lo menos hay que darle un trato alturado, no ‘García Pérez’. Al congresista Tejada, yo no le voy a decir: ‘Tejada Galindo’. Podría decirle ‘Tejada’

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o hasta ‘Tejadita’, porque hay una famosa sangu­ chería de Barranco que se llama ‘Tejadita’. Pero no, le voy a decir ‘congresista Tejada’, porque lo cortés no quita lo valiente. Ni siquiera estas cosas se han podido cuidar, señor Presidente, porque aquí trasunta el odio político. Entonces, es imposible que el congresista Tejada y los dos parlamentarios que lo acompañaron, más la congresista Omonte, puedan haber fallado, aunque la evidencia fuese clarísima, a favor del presidente García. El objetivo es de todas maneras acusarlo. Pero han tenido un escrúpulo final y no se han atrevido a decir —en este asunto, que sería ‘el caso más fuerte’, ‘el caso más contundente’— que se ha cometido delito. La primera conclusión es que no hay delito. Se acabó. El resto es terreno político, son acusaciones constitucionales sobre la base de infracciones constitucionales. Entonces, estamos bastante tranquilos por este informe. Hasta nos provoca votar a favor, porque “este es el caso más contundente”, “el más pre­ ciso”, “el más firme”. Son infracciones constitucionales completamente subjetivas que tarde o temprano van a ser decla­ radas nulas y van a hacer que esta Comisión se convierta en el hazmerreír de la investigación par­ lamentaria mundial, porque ya hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que preside Diego García Sayán, y del Tribunal Constitucional peruano. El congresista Tejada al comienzo decía que esas sentencias aquí en el Congreso no se cumplían; pero la famosa sentencia Tineo Cabrera establece claramente que las infracciones constitucionales tienen que estar previamente determinadas en ley para saber cuáles son. Y esta mayoría parla­ mentaria no ha sido capaz siquiera de presentar un proyecto de ley que establezca las infracciones constitucionales, por lo menos para dar visos de preocupación en este tema. Tarde o temprano determinarán que no es posible hacer un caso de infracción constitucional y de acusaciones constitucionales basado en criterios que violan derechos humanos. Y se equivoca un congresista cuando dice que no­ sotros solamente tenemos que buscar indicios. Ese congresista nos quiere dar lecciones y se pregunta

que cómo es posible que parlamentarios con tanta experiencia no hayamos aprendido. Pero él tiene que leer el Reglamento y entenderlo, porque, en efecto, se puede leer y no entender; se puede leer y no pasar la prueba PISA [Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes]. ¿Qué dice el Reglamento del Congreso sobre las prerrogativas y trabajos de las comisiones investigadoras? El artículo 88.°, inciso g), dice lo siguiente: “Cuando de las investigaciones que realizan las Comisiones de Investigación aparezca la presun­ ción de la comisión de delito —en muchos casos están mencionando para otras personas el deli­ to—, el informe de la Comisión establece hechos y consideraciones de derecho, con indicación de las normas de la legislación penal que tipifiquen los delitos que se imputan al investigado o a los investigados, concluyendo con la formulación de denuncia contra los presuntos responsables. —Si se tiene que concluir con la formulación de denuncias, ¿cómo dicen que se trata de pruebas indiciarias nada más?—. Si los imputados fueran altos funcionarios del Estado, comprendidos en el artículo 99.° de la Constitución Política, el informe debe concluir formulando denuncia constitucional.” ¿De dónde sacan eso de que se trata de indicios nada más? ¿Dos años para eso, Presidente? Ahora bien, esto se enmarca en lo que se considera como criterio bandera del actual presidente de la Comisión. Y ¿cuál es el origen del tema de los indultos? Los indultos son políticas de Estado, y los indultos han tenido exactamente los mismos criterios, que ahora se han convertido en objeto de acusación contra Alan García, para el caso del presidente Paniagua, el presidente Toledo e incluso el presidente Fujimori con anterior oportunidad. Fujimori fue, por ejemplo, uno de los que más indultó con la Comisión Lanssiers. Eran mecanis­ mos que se consideraron perfectamente válidos, sobre todo por la corriente política que encabeza el congresista Tejada. Yo tengo aquí, Presidente, el Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Justicia y Dere­ chos Humanos 2013-2017, elaborado, firmado, presentado y aprobado en el Consejo de Ministros, en presencia del señor Ollanta Humala, por la señora Eda Rivas, ministra de Justicia. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Acá está, Presidente, todo lo que van a hacer ellos en los cinco años: metas, objetivos, análisis FODA [fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas], todo el desarrollo del sector. ¿Qué dice en materia de procesos penales, que tienen que ver con el Instituto Nacional Penitenciario y las personas recluidas? Que los requerimientos para el trabajo del proyecto de apertura serán formulados para procesados por las comisiones de delitos a fin de obtener gracias presidenciales. El criterio con el que se parte es el promedio de lo establecido en los cinco años anteriores: 1778 personas graciadas, indultadas o que, en general, han sido objeto de un proceso por el cual se les ha beneficiado una salida anticipada. Entonces, ¿qué dice el informe, Presidente? Parte del 2012 con 1778 personas; para el 2013, 70% más; 2014, 75% más; 2015, 80% más; 2016, 85% más; para concluir el 2017 con 7288 indultados. Esa era la meta. Que el congresista no diga que no. Que dé un argumento, pero que no diga ‘no’, porque este es un documento del Ministerio de Justicia. Presidente, el congresista me solicita una inte­ rrupción. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Sergio Tejada. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Le agradezco al congre­ sista Mulder por la interrupción. He leído ese informe con bastante detalle. Justamente, señala que ha habido un retraso en ver los infor­ mes; pero el número que ha dicho el congresista Mulder no es el número de conmutaciones o gracias presidenciales que se darían, sino el de los informes que se revisarían. Indica que al año 2017 —si mal no recuerdo— el 95% de los informes serían revisados. Eso no quiere decir que tendrían que ser aprobados. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Mauricio Mulder. El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Presidente, el Plan Estratégico Institucional supone metas para alcanzar. Leer papeles no es una meta para alcanzar, sino resolver el papel en sentido Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

negativo o positivo. Además, la solicitud de conmutación o de indulto la hace el recluso, y uno no sabe cuántas van a llegar. Durante el Gobierno anterior fueron treinta mil las solicitudes, porque es un derecho del recluso. ¿Cómo pueden establecer que van a ser solamente siete mil los reclusos que van a presentar su solicitud. Esta no es una meta de lo que se va a presentar, porque eso no lo presenta el ministerio. El ministerio resuelve lo que le manda el recluso. Estas son metas de conmutaciones, porque cuando se habla de que se tiene en cuenta el promedio de los últimos siete meses del año, ¿se está haciendo referencia de los documentos recibidos? No. Se trata del promedio de indultos que se hicieron. Son 1776 por año. Ahora, Presidente, este tema no era parte de la agenda pública durante los años de ejercicio de los ministros que ahora son imputados. Ningún parlamentario del Nacionalismo —que, siendo oposición, en nuestra época tenía más congresistas que nosotros— levantó su voz para decir que ahí se estaba traficando. En la campaña electoral nadie mencionó este tema, porque se trata de políticas de Estado, y de políticas de Estado que el mismo Gobierno del señor Ollanta Humala se comprometió a seguir. Este tema tiene su origen en otro esquema. Y me alegro de que el congresista Heriberto Benítez esté ahí sentado, porque fue él quien trajo ese tema a este Congreso, fue él quien empezó a decir que había una política en la que se pagaba por indultos y conmutaciones. Y llegó a decir el congresista Benítez: “¡Provecho, señor García!”. Yo lo recuerdo claramente. ¡Qué raro! El congresista Benítez, integrante de un partido de oposición, como Solidaridad, en este plan. Esto tiene su origen porque, el año 2011, quien habla presentó ante la Comisión de Fiscalización el pedido —lo había coordinado yo con el congre­ sista Víctor Andrés García Belaunde— de que los señores Pazos Holder y Néstor Sack acudiesen a la Comisión de Fiscalización a presentar una serie de denuncias contra el señor Rodolfo Orellana Rengifo, denuncias que mencionaban al congre­ sista Heriberto Benítez. Entonces, mi despacho hizo pasar a estas personas y se presentaron ante la Comisión de Fiscaliza­

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ción. Desafortunadamente, no hicieron uso de la palabra porque la Comisión se dilató en exceso en su agenda de ese día. Cuando ya tocaba que pudieran ellos hacer uso de la palabra, se tuvo que levantar la sesión por falta de quórum.

“El señor Jorge Pazos Holder está siendo inves­ tigado —me dice esta periodista— porque está vinculado a los narcoindultos —y lo pone gran­ de—, porque una persona, que sería la madre de su menor hija, fue beneficiada con este indulto”.

Un hecho anecdótico más pasa en la vida, pasa en la política; pero después yo recibo una carta amenazadora del señor Orellana Rengifo a con­ secuencia de una entrevista que me hace Mariela Balbi para el diario El Comercio en la que estába­ mos en una actitud muy confrontacional contra el congresista Benítez.

Si el congresista Benítez me quiere interrumpir, lo puede hacer en cualquier momento.

Reconozco que es un congresista con el que te­ nemos una relación amical de hace muchos años, porque él fue aprista, y seguro que se mantiene; pero estoy hablando fácticamente, como debería ser. La periodista me señaló que el congresista Benítez había hecho esas acusaciones contra Alan García, y yo le dije que el congresista Benítez tenía que responder por un tema muy grave. Luego ella me preguntó cuál era ese tema, y mi respuesta fue: “Rodolfo Orellana Rengifo”.

Entonces, yo ato cabos: como el señor Pazos Hol­ der supuestamente fue beneficiado por un indulto a un familiar de él en la época de Alan García, hay que atacar el tema de los indultos porque el señor Pazos Holder es mi enemigo a muerte. Y el congresista Benítez plantea acá ese tema que nadie conocía. ¿Me equivoco, congresista Benítez? Por favor, rectifíqueme usted. Lo he aludido, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Por alusión, puede intervenir el congresista Heriberto Benítez.

A pesar de que lo único que había hecho era mencionar su nombre y su apellido y de que no le había imputado ningún hecho, ningún cargo, absolutamente nada, al día siguiente recibí una carta del señor Orellana Rengifo en la que él me conminaba a que yo me rectificase, porque de lo contrario me iba a denunciar.

El señor BENÍTEZ RIVAS.— Presidente, yo pensaba intervenir más adelante para explicar muchas cosas, pero mi colega Mauricio Mulder ha mencionado mi nombre en varias oportunidades y quiero hacer algunas precisiones en honor a la verdad.

No me denunció, porque no había justiciable, pero algunos meses después recibí una carta de una revista que se llama Quinto Poder firmada por una periodista Martha Silva Cárdenas.

La especulación que hace mi colega Mauricio Mulder parte de una premisa errada, falsa y equi­ vocada, porque no es cierto que yo haya solicitado este pedido pensando en un sujeto determinado o en una persona determinada. Cuando se sustentó ese tema en el Pleno, lo dije. Si el colega Mulder no lo recuerda, puede buscar el diario de los debates, ver el video de televisión o, si gusta, más rápido se lo puedo recordar brevemente en este instante.

Curiosamente, en dicha carta me dicen lo si­ guiente: “Al amparo de la Ley de transparencia y acceso a la información pública, Ley N.° 27806, solicito que se me otorgue el detalle y motivo por el cual usted autorizó el ingreso del señor Jorge Pazos Holder con fecha 7 de diciembre del año 2011 para que asistiera a la Comisión de su presidencia —con error, me atribuía la presidencia de la Comisión de Fiscalización—, ingresando a las 11:34 horas y permaneciendo hasta las 13:44 horas. Esto fue autorizado por su despacho, según consta en do­ cumento adjunto que me ha alcanzado el señor José Abanto Valdivieso”. Acá está la pepa, pues.

Cuando salí electo parlamentario, recibí la visita de varios familiares de internos a los que habían engañado bajo la modalidad de la conmutación de pena. Contra los condenados por tráfico ilícito de drogas las normas siempre se dan de manera drástica, no se permiten libertades, no se permiten beneficios. El Congreso promueve normas para que cada vez las penas sean más drásticas, y todo el aparato del Estado se va contra el narcotráfico. Entonces, el condenado por ese delito ya no tiene puertas ni ventanas a través del Poder Judicial y busca una salida legal, una salida que le permita 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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obtener el beneficio de la libertad y disfrutar del dinero que ilícitamente ha recabado a través del narcotráfico. Esos familiares me dijeron: “Aquí hay gente que está cobrando dinero para otorgar beneficios y hacer que salgan de poder salir”. Y yo les pregun­ té: “Pero ¿cómo lo van a hacer si esto está pro­ hibido por ley”. “Muy sencillo, congresista —me dijeron—, lea usted las conmutaciones de pena que ha dado este Gobierno”. Y no se referían al actual Gobierno, sino al de Alan García Pérez… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista. El señor BENÍTEZ RIVAS.— Presidente, pedí un informe al Mi­ nisterio de Justicia y me enviaron un cuadro no sobre indultos, no sobre derechos de gracia, sino sobre conmutaciones de pena. Y ahí salía que había más de cinco mil casos, de los cuales tres mil y pico eran por tráfico ilícito de drogas; mil ochocientos, por robo agravado; y de los demás delitos había uno, dos, uno, dos, uno, seis, dos, uno, uno, uno, uno, uno. ¿Qué pasaba? Esos familiares de los internos me trajeron las re­ soluciones que publicó el diario El Peruano sobre las conmutaciones de pena. Se daba el nombre del ciudadano, el nombre del penal, el número de años y la fecha en que saldría en libertad; pero nunca se mencionaba el delito. Entonces, si uno hace una fiscalización política, parlamentaria o legal a través de los medios de comunicación, nunca se entera, porque se supone que el conmutado de pena es por un delito deter­ minado, buena conducta o informe favorable; pero si en el diario oficial El Peruano viéramos páginas enteras de conmutación de pena en casos de tráfico ilícito de drogas, sería un escándalo. A raíz de eso comencé a indagar. Los abogados sabemos que los clientes o los patrocinados que caen presos quieren su libertad sin importarles la manera o la vía. Entonces, se hablaba de pagos de dinero, e incluso se decía: “Si hubiera cinco mil casos y cada uno pagase la modesta suma de mil dólares, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando”? ¿Ese dinero llegaba solo? ¿Se dejaba en Palacio? ¿Se dejaba en el Ministerio de Justicia? ¿Iba a favor de alguien o quedaba en los mandos medios? Ahí nació la investigación, señor Presidente, y a raíz de eso se pidió que se investigara. Aquí yo no he mencionado la especulación del señor Mulder porque pidió una investigación a Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

un sujeto o le mandaron una carta… Yo no sé, la verdad, qué tiene que hacer el señor… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Concluya, congresista. El señor BENÍTEZ RIVAS.— Ahora que la cosa se va aclarando, lo traen a colación porque quie­ ren desvirtuar o manchar un pedido que se hizo. Las cosas hay que contarlas completas. Yo hice el pedido porque me lo pidieron los familiares de los internos. Ellos me dieron información y me dijeron que pagaban, y ese es el único caso que ahora tiene más fuerza y contundencia. Ahora, el hecho de que el informe tenga debili­ dades y no sea lo suficientemente contundente es distinto. También es cierto que tenemos que hacer aportes para mejorar el informe, porque está débil. Lo tengo que decir con toda franqueza. He escuchado la exposición de mi colega Sergio Tejada y he leído el documento, y lo encuentro débil en materia de conmutaciones de pena. Así como va, no se puede aprobar; así como va, no se puede sancionar a nadie; así como va, García termina favorecido. Entonces, hay que reconstruir el informe, hay que buscar… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Concluya, congresista. El señor BENÍTEZ RIVAS.— … aportes, hay que decir las cosas como son. Por intermedio de usted, Presidente, con todo respeto le digo al congresista Mauricio Mulder que la verdadera historia es la que le he contado, y que el señor Orellana no tiene absolutamente nada que ver acá ni en pelea de perros. Y el otro señor, el sujeto que dice que vino, que es un empresario y todo, tampoco tiene nada que ver. Es más, no lo conozco en persona. Lo habré visto en una foto por ahí o lo habré visto algún día en el canal, pero no lo conozco. Así que, por favor, si vamos a hacer debates serios, hagámoslo con responsabilidad, con honestidad, con transpa­ rencia, más aún si se trata de mi colega Mauricio Mulder, que es miembro de la Comisión de Ética y un distinguido dirigente del partido de Haya de la Torre. Gracias.

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El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede continuar con su intervención, congresista Mauricio Mulder. El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— O sea, lo hizo porque es buena gente; y claro, concluye diciendo: “¿Qué tiene que ver el se­ ñor Orellana Rengifo?”. Solo le faltó decir: “Acá no lo traigan. No me lo toquen al señor Orellana Rengifo”. Ese es un tema que ya se dilucidará en otro lado, como se está dilucidando el tema de Áncash. Lo de la centralita y todo ese tipo de cosas se van dilucidando, y todo se va sabiendo. Ya está circulando por ahí el pedido para que ahora se vea la formación de la comisión investigadora del tema del señor Orellana Rengifo. El congre­ sista Víctor Andrés Belaunde lo está corriendo y yo lo he firmado. Entonces, el congresista García —como muy bien me lo dice el congresista Martín Belaunde Moreyra— va a poder desentrañar si este tema ha jugado o no ha jugado… A lo mejor son especu­ laciones de mi parte; pero seamos claros, porque, en política, eso de andar chupándose del dedo y comiéndose esos cuentos no da éxito, Presidente. Hay que ser perspicaz. Volviendo al tema de fondo, la facultad del presi­ dente de la República es tan clara que el mismo informe concluye en que se le imputa al presidente García un supuesto número extraordinario, en que se ha excedido el presidente García. ¿Sobre la base de qué criterio establecen eso? ¿Existe un número específico? ¿Hay una permisología específica? ¿Hasta mil? ¿Hasta cincuenta? ¿Hasta cien? ¿Dónde está eso? ¿Cuál es el límite? Aumenta la población —no solo la carcelaria, sino en su conjunto— y no se pueden aplicar cifras de hace diez años a políticas públicas, porque ahora somos treinta millones de habitantes y hace diez años éramos veintitrés millones. Es algo obvio, y eso mismo se proyecta hacia todo ámbito. Como aumenta la población, aumenta también la población carcelaria. El congresista Velásquez Quesquén ha enseñado cómo ha aumentado la población carcelaria y no se ha construido ni un solo penal. Imagínese la situación en la que están, que son además criminógenas. Todo el mundo lo sabe. Por eso, los abogados de todos los ministerios de Justicia desde hace veinte años dicen: “Las cárceles del Perú no socializan”, “las cárceles del Perú criminalizan más”.

Entonces, a los que no sean cabecillas y puedan ser proclives (burriers, paqueteros, autores de robos menores, entre otros) hay que tratar de sustraerlos, en lo posible, de que se sigan cri­ minalizando adentro. Esas son las políticas de deshacinamiento. El congresista Tejada nos ha asegurado acá que no había ningún cabecilla. Aunque lo haya puesto en el informe, después ha dicho: “Bueno, es que supongo que uno de ellos era”. ¿Por qué supone? Está suponiendo… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista. El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Se­ ñor Presidente, han sido agrupados en condición de banda porque el congresista considera que la nacionalidad es suficiente. Si son de nacionalidad española —que creo que es la primera población penal extranjera—, forman parte de una misma banda por ser españoles; si son colombianos, por ser colombianos. Ahí está la “organización”, ahí está la “asociación ilícita para delinquir”. ¿Cuál es la prueba? Que son de la misma nacionalidad. Bueno, no importa, es un tema casuístico, señor Presidente, que tampoco mereció una imputación de carácter delictivo contra Alan García de parte de la Comisión; es decir, de parte de la mayoría de la Comisión, que otra vez cae en el análisis a posteriori. Tanto es así que mire lo que recomienda la mayoría de la Comisión después de analizar todo este mamotreto —que no es una mala pa­ labra, porque mamotreto significa ‘documento extenso’—: “Elaborar y presentar un proyecto de desarrollo constitucional a fin de mantener el carácter excepcional del derecho de gracia”. Recién van a presentar el proyecto para que se convierta en un tema excepcional. ¿Ya lo presen­ taron? Les apuesto que no, porque no les interesa. Solamente lo mencionan. Nadie ha presentado un proyecto de ley así. ¿Hay una limitación que al congresista Tejada se le ocurra porque un nú­ mero le parece alto? No, no la hay, por eso está planteando que este sea un tema excepcional. Entonces, el pez por la boca muere. Ni siquiera la acusación constitucional se sostiene, porque el presidente de la República tiene la facultad de conmutar, tiene la facultad de indultar, y sus limitaciones son las limitaciones establecidas para los delitos específicos. El indulto cabe por razones humanitarias o in­ dulto a secas. Eso incluye la posibilidad del delito 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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de narcotráfico. En el caso de las conmutaciones, la prohibición es solo por delitos de violación, secuestro y extorsión. Las conmutaciones dan la posibilidad del indulto, y el indulto humanitario es transversal. Aquí se quiere demostrar qué indultos humani­ tarios no debió haberse dado. ¿Saben en qué se basan, señor Presidente? En un “profundísimo examen médico” que los miembros de la Comisión hicieron. El único médico de la Comisión es el congresista Wong. El congresista Pari creo que es ingeniero. El congresista Llatas también tiene una profesión vinculada a la ciencia. El congre­ sista Tejada es punkero… perdón, es sociólogo y conoce temas de trascendencia cultural por algunos llamados ‘chamanería’. Bueno, son bromas que él acepta, como acepto yo las que él me hace. Pero han hecho un examen médico profundo para determinar que el señor Espinoza, que padece de cáncer —y un cáncer maligno—, no padece de cáncer. Los médicos que han firmado eso no saben nada. Ellos “saben más” y sus “profundos estudios medicinales” los llevan a concluir, sin ver al paciente físicamente, sino por televisión, que su salud anda muy bien. Por televisión lo vieron caminando y para ellos esa es la prueba de que el señor no está con cáncer. Pregunto a los congresistas que han tenido este tipo de problemas si un paciente oncológico no puede caminar. Es sometido a todo tipo de te­ rapias y a todo tipo de exámenes que lo gastan, pero puede caminar, puede hablar. Entonces, la imagen médica profundamente profesional de los miembros de la comisión los lleva a determinar que, de acuerdo a como lo vieron por televisión, ese hombre está sano. Lo mínimo en que se podría haber pensado es en llamar a los médicos para que sustenten. ¿Han llamado a los médicos? No han llamado a los médicos. ¿Hablaron los médicos para sustentar este punto? Les podían preguntar, porque este es un asunto que se está convirtiendo en un tema de acusación; pero no los han citado. Los médicos que opinaron por el caso del señor Crousillat, ¿han sido citados para que expliquen? No, no los han citado. El presidente de la República solo ve papeles, no inspecciona con su escalpelo para ver si una persona está enferma o no. Le ponen informes Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

firmados por médicos. Por eso, no puede él asu­ mir una responsabilidad, porque los informes son responsabilidad de quienes los firman y los alcanzan al presidente de la República. Si un médico firma que un paciente tiene deter­ minada enfermedad, ese médico se responsabiliza por lo que está diciendo. El presidente tiene que creerle, porque es un funcionario público, salvo que se demuestre que ese médico es un hombre falso, en cuyo caso hay acciones administrativas y penales que corresponden. Pero acá simplemen­ te se ha dicho: “Ahí lo vemos por televisión. El indulto no vale”. Si en el expediente aparece ese tema, es criterio del presidente de la Comisión. Para eso se es presidente, para asumir la responsabilidad de esos criterios. Pero si se quisiera encontrar que ulteriormente hubo casos de corrupción, en un ambiente de hacinamiento en los penales y con gente del narcotráfico infiltrada en la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, por supuesto que no descartamos casos de corrupción. El señor Huamán entró a esa comisión y presentó su certi­ ficado de carencia de antecedentes penales sin que se advirtiera que había sido procesado y condenado por narcotráfico, porque cuando una persona es rehabilitada se le borran los antecedentes. Así fue hasta que una persona de la Comisión, el señor Renato Dávila —aprista, además—, se presentó ante la ministra y lo denunció. Pero ya estábamos en el gobierno de Ollanta Humala. Esa denuncia se hizo en marzo del 2012. Se dieron cuenta porque esta persona lo conocía. Cuando lo vio, denunció que un narco se había infiltrado. ¿Sacaron de inmediato al señor Huamán? ¿Fueron corriendo a decir: “¡saquen a ese!?”. No, lo dejaron hasta agosto. Y ni siquiera lo botaron, le pidieron que renuncie. Se fue completito. Y podían haberlo sacado, porque estaba en régimen CAS [contrato administrativo de servicios]. Lo dejaron ahí hasta que cumpliera su contrato. Entonces, ¿puede haber habido todo eso? Sí, pero el deber del congresista Tejada y de los miembros de la Comisión era encontrar la responsabilidad específica de cada uno de esos casos en quien están investigando. Tengo aquí toda la sesión en la que estuvimos pre­ sentes los congresistas apristas y el presidente Alan García. Están todas las preguntas que formularon los miembros de la Comisión; pero las del presidente de la Comisión son específicamente de políticas y menciona tres casos, que no son los que ha traído acá ni los que señala en el informe: ¿Conocía el tema del ministro Aurelio Pastor? Sí, lo conocía. Intervino

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el abogado e intervine yo y le dije: “Usted le está preguntando si conocía; o sea, como testigo. No le está preguntando por un hecho de él, sino por hechos de terceros”. Respondió: “Sí, sí. Bueno, porque son referencias”. También le pregunta si conocía qué trabajo hacía fulano o mengano en la Comisión, personas de rango mucho inferior, y el presidente de la República decía: “Desconozco”. Ninguna de esas imputaciones se le ha formulado. Pero lo peor de todo es que al final, al darse cuenta la mayoría oficialista de que necesitan ir con algo más concreto, emiten esto que se llama ‘resumen ejecutivo’, que no sabemos si es un informe o no. Supuestamente es un resumen ejecutivo. Este resumen ejecutivo contiene una serie de conclusiones que no están establecidas acá, pero para nosotros es sustantivo, porque es una hipótesis de trabajo. Dice: “Se constituyó una supraasociación, que existió durante el Gobierno anterior, conformada por funcionarios públicos del más alto nivel, encabezada por el presidente de la República y compuesta por los ministros de los diferentes sectores y funcionarios de menor rango en diferentes instituciones del Estado, quienes demostraron cohesión y permanencia en la red delictiva, así como una relativa organización para el cumplimiento del objetivo criminal”. Y después dice que el presidente Alan García con­ vocó a concurso de grandes proyectos de inversión pública en los cuales se dispuso de los caudales del Estado, para lo que fue necesario crear un marco legal de flexibilización de controles y supervisión, de modo que se hiciera posible beneficiar a gran­ des grupos empresariales. En consecuencia, lo que está haciendo ahorita el Gobierno con mecanismos de flexibilización para dinamizar la política de inversiones públicas es, según el congresista Tejada, un acto punible que demuestra una asociación ilícita para delinquir. ¿Saben el extremo al que llegan en esta segunda parte, que seguramente se verá cuando se presente el informe de los llamados decretos de urgencia? Se quiere establecer que en el Perú no había urgencia los años 2008 y 2009. ¿Por qué no había urgencia? Porque el presidente de la República, en una reunión que tuvo con empresarios, les dijo que la crisis no llegaba al Perú. Les dijo: “Aquí hay que apostar por el Perú, hay que seguir invirtiendo. El Perú va a seguir creciendo. Yo tengo fe en el Perú”. Esas son palabras de un presidente responsable, para que la comunidad inversionista en el país

tenga confianza en que su presidente se va a jugar por las inversiones e invierta. En ese año el Perú fue el único país de América Latina y uno de los cinco países del mundo que tuvo crecimiento. Mientras los demás países pregonaban situaciones de desastre y anunciaban que les había llegado la ola —o, como el actual presidente, que dice que se acabaron los vientos favorables y ahora sí navegamos contra el viento— y profundizaban aún más la crisis, lo que hizo el presidente García fue tomar una decisión política que fructificó en crecimiento económico. ¿Qué dice el señor Tejada? Que como el presidente García decía eso, el decreto de urgencia no tenía validez porque no era urgente. Esa es una manipulación proterva de la política y no puede estar presente en una comisión investi­ gadora, porque es debate político puro. No puede sostenerse que las políticas públicas son políticas punibles porque no le gustan ideo­ lógicamente a un parlamentario. Se quiere acusar al presidente Alan García por haber promulgado una ley aprobada por unani­ midad por este Congreso, una ley que permitía la inversión en agua. La ley fue observada por el presidente Toledo a las nueve de la noche del día 27 de julio, pero por motivos presupuestales; y el día 3 de agosto el presidente García retira la observación, que aún no había sido tramitada, y promulga la ley, porque estaba de acuerdo con ella. Pero ahora nos dicen que es punible ese acto, que es una infracción constitucional, que hay que tener preso al presidente García por firmar una ley para que los pobres del Perú tengan agua. El congresista Tejada dice que no era urgente. ¿Por qué se ha declarado de urgencia el abastecimiento de la red de agua que permitió a tres millones de peruanos tener agua? No era urgente. No valen los decretos de urgencia. Todo eso lo vamos a ver en su momento, y de­ mostrarán el odio político con el que se manejan estas cosas. Es un odio político que se empezó a germinar desde que este Gobierno comenzó. Recuerdo a parlamentarios haber acudido al Estadio Nacional, que ya había sido inaugurado, y se fueron a los sótanos a buscar qué quedaba de desmonte. Encontraron algún desmonte que no se había recogido en un sótano del Estadio Nacional y dijeron: “Acá está la gran estafa del Estadio Nacional. Miren, obra inconclusa”. Fotos, prensa, todo el mundo. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Un mes después, a ese congresista —que no lo voy a mencionar porque no está presente; segu­ ramente está en la Fiscalía respondiendo por la firma que ha puesto en un papel— lo vi en el partido Perú-Colombia. Yo, en mi tribuna; él, en el Palco Presidencial. Qué bonito, con su vaso de Coca-Cola o lo que fuera, disfrutando de esa estafa nacional. Y otro congresista, que tampoco está —tampoco voy a mencionar su nombre y probablemente no lo pueda mencionar nunca, porque nunca viene— y que pertenece a otro partido, se fue al Estadio Nacional y dijo: “Comisión investigadora. Esta es una estafa”. Así comenzaron. Ese tema ni siquiera ha entrado en la investi­ gación. Era tan obvia su manipulación, que no podía entrar. Pero ¿por qué estaban en esa actitud, Presidente? Nosotros no habíamos tenido ninguna política agresiva ni habíamos prometido meter presos a los parlamentarios nacionalistas que estaban vinculados con el narcotráfico. A una congresista que vino acá cuando terminaba el Parlamento anterior e hizo todo un escándalo, se le perdonó a pedido de la bancada Nacionalista, con presi­ dentes de Congreso apristas. Nunca hemos tenido una política así. ¿Sabe por qué ahora actúan de esta manera, Presidente? Porque tienen que manchar la pechera de un Gobierno que saben que ha sido mejor que el de ellos, porque a estas alturas este Gobierno ya no puede superar las cifras del Gobierno anterior. Eso es así de clarito, Presidente. Como no pueden ni van a alcanzar ninguna ci­ fra ni a la mitad de lo que el Gobierno anterior dejó, entonces hay que manchar la pechera. “La corrupción es el tema, y hay que clavársela de todas maneras; y si no podemos ante la opinión pública, hagámoslo ante el Jurado Nacional de Elecciones, la ONPE o lo que sea, para que no sea candidato, porque si habla, convence. No hay que dejarlo hablar”. Ese Gobierno que pretende ser manchado por este tipo de elucubraciones oníricas ha sido el único Gobierno de la historia del Perú que redujo la pobreza de 50 a 27% en cinco años. Ese es el resultado más transformador y revolucionario que ha tenido la sociedad peruana, sin dejar de reconocer las bases que dejaron el gobierno de Toledo, el gobierno de Paniagua y también Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

el gobierno de Fujimori, bases económicas que permiten que el Perú hoy tenga una clase media más grande que su clase pobre. Siempre había sido al revés. Es la primera vez en la historia de nuestra patria que eso ocurre. Si durante diez años tuviéramos un gobierno como el actual, los pobres volverían a ser más que los de la clase media, porque se ha frenado completamente la posibilidad de llegar a 20% al final del mandato, que era lo que normalmente debiera haberles correspondido si dejaban el país en piloto automático. Este es un gobierno asistencialista, es un gobierno que busca crear espacios políticos sobre la base del dinero público, es un gobierno que tiene pro­ blemas políticos y es un gobierno que se permite tener una comisión durante dos años para tratar de arrinconar un grupo político que tiene cuatro parlamentarios. ¡Asustadísimos con los cuatro parlamentarios! Somos la bancada más pequeña del Congreso y aquí estamos firmes y con nuestros principios, como siempre hemos estado, tanto en las buenas como en las malas. ¿Estamos en las malas? Será acá en el Parlamento, pero afuera ya vamos a ver cómo van a ser las cosas en lo que se refiere al calor del pueblo. Nosotros sabemos perfectamente que estas con­ tingencias las tenemos que pasar cuando se trata de personas que no tienen capacidad de gobernar y que, para tratar de ocultar sus incapacidades, pretenden manchar a los demás con supuestos actos de corrupción. Pero no lo van a lograr, Presidente, porque en este caso, que era “el más emblemático”, “el más firme”, “el más sólido”, el propio presidente de la Comisión solamente ha sostenido acusaciones constitucionales que no son delito. Seamos claros en que este es un tema político, y como es un debate político, vamos a estar ahí presentes permanentemente. Si quieren pasar la pelota para que otras comisiones hagan el trabajo que esta Comisión no ha podido hacer, háganlo. ¿Le van a pasar trabajo a la Comisión de Fiscalización? ¿Qué tiene que ver con inves­ tigar gobiernos anteriores y todo lo que no han podido hacer? Una de las cosas que quieren investigar es por qué una persona conmutada le dio un nuevo sol al partido aprista. Supongo que en la moción en la que van a sustentar ese tipo de temas van a agregar a la persona que le dio diecisiete kilos de

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oro al señor Ollanta Humala, o a la persona que le dio US$ 49 500,00 al congresista que no voy a mencionar su nombre; o los US$ 900 000,00 dólares que dice el párroco de Madre de Dios que le dieron al señor Ollanta Humala y que no han sido declarados. Por un tema de transparencia, lo explicarán, ¿no? O por lo menos para decir que tienen autoridad moral para pedir que la Comisión de Fiscalización investigue por qué un ciudadano le dio un nuevo sol al Partido Aprista. El fustán político se les sale por todas partes. Se les nota desde lejos, y nosotros vamos a enfrentar este tema política y jurídicamente. Estos informes son nulos, y lo que sale de una determinación judicial nula no se convierte en legítimo por más que lo hagamos los parlamen­ tarios usando el Reglamento del Congreso. Y las acusaciones constitucionales que vengan con posterioridad seguirán siendo nulas y no van a tener efecto jurídico, porque fuera de este Par­ lamento empiezan a germinarse el derecho y la necesidad de que el debido proceso se cumpla de manera ineludible y permanente. Acá están, Presidente, todos los escritos que pre­ sentó Alan García a la Comisión pidiendo pruebas, pidiendo que le alcanzaran una declaración testi­ monial de una persona, pidiendo que le alcanzaran medios probatorios que le imputaran algún hecho delictivo, pidiendo que el abogado consultara el expediente. ¿Qué hicieron, Presidente? Le dijeron al abogado que vaya, lo sentaron en una mesita y le alcanzaron un montón de papeles dispersos. No estaban foliados. El foliaje supone fojas tal y que ese documento no se mueve de ahí; pero estaban los papeles sueltos y había fotocopias de periódicos. Lo denuncia aquí el abogado. No sabía cuál era prueba, cuál no era prueba, cuál era escrito. Le alcanzaron papeles completamen­ te desordenados. ¿Para eso pidieron ese famoso software, Presidente? El abogado pidió el uso de la palabra, pero su pedido fue denegado. En la Comisión de Ética, que es un tema de parlamentarios solamente, hemos varias veces accedido a que los abogados de los parlamentarios hagan uso de la palabra, y eso podría ser interpretado como un exceso, pero se ha hecho. En una comisión investigadora que en su constitución lleva el nombre de la persona, ‘Alan García Pérez’ —lo que ya de por sí supone una violación clara de un derecho, porque no es una investigación de delitos, sino de personas—, no le permiten el uso de la palabra al abogado. El señor Tejada le contesta que ha sido denegado su pedido.

Entonces, ¿qué cosa quieren que hagamos? Que digamos: “Ahí lo dejamos, señor Tejada, porque si no vamos a tener espíritu de otorongo no come otorongo”. ¡No, señor! Los derechos se tienen que respetar y las comisiones investigadoras tienen que respetar el derecho no porque busquen indi­ cios, sino porque son la puerta por la que se abre la acusación constitucional. Cuando se formulan acusaciones constitucionales contra distintos ministros, tiene que acusar obli­ gatoriamente el fiscal. Ese fiscal ni siquiera tiene criterio de conciencia para determinar que lo que le ha venido del Congreso es un brulote. Tiene que acusar, y el juez tiene que abrir proceso, eso dice la Constitución en su artículo 100.°, norma que sacaron con nombre propio —aquí lo mencionó también Javier—. El nombre propio era el de las investigaciones que le hicieron a Alan García entre 1990 y 1992, cuando aquí en el Senado se le acusó constitucionalmente por una serie de delitos con informe en mayoría. Cuando llegó al fiscal de la Nación, este solo mantuvo un delito acusatorio; pero fue desestimado por la Corte Suprema y se convirtió en cosa juzgada. Entonces, dijeron que no había que dejar que eso volviera a ocurrir y pusieron ese artículo que obligaba a la acusación. El artículo 100.° lo puso con nombre propio el fujimorismo cuando este controlaba el famoso CCD, en el que nosotros no estuvimos presentes. ¿Son temas indiciarios? Son temas de acusaciones graves, porque eso va directamente al fiscal de la Nación y a la Corte Suprema, lo cual es inconstitucional dentro de la Constitución, porque vulnera el criterio con el que el juez y el fiscal tienen libertad de poder determinar una acusación o no. Sabiendo nosotros todas estas contingencias, estamos complacidos del informe, porque al solo incluir infracciones constitucionales entra en el pantanoso terreno de la subjetividad política, que es indemostrable y, por supuesto, fácil de poder contradecir. Queda claro, entonces, que el titular de los perió­ dicos es: “El señor Tejada dijo ante la Represen­ tación Nacional que Alan García no ha cometido delito”. El APRA está limpio, como lo ha estado en su historia. El APRA es un partido que sabrá enfrentar todo tipo de contingencias, y esté usted seguro de que así como estamos noventa años en la historia del 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Perú, noventa años más adelante seguiremos con otras generaciones siempre ahí presentes, porque estamos de la mano del pueblo. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza. El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Señor Presidente, si usted lo permite, le concedo las dos interrupciones al colega Pari.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Juan Pari. El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Presidente, no se ha querido que esto se conozca ni sea argumento o elemento, y para que se anule buscaron al juez Velásquez. Cuando el señor Alan García estuvo en la Comisión, él decía: “He fracasado en mi política penitenciaria, y lo reconozco”. Textual­ mente lo ha dicho, y hubiese sido interesante que sus escuderos se refieran a eso que el señor Alan García ha dicho. Me están interrumpiendo, Presidente… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Javier Velásquez, ha tenido el tiempo suficiente. Le pido dejar hablar a los oradores. Continúe, congresista Juan Pari. El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Es cierto que otros presidentes de la República han concedido conmutaciones y gracias presidenciales, pero lo han hecho bajo criterios establecidos en las leyes y las normas. Lo curioso aquí es que tenemos el 24% de la po­ blación penitenciaria por delito de tráfico ilícito de drogas, y si queríamos que los penales no estu­ vieran hacinados, ¿por qué no hemos intervenido en el 75%?, ¿por qué se le dio preferencia al tráfico ilícito de drogas? ¿Cuál fue la intencionalidad de darle mayor peso a la conmutación de…? El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede dar inicio a su intervención, congresista Justiniano Apaza. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

El señor APAZA ORDÓÑEZ (NGP).— Señor Presidente, en principio tenemos que ponderar la manera en que se viene efectuando este debate, por lo que invoco a que se continúe con ese com­ portamiento democrático y se deje expresar a cada uno de los que deseen hacer uso de la palabra. Pondero cómo los compañeros apristas, y con todo derecho, defienden a su líder; pero no tienen el derecho de herir susceptibilidades y llegar al sarcasmo, a la burla, a la soberbia. Eso les ha hecho mucho daño. Solamente son cuatro el día de hoy por la soberbia, por la prepotencia, por la lisura, y eso tienen que corregirlo. Nosotros no hemos venido a ver quién ha hecho más obra. Podrán decir que este o cualquier otro, podrán decir que el APRA nunca muere, pero tienen que llegar a la conclusión de que el APRA languidece en la fosa del olvido del pueblo perua­ no, a tal extremo que en las últimas elecciones no tuvieron ni siquiera un candidato presidencial. No se trata de discutir si este gobierno o el go­ bierno aprista fue mejor. Aquí el tema es que nos expliquen por qué el gobierno del señor Alan García —y tengo que decirle señor, con el respeto que se merece, sino tendría que decirle Alancito— liberó a los delincuentes por narcotráfico. Ese es el tema. Que nos expliquen por qué el presidente no cumplió su tarea fundamental de perseguir más bien el narcotráfico. En vez de encarcelarlos, los soltaron. Eso es lo que el país quiere saber. No venimos a convencer a nadie, pero el pueblo tiene que entender que este día tenemos que ser claros y sinceros y reconocer nuestros errores. El punto central —reitero— es si el gobierno del señor presidente Alan García combatió o no el tráfico ilícito de drogas, persiguió o no a los delincuentes. El gobierno de Alan García debía perseguir el tráfico ilícito de drogas; sin embargo, no lo ha hecho. Como Gobierno tenemos la plena convic­ ción de que el señor ex presidente de la República orquestó todo un movimiento, toda una organi­ zación dentro del ministerio que tenía que ver con esto de los indultos y colocó a funcionarios de su máxima confianza en el aparato del Estado. Por eso se explica, por citar solo un caso, que la señora exministra María Zavala designara a Miguel Facundo Chinguel como presidente de la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias y Conmutación de Pena. Lo más grave es que, para facilitar aquellos actos de indulto, previamente se había modificado la

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estructura interna del Ministerio de Justicia en lo que se refiere a la revisión de las solicitudes de gracias presidenciales, tanto así que se modificó, a su modo y a su esquema, la liberación de estos delincuentes en la droga. Facundo Chinguel no actuó solo. Estuvo acompa­ ñado por una serie de operadores en las oficinas del Ministerio de Justicia y respaldado no solo políticamente, sino con actos propios de su des­ pacho, tanto por el exministro Aurelio Pastor como la señora exministra Rosario Fernández, quienes refrendaban las resoluciones del señor Alan García Pérez. Esta es una muestra clara y evidente de que el pueblo necesita saber por qué se orquestó, se liberó y no se sancionó. El presidente de la República es la persona encargada de velar por la salud y el bienestar de toda una comunidad, que es el país; sin embargo, con la liberación de estos delincuentes, de estos narcotraficantes, se ponderó y se engrandeció la delincuencia. Se nos quiere culpar del hecho de que haya más presos ahora; pero nosotros, como Gobierno, no estamos en el negocio de indultar a la gente que atenta contra la vida y la salud de nuestro país. Necesitamos urgentemente que se esclarezcan todos aquellos actos que han ido contra la moral de nuestro pueblo. Esto creo que no es delito. Los compañeros apristas tienen que defender su posición, pero dígannos por qué y para qué se liberó a los delincuentes del narcotráfico en vez de luchar por ellos. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Héctor Becerril. El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Presidente, hoy estamos acá por una investigación muy seria y delicada: los indultos otorgados durante el gobierno del expresidente Alan García Pérez a narcotraficantes. Suena duro, pero es la realidad. En un país donde el narcotráfico es la fuente del crimen, de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana, es condenable que se haya favorecido a narcotraficantes por extrañas razones. Una cosa es la ley que te permite; y otra, que se abuse de esas atribuciones. Los indultos son actos excepcionales, pero cuan­ do se realizan indultos a cinco mil personas, se

violenta el orden jurídico del país, ya que el Poder Judicial deviene en un organismo inútil si se resuelve por criterios personales y no jurídicos. ¿Quién escogió a los beneficiarios?, ¿quién era el interesado en favorecerlos?, ¿por qué tanto interés? Esa persona, ese iluminado se convierte en autoridad suprema de la justicia peruana, es la persona iluminada que libera a narcotraficantes a diestra y siniestra. ¿Quién ha sido la autoridad suprema de la justicia en el Perú durante el gobierno del señor Alan García Pérez? ¿Fue Facundo Chinguel? ¿Por orden de quién? Entrando al tema de fondo, el gobierno de Alan García Pérez realizó una serie de actos prepara­ torios que facilitaron el otorgamiento de indultos y conmutaciones a sentenciados por tráfico ilícito de drogas. Para ello se hicieron una serie de mo­ dificaciones al Reglamento Interno de la Comi­ sión de Gracias Presidenciales para direccionar el otorgamiento de estas gracias presidenciales a este grupo de delincuentes sentenciados por narcotráfico. Veamos esas modificaciones. Primero, antes del gobierno del señor Alan García Pérez, la Comisión era un organismo colegiado de carácter multisectorial y estaba integrado por cinco miembros: dos representantes del Ministerio de Justicia, un representante de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Consejo Nacional Penitenciario y un fiscal supremo en lo penal. El gobierno de Alan García Pérez, mediante Re­ solución Ministerial N.° 193-2007-JUS, modifica esta norma y quita el carácter multisectorial. Esta resolución ministerial establece que los cinco miembros de la Comisión los designa el ministro de Justicia. Así, esta comisión, de ser multisectorial y estar representada por cinco instituciones —algunas autónomas que elegían a sus integrantes—, pasa a estar integrada por miembros elegidos por el ministro de Justicia del gobierno del señor Alan García Pérez. O sea, todos subyugados al gobierno de Alan García Pérez. Segundo, antes del gobierno de Alan García, el quórum para celebrar las sesiones de la comisión era de cuatro miembros. Esto fue modificado y el quórum se reduce a tres miembros, y dos de los cinco pasan a ser a dedicación exclusiva, con lo cual, teniendo ya dos miembros fijos, era mucho más fácil buscar a un tercero para preparar y direccionar las conmutaciones. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Tercero, el artículo 11 establecía que la Comisión de Gracias Presidenciales actuaba y opinaba con criterio de objetividad. Este artículo fue modifica­ do y establece que la Comisión actúa y resuelve con criterio de conciencia, aplicándose así, como vemos, criterios subjetivos para la selección de los beneficiarios de las gracias presidenciales. Además, los informes, que debían ser argumen­ tados, dejan de serlo. Cuarto, antes del gobierno del señor Alan García Pérez, la propuesta de concesión de la conmu­ tación de la pena se adoptaba por unanimidad, por los cinco miembros. A partir del gobierno de Alan García, la propuesta se adopta por mayoría simple de los miembros asistentes.

Estas cifras, que son reales, que no mienten, demuestran claramente que el gobierno de Alan García Pérez dio prioridad a este tipo de delito para la conmutación. Se contrató a promotores para que incentivaran a sentenciados por tráfico ilícito de drogas a presentar sus solicitudes. Pasa­ mos de 621 solicitudes, el año 2006, a un máximo de 4535, el año 2009. Pasemos a analizar más cifras. El número de conmutaciones de pena otorgadas por el gobierno de Alan García para sentenciados por tráfico ilícito de drogas: el 2006, cero personas; el 2007, 13; el 2008, 301; el 2009, 1211; el 2010, 1203; y el 2011, 507.

Y si recordamos que dos miembros son a dedica­ ción exclusiva, solo necesitaban un miembro más para hacer quórum. Y de los tres miembros, con solo dos votos, ya hacían mayoría simple; o sea, con los dos escogidos a dedicación exclusiva. De la unanimidad de cinco miembros se pasa a que con solo dos votos el informe de la comisión era aprobado.

Con estas cifras, que son reales, queda totalmente demostrado que el gobierno del señor Alan García Pérez priorizó conmutar penas a sentenciados por tráfico ilícito de drogas. Es realmente despro­ porcionada la cantidad de conmutados por otros delitos. Ni sumando todas las conmutaciones por otros delitos, que son 34, se llega a igualar la can­ tidad de conmutados por tráfico ilícito de drogas.

Quinto, antes del gobierno del señor Alan García Pérez, la solicitud del interno era remitida a la Secretaría Técnica de la Comisión o al Consejo Técnico Penitenciario, y este, en un plazo de diez días como máximo, la enviaba a la Comisión de Gracias Presidenciales.

Si del año 2006 al 2011 hacemos una comparación entre el total de conmutaciones concedidas por tráfico ilícito de drogas con relación a sus modali­ dades tipo común, tipo agravado y microcomercia­ lización, tenemos que por microcomercialización hubo 228 conmutados; por el tipo común, 1815; y por el tipo agravado, 1138.

En el gobierno del señor Alan García Pérez, la solicitud del interno presentada ante el director del penal era remitida el mismo día al presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. O sea, ¿a quién? Al señor Facundo Chinguel. De esta ma­ nera, el expediente del interno ya no pasaba por el filtro ni la secretaría técnica ni por el Consejo Técnico Penitenciario, ahora iba de frente al pre­ sidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, al señor Facundo Chinguel.

El señor Alan García Pérez, en la Comisión —lla­ mada ‘Megacomisión’—, manifestó que se priorizó conmutar a los “paqueteritos”, a los de “pequeña monta”; sin embargo, con cifras podemos decir que eso no es cierto, que eso es falso, porque solo se conmutó a 228 paqueteritos —como él los lla­ mó—, en comparación con 1138 conmutaciones en casos de tráfico ilícito de drogas del tipo agravado.

Señor Presidente, veamos y analicemos cómo en el gobierno de Alan García Pérez se fueron incre­ mentando exponencialmente las solicitudes de conmutación de pena por tráfico ilícito de drogas, lo que no ocurrió con otros delitos. Veamos el número de solicitudes presentadas por tráfico ilícito de drogas. El año 2006 se presentaron 621 solicitudes; el 2007, 747; el 2008, 1670; el 2009, aunque no lo crean, 4535; el 2010, 3054; y en medio año, en seis meses, el 2011, 1493. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Si comparamos la cantidad de internos con la cantidad de conmutaciones concedidas, podemos llegar a la siguiente conclusión: El año 2008, por el delito de robo agravado había 4210 sentenciados y se conmutó a 234; y por TID había 4073 y se conmutó a 301. Pero lo máximo que pasa acá es el año 2010, donde por robo agravado había 4970 sentenciados; y por tráfico ilícito, 4628. Sin embargo, por robo agravado se conmuta a solo 355 personas; y por tráfico ilícito de drogas, a 1203. Señor Presidente, nuestras apreciaciones pueden ser subjetivas o dejarse llevar por algún sesgo

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político, pero he querido que mi participación esté sustentada con cifras estadísticas reales, que no mienten, con lo cual queda demostrado que durante el gobierno del expresidente Alan García Pérez se hicieron actos preparatorios para favo­ recer con gracias presidenciales a sentenciados por tráfico ilícito de drogas. Estos actos preparatorios fueron luego sustenta­ dos con cifras que demuestran largamente que se conmutó a muchos más sentenciados por tráfico ilícito de drogas que a sentenciados por todos los demás delitos. Gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila. La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Presidente, para prever cualquier alusión en ese sentido, debo decir que he sido presidenta del Instituto Nacional Penitenciario en la primerísima etapa del gobierno aprista, de agosto de 2006 a febrero de 2007; y que en ese período se otorgaron un derecho de gracia y un indulto a los siguientes internos: Yolanda Capcha Bejarano y Manuel Crespo García. Se otorgó el derecho de gracia a la interna Yolan­ da Capcha Bejarano, del establecimiento penal de Chorrillos, el 27 de septiembre del año 2006. Ella se hallaba internada por delito de homicidio simple y fue acreedora del derecho de gracia por razones humanitarias, dado que, de acuerdo al protocolo médico emitido por el Área de Salud del Establecimiento de Mujeres de Chorrillos y el informe médico de fecha 10 de julio de 2006 emitido por el Instituto Nacional de Enferme­ dades Neoplásicas, fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino en el nivel iiB, que es el nivel último de dicha enfermedad. En la Resolución Suprema 160-2006-JUS, de fecha 26 de setiem­ bre de 2006, consta esta argumentatividad y ese supuesto de hecho. En la Resolución Suprema 218-2006-JUS, de fecha 7 de diciembre de 2006, consta que el interno Manuel Crespo García fue acreedor del derecho de gracia por razones humanitarias, en consideración de su avanzada edad, ochenta y tres años, y de haber sido diagnosticado por la Junta Médica Penitenciaria y por el médico asignado por la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia con demencia senil, hipoacusia bilateral senil,

luxofractura de la muñeca derecha, vasculopa­ tía periférica del miembro superior derecho y proceso respiratorio crónico con tendencia a la reagudización. Esas son las responsabilidades que en materia de gracias e indultos fueron parte de la gestión que realicé en el Instituto Nacional Penitenciario. Y ahora sí, con absoluta libertad, permítame desarrollar algunos argumentos sobre los hechos que son materia de enjuiciamiento en la presente sesión del Pleno del Congreso de la República. En primer lugar, esta congresista quiere referirse al desarrollo normativo en materia del derecho de indultos y gracias, porque aquí se habla pompo­ samente de excepciones y normatividad, pero no hay un seguimiento acucioso ni un seguimiento serio de la normatividad en materia penitenciaria. En mayo de 1994, durante la gestión del señor Fujimori, se promulgó la Ley 26320, que en su artículo 4.° establecía claramente que los sen­ tenciados por delito de tráfico ilícito de drogas previsto en los artículos 296.°, 298.°, 300.°, 301.° y 302.° del Código Penal —todos los supuestos de tráfico ilícito de drogas— podían acogerse a los beneficios penitenciarios de redención de la pena por el trabajo y la educación —lo que en el argot penitenciario se conoce como dos por uno, cinco por uno, siete por uno—, semilibertad —que implica que el preso sale para trabajar y que por delito leve se beneficia con el tercio de la pena, mientras que por delito grave, como el tráfico ilícito de drogas, con los dos tercios de la pena— y liberación condicional, que se aplica al interno por el mero paso del tiempo cuando cumple la mitad de la pena, en delito leve, o las tres cuartas partes de la pena, en delito grave. Se aplicaban esos beneficios penitenciarios siem­ pre que se tratase de la primera condena a pena privativa de la libertad. Durante la misma administración del señor Fuji­ mori, se expidió el Decreto Legislativo 824, que en su artículo 21 decía que los beneficios consignados en el artículo 19 de la misma norma (la exención de pena, la remisión de pena y el indulto) no son aplicables a dirigentes, jefes y cabecillas de banda u organizaciones denominadas ‘firmas’ y ‘cárteles’, dedicadas al tráfico ilícito de drogas. Entonces, había un bloqueo para el indulto a la hora de aplicar beneficios consignados en el artí­ culo 19 del Decreto Legislativo 824 con respecto al tráfico ilícito de drogas. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Pero además decía que esos beneficios no se aplicaban a personas —ojo, pestaña y ceja— que se hubieren acogido a los beneficios de la Ley 26320. Es decir que aquellos traficantes de drogas que por cualquier supuesto de hecho hubieran accedido a redención de la pena por educación y trabajo, semilibertad o liberación condicional de forma precedente al Decreto Legislativo 824, ya no podían acogerse al beneficio del indulto a partir de la ley específica sobre tráfico ilícito de drogas. La ley decía claramente que no podían recibir doble beneficio, ya que previamente se les había considerado, en todos los supuestos de hecho, la posibilidad de acceder al beneficio del indulto; y que tampoco podían acogerse los servidores públicos encargados de la prevención, investigación, juzga­ miento y ejecución de las penas por dichos delitos. Lo que importa aquí es que los traficantes de drogas, en cualquier modalidad, que ya se hu­ bieren sometido a la aplicación de los beneficios penitenciarios, ya no eran pasibles de acogerse al indulto previsto en el Decreto Legislativo 824. Desde nuestra capacidad de discernimiento jurídico, esa es la razón de la preminencia de la política de conmutaciones sobre la política de indultos, porque estaba expresamente prohibi­ da la asignación de un beneficio penitenciario específico en materia de indultos. Pero a pesar de ello y de las normas prohibitivas, cuando hacemos una ligerísima revisión de la lista de conmutados nacionales —para ya no hablar de los extranjeros—, encontramos un curioso fenómeno: varios liberados han ingresado dos o más de dos veces a la prisión. Eso era impertinente, porque si está ingresando por segunda vez es que ya había accedido a un beneficio precedente. Citaré el caso de María Amparo Castro Barbarán, a quien, con dos ingresos a la prisión, se le con­ mutó a siete años la condena de pena privativa de libertad de diez años. Citaré el caso de Genoveva Ostos Vilca Genoveva, que tiene dos ingresos a la prisión. A ella se le conmutó la pena de doce a nueve años de pena privativa de libertad. Citaré también —aunque no pretendo cansar a mis colegas— el caso de Mercedes Bustíos Pupu­ che, a quien de doce años se le conmutó a nueve años de pena privativa de libertad. Ella tenía dos ingresos a la prisión por tráfico ilícito de drogas. Citaré el caso de Julio César Aliaga Tupiño, a quien de quince años —obviamente, por delito de Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

tráfico ilícito de drogas del tipo agravado— se le conmuta la pena privativa de libertad a doce años. Citaré el caso de Juana Copa Choque, a quien de doce años de pena privativa de libertad se le conmuta a tres años. ¿Cuántos ingresos a la prisión tenía? Tres. Y podríamos continuar con la lista. Pero quiero simplemente decir que la normatividad ponía un corcho a la aplicación excesiva, a la aplicación no ponderada de la política de indultos en materia de tráfico ilícito de drogas. Además, la normatividad no lo permitía porque ya había sido sujeto de un beneficio penitenciario o tenía ingreso posterior a prisión. Y la mayoría de las conmutaciones de pena son de seis años a cuatro años, casos en los que pueden funcionar criterios de dubitación; pero hay casos significativos de quince a doce años, de trece a once años, de doce a nueve años. Yo respeto al actor político, al señor Alan García, pero no creo que sea un individuo sagrado en la democracia política. Para mí, el hecho de que él haya declarado públicamente que intervino de manera directa y responsable en la tabulación del tiempo y periodos que debían aplicarse a los casos de las conmutaciones, me libera de toda prueba. Evidentemente, aquí ha habido una política, y vamos a ver si esa política ha sido una política pública basada en la criminología de la readap­ tación social, porque si así lo fuera, como bien ha señalado acá el congresista Becerril, habría una preminencia de aplicación de conmutaciones e indultos a la bagatela, a las infracciones de natura­ leza patrimonial y no a la infracciones vinculadas a delitos de tráfico ilícito de drogas; y peor aún, a las infracciones ligadas al tipo agravado. Me pide una interrupción el presidente de la Comisión. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Sergio Tejada. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Presidente, a raíz de lo señalado por la congresista Mavila, quiero indicar que se dio conmu­ tación a personas a pesar de que a veces en los informes sociales y sicológicos se decía lo contrario. Lo digo porque en la defensa de esta política pública se ha hecho alusión expresa a que se cumplía con los informes sociales.

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Aquí hay un informe que dice claramente que la interna registraba un beneficio penitenciario de semilibertad, volvió a delinquir por el mismo delito y es proclive al delito de tráfico ilícito de drogas, por lo que en su opinión es improcedente la conmutación de la pena. Sin embargo, le dan la conmutación de la pena. Y hay otro caso más grave, el de una persona que había sido sentenciada por tentativa de violación a menor. Lo que dice la Comisión es que, revisando los documentos, no se trataría de delito de tentativa de violación. ¡Increíble! Se ha llegado a ese nivel de cuestionar las sentencias del Poder Judicial y cambiarlas y decir: “No, aquí no ha habido tentativa; a mí me parece que ha habido otra cosa”. Entonces… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Rosa Mavila. La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Otro escenario que a mi juicio amerita, por seriedad con la democracia, una investigación sobre la materia, es quiénes conformaban el equipo gubernamental encargado de hacer la investigación previa de los eventuales beneficiarios del indulto o de los eventuales beneficiarios de la conmutación. Un congresista ha dicho a los medios de comuni­ cación social que Facundo Chinguel seguramente ha cometido trapacerías. ¿Trapacerías, señor? ¡Ha cometido delito! Facundo Chinguel operativizaba su trabajo con los llamados promotores, facilita­ dores, orientadores y asistentes de la Comisión. Y ¿quiénes eran estos promotores o facilitadores? Citemos solo dos casos: La señora Noelia Gómez Paulet, secretaria de la Comisión encargada de recibir, sistematizar, coordinar y procesar las solicitudes de indulto y conmutación. El 2010, el interno Nelson Rosales Espinoza —y no por interno su testifical no vale, sino que debe ser materia de investigación— la incluyó en una queja ante el Ministerio de Justicia por cobros por las conmutaciones. La denuncia incluyó a Manuel Carrera, Jorge Luis Valle Melgarejo, María Gagliardi Quintana y su esposo Percy Castillo.

¿Quién es otro operador? El bachiller en Derecho Manuel Carrera Toribio, trabajador de la Comisión del 12 de mayo del 2008 al 31 de diciembre del 2010. Este señor ha sido señalado por un testigo como el cajero que habría tenido participación en el cobro de US$ 70 000,00 a la organización nigeriana que una vez libre volvió al tráfico internacional de drogas. Otros señores que tenían contacto con los reos eran Jaime Acevedo Saavedra, empleado de la Comisión desde el 9 de mayo de 2008 hasta el 14 de agosto de 2009; y Dámaso Luyo Vicente, asistente legal desde el 1 de abril del 2008, quien intervino, de acuerdo con el colaborador dos, en la conmutación de penas a policías sentenciados por secuestro. Además, hasta ahora el señor José Marruffo Acosta, que fue asesor del ex ministro de Justicia Aurelio Pastor en el Congreso, ha sido acusado por varios testigos de intervenir en la conmutación de pena del recluso Eugen Csorgo y que habría cobrado US$ 18 000,00 por esos afanes. De los 232 indultos, se concedieron 104 por su­ puesta razón de carácter humanitario. El Perú debe saber que en materia de indulto hay dos regímenes: el de carácter humanitario y lo que se conoce en el argot penitenciario como ‘indulto político’, por la mera decisión del gobernante de otorgar el indulto. Curiosamente, de los 104 indultados que se supo­ nen por carácter humanitario, 67 fueron otorgados a gente sentenciada por el delito de tráfico ilícito de drogas. ¿Qué circunstancia de enfermedad termi­ nal, qué circunstancia de estado especial tendrían estos 67 traficantes de droga para que les hayan otorgado indulto humanitario? Lo preguntamos sin mala fe, porque es cierto que no está preciso el supuesto de hecho del otorgamiento del indulto. De las 5246 conmutaciones concedidas entre el 28 de julio de del 2006 y el 28 de julio de 2011, 3207 fueron concedidas a delincuentes senten­ ciados por tráfico ilícito de drogas, de los cuales 400 casos corresponden a ese delito en su forma agravada. En un país en el que tenemos el serio riesgo de desembocar en un narcoestado, 400 narcotraficantes de TID agravado han sido objeto de conmutación. Si hablamos de política criminal, habrá que tener preminencia en el otorgamiento de beneficios a delitos vinculados a delincuentes primarios, a la 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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bagatela, a las faltas, no a tremendos traficantes de droga. En segundo lugar, la Resolución Suprema 882009, firmada por el presidente Alan García y la ministra Rosario Fernández, conmutó la pena a Amelia Reyes de quince a seis años de pena privativa de libertad. Sus compañeros recibieron la misma gracia, pero al año siguiente. A Lesly Zárate se le redujo la pena de quince a cuatro años y seis meses; a Demis Edgar, de diez años a cuatro años y un mes. Un contexto familiar —y sabemos que en droga actúan las familias— reci­ bió, en una temporalidad más o menos concreta y breve, beneficios de conmutación. Hay conmutaciones mucho más riesgosas; pero veamos también quiénes eran los encargados de estos trabajos. La señora Carmen Morales Pérez —como ha sido informado en los medios— es una ex sentenciada por comercio de drogas; y esta señora formó parte de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales que Miguel Facundo Chinguel presidía. Ella se desempeñaba como facilitadora y promotora entre los presos que buscaban estos beneficios penitenciarios. Es obvio que una ex interna por tráfico ilícito de drogas conocería a quienes estaban condenadas por ese delito en los establecimientos peniten­ ciarios de mujeres. Morales Pérez fue sentenciada a cuatro años y se le conmutó la pena a un año y nueve meses. Cuatro meses después de salir en libertad, fue convocada por el señor Chinguel, quien después negó haber sabido sobre los antecedentes de su trabajadora. ¿Es serio que el jefe de una comisión encargada de proveer este tipo de beneficios a la población penal, y especialmente a la vinculada al tráfico ilícito de drogas, no sepa nada sobre los antecedentes o es que estas personas fueron elegidas justamente porque conocían a la población penal vinculada a la droga? Cuando se construían obras en un espacio prohibido, porque estaba ubicado a doscientos metros del centro penitenciario de Lurigancho, el señor Chinguel dio una contraorden para que continúen los trabajos. Tremendo poder tenía el señor Chinguel, que no solo se dedicaba a indultos y conmutaciones. Luego él y el señor Luis Nava, que postulaba al Parlamento Andino, indicaron que habían logrado que el INPE levantara la restricción a esas obras. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

A mí sí me parece importante y necesario que se investiguen los vínculos del señor Chinguel con el señor Nava. Y por la vía del señor Nava que se investigue si ha habido un vínculo con el mandatario Alan García, porque ese señor Chin­ guel ha visitado Palacio de Gobierno antes de ser nombrado presidente de la Comisión de Indultos y después de haberlo sido. El que no la debe, no la teme. Me parecería muy importante que el señor Nava dé una testifical para aclarar las razones de las citas que tenía con el señor Chinguel. Por otro lado —y aquí viene lo bueno—, en agosto de 2000, la Sala Nacional Antidrogas condenó a ocho años de prisión a Manuel Huamán Monte­ negro, uno de los promotores y tramitadores de rebaja de condenas de la Comisión de Gracias Presidenciales. Él fue, nada más y nada menos, in­ tegrante de la organización Los Norteños. ¿Quién no sabe en este país que Los Norteños son una banda de criminalidad organizada para el tráfico ilícito de drogas? Él fue condenado por acopiar, producir y exportar no poquito, sino toneladas de cocaína a México desde 1994. En agosto de 2000, ese señor Huamán estuvo invo­ lucrado con los capos del narcotráfico Jorge López Paredes, Fernando Zevallos Gonzales y Herless Díaz Díaz en el juicio por las tres toneladas y media de cocaína que incautó la Dirandro en 1995. Según el expediente del caso Los Norteños, Huamán fue capturado por la Policía Antidrogas en 1999 a raíz de decomisos de droga que sufrió la mafia de Los Norteños, que venía siendo investigada desde 1994. La Dirandro concluyó que el papel de este conmu­ tador de penas en la organización de Los Norteños fue intervenir en la compra del Fundo Marqués Chico, en el distrito de Jayanca, Lambayeque, que fue convertido en el centro de acopio y producción de las toneladas de cocaína que llegaban de San Martín y Piura y se trasladaban al exterior. ¿Esto es vendetta política? No, esto es preocupación por el país. Nosotros no tenemos nada contra Alan García y respetamos al APRA. Honestamente, creo que en el APRA hay bastantes buenos cuadros y no solo Alan García; y que el porvenir de ese partido político probablemente tenga que ver también con un recambio político y generacional de sus operadores. Pero veamos otros argumentos. Se ha dicho aquí que todo estaba perfecto en el procedimiento. ¡Mentira, señor! Previamente

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a que se juntaran las comisiones de gracias, indultos y conmutaciones, había comisiones por cada supuesto de hecho, y sus miembros, como lo ha dicho el congresista Becerril, provenían de instituciones específicas: el Ministerio Público, un ex vocal de la Corte Suprema —si la memoria no me es infiel— en la Comisión de Indultos, un representante del INPE y dos del Ministerio de Justicia. Además, la decisión no la tomaba de manera automática la autoridad política ni me­ nos un operador encargado de ir a las prisiones a vender… —discúlpeme, no quiero agredir a nadie y lo diré con respeto— a promover conmutacio­ nes por las que presumiblemente, según varias testificales de internos, se cobraba US$ 10 000,00 por cada año conmutado. Se ha dicho también que las conmutaciones son eje de política pública para evitar el hacinamiento. No lo ha dicho cualquiera, señor Presidente, lo ha dicho Alan García Pérez. Él ha señalado que su decisión humanitaria para aplicar criterios de rehabilitación y reeducación era reducir la población penal. Estadísticamente se prueba que las conmuta­ ciones de pena a narcotraficantes extranjeros y nacionales no son significativas respecto de la cuantía de la población penal. Es más, como en todos los gobiernos, la población tiende a incre­ mentarse porque no hay una política criminal desadictiva, no hay una política orientada a dar un tratamiento específico a la población penal primaria, sobre todo la patrimonial, para evitar que se arraiguen en la cultura del delito, en el ‘laburo’, como dicen los infractores primarios. Se dice que el expresidente no tiene nada que ver. Si no tiene nada que ver —disculpen mi ignorancia—, ¿por qué tanta iniciativa procesal? El exmandatario salió del caso de los delitos de sangre perpetrados en los establecimientos pe­ nales del país porque se le aplicó la prescripción cuando se fue al extranjero. Ahora, cuando se está haciendo recién una investigación preparatoria, cuando todavía no se han sometido al Pleno los parámetros de esa investigación, se acude a la autoridad judicial argumentándose criterios de debido proceso. En cualquier modelo procesal, en la etapa de la investigación previa no se pueden notificar al dedillo los puntos que se van a investigar, porque se está en la etapa preparatoria de investigación. Si no, como es obvio, ya habría culminado la etapa de investigación.

Y en esa argumentatividad, que a todas luces es obvia, porque quien recién investiga no puede notificar absolutamente, se reseña el criterio del debido proceso sin ver el estadío de la investiga­ ción procesal, porque lo que se pretende —seamos claros— es no someterse a la investigación. Eso se pretende. Y aquí nosotros tenemos la ventaja que nos signi­ fica no tener la pasión del riesgo de que nuestro líder pueda tener algún daño de un proceso de investigación. Pero si fuera mi líder, yo optaría porque se someta a cualquier investigación y prue­ be plenamente su inocencia. No optaría por que se someta a argucias de carácter procedimental que no entienden la naturaleza de la etapa pre­ paratoria en sede de investigación parlamentaria. De otro lado, se ha dicho que hay supuestos víncu­ los del actual Gobierno con el narcotráfico. A mí, los supuestos vínculos que pudiera tener cualquier gobierno con el narcotráfico son deleznables y deben ser investigados. El hecho de que el otro cometa errores no significa que en mi caso esos errores se deban mantener o encubrir. Se ha dicho que hay varios testigos pero que no hay ninguna prueba. Florencio Mixán, en el abecé de la teoría de la prueba señala lo siguiente: “Varios testificales concordantes entre sí ameritan inves­ tigación y hasta constituyen una prueba vinculada a la certeza penal”. Acá no hay un testigo; hay múltiples testigos. De otro lado, ¿el señor Aurelio Pastor desconocía los supuestos de hecho materia de intervención? Hemos escuchado un audio en que el señor Aurelio Pastor pregunta: “¿por qué delito?”. Si era una política pública, ¿para qué preguntar “por qué delito”? No hemos nacido ayer. Ese es un indicio de una orientación de las conmutaciones desde una perspectiva no santa. ¿El señor Aurelio Pastor no participó en el direccionamiento a internos condenados por TID para darles a estos un tratamiento preferencial en la concesión de conmutaciones? Yo creo que sí. El tipo de operadores que trabajaron con el señor Pastor y ahora están en prisión solo prueba que había un nexo causal en esta política en la que hay supuestamente una dependencia automática del operador administrativo. En mis tiempos, para conceder una conmutación, un indulto, en primer lugar había una depen­ dencia técnica que tenía que hacer un informe detallado de la situación jurídica del supuesto 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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beneficiario. Además, el Consejo Penitenciario tenía que hacer un informe de su conducta en la prisión. Asimismo, las decisiones se tomaban por consenso. Recuerdo que había un ex vocal supremo que se oponía a todo. Se oponía a que jóvenes rateros de bagatela salgan, y eso era un sufrimiento. Obviamente, no iba a pasar un tremendo narcotraficante de drogas por la vía de la conmutación. Por otro lado, se dice que es un problema de absoluto desconocimiento. En materia penal hay error en el conocer, hay error en el razonar, hay error en el entender; pero sobre todo hay, como dice Thomas Hobbes en Leviatán, la violencia y la misericordia de las pasiones.

Supongo, Presidente, que se han referido a su compañero Miguel Facundo Chinguel. Y, como muy bien ha dicho la congresista Mavila, sería importante dilucidar en las entidades compe­ tentes cuál fue su nivel de coordinación con el señor Nava y, por consiguiente, con el señor Alan García… perdón, el expresidente Alan García, recordando que el señor Alan García… perdón, el señor expresidente Alan García en su momento dijo que el señor Chinguel era un tipo dispuesto a ayudar porque era un hombre de pueblo-pueblo, pata en el suelo; que sí lo conocía y que le parecía un excelente… Más adelante, en la misma declaración, refirién­ dose…

Nuestro país tiene un serio riesgo con el problema de la droga; por ello, este Parlamento tiene el de­ ber de investigar no solo este sino todos los casos en los que haya riesgo de influencia de cualquier modalidad de tráfico ilícito de drogas en cualquier nivel de la gestión pública.

El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Lamentablemente, no puede haber tiempo adicional. Es la política que se ha seguido con todos los congresistas.

Por eso, señor Presidente, mi voto y el de mi ban­ cada va a ser por apoyar el informe de la comisión.

La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Señor Presidente, solamente voy a decir que el presidente Alan García, aludiendo a su compañero Facundo Chinguel, no dijo solo que era un tipo dispuesto a ayudar porque era un hombre de pueblopueblo, pata en el suelo, sino también: “… y sigue pata en el suelo. Vayan a su oficina jurídica que queda frente al Paseo de la República para ver si se enriqueció cobrando a los narcotraficantes. Respetemos a las personas. Sí, lo conozco, me parece excelente lo que hacía este hombre y yo lo volvería a nombrar, porque este hombre sí actuó bien al ir al penal”.

Antes de terminar, quiero darle la palabra a la congresista Verónika Mendoza. —Reasume la Presidencia el señor Luis Iberico Núñez. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Son dos in­ terrupciones a favor de la colega Verónika Mendoza. La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— En honor a la verdad, Presidente, la primera interrupción ya le ha sido otorgada al congresista Tejada, de modo que haré uso de la segunda interrupción. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Ciertamente. Un minuto, entonces. La señora MENDOZA FRISCH (AP-FA).— Presidente, muy puntualmente y con cargo a mi intervención posterior quiero comentar algo que ha sido señalado por los congresistas de la bancada aprista en el sentido de que varios de los temas contenidos en el informe no constituyen nada novedoso puesto que ya han sido publicitados por los medios de comunicación y están siendo objeto de investigación, e incluso hay gente en la cárcel por esos motivos. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Concluya, congresista Rosa Mavila.

Gracias. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Con esta remembranza, se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde. —Se suspende la sesión a las 14 horas y 37 minutos. —Se reanuda la sesión a las 16 horas y 7 minutos. —Asume la Presidencia el señor Fredy Rolando Otárola Peñaranda. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).—

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Buenas tardes, señoras y señores congresistas, continúa la sesión. Se aprueban mociones de saludo al distrito de Yanahuaya, de la provincia de Sandia, Región Puno, con motivo de celebrar un aniversario más de su creación política; a la mujer y al hombre del campo por la celebración del Día del Campesino; al distrito de Ocuviri, de la provincia de Lampa, región Puno, con motivo de celebrar su centésimo octogésimo noveno aniversario de creación política; al distrito de Uñón, de la provincia de Castilla, departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el quincuagésimo segundo aniversario de su creación política; a la provincia de Lampa, región Puno, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política; al distrito de Characato, de la provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el cuadringentésimo septuagésimo tercer aniversario de su fundación española; al distrito de Vilquechico, de la provincia de Huancané, región Puno, con motivo de celebrar su centésimo sexagésimo aniversario de creación política; a los pobladores de la ciudad de Chota, por la celebración del Día de la Identidad Chotana; al distrito de Cabanilla, de la provincia de Lampa, región Puno, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política; a la Institución Educativa Simón Bolívar, del distrito de Bolívar, ubicado en la provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, por conmemorarse el cuadragésimo sexto aniversario de su creación; al destacado doctor Lorenzo Orlando Rosas Durand, por su laudable y brillante trayectoria como científico al servicio de la humanidad; a la provincia de Paucartambo, región Cusco, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política; a la provincia de Urubamba, región Cusco, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política; a los pobladores de Cajamarca y del Perú por el Día del Campesino; a la Municipalidad Distrital de Olmos, de la provincia y departamento de Lambayeque, con motivo de conmemorarse el cuadringentésimo cuadragésimo primer aniversario de su fundación española; a la Institución Educativa Emblemática Nuestra Señora de las Mercedes, de Huánuco, por su septuagésimo primer aniversario de vida institucional; a la provincia de Quispicanchi, región Cusco,

por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política; al Comité de Autodefensa (CAD) del Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE), por el trigésimo aniversario de su creación; a la Capital Histórica del Perú, por conmemorarse el aniversario de la ciudad del Cusco y la fiesta del Inti Raymi El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a dar lectura a las sumillas de varias mociones de saludo. El RELATOR da lectura: Mociones de Saludo Del congresista Condori Cusi, al distrito de Ya­ nahuaya, de la provincia de Sandia, región Puno, con motivo de celebrar un aniversario más de su creación política. De la congresista López Córdova, a la mujer y al hombre del campo por la celebración del Día del Campesino. Del congresista Condori Cusi, al distrito de Ocuviri, de la provincia de Lampa, región Puno, con motivo de celebrar su centésimo octogésimo noveno aniversario de creación política. Del congresista Rondón Fudinaga, al distrito de Uñón, de la provincia de Castilla, departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el quincuagé­ simo segundo aniversario de su creación política. Del congresista Condori Cusi, a la provincia de Lampa, región Puno, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política. Del congresista Rondón Fudinaga, al distrito de Characato, de la provincia y departamento de Arequipa, con motivo de celebrar el cuadringen­ tésimo septuagésimo tercer aniversario de su fundación española. Del congresista Condori Cusi, al distrito de Vilque­ chico, de la provincia de Huancané, región Puno, con motivo de celebrar su centésimo sexagésimo aniversario de creación política. Del congresista Ramírez Gamarra, a los poblado­ res de la ciudad de Chota, por la celebración del Día de la Identidad Chotana. Del congresista Condori Cusi, al distrito de Caba­ nilla, de la provincia de Lampa, región Puno, por 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política.

—Efectuada la votación, se aprueban las mociones de saludo a que se han dado lectura.

Del congresista Ramírez Gamarra, a la Insti­ tución Educativa Simón Bolívar, del distrito de Bolívar, ubicado en la provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, por conmemorarse el cuadragésimo sexto aniversario de su creación.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Han sido aprobadas las mociones de saludo.

Del congresista Rodríguez Zavaleta, al destacado doctor Lorenzo Orlando Rosas Durand, por su laudable y brillante trayectoria como científico al servicio a la humanidad.

“El Congreso de la República;

Del congresista De la Torre Dueñas, a la provincia de Paucartambo, región Cusco, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política. Del congresista De la Torre Dueñas, a la provincia de Urubamba, región Cusco, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política. Del congresista Ramírez Gamarra, a los pobla­ dores de Cajamarca y del Perú por el Día del Campesino. Del congresista Aguinaga Recuenco, a la Muni­ cipalidad Distrital de Olmos, de la provincia y departamento de Lambayeque, con motivo de conmemorarse el cuadringentésimo cuadragésimo primer aniversario de su fundación española. De la congresista Omonte Durand, a la Institu­ ción Educativa Emblemática Nuestra Señora de las Mercedes, de Huánuco, por su septuagésimo primer aniversario de vida institucional. Del congresista De la Torre Dueñas, a la provincia de Quispicanchi, región Cusco, por conmemorarse el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política. Del congresista Urquizo Maggia, al Comité de Autodefensa (CAD) del Valle de los Ríos Apurí­ mac y Ene (VRAE), por el trigésimo aniversario de su creación. Del congresista De la Torre Dueñas, a la Capital Histórica del Perú, por conmemorarse el aniversa­ rio de la ciudad del Cusco y la fiesta del Inti Raymi. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Los señores congre­ sistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

—Los textos aprobados son los siguientes:

Acuerda: Primero.— Expresar su más ferviente y emo­ tivo saludo al distrito de Yanahuaya, provincia de Sandia, departamento de Puno, con motivo de celebrar el 29 de junio de 2014 un aniversario más de creación política, formulando votos por el bienestar y prosperidad de este cálido pueblo, con el deseo de reafirmar el compromiso de con­ tinuar trabajando a favor del desarrollo integral del referido distrito. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Simón Contreras Surco, alcalde de la Mu­ nicipalidad Distrital de Yanahuaya; y, por su in­ termedio, hacerla extensiva a las autoridades, al cuerpo de regidores, a las autoridades políticas, militares y policiales, a las instituciones educa­ tivas, a las organizaciones sociales, gremios de transportes, a los miembros de la Mancomunidad Municipal de la Amazonía de Puno, así como a to­ da la población de esta hermosa selva. Lima, 18 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Saludar y felicitar al insustituible hombre y mujer del campo que día a día y sin descanso trabaja la tierra, generando los insu­ mos que hacen posible que todos los hogares pe­ ruanos siempre tengan en sus mesas los excelen­ tes productos que sus manos producen con mucho amor y dedicación, con motivo de celebrarse el 24 de junio de 2014 el Día del Campesino. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Juan Manuel Benites Ramos, Ministro de Agricultura y Riego; y, por su intermedio, hacer­ la extensiva a todos los hombres y mujeres del campo. Lima, 18 de junio de 2014.” “El Congreso de la República;

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Acuerda: Primero.— Expresar el más ferviente y emoti­ vo saludo al distrito de Ocuviri de la provincia de Lampa, departamento de Puno, con motivo de ce­ lebrarse el 21 de junio de 2014 su centésimo oc­ togésimo noveno aniversario de creación políti­ ca como distrito, haciendo votos por el bienestar y prosperidad de este cálido pueblo, con el deseo de reafirmar el compromiso de continuar traba­ jando a favor de su desarrollo integral. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Isidro Huaynacho Llavilla, alcalde de la Municipalidad Distrital de Ocuviri; y, por su in­ termedio, hacerla extensiva al cuerpo de regido­ res, autoridades políticas, militares y policiales, instituciones educativas, organizaciones sociales, gremios de transportes, productores truchícolas, así como a todo el pueblo del referido distrito. Lima, 18 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar un afectuoso saludo y fe­ licitación al distrito de Uñón, provincia de Cas­ tilla, departamento de Arequipa, con motivo de celebrarse el 18 de junio de 2014 el quincuagési­ mo segundo aniversario de su creación política. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Fredy Leonidas Llamosas Amezquita, al­ calde de la Municipalidad Distrital de Uñón; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las auto­ ridades civiles, políticas y militares, así como a toda la población del referido distrito. Lima, 16 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar el más ferviente y emotivo saludo a la provincia de Lampa, departamento de Puno, con motivo de celebrarse el 21 de junio de 2014 su centésimo octogésimo noveno aniversa­ rio de creación política como distrito, haciendo votos por el bienestar y prosperidad de este cáli­ do pueblo, con el deseo de reafirmar el compro­ miso de continuar trabajando a favor de su de­ sarrollo integral. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Jose Luis Hañari Monzón, alcalde de la

Municipalidad Provincial de Lampa; y, por su in­ termedio, hacerla extensiva al cuerpo de regido­ res, gobernación, autoridades políticas, militares y policiales, instituciones educativas, organiza­ ciones sociales, gremios de transportes, así como a todo el pueblo de la hermosa tierra de Lampa, considerada La Ciudad Rosada o Ciudad de las 7 Maravillas. Lima, 18 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar un afectuoso saludo y fe­ licitación al distrito de Characato, provincia y departamento de Arequipa, con motivo de cele­ brarse el 24 de junio de 2014 el cuadringentési­ mo septuagésimo tercer aniversario de su fun­ dación española. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Ángel Anastacio Linares Portilla, alcalde de la Municipalidad Distrital de Characato; y, por su intermedio, hacerla extensiva a las autorida­ des civiles, políticas y militares, así como a toda la población del referido distrito. Lima, 16 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar el más ferviente y emotivo saludo al distrito de Vilque Chico de la provincia de Huancané, departamento de Puno, con moti­ vo de celebrarse el 27 de junio de 2014 su centé­ simo sexagésimo aniversario de creación políti­ ca como distrito, haciendo votos por el bienestar y prosperidad de este cálido pueblo, con el deseo de reafirmar el compromiso de continuar traba­ jando a favor de su desarrollo integral. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Américo Portillo Chuquimamani, alcalde de la Municipalidad Distrital de Vilque Chico; y, por su intermedio, hacerla extensiva al cuerpo de regidores, autoridades políticas, militares y poli­ ciales, instituciones educativas, organizaciones sociales, gremios de transportes, así como a todo el pueblo del referido distrito. Lima, 18 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Acuerda: Primero.— Rendir un efusivo, caluroso y mere­ cido homenaje a la hermosa ciudad de Chota, pro­ vincia del mismo nombre, departamento de Caja­ marca, con motivo de conmemorarse el Día de la Identidad Chotana, donde se realza el espíritu de la hermandad que une a todo hijo de Chota que vi­ ve dentro y fuera de la ciudad y que en esta fecha se reúnen y llegan de todos los rincones del mun­ do para festejar alegremente el orgullo chotano. Segundo.— Transcribir la presente moción a la señora Elsa Fanny Campos Guevara, alcaldesa de la Municipalidad Provincial de Chota; y, por su intermedio, hacerla extensiva a todo el pue­ blo chotano y sus distritos, así como a sus dig­ nas autoridades. Lima, 9 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar el más ferviente y emoti­ vo saludo al distrito de Cabanilla de la provincia de Lampa, departamento de Puno, con motivo de celebrarse el 21 de junio de 2014 su centésimo oc­ togésimo noveno aniversario de creación políti­ ca como distrito, haciendo votos por el bienestar y prosperidad de este cálido pueblo, con el deseo de reafirmar el compromiso de continuar traba­ jando a favor de su desarrollo integral. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Sergio Mamani Huisa, alcalde de la Muni­ cipalidad Distrital de Cabanilla; y, por su inter­ medio, hacerla extensiva al cuerpo de regidores, autoridades políticas, militares y policiales, insti­ tuciones educativas, organizaciones sociales, gre­ mios de transportes, productores truchícolas, así como a todo el pueblo del referido distrito. Lima, 18 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Brindar un merecido y justo salu­ do a la Institución Educativa Simón Bolívar, ubi­ cada en el distrito del mismo nombre, provincia de San Miguel, departamento de Cajamarca, con motivo de conmemorarse el 14 de junio de 2014 el cuadragésimo sexto aniversario de su creación, teniendo como meta principal la formación ejem­ plar de sus educandos. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Leónidas Mariano López Díaz, director de la Institución Educativa Simón Bolívar; y, por su intermedio, hacerla extensiva a la plana docente y administrativa, así como a todos los estudian­ tes de la referida institución educativa. Lima, 9 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Saludar y expresar su reconoci­ miento al destacado doctor Lorenzo Orlando Ro­ sas Durand, por su laudable y brillante trayecto­ ria como científico al servicio de la humanidad. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Lorenzo Orlando Rosas Durand, investi­ gador científico en medicina de Ozono-Perseitol y sus aplicaciones, deseándoles los mejores éxi­ tos y parabienes en su vida familiar y profesional. Lima, 18 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar su más cálido saludo y fe­ licitación a la provincia de Paucartambo, depar­ tamento del Cuso, con motivo de celebrarse el 21 de junio de 2014 el centésimo octogésimo noveno aniversario de su creación política. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Marcial Mamani Ccallo, alcalde de la Muni­ cipalidad Provincial de Paucartambo; y, por su in­ termedio, hacerla extensiva a los regidores, a las autoridades militares, políticas y eclesiásticas, así como a toda la población de la referida provincia. Lima, 18 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar su más cálido saludo y fe­ licitación a la provincia de Urubamba, departa­ mento del Cusco, con motivo de celebrarse el 21 de junio de 2014 el centésimo octogésimo nove­ no aniversario de su creación política. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Fredy Quispe Tocre, alcalde de la Munici­ palidad Provincial de Urubamba; y, por su inter­

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medio, hacerla extensiva a los regidores, a las au­ toridades militares, políticas y eclesiásticas, así como a toda la población de la referida provincia.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Willy Serrato Puse, alcalde de la Munici­ palidad Distrital de Olmos.

Lima, 18 de junio de 2014.”

Lima, 19 de junio de 2014.”

“El Congreso de la República;

“El Congreso de la República;

Acuerda:

Acuerda:

Primero.— Rendir un profundo reconocimien­ to y merecido homenaje a todos los pobladores de Cajamarca y el Perú, con motivo de celebrar el 24 de junio de 2014 el Día del Campesino, tra­ bajador incansable que labra la tierra y la hace producir los alimentos que son la base de nuestra existencia; en especial a los hermanos cajamar­ quinos, hombres del campo para quien manifies­ to un efusivo reconocimiento por su noble labor.

Primero.— Expresar su saludo y congratulación a la Institución Educativa Emblemática Nuestra Señora de las Mercedes de Huánuco, con moti­ vo de celebrarse el 19 de junio de 2014 el septua­ gésimo primer aniversario de vida institucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción a los señores Ramiro Alejandro Bardales Vigo, alcal­ de de la Municipalidad Provincial de Cajamarca; Wilson Pesantes Alayo, alcalde de la Municipa­ lidad Provincial de Cajabamba; Mauro Arteaga García, alcalde de la Municipalidad Provincial de Celendín; Luis Castillo Rodríguez, alcalde de la Municipalidad Provincial de Contumazá; Raúl Pinedo Vásquez, alcalde de la Municipali­ dad Provincial de Cutervo; Hernán Vásquez Sa­ avedra, alcalde de la Municipalidad Provincial de Hualgayoc; Never Edwin Llique Ventura, alcal­ de de la Municipalidad Provincial de Jaén; Car­ los Martínez Solano, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Ignacio; Flavio Machuca Ro­ mero, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Miguel; Guillermo Espinoza Rodas, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Pablo; Ma­ nuel Castrejón Terán, alcalde de la Municipali­ dad Provincial de San Pablo, Helmer Villoslada Montero, alcalde de la Municipalidad Provincial de Santa Cruz y la señora Elsa Fanny Campos Guevara, alcaldesa de la Municipalidad Provin­ cial de Chota.

Segundo.— Formular su deseo, para que es­ ta institución educativa logre superar los nive­ les de desarrollo educacional, económico, social y alcance un bienestar general a favor de la po­ blación escolar. Tercero.- Transcribir la presente moción a la se­ ñora Lourdes E. Cecilio Córdova, directora de la Institución Educativa Emblemática Nuestra Se­ ñora de las Mercedes de Huánuco; y, por su in­ termedio, hacerla extensiva a la plana docente, administrativa, alumnas, ex alumnas y padres de familia, así como a toda la población. Lima, 19 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar su más cálido saludo y fe­ licitación a la provincia de Quispicanchi, depar­ tamento de Cusco, con motivo de celebrar el 21 de junio de 2014 el centésimo octogésimo nove­ no aniversario de su creación política.

“El Congreso de la República;

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Graciano Mandura Crispín, alcalde de la Municipalidad Provincial de Quispicanchi; y, por su intermedio, hacerla extensiva a los regidores, autoridades militares, políticas, eclesiásticas y población de la referida provincia.

Acuerda:

Lima, 18 de junio de 2014.”

Primero.— Saludar a la Municipalidad Distrital de Olmos, provincia y departamento de Lamba­ yeque, con motivo de conmemorar el 27 de junio de 2014 el cuadringentésimo cuadragésimo pri­ mer aniversario de su fundación española y ex­ presar el mejor de los éxitos en la XXXI Edición del Festival Internacional del Limón.

“El Congreso de la República;

Lima, 9 de junio de 2014.”

Acuerda: Primero.— Expresar su saludo y felicitación al Comité de Autodefensa-CAD del valle de los ríos Apurímac y Ene-VRAE, con motivo de celebrar 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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el 21 de junio de 2014 el trigésimo aniversario de su creación. Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Miguel Ángel Camaná Salcedo, presiden­ te del Comité de Autodefensa del valle de los ríos Apurímac y Ene. Lima, 18 de junio de 2014.” “El Congreso de la República; Acuerda: Primero.— Expresar su más cálido saludo y fe­ licitación a la provincia del Cusco, capital histórica del Perú, con motivo de celebrarse el 24 de junio de 2014 un aniversario más de su fundación española y las fiestas del Inti Raymi.

ha hecho daño al orden democrático, aquello que ha hecho daño al Estado de derecho, aquello que viene corroyendo a los organismos subnacionales. Esa corrupción que hoy nos presenta un escenario con diecinueve gobiernos regionales en sospecha tiene que ser encarada y desbaratada por los poderes del Estado sin dar ningún paso atrás. Señor Presidente, acá no ha habido ningún delito. Todo lo que se le imputa y todo lo que se le viene investigando al ex presidente Alan García está enmarcado dentro del orden constitucional. Solamente quiero hacer referencia a algunos aspectos concretos. En efecto, la democracia, el orden constitucional y el Estado de derecho deben estar enmarcados dentro del resguardo constitucional.

Segundo.— Transcribir la presente moción al señor Luis Arturo Flórez García, alcalde de la Municipalidad Provincial del Cusco; y, por su in­ termedio, hacerla extensiva a los regidores, a las autoridades militares, políticas y eclesiásticas, así como a toda la población de la referida provincia.

Pero cuando vemos escenarios donde más de cua­ trocientos cuarenta casos en los que personas y delincuentes sentenciados por asuntos vinculados al narcotráfico agravado han sido beneficiados con la gracia presidencial, ¿podrá el pueblo peruano decir que eso estuvo bajo el amparo constitucional?

Lima, 18 de junio de 2014.”

Los colegas que nos han antecedido en el uso de la palabra han dicho con bastante claridad que estas gracias presidenciales deben manejarse bajo una condición de excepcionalidad. Si tenemos funcionarios como Chinguel y se otorgan gra­ cias presidenciales no a una, no a dos, no a diez personas, sino a más de cuatrocientas, ¿estamos hablando de esa excepcionalidad que está seña­ lada y resguardada por el marco constitucional? De ninguna forma.

Se aprueba, con modificaciones introducidas en el curso del debate, el informe en mayoría sobre el caso Indultos y Conmutaciones de Pena presentado por la Comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúa el debate del informe en mayoría de la Comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República sobre el caso de indultos y con­ mutaciones de pena. Tiene la palabra el congresista Rubén Coa. El señor COA AGUILAR (NGP).— Señor Presidente, este es un momento fundamental que nuestra patria aguarda con mucha expectativa, porque a partir del día de hoy debe dejarse un precedente y un mensaje claro a nuestra Nación en el sentido de que tiene que encararse y desba­ ratarse sin ningún tipo de prebenda aquello que Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Se ha dicho también que estas acciones corres­ pondían a una política de deshacinamiento de los penales, pero cerca de doscientos de estos cuatrocientos imputados con penas agravantes ya gozaban de los beneficios de semilibertad. Quiere decir que cerca de doscientos de estos narcotrafi­ cantes se paseaban probablemente coordinando con los defensores de ese Gobierno al que se le están haciendo estos cargos. No se puede hablar, entonces, de una política de deshacinamiento. De otra parte, señor Presidente, es inaceptable que un político de la talla del expresidente Alan García, que gobernó durante dos períodos nuestra patria y tuvo la responsabilidad y el alto honor de conducir los destinos de millones de peruanos, pretenda ser exonerado de procesos de investiga­ ción, de procesos políticos indagatorios.

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Como ha sido señalado ampliamente también, este es un primer proceso político. Estamos en la etapa preparatoria de la investigación, y aquí se buscan indicios razonables. Si ya hubiese imputaciones definitivas y claras, estaríamos en otras etapas del proceso de investigación. Eso le hace un flaco favor a un proceso de forta­ lecimiento del Estado de derecho y de la institu­ cionalidad democrática de nuestro país. Lo que la mayoría de peruanos espera es que to­ dos los políticos, todos los que en algún momento hemos tenido el honor de representar a nuestros pueblos demos la cara y rindamos cuentas. No nos vamos a correr. Pero ¿qué ha pasado con el señor Alan García, ex presidente de la República, en su primer período? Se ha corrido de la justicia peruana. Dijo que quien no la debe no la teme; sin em­ bargo, se tuvo que refugiar en otros países y esperar la prescripción de sus delitos. Ahora, cuando una institucionalidad política más fuerte encara nuevamente la posibilidad de investi­ garlo respecto a un segundo período, vemos acciones de amparo, leguleyadas y la pretensión de escabullirse de la acción fiscalizadora del Congreso. Todo eso a pesar de que él dijo que no se iba a amparar en procesos judiciales ni acciones de amparo. Como ya lo hemos dicho en horas de la mañana, ¿es o no sospechoso que el juez Hugo Rodolfo Velásquez Zavaleta, que el 13 de marzo fuera nombrado juez constitucional de Lima, admitiera en solo dos semanas, el 27 de marzo, la petición de la demanda de Alan García y declarase la nulidad de dos citaciones? Eso tiene que saberlo el pueblo peruano. ¿Qué es lo que ha pasado? Han buscado a un juez al que en su momento el Partido Aprista calificó de prevaricador y payaso, a un juez al que incluso amenazaron con demandarlo cuando admitió la causa de nuestro fallecido Javier Diez Canseco. Ahora ese juez es para ellos el gran referente del orden constitucional. Esas cosas, para el pueblo de a pie, son una legu­ leyada. Un juez nombrado de manera rebuscada a las dos semanas admite una acción de amparo por parte de un expresidente que tiene un claro propósito de evadir la acción de la justicia y no dar cuenta de su responsabilidad política.

Se ha señalado con bastante claridad que, en su segunda etapa, el gobierno aprista ha conseguido indultos de forma irregular. El pueblo peruano está atento a este debate y tiene que saber cuáles son esos indicios, cuáles son esos cargos, de qué cosa se está investigando al segundo gobierno de Alan García. Como lo ha manifestado el presidente de la Comisión, el gobierno de Alan García concedió, de manera irregular, indultos a sentenciados y procesados por narcotráfico, vulneró todas las medidas de protección del Estado y creó una red paralela al sistema de justicia. La Comisión de Conmutación de Penas generó un poder paralelo al Poder Judicial, pues modificó el 30% de las resoluciones de este poder del Estado. Y ¿qué ocurría con las investigaciones policiales, el Ministerio Público y la acción del Poder Judicial? Hay razón cuando se dice que se creó un sistema paralelo para que a cuatrocientos inculpados y sentenciados por narcotráfico agravado se les otorgase esta gracia presidencial que, como ya se ha señalado, tiene carácter constitucional de excepcionalidad. ¡Qué tal excepcionalidad, señor Presidente! El señor García Pérez —como lo ha dicho también la Comisión investigadora— se ex­ cedió en su atribución de conceder las gracias presidenciales, pues muchos de los indultos y conmutaciones de pena fueron otorgados a personas procesadas por narcotráfico en mo­ dalidad agravada. Existen testimonios y pruebas contundentes de ello. Se tiene el registro de una cuenta donde hicieron estos depósitos de coimas para obtener el beneficio de un indulto o de una conmutación. El nuevo argumento de los defensores es que los indultos se otorgaron para revertir el hacinamien­ to carcelario en el país. Al respecto, debo de manifestar que más de dos­ cientos de estos condenados estaban en condición de semilibertad y que la población carcelaria, en vez de decrecer, se ha incrementado significati­ vamente. El expresidente García ha señalado de manera categórica que examinó minuciosamente cada expediente. ¿Debe o no debe dar cuenta ante el primer Poder del Estado respecto de estas evidencias? 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Se liberó a 3207 personas por tráfico ilícito de drogas a través de la conmutación de penas, cua­ trocientas de ellas por delito de forma agravada. Uno de los indultos más escandalosos fue el de José Enrique Crousillat, en diciembre de 2009. Se abusó de las limitaciones y responsabilidades que la Constitución estableció para el Presidente de la República. También se ha dicho que se está apelando estric­ tamente al fuero constitucional. Yo no soy abo­ gado, pero entiendo que en todos los casos, sean judicializados o de índole político, es necesario respetar el derecho al debido proceso. Para hacer efectivo este derecho fundamental, el Congreso cuenta con un instrumento: el Reglamento del Congreso de la República.

de la empresa israelí Global CST, y por el trabajo de consultoría recibió como pago S/. 369 000,00. En consecuencia, hay una serie de evidencias que ameritan que se investigue a quienes estuvieron a la cabeza de estos gobiernos. Invoco a que nuestro Congreso dé un gesto al pueblo peruano para que la corrupción sea com­ batida frontalmente, de modo que no tengamos que lamentarnos después de escenarios como Áncash, donde el diezmo y la coima se han hecho una situación común y habitual. Muchas gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Elías Rodríguez.

Un proceso investigatorio, indagatorio de carácter político tiene que cuidar el orden constitucional. Este reglamento está encuadrado dentro del marco constitucional, y el debido proceso se está cumpliendo. Quienes sostienen que esto no es así deben precisar qué aspectos del Reglamento del Congreso han sido quebrantados y violentados.

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (GPCP).— Señor Presidente, me solicita una interrupción la congresista Lourdes Alcorta.

Un proceso no necesariamente tiene que ser similar en fueros distintos, diferenciados. Los procedimientos que tiene el Congreso están res­ guardados y garantizados por el Reglamento del Congreso. Los procedimientos que tiene el Poder Judicial son distintos en muchos casos.

La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Señor Presidente, me gustaría decir que estamos en una retórica estupenda que nos mejora en el discurso; pero no estamos dis­ cutiendo un proyecto de ley relativo a la educación o a la salud, sino el informe de una comisión investigadora. Hay un grupo de congresistas que han investigado y acu­ san, y otro grupo de congresistas que defiende.

Lo que más lacera la democracia es la corrup­ ción, y en este momento los peruanos tenemos la oportunidad de saber la verdad respecto de estos temas. Hay casos finales, señor Presidente. En setiembre de 2013, salió a la luz que la empresa Abengoa, la gran transnacional de energía y construcción, nombró al señor García Pérez como miembro de su consejo de asesores internacionales. Esta empresa, en el segundo gobierno del señor García, ejecutó el megaproyecto Pachacútec por cerca de S/. 350 000 000,00. ¿Ha habido la posibilidad de un evidente conflicto de intereses, señor Presi­ dente? ¿Sí o no? Otro exministro, Hernán Garrido Lecca, luego de la venta de Petro-Tech al consorcio coreanocolombiano, en 2010, fue contratado como con­ sultor. Por dicho servicio le pagaron algo más de US$ 70 000,00. El mismo año actuó como lobista Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir la congresista Lourdes Alcorta.

Si se trata de hacer un discurso sin tener el cono­ cimiento del caso, podemos quedarnos hasta fin de año hablando de lo mismo. Hablan del entorno, pero no tienen la más remota idea de lo que dicen, porque es un informe que nos ha llegado recién el jueves y no han tenido tiempo para leerlo. No se trata de que cada miembro de una bancada se levante a decir lo que mejor le parezca. Quie­ nes tengan algún argumento o contenido válido que se paren a declarar; pero no aquellos que pretenden leer papeles que les han escrito o decir simplemente lo que mejor se les ocurra. No estamos debatiendo un proyecto de ley, señor Presidente. Si seguimos así, nos podemos quedar hasta mañana.

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Yo apelaría a todos los congresistas que están metidos en el tema, que han leído… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Concluyó su tiempo, congresista. Puede iniciar su intervención el congresista Elías Rodríguez. El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (GPCP).— La congresista solicita la segunda interrupción, y con mucho gusto se la concedo. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir la congresista Lourdes Alcorta. La señora ALCORTA SUERO (GPUR).— Me corta la ilación así. Señor Presidente, con respeto a todos, sin ningu­ near a nadie, que intervengan aquellos que por lo menos hayan leído un resumen y tengan algo de conocimiento de lo que dice el informe, porque es más por la televisión y la radio que nos hemos enterado de todo esto. No creo que se trate de que cada uno se levante para respaldar lo que dice el presidente de la Megacomisión. No es ese el ánimo ni es esa la idea. Hay una acusación, una investigación y una defensa bastante claras. Pero si cada uno va a pedir la palabra para decir cosas sin contenido, no vamos a terminar nunca. Hay congresistas de diferentes bancadas que tienen argumentos, pero hablar por hablar y no decir nada tampoco me parece correcto. Hay que leer un poquito. No se trata de hablar por hablar ni de decir cualquier cosa que a uno le escriban en un papel sin tener idea de qué se trata. Es una vergüenza.

investigadora de presuntos actos de corrupción cometidos en el Gobierno anterior, expreso mi más profundo rechazo a esa investigación, a la que califico, en muchos casos, de ilegal, abusiva y arbitraria. La Megacomisión ha llegado, luego de una investigación muy ligera, a estas conclusiones que imputan graves responsabilidades, muchas de ellas sin fundamento. Según lo que hemos escuchado, aquí en el Con­ greso de la República no importan ni la dignidad ni la honra de las personas ni tampoco el esclare­ cimiento de la verdad. Solamente anima el deseo perverso —y esta es mi primera conclusión en esta tarde— de buscar que se impongan sanciones e inhabilite a los adversarios políticos. Eso es lo que buscan quienes creen que no somos adversarios políticos, sino enemigos políticos. Señor Presidente, lo se pretende con estas con­ clusiones es inhabilitar constitucionalmente al presidente Alan García de cara al próximo proceso electoral del año 2016. ¿Cuál es una de las conclusiones que hemos visto esta mañana? Acusar constitucionalmente al exmandatario Alan García y a los ex ministros de Estado Aurelio Pastor y Rosario Fernández por infracción a la Constitución, por violación de la Constitución. Como presidente de la República, él hizo uso de su derecho de otorgar gracias presidenciales y conmutar penas. La gracia presidencial es un derecho consagrado a la largo de la historia de toda la República y de todas las constituciones de nuestro país, un derecho que se ejerce casi con soberanía. El único límite es que no se otorgue ni a secuestradores ni a terroristas ni a violadores. Por lo demás el presidente de la República no está obligado a rendir cuentas ni a decir por qué motivo dio esas gracias presidenciales.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede iniciar su inter­ vención, congresista Elías Rodríguez.

La historia dice que aquí Fernando Belaúnde Terry y Alberto Fujimori Fujimori entregaron miles de gracias presidenciales. ¿Qué comisión se formó para decir “no a las gracias presidenciales” y asociarlas con dinero y cosas bajas y ruines? Ninguna.

El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (GPCP).— Señor Presidente, después de haber escuchado esta mañana la exposición y las distin­ tas intervenciones del señor Sergio Tejada, presidente de la Comisión

Viene a mi memoria el gobierno de Alejandro Toledo, y mi colega parlamentario y paisano Ra­ guberto León Rivera, de la región La Libertad, fue ministro de Estado y no me dejará mentir en cuanto a indultos que concede Toledo con motivo de casos de narcotráfico y casos de corrupción. Un

Gracias, señor Presidente.

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viceministro de apellido Jalilie, que era procesado por corrupción porque facilitó el otorgamiento de quince millones de dólares al prófugo Vladimiro Montesinos —en nuestras mentes todavía está el recuerdo de esa fuga rumbo a Panamá—, recibió una gracia presidencial. La burrier hebrea —por hablar de un caso de nar­ cotráfico— Lee Heifetz, de nacionalidad israelí, paisana de la primera dama de ese momento, era hija de un diplomático amigo del presidente Ale­ jandro Toledo, quien hizo uso de su prerrogativa constitucional al indulto. ¿Qué comisión se armó para Toledo? Ninguna. Pero a Alan García, que es un hombre con presente y futuro político, sí hay que enjuiciarlo, hay que mancillarlo, hay que acusarlo para que no sea candidato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y resoluciones del Tribunal Constitucional peruano establecen que para que se acuse constitucio­ nalmente por una infracción a la Constitución, eso tiene que estar tipificado, tiene que estar conceptualizado, tiene que figurar en una ley de desarrollo constitucional que ni el Parlamento pasado ni este Congreso de la República han desarrollado. Yo voy a dar las interrupciones al final, para evitar algún olvido que me haga caer en un error. Entonces, si se acusa constitucionalmente sin tener la tipificación de las infracciones constitu­ cionales, ahí sí hay una inconstitucionalidad. Los tribunales nacionales e internacionales pueden declararlo nulo, y aquí yo lo digo y lo señalo. Hay muchos abogados, y tal vez mi colega Mar­ tín Belaunde, el maestro, pueda decir nullum crimen sine lege, no hay crimen sin ley. Es un viejo principio del derecho romano acuñado hace más de dos mil años que con justicia dice: “no podemos sancionar a alguien, no podemos reprochar su conducta si esta no estaba tipificada como prohibida al momento de su realización, si no estaba señalada como prohibida su actuación por el mandato expreso de una ley”. Ante esos principios, una segunda conclusión es que aquí no podemos acusar en un proceso político ni pedir una sanción política como consecuencia de ello, y apelo a lo establecido por instancias internacionales y el Tribunal Constitucional de nuestra patria. En tercer lugar, rechazo el hecho de que una de las conclusiones diga que el presidente Alan Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

García es el cerebro, es la cabeza criminal de una organización delictiva cuya función ha sido liberar a sentenciados por narcotráfico a cambio de una prebenda económica. Eso es lo más falso que se puede anunciar esta mañana. Es una payasada, es una chamanada —por llamarlo así— eso de que el presidente de la República, después de reunirse su gabinete, llamaba al ministro Pastor, al señor Chinguel y a otros funcionarios y les distribuía roles a cada uno de ellos, por lo que constituían una organización para cometer esos delitos. Lo que estamos debatiendo aquí ya se está vislum­ brando con pruebas, con testimonios, ahí donde el derecho es el que tiene que decir la verdad: en el Ministerio Público y el Poder Judicial. El 6 de enero de 2014, ante la Fiscalía de la Nación, el señor Arvizu y otro procurador que ocupó su lugar intentaron una tipificación y dijeron que Alan García era la mente maestra de todo esto y pidieron que él sea incorporado en este proceso. ¿Sabe lo que les dice el fiscal de la Nación? La Fiscalía de la Nación señala que no hay el más mínimo indicio de una organización criminal ni de que los manuscritos que hiciera el presidente Alan García fueran elementos suficientes para determinar la existencia de una organización criminal que cometiera estos ilícitos penales. ¿Cuáles son las pruebas que esta mañana traen ante el país, después de casi tres años de muchísima investigación y levantamiento de secretos bancarios, quienes pretenden demostrar que algún funcionario del gobierno aprista se hizo de dinero? ¿Cuáles son los testimonios? Con mucho respeto, señor Tejada, ¿qué nos has traído hasta aquí?, ¿cuáles son las pruebas? Yo solamente veo mucho show, mucha venganza, mucha persecución. Es la verdad. Vamos hablar también un poco del ministro Au­ relio Pastor, en quien han proyectado aquí una enorme responsabilidad. ¿Por qué? ¿Quién lo acu­ sa? ¿Cuál es el testimonio? Un solo testimonio, el de un interno cuatro veces inquilino de los penales de nuestro país por estafa, extorsión y secuestro. Ese es el testigo que tiene el señor Tejada en la Comisión, un checoslovaco de apellido Csorgo. ¿Qué dice el interno de ese penal? Dice que en una visita del verano del año 2010 se encontró a la pasadita con el ministro Pastor, y que este le dijo: “Quiero coordinar contigo un tema; y, ¿sabes qué?, coordina con Marruffo”. ¡El señor Marruffo es señalado una sola vez y por un solo testimonio!

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Dicho sea de paso, al congresista Tejada le pido que después me responda si ese señor es colaborador eficaz. Yo he comprobado en horas de la tarde que él no es colaborador eficaz. Ese testigo cuyo testimonio recogió el señor Tejada —me parece que se fue hasta Tarapoto y se entrevistó con él— es el único testigo en este caso. Tampoco sé si la Comisión se lo autorizó y tiene pleno conocimiento de eso. Pero la desconfianza se me da porque el señor Tejada se ha reunido con el señor Brasil y tiene esa costumbre. En este caso, es válida mi sospecha. ¿Qué dice ese señor? Ese señor no dice que a Pastor le ha entregado un dinero. Hace un momento yo le solicité una interrupción a la congresista Mavila porque ella pone a Marruffo como si varias personas hubieran dicho que él tuvo que ver con la tramitación de asuntos irregulares. Hay un solo testimonio, y lo digo con conocimiento de causa. Aquí tengo quince testimonios ante la Fiscalía de la Nación. Ese señor que para el señor Tejada es un colaborador eficaz, ese reo por estafa, dijo que en verano del 2010 estuvieran fulano y mengano y acompañaron al ministro tal. Los han convocado a todos. Los quince testimonios dicen que lo que manifiesta este reo al que lla­ man “colaborador eficaz”, el único testigo, este checoslovaco Csorgo, es falso. El señor Tejada ha señalado aquí —y el Parlamen­ to lo ha podido escuchar y leer— que ha habido un desembolso económico. Ha presentado un voucher de casi US$ 18 000,00; pero no ha dicho a quién le desembolsaron el dinero. El dinero lo desembolsaron a nombre de la señora Araceli Ugaz Murga. ¿Quién es la señora Araceli Ugaz Murga? Es la novia, la compañera senti­ mental de este testigo clave, de este procesado y sentenciado por estafa, el único testigo del caso Csorgo que tiene esta comisión. El señor Fiscal de la Nación le pregunta a esa señora: “Diga usted de quién es esa cuenta bancaria”. Los presos no tienen cuenta. El preso le dijo a su novia que abriera la cuenta y ella abrió la cuenta. Le preguntan: “¿Usted abrió la cuenta para usted o para él?”. Ella responde: “Es para él”. Le pre­ guntan: “¿Hicieron transferencias económicas?”. Ella responde: “Sí, las hicieron”. Y le preguntan: “¿Usted a quién le entregó ese dinero?”.

Las palabras se las puede llevar el viento, pero los papeles están acá. La novia dice que se hicieron varias transferencias económicas, incluso dos por internet, y que las hizo el propio preso —el colaborador eficaz, el testigo clave— a otro preso; y que la otra parte del dinero la entregó a dos abogados que están viendo el proceso para que este señor salga de la cárcel. Le preguntan: “¿Eso fue para pagar sobornos, para pagarle al ministro Pastor?”. Ella responde ante la Fiscalía de la Nación: “No”. Cuando se supo esto, cuando este señor Gálvez Tello emite esta noticia, que es grave de antemano, ¿por qué no lo llamaron al exministro Pastor para que pueda aclarar sobre esta grave imputación? Ha sido una constante aquí que se le haya limitado el derecho a la defensa. No se le permitió el envío de una carta notarial… La verdad, con tantos papeles que tengo acá, no estoy como mi congresista Javier Velásquez, que pide un papel y lo tiene ahí al momento. Hay una carta notarial en la que el exministro Pastor le dice que quiere responder sobre estas imputaciones, pero usted le contesta: “Sabes que no puedes, pero por escrito hazlo llegar si lo crees conveniente”. Quiero señalar también otra grave equivocación. Este testigo dice otra mentira más cuando señala que se encontró a la pasadita con el ministro Pastor en el verano del 2010, porque el INPE de Pérez Guadalupe, el INPE de este Gobierno dice que el ministro Pastor nunca visitó el penal de Lurigancho en esos meses del 2010. Lo visitó en diciembre del 2009, pero la precisión la hizo usted, no el testigo que está en el penal. No es a usted a quien corresponde hacer ese tipo de precisiones sino a ese señor que está testimo­ niando. Pero ese señor no se ha atrevido a dar ese testimonio ante la Fiscalía de la Nación, solo ante usted, y lo ha hecho ante usted en un penal en Tarapoto. Entonces, todo esto hace entrar en una profunda reflexión. ¿Cuántas cosas tuvieron que actuarse respetando el debido proceso y no lo hicieron? Pretendemos acusar constitucionalmente cuando no existen ni la tipificación ni el desarrollo cons­ titucional de esas infracciones. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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El Ministerio de Público está haciendo todas estas investigaciones. El único testimonio que sustenta este probable hecho delictivo es el del señor Gálvez Tello, y ya viene siendo desmentido por quince personas, incluso por su pareja sentimental, a quien se hicieron estos depósitos.

El señor LEÓN RIVERA (PP).— Presidente, muy simpática la in­ tervención de mi colega y paisano; pero cuando hace insinuaciones de bajos instintos, nosotros tenemos que darle una respuesta.

Entonces, yo quiero hacer una exhortación aquí. Si tenemos diferencias políticas, arreglémoslas como las arreglan los demócratas: en las ánforas. No podemos limitar a nadie su participación.

Él ha dicho que en el gobierno del expresidente Alejandro Toledo también se habría dado estos indultos y conmutaciones a narcotraficantes y mencionó, entre otros, al interno Jalilie. Así no puede hacer una defensa, porque el señor Jalilie nunca estuvo condenado por narcotráfico, sino por corrupción, y en su momento le dieron esta gracia presidencial respetando la Constitución y el Es­ tado de derecho, porque él tenía una enfermedad terminal de cáncer, que es algo diametralmente diferente.

Se ha dicho que no se ha luchado contra el narcotráfico y que estamos faltando a muchos artículos de la Constitución, y quiero dejar en claro que durante el gobierno anterior se propuso una ley que se aprobó en este Parlamento —lo deben recordar el presidente Otárola y otros par­ lamentarios reelegidos—, una ley denominada la Ley de Pérdida de Dominio. El gobierno de Alan García, a través del Parlamento, presentó el proyecto y luego la ley fue promulgada y pu­ blicada. Esa es una ley para luchar contra los bienes obtenidos indebidamente con dinero del narcotráfico, y el proyecto correspondiente lo presentó Alan García. Se incineraron ciento treinta y cinco toneladas de droga incautada, se erradicaron más de sesenta y un mil hectáreas de sembríos ilegales, se des­ truyeron más de diez mil pozas de maceración. Eso es luchar contra el narcotráfico. Nos toca escribir una página de la historia en el Parlamento y tenemos que evitar que una injus­ ticia se materialice. Yo recordaba el Canto coral a Túpac Amaru, que es la libertad: “Querrán volarlo y no podrán volarlo./ Querrán romperlo y no podrán romperlo”. Querrán acusarlo y tal vez logren acusarlo. Que­ rrán inhabilitarlo y tal vez logren inhabilitarlo por un único delito, que es estar como un tatuaje en el corazón de todos los peruanos, de los más pobres de este país. Quiéranlo o no, aquí o en los tribunales la justicia se abrirá paso y el año 2016 muchos estaremos aquí para seguir escribiendo la historia y dar cuenta de los abusos y los excesos de quienes crean que con el número pueden más que la ley, la Constitución y la justicia. ¡He dicho! El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Por alusión, tiene la palabra el congresista José León. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

No se puede dar el mensaje equivocado de que lo que hoy se está investigando sea un consuelo que tengamos que aceptarlo así. Muchas gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Jorge Rimarachín. El señor RIMARACHÍN CABRERA (APFA).— Presidente, me piden interrupciones los congresistas Sergio Tejada y Juan Pari. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Sergio Tejada. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Presidente, solo para que no quede la duda, debo de manifestar que las personas que fueron interme­ diarias en estos pagos por conmutacio­ nes eran internos y tenían contactos con diferentes personas sentenciadas por tráfico ilícito de drogas. Esta persona que nos brindó testimonio nos dijo que la reunión se había producido los primeros días de enero, en el verano, aproximadamente. Es evidente que él —como una persona que está presa varios años— no tenía en la cabeza las fechas exactas. Cuando corroboramos la reunión, esta no se habría producido en enero, sino en los últimos días de diciembre, y eso se ajusta perfectamente a la declaración de que la reunión se produjo en verano.

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Él no tenía una cuenta. Le pide a una persona — que yo no sé si sería su pareja sentimental— que reciba este depósito, y a ella le dicen que lo entregue a los abogados, quienes iban a hacer la entrega a otra persona vinculada a la concesión de gracias presidenciales; y que haga otras transferencias a señoras que tenían quioscos fuera del penal.

ahí está el éxito, en los cuatro. Veremos por qué. Le daremos una interpretación política, una in­ terpretación científica al fenómeno aprista.

Hay más información, pero es materia de una investigación reservada; por lo tanto, no la voy a revelar sino en la Fiscalía, por supuesto.

No es un hecho aislado el de los narcoindultos, no es un hecho aislado que hayan indultado a más de cinco mil presos, y entre ellos, a más de tres mil narcotraficantes, muchos de ellos jefes de bandas a los que se les ha encontrado con toneladas de droga.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Juan Pari. El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Señor Presidente, aquí se nos quiere vender la figura de que se ha luchado contra el narcotráfico, y cuando veo los datos del Sistema Nacional de Monitoreo apoyado por la Or­ganización de las Naciones Unidas, encuentro que en el 2006 hubo 51 400 hectáreas ubicadas en las principales zonas coca­ leras del Perú; en el 2007, 53 700; en el 2008, 56 100; en el 2009, 59 900; en el 2010, 61 200; 2011, 62 500. Son más de 10 000 hectáreas adicionales de cultivo de coca. Pero nos dicen que han luchado contra el narcotráfico. Los datos no son datos del Gobierno, sino de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede iniciar su inter­ vención, congresista Jorge Rimarachín.

Pero cuando se habla de los narcoindultos, hay que hacer memoria de por qué tienen una relación como Partido Aprista con el narcotráfico.

Por ahí en defensa del expresidente García dicen que el que ha festinado trámites en este informe es el congresista Sergio Tejada. De acusador, el congresista Tejada pasa a ser acusado de colegas que se han expresado en la mañana. Dicen que no se ha cumplido con el debido pro­ ceso, que no hay ningún delito, que pretenden descalificar a su candidato. Faltó que hablen de la pareja presidencial reeleccionista y de muchas cosas más. Han dicho también que no hay legalidad en el informe, que no tiene consistencia jurídica, que este es un juicio político que en el fondo pretende inhabilitar a Alan García. Sí, este es un juicio político; pero cuando hay corrupción, cuando hay delitos, lo justo es inhabilitar al que comete esos delitos. Y ahora refresquemos la memoria y veamos qué artículos de la Constitución ha infringido Alan García como presidente de la República.

Y ahora son cuatro los congresistas de su partido. Hay que tratarlos con respeto, pero hay que dar el debate político como debe darse.

Según estudios de Gustavo Gorriti publicados en la revista Caretas, el 2 de enero de 1980, en un camión Fiat que viajaba de Pucallpa hacia Lima, se encontraron 475 kilos de pasta básica de co­ caína valorizada en más de un millón de dólares. ¿Quién era el dueño de ese cargamento? Carlos Lamberg, quien estuvo poco tiempo detenido. Lamberg financió la campaña del Partido Apris­ ta el año 1980. Además, había comprado Villa Mercedes, la casa del fundador del APRA Víctor Raúl Haya de la Torre, a quien él había costeado atención en hospitales y tratamiento hasta sus últimos días. Primera vinculación pública con el narcotráfico.

Y voy a explicar por qué son cuatro. Afirman que su segundo gobierno fue un gobierno exitoso, y

Entre los amigos personales de Lamberg también estaba Fernando León de Vivero.

El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Presidente, pobre Alejandro Romualdo por lo que acabo de escuchar. Habrá que responderles que que­ rrán seguir comiendo, querrán seguir robando, pero el pueblo no les dará esa posibilidad nuevamente. Estamos hablando del segundo gobierno de Alan García.

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En setiembre de 1980, Lamberg es nuevamente detenido en Acapulco, México, por posesión de cocaína, y junto a él se encontraba el aprista Jorge Idiáquez, histórico secretario y guardaespaldas de Haya de la Torre. No lo digo yo, lo dice Gustavo Gorriti, investigador periodístico. En 1985, un laboratorio de pasta básica de cocaí­ na explotó en Lima. Se trataba de la gran Villa Coca, que pertenecía al narcotraficante Reynaldo Rodríguez López, alias Padrino, socio de Lamberg que tenía como abogado a Vladimiro Montesinos. Otro sonado caso que los vincula es el de Manuel Ángel del Pomar, diputado por el APRA entre 1985 y 1990. Él fue detenido por la Interpol en Alemania, en 1988. En 1993, Del Pomar fue condenado a ocho años de cárcel. Alan García recibió financiamiento de su campaña el año 2006 de Alfredo Sánchez Miranda, hijo de Orlando Sánchez Paredes, personaje investigado por narcotráfico que había donado US$ 5 000,00 para la campaña del APRA. Luego del escándalo devolvieron ese aporte para tratar de limpiarse, pero de esa forma no se limpia la honra de un movimiento político. Pero eso no es todo, sigamos con la historia que los vincula con el narcotráfico. Tenemos al señor Freddy Zubieta Murillo, quien fue candidato del Partido Aprista a la alcaldía de San Borja. Él defendió a los narcotraficantes Jorge Chávez Montoya, alias Polaco; Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano; Abelardo Cachiche y otras joyitas más. El candidato del APRA a la alcaldía de Campani­ lla, en San Martín, fue Humberto Chávez Peña­ herrera, hermano del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, alias Vaticano. Pero luego el Partido Aprista retiró esa candidatura. Zubieta también fue abogado de los hermanos José Tito, Manuel y Jorge López Paredes. Asimis­ mo, tenía una estrecha relación con el ex vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano y los abogados Javier Corrochano y Edgar Chirinos, allegados al ex jefe del SIN Vladimiro Montesinos. Y las vinculaciones continúan. El señor Alberto Quimper, ex asesor tributario del líder aprista, en una conversación exclusiva que el periódico La Primera publica 18 de agosto Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

de 2011, manifiesta lo siguiente: “Sí, pues, si se meten con una compañía española, no pueden dar más de dos por ciento; pero si se meten con Canaán, él da más del veinte por ciento”. Luego le preguntan: “García, ¿cómo esconde su dinero?”; y él responde: “Como lo esconden todos. Hay bancos del mundo que se prestan para eso”. “Pero ¿con su nombre o usa el de otras personas?, le preguntan; y responde: “Usa testaferros”, y señala varios nombres como testaferros. No los voy a leer, porque podrían sorprenderse algunos de los presentes. Pero no solo eso. También hace memoria de que Carlos Andrés Pérez le dijo una vez al líder aprista que si quería tener poder político debía tener respaldo económico. “¿Por qué crees que Hugo Chávez sale elegido? Porque el pueblo de Venezuela estaba harto de los robos de Carlos Andrés Pérez, y eso lo capitalizó Chávez”. El pueblo peruano está harto de que los gobiernos de turno roben. Pero seguimos con las vinculaciones del narco­ tráfico. Se trata ahora de Rodolfo Orellana. La procura­ dora contra el lavado de activos Julia Príncipe compara a Rodolfo Orellana con el mafioso Pablo Escobar. Rodolfo Orellana postuló por el APRA al cargo de regidor en el municipio de Lima el año 2006 y estaría vinculado al tráfico ilícito de drogas, según un informe de la Superintendencia de Banca y Seguros. La Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS concluyó que Orellana estaría vinculado al tráfico ilícito de drogas y lo ha señalado como presunto proveedor de servicios de espionaje telefónico relacionados a los casos de corrupción en Áncash. Eso no es todo, señor Presidente. Los vínculos del APRA con el Poder Judicial, el Ministerio Publico y el Tribunal Constitucional. Debo hacer pública la impresión que tienen muchos peruanos y que yo hago mía. Lo pode­ mos leer en los medios de comunicación y en las redes sociales: el señor Alan García se preparó deliberadamente para desarrollar en su segundo gobierno las inconductas que hoy son materia de

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debate. Desde la restauración de la democracia, organizó todo un sistema de copamiento de cargos (jueces, fiscales, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura). ¿Para qué? Ahora ya sabemos para qué. Hoy observamos con estupor que los tres últimos fiscales supremos que han ejercido la Fiscalía de la Nación tienen notorios vínculos con el Partido Aprista. La doctora Gladys Echaíz tiene como cónyuge a un militante aprista; el doctor Peláez Bardales proviene de una familia militante apris­ ta; el doctor Ramos Heredia, de acuerdo con una investigación periodística de Mauro Sifuentes que publicó el diario La República, también proviene de una familia aprista. En el Poder Judicial, ni qué decir. Hasta hace poco controlaban la Corte Superior de Lima con el desaparecido vocal César Vega Vega, ex socio del doctor Alan García en los meses que ejerció como abogado. Ello explica, Presidente, por qué el caso de los petroaudios se manipuló. Se sustrajeron pruebas y, a pesar de ser el primer hecho ilícito, recién se está juzgando en estos días. El segundo hecho es el de la captura de los chuponeadores del caso BTR. A los acusados ya los juzgaron y en algunos casos los condenaron. Varios de ellos han cumplido su condena y ya están en libertad; pero hay personajes que se han salvado y que quieren retornar a la vida política. Y no solo se trata de juzgar acá a Alan García por corrupción o por narcoindultos, sino también de hacer una reflexión en el sentido de que el APRA ha dejado sus tesis aurorales y se ha derechizado con la conducción de Alan García, quien ha im­ plementado un programa neoliberal continuista de sus antecesores y ha tratado de engañar a su militancia y al pueblo peruano con eso de que su segundo gobierno ha sido exitoso y de que vale la pena implementar ese libreto que ha dejado, ese libreto de recomendar a los candidatos que hablen como izquierda, propongan banderas nacionalistas y gobiernen con la derecha y para la derecha. Ante la abrumadora crítica de la prensa dere­ chista, ellos también han terminado creyendo que su peor gobierno fue el de 1985 a 1990. Alan García pidió luego que se le diera la oportunidad de demostrar que podía hacer un mejor gobier­ no. Pero lo que nos da el criterio de verdad en una investigación científica es la práctica, es la realidad, no los discursos, no los deseos, no los

engaños que hace a su militancia y al pueblo peruano. Para que evalúen y retomen sus tesis, ahora vamos a comprobar qué da el criterio de verdad acerca de cuál ha sido su mejor gobierno. Yo quisiera que los congresistas Mulder y Velásquez Quesquén reto­ maran sus tesis populares, aurorales, de defender al pueblo y luchar contra el imperialismo. Ahora son proimperialistas, ahora bendicen el saqueo de nuestros recursos naturales en el Perú. Por eso, apoyan también a este Gobierno que continúa con esa lógica. Acá están los resultados. En el año 1999, ¿cuán­ tos senadores obtuvo el APRA después de lo que la prensa señaló como su peor gobierno? Ellos también se han comido ese cuento. Obtuvieron dieciocho senadores. Era la primera bancada como fuerza política en la Cámara de Senadores. ¿Y cuántos diputados? Cincuenta y tres. Eran la segunda fuerza política en el Congreso de la República. De su “peor gobierno”, de 1985 a 1990, obtuvieron la segunda mayoría en el Congreso de la Repú­ blica; y de su “mejor gobierno”, de su segundo gobierno, que hemos visto que ha sido un gobierno corrupto, obtienen cuatro parlamentarios. El criterio de verdad es que el pueblo ha evaluado y les ha dicho cuál ha sido su peor gobierno. De modo que no nos vengan con ese cuento, porque si se sigue con ese libreto, el ollantismo que gobierna ahora será castigado de esa forma. Así está escrito. Es momento de retomar las banderas naciona­ listas y recuperar los recursos naturales para ponerlos al servicio del desarrollo del país. De eso se trata, no de proponer un cambio responsable para luego traicionar y hacer seguidismo, conti­ nuismo y entreguismo de las riquezas naturales de nuestra patria. Esa receta no va a prosperar el 2016. Tendrá que prosperar una alternativa auténticamente peruana, porque ahora les he demostrado cien­ tíficamente que no deben creer el cuento que les da su jefe en su Casa del Pueblo. Quisiera que pongan el ecran para mostrar las violaciones a la Constitución y por qué Alan García debe ser sancionado, inhabilitado políticamente. No queremos que vuelvan a la arena política quienes le fallaron al Perú, quienes traicionaron el cambio responsable, quienes traicionaron el 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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discurso de campaña. Ese es el castigo político que debemos darle. El Poder Judicial le dará el castigo que le corresponde, pero el castigo político está en los votos del pueblo, y hay que darlo con mucho gusto. Alan García revisaba minuciosamente todos los expedientes antes de firmar las resoluciones supremas de indulto o conmutación. Gran cantidad de los beneficiados fueron senten­ ciados por tráfico ilícito de drogas. Prácticamente se constituyó un sistema corrupto paralelo al Poder Judicial que modificaba las sentencias judiciales previo aporte económico de los beneficiarios.

Pasamos a la siguiente imagen. Beneficiaron a narcos y luego los contrataron como promotores de la misma Comisión. Eso es increíble, señor Presidente. La Comisión de Gracias Presidenciales fue prácticamente una agencia de empleos del Partido Aprista. Durante ese gobierno se crearon los cargos de facilitador, orientador y promotor legal. De los 37, al menos 18 estaban vinculados al Partido Aprista. Pero además existían promotores como el delincuente militante aprista Manuel Huamán Montenegro, que estuvo implicado en el caso López Meneses y fue condenado a ocho años de prisión. Este señor fue promotor de la Comisión de Gracias Presidenciales.

Alan García ha violado la Constitución.

¡A dónde más, pues, señor Presidente!

El artículo 8.° de la Constitución dice: “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas (…)”.

Ahí están las fotos.

Con conmutaciones e indultos no están sancio­ nando el tráfico ilícito de drogas. Puede haber indultos por cualquier otra pena, por más venial que sea; pero acá la Constitución está diciéndote que no puedes tú proteger el narcotráfico.

El narco Fredy Miguel Rodríguez salió de prisión en enero de 2010, luego de que la Comisión de Gracias Presidenciales redujera su condena. Ahí está la resolución. Reincidente, fue detenido en diciembre de 2011, casi dos años después de que le rebajaran su condena, con una tonelada de droga. Este delincuente también fue promotor de la Comisión de Gracias.

El primer párrafo del artículo 45.° de la Constitu­ ción dice: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen”. Y el artículo 118.° dice: “Corresponde al Presidente de la República: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. (…)”. No ha hecho cumplir ni ha cumplido el presidente Alan García el artículo 118.° de la Constitu­ción. Veamos ahora cómo lo hicieron. Copamiento aprista en la Comisión de Gracias Presidenciales. Ahí tenemos a Facundo Chinguel como presidente de la Comisión de Indultos y Derecho de Gracia. Ahí están en una foto en su local partidario. Y ahí están en sus labores para liberar a muchos narcotraficantes. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Pasemos a la siguiente imagen.

¿Y no hay culpa? ¡Por favor! Dicen que es una guerra política, que quieren inhabilitar a su candidato y sacarlo del juego del 2016. Que no sueñe con retornar, porque la gente no es tonta y sabe que los traidores y los que continúan con el entreguismo del país jamás van a tener el voto del pueblo. Y si lo dudan, que entren al juego. Ahí lo veremos. La reclusa Carmen Guadalupe, quien declaró haber pagado cinco mil dólares a la Comisión de Gracias Presidenciales para obtener su libertad, denunció que dos presas, una de ellas condenada a cadena perpetua, la agredieron en el Penal de Mujeres de Chorrillos para que no siguiera decla­ rando contra Facundo Chinguel. Para Alan García, Chinguel era tan bueno que consultaba con los delincuentes para ver a quién podía indultarse. Escuchemos lo que dice el señor Alan García de Facundo Chinguel, para que entendamos la responsabilidad directa que él tiene.

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—Se inicia proyección de video. La periodista Rosa María Palacios.— … hace unos meses en la Megacomisión. Él se ha quejado mucho del trato recibido y ha llegado a interponer una acción de amparo para que no se le investigue más. Dice que le preguntan cosas que no sabe… en fin, que lo citan con (…) la Comisión de Gracias Presidenciales, que administraba todas estas gracias previo pago. Digamos que el presidente García no vio lo que estaba pasando alrededor suyo en esta política de destugurización de las cárceles. Luego, en esta misma sesión, el presidente García defiende la labor de Miguel Facundo Chinguel. Escuchemos: El señor Alan García Pérez.— De 5300 expedientes, solamente se usó el indulto para 104. Y hay muchísimos que son reducciones de pena. Y ¿en qué casos reducíamos la pena? Lo primero era buscar a los que habían solicitado esta gracia en condición de primarios. Un delincuente que por dos o tres o cuatro veces reitera la comisión de sus delitos, merece menos atención que a quien se llama delincuente primario. En segundo lugar, atendiendo a la gravedad de los hechos… y eso me permitió descubrir lo que muchos no conocen, lamentablemente. Yo he estudiado, señor, 7200 expedientes que me enviaron, expedientes completos. El señor Miguel Facundo Chinguel fue designado por el ministro pero con mi asentimiento, porque es una persona… Yo quiero decirles lo siguiente. Nos hemos acostumbrado a tratar solo a los elegantes y —con permiso del almirante Tubino— a los que tienen ascendencia caucásica, como los que son impecables, intocables. El señor Chinguel es un hombre de condición social muy baja, pero tiene varios títulos universitarios y es una persona que se ha caracterizado por hacer pedagogía. Es proactivo, agitado, y, cuando se mencionó su nombre, me pareció adecuado. El señor Facundo Chinguel… yo he visto sus fotos y sus películas dentro de los penales al lado de unos delincuentes atroces que no fueron indultados —los no sé cuántos, Los malditos están ahí, pero son los que manejan 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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el interior de los penales—. Entonces, él consultaba con ellos para obtener información sobre los que pudieran merecer realmente una gracia. Y debo decir que yo no creo en la satanización total: “ese es un delincuente que ha matado gente; por consiguiente, todo lo que diga es malo”. ¿Por qué? Entonces, dentro de la cárcel le decían: “este es bueno”, “este muchacho se porta bien”, etcétera, etcétera. Se recogían papeles, y lo que hacía este hombre —y lo volvería a nombrar, porque es un hombre que sí actuó bien— era ir al penal. La periodista Rosa María Palacios.— Esto fue, evidentemente, semanas antes de que el presidente Alan García… —Finaliza proyección de video. El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— La siguiente diapositiva. Está comprobado que Alan García, de puño y letra, quitaba años y aumentaba beneficios a los narcos. Estudiaba los expedientes y, previa consulta con Dios, definía el beneficio. Si el presidente y su ministro firmaban las reso­ luciones previa revisión, ¿cómo así nos dicen que no sabían nada? La responsabilidad es evidente. La protección a Facundo Chinguel, también. Por lo tanto, tiene que asumir su responsabilidad. La Comisión de Gracias Presidenciales del go­ bierno aprista que lideraba Facundo Chinguel indultó a 373 reos condenados por tráfico de drogas y robo agravado. Un colaborador eficaz señala que un interno pagó quince mil dólares a uno de sus asesores para que le conmuten la pena. Presidente, quiero felicitar a mi colega Tubino —no está presente, pero una felicitación no cae mal—, porque se ha ganado ya una candidatura en el Partido Aprista al asumir su defensa, a pesar de haber estado en la Comisión investigadora. Querrán seguir comiendo del Estado, pero ya no podrán hacerlo quienes traicionaron el voto del pueblo. El 2016 no permitiremos que vuelvan estos ex gobernantes que nos han defraudado, estos ex gobernantes que han rematado al Perú y han desarrollado el ejercicio del poder en corrupción. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

De modo de la sanción política en este Congreso tiene que darse, y nada de confundir con el debido proceso del Poder Judicial. Somos un poder autóno­ mo y diferente. Somos el primer poder del Estado y estamos en capacidad de reorganizar el Poder Judicial, en capacidad de reorganizar el Ministerio Público. Por lo tanto, al Congreso de la República no va a venir a enmendarnos la plana, en este caso, el Poder Judicial controlado por el APRA. Nunca más traicionen el voto del pueblo, porque el pueblo sabrá vengarse al estilo de Túpac Amaru ii. Muchas gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra la congresista Luciana León Romero. La señora LEÓN ROMERO (GPCP).— Pre­ sidente, por alusión, considero oportuno que el congresista Tubino haga su descargo. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista, ya le hemos dado el uso de la palabra al congresista Carlos Tubino, que no estuvo presente. Después le daremos la palabra por alusión. La señora LEÓN ROMERO (GPCP).— Perfecto. Entonces, si me permite, le doy las dos interrupciones al congresista Elías. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Las dos interrupciones son para el congresista Elías Rodríguez.

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El señor RODRÍGUEZ ZAVALETA (GPCP).— Presidente, con mucho respeto quiero precisarle a la señora Mavila que en horas de la mañana no me dio la interrupción luego de que ella mencionara que el señor Chinguel había visitado en reiteradas oportunidades, en la secretaría general de Palacio de Gobierno, al doctor Nava, lo que por ahí le sugería alguna suspicacia. He revisado documentación y la verdad es que solo se han reunido en dos oportunidades. Algunas personas van a Palacio de Gobierno y se reúnen también con otros funcionarios. Usted, señora, que en dos oportunidades pidió entrevistarse con el doctor Nava, puede testificar que muchos lo hacen porque tienen ejercicio de función, así es que no habría nada ilícito en esas reuniones. En segundo lugar, a alguien que se llena la boca diciendo o explicando que el pueblo nos sanciona quiero decirle que nosotros llevamos noventa años en la historia de este país, pero nadie va a tener eso que él tiene: “Configúrese tal conducta como traición, que se encuentra tipificada en el artículo 16.° del Reglamento de Ética, Moral y Disciplina del Partido Nacionalista Peruano”. Nosotros estamos aquí por una causa y no hemos traicionado esa causa, señor Rimarachín, que hace un instante hizo uso de la palabra. Y al congresista liberteño, a mi paisano, le aclaro que yo no dije… En un primer caso, del vicemi­ nistro, el tema de corrupción; en el segundo, fue tema de narcotráfico. Y el congresista Sergio Tejada dice: “Yo no sabía que tenía una relación sentimental con el señor Gálvez Tello”. Él viene investigando más de tres años en esa Comisión, tiene asesores y han gas­ tado mucho del erario nacional y el Parlamento como para decir en estas circunstancias que no sabía que, a nivel de la Fiscalía de la Nación, quien abrió la cuenta para ese preso que acusa a Pastor es la novia de este interno. Solo quería hacer esas precisiones. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha habido tres alu­ siones, por lo que vamos a darles la palabra a los congresistas Carlos Tubino, Rosa Mavila y Jorge Rimarachín. El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— Señor Presidente, el congresista Ri­ marachín, en su capacidad mental, no entiende

qué significa una persona que aplica sus valores y principios. Soy una persona que tiene más de cuarenta y cinco años trabajando para el Estado, pero sin rabo de paja, y no pretendo hacer carrera política. Que me mire la cabeza. Yo no estoy ahora pensando en vivir una carrera política, yo ya hice una carrera en la vida militar poniendo el pecho por todos los peruanos. Sabe Dios qué hacía el señor Rimarachín mientras nosotros combatíamos el terrorismo que él fomenta acá con sus palabras. Es todo lo que tengo que decirle a ese señor, por­ que no tiene ningún derecho… Acá no vengo a buscar prebendas políticas, sino a aplicar valores y principios en un país democrático, en un país que afianza su democracia… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Un minuto adicional para que concluya, congresista. El señor TUBINO ARIAS SCHREIBER (GPFP).— En un país democrático, ¿qué cosa tenemos que hacer si queremos condenar no a Alan García, sino a quien fuera, a cualquiera de los acá presentes, al actual presidente de la República? Tenemos que valernos de pruebas, no de sospe­ chas. El Tribunal de la Inquisición podía acusar por sospechas; pero estamos en el año 2014 y no en 1780, que es a donde nos quieren transportar con acusaciones sin fundamento democrático. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Por alusión, puede intervenir la congresista Rosa Mavila. La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Señor Presidente, el señor Facundo Chinguel visitó Palacio de Gobierno en sucesivas oportu­ nidades. El 6 de febrero de 2007, a las 18:30 horas visitó al señor Luis Nava Guibert. El 15 de noviembre de 2007, a las 15:54 horas, visitó al señor Luis Nava Guibert. El 17 de diciembre de 2007, tam­ bién lo visitó. El 10 de enero de 2008, lo mismo. El 11 de abril de 2011, Facundo Chinguel visitó a Luis Nava Guibert para una cita. El 13 de abril de 2011, Facundo Chinguel visitó al señor Luis Nava Guibert para una coordinación de trabajo… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene un minuto adi­ cional para que concluya, congresista. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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La señora MAVILA LEÓN (APFA).— El 27 de abril de 2011, Facundo Chinguel visitó al señor Luis Nava Guibert para una cita programada. El 13 de mayo de 2011, a las nueve y seis de la mañana, Facundo Chinguel visitó al señor Luis Nava para una coordinación. Entonces, yo no hablo por hablar. En segundo lugar, es cierto que yo fui una vez —no sola, sino con la ministra Zavala— a Palacio de Gobierno, cuando era presidenta del INPE, a hablar con Alan García Pérez, porque me habían hecho sucesivas llamadas para que cambie al jefe de seguridad nacional del INPE. Me querían inducir de alguna manera a que nombre como seguridad del INPE, encargado sobre todo de los traslados de presos en el ámbito interdepar­ tamental, a un jovenzuelo que no tenía la más mínima experiencia. Fui donde la ministra Zavala a corroborar si Alan García había hecho esa llamada… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Jorge Rimarachín, por alusión. El señor RIMARACHÍN CABRERA (AP-FA).— Presidente, mis disculpas al colega Tubino, pen­ sé que una felicitación iba a caerle bien. Sé de su amistad con el señor Giampietri, que fue vicepresidente del segundo gobierno del señor Alan García. Entonces, ahora entiendo. Si no va a aceptar esa invitación, que parecía que era pública, espero que se mantenga en su voto como bancada. En lo que respecta al programa nacionalista de la Gran Transformación, yo continúo levantándolo. Deberíamos expulsar a quien botó al tacho de basura el programa de la Gran Transformación y engañó, al igual que el señor Alan García, al pueblo que lo eligió, porque este pueblo exige cambios, exige… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede intervenir la congresista Luciana León. La señora LEÓN ROMERO (GPCP).— Pre­ sidente, encantada de darle una interrupción al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene una segunda in­ terrupción el congresista Víctor García Belaunde. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidente, gracias a Luciana León, por supuesto, por la delicadeza de darme la palabra, delicadeza que no tuvo uno de sus colegas de bancada. En una defensa apasionada y meritoria —no lo dudo—, el colega Elías Rodríguez habló, entre otras cosas, de que el presidente Belaúnde había indultado a miles de miles de personas. Para que eso no caiga en la especulación, quiero precisar que el presidente Belaúnde tuvo varios ministros de Estado. El ministro Osterling indultó a 308 personas; el ministro Elías Laroza, a 1140. Luego tuvo de ministro de Estado a Armando Buendía. Todos ellos eran del PPC… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se le acabó el tiempo, congresista. Vamos a pedirle al próximo orador que le dé una interrupción. No podemos romper las reglas. A todos los congresistas les hemos cortado la interrupción. Puede iniciar su intervención, congresista Lu­ ciana León. La señora LEÓN ROMERO (GPCP).— Presidente, el día de hoy, después de escuchar al vocero de la bancada fujimorista, con mu­ cha pena puedo decir que está muy claro lo que está sucediendo. Por eso, quiero referirme a la infame estrategia política que se está poniendo en marcha en este momento. Quiero dejar constancia frente a los medios de comunicación y la opinión pública que en este debate se está consumando una alianza política contra natura, con honrosas excepciones… No se alteren, congresistas. Hay honrosas excepciones, muy valiosas, como la del almirante Tubino. Creo que también la de la congresista Cuculiza, y espero que la del congre­ sista Salazar. Estoy segura de que otros se van a ir sumando. Pero lo que estamos viendo en este momento es un matrimonio político sorprendente nunca antes visto: nacionalistas, fujimoristas y

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otros partidos políticos trabajan hoy más unidos que nunca por su gran miedo a enfrentarse al presidente Alan García. ¡Quién lo diría! Nadine y Keiko trabajando de la mano por la inhabilitación a Alan García, su principal adversario político en el 2016. A esta conclusión podemos llegar luego de haber escuchado al vocero de la bancada fujimorista, a quien he escuchado repetir el sustento de los congresistas nacionalistas, lo cual lamento mu­ chísimo. Es natural que estén en una posición contraria a la nuestra, ya lo sabemos, porque ha sido una estrategia política, desde un inicio, también de sus satélites. Sin embargo, verlo del grupo fujimorista, del grupo que siempre se ha preocupado por respetar el debido proceso, me sorprende. Y lamento mucho haber escuchado hablar de esa manera al vocero de dicha bancada. Hoy día vemos cómo muchos colegas congresistas se han unido únicamente para formar el grupo parlamentario para inhabilitar a Alan García. Flamantes miembros de esta nueva bancada, lo que tienen realmente es miedo, pero los partidos se ganan en la cancha, no se ganan en la mesa, menos aún en el Parlamento, donde tenemos que respetar la Constitución, el Estado de derecho, las decisiones referidas por el Poder Judicial. Si vamos a hacer una investigación, tenemos que hacerla de manera objetiva y no con acusaciones personificadas con el único fin político de inhabi­ litar a una persona por el miedo de enfrentarla en las urnas en las próximas elecciones al 2016. Tengan la valentía de enfrentar a Alan García y que sea el pueblo el que elija. ¡He dicho! El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Héctor Becerril, le doy los dos minutos por alusión, para no cortarle; pero no se pase de los dos minutos, por favor. El señor BECERRIL RODRÍGUEZ (GPFP).— Presidente, quizás tengamos congresistas muy elocuentes que con esa elocuencia quisieran engañar al pueblo; pero lo que hemos demostrado son he­ chos verdaderos con cifras que no mienten. Estas cifras no las hemos inventado, son cifras que hemos recabado en el Inpe y en el Poder Judicial y que demuestran que en el

gobierno de Alan García Pérez se priorizó dar libertad a delincuentes narcotraficantes. Está demostrado, por ejemplo, que en el año 2006 se presentaron 621 solicitudes de indulto; y que el 2009 se presentaron 4535. Todo indica que en el gobierno de Alan García, mediante Facundo Chinguel y esta Comisión de Gracias Presiden­ ciales, buscaron indultar a estos narcotraficantes; y, más aún, contrataron a personas que habían sido sentenciadas por narcotráfico para que ellas participaran de la evaluación y de la calificación de estos narcotraficantes. Podrán decir lo que ellos crean conveniente, pero el país sabe que esta fue una política del gobierno de Alan García. Eso ha quedado en la mente y en los corazones del pueblo, porque quien libera narcotraficantes… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Concluyó su tiempo, congresista Héctor Becerril. Gracias. Tiene la palabra el congresista Mesías Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Señor Presiden­ te, le doy mis dos interrupciones al congresista Víctor Andrés García Belaunde. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Víctor Andrés García Belaunde. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidente, para ter­ minar. Bajo el ministerio de Elías Laroza se indultaron a 1140 personas; bajo el ministerio de Armando Buendía, destacado jurista, también del PPC, 222 personas; durante el ministerio de Ernesto Alayza Grundy, cuyo busto hemos inaugurado hace poco en las galerías del Congreso, 59 personas; bajo el mi­ nisterio de Arias Schreiber, 125 personas; bajo el ministerio del señor Alberto Musso, 151 personas. En total, Presidente, estamos hablando de 1999 personas, no las 5000 que dicen. Paniagua indultó a 469 personas. Dentro de la Ley N.° 27234 se concedieron 227 indultos y 47 gracias humanitarias. Con esto creo que queda aclarado el tema. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede iniciar su inter­ vención, congresista Mesías Guevara. El señor GUEVARA AMASIFUEN (AP-FA).— Presidente, estamos asistiendo a un debate de profunda trascendencia para nuestro país. Es trascendente, pero a la vez es preocupante, porque no se trata de cualquier ciudadano, sino de una persona que ocupó el cargo más alto de nuestro país, como es el de Presidente de la República. Y es preocupante porque no solo va a perjudicar de manera directa a su agrupación política y a su persona, sino que tiene un impacto directo negativo en la clase política en general, en la consolidación de la democracia, en la goberna­ bilidad, en la creencia de la ciudadanía en lo que es la política en su esencia. La gente en las calles anda diciendo que lo único que tienen como objetivo los políticos es ser la­ drones. La política, en su esencia, se ha perdido, y eso es preocupante. La política ha sido pensada y creada por grandes hombres y mujeres, y se sustenta en las virtudes humanas más elevadas: la libertad, la justicia, la solidaridad y los nobles ideales. Cuando leemos La República de Platón o aque­ llos hermosos diálogos de Aristóteles y Sócrates, encontramos la política en su esencia, el arte de gobernar. En lo personal, tengo un respeto profundo por la institucionalidad y los partidos políticos en general; por eso, quiero elevar una invocación, en especial a quienes militan en un partido político, para que tengan una posición eminentemente fiscalizadora de lo que hagan sus dirigentes, de lo que hagan sus líderes, porque eso es lo que hoy manda la consolidación de las democracias internas. Señor Presidente, alguien seguramente me va a decir que no viene a lugar o no viene al caso; pero sí viene al caso una vez más invocarle a usted que tengamos la valentía y la conciencia cívica, patriótica y democrática de poner en debate y aprobar por unanimidad la propuesta del sistema electoral, la que han enviado de manera conjunta el Jurado Nacional de Elecciones, el Reniec y la ONPE. ¿Cuál es el objetivo? Consolidar a los partidos políticos, consolidar la democracia. Digo esto porque esta noche nos están viendo miles y millones de jóvenes que quieren participar Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

en política de manera plena y democrática, pero no encuentran esa oportunidad. En partidos tradicionales como el APRA y Acción Popular, estoy seguro de que los militantes recla­ man la renovación. Ahora estamos en una cacería de brujas en contra del Partido Aprista, del histórico partido fundado por un gran hombre como Víctor Raúl Haya de la Torre. Podemos discrepar de la manera como él vio el país, pero no de su manera de hacer política, al igual que Fernando Belaúnde Terry. Hombres valientes, heroicos y honestos. Hoy, más que nunca, esos grandes ejemplos son paradigma de la democracia y jamás lo he de negar. Así como la izquierda tiene a José Carlos Mariáte­ gui; y Acción Popular, a Fernando Belaúnde Terry, el Partido Aprista también tiene a un gran hombre como es Víctor Raúl Haya de la Torre, quien, den­ tro de sus grandes enseñanzas, siempre les decía a los jóvenes: “hay que caminar con honestidad”, “siempre hay que tener las manos limpias”. Que quede claro en este debate que no existe ninguna persecución contra el Partido Aprista ni mucho menos contra sus militantes. Esta noche vamos a buscar un consenso. No existe el ánimo, como por ahí se ha dicho, de hacer una alianza contra natura. En Acción Popular siempre nos gusta la natura y no la contra natura; por lo tanto, no vamos a ir en sentido contrario de lo natu­ ral y públicamente decimos que vamos a pedir que se conozca la verdad del tema de los narcoindultos. Hoy el pueblo reclama que luchemos contra dos grandes males: la corrupción y la inseguridad ciudadana. ¿Qué ocurre en este caso? Hay una estrecha relación entre la corrupción y la in­ seguridad ciudadana, la corrupción expresada a través de los famosos narcoindultos. En este debate se ha manifestado públicamente cómo se han transgredido las leyes. Reconozco a mi colega congresista de bancada Rosa Mavila, quien ha tenido la capacidad aca­ démica, jurídica y legal de desmantelar aquellos argumentos que sostenían que el informe no tiene sustento legal. Científica y académicamente, la congresista Rosa Mavila ha quitado argumentos a aquellos que quieren dar a conocer que este debate constituye una persecución política. También es necesario decirle esta noche al pueblo peruano que siquiera por una vez el Congreso de la República va a defender su fuero y no va a permitir interferencias de ningún juez.

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El propio expresidente Alan García siempre ha dicho que no se corre ni se esconde y que jamás interpondría recursos de amparo; sin embargo, lo hizo para que un juez interfiera y obstaculice este debate.

para ver el tema de los narcoindultos.

De manera fraternal, respetuosa y democrática le decimos al Poder Judicial que mi bancada no va a aceptar esa interferencia y rechaza públicamente aquella acción que ha tenido el Poder Judicial.

Se ha dicho que esto constituye una persecución política a un expresidente de la República, pero con este debate se ha demostrado que el pueblo peruano reclama que se conozca única y exclusi­ vamente la verdad.

Por otro lado, en el informe que ha sustentado el congresista Sergio Tejada encontramos que ha existido una red para ver cómo se maneja el tráfico ilícito de drogas fundamentalmente a través de los famosos narcoindultos. ¿Cómo vamos a explicar la firma del expresidente Alan García específicamente dando instrucciones y negociando la cantidad de años que se van a conmutar si los otros presidentes, sustentados en el espíritu de una comisión imparcial, jamás han hecho esos arreglos, jamás han aceptado la conmutación de penas diciendo que la bajaban de tantos años a equis años? Eso está claro, y así lo ha explicado, como presidente de la Comisión, el congresista Sergio Tejada. Lo preocupante no solamente es eso, sino tam­ bién que se haya liberado a cabecillas que han reincidido en hechos delincuenciales y acentúan la inseguridad ciudadana en nuestro país.

Y otro asunto que también preocupa es cómo mercantilizaron los narcoindultos a través del exministro Aurelio Pastor.

Por supuesto que es importante que respetemos la figura de los expresidentes; por eso, reitero mi profunda preocupación por el hecho de que en esta oportunidad, lejos de pensar en los planes de gobierno y en los proyectos de desarrollo, estemos inquiriendo y prácticamente investigando a un ex presidente de la República. Eso constituye una afrenta al país, y esperamos que esta expe­ riencia sirva para que los próximos presidentes gobiernen de verdad con las manos limpias y con absoluta transparencia, de modo que garanticen la gobernabilidad. Señor Presidente, estamos asistiendo a un gran debate y el pueblo peruano está pendiente. No más impunidad. No a la impunidad, no a la prescripción, como en otras oportunidades se ha pretendido justificar. Gracias, señor Presidente.

Algo que le ha faltado al informe —yo espero que me escuche el presidente de la Comisión— es que se ha debido consolidar y revisar el efecto migratorio. ¿Cuántas bandas han ingresado? ¿Cuántas personas? Yo esperaba que el señor Sergio Tejada nos presentara el movimiento migratorio de aquellas personas que han ingre­ sado al Perú sin que siquiera se hayan tomado en cuenta sus antecedentes penales y judiciales en el país de procedencia. ¿Acaso ahí también ha habido un tráfico parecido al de los narcoindultos? Hay personas que han venido de países vecinos y del oriente, pero no se ha tomado el control de su movimiento migratorio. Eso constituye un impacto negativo en la inseguridad ciudadana.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Luis Llatas.

Es importante que tengamos en cuenta, tal como los diarios lo explican permanentemente, quién era el señor Nava. Él era secretario de la Presiden­ cia de la República y prácticamente coordinaba con el señor Chinguel; pero decía que nunca se había reunido con el señor Facundo Chinguel. Una investigación periodística demostró que el señor Chinguel y el señor Nava se reunían con el señor Alan García en el Palacio de Gobierno

La señora SCHAEFER CUCULIZA (GPFP).— Presidente, solo era para aclarar lo dicho por la congresista Luciana León, que lamentablemente no está presente.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Presidente, me piden in­ terrupciones el colega Teófilo Gama­ rra y la congresista Karla Schaefer.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Primero la congresis­ ta Karla Schaefer, luego el congresista Teófilo Gamarra.

A la congresista Luciana León no le permito esa suposición en el sentido de que la señora Keiko Fujimori, nuestra lideresa, pueda 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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hacer alguna alianza y componenda para acusar a una persona. Si no existen pruebas suficientes, si no existe el debido proceso, ella nunca haría una acusación, porque ella ha sufrido en carne propia una persecución sin un debido proceso. Ella nunca ha corrido a ninguna investigación de todas las que le han hecho en este Congreso y en el Ministerio Publico. Nunca ha presentado una medida cautelar, como hacen otras personas. Nosotros ganamos en la cancha, no somos como algunos partidos que están acostumbrados a ganar en mesa. Gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Antes de dar la segunda interrupción, saludamos a la congresista María Lourdes Alcorta Suero, que este sábado 21 está de cumpleaños. (Aplausos). Igualmente, el saludo al congresista Luis Llatas, que este lunes 23 está de cumpleaños. (Aplausos). Congresista Teófilo Gamarra, haga uso de la segunda interrupción. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Señor Presidente, la potestad constitucional que otorga al Presidente de la República dar indultos, gracias presidenciales y conmutaciones no es ilimitada, sino una potestad limitada por las exigencias y la protección que merecen el Estado y la sociedad. El presidente de la República no puede hacer uso de esa potestad para indultar a los Injertos, a los Intocables, a Gringasho o a narcotraficantes.

El señor LLATAS ALTAMIRANO (NGP).— Presidente, este es un debate trascendental, y la naturaleza jurídica de una comi­ sión investigadora está claramente establecida en los artículos 97.° y 98.° de la Constitución. El Congreso puede iniciar una investigación sobre cualquier asunto de interés público, y este es un asunto de interés público. Hay un procedimiento de investigación, y sus recomendaciones están plasmadas en el informe que ha dado el presidente de la Comisión. No se trata de cuestionar las facultades legales y constitucionales del presidente de la República, de los ministros, de funcionarios. El problema es que, cuando se implementa este proceso, el caso está plagado de hechos de corrupción, y eso hoy, con meridiana claridad, está debidamente establecido. Lo que se trata de demostrar a través de la in­ vestigación que ha realizado la Comisión es que los indultos y la conmutación de penas entre los años 2011 y 2016, que son 5246, constituyeron un yerro y una violación a los procedimientos establecidos en la Constitución. Esto hay que decirlo de manera reiterada, porque el caso evidencia la creación de un sistema de jus­ ticia paralelo que desconocía la labor del sistema constituido para procesar y condenar. Aquí se ha argumentado que no existen razones o fundamentos a efectos de sancionar la infracción constitucional. Se ha dicho que probablemente es una acción de libre albedrío. La división de poderes dentro del aparato estatal tiene una razón de ser en la fiscalización o control que cada poder ejerce sobre los demás, de modo que se eviten abusos o decisiones arbitrarios. Al respecto, de manera más detallada existen sentencias del Tribunal Constitucional.

Muchas gracias.

Sobre el particular, existe el Expediente 23-2013, en el cual se señala que la doctrina de la separación de poderes tiene por esencia evitar, entre otros as­ pectos, que quien ejerce funciones administrativas o legislativas realice la función jurisdiccional y se desconozcan derechos y libertades fundamentales. También agrega esta sentencia la división de po­ deres como control y balance entre los poderes del Estado y coordinación y cooperación entre ellos.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede dar inicio a su intervención, congresista Luis Llatas.

Dentro del marco del principio de división de pode­ res se garantiza la independencia y la autonomía de los órganos del Estado. Esto, sin embargo, no

La potestad tiene que ser ejercida con las limi­ taciones establecidas, sin liberar a asaltantes ni narcotraficantes con penas agravadas, señor Presidente. Eso se tiene que entender y se tiene que precisar bien en esta discusión.

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significa en modo alguno que dichos órganos ac­ túen de manera aislada y como compartimentos estancos, sino que se exige también el control y el balance entre los órganos del Estado.

funcionarios que componen la estructura orgá­ nica prevista en la Carta Política comprometen peligrosamente el adecuado desenvolvimiento del aparato estatal.

El artículo 43.° de la Constitución establece que el Gobierno de la República del Perú se organiza según el principio de la separación de poderes. El otorgamiento de indultos y conmutaciones de pena de manera sistemática e indiscriminada durante el Gobierno del señor Alan García vulnera o trans­ grede el rol de los jueces de velar por la eficacia y la seguridad de los ciudadanos, pues ha dejado en libertad a personas que aún no han cumplido la sanción que les corresponde por haber delinquido.

En estos casos, la razón del despojo del cargo no tiene origen en la comisión de un delito, sino en la comisión de faltas que aminoran en grado sumo la confianza depositada en el funcionario, la que debe ir indefectiblemente ligada al cargo que ostenta.

Sobre esto, señor Presidente, existe abundante jurisprudencia, y la traemos a colación de manera categórica para sustentar nuestros argumentos. También se ha dicho que el presidente de la República no es responsable. No es así. El presi­ dente de la República no es responsable mientras dure su mandato constitucional, salvo las cuatro excepciones que contempla el artículo 117.°. Aca­ bado su mandato, puede ser acusado, a través del antejuicio, de cualquier infracción constitucional, penal o de otra naturaleza. Cuando hablamos de los procedimientos parla­ mentarios por responsabilidad de altos funciona­ rios, la posibilidad de sancionar a un funcionario público por cometer una infracción contra la Constitución se encuentra prevista exactamente en el artículo 99.° de la Constitución Política. Con respecto a las infracciones constitucionales y su validez, el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado. El Tribunal Constitucional considera que la función congresal sancionadora prevista en el primer párrafo del artículo 100.° de la Constitución no solo puede ser ejercida en aquellos casos en los que exista una sentencia condenatoria emanada por el Poder Judicial por los delitos funcionales en que incurran los funcionarios previstos en su artículo 99.°, sino también en los casos en que se configuren res­ ponsabilidades eminentemente políticas, aun cuando no exista la comisión de un delito de por medio. Es que si bien la función punitiva jurisdic­ cional es privativa del Poder Judicial, la función política punitiva no lo es y no podría serlo, pues el principio de separación de poderes es lo que garantiza la ausencia de toda valoración política en las sesiones del Poder Judicial. La infracción a la Constitución y lo que tiene que ver con la falta política en que incurren los

Aquí nos hemos remitido a estas sentencias que son de precedente importante. Además de ello, el artículo 99.° de la Constitución señala exactamente la figura de la infracción constitucional. En dicha norma se establece un procedimiento que se debe seguir. Este Congreso sí puede establecer que alguien que fue presidente de la República cometió una infracción constitucional. No es cierto que la sentencia del Tribunal haya prohibido eso. De acuerdo con el artículo vii del título preliminar del Código Procesal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional quiere que una sentencia sea obligatoria, lo señala expresamente en sus fundamentos. Sin embargo, ese tipo de sentencia no existe. Por ello, señor Presidente, aquí ha habido un debate fundamental, un debate que busca cumplir con lo que significa la labor parlamentaria. A pesar de que se ha pretendido neutralizar una investigación y se ha puesto en grave riesgo otras investigaciones a través de los procesos constitu­ cionales de amparo, es este Parlamento el que tiene toda la potestad, es este Parlamento depositario de la democracia para garantizar que las decisiones que toma el primer poder del Estado no estén sujetas a un control por parte del Poder Judicial. Los parlamentarios hemos hecho uso de nuestro derecho y, como miembros de la Comisión, cumpli­ mos con el encargo del Pleno y con las expectativas de investigar lo que sucedió en un gobierno. Este tipo de investigaciones son categóricas, y los indicios ameritan proseguir con esas investigacio­ nes en otras instancias. Habiéndose agotado este debate, planteo una cuestión previa a efectos de que se someta a votación el informe presentado por el presidente de la Comisión. Presidente, muchas gracias. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Enrique Wong. El señor WONG PUJADA (SN).— Señor Presidente, tengo como prin­ cipio fundamental jamás afectar la honra de ningún hombre ni la de una mujer sin prueba suficiente, y menos aún si se trata de un presidente de la República. Debemos guardar el lugar que representa, porque muchas veces son cercanos colaboradores los que traicionan. Yo no puedo pensar que Alberto Fujimori tuviera conocimiento de que en el avión presidencial se embarcaba droga. Yo creo que él no lo sabía; y estoy seguro de que tampoco sabía de todos los movimientos que tenía alguien que estuvo diez años a su lado, como es el caso de Vladimiro Mon­ tesinos, que tenía mucha liga con el narcotráfico. Tampoco siento ningún tipo de satisfacción cuando se ataca al presidente Ollanta Humala, porque debemos guardar respeto. No creo en el testigo llamado Mori, quien decía que en Madre Mía entregaban veinte mil dólares al capitán Carlos por los vuelos que se hacían. Tampoco creo que al Presidente se le informe correctamente que anualmente son más de seiscientos cincuenta vuelos de avionetas del narcotráfico. Tampoco creo que el Presidente esté al tanto de que se ha reducido el número de hectáreas, pero ha aumentado la productividad. Ahora con menos hectáreas de cultivos de coca se produce mayor can­ tidad de cocaína. No creo que el Presidente sepa eso. Mi respeto a la investidura presidencial. Igualmente, no creo que al Presidente le hayan dado la información correcta, porque pasan por Migraciones e ingresan con facilidad al país si­ carios ligados al narcotráfico. Muchas veces los colaboradores cercanos al Presi­ dente cometen errores y le inducen a errores. Es el momento de que fomentemos un clima favorable para la unidad nacional, porque de lo contrario vamos a llegar a una situación muy difícil y la desaceleración económica va a ser muy grande. No queremos que constantemente se denuncie a nuestros jefes de Estado, porque eso provoca desconfianza y evita que vengan inversionistas. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Podemos trazar una línea y tener unida a la clase política. Demos el ejemplo nosotros, que somos elegidos por el pueblo. Dieciocho millones de votos están acá presentes en el Congreso, y eso nos da la posibilidad de trabajar por esta unidad nacional que se requiere. Que sigan las investigaciones, porque gracias a ellas hemos encontrado a mucha gente que ha cometido delito, pero los jefes de Estado no tienen responsabilidad administrativa ni política. En el caso del ex ministro de Justicia es cierto que hay delito, pero no creo que en la formación de esas comisiones haya intervenido el Presidente. Muchas veces a los presidentes los inducen a cometer ciertos errores. En el caso de Julio Espinoza Jiménez, se trataba de un indulto humanitario, porque se le había diagnosticado cáncer de colon y se le hizo una intervención quirúrgica para extirparle más de un metro y medio de colon. Esto lo digo con conocimiento. Y él tenía que salir para evitar la contaminación, porque debido a la colostomía tenía que defecar por una abertura que se le había hecho a nivel del abdomen. Se necesita más indulto humanitario, porque en las cárceles está el mayor número de pacientes con tuberculosis drogorresistente y sida. El tra­ tamiento de esas enfermedades le cuesta mucho dinero al país. Se tienen que dar los indultos que sean necesa­ rios, porque en las cárceles no hay ningún tipo de readaptación social. Son un foco de mayor criminalidad. Por eso he votado en contra. Como ex vicepresidente de la Megacomisión y ahora como vicepresidente de la Comisión López Meneses he aprendido que tengo que actuar sin odios, sin prejuicios, sin inquina, sin tratar de llevar beneficios políticos o ideológicos. Debemos intervenir con fe en una investigación seria que no perjudique al país. Presidente, es triste que esas comisiones hayan encontrado una pérdida de más de ocho mil millo­ nes al año por problemas de corrupción. Cuánto podemos rescatar de la pobreza, pero tenemos que trabajar unidos. Como políticos maduros, debemos de darnos la mano. Hay que apoyar al presidente Humala para que logre hacer un buen gobierno, porque eso nos favorece a todos los peruanos.

Segunda Legislatura Ordinaria de 2013 - Tomo III - Diario de los Debates

Yo creo que debemos olvidar los rencores, los enfrentamientos. Ha llegado el momento de que pensemos como lo han hecho en otros lugares. Qué grandiosa la presidenta Bachelet, quien, a pesar de que su padre muriera bajo la tortura de un gobierno dictatorial como fue el de Pinochet, dijo: “Primero está el país. Primero tenemos que estar unidos”. Y miren los resultados.

Qué bueno que tratemos de buscar reformas para ponerlas en práctica ahora, porque no podemos vivir simplemente de ideologías ni de buenos sentimientos. La realidad es clara y tenemos que lograr crecimiento económico si queremos desarrollar esa cadena de oro de la producción, la generación de empleo y el mejor nivel de vida de los peruanos.

Tenemos que sacar provecho —en el buen sentido de la palabra— de esta situación que se presenta. Tenemos que actuar como políticos maduros y apoyarnos. Busquemos la forma como apoyar al presidente Ollanta Humala. Tenemos que olvi­ dar. Que sigan sus investigaciones. Ya el Poder Judicial lo dirá.

Recapacitemos, unámonos y tengamos como meta que el Perú progrese, porque enfrentándonos no vamos a conseguir nada.

Yo a veces encuentro paradójico cuando dicen que el APRA tiene cuatro representaciones solamente. Entonces, ¿por qué el temor de que pueda hacer un tercer gobierno? Despojémonos de cualquier tipo de interés político y luchemos por nuestra patria. Somos el primer Poder del Estado, porque los ciento treinta hemos sido elegidos por el pueblo. Hemos recibido dieciocho millones de votos que ningún otro poder tiene. Es ya poco lo que tendría que fundamentar, por­ que he hablado hasta la saciedad respecto de mi voto sobre el indulto humanitario y la conmuta­ ción de penas y tenemos que ganarle al tiempo. La desaceleración económica es una realidad, y es posible que lleguemos a fin de año con un crecimiento menor al cuatro por ciento. Eso equi­ vale a despidos y a menos generación de empleo. ¿Queremos vivir lo que está viviendo el hermano país de Venezuela? No. Como peruanos queremos progresar, queremos superarnos, queremos que disminuya la pobreza, y eso solamente lo podemos hacer si el país está unido. Preferiría que, en vez de todo este intercambio de opiniones, nos pusiéramos una agenda para que veamos los mecanismos económicos para la reactivación de nuestra economía. Se ha hablado de que hemos bajado el creci­ miento a menos del cuatro por ciento y de que vamos a ver las consecuencias de eso; pero todos los gobiernos han tenido ese tipo de problemas. No pueden presumir los apristas, porque en el 2008 crecimos solamente el uno por ciento. No obstante, luego tomaron las medidas adecuadas y, ante la falta de inversión privada, promovieron la inversión pública.

No quiero ahondar más acerca de por qué consi­ dero que no hay responsabilidad en cuanto a las recomendaciones 1, 2 y 3, que piden la inhabili­ tación del expresidente. Eso lo hemos discutido bastante y no encuentro nada. Por ello, mi voto es en contra del pronunciamiento de la Comisión. Gracias, Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Martín Belaunde. El señor BELAUNDE MOREYRA (SN).— Señor Presidente, nos en­ contramos en la etapa previa de un intento —según sus promotores— de llegar a una acusación constitucional, y de ahí quizás a un juicio que invali­ de y haga polvo cualquier futura ac­ tuación del expresidente Alan García. Se trata, en consecuencia, de un procedimiento jurídico con consecuencias políticas. Even­ tualmente, de ser cierto lo que se afirma en el resumen ejecutivo de la Comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan Gabriel García Pérez como presidente de la República 2006-2011 —mejor conocida como la Megacomisión—, tendríamos a un futuro pre­ sidiario, no a un eventual candidato. Cuando se hacen acusaciones políticas o jurídicas, cuando se hacen acusaciones de infracción a la Constitución o cuando se hacen acusaciones de presunta comisión de ilícitos penales, tiene que haber indicios, que son el punto de partida, pero luego de los indicios tiene que haber la configu­ ración de hechos que encajen y encuadren dentro de una tipificación penal. Aquí estamos discutiendo la parte del informe de la Megacomisión que se refiere a los indultos presidenciales, a las conmutaciones de pena y al ejercicio del derecho de gracia. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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¿En qué se basa esa acusación? Se basa en el presunto mal ejercicio, por parte del expresidente Alan García, de la concesión de indultos y conmutación de penas, y también de algunas gracias presidenciales en beneficio de los procesados, cosa que tiene un condicionamiento específico en la parte final del inciso 21) del artículo 118.° de la Constitución, que dice: “[…] Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria”.

resoluciones que se dieron durante el gobierno del expresidente Toledo y que fueron refrendadas, en el primer caso, por el exministro Carlos Gamarra; y en los dos restantes, por el exministro Alejandro Tudela Chopitea.

En este informe, en la página 73, se alude el caso del ciudadano Julio Espinoza Jiménez, médico cirujano militante aprista que se desempeñaba como director del Seguro Integral de Salud. Él fue beneficiario de una gracia presidencial otorgada mediante Resolución Suprema 101-2008-JUS, del 13 de junio del año 2008, firmada por el ex­ presidente Alan García Pérez y por la entonces ministra Rosario del Pilar Fernández Figueroa.

Existen normas que dan pautas para que estos indultos, conmutaciones de penas y gracias presidenciales se otorguen; pero aun así, en el supuesto de que se cubrieran esos requisitos, es el presidente de la República quien, dentro de sus prerrogativas, decide otorgar o no esos beneficios.

¿Por qué se le concedió esa gracia al entonces instruido u objeto de instrucción penal señor Julio Espinoza Jiménez? Ese señor Julio Espinoza Jiménez estaba procesado penalmente por delito de colusión, por haber concertado con empresas en la adquisición de raciones alimentarias sobrevaloradas por un monto bastante crecido, diecinueve millones de nuevos soles, para los damnificados del terremoto de Pisco del 15 de agosto de 2007. Un delito muy grave. Pero todo indica que en el presente caso se otorgó esa gracia presidencial por una razón humanitaria derivada de una enfermedad que en ese momento no se podía conocer si era terminal o no. No se otorgó conforme al condicionamiento de la parte final del inciso 21), sino en virtud de las llamadas gracias humanitarias, que tienen su origen en diversos dispositivos reglamentarios. Los vigentes se remontan al Decreto Supremo N.° 010-2004JUS, de la época del expresidente Toledo; y luego al Decreto Supremo N.° 004-2007-JUS, este sí del expresidente Alan García. Pero hay el hecho continuado y consecutivo de que en diversos regímenes anteriores —en los de Alan García, Fujimori, Paniagua y Toledo— se concedieron, mediante diversas resoluciones supremas, este tipo de indultos por gracia huma­ nitaria. Hay por lo menos tres, y no sé si habrán sido mencionadas anteriormente: Resolución Suprema N.° 172-2005-JUS, del 22 de julio de 2005; Resolución Suprema N.° 191-2005-JUS, del 18 de agosto de 2005; y Resolución Suprema N.° 001-2006-JUS, del 3 de enero de 2006. Son Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

¿A dónde queremos llegar nosotros con una acusación de este tipo? El indulto, la conmutación de penas y la concesión de una gracia para los procesados son facultades presidenciales. Dependen, en última instancia, de su voluntad de darla.

Si esto depende de la prerrogativa presidencial, que es una facultad que reside en el jefe de Esta­ do —sea quien fuere ese jefe de Estado—, ¿dónde estaría el delito, el indicio de delito o la presunción de delito?; ¿dónde estaría la infracción constitucio­ nal o la presunción de infracción constitucional? Tendría que ser por un mal otorgamiento, por un otorgamiento negligente, por un otorgamiento quizás doloso. Y en el otorgamiento de estos beneficios intervie­ nen funcionarios de menor categoría. Obviamente, interviene el que hace de presidente de esta co­ misión de indultos, que tuvo diversas reestruc­ turaciones; interviene también el ministro del ramo; y al final interviene y firma el presidente de la República. ¿Cuándo es que podemos encontrar un cargo específico al presidente de la República? Cuando existen indicios de que el presidente de la República no solo se habría equivocado —y debe de haberse equivocado muchas veces—, sino de que él habría recibido también algún beneficio por el otorgamiento de estos indultos, conmutaciones de pena o gracias presidenciales. Aquí se ha hablado de coimas, de dinero, de depósi­ tos, de conversaciones en Palacio de Gobierno con el señor Chinguel, hoy día procesado, entiendo, con el señor Nava, entonces secretario general de la Presidencia. No se ha hablado de conversacio­ nes del señor Chinguel con el señor Alan García ni de que el señor Alan García haya intervenido en esas conversaciones, coordinaciones, visitas, o como se les quiera llamar, a las que ha hecho referencia una congresista que me ha precedido en el uso de la palabra.

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¿Cuál es el eslabón? Una conversación de Nava con Chinguel en Palacio de Gobierno. ¿Dirigida a qué? A que Alan García actúe de determinada manera. Me pregunto: ¿de esa conversación entre Chinguel y Nava se desprende un indicio de corrupción del que podría ser pasible el ex presidente de la República Alan García Pérez? ¿Se está prejuzgando ese indicio de corrupción? ¿Se sostiene que no combatió al narcotráfico con la fuerza necesaria que, en opinión de algunos, indica el artículo 8.° de la Constitución?

siderado que es un hombre inteligente. Entiendo que él procede de una familia muy honorable. Creo que su abuelo fue ministro de Salud de la primera administración del presidente García.

En esta concatenación de hechos, en esta cadena de configuraciones fácticas con alguna implica­ ción jurídico-penal, falta el eslabón perdido de la motivación de todas ellas.

Me molesta hablar de tantas lógicas. Lo considero un poco ampuloso, pero por todas esas razones, aceptando el gran esfuerzo que ha podido desarro­ llar en los últimos tiempos, yo le decía de broma a mi distinguido colega don Sergio Tejada: “Me da la sensación de que este informe es una suer­ te de sopa chamánica que tiene como contenido principal una agua turbia y perturbada, aderezada con ácido sulfúrico y polvoreada con hojas de coca, quizás hierba de marihuana y algunos polvillos mágicos por ahí”.

Esa motivación sería —en el supuesto de que fuere cierta— la corrupción económica, porque el señor Chinguel puede haber actuado mal —y quizás haya actuado mal— y el señor Nava en algunos casos puede haber actuado mal —no lo sé—; pero no hay una concatenación entre el presidente de la República y el funcionario de rango inferior que estaba encargado específicamente del manejo de esta materia y de elevarle los informes, de modo que el presidente de la República pudiera tomar la mejor decisión conforme a su criterio. Falta ese eslabón, porque esto no tiene fortaleza suficiente. Los hechos mancan. Las normas lega­ les no se dan para presumir la comisión de delitos. Hay inferencias indebidas. No se puede decir que ha habido una estructura de decretos supremos para posibilitar delitos de corrupción que no se pueden sindicar ni mucho menos precisar.

Pero quizás el congresista Tejada haya sido llevado por impromptus sociológicos. Que yo sepa, no tiene formación jurídica, sino antropológica. No niego que existen también la sociología jurídica y la antropología jurídica, pero aquí hay que guiarse por la precisión jurídica metodológica.

Es una expresión humorística dicha con el ma­ yor aprecio a las altas cualidades del congresista Tejada. No pretende ser ofensiva. Para resumirlo en tres palabras, en este punto específico este informe no merece ser aprobado por el Congreso. En mi modestísima opinión — que ojalá sea concurrente con la de muchos otros congresistas—, considero que es así. Muchas gracias, señor Presidente, y mis disculpas por la extensión, pero no hay mala intención.

Ese informe carece de consistencia; no tiene el eslabón necesario para identificar el hecho penal que lleve a semejante pretensión de acusación.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Luis Iberico.

Este no es un problema de unificación de perua­ nos, no es un problema de caridad cristiana, no es un problema de bondad; es un problema de objetividad, de precisión, de rigurosidad jurídica.

El señor IBERICO NÚÑEZ (PPC-APP).— Presidente, estamos llegando a un cierre de legislatura con la discusión de temas trascen­ dentales como la nueva Ley Uni­ versitaria, sobre la cual hablaré en su momento y demostraré por qué algunos no tienen que estar creando fantasmas donde no existen ni haciendo censuras previas a congresistas que tenemos todo el derecho de expre­ sarnos como ciudadanos y como parlamentarios.

Tenemos que votar esta acusación con la mente objetiva del esclarecimiento del hecho, de la configuración del tipo penal o de la infracción constitucional, porque de lo contrario este infor­ me, en este acápite —el único que tiene que ser debatido ahora, porque los otros aspectos no son parte del debate ahora— no reúne los requisitos mínimos necesarios para ser tenido en cuenta ni para ser votado favorablemente por este Pleno. Tengo mucha admiración, alto aprecio y mayor estima por el congresista Tejada. Siempre he con­

También hay temas controversiales como las san­ ciones a congresistas de la República, a colegas del Parlamento Nacional; y temas que sin duda alguna revisten gran importancia, como el que pone en tela de juicio a un ex presidente de la República, 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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y eso no es algo que pueda pasarse por agua tibia, porque es transcendental para el Perú, para su institucionalidad, para su democracia. Aquí quiero intervenir haciendo uso de mi liber­ tad de conciencia. No sé si voy a coincidir con mi partido Alianza para el Progreso, pero creo que estoy siguiendo su línea política. Estos temas son de conciencia por lo que sig­ nifica inhabilitar o no a un ex presidente de la República, como lo estamos haciendo con colegas congresistas. Aquí yo no me someto a mandato imperativo alguno, ni siquiera —con todo el respeto que un periodista le tiene al periodismo— a las presiones mediáticas. Mi conciencia no es perrito faldero. No la domestican al periodicazo, y por eso hablo con entera libertad y respeto. Presidente, mi partido, Alianza para el Progreso, como lo saben mis colegas del Partido Aprista, años atrás marcó un hito muy especial al ganarle las elecciones democráticamente en Trujillo, bas­ tión y cuna del Partido Aprista Peruano de Haya de la Torre. Eso ha generado una fuerte rivalidad con los compañeros del Partido Aprista Peruano, que hasta el día de hoy la seguimos sintiendo allá en la ciudad de Trujillo, donde nos vamos a mantener, porque ya vamos a consolidar el sólido norte para Alianza para el Progreso. Pero cuando hablamos de un tema como el que estamos tratando en este extenso debate, que es solamente uno de los tantos que vamos a tener sobre las diversas conclusiones de la Comisión investigadora del gobierno del Partido Aprista Peruano, tenemos que actuar con apego a la Constitución, a la ley, al Estado de derecho, pen­ sando en el país. Yo quiero referirme a este asunto desde el ángulo político, porque se trata de un gobierno durante el cual más de tres mil quinientos presos por nar­ cotráfico fueron puestos en libertad por indultos, conmutaciones y gracias presidenciales. Eso es serio por lo que representa el narcotráfico en el mundo entero, particularmente en el Perú, que hoy día es el principal productor y exportador del clor­ hidrato de cocaína, una de las drogas más nefastas que se han inventado y que no solo se exporta, sino que se vende acá y envenena a nuestros niños, a nuestros jóvenes, al igual que la pasta básica de cocaína, que cuesta menos que un caramelo. El narcotráfico tiene consecuencias terribles para la humanidad, en primer lugar, porque es una Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

fuente de corrupción. Mueve miles y miles de millones de dólares aquí en el Perú y en el mundo entero y corrompe a autoridades, policías, jueces, fiscales, parlamentarios. En segundo lugar, porque es una fuente de vio­ lencia terrible, de sicariato, de asesinatos. Miren lo que está pasando en México, miren lo que está pasando en Colombia, miren lo que está pasando en el Perú. Y en tercer lugar, porque destruye a la humanidad. Desgraciadamente, estamos produciendo drogas que destruyen a la humanidad dentro y fuera del país. Estamos enfrentando algo que tiene que ver mucho con el presente y el futuro de una nación como la nuestra, y un gobernante debe tener eso muy en claro, porque así como hay ese narcotráfico que corrompe, que compra conciencias, que asesina, que amenaza, que amedrenta, al cual por temor a veces sucumben jueces, fiscales y policías, podemos también decir que en el Perú tenemos buenos policías, buenos fiscales y buenos jueces que ponen en la cárcel a los narcotraficantes. ¿Qué mensaje les da a esos buenos jueces, a esos buenos fiscales, a esos buenos policías, a esa reserva moral que tenemos en estas instituciones, un gobierno que libera a través de estos recursos a miles de narcotraficantes? ¿Qué les estamos diciendo? “¿Para qué arriesgaste tu vida?”; “¿por qué rechazaste las prebendas que te quería dar el narcotráfico a través de la corrupción?”; “¿para qué los has puesto en la cárcel y expusiste tu vida y la de tu familia si luego los van a soltar?”. Ese es mi cuestionamiento político al gobierno del expresidente García, que liberó, a través de estos procedimientos que deberían de ser excepciona­ les, a tantos narcotraficantes que ya parecía algo sistémico. Ahí está mi cuestionamiento central, porque tenemos que rescatar la moral de estas instituciones que nos protegen y nos defienden del narcotráfico, de la violencia, del crimen. No podemos desalentarlas diciéndoles que su trabajo finalmente no sirve para nada o sirve para muy poco. Por el contrario, los malos jueces, los malos po­ licías, los malos fiscales están felices de la vida. Ahí está, creo yo, la gran responsabilidad del ex­ presidente García. Desde esa perspectiva política muy ligada al presente y el futuro del Perú es que yo estoy viendo las cosas, y seguramente lo deba­

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tiremos a lo largo de los procesos democráticos y electorales que se avecinan y en todo momento, porque la democracia se ejerce todos los días. Pero de ahí a buscar caminos complejos, complicados, para tratar de inhabilitar al señor Alan García, que seguramente participará en las próximas elecciones, no me parece el camino correcto. No soy abogado ni mucho menos constituciona­ lista, pero he escuchado argumentos de abogados, de constitucionalistas y de colegas congresistas y he leído documentos que me llevan a pensar que en ese extremo no podemos llegar a dar un respaldo, porque sería algo que atentaría contra nuestro ordenamiento constitucional, lo cual, lejos de fortalecer la democracia, la debilita. Me parece que lejos de fortalecer la democracia se están haciendo cálculos políticos y de coyuntura electoral inmediatistas. Yo creo que hay que mirar las cosas con trascendencia. Hay que establecer, sí, la responsabilidad de fun­ cionarios que podrían haber incurrido en actos de corrupción liberando a todos estos personajes. Pero en esta breve intervención digo que no estoy de acuerdo con jalonear las leyes y la Constitución para tratar de sacar de la cancha a un probable contrincante político. Si algunos están preocupados por las elecciones, que las ganen en la cancha democrática. Allí es donde queremos competir y allí es donde preten­ demos ganar; pero no con estos métodos. Este tema se tiene que tratar con mucha seriedad, profundidad y trascendencia, señor Presidente. Miremos horizontes; pensemos que el Perú políti­ camente tiene que madurar; los debates políticos tienen que cobrar altura; las argumentaciones tienen que ser sólidas y tienen que sustentarse en la ley, en la Constitución, en el Estado de derecho, en la institucionalidad. No afectemos al país. Estamos viviendo momen­ tos que a veces parecen de canibalismo político. No caigamos en eso y hagamos que prevalezcan el ordenamiento jurídico y nuestro sistema de­ mocrático por encima de otro tipo de cálculos. Que el Congreso decida por lo mejor. Muchas gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Heriberto Benítez.

El señor BENÍTEZ RIVAS.— Señor Presidente, hace aproxima­ damente tres años, este Congreso de la República discutía sobre si se conformaba o no una comisión para investigar los probables hechos de corrupción que se habrían cometido durante el gobierno anterior. Se acordó formar una comisión que, en el fondo, es una especie de juicio de residencia lo que ha realizado. Se ha investigado al expresidente García y a altos funcionarios por los cinco años de gestión, y la investigación se ha dividido en diversos temas. Hoy nos toca debatir el relacionado a sospechosos indultos y conmutaciones de pena que se dieron, porque presumiblemente se ha favorecido en su gran mayoría a personas condenadas por tráfico ilícito de drogas y por robo agravado. El debate debe concentrarse en ver si se han cometido delitos y si se ha cometido infracción a la Constitución al momento de otorgar estas conmutaciones de pena o estos indultos. Es allí a donde tenemos que apuntar para determinar y definir si hay indicios de que se cometieron estos hechos. De ser así, el Pleno del Congreso tendrá que aprobar las conclusiones para que luego, a través de un procedimiento constitucional, se pueda ver en la instancia pertinente cuáles son con exactitud las infracciones que se cometieron y cuáles son los hechos detallados. Y volverá al Pleno, cuando llegue su momento, para que de­ batamos si este artículo se violó, si ese inciso se infringió, si esto constituye una falta política y si esto amerita o no una sanción de inhabilitación. Ahora estamos debatiendo un informe final que ha recogido indicios y que presenta presunciones de infracción a la Constitución. En principio, la Constitución establece que es obligación del Estado combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas. En eso todos estamos de acuerdo. Y quien debe liderar esa lucha, ese combate, esa batalla contra el tráfico ilícito de drogas, es el jefe de Estado. Eso es indiscutible y viene desarrollado por normas, por códigos, por leyes y hasta por convenios internacionales que ha suscrito el Perú y que obligan a nuestra nación a enfrentar el tráfico ilícito de drogas y no solo a capturar sino también a procesar y a sancionar a las personas que trafican drogas [burriers, paque­ teros o gente que tiene organizaciones criminales que fabrican y comercializan droga]. Cuando se busca una sanción ejemplar, lo que se pretende es que el infractor cumpla su pena 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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cabalmente. Y aquí en el Congreso ha habido una dura batalla para modificar diversas leyes con el fin de reducir los beneficios penitenciarios y evitar que existan libertades condicionales o provisionales, de modo que los condenados por tráfico ilícito de drogas permanezcan en prisión con una sanción ejemplar. Acá se ha sabido de denuncias contra jueces y fiscales que han sido amenazados y han puesto en riesgo su vida por enfrentar el narcotráfico, sobre todo en el interior del país. Hay jueces y fiscales que han sido asesinados por pretender investigar o sancionar casos de narcotráfico. Aquí la DEA incluso apoya, invierte dinero y respalda a la Dirandro para luchar contra el tráfico ilícito de drogas. Todos estamos comprometidos en esta lucha y en este combate contra el tráfico ilícito de drogas, y lo que no podemos permitir, después de ver toda esta esfera de obligaciones constitucionales y legales de todos los peruanos, es que alguien, a través de una norma o de un dispositivo, comience de un plumazo a liberar a los condenados por tráfico ilícito de drogas. ¿Cuál es el mensaje que se le da a la nación peruana y a la comunidad internacional, que tanto esfuerzo hace por luchar contra el tráfico y lícito de drogas? Aquí en el Perú se les rebaja la pena o se les perdona y se les pone en libertad. ¿Qué justificación moral, ética o política existe para decirle a una nación que quiere enfrentar el tráfico ilícito de drogas? “No, es que estos son paqueteros, de poca monta, burriers, son gente que por necesidad lo hace”. Pues ese paquetero o ese burrier sabe que al trasladar esa droga va a contaminar a la juventud y va a contaminar una sociedad. Ese paquetero o ese burrier sabe que tiene que cumplir una sanción ejemplar, porque el tráfico ilícito de drogas destruye a una sociedad, no solo al que consume la droga; y ocasiona daños colaterales porque trae otros delitos. El tráfico ilícito de drogas arrastra corrupción, arrastra impunidad, arrastra violación de leyes, arrastra una serie de hechos que comprometen a altos funcionarios en diversas naciones. En Colombia se habló de un expresidente al que Estados Unidos le quito la visa y le prohibió el ingreso a su país solo porque se sospechaba que su campaña fue financiada con dinero del narcotráfico. ¿Cómo será si se enteran que un alto funcionario de un país liberó a personas a las que encontraban con treinta kilos de droga, a Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

narcotraficantes, a capos de las mafias y a bandas enteras mediante resoluciones y sin fundamenta­ ción ni sustento? ¿Se le puede hacer eso a un país? ¿Acaso no es una falta política?, ¿acaso no es una traición a un pueblo que confía en su autoridad? Esa primera radiografía que podría hacer yo del problema nos permite hacer una hipótesis de tra­ bajo o tener una base de hacia dónde apuntamos y qué buscamos; y debería ir complementada con el informe de quiénes serían los responsables de esa situación. Todos los peruanos somos testigos de que en el diario oficial El Peruano aparecen permanente­ mente resoluciones que se refieren a conmutación de penas. ¿Cómo podría un político, un abogado, un juez, un fiscal, un procurador o alguna autoridad saber por qué delitos se están conmutando las penas si cuando revisamos el diario oficial El Peruano solo vemos el nombre del centro penitenciario, el nombre del interno, los años de la sentencia y la fecha en que vence? No sabemos. ¿Eso se ha hecho por práctica?, ¿se hace dolosamente?, ¿se hace de manera intencional para que nadie se entere? ¿Qué sucede? Mientras el Poder Judicial cierra las puertas al narcotráfico y dice que no les va a dar beneficios, mientras la vida de los jueces corre peligro por condenar a narcotraficantes, mientras en el Con­ greso se lucha por aprobar leyes que endurezcan las penas, por el otro lado salen caminando. No sabemos si salen porque aportan dinero, financian campañas o entregan cuotas determi­ nadas o si salen solo porque al alto funcionario le da pena que esos pobres hombres hayan caído en el narcotráfico y se compadece de ellos. Eso es lo que tiene que investigarse, pero hasta ahora no he encontrado la parte en la que la Comisión nos precise ese objetivo o nos detalle cómo llegó a ese resultado. Es más, si hablamos de que las conmutaciones de pena son irregulares, ¿qué pensamos hacer con esas conmutaciones de pena? ¿Las dejamos vigen­ tes?, ¿se pueden derogar?, ¿se pueden anular?, ¿se puede volver al proceso?, ¿se puede enmendar ese error o esa infracción? Los antecedentes podrían decir que cuando una conmutación de pena, un indulto, una amnistía o alguna de esas figuras se da, ya es cosa juzgada y no se puede cambiar. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha de­

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jado sin efecto amnistías bajo el argumento de que eran violaciones a derechos humanos. El propio Alan García, a quién se ha mencionado permanentemente, hizo que una persona que había salido favorecida con un indulto volviera a la cárcel, anuló el indulto y cesó en el cargo al ministro que lo había promovido. Pero ese ministro le había llevado al Presidente de la República otras resoluciones para que firme, y aquí hemos visto videos en los que se observa a ese ministro cuando va a los penales y les pre­ gunta a los internos si se van a portar bien. Le respondían que sí y él ordenaba: “¡Prepárale su expediente!”. ¿Así se favorece al narcotráfico, señor Presidente? ¿Esa es la misión de un ministro de Estado, de un asesor jurídico del Gabinete, de un asesor legal del Consejo de Ministros? ¿Con esa facilidad se preparan los expedientes? ¿Con esa facilidad se puede sacar de la cárcel a delincuentes que comenten graves delitos? A mí me ha llamado la atención que en las con­ clusiones se diga que Alan García ha cometido infracción a la Constitución y no se mencione al ministro de Justicia. Si el presidente de la Repú­ blica firma una resolución que va acompañada de la firma de un ministro, ¿por qué el presidente comete infracción y el ministro no? Entonces, ahí habría que poner también el nombre de ese ministro de Justicia que firmó la resolución junto con el Presidente, pues él tam­ bién habría cometido infracción a la Constitución. Por intermedio de usted, Presidente, le digo al colega Sergio Tejada que incluya también a esos ministros que fueron a los penales e impulsaron la resolución, esos ministros de los que dependía la Comisión de Indultos y Conmutaciones de Pena, esos ministros que le llevaban la carpeta y el expediente al jefe de Estado y le decían qué caso iba. Luego de que se vea esa responsabilidad, evaluaremos la otra, para saber si le alcanza o no le alcanza al Presidente de la República. Los ministros de Estado que tramitaron eso tienen responsabilidad comprobada y no se les menciona. ¿Por qué no se dice que han cometido infracción a la Constitución? ¿Tienen corona? ¿Se entiende al revés: el presidente es el responsable y el ministro no tiene esa responsabilidad? ¿El refrendo ministerial se está confundiendo y se está interpretando de manera contraria? El principal responsable sería el ministro de Justicia, aquel que tramitó todo el expediente.

Yo le pido a la Comisión investigadora que en sus conclusiones incluya que el ministro de Justicia que tramitó aquellos escandalosos indultos y conmutaciones de pena también sea evaluado por su probable infracción a la Constitución, porque eso es lo justo, lo legal, lo correcto, lo jurídico, lo político. Eso es lo primero que tiene que ver el Parlamento. Luego veremos si el Presidente de la República tiene responsabilidad o no. Eso es lo que hay que trabajar; eso es lo que hay que determinar. Invito a mis colegas a que digan si esas conmuta­ ciones de pena se pueden anular o no. De repente ya es imposible anularlas, porque ya se ejecutaron y algunos de los que se beneficiaron con los in­ dultos y las conmutaciones de pena ya están en el extranjero; otros siguen siendo burriers; otros siguen vendiendo droga; otros siguen involucra­ dos; otros están presos nuevamente. ¿Qué cosa puede hacer el Congreso ante ello? No solo decir que acá ocurrió esto y que el informe se va al archivo, sino también modificar las normas para mejorar ese combate al narcotráfico. Hay que ver si se pueden anular esas conmutaciones indebidas; si debe existir un plazo para hacer eso; si hay responsabilidad por ello; si el Congreso debe recibir esas resoluciones en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que se haga un control ulterior o posterior respecto a conmutaciones de penas e indultos. En consecuencia, lo que hay que ver es si vamos a mejorar esas resoluciones para que salgan los delitos y para que todo el país vea en el diario oficial El Peruano a cuántos personajes con esta clase de delitos se les conmuta la pena, de modo que se pueda hacer un control. Esas son las sugerencias y las recomendaciones que necesitamos. Es más, ahora estamos viendo un informe de la Megacomisión que, como dije al empezar mi in­ tervención, es una especie de juicio de residencia. ¿Por qué no recomendamos que el Congreso de la República procure incorporar en el orden jurídico el juicio de residencia, para que los presidentes de la República, al finalizar su mandato, puedan ser sometidos a una investigación por un año? No estamos hablando de una persecución, sino de una investigación con garantías, con debido proceso, para que el solo hecho de que quien ejerza la primera magistratura sepa que al terminar su mandato lo van a investigar. Eso servirá aunque sea para persuadirlo de que no cometa delito, de que no cometa infracciones, porque nuestra realidad nos demuestra que hay que volver a esas etapas antiguas donde había el juicio de residencia. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Por si acaso, no hablo de la Inquisición, porque con eso yo no estoy de acuerdo. Los debidos procesos hay que respetarlos, y el solo hecho de poner el juicio de residencia en la Constitución ayudaría mucho a que se desaliente cualquier intento de infringir la Carta Política. Otro asunto que llama la atención es el de los expedientes que el ministro de Justicia dejaba en Palacio de Gobierno para que el presidente de República los firmara. Si el presidente de la República ha dicho públi­ camente que se pasaba horas de horas revisando uno por uno los expedientes, ¿no se daba cuenta de qué clases de delito se trataban? Con la habilidad que tiene Alan García, ¿no pudo preguntarle al ministro de Justicia por qué tantos expedientes de tráfico ilícito de drogas? O es que la respuesta fue: “Hay hacinamiento, hay que empezar sa­ cando a los de tráfico ilícito de drogas”? A los de delitos menores, no. Esos que sigan en su celda y se queden hasta el último. Si uno revisa el cuadro estadístico de las con­ mutaciones de pena, encuentra que 3500 casos son —si no me equivoco— de tráfico ilícito de drogas—; y 1500 o 1600, de robo agravado. De los demás delitos, solo uno o dos casos, porque esos no interesaban. No interesaba la estafa, no interesaba la extorsión, no interesaba el chan­ taje, no interesaba el delito de corrupción: más importaba la droga. Eso llevó a la especulación de que podría haber un interés económico. La posibilidad de que se ha pagado por esos beneficios irregulares, ilícitos e ile­ gales va a quedar siempre en la mente de muchos. No sabemos si ese dinero llegó hasta Palacio de Gobierno, se quedó en el despacho de un minis­ tro o en la Comisión de Conmutación de Penas e Indultos; pero sí hay una presunción de que se habría pagado. Hay indicios y declaraciones de muchos internos en el sentido de que habrían abonado fuertes sumas de dinero para obtener ese beneficio, porque tenían cerradas las puertas del Poder Judicial, informes en contra de los fiscales y leyes que no les permitían salir en libertad. Esa parte de la investigación aún no la hemos escuchado con tanto sustento. Por eso, en horas de la mañana, cuando intervine haciendo algunas precisiones, dije que me parecía que el informe que se había presentado estaba débil. Hay que reconstruir algunas cosas y hay que mejorar al­ gunas conclusiones y algunas recomendaciones. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Yo espero que el presidente de la Comisión esté recogiendo aportes de los congresistas y esté tra­ tando de hacer las correcciones del caso para que al final nos pueda decir qué ha recogido, qué ha mejorado, qué ha variado, qué ha cambiado, qué ha sustituido, de modo que eso nos pueda llevar a tomar un acuerdo, en el momento que la Mesa considere pertinente, para ver si aprobamos este informe o no. En realidad, este es uno de los debates históricos, es uno de los debates más importantes de la his­ toria política del Perú. Estamos investigando un período gubernamental, estamos investigando los actos de un ex presidente de la República, estamos debatiendo si hay responsabilidad o no, estamos hablando de una infracción constitucional, esta­ mos viendo la presunción de delitos, estamos vien­ do probabilidades de infracción a la Constitución, y todo eso tiene que ser ampliamente debatido. Es más, hay acciones de amparo de por medio. Hay que tener cuidado al momento de aprobar las conclusiones, para que no se diga después que el Pleno del Congreso ya adelantó opinión. Entonces, si el Pleno aprobara la presunción de una infracción a un artículo equis de la Consti­ tución y después se fuera a una denuncia cons­ titucional, ¿alguien podría decir que el Pleno ya adelantó opinión?, ¿alguien podría decir que es un debido proceso legal ir a una investigación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales cuando el Pleno ya votó por que se ha cometido esa infracción? Eso también debemos evaluarlo, para que en el momento que se aprueben las conclusiones no caigamos en errores que después algún juez quiera corregir por un amparo. Por intermedio de usted, señor Presidente, le pido al colega Sergio Tejada, que conduce esta Comisión, que trate de recoger los aportes que se han hecho y los evalúe con sus asesores para que pueda traernos lo mejor de este debate. Asimis­ mo, le pido que nos diga si en la presunción de infracciones constitucionales se va a considerar al presidente de la República únicamente o también a los ministros de Estado. En algunas partes del informe se dice que se han cometido delitos, y eso seguirá su trámite; pero, en estos casos de conmutación de penas, si no se comprueba que ha habido un pago efectivo de dinero, los delitos se caen y terminan archivados. La mejor sanción política ante una infracción a la Constitución es la inhabilitación. En este caso, yo espero que podamos determinar si realmente Alan García cometió alguna infracción a la Cons­

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titución y si realmente los ministros de Estado que lo acompañaron con su firma también son responsables. Si hay esos indicios, si hay esas presunciones, que se plasmen en las conclusiones, para que en su momento, a través de un proceso, se puedan determinar las responsabilidades. Me siento muy honrado de haber dado el aporte, mediante una moción, para que esta investigación se inicie. Esta investigación ha llegado a su parte final y ahora estamos debatiéndola. Ojalá que prime el criterio de conciencia y que no se busquen ni venganza ni talionajes; pero que se llegue a buenas conclusiones y a buenas recomendaciones para que eso sirva de ejemplo a los futuros go­ bernantes de cómo tienen que comportase, cómo tienen que enfrentar el tráfico ilícito de drogas, cómo no pueden conmutar penas por delitos para los que ese beneficio está prohibido, cómo no se pueden otorgar gracias presidenciales ni indultos cuando eso está prohibido por ley; para que los presidentes de la República lean y se informen bien de las resoluciones que van a firmar; y para que motiven sus resoluciones, porque ninguna de las conmutaciones de pena publicadas en el dia­ rio oficial El Peruano tiene motivación, ninguna tiene sustento, ninguna tiene argumentación ni a favor ni en contra. Cuando son en contra no salen publicadas y de repente no interesa que tengan motivación; pero cuando son a favor, se debe decir cuál es el delito que se cometió para que la opinión pública y los que ejercen el control político lo tengan claro. Muchas gracias. —Reasume la Presidencia el señor Luis Iberico Núñez. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— El turno es para el congresista Manuel Dammert. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— Señor Presidente, saludo las horas de debate que lle­ vamos porque soy de los que creen que en una democracia el Congreso tiene como labor esencial la argu­ mentación como uso público de la razón. Resulta vital para el conjunto de la nación que se discuta ampliamente y se contrapongan criterios y opiniones.

El Congreso no se puede reducir a una etiqueta para espectáculos y me parece muy positivo que hoy se hayan dado argumentos variados, distintos, diferentes, para enfrentar con el conjunto del país un tema que es crucial y decisivo. Pero también es singular lo que estamos viendo. La Comisión ha investigado largamente. Nos pre­ senta el primero de varios casos y ahí tenemos el cadáver. Ante los hechos y ante el cadáver, algunos congresistas que lo defienden dicen que parece que está haciendo frío, que hay vientos afuera, que alguien está estornudando. Se olvidan del cadáver y se olvidan de los hechos. Hay otro congresista que hace una sopa cha­ mánica y se pone a discutir otras cosas. Parece que ni siquiera ha leído el informe, porque los fundamentos de lo que él quiere rebatir están explicados en el informe. Entonces, uno piensa que aquí hay algo particular. Incluso un congresista de viejísima data política, casi tanta como la mía, insulta un poco y dice: “¿Cómo es posible que hagamos de esto un juicio político?”. Yo quisiera regalarle el libro —lamen­ tablemente no hay copia— La responsabilidad constitucional del jefe de Estado, de Javier ValleRiestra. Estamos en medio de un juicio político y este es un típico caso de juicio político en el mejor sentido, no en el de la politiquería ni la compra y venta de beneficios o favores, sino en el de las responsabi­ lidades públicas. Cuando estas responsabilidades alcanzan a la máxima figura de la representación del poder, que es la Presidencia de la República, estamos en los prolegómenos de un antejuicio político o de un juicio político. Esta es la etapa primera, en la cual se estable­ cen los hechos, se precisan las circunstancias, se configuran los elementos que son de respon­ sabilidad y sobre esa base, como corresponde y está señalado por el propio marco constitucional peruano, vamos a ir al proceso del antejuicio. Esto terminará en que el Congreso, en ejercicio de sus atribuciones, decida una de las dos vías o las dos vías: inhabilitación o denuncia por un delito específico. Inhabilitación por infracción constitucional o denuncia por un delito que ha tipificado previamente en el Código Penal. Ese es el procedimiento. De ahí que sea bueno partir de que estamos dis­ cutiendo la responsabilidad fundamental de la Presidencia de la República. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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El hecho de que venga este primer caso tiene esa singularidad que algunos quieren esconder. La singularidad es que aquí no estamos discutiendo el refrendo de un ministro, aquí no estamos dis­ cutiendo los errores, las responsabilidades o las barbaridades que puede haber cometido un mi­ nistro en una actividad y en las que el presidente estuvo atrás; o las que el presidente empujó y el ministro asumió la responsabilidad. En la historia del poder, una de las potestades claves del poder es la capacidad de decidir sobre la vida y sobre la libertad de las personas. Por eso, cuando el poder era un derivado de los dioses, los dioses mandaban sobre la vida y sobre el tiempo de las personas. Cuando el poder se organiza terrenalmente, las monarquías les disputan a los representantes del cielo —en este caso, a la Iglesia— quién va a manejar la vida y la libertad de las personas, y se hace la separación entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Cuando las monarquías son enfrentadas por los pueblos y se organizan las repúblicas, los Estados republicanos pasan a controlar las monarquías reduciendo sus capacidades y atribuciones. Les quitan primero la parte tributaria y luego dis­ putan qué pasa con la libertad, qué pasa con la vida de las personas. Esa libertad y esa vida de las personas la monarquía las reserva para sí; por eso, lo que se llama gracia presidencial es un viejo atributo de las monarquías. La monarquía mantiene como parte de su poder el decidir en última instancia si tal persona vive o si tal persona muere, y el poder decidir, encima de las decisiones de los otros, si a tal le corresponde la vida o la muerte, la libertad o la prisión. Esa libertad o esa prisión que deciden las monarquías en última instancia es lo que disputan con los regímenes republicanos. No voy a entrar a la historia más larga. Lean el informe, en el que hay una parte muy importante que se refiere al caso de nuestro país. En el Perú, por su tradición de enfrentamientos en el Virrei­ nato y en la Independencia, quienes disputaban en el régimen republicano ese control sobre la vida y la libertad eran el Congreso y el Ejecutivo. En otros países, cuando se establece la República, el presidencialismo asume esas funciones. En el caso del Perú, durante buena parte de nuestra vida republicana hasta la Constitución de 1933, quien definía esos atributos era el Parlamento y no el Poder Ejecutivo. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Nuestro presidencialismo tenía una singularidad: no estaba de su lado la capacidad de decidir sobre esos aspectos de la vida y la libertad de las perso­ nas. Recién en la Constitución de 1933 se introdu­ ce una modificación que da al Poder Ejecutivo la posibilidad de determinar sobre algunos aspectos de la libertad y la vida de las personas, pero no por completo; y con la Constitución de 1979 se completa y se fortalece el régimen presidencialista en lo que se refiere a las gracias fundamentales de amnistía, indulto y conmutación de penas. Sobre esa base, cómo la gente vive o cómo la gente puede ejercer su libertad va a ser un atributo de gracia presidencial, ni siquiera ministerial. El refrendo, que es un refrendo legal, corresponde a los ministros. La gracia no corresponde a los ministros: es un atributo propio y singular del Presidente de la República. Y tiene razón el señor Alan García cuando dice que él ha revisado los 7200 casos que le llegaron y que incluso ha conversado con Dios. Yo estoy seguro de que es verdad, porque él debe haber conversado con el espejo —o sea, consigo mismo— para ver los 7200 casos. Su ego colosal hace que él crea que conversó consigo mismo y con Dios para resolver los 7200 expedientes. La responsabilidad no es del señor Chinguel, la responsabilidad no es solamente del ministro, la responsabilidad de la firma de cada uno de esos actos es una responsabilidad directa del presidente de la República. Esa es lo fundamental de este caso y no puede ser ocultado por una sopa chamánica que alguno preparó mal ni puede ser ocultado por quienes quieren que no se vea la política. Se trata de la responsabilidad política y cons­ titucional del jefe de Estado ante estos hechos. La Constitución vigente del Perú la señala expresamente como una característica propia, como un atributo, como una potestad singular del presidente de la República, no del refrendo ministerial. Es una decisión soberana exclusiva del presidente de la República. Entonces, uno se pregunta cómo ejerció esa po­ testad el presidente de la República. Ciertamente, organizó una comisión, y esa comisión dependía de él directamente. Ni siquiera pasaba por la mediación exclusiva del ministro. Hay procedimientos establecidos institucio­ nalmente, pero la decisión última, en última instancia, es del presidente de la República. Por eso, cuando Alan García firma los documentos

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está asumiendo cada uno de los actos que como presidente de la República ha realizado para estas acciones de gracia. Él está asumiendo directa y personalmente la responsabilidad. Aunque fuera una, él asume directa y personalmente la respon­ sabilidad. No la puede derivar ni a Chinguel ni a otros ministros ni a su secretaria ni a ninguna otra persona. La Constitución le da al presidente en ejercicio esa potestad singular y específica relacionada con la vida y la libertad de las perso­ nas. De eso se trata este tema, y me parece que la Comisión ha avanzado muchísimo, porque no nos dice que hay una norma que violenta la acción constitucional, que hay una norma que genera un beneficio particular para algunos, sino que nos trae un conjunto de elementos que nos presen­ tan el ejercicio de esa potestad —de ese atributo singular que solo el presidente ejerce— en con­ tradicción con los mandatos constitucionales. El mandato constitucional le dice al presidente de la República que respete al Poder Judicial, y le saca la vuelta al Poder Judicial y crea un sistema que permite resultados judiciales diferentes de los que manda el Poder Judicial. Eso está mostrado por las cifras, y nadie las ha desmentido. En este debate no se ha presentado nada que diga que la información traída por la Comisión es falsa. Discuten interpretaciones, pero toda la información está ratificada y aceptada. Entonces, el presidente de la República, que tiene una potestad privativa propia, organiza un siste­ ma que hace que las decisiones del Poder Judicial queden en la nada, se ahoguen en la playa, queden sin ninguna función efectiva. Si se hubiera querido reducir el hacinamiento en las cárceles, se hubiera empezado por lo más simple, por la cantidad de gente que está presa sin juicio final, sin sentencia. No se hizo eso, sino que se favoreció en particular al narcotráfico. Y si se trataba de los casos por ese delito, se hubiera podido ver la situación de los burriers, pero se ha tocado a bandas, y no es una casualidad. Nadie ha desmentido que haya bandas ni que haya gente que organiza y dirige esas bandas. Otra cosa es si judicialmente es el caudillo de la banda o no. Pero nadie lo ha negado, tanto es así que tampoco nadie niega las toneladas de droga de alguien que ha sido liberado por esta modalidad. Entonces, está claro que el presidente de la República, mirándose a sí mismo en el espejo, definió la libertad de un conjunto de personas e hizo una acción paralela al Poder Judicial para beneficiar al narcotráfico en el Perú. Esa es la conclusión.

Que en esa cadena había una u otra persona, es una cosa que nadie ha negado. Primer hecho clave que presenta esta información de la Comisión que los defensores del expresi­ dente García no han podido desmentir, pues se han ido por las ramas y han empezado a discutir otros aspectos para ver si se olvidan del muerto y se preocupan de si está lloviendo afuera. Pero está probado el hecho concreto de la creación de un sistema paralelo para definir la libertad de personas que están en el narcotráfico. Un segundo aspecto clave es que no se trata de políticas públicas. Es cierto que el presidente tenía la potestad de dar los indultos y las gracias; pero no se está cuestionando que ejerza esa po­ testad. Nadie cuestiona que el presidente García haya dado esas gracias, sino las condiciones del procedimiento y los resultados de esas acciones. La política pública fue la coartada para poder hacer lo que se hizo. La política pública de limpiar más las cárceles para evitar tanto amontonamien­ to de gente suponía otras medidas concretas que no se hicieron. Las políticas públicas que están en la Constitución han sido afectadas de esa manera como se organizó el sistema de gracias presidenciales. El país requiere un Poder Judicial organizado. El Poder Judicial y los fiscales tienen una serie de dificultades para enfrentar al narcotráfico. Un fiscal denuncia a alguien y lo lleva preso por narcotráfico; pero de repente ese que iba preso lo saluda tres días después en su casa. ¿Qué pasa con el Poder Judicial en esas condiciones? Se está debilitando la institucionalidad, y una responsabilidad central del presidente de la República es garantizar los poderes públicos. No puede debilitar un poder fundamental como el Judicial. No solamente hace un organismo paralelo de libertad de personas, sino que además debilita la función de los organismos públicos. Las políticas públicas son debilitadas, desde el punto de vista del poder, por la manera como se ha hecho este sistema que otorga ilegal e incons­ titucionalmente gracias presidenciales. Con este proceso se han violentado las normas jurídicas del país, los poderes fundamentales y la propia responsabilidad presidencial. Escuché con atención a los congresistas cuando defendieron cada uno de los puntos. Se ha hablado de políticas públicas, de hacinamiento carcelario —que ya expliqué que se ha podido enfrentar de 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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otra forma—, de una simple continuación de las normas previas para conmutaciones. No se trata de una simple continuación, sino de decisiones potestativas nuevas, propias, singulares, en un contexto totalmente distinto, sino de una orga­ nización totalmente diferente de la estructura del poder y con resultados totalmente distintos. Si fuera una continuación, vendría de hace seis, diez o quince años, pero no hay ninguna relación con eso. Este sistema de utilizar esta vía para sacarle la vuelta al Poder Judicial surge con la llegada del nuevo presidente de la República en ese entonces, y hace que el narcotráfico siga ac­ tivo con su gente y sus bandas fuera de la cárcel. Por lo tanto, tampoco es cierto ese argumento de que había normas previas que solamente se estaban continuando. También se ha dicho que no había cambio de pena, sino reducción; pero nadie ha dicho que lo que se había hecho era una discusión entre te cambio la pena o te reduzco la pena. Se ha utili­ zado la conmutación o algún otro procedimiento para que el narcotraficante vaya libre a la calle a seguir con sus actividades. Eso es lo que se ha fundamentado y eso es lo que está claro. Al respecto hay testigos, declaraciones, recursos, dinero y un juicio caminando, de manera que no es algo que esté planteado fuera de la realidad. Se ha dicho también que se pretende castigar al presidente de la República por ejercer una potestad constitucional, como si la discusión fuera por que no haya gracias presidenciales. Nadie ha planteado eso. No está en el informe ni ninguna argumen­ tación lo sostiene. Han inventado fantasmas para escudar al muerto que está frente a nosotros. Nadie ha dicho que debe desaparecer la potestad del presidente de la República de dar gracias. Es una potestad que está, en el marco actual de la Constitución del Perú, en manos del Poder Ejecu­ tivo como artibución específica del presidente, solo que se ha utilizado mal, porque se ha organizado para debilitar el conjunto del Estado de derecho, el conjunto de las normas constitucionales y los poderes públicos. Eso es lo que se está señalando, no que se esté negando la potestad constitucional. También se ha dicho que la gracia presidencial es una discrecionalidad presidencial sin responsa­ bilidad, como si fuera el Estado en su conjunto. Eso me parece inaudito, es una gracia presidencial sin responsabilidad, y hay leyes que establecen características y determinadas cosas sobre las cuales no caben las gracias presidenciales. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Además de vulnerar varias de esas leyes, algunas de las cuales tienen que ver con el narcotráfico, se está creando un sistema judicial paralelo, y esa no es una potestad presidencial vía las gracias presidenciales. Eso es violentar lo que dice el marco constitucional sobre los poderes públicos. Entonces, no es cierto que por la potestad discrecio­ nal el presidente pueda hacer lo que quiera. El presi­ dente tiene un margen de acción para dar amnistías, indultos, gracias presidenciales. El presidente no puede hacerlo fuera del marco constitucional, sino que tiene atribuciones propias dentro del marco constitucional. Podría ocurrírsele al presidente, por su libre albedrío, decidir que salga de la cárcel su pariente porque está resfriado. Bueno, esa es una responsabilidad directa del presidente y se evaluará políticamente si eso trajo un daño a la nación o no lo trajo. Es libre albedrío presidencial. El presidente podría decidir no mirar al espejo, sino al conjunto de las personas y preguntarles si lo que él está decidiendo tiene o no viabilidad legal, tiene o no consistencia legal. El presidente, por decisión de él mismo, se me­ tió en esta inmensa responsabilidad como jefe de Estado, porque asumió un hecho que no le correspondía ni le competía. También un congresista ha señalado que es una infracción constitucional no tipificada. Pido que se lean los artículos 99.° y 100.° de la Constitución. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Se va a dar lectura a los artículos 99.° y 100.° de la Constitución Política del Perú. El RELATOR da lectura: “Constitución Política del Perú Artículo 99.°.— Corresponde a la Comisión Per­ manente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas. Artículo 100.°.— Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, sus­

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pender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad. El acusado tiene derecho, en este trámite, a la defensa por sí mismo y con asistencia de abogado ante la Co­ misión Permanente y ante el Pleno del Congreso. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el Fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días. El Vocal Supremo Penal abre la instrucción co­ rrespondiente. La sentencia absolutoria de la Corte Suprema devuelve al acusado sus derechos políticos. Los términos de la denuncia fiscal y del auto aper­ torio de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso”. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Continúe, congresista Manuel Dam­ mert. El señor DAMMERT EGO AGUIRRE (AP-FA).— En nuestro marco constitucional, señor Presidente, esa atribución tan singular y tan especial que se le da al Poder Ejecutivo sobre indultos y gracias llevan a que el presidente pudiera cometer, en el ejercicio de esa potestad privativa, una infracción constitucional. Podría cometer también, de repen­ te, algún delito, y si lo comete durante su ejercicio presidencial tendrá que ser evaluado posteriormen­ te al servicio presidencial, porque no hay forma de hacerlo como responsabilidad durante el servicio presidencial. Si es después, tendrá que verse si va como delito o como infracción. En este caso, tal como se ha establecido en la investigación, el crear un sistema judicial para­ lelo que afecta las decisiones del Poder Judicial respecto a la política contra el narcotráfico, el favorecer a determinados sectores cabecillas del narcotráfico e integrantes de bandas del narco­ tráfico —que son delitos mayores—, el favorecer afectando la política del Estado en su conjunto, todo eso lo lleva a una infracción constitucional. El presidente incurre en una infracción a los actos determinados por la Constitución, a la cual está obligado a corresponder en sus capacidades potestativas de atribución propia. El informe de la Comisión no está planteando en esta ocasión —a mi entender, positivamente—

declarar la inhabilitación del presidente, sino que el presidente ha cometido una infracción constitucional, y esta tiene que ser merituada por la denuncia ante la Comisión de Acusaciones Constitucionales, porque la tipificación exacta del delito constitucional, la tipificación exacta de la infracción constitucional y la diferencia entre ambas tendrá que hacerse en el momento que así lo amerite un acuerdo del Congreso. Y tendrá que hacerse la denuncia correspondiente con la rigurosidad del caso. Aquí tenemos indicios, singularidades del caso, y eso no amerita la obligación de tomar una decisión. No es factible, a estas alturas, decir que no está tipificado el delito y que no se puede hacer nada; o que la inhabilitación es un tema que debe dis­ cutirse si previamente hay una ley. Desde hace un buen tiempo tengo una discusión con el congresista Mulder. La defensa final del pre­ sidente García va a darse cuando venga el debate sobre la inhabilitación. Él ha dicho públicamente que si no hay una ley que establezca las caracte­ rísticas de la inhabilitación, no se puede aplicar la inhabilitación planteada por la Constitución. Eso no es cierto. Si lo fuera, la inhabilitación al presidente Fujimori, al igual que otras inhabilita­ ciones, no las hubiera podido hacer el Congreso. Se trata de un tema bien discutible, y creo que no han planteado la discusión ahora porque no es este el momento en que se discutirá, sino cuando venga la votación de la inhabilitación en cuanto tal, con todas las singularidades, características y determinaciones del caso. Ahora estamos viendo el conjunto de indicios y pruebas que muestran que hay una responsabi­ lidad privativa presidencial y una vulneración de los procedimientos constitucionales que afectan intereses nacionales, que afectan obligaciones constitucionales y nacionales. Eso está claro. Eso nadie lo puede negar con relación al tema del narcotráfico. Eso está clarísimo. Que eso suponga una u otra modalidad, una u otra determinación, tendrá que ser visto en el proceso de la acusación constitucional y del juicio político en la escala de declarar la inhabilitación. Pero no estamos en ese momento todavía. El país ha seguido con mucha atención este debate porque está preocupado por su democracia y quiere saber qué ha pasado; cómo nos hemos vuelto el primer país exportador de cocaína del mundo; cómo 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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nos hemos vuelto un país con un Estado mafioso en el que por todos lados hay corrupción con su parte troncal en el narcotráfico; cómo hay tanta permisibilidad y tantas posibilidades de acción del narcotráfico; cómo hay tanta mano blanda con el narcotráfico. El narcotráfico puede hacer o desha­ cer lo que quiera, y el país está preocupadísimo.

veinte años, una persona agraviada con su padre muerto. El Estado, bien gracias. La Contraloría recién se ha puesto a trabajar y se ha instalado en las instituciones. En el caso de Tumbes, gracias a un parlamentario nuestro, porque tampoco había absolutamente nada; pero se llegaron a encontrar hechos ilícitos en el manejo de los fondos públicos.

Aquí hay un tema fundamental no de un minis­ tro, sino de un presidente de la República que ha utilizado su función propia privativa afectando las características constitucionales del régimen político en el Perú para crear un régimen paralelo al Poder Judicial y beneficiar al narcotráfico. Es un problema gravísimo, y el país está preocupado.

Fueron esfuerzos individuales en la lucha contra la corrupción mientras el Estado estaba paraliza­ do. Estamos acostumbrados al 10% de la coima y a perdonar los actos de corrupción, y mientras tanto no hay hospitales ni colegios.

¿Qué va a hacer el Congreso ante eso? ¿Va a decir: “todavía no llueve muy fuerte” o “todavía no tomé mi sopa chamánica”? No, el Congreso tiene que mirar esto con atención, y todas las fuerzas políticas, más allá de nuestras diferencias y en función del Perú, debemos respaldar y aprobar el informe que trae la Comisión investigadora, de modo que se dé un procedimiento adecuado para enfrentar este problema tan grave que tiene el país y para que nunca más sea una potestad propia, singular, privativa del Presidente una discrecionalidad con estas características tan nefastas para nuestra patria. Que sea una obligación presidencial cumplir estrictamente con el mandato constitucional y con el mandato del pueblo peruano. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— El turno le corresponde al congresista Yonhy Lescano. El señor LESCANO ANCIETA (AP-FA).— Señor Presidente, el Congreso, a través de este debate, tiene que buscar un cambio de rumbo en el Perú, porque estamos acostumbrados al borrón y cuenta nueva, a decir: “no importa, se le ha pasado al Gobierno y tenemos que perdonar y mi­ rar hacia adelante”. Y siguen los corruptos, siguen los robos al pueblo, siguen las irregularidades. Y el Perú está comenzando ahora a trabajar en ese sentido por la persistencia de algunas personas, ni siquiera del Estado ni de sus instituciones titulares, sino de particulares agraviados que se han visto vulnerados en lo más profundo de su integridad familiar. En el caso de Áncash, ¿quién ha empujado la lucha contra la corrupción? Una muchacha de Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Así es la política en el Perú, y tanto este debate respecto a un ex presidente de la República como estas luchas que se están dando en las regiones contra presidentes regionales corruptos tienen que cambiar el rumbo. Nada de borrón y cuenta nueva. Y si tiene que responder el ex presidente Alan García por los cuestionamientos que le han hecho acá, lo tiene que hacer, porque no queremos que las futuras generaciones se queden con la idea de que el Congreso no responde ni va a responder frente a los actos de corrupción que pudieran presentarse en el país. Queremos un futuro distinto y una política que sea verdaderamente constructora del bienestar general, no promotora de intereses privados ni corruptelas, ni de gente que entra con una mano atrás y una adelante y se vuelve millonaria sin que puedan justificar los patrimonios que tienen. Como el Estado no investiga los patrimonios oscuros, esos hechos ilícitos quedan oleados y sacramentados y la política se va embarrando cada día más. Entonces, tenemos que construir un país democrático, no un país en el que los políticos se aprovechen de la política y se hagan millonarios mientras en los distritos del sur y del norte no tienen agua ni luz ni desagüe y se muere la gente por falta de medicinas en el SIS y EsSalud. Una clase privilegiada hace y deshace y no pasa nada. Es una realidad que hay que enfrentar. Los peruanos y los políticos de buena voluntad tienen que estar en la lucha permanente así vengan ataques y difamaciones. El Congreso decidió investigar al expresidente Alan García por acuerdo de todos los grupos políticos, incluido el APRA. Entonces, no me vengan con que hoy estamos haciendo una alianza malévola para crucificar y liquidar a un potencial candidato presidencial.

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No me vengan con eso, porque todos, incluso los grupos políticos que tienen muy buena amistad política con el APRA, votaron a favor de consti­ tuir esta comisión que hoy día ha sustentado el informe. Hay que aclararle al país que no hay ninguna venganza, ningún intento de liquidar política­ mente a nadie, y menos a Alan García, que es un hombre político con gran experiencia no solo en el Gobierno, sino también en el Parlamento y en la vida partidaria. Aquí no hay ningún tipo de persecución ni de alianza que esté buscando provecho para el fu­ turo. El único provecho tiene que ser que el país funcione bien y que los gobernantes actúen bien. He sido miembro de la Megacomisión algunos pocos meses. Mi partido decidió trabajar indi­ vidualmente en el Parlamento con su lema y su símbolo; por eso hicimos Acción PopularFrente Amplio con otros parlamentarios de este Congreso nacional. Pero puedo decir que en el Gobierno aprista, en el Gobierno anterior, se produjeron hechos que deberían ser investiga­ dos junto a los narcoindultos, que fue un tema que salió a debate al momento de constituirse la Megacomisión. Están el asunto de los colegios emblemáticos; la desaparición de pruebas del caso BTR, de los petroaudios, de los petronegocios; el caso de Co­ llique; el caso de la sobrevaloración de obras para el agua. Están todos esos casos graves. En el caso de los colegios emblemáticos, se in­ virtieron mil doscientos cincuenta millones de nuevos soles, pero lamentablemente muchos de esos colegios están en el suelo o están mal cons­ truidos. Son mil doscientos cincuenta millones de nuevos soles que no les han servido para mejorar la infraestructura de los colegios. Bueno, en Tumbes se han dispuesto veinte o treinta millones. El presidente regional está fugado porque el fiscal ha solicitado su captura por un caso de mal manejo de fondos públicos. ¿No es un delito que se hagan agua mil doscientos cincuenta millones? Por lo menos se presume que hay delito. Por eso es por lo que señores presidentes regionales están con órdenes de captura y procesados en fiscalías de lavado de activos y de corrupción por estos hechos de mal manejo de obras que conllevan presunción de dolo, porque ha tenido que haber dolo para la disposición de este dinero.

¿Qué paso en el Gobierno aprista? ¿Tiene directa participación el expresidente Alan García? Obviamente, porque el expresidente Alan García firmó decretos de urgencia a través de los cuales decidió, con sus ministros, construir obras por muchos millones de nuevos soles sin ningún control y contratando las empresas a dedo. Entonces, no vale que digan que el expresidente Alan García no tuvo participación directa ni hizo absolutamente nada, porque él firmó decretos de urgencia -que solo sirven para enfrentar emer­ gencias- para obras públicas sin ningún control. Ahí están los informes que oportunamente se presentarán aquí en este Pleno. ¿Acaso eso está legalizado por el hecho de ir en un decreto de urgencia? No está legalizado, porque esos decretos de urgencia se han dictado vulnerándose principios y normas para disponer de dinero fácilmente. ¿Qué más se hizo? Se derivó la contratación de las empresas a los secretarios generales de los ministerios. ¡Miles de millones de nuevos soles manejados por secretarios generales de los ministerios! Así pasó, por ejemplo, en el Ministerio de Educación. ¿Usted cree, señor Presidente, que un secretario de un ministerio va a contratar empresas por mil doscientos cincuenta millones de nuevos soles? ¡No, pues! Era una forma de blindarse, porque eso le permitiría decir que no lo tocaran, que el responsable era el secretario del ministerio que había hecho los contratos. Se construyó todo un armazón legal para disponer plata fácilmente y sin ningún control. ¿Quién firmó los decretos de urgencia? El expresidente Alan García Pérez. No me digan que no tiene ninguna intervención. Caso BTR, señor. ¿Quién dispuso el operativo a la casa de la señora Giselle Giannotti para que ingresen y encuen­ tren los USB donde se habían grabado todas las conversaciones de los negocios petroleros? Por versión del ex ministro del Interior del gobierno aprista y ex director general de la Policía, el señor Hidalgo, fue el mismo expresidente Alan García Pérez. ¿Tuvo participación directa? Obviamente, tuvo participación directa. Nadie se lo encargó. No fueron ni el fiscal ni el general, sino el expre­ sidente, según versión de uno de sus ministros y un director general de la Policía. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Vemos que tuvo participación el expresidente Alan García; por eso, consideramos que tiene que pasar por los procesos de investigación del Parlamento. Vamos a entrar ahora al caso de los narcoindultos. Han dicho que los responsables son Facundo Chinguel y la Comisión, porque firman con su ministro y no pasa nada. Al parecer no se dan cuenta de que la gracia para dar indultos y con­ mutación de penas es personalísima del presidente de la República. Nadie más que él puede dar ese tipo de gracias a los internos. Los indultos y la conmutación de penas son derecho personalísimo del presidente de la República. Pueden decir que los demás presidentes han dado estos indultos y conmutación de penas; pero los colegas del APRA deben tener presente las declaraciones del señor Facundo Chinguel que constan en el informe en el sentido de que los nar­ coindultos los promovían con la difusión de una carta que el expresidente García habría enviado a todos los internos del país para comunicarles la prerrogativa constitucional de concederles el indulto o la conmutación. Así lo dijo el señor Miguel Facundo Chinguel el 17 de abril de 2013 ante la Comisión. Quien estaba promoviendo que salgan los internos vía indulto y vía conmutación de penas era el mismo expresidente Alan García Pérez. ¿Quién lo dice? No algún especulador por ahí, sino el señor Facundo Chinguel, quien, según el presidente de la República, era un hombre instruido que se manejaba muy bien y del que tenía el mejor concepto. ¡Participación directa del expresidente Alan García Pérez! Posteriormente sale una especie de ejército de promotores de los indultos a los penales de todo el Perú llevando la carta del expresidente Alan García. Era una especie de cazadores, como los promotores de las AFP o los vendedores de cosas, que salían a ofrecer los indultos como si fueran una mercancía. Con esa carta buscaban especialmente a gente que estaba acusada por narcotráfico. Aquí tengo algunas relaciones. “No, se trata de burriers nomás, de jóvenes que estaban equivo­ cados”. Jorge Elecier Ordóñez Huamán, con­ mutación de pena de quince a siete años; Jaime Bernardo Pardavé, de quince a doce años; Matías Rengifo Valles, de quince a cuatro años; Lilia Escalante Mozombite, de quince a cuatro años, William Gómez Vásquez, de quince a cuatro años, entre otros. Son casos de delito de narcotráfico Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

agravado, porque las penas eran a partir de los quince años de prisión. Comenzaron a salir señores que habían sido pro­ cesados y sentenciados a quince años de prisión. Entonces, otros internos se preguntarán: “Si sacan a un narcotraficante que estaba senten­ ciado por delito agravado, ¿por qué no a mí si yo solamente incurrí en una estafa?”. No sé si han leído el artículo 8.° de la Constitu­ ción. Ahí dice bien clarito: “El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Asimismo, regula el uso de los tóxicos sociales”. El presidente de la República es el que personi­ fica a la Nación; por lo tanto, está al frente del Estado en la organización jurídica de la Nación. ¿No se ha vulnerado ese artículo al sacarse a nar­ cotraficantes por miles con carta de por medio y con un ejército de promotores que ofrecían este tipo de beneficios que otorgaba el presidente de la República? Entonces, se tiene que seguir el procedimiento para establecer responsabilidades en el Parla­ mento. Pero el asunto no queda ahí, sino que además el presidente dice que han despoblado las cárceles a través de los indultos y a través de las conmutaciones de pena, que la población penal va a reducirse y que el Estado va a poder mantener bien las cárceles. Los propios ejecutores de las conmutaciones y los indultos le han dicho que no era así. Y aquí está, en la página 91 del informe, lo que dice la doctora Rosario Fernández, ex ministra de Justicia, en su declaración del 19 de diciembre de 2012 en la Megacomisión. Ella señala que las conmutaciones de penas a los internos que habían sido favorecidos no respondían a un proyecto de despoblamiento carcelario, que no habían sacado a los presos para despoblar las cárceles. Y no solamente ella desmiente al ex presidente de la República Alan García Pérez, sino que también el mismo señor Miguel Facundo Chinguel, en su declaración del 17 de abril de 2013 en la Megacomisión dijo que no había un proyecto de despoblamiento carcela­ rio para la entrega de indultos y la conmutación de penas. Entonces, esa tesis del señor ex presidente de la República en el sentido de que estaban dando indultos y conmutaciones de penas para despoblar las cárceles, de acuerdo con las declaraciones de dos ex funcionarios del ex presidente de la Re­ pública, es falsa. ¿Por qué los dieron? Ahí está la otra versión de que estaban licitando las conmu­

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taciones a diez mil dólares por día, y eso se tiene que profundizar en la investigación. Tenemos aquí una serie de versiones y pruebas que establecen responsabilidades directas del expresidente. Aquí están las normas. ¿Cuándo procede la con­ mutación de penas en narcotráfico? Se comienza con la Ley 22095 y vamos al Decreto Legislativo 122, a la Ley 23689 y finalmente a la Ley 24388. En ninguna de ellas se faculta al presidente de la República a la conmutación de penas por narcotráfico. No es que indiscriminadamente se hayan dado estos beneficios por narcotráfico, especialmente la conmutación de penas, sino que estaba prohi­ bida la conmutación de penas por narcotráfico. El expresidente García otorgó la conmutación de penas habiendo norma expresa que establecía lo contrario, y eso tiene que establecerse no solo en este debate, sino en el análisis jurídico que se tiene que hacer después de la acusación constitucional. Tenemos que ser responsables con el país, es­ tablecer las cosas claras y recobrar la decencia en la política. No podemos cerrar los ojos ante tanta evidencia ni ante tanta realidad. Los hechos concretos respaldan una continuación de respon­ sabilidades no solo al presidente, sino también a los ministros de Estado. La bancada de Acción Popular-Frente Amplio va a respaldar el informe presentado por la Megaco­ misión, porque pensamos que hay vinculaciones directas del expresidente Alan García con los hechos que han sido materia de investigación, y el Parlamento Nacional tiene que hacer las indagaciones correspondientes de la forma y en las condiciones que señala la ley. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene el uso de la palabra la congre­ sista Martha Chávez. La señora CHÁVEZ COSSÍO (GPFP).— Presidente, quiero comenzar mi intervención con el recuerdo de un poema que se le atribuye erróneamente a Bertolt Brecht, porque pertenece al reve­ rendo Martín Niemöller, un alemán sobreviviente de los campos de concentración nazis. Él, llamándonos a nosotros a no ser indi­ ferentes, dice lo siguiente:

Primero apresaron a los comunistas, y no dije nada porque yo no era un comunista. Luego se llevaron a los judíos, y no dije nada porque yo no era un judío. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque yo no era ni obrero ni sindicalista. Luego se llevaron a los católicos, y no dije nada porque yo era protestante. Hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde. Presidente, ese poema, ese pensamiento, esas reflexiones me llevan a pensar que hoy se está reproduciendo aquello que se señaló a propósito del holocausto judío, y es que la indiferencia y el no luchar en su momento por los principios nos pueden pasar la factura después. Cuánto me hubiera gustado que expusieran los enjundiosos y muy principistas argumentos que hoy escucho en los defensores del expresidente Alan García; y cómo me hubiera gustado que el propio expresidente Alan García, como líder de un partido político y persona de habilísima capacidad intelectual, levantase la voz señalando lo que hoy han dicho aquí respecto al debido proceso, la pre­ sunción de inocencia, que no existe el tema este de la autoría mediata, que no se puede condenar a un expresidente, etcétera, etcétera. Este Congreso y quienes hoy defienden al expre­ sidente García participaron de un acto gravísimo de violación al debido proceso en contra de un expresidente que si alguna responsabilidad ha tenido, ha sido la de salvar al país después de la quiebra más espantosa en que lo dejaron los go­ biernos de las décadas anteriores a 1990. Fueron dieciocho procesos y denuncias constitucionales en los que no se le señaló un abogado para que lo defienda, en los que no se actuó ninguna prueba, en los que no se le dio ni siquiera la precisión de si era investigado, condenado o denunciado. ¡Nada! Se le inhabilitó y se le impidieron sus derechos políticos a pesar de que el artículo 33.° de la Constitución claramente dice que solo se puede privar de los derechos ciudadanos a una persona que tenga sentencia judicial firme. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Nada de eso se dijo. Hoy el presidente Alberto Fujimori está preso por actos de su gobierno, por haber decidido una guerra sucia contra los terroristas; pero no hay ninguna prueba de eso. Por el contrario, los elementos que existen de­ muestran que salvó al Perú del peligro y de las graves violaciones que el terrorismo significaba para todos los peruanos. Tenemos a nuestro expresidente preso. Los que hoy asumen principios y derecho a la defensa no dijeron nada en su momento. Y los que están al frente hoy acusan al expresidente García y han hecho una megacomisión. Siempre dije que no era posible una megacomisión, porque no se puede investigar en abstracto y con vaguedad a un presidente, porque si no el día de mañana, cuando ellos estén fuera del poder, será con ellos lo mismo y peor aún. ¡Cuánto me recuerda esto la situación vivida! En el informe sobre los llamados narcoindultos se habla de que se ha beneficiado a personas culpables del delito, incluso agravado, de tráfico ilícito de drogas. Y se argumentan aspectos como despoblación de las cárceles, cuando la mayor parte de los internos cumple condena por delitos que no son de tráfico ilícito de drogas, sino contra el patrimonio. A los condenados por delitos contra el patrimonio no se les indultó. Esto me hace recordar lo que ha pasado en el Perú en los escasos seis o siete meses del gobierno de transición, durante el cual se dieron normas como la Ley 27468, aprobada por el Congreso presidido por el señor Carlos Ferrero Costa y promulgada por el presidente del Congreso encargado de las funciones del despacho presi­ dencial. Nunca fue el señor Paniagua —que en paz descanse— un presidente constitucional de la República, por más que haya usado el sello, porque los presidentes del Congreso, a falta de fórmula presidencial, a falta de presidente, pri­ mer vicepresidente y segundo vicepresidente de la República, lo único que hacen es asumir, en tanto sigan manteniendo la condición de presi­ dentes del Congreso, las funciones del despacho presidencial hasta que se realicen las elecciones que imponga al nuevo presidente constitucional de la República. En el Perú se elige una fórmula presidencial: presidente de la República y dos vicepresidentes. Ante la falta de todos ellos, la Constitución señala que debe el presidente del Congreso asumir las funciones del despacho presidencial, pero nunca el cargo de presidente de la República. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Pues bien, ese presidente del Congreso encarga­ do del despacho presidencial promulgó esa ley, y quien la refrendó fue el ministro de Justicia, el señor Diego García Sayán, muy caro a ese Gobierno y también muy caro al gobierno del señor Alan García, porque con dinero del Estado peruano se hicieron todos los lobbies necesarios para que llegue a ser juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora lo han hecho —creo— responsable del Museo de la Memoria. Este señor García Sayán, el presidente del Congre­ so y el presidente encargado de las funciones del despacho presidencial promulgaron la Ley 27468 el 31 de mayo del año 2001, que fue publicada el 1 de junio de 2001, apenas faltando un mes para que se instaurara el nuevo gobierno constitucional. Y ¿qué dijeron acá en esta ley? Eximían del pago de reparación civil en caso del indulto a los que sean beneficiados por el derecho de gracia o del indulto para delitos de terrorismo o traición a la patria. Es decir, una norma específica para beneficiar a los terroristas. Los delincuentes que cometen delitos comunes y pueden ser objeto de indulto o conmutación de pena hasta por razones humanitarias tienen que pagar la reparación civil que deben a sus víc­ timas, pero los señores terroristas, desde el año 2001, no. Y a esto se agregan indultos de los que no podemos tener mayor prueba porque fueron considerados secretos y no se publicaron en el diario oficial El Peruano, e indultos repetidos en menos de seis meses a un mismo terrorista que estaba condenado a veinticinco años. Primero le bajaron la condena a diecinueve años; y después de dos tres meses, a siete años, para que saliera en libertad de inmediato. Acá tengo un caso que es muy sonado, el de un terrorista condenado por pertenecer a Sendero Luminoso. No tenía ni treinta años de edad cuando le hacen merecedor del indulto por resolución del 5 de julio del año 2001, cuando era encargado de la Comisión de Gracias Presidenciales un conocido oenegero que lo benefició, lo presentó y lo auspició para que consiga el indulto; y luego lo involucró en su ONG, donde sigue trabajando hasta ahora vivito y coleando. ¿Por qué? Porque tenía diabetes. ¿Cuán­ tas personas tienen diabetes? Muchas, y siguen trabajando y no se benefician de ningún indulto. Así como estos, hay decenas de casos. Por un principio de coherencia, de justicia, si se habla de los indultos mal otorgados durante el

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gobierno del expresidente Alan García, tendría­ mos que ir también a los indultos mal otorgados al terrorismo durante los seis meses que duró ese gobierno de transición, y así deberíamos demostrar que sí nos preocupa cómo se ejerce la facultad presidencial de indultar. Dicho sea de paso, es bueno aclarar que ni el indulto ni la amnistía son para inocentes, sino para culpables. Son perdones previstos como un derecho humano fundamental no solo en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos. Están previstos como un derecho que siempre se puede exigir, incluso para los condenados a pena de muerte. Y ojo que no se condena por pena de muerte a quien hace un delito leve. En un mundo cada vez más libre de la pena de muerte, esta se aplica a quienes cometen delitos atroces. Pero aun esos delincuentes responsables de delitos atroces pue­ den ser objeto de indulto, de amnistía. Entonces, tratemos de ser coherentes. Se ha dicho acá que los presidentes son irres­ ponsables, como si fueran los reyes que jamás se equivocan. En el derecho constitucional peruano, ¿un presidente no puede ser responsable de deli­ tos? Yo digo que eso no es cierto. Es cierto que los presidentes tienen una absoluta incapacidad para actos solitarios. A sola firma, no vale nada; pero eso no quiere decir que a sola firma no cometan infracción o no cometan delito. Lo que pasa es que a sola firma no vale nada porque el Estado no está involucrado y no se hace responsable de esos actos. Para que valga y el Estado reconozca y se implique en una acto presidencial, ese acto presidencial tiene que estar refrendado por un ministro. Eso lo dice el artículo 120.° de la Constitución. Asimismo, el artículo 128.° de la Constitución añade que los ministros son res­ ponsables personalmente de sus propios actos, pero también lo son de los actos presidenciales que refrendan; y además dice, en su segundo párrafo, que los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el presidente de la República —de manera que el presidente de la República sí puede incurrir en delito de función— o que se acuerden en Consejo. Si no existiera la posibilidad de que un presidente cometa delito, no tendríamos por qué tener al pre­ sidente Fujimori injustamente acusado, preso e incomunicado. Además, no valdría el artículo 99.°, el cual señala que el presidente de la República,

junto a otros altos funcionarios, puede ser objeto de acusación por el Congreso por delito cometido en el ejercicio de sus funciones o por infracción a la Constitución. Para darle estabilidad a un gobierno, el artículo 117.° de la Constitución exige una inmunidad es­ pecial exclusiva para el presidente de la República, quien, mientras esté en el ejercicio del mandato, solo puede ser acusado por algunos delitos, faltas, violaciones o infracción a la Constitución: traición a la patria; impedir elecciones presidenciales o parlamentarias, regionales o municipales; disol­ ver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134.° de la Constitución; e impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos del sistema electoral. Entonces, sí es posible que un presidente de la República sea objeto de acusación por infracción a la Constitución o por delito cometido en el ejer­ cicio de sus funciones, o incluso por delito común cuando no esté en el ejercicio del cargo. Entonces, en el caso concreto que nos ocupa, ha­ bría que determinar si el ejercicio de la facultad presidencial de otorgamiento de indultos o con­ mutaciones de pena —que han tenido, como se dice en el informe, siempre la firma presidencial y el refrendo ministerial de los distintos ministros que han pasado por la cartera del Ministerio de Justicia— refleja una línea dolosa, maliciosa de beneficiar a algún sector de la población penal y obtener alguna prebenda. No es cierto lo que he escuchado decir a un congre­ sista en el sentido de que de principio el ejercicio de una función constitucional no puede ser objeto de señalamiento de conducta delictuosa. Sí lo pue­ de ser, porque así como uno puede ejercer como congresista su facultad de iniciativa en materia legislativa, sería delictuoso que a uno le paguen o le den alguna prebenda por presentar un proyecto de ley, porque sería una atribución constitucional ejercida de manera dolosa, maliciosa. En el caso concreto del presidente García y de los funcionarios que lo acompañaron en la gestión sectorial, habría que determinar si existe esa línea, Presidente. La Corte Suprema ha señalado los criterios para la asociación ilícita y precisa que deben existir una organización, una permanencia en el tiem­ po y la voluntad del ejercicio de una conducta indebida. Eso es lo que debemos determinar si existió aquí. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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En el Congreso de la República no tenemos que en­ contrar pruebas, tenemos que encontrar indicios. Siempre he manifestado que habría que modificar nuestra Constitución y nuestras normas para que el Congreso no haga tipificaciones expresas de tipo penal. Que exprese hechos, nada más, y que envíe los antecedentes, cuando se considere que esos hechos pueden implicar una conducta penal, al Ministerio Público para que este formalice, dentro de sus atribuciones, la denuncia penal, la cual deberá ser resuelta por el Poder Judicial. Mucho se ha criticado el artículo 100.° de la Cons­ titución. Se ha dicho que es una norma inconsti­ tucional metida en la propia Constitución porque obliga a que el Ministerio Público, en los casos de acusación de contenido penal del Congreso de la República, formule la denuncia. Si bien técnicamente eso podría ser objeto de discusión, lo más importante de la vocación de esa norma —aun cuando pudiera significar una agre­ sión a la independencia funcional del Ministerio Público, de la Fiscalía de la Nación— es que cubre y protege de los acomodos para evitar —como se ha visto en el pasado— que un fiscal de la Nación reciba los antecedentes y por conveniencia, por compadrazgo, por compañerismo, por lo que sea, decida no formular la denuncia y con ello impedir que el Poder Judicial haga lo que le corresponde, que es investigar si hay delito y castigarlo. Las conclusiones a las que arriba el Congreso de la República no previenen ni determinan que el Poder Judicial no enmiende la plana del Congre­ so. Eso sucedió en el caso concreto mío. A mí me acusaron de comisión de un delito y también de un delito de receptación, que no es un delito de función. Pero me acusaron y sin darme el derecho de defensa, porque yo estaba internada en una clínica y era atendida por el seguro del propio Con­ greso. No me dieron la posibilidad de defenderme y me suspendieron y me mandaron a juicio penal. Después de tres años y medio de batallar en el Poder Judicial, dos salas supremas, una de tres y otra de cinco, me absolvieron por unanimidad. Entonces, esa es la principal muestra de que lo que decidamos acá no previene ni determina que el Poder Judicial considere lo mismo que aquí estamos considerando. Señor Presidente, más allá de la responsabilidad, más allá de la identificación y el respeto que tenemos que tener por toda persona, y más aún, habiendo sido presidente de la República, lo que tenemos que determinar aquí es si existió alguna orientación para beneficiar indebidamente a los indultados por delito de narcotráfico. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

He escuchado acá que indultar a personas condena­ das por delito de narcotráfico suena muy feo; pero hace unas pocas semanas hemos aprobado una ley que permite que condenados por delito de narcotrá­ fico vuelvan a insertarse en el círculo internacional. A los extranjeros no los hemos mandado a purgar carcelería en su casa, sino que les hemos dado la posibilidad de que salgan libres. Es cierto que los vamos a expulsar y que ya no van a estar en el Perú, pero podrán insertarse en otra organización delin­ cuencial. El delito del narcotráfico es internacional y va más allá de las fronteras de los países. Nos espantamos con esto de los narcoindultos; pero nosotros también hemos favorecido y es­ tamos favoreciendo ingenuamente ese mismo delito tan grave. Entonces, tratemos de ser congruentes. Reitero que me hubiera gustado que todo lo que se ha dicho hoy en defensa del presidente Fujimori y lo que se dice del presidente Alan García se pue­ da decir todavía en favor del presidente Alberto Fujimori. Él ha sido condenado solitariamente. No hay ningún ministro condenado, a pesar de que él ha sido condenado por acto de gobierno. No quiero que a los ministros del fujimorismo los metan presos, lo que quiero es que el presidente Fu­ jimori salga libre, porque ha sido objeto de violación al debido proceso, ha sido objeto de persecución, ha sido objeto de acusación sin ninguna prueba. Se trata de la aplicación malvada de una teoría que el Perú no acepta, porque para el Perú el delito tiene que ser probado y es una responsabilidad individual. No hay responsabilidad delictiva de carácter objetivo. Sin embargo, se aplica al presi­ dente Fujimori la teoría de la autoría mediata, que es para organizaciones que, como la Nazi, tienen en sus idearios el agravio, el genocidio, el delito, cosa que nunca se ha probado ni se probará, porque no existe respecto del fujimorismo. Los hechos demuestran que quien más respetó y más defendió los derechos humanos de los perua­ nos ha sido el gobierno del presidente Fujimori. Él tuvo una política de verdadero cerco al terro­ rismo, de verdadera inclusión de las poblaciones a través de los comités de autodefensa, a través de los ronderos, guiados por una Fuerza Armada que aprendió dolorosamente, a lo largo de más de una década, cómo combatir a un enemigo tan atroz como el terrorismo. Sin embargo, a ese expresidente lo tenemos preso. ¿Queremos que también el presidente García pase por lo mismo? ¿Queremos que el presidente Humala

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pase por lo mismo cuando sea expresidente? Yo creo que no debe suceder eso. Entonces, todo lo que pedimos aquí son indicios y darle la oportunidad a la persona para que venga a defenderse. Si el presidente Alan García tiene una capacidad de oratoria extraordinaria y es una persona en extremo inteligente y valiente —porque sé que a varios congresistas que quisieron arrinconarlo les ha dicho sus verdades en su cara—, ¿por qué no se defiende?, ¿por qué se ampara en una ca­ reta judicial que para todos es dudosa, dadas las influencias que evidentemente tiene el Partido Aprista en el Ministerio Público y en el Poder Judicial? Mejor sería que dé la cara, que enfrente, y creo que hasta podría salir airoso. Pero comencemos por ser coherentes. Mientras el presidente Alberto Fujimori esté preso injus­ tamente, no tiene sentido ninguna defensa que se pueda hacer aquí sobre el expresidente García, ni mañana sobre el expresidente Humala. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Luis Iberico Núñez).— Tiene la palabra la congresista Celia Anicama. La señora ANICAMA ÑAÑEZ (NGP).— Señor Presidente, quiero hacer un paréntesis respecto al tema en cuestión en este Pleno. Quiero comunicarle a todo el país, a través de este Congreso, que hoy, hace aproximadamente una hora, ha habido un atentado contra comunicadores sociales que están detrás del cuestionamiento al alcalde de la provincia de Pisco, quien les ha enviado a cuatro sicarios y a su asesor o vocero, el señor Tito Parodi. Está en este momento toda la prensa en el Hospi­ tal San Juan de Dios de Pisco, donde han tenido que ser intervenidos dos personas del Canal 41, que emitía la noticia sobre quien fuera cuestiona­ do en esta Comisión de Fiscalización y del asunto respecto a la querella que se le impuso por motivo de la difamación hacia mi persona. Señor Presidente, ha habido cuatro atentados contra mi vida. Incluso es probable que la próxima semana no pueda venir, porque estoy amenazada por ese personaje que dice ser el alcalde de la provincia de Pisco.

Ha habido constantes amenazas y ahora han dejado ensangrentadas a estas personas en pleno programa al aire en el Canal 41 de la provincia de Pisco. Y para conocimiento de la prensa digo que he ve­ nido siendo amenazada constantemente. Incluso ahora último me sacaron de la Comisión siendo accesitaria, pero no me limito de seguir haciendo esos cuestionamientos que responden a un pedido de la población de Pisco ante los malos manejos de la Municipalidad Provincial de Pisco. Una muestra de ello es que la Caja Municipal de Pisco fue intervenida por la SBS debido a malos manejos que han llevado a un déficit de cuatro millones y medio. Ahora estoy dando a conocer esta emergencia por­ que toda la prensa está en el Hospital San Juan de Dios. Los señores periodistas pueden comunicarse con sus voceros y representantes en la provincia de Pisco, porque en estos momentos están por entrevistar a Félix Huamán Siguas, quien tiene cuatro puntos en la cabeza a consecuencia de la agresión que sufrió con amenaza de muerte. El señor Félix Huamán Siguas me llamó por te­ léfono cuando ya había sido víctima de agresión el administrador. En ese momento he llamado al general de la región Ica, quien se ha comunicado con la policía de Pisco. Cuando los agresores han advertido la intervención policial han tenido que correrse. Pero podemos imaginarnos lo que hubiera ocurrido si no hubiese tenido ese nexo. Lamentablemente, eso está sucediendo en la pro­ vincia de Pisco. Mi trabajo de fiscalizar de manera transparente me ha obligado a defender, a través del Congreso, los intereses de un pueblo olvidado por gobiernos anteriores. Y quiero acotar, si verdaderamente se está fis­ calizando, que mucho tiene que ver el Gobierno anterior. Nada tengo contra el Partido Aprista, pero ahora estamos en otro período, que es el alanismo, señor Presidente. Mi cuestionamiento fue por pedir que se investi­ gue qué sucedía con Forsur [Fondo de Reconstruc­ ción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de Agosto de 2007] ante toda la pobreza que dejó el terremoto del 2007, pues se detectaron más de doscientos casos de robos extremos contra los damnificados de la provincia de Pisco. Sobre los malos manejos, hay pedidos de los regidores que se hicieron efectivos en la octava 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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sesión de la Comisión de Fiscalización. Se iban aplazando y aplazando. ¡Tanto misterio! De ahí nace el bautizo que se me hiciera, y tuvieron que pasar casi tres años para darme cuenta de dónde nacía toda esa calificación para bajarme la moral y no cuestionar. Eso es la política. Cuando uno quiere trabajar por un pueblo transparentemente, le quieren bajar la llanta, le quieren bajar la moral. Ahora está demostrado que todo eso fue creado. No se me dio la oportunidad de que se me en­ miende. Todo fue una farsa contra mí y todo está archivado en todos los niveles (a nivel del mismo Pleno, a nivel de la misma acusación constitucio­ nal, a nivel del Poder Judicial), por eso regresé inmediatamente a trabajar. Señor Presidente, he tenido que dar a conocer esta emergencia porque uno no sabe que es lo que pudiera suceder. De repente la próxima semana ya no venga a trabajar si se cumplen las amenazas. Hay congresistas que se han prestado a eso; pero lamentablemente no están presentes en estos momentos, porque me hubiera gustado mirarlos. Dios se va a encargar de ello. Eso es lo que tenemos cuando se trata de un ambiente político. Es una guerra de intereses. Y no quiero mirar a quien está involucrado en ese bautizo que se me hiciera para bajarme la moral, porque un asesor de este alcalde es de esa bancada, señor Presidente. Esa es la persecución que he sufrido por trabajar con honor y con la frente en alto. Pongo el pecho cuando se trata de defender los intereses de un pueblo sufrido como mi provincia. Mi pueblo fue saqueado por un gobierno indolente, y por eso estoy acá ocupando el sitio de ese que atentó contra todo un pueblo, como fue el señor Del Castillo. Ahora estoy en su sitio. Si se trata de defender a mi pueblo, no me inte­ resa morir defendiéndolo. Ahora que se sabe la verdad, que fue utilizado ese elemento como un títere, este alcalde de la provincia de Pisco, puedo morir feliz defendiendo los intereses de un pueblo que fue saqueado y humillado. Tengo las manos limpias, y ese tema de ‘robacable’ fue para impedir que se investiguen irregulari­ dades y robos en Forsur y en la Municipalidad de Pisco. Son asuntos que se vieron en sesión de la Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Comisión de Fiscalización gracias a los regidores y a la prensa de Pisco que se hicieron presentes. A dos de los hombres de prensa los han agredido el día de hoy. Después de que fuera entrevistada nuestra colega Esther Saavedra, fueron a atacar a estos emisarios de la prensa de la provincia de Pisco. Si me he explayado, discúlpeme, señor Presidente, pero era importante este momento para expresar con todo sentimiento la verdad acá en el Pleno. Lamentablemente, hay congresistas que se pres­ taron a esa corrupción y se burlaron de haberme bautizado. Pero ahora el país sabe quién es el verdadero ratero y ladrón, quién está en contu­ bernio con esa gente que le ha hecho mucho daño a mi pueblo. Ya saben a qué me refiero cuando digo que no sé si pueda venir el día lunes. La delincuencia está ava­ lada por algunos congresistas, señor Presidente. Muchas gracias. —Reasume la Presidencia el congresista Fredy Rolando Otárola Peñaranda. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista, vamos a comunicarnos con el Ministerio del Interior para transmitir su denuncia. Tiene la palabra el congresista José León. El señor LEÓN RIVERA (PP).— Presidente, estamos casi al final de este debate democrático abierto sin ninguna cortapisa, y podemos esta­ blecer que esta es una práctica que se hace en todos los gobiernos. Los congresos investigan las gestiones que les preceden, y eso no tendría por qué ser una excepción. Se hizo cuando nos tocó ser gobierno. Se nos paró de cabeza, se nos rebuscó por todos los lados y estuvimos prestos para dar todas las ex­ plicaciones y enfrentar todas las investigaciones. Los amigos del Partido Aprista, organización política que respetamos y que en sus inicios tuvo a un gran político y patrimonio nacional como don Víctor Raúl, hoy día tendrían que igualmente prestar toda la contribución y la colaboración para que se haga una investigación que sea una respuesta al país.

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Lo que hoy día se ha presentado al país luego de casi tres años de investigación contiene conclu­ siones y recomendaciones realmente impactantes para la opinión pública. Por eso, es necesario que se continúe con esta investigación en todas las otras instancias para finalmente terminar todas las etapas y darle muestras al país de que este Congreso es capaz de investigar y los investigados son capaces de prestar toda la contribución para que así sea. Antes de hacerle unas sugerencias al presidente de la Comisión, quiero revisar algo que ya han dicho algunos congresistas y que necesita ate­ rrizar en propuestas que nos puedan servir para sentar precedentes. En primer lugar, el hecho de que esta atribución constitucional esté en una sola persona y otorgue este estatus monárquico para decidir, por encima de toda investigación y de la justicia, conmuta­ ciones e indultos. En los actuales tiempos el Perú necesita con­ trapesos y control político de los poderes. En tal sentido, esa atribución, esa competencia de indultos y conmutaciones tiene que ser modificada constitucionalmente. Es el momento de proponer una reforma consti­ tucional al artículo 197.° de la Constitución para terminar con esa atribución sin límites que tiene un jefe de Estado. En algunos países, como Esta­ dos Unidos, la Corte Suprema es la que propone, analiza y finalmente autoriza estas conmutaciones o estos indultos. El país está calificando la lucha contra la corrup­ ción como una de las más importantes demandas insatisfechas que tenemos los peruanos y no podemos dejar al libre albedrío de una sola per­ sona, que personifica a la nación, esta voluntad monárquica de poder desbaratar toda una inves­ tigación que se hace para finalmente terminar con una condena. Perú Posible, mi partido, ha sido investigado y le ha parecido bien poder responderle al país; y hoy día va a apoyar esta investigación, Presidente. Como partido tenemos la obligación moral de decirle al país que tenemos que apoyar la inves­ tigación. No es que con esto estemos despertando una reacción adversa en un partido político; por el contrario, lo hacemos con el mejor ánimo de decirle al país que lo que se tiene que investigar se investiga.

Valdría la pena que ellos también se allanen a una investigación. Es necesario continuar este proceso en la Subco­ misión de Acusaciones Constitucionales, la Comi­ sión Permanente, el Pleno y las etapas finales, de modo que le demos un mensaje claro al país, que nos está pidiendo estas explicaciones. Nosotros tenemos que dar respuesta a estas exigencias. Tengo algunas sugerencias para el presidente de la Comisión investigadora, porque las conclusio­ nes, a nuestro entender, de alguna manera están divagando, y por eso las recomendaciones no han sido precisas. En la recomendación 1, propongo el siguiente texto: “Formular acusación constitucional ante la Sub­ comisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que proceda, con arreglo a sus atribuciones, contra: a) Alan Gabriel García Pérez, Aurelio Pastor Valdivieso y Rosario Fernández Figueroa, por infracción a los artículos 8.°, 39.°, 43.°, 44.°, 45.°, 118.° [incisos 1) y 9)] de la Constitución Política del Perú. b) Alan Gabriel García Pérez, por el delito de encubrimiento personal del ciudadano Julio Espinoza Jiménez, tipificado en el artículo 404.° del Código Penal. c) Aurelio Pastor Valdivieso, por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394 del Código Penal.” De ninguna manera podemos dejar de reconocer la actuación del Partido Aprista en este tránsito de la investigación. Son derechos que también le asisten, y me quiero referir al amparo constitu­ cional que tiene actualmente y que este Congreso lo ha apelado a través del procurador. A mí me hubiera gustado realmente —y lo tengo que expresar, porque esto es equilibrio de pode­ res— que hubieran podido adecuar a esto que sentencia este juzgado constitucional; pero bueno, los hechos ya se pusieron en el Pleno. Nosotros, como partido, vamos a apoyar que conti­ núe en las otras instancias de este Congreso para que con esta recomendación se pueda concluir en algo concreto y específico. Muchas gracias, Presidente. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Javier Bedoya. El señor BEDOYA DE VIVANCO (PPC-APP).— Señor Presidente, después de casi tres años de inves­ tigación y de doce horas de una extensa y dilatada sesión, vamos llegando al final del debate. He escuchado un sinnúmero de razones y argumen­ tos a favor y en contra. Por lo menos, en lo que a mi pensamiento se refiere, el único argumento que se aproxima, pero da un tratamiento inadecuado, es el que acaba de formular el congresista León. ¿Se puede acaso cuestionar el derecho que tiene el Parlamento de investigar a altos funcionarios de la República como un presidente o exministros? No. Hay limitaciones respecto del presidente durante la vigencia de su mandato, pero culminado ese período, queda habilitado para ser susceptible de investigación y, de ser el caso, acusación. Así como están reclamando que no debe existir un poder absoluto monárquico del presidente —que no lo tiene, porque hay leyes que le establecen parámetros y límites—, el Parlamento también tiene límites y parámetros a los que debe ceñirse. ¿A qué me refiero? Cuando la comisión inició sus investigaciones y citó al expresidente García, este concurrió a las citaciones que se le formularon, y después de concurrir en dos o tres oportunidades, expresó su queja y su malestar y lo plasmó en una acción de garantías, o sea, una acción de amparo, porque no se estaba respetando el derecho que tiene toda persona de ser citada con la debida antelación, fundamentalmente para que se le precise qué temas eran objeto de la investigación. No bastaba con que se le dijera “venga usted porque en tal sesión vamos a ver el problema de los colegios emblemáticos” o “vamos a ver el problema de los narcoindultos”. Tenía que precisarse con más de­ talle qué casos concretos, para que el expresidente tuviera conocimiento de las imputaciones que se le hacían y tiempo suficiente para preparar su de­ fensa, porque el derecho de defensa es el derecho fundamental que tiene toda persona después del derecho a la vida; en consecuencia, no puede ser limitado, no puede ser cercenado. Hace poco más de un año se produjo, en el seno de este Parlamento, un debate semejante cuando Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

se juzgaba al congresista Javier Diez Canseco. Me levanté en ese entonces a asumir su defensa y decir que se estaban violando los elementales derechos de la defensa, porque se le estaban —en el curso del debate— imputando argumentos adicionales y nuevos respecto de los cuales no había podido defenderse y se estaba aplicando indebidamente la ley. Evidentemente, cuando las pasiones propias de un proceso político obnubilan la razón y el entendimiento, poco importan los argumentos del adversario. Poco importan las razones que se puedan verter cuando se viene con una predeter­ minada decisión de cómo se va a emitir el voto, y eso es grave, porque en las pocas oportunidades en que el Parlamento, en alguna medida, cumple la función de juzgador, tiene que dar muestras de la más absoluta independencia y racionalidad en sus actos y en la proporción de sus resoluciones o recomendaciones. Yo no voy a ser ingenuo de pensar que un debate de esta naturaleza esté exento de consideraciones políticas; pero también y fundamentalmente tiene que reposar en razones jurídicas y de derechos humanos, como es el derecho a la defensa. En virtud de los hechos expuestos, el presidente García interpone un amparo por considerar que se violaba su derecho legítimo a la defensa. El Poder Judicial resolvió ese amparo en dos instancias y declaró fundada la demanda, por lo que todo lo que estaba en marcha en las investigaciones y se hubiera producido después de una determinada citación del mes de octubre de 2013 debía quedar nulo y sin efecto. Este poder del Estado, respetuoso del Poder Ju­ dicial, acató, aceptó y volvió a citar al presidente García. El presidente García nuevamente asistió, y en el curso de las investigaciones reiteró que nuevamen­ te la comisión investigadora estaba violentando su derecho a la legítima defensa, razón por la cual, en el proceso que ya había ganado en eje­ cución de sentencia, insistió en que también las nuevas citaciones quedaran sin efecto y fueran declaradas nulas. El juzgado constitucional así lo hizo, amparó esta petición, esta demanda; y el Parlamento Nacional, nuevamente respetuoso de la majestad del Poder Judicial y de la separación de poderes, interviene como parte en el proceso, y ejercitando su derecho apela de esta nueva resolución.

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Esta nueva resolución está en apelación, no ha sido vista todavía por la segunda instancia, por la Corte Superior; pero cualquiera que conoce de derecho sabe que en estas acciones de amparo una apelación no deja en suspenso que se ejecute el mandato del juez. ¿Y cuál fue el mandato del juez? El mandato del juez fue reiterativo, indicando que la citación del 4 de octubre de 2013 y la sesión del 30 de octubre, ambos actos referidos exclusivamente al actor —o sea, al presidente García—, se encuentran afectados por lo resuelto por la sentencia de vista, por lo que corresponde declarar su nulidad. Añade en el decimoquinto considerando: “Estando a lo dispuesto por sentencia de vista, que tiene la calidad de cosa juzgada…”. Cosa juzgada, en el lenguaje jurídico, para los que no son abogados, significa que una sentencia queda firme por ha­ berse pronunciado la última instancia competente para hacerlo, y que después de esa resolución ya no cabe instancia adicional a la cual recurrir, y es mandato de esa resolución que eran nulas esas citaciones y todo lo que se hubiera actuado después de las fechas que he señalado. Añade el considerando del juez: “Si la comisión demandada ha emitido informes finales donde recomienda acusar al actor por diversos delitos, faltas y/o infracciones constitucionales, también se encontrarían afectas de nulidad al haberse emitido con posterioridad a la citación del 4 de octubre y sesión del 30 de octubre”. ¿Cuándo es que se pronuncia la Comisión o la Megacomisión, cuyo informe estamos debatiendo hace doce horas, señor Presidente? Este informe es de fecha de diciembre de 2013; o sea, posterior a la resolución y a la citación de octubre de 2013, a partir de la cual todo lo que se refiere al señor Alan García es nulo. En consecuencia, el dictamen que estamos deba­ tiendo es nulo por mandato judicial en lo que se refiere al señor Alan García Pérez, no respecto de los demás, porque la sentencia no se pronuncia respecto de los demás que están siendo investi­ gados, sino respecto de la persona que interpuso el amparo. Cuando se presenta una acción de garantía, una acción de amparo, sus alcances son solamente para quien es parte en el proceso. No son fallos que en derecho llamamos erga omnes —o sea, para todos los ciudadanos—, sino solo para quien es parte en el proceso. Y como esa acción de amparo la interpuso el señor García Pérez, evidentemente

el fallo que declara la nulidad de todo lo que se actúe a partir de octubre de 2013 solo alcanza o beneficia al señor García Pérez, no a los demás que han sido objeto de la investigación, no a las demás investigaciones, no a las demás conclusiones. Por eso decía que el planteamiento final que for­ mula el congresista León se aproxima a mi pen­ samiento, pero que su conclusión no la comparto, porque él termina diciendo: “Ojalá hubiéramos podido adecuarnos al fallo judicial”. Esta es la oportunidad de adecuarnos al fallo judicial. Por eso, yo planteo —y ojalá el presidente de la Comisión lo recoja— que se voten por separadas las conclusiones que se refieren al señor García; o me­ jor dicho, que se separen y se queden en suspenso hasta que el Poder Judicial resuelva la apelación que está en curso. Resuelta esa apelación veremos si en última instancia el Poder Judicial mantiene la nulidad que la primera instancia ha determinado o si la revoca. Si la revoca y dice que las segundas citaciones sí se han llevado con arreglo a ley, nada impide que el Congreso, en agosto o en cuanto se produzca ese fallo, pueda emitir pronunciamiento. Pero emitir hoy pronunciamiento respecto del señor García Pérez es precisamente colisionar no solamente con las sentencias del Poder Judicial, sino incumplir claros mandatos de la Constitución. He escuchado, a lo largo del debate, a algunos de los señores congresistas invocar la separación de poderes. En efecto, el artículo 43.° de nues­ tra Constitución dice que el Estado peruano se organiza sobre la base de separación de poderes. Hay, entonces, un Poder Legislativo que fiscaliza y legisla, un Ejecutivo que administra y gobierna, y un Poder Judicial que ejerce la facultad, por mandato del pueblo, de administrar justicia. Acá no estaríamos respetando el fallo del Poder Judicial ni la separación de poderes si esta noche aprobamos el informe que se está debatiendo en lo que a Alan García se refiere. No hay impedimento alguno para pronunciarnos respecto de todos los demás, pero sí hay un manto de protección que emana de resoluciones judiciales que amparan al señor García. ¿Qué dice la Constitución en lo que se refiere a nuestras atribuciones como Congreso de la República? El artículo 102.° de la Constitución señala cuáles son las atribuciones del Congreso, y en el numeral 2) dice: “Velar por el respeto de la Constitución”. Esa es nuestra atribución, pero también nuestro 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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deber, nuestra obligación, y si nosotros no damos cumplimiento a este mandato de velar por la Constitución respetando la separación de pode­ res y la autonomía del Poder Judicial, estamos incumpliendo nuestro propio mandato. En el capítulo correspondiente al Poder Judicial, el artículo 139.° señala cuáles son los deberes y derechos de la función jurisdiccional, y en el nu­ meral 2) reitera los principios que he enunciado al precisar que no se puede dejar sin efecto resolu­ ción que ha pasado por autoridad de cosa juzgada. Eso es lo que ha pasado en este caso. Hay una primera resolución que ha quedado con autoridad de cosa juzgada y que estaba declarando la nulidad de todo lo actuado a partir de determinada fecha de octubre del año pasado. Yo actúo siempre procurando ser lo más ecuánime e imparcial posible. No vengo a pronunciarme sobre el fondo de la investigación, no vengo a defender al señor Alan García, adversario político a quien respeto. Creo que su bancada lo ha hecho con mucha solvencia expresando sus puntos de vista y lo que cree pertinente. Yo vengo a hacer una defensa del Estado de derecho y a pedirles a mis colegas parlamentarios que no cometamos el mismo error de hace año y medio con Javier Diez Canseco. No hagamos nuevamente el ridículo de cegarnos por la pasión política para desconocer la validez de argumentos ajenos y emitir una re­ solución o un acuerdo político cuando hay claras disposiciones legales. Si hoy aprobamos el informe que se nos ha puesto en debate en lo que se refiere al señor Alan García —reitero que respecto a los demás no hay impe­ dimento para hacerlo— o emitimos resolución a favor o en contra, estaríamos violando una clara disposición constitucional, estaríamos violando la autonomía del Poder Judicial, estaríamos violando la separación de poderes, estaríamos violando el principio de que las resoluciones que pasan por autoridad de cosa juzgada son irrevisables e inamovibles, y ganaríamos seguramente algunos titulares y primeras planas. He visto la obsesión con que muchos congresistas exponen mirando a las galerías y a las cámaras en busca titulares; pero flaco favor haríamos a la de­ mocracia y al Estado de derecho si por buscar una efímera victoria y titulares terminamos cometiendo un error y una injusticia como la que hace un año y medio se cometió contra Javier Diez Canseco. Cuánto me criticaron los adversarios políticos y los medios de comunicación porque yo había Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

defendido al señor Diez Canseco, y lo hice con la misma firmeza y serenidad que ahora, porque reconociendo a alguien como adversario no lo considero mi enemigo y exijo para él, como para todos, el mismo trato e igualdad con apego al derecho y a la justicia. Hoy nos corresponde, a nosotros como parlamen­ tarios, administrar ese privilegio. Hagámoslo bien y no seamos nuevamente el hazmerreír de la opinión pública dentro de unos meses. Yo planteo, como cuestión previa, que se consul­ te al Pleno no votar hoy las recomendaciones y conclusiones del informe de la Megacomisión en lo que se refiere al señor Alan García Pérez. Sí podemos hacerlo plenamente respecto a los demás, y una vez que el Poder Judicial emita resolución, si esta indica que estamos habilitados, al día siguiente vayamos al voto, pero sabiendo que no estamos violentando la Constitución y que esta­ mos actuando con racionalidad, no obnubilados por el juicio político. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Teófilo Gamarra. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Me solicita una interrup­ ción el congresista Roberto Angulo.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Roberto Angulo. El señor ANGULO ÁLVAREZ (NGP).— Señor Presidente, solo quiero leer lo que dice nuestro Reglamento del Congreso de la República, que tiene autoridad y fuerza de ley. En la parte inicial de su artículo 3.° precisa lo si­ guiente: “El Congreso es soberano en sus funciones”. Somos totalmente soberanos, no dependemos de ningún poder. En su artículo 14.° señala: “Los Congresistas re­ presentan a la Nación. No están sujetos a mandato imperativo”. No podemos nosotros estar sujetos al mismo mandato.

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Y en su artículo 17.° dice: “Los Congresistas no son responsables ante autoridad y órgano juris­ diccional alguno por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones”. Por consiguiente, considero… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se agotó su tiempo. Gracias, congresista. Inicie su intervención, congresista Teófilo Ga­ marra. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Se­ ñor Presidente, estamos ante un hecho histórico: el debate del informe de la Megacomisión. Esto me trae a colación lo que conversé hace al­ gunos días con un efectivo policial que participó de la captura de una banda de narcotraficantes y que aparentemente había expuesto su vida para proteger al Estado contra la inseguridad, contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra los asaltos. Ese efectivo policial se sentía totalmente mortificado, apenado y triste porque el Estado, a través de resoluciones, había dado libertad a narcotraficantes y asaltantes. Por un lado, los policías investigaban, realizaban operativos y ponían en riesgo su vida para capturar a los narcotraficantes y a los delincuentes, con la consecuencia de los gastos por parte del Estado para mover patrulleros y pagar al policía. Por otro, el Ministerio Público cumplía con sus funciones investigando y acumulando medios probatorios para poder acusar y formalizar las denuncias ante el Poder Judicial. Y el Poder Judicial, con todo el aparato del Estado, juzgaba a los procesados, los sentenciaba y los mandaba a los penales para que cumplieran con reparar el daño que le habían causado al Estado. ¿Cuánto cuesta mover todo un aparato judicial? ¿Cuánto cuesta mover a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Poder Judicial, al INPE? Muchos miles de millones; sin embargo, por una firma se liberaba a narcotraficantes y a asaltantes. ¿Cómo no va a mortificar y a causar pena cuando existe esta inseguridad? En el informe de la Megacomisión vemos casos como el del señor Nilgun Gunduz, condenado a quince años por un delito de tráfico ilícito de drogas. A él se le incautaron 38 kilógramos de clorhidrato de cocaína, pero era perdonado y liberado. ¿Cómo no tener incomodidad cuando a una persona que había sido condenada a quince

años de pena privativa de libertad por tráfico ilícito de drogas agravado se le reduce la condena a seis años? ¿Cómo no sentir ese resquemor cuando a otro que había sido sentenciado a trece años por delito agravado de tráfico ilícito se le reemplaza la pena a seis o siete años? ¿Cómo no mostrar una conducta por parte del Congreso de la República cuando del informe se desprende que las conmutaciones y los indultos estaban direccionados en su gran mayoría a sujetos que habían sido sentenciados por tráfico ilícito de drogas? Por tráfico ilícito de drogas, tres mil doscientos siete casos; por robo agravado, mil seiscientos veintiocho; por otros delitos, dieciocho, diecisiete, trece, dos, ocho, uno, cuatro. Por delitos de usurpación funcional, por ejemplo, hay un caso; por apropiación ilícita, cuatro; por peligro común, uno. Del informe de la Megacomisión se desprende claramente que las conmutaciones y los indultos estaban direccionados. Me solicita una interrupción el congresista Pari, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir el congresista Juan Pari. El señor PARI CHOQUECOTA (NGP).— Señor Presidente, pido que Relatoría lea el artículo 139.°, sobre lo que son principios y dere­ chos de la función jurisdiccional, fundamentalmente el inciso 2), porque ahí el congresista Bedoya tendrá la respuesta a la exposición que ha hecho él en el Pleno. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Léase lo solicitado por el congresista. El RELATOR da lectura: “Constitución Política del Perú Artículo 139.°.— Son principios y derechos de la función jurisdiccional: […] 2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tam­ 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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poco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar senten­ cias ni retardar su ejecución. Estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, cuyo ejercicio no debe, sin embargo, interferir en el procedimiento jurisdiccional ni surte efecto jurisdiccional alguno.

La respuesta está a la luz de todo el pueblo peruano. Definitivamente, aquí existe una fla­ grante violación al artículo 8.°, porque, en lugar de protegerse al Estado, se dio libertad a gente sentenciada por el delito de narcotráfico.

[…].”

Adicionalmente, se dice que el Congreso no ha establecido una norma que regule las infracciones constitucionales; sin embargo, de acuerdo con la sentencia emitida ya en varios expedientes, ha quedado totalmente demostrado que sí es posible que este Congreso acuse constitucionalmente a un ex presidente de la República o a un funcionario del mismo rango.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Continúe, congresista Teófilo Gamarra. El señor GAMARRA SALDÍVAR (NGP).— Entonces, habría que preguntarse cómo es que se produ­ cían estas conmutaciones y estos indultos, cuál era el mecanismo. De acuerdo con el informe, se desprende que el que tenía la presidencia de la Comisión de Gracias Presidenciales era el señor Facundo Chinguel, quien había sido directamente designado por el señor presidente de ese entonces, el señor Alan García. Este señor Facundo Chinguel hoy está investi­ gado por el tráfico de conmutaciones e indultos del Gobierno anterior y viene siendo procesado en un penal. Entonces, ¿fue el señor Facundo Chinguel quien sorprendió al ministro de ese entonces, al señor Aurelio Pastor? ¿Fue el señor Facundo Chinguel quien sorprendió al presidente de ese entonces, al señor Alan García? De acuerdo con la versión que todos conocemos, el señor García señaló claramente que él había revisado uno por uno los casos de conmutaciones e indultos. Entonces, ¿quién sorprendía a quién? Entonces, ¿hay hechos que se deben investigar o simplemente tenemos que dejar pasar estos indicios que estamos señalando? Por otro lado, se ha señalado que aparentemente no se habría violado el artículo 8.° de la Constitu­ ción, el cual dice con toda claridad que el Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. Está establecido en la Constitución. Sin embargo, habría que preguntarse si la gestión presidida por el señor García, en la que se indultaron a más de cinco mil quinientos sentenciados por narcotráfico y asaltos y robos agravados, violó el artículo 8.° de la Constitución. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Entonces, creo que la violación al artículo 8.° de la Constitución está totalmente acreditada.

Con relación a lo que hoy ha planteado un con­ gresista en el sentido de que la votación considere la decisión emitida por el Poder Judicial respecto a la acción de amparo, debo decir que ya el Pleno ha rechazado tres o cuatro cuestiones previas que se presentaron en la primera sesión para darle validez a esa resolución que en estos momentos se encuentra en apelación; por lo tanto, adoptó la decisión de discutir el informe de la Megacomisión. En ese contexto, es responsabilidad de este Con­ greso definir la aprobación de ese informe con los ajustes que se tengan que hacer. De modo que hay la necesidad de concluir sobre lo siguiente: ¿Está probado o hay indicios de que las conmuta­ ciones y los indultos han estado direccionados a sujetos que han incurrido en el delito de narcotráfico? Sí, está probado. ¿Está probado que se ha violentado lo dispuesto en el artículo 8.° de la Constitución? Sí, se ha violentado. Entonces, hay indicios, testimonios, documen­ tos que prueban; y, en ese contexto, el informe presentado por la Megacomisión tiene que ser aprobado por este Congreso. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Antes de dar el uso de la palabra al congresista Sergio Tejada, ex­ cepcionalmente, por cinco minutos cada uno, sin ampliación, van a hacer uso de la palabra los congresistas Javier Velásquez y Mauricio Mulder.

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El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señor Presiden­ te, seré breve a guisa de ilustración, ya que por razones de tiempo no voy a poder contestar todo lo que se ha dicho acá.

“108. La Corte estima pertinente reiterar que el ejercicio efectivo de los derechos políticos cons­ tituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tie­ nen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención (…).

Quiero leer el fallo de la Sala Constitucional que tiene autoridad de cosa juzgada y guarda relación con esta investigación, no con el derecho que tengan los ciudadanos de ir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

109. En virtud de lo que antecede, la Corte deter­ mina que el Estado violó los artículos 23.1.b, 23.2 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana (…)”.

¿Qué dice el fallo de la Sala Constitucional? Que es nulo todo lo actuado por la Comisión Investi­ gadora Multipartidaria Encargada de Investigar la Gestión de Alan Gabriel García Pérez como Presidente de la República a partir de la citación del 8 de marzo de 2013, lo que implica la nulidad de los actos posteriores o sucesivos referidos exclusivamente al demandante. No ha anulado la investigación sino con respecto al expresidente Alan García. Y cuando la decisión ha bajado para que se ejecute, el señor Tejada hizo una interpretación y dijo: “No, anulamos hasta la fecha que se pronunció el juez; pero vale el resto. ¿Qué ha dicho el juez y qué es lo que han apelado el congresista Tejada y el Congreso? Que se de­ clara la nulidad de la citación del 4 de octubre del año 2013 a la sesión del 30 de octubre del mismo año. Además, se declara la nulidad de los actos posteriores o sucesivos que afecten los derechos constitucionales protegidos en el pre­ sente proceso y que se refieren exclusivamente al demandante. La tesis de quienes gobiernan con modelos cha­ vistas es parecida. Con relación a Leopoldo López, un preso político en Venezuela, eso fue lo mismo que dijo el gobierno de Nicolás Maduro. Pero voy a leer brevemente lo que ha dicho la Corte Interamericana. ¿Qué argumentó el gobierno del señor Maduro para justificar la inhabilitación por parte de la Contraloría a Leopoldo López? “[…] el Estado alegó que la sanción de inhabilitación que impone el Contralor tiene como objetivo la lucha contra la corrupción y la protección del erario público, lo cual responde a un interés público imperativo”. Es lo que algunos sostienen acá. ¿Y qué ha dicho la Corte Interamericana?

¿Qué dice la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución Política peruana? Que las convenciones y tratados referidos a derechos humanos tienen ese rango. De tal manera que, como se ha dicho, tendrán una victoria pírrica si quieren desoír un mandato judicial. Solamente diré que, ante estos abusos de carácter político, no solo el presidente García ha interpues­ to una acción de amparo: interpuso el presidente Humala un hábeas corpus para ser excluido del proceso de Madre Mía; interpuso uno el expre­ sidente Fujimori; y dos el expresidente Toledo. ¿Saben por qué? Porque esta es una cámara política, no de reflexión, no de análisis, sino de oportunidad y de correlación de fuerzas. ¿Cuántos políticos han interpuesto acciones de garantía? La doctora Luz Salgado interpuso un amparo. Guillermo Rey Terry, Miguel Aguirre Roca, César Tineo Cabrera, la doctora Martha Chávez, Tula Benites, César Cachay, Heriberto Benítez, todos han interpuesto acciones de garantía, porque para eso está la Constitución. No es verdad lo que algunos dicen peregrinamente en el sentido de que el Congreso es soberano y, por ende, una zona exenta de control de la cons­ titucionalidad de los derechos fundamentales. Saludo y agradezco que se haya permitido que esgrimamos nuestras razones. No hemos venido a ofender a nadie. Creemos que el veredicto de aprobar un informe que ha sido declarado nulo en todo lo actuado a partir del 8 de marzo es un abierto desafío y desacato a la autoridad judicial. Nosotros hemos participado en este debate polí­ tico porque hemos dado razones y argumentos de derecho para desmontar toda esta patraña urdida con el único propósito… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Habíamos llegado a un acuerdo respecto del tiempo de intervención. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Diario de los Debates - Segunda Legislatura Ordinaria de 2013 - Tomo III

Congresista Mauricio Mulder, puede hacer uso de la palabra.

a llegar solamente por el color político de quien las está esgrimiendo.

El señor MULDER BEDOYA (GPCP).— Está bien, Presidente, los acuerdos son los acuerdos y noso­ tros los respetamos, y agradecemos que usted nos dé aunque sea cinco minutos para hacer una réplica, en el entendido de que nos correspon­ día un tiempo mayor.

Yo creo que aquí las cosas están para que se diri­ man, porque cada uno ya sabe cómo va a votar.

Nosotros hicimos una intervención preliminar que fue amplia, y lo agradecemos; pero después hemos estado diez horas absolutamente callados sin solicitar una sola intervención ni siquiera por alusión, en el entendido de que muchos tenían que exteriorizar sus problemas de índole mental o índole ventral y de que al final podríamos formular las respuestas de los que merecen respuestas, no de los que hacen vómitos mentales. Muchos han realizado un esfuerzo y han tenido intervenciones interesantes, pero que, a nuestro modo de ver, no están sujetas a derecho. Uno de los elementos sustantivos de la cuestión previa planteada por el congresista Bedoya es que el Parlamento, por más que tenga un fuero distinto al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, tiene que respetar la misma Constitución. Son los tres poderes del Estado los que tienen que respetar la misma Constitución, y esa Constitu­ ción establece que todo elemento de investigación y de sanción tiene que basarse en los principios de la legalidad y la tipicidad, que aquí no se han respetado. Se le dio al presidente de la Comisión la oportunidad de que lo respetara, pero no ha querido y ha emitido un informe diciendo que el Poder Judicial está manipulado. Sabemos que una cosa es el terreno político; y otra, el terreno judicial. Este es un foro político, efectivamente, y en los foros políticos el campo está abierto, porque se adoptan decisiones sobre la base de intereses políticos, de proyecciones políticas que pueden resultar justas o injustas. La realidad en la política supone saber en qué terreno se desenvuelve uno. En instancias democráticas como esta, los terrenos también están supeditados a los votos; y los votos están supeditados a los números y a los intereses de los partidos de los parlamentarios que votan. No desconocemos eso, Presidente. Somos un partido político cuajado y sabemos cómo se utiliza siempre el tema judicial para tratar de arrinconar al rival político. Conocemos eso de ponerle muchos visos de prolijidad a una investigación y sabemos a qué conclusiones se van Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Sabemos cómo es el terreno de la lucha política. Cuando Haya de la Torre entró a la embajada de Colombia, el 3 de enero de 1949, pensó que, dada a su trayectoria política, rápidamente —como ocurrió— Colombia lo asilaría y le permitiría el exilio. Pero el gobierno de la dictadura del general Odría empezó a argumentar —después llevó ese tema a La Haya— que Haya de la Torre era un delincuente común. Todo el Estado peruano se de­ dicó única y exclusivamente a tratar de demostrar que Haya de la Torre era un delincuente común, un terrorista, un ladrón, hasta ‘narcotraficante’ le dijeron en el famoso affaire de un tal Balarezo. Nada de eso pudo cuajar en el pueblo del Perú. Pasaron los Sánchez Cerro, los Odría, los Benavides y todos los que proclamaban la muerte nuestra; pero nosotros siempre nos hemos legitimado en la lucha democrática, porque es ahí donde se ve si el corazón del pueblo ratifica o no ratifica una gestión. Personas que jamás han ganado una elección o las han ganado con un vientre de alquiler han hablado del primer gobierno y de cosas que hubo antes. Sin embargo, con esas circunstancias de haber sido elegido el año 1985, Alan García también fue elegido presidente de la República el año 2006. De manera que nosotros podemos decir simple­ mente que a lo mejor vencerán, pero no con­ vencerán, porque se puede vencer con la fuerza bruta, pero para convencer se necesita persuadir y para persuadir se necesitan razones, que es lo que ustedes no tienen. Estas son palabras de Unamuno y vienen a cuento ahora, porque una vez más se quiere hacer la impo­ sición por el mero número. Veremos en las caras y en la historia el voto que vamos a marcar esta noche. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Sergio Tejada. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Presidente, me pide una interrupción la congresista Mavila.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede interrumpir la congresista Rosa Mavila.

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La señora MAVILA LEÓN (APFA).— Señor Presidente, es casi un deber hacer una precisión sobre el caso del congresista Javier Diez Canseco, que aquí ha planteado erradamente —a mi juicio—un congresista a quien respeto. Javier Diez Canseco fue sometido a la Comisión de Ética, y él lo asumió. No hizo ninguna referencia al Poder Judicial para intentar interrumpir el proceso en la Comisión de Ética. En segundo lugar, el congresista fallecido, cohe­ rente con dar la cara frente a las imputaciones que se pueden hacer, vino a este Pleno y aquí se defendió. Cuando se le impuso la sanción y culminó el proceso en el fuero parlamentario, estando ya con un cáncer, recién… El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La segunda interrup­ ción también es para usted, congresista. La señora MAVILA LEÓN (AP-FA).— En el término de la investigación preparatoria es que acudió al Poder Judicial. Gracias, señor Presidente. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Puede iniciar su inter­ vención final, congresista Sergio Tejada. El señor TEJADA GALINDO (NGP).— Pre­ sidente, hemos tenido hoy día un ejercicio demo­ crático en el que hemos podido debatir a fondo el primer caso de esta Comisión investigadora multipartidaria. Agradezco todos los aportes. Este debate ha sido enriquecedor, porque cuando el objetivo es llegar a la verdad, se aprende de argumentos tanto a favor como argumentos en contra, y eso es lo que nosotros hemos buscado en todo momento. Presidente, nosotros no hemos inventado que se modificó la legislación de la Comisión de Gracias Presidenciales para facilitar las conmutaciones, no hemos inventado que se contrató a dos per­ sonas sentenciadas por narcotráfico para que integren la Comisión de Gracias Presidenciales, no hemos inventado los documentos en los que el propio expresidente, de puño y letra, decide hacer conmutaciones de pena mucho más benignas con narcotraficantes de lo que proponía la propia Comisión de Gracias Presidenciales.

De manera que aquí la Representación Nacional y todo el país pueden estar seguros de que hemos presentado hechos objetivos. Aquí nada ha estado cargado de subjetividad ni cargado de odio, como se ha dicho reiteradamente. Hemos mostrado documentos oficiales que hemos recibido por consultas y pedidos de información de la Comi­ sión, así como algunos testimonios que van a ser sumamente útiles en los procesos que se están llevando en este momento. Para la Fiscalía, que —entiendo— ha avanzado las investigaciones por caminos por los que la Comi­ sión no ha podido avanzar, va a ser sumamente útil tener todos los testimonios que nosotros hemos podido recoger. Por ello, es importante que esto vaya al Ministerio Público. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendrá que determinar si se trata realmente de infracciones constitucionales, como nosotros lo interpretamos; y tendrá que determinar si ame­ ritan algún tipo de sanción, el levantamiento de inmunidad o el antejuicio, para que eso, en todo caso, lo pueda ver la Fiscalía de la Nación. Estamos recogiendo un aporte que han hecho varios congresistas pero que el congresista León reformula con precisión, de modo que en la primera recomendación quede establecido claramente quiénes, de acuerdo con lo que plan­ teamos, pudieron haber cometido una infracción constitucional. Por tanto, merece plantear una acusación ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ya sea por infracciones o por delitos para los funcionarios que tengan derecho a antejuicio. Hay una cuestión previa que se tendrá que llevar al voto. No nos vamos a oponer a que vaya al voto, pero sí creemos que esto se tiene que votar. Presidente, pido que se dé lectura al texto susti­ tutorio que modifica la redacción del punto uno, pero que no cambia la esencia, que era formular denuncia constitucional contra las personas de acuerdo con las conclusiones del mismo informe. Lo que se hace es simplemente detallar. Luego de eso, Presidente, podemos proceder a las votaciones que se han solicitado y culminar con este caso. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Sírvase dar lectura, Relator. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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El RELATOR da lectura:

Al voto.

“Texto Sustitutorio

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

(Documento presentado el 19 de junio de 2014 a las 22 horas y cinco minutos) Recomendaciones […] 1. Formular acusación constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales a fin de que proceda, con arreglo a sus atribucio­ nes, contra: a) Alan Gabriel García Pérez, Aurelio Pastor Valdivieso y Rosario Fernández Figueroa, por haber infringido los artículos 8.°, 39.°, 43.°, 44.°, 45.°, 118.°, incisos 1) y 9) de la Constitución Po­ lítica del Perú. b) Alan Gabriel García Pérez, por la presunta comisión del delito de encubrimiento personal, tipificado en el artículo 404.° del Código Penal, por la supuesta sustracción de la acción penal al ciudadano Julio Espinoza Jiménez. c) Aurelio Pastor Valdivieso, por la presunta comi­ sión del delito cohecho pasivo impropio tipificado en el artículo 394.° del Código Penal. Sergio Tejada Galindo Presidente de la Comisión Investigadora Multi­ partidaria Encargada de Investigar la Gestión de Alan García Pérez como Presidente de la República”. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a consultar la cuestión previa planteada por el congresista Be­ doya de Vivanco para que se suspenda la votación de las conclusiones y recomendaciones del informe que se refieran al expresidente Alan García Pérez hasta que el Poder Judicial emita resolución firme y definitiva sobre la acción de amparo interpuesta por el mencionado expresidente. Los congresistas se servirán marcar su asistencia. —Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Han registrado su asistencia 97 congresistas. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

—Efectuada la votación, se rechaza, por 53 votos en contra, 15 a favor y ninguna abstención, la cuestión previa planteada. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido rechazada. La Presidencia deja constancia de su voto en contra. Resultado final: 15 votos a favor, 54 en contra y ninguna abstención. La cuestión previa ha sido rechazada. “Votación de la cuestión previa planteada por el congresista Bedoya de Vivanco Señores congresistas que votaron en contra: Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Benítez Rivas, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Chehade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Inga Vásquez, Isla Rojas, Julca Jara, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Pari Choquecota, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Valencia Quiroz, Valle Ra­ mírez, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar. Señores congresistas que votaron a favor: Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, Galarreta Velarde, Iberico Núñez, Lay Sun, León Romero, Mulder Bedoya, Pérez Tello de Rodríguez, Reggiardo Barreto, Rodríguez Zavaleta, Simon Munaro, Velásquez Quesquén y Wong Pujada.” El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Con la misma asistencia, se va a votar el informe de la Comisión investiga­ dora sobre el caso de indultos y conmutaciones de pena con el texto sustitutorio de la recomendación 1 presentado por el congresista Tejada Galindo.

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—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la votación, se aprueba, por 52 votos a favor, siete en contra y siete abstenciones, el informe de la Comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como presidente de la República en lo que respecta al caso de indultos y conmutaciones de pena. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia deja constancia de su voto a favor. Resultado final: 53 votos a favor, siete en contra y siete abstenciones. Ha sido aprobado el informe sobre el caso de indultos y conmutaciones de pena. —El texto de las conclusiones y recomendaciones del informe aprobado es el siguiente: «CONCLUSIONES 1.Existen indicios razonables para concluir que el ex Presidente de la República Alan Gabriel García Pérez, habría infringido los siguientes artículos de la Constitución. i) Artículo 39°: “Todos los funcionarios y trabaja­ dores públicos están al servicio de la Nación…” ii) Artículo 43° último párrafo: “Su gobierno [de la República del Perú] es unitario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes”. iii) Artículo 45° primer párrafo: “El poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.” iv) Artículo 44°: “Son deberes primordiales del Estado: … proteger a la población de las amena­ zas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.” v) Incisos 1 y 9 del artículo 118°: “1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales. […] 9. Cumplir y hacer cumplir las sentencias y reso­ luciones de los órganos jurisdiccionales.”

Toda vez que: - La facultad presidencial de otorgar gracias presi­ denciales establecida en el inciso 21 artículo 118° de la Constitución, si bien es un acto discrecional y excepcional, no es una facultad ilimitada, tal como se establece en diversas sentencias del Tribunal Constitucional.1 Esta facultad se ejerce con suje­ ción al orden constitucional2, y al ordenamiento jurídico. Sobre esto último, el artículo 3° de la Re­ solución Ministerial N° 193-2007-JUS – anterior Reglamento Interno de la “Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por razones Humanitarias y Conmutación de la Pena” (en adelante CIDG) establecía el carácter excepcional del indulto, del derecho de gracia y la conmutación de la pena. - De la información remitida por el Ministerio de Justicia se ha podido establecer un alto índice de conmutados por el delito de tráfico ilícito de drogas3, siendo lo ordinario el otorgamiento de beneficios penitenciarios, atentando contra el carácter excepcional del mismo. - La Comisión ha establecido que para la concesión masiva de gracias presidenciales previamente se recurrió a la modificación de la normativa corres­ pondiente (especialmente del Reglamento de la CIDG); con el fin de flexibilizar los requisitos y las exigencias procesales4, y centralizar el manejo de los casos a ser beneficiados. En ese sentido, se realizaron principalmente las siguientes medidas: i. Se fusionaron la “Comisión de Conmutación de la Pena” y “la Comisión de Indulto y Derecho de Gracia por razones humanitarias”, para crear una sola comisión, sobre la que se tenía el control en virtud a las modificaciones realizadas a su reglamento. ii. Se modificó la obligación de la CIDG de actuar en concordancia con los objetivos de la normativa de ejecución penal; es decir, en base a los principios de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad (Artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal). 1 Sentencia N° 4053-2007-PHC/TC; ... 2 Estando a lo señalado en el punto anterior, los indultos, conmutaciones de pena, derecho de gracia, no pueden ir contra el derecho fundamental de los ciudadanos a la paz y tranquilidad (inciso 22, artículo 2°), o el derecho fundamental a la seguridad personal (inciso 24, artículo 2°) 156, ni contra los deberes primordiales del Estado de combatir y sancionar el tráfico ilícito de drogas (artículo 8° de la Constitución) y de proteger a los ciudadanos de las amenazas contra su seguridad (artículo 44° de la Constitución) en su dimensión objetiva. 3 ANEXO: Conmutaciones 4 158 Ver Pág. 22 a 29 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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iii. Se modificó el concepto de la conmutación de la pena, incorporando como nueva modalidad: la reducción del tiempo de duración de la pena privativa de libertad. La propuesta de la pena a ser reducida era realizada por la CIDG. iv. Se modificó la composición de los miembros de la CIDG, pasando de un sistema con profesionales especializados pertenecientes a determinadas ins­ tituciones, a un sistema en el que se posibilitaba el nombramiento de cualquier persona mediante resolución ministerial, con dos miembros perma­ nentes y tres no permanentes, lo que permitía el manejo de la CIDG por un número reducido de personas (miembros permanentes). v. Se eliminó la aplicación de los criterios de obje­ tividad para la formulación de propuestas de gra­ cias presidenciales, estableciéndose la aplicación del criterio de conciencia, aplicándose criterios subjetivos para la selección de los beneficiarios de las gracias presidenciales. vi. Se eliminó el uso del sorteo para la distribución de las solicitudes de los internos y procesados, entre los comisionados; y la obligación de que éstos consignen su nombre en sus informes; dificultando la trazabilidad del expediente y atenuando la responsabilidad sobre las opiniones. vii. Se redujo el quórum necesario para la celebra­ ción de las sesiones y se modificó el requisito de que las decisiones sean tomadas por unanimidad, para que en adelante sean tomadas por mayoría simple; incrementando el control de la CIDG por un grupo reducido de personas. viii. Se eliminó la obligación de la CIDG de re­ comendar la derivación de las solicitudes que no eran de su competencia, a las Comisiones corres­ pondientes, que aún no habían sido fusionadas. ix. Se eliminó la obligación de archivar la docu­ mentación y las solicitudes denegadas, por parte de la Secretaría Técnica de la CIDG, devolviendo la documentación a los interesados. x. Se otorgó al Presidente de la CIDG la facultad de recibir todas las solicitudes, y seleccionar cuáles de ellas merecían seguir el trámite correspondien­ te, recabando la información del establecimiento penitenciario y del INPE – Instituto Nacional Penitenciario; para la formación del expediente que pasaba a evaluación de los Comisionados. -La Comisión ha acreditado que en las resolucio­ nes supremas que fueron publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” concediendo conmutaciones Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

de pena, no se aprecia el desarrollo de una motiva­ ción explícita y suficiente que permita establecer las circunstancias por las que el Estado, encarnado en la persona del Presidente de la República, otorgó la gracia presidencial. Esta situación se agrava al haberse detectado, en el análisis de una muestra, que la misma Gracia Presidencial le fue otorgada a organizaciones delictivas5 o grupo familiares completos, circunstancia que convierte a esta facultad excepcional en un acto arbitrario6. -La Comisión ha establecido que para el tema de conmutaciones de pena, se habría instaurado un “sistema judicial paralelo” que desconoció la labor realizada por la Policía Nacional, el Ministerio Pú­ blico y el Poder Judicial (con el perjuicio económico y social), en su misión de perseguir y sancionar el delito, sobre todo del tráfico ilícito de drogas en su forma agravada, circunstancia que inclusive permitió la liberación de cabecillas de bandas7. Asimismo, el ex Presidente Alan García Pérez declaró ante la Comisión que las conmutaciones respondían a una política de su gobierno para solucionar de alguna manera el hacinamiento carcelario8; lo que ratificó en la conferencia de prensa del 06 de abril de 2013, acompañado de sus ex ministros de justicia involucrados en los hechos materia de análisis. Sin embargo, al respecto se observa lo siguiente: i) La Política de deshacinamiento carcelario no estaba contenida en el Decreto Supremo N° 0272007-PCM, que definía y establecía las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. ii) Se benefició con la conmutación de la pena a 371 condenados que ya se encontraban con be­ neficio de semi libertad9, y que por lo tanto, no incrementaban el hacinamiento carcelario. iii) El hacinamiento carcelario se incrementó de 26,418 ingresos en el 2007 a 33,696 a julio de 2011. Por lo que corresponde formular denuncia cons­ titucional contra el ex Presidente Alan García Pérez, por incumplimiento de lo establecido en los artículos 39°, 43°, 44°, 45° e incisos 1) y 9) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú. 5 Caso 21 (Pág 58); Caso 22 (Pág. 58-59); Caso 29 (Pág. 6364); Caso B.77 (Pag., 66-67); Caso C.138 (Pág. 68); Caso D.29 (Pág.68-69); 6 ANEXO: RS Conmutaciones 7 Caso D.29 (Pág. 68-69) Caso B.77 (Pág. 66-67) 8 Ver Pág. 89. 9 Ver Pág. 36

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2. Existen indicios razonables para concluir que el ex Presidente de la República Alan Gabriel García Pérez trasgredió el artículo 8° de la Constitución Política del Perú, toda vez que el citado disposi­ tivo constitucional ordena imperativamente que el “Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas”.

Re­guera Isuiza, Amelia Emperatríz Reyes Alfaro, Arvel Serapio Bobadilla Mera, entre otros13.

El Estado es el agente principal que debe liderar la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Por lo tanto, tiene a su cargo la identificación, captura, judicialización y penalización de las organizacio­ nes que conforman la cadena delictiva de este delito. De las diferentes instancias estatales in­ volucradas en prevenir y combatir la producción, elaboración de drogas, tráfico ilícito, así como la consecuente corrupción que se genera en toda la cadena de producción y comercialización de la droga, destaca el Poder Ejecutivo, por el lado de la prevención y persecución, y el Poder Judicial, como el ente encargado de juzgar y penalizar a los agentes del delito.10

3. El otorgamiento de indultos, conmutaciones de pena, y otras gracias presidenciales, se aprueba mediante Resolución Suprema. Todas las reso­ luciones están rubricadas por el Presidente de la República y refrendadas por el Ministro de Justicia en funciones en cumplimiento del artículo 128° de la Constitución Política del Estado. Sin refrendo ministerial, según lo estipulado por el artículo 120° de la Constitución Política, son nulos los actos del Presidente de la República.

La Comisión ha establecido que entre el 20062011 se otorgaron 232 Indultos: De los 104 indul­ tos por razones humanitarias 70 se otorgaron a condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas y de los 128 indultos comunes 2 casos fueron por el mismo delito. La Comisión ha establecido que con respecto de las conmutaciones de pena se otorgaron durante el mismo periodo un total de 5,246, de las cuales 3,207 fueron otorgados a condenados por tráfico ilícito de drogas11. Cabe destacar que 400 con­ mutaciones fueron otorgadas a condenados por Tráfico ilícito de drogas en su forma agravada, se verifica por lo menos en dos casos de estos beneficiados reincidieron en el indicado delito, purgando nuevamente carcelería12 Asimismo, se ha verificado que se otorgaron 1628 conmutaciones de pena por delito de Robo Agra­ vado y 180 conmutaciones por delito de Hurto Agravado, lo cual demuestra un direccionamiento de las conmutaciones de pena hacia el delito de tráfico ilícito de drogas. La Comisión ha determinado que el propio ex Presidente, de puño y letra, incrementó los años conmutados más allá de lo recomendado por la Comisión de Gracias, beneficiando a internos por tráfico ilícito de drogas, como los casos de: Eugen Csorgo, Wolfenson Ríos Vela, José Alexander

En tal sentido, corresponde formular denuncia constitucional contra el ex Presidente Alan García Pérez, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 8° de la Constitución Política del Perú.

La Comisión ha establecido que posteriormente a la salida de la Ministra María Zavala se constituyó una presunta Asociación ilícita, designándose a Miguel Facundo Chinguel como Presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales, modificándo­ se la normativa de acuerdo a lo establecido en la conclusión N° 1. Esta Asociación habría operado hasta el escándalo del Indulto a José Enrique Crousillat, que motivó la destitución del Ministro Aurelio Pastor, Facundo Chinguel y parte del equi­ po que este había llevado a la Comisión de Gracias presidenciales, reestructurándose la Comisión por disposición del nuevo Ministro Víctor García Toma. Consecuentemente, los ministros Aurelio Pastor Valdivieso, Rosario Fernández Figueroa y quienes resulten responsables, por refrendar las Reso­ luciones Supremas14, en los casos investigados por la comisión, son responsables por los actos presidenciales, y solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurra el Presidente de la República, aunque salven su voto, a menos que renuncien inmediatamente15. 4. Julio Espinoza Jiménez, de profesión médico cirujano, militante Aprista, se desempeñaba como Director del Seguro Integral de Salud, cuando se le inició proceso penal por el delito de colusión, por haber concertado con empresas para la adquisición de raciones alimenticias sobrevaloradas para los damnificados del terremoto del 15 de agosto de 2007 por un monto mayor de S/. 19’000,000.00 de Nuevos Soles.

11 Ver Pág. 29 a 36

13 Caso E.01 (Pág. 67), Caso D.29 (Pág. 68-69), Caso C.138 (Pág. 68), Caso 01 (Pág.46,47) y Caso 02 (Pág. 47, 48), (ANEXO:Casos)

12 Caso B.77 (Pág. 66-67) y Pág. 79 Santo Reyes Melchor Cárdenas Yauri

15 Artículo 128° de la Constitución Política

10 Introducción Pág. 3-5 del informe.

14 Ver Pág. 33

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Se ha acreditado la existencia de actos prepa­ ratorios destinados a sustraer de la acción de la justicia a Julio Espinoza Jiménez. Así, el ex Presidente de la República Alan García Pérez y el Presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo Gálvez, mediante Oficio N° 179-2007-PR del 22 de agosto del 2007, dirigido al Presidente del Congreso Luis Gonzales Posada, remitieron un proyecto de ley para que la Contraloría suspenda sus facultades de control previo y simultáneo en las localidades declaradas en emergencia por catástrofes naturales. Ante este propósito, la Comisión de Fiscalización del Congreso archivó la iniciativa16. Encontrándose el proceso en la etapa de Instruc­ ción, el ex Presidente Alan García Pérez le otorgó el Derecho de Gracia por razones humanitarias a Julio Espinoza Jiménez. De acuerdo a la norma­ tiva el indulto por razones humanitarias procede en los siguientes casos: a)Los que padecen enfermedades terminales y no terminales irreversibles o degenerativas. b)Los que pese a padecer enfermedades no termi­ nales, la naturaleza de las condiciones carcelarias puede colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. c)Los afectados por trastornos mentales crónicos, irreversibles o degenerativos. d)Los mayores de 65 años. Cabe señalar, que Julio Espinoza Jiménez tenía 61 años a la fecha del otorgamiento de la gracia presidencial, había tenido un post operatorio favorable y no se encontraba en ninguno de los supuestos antes mencionados, tal como establece el informe médico correspondiente. Actualmente desarrolla una vida normal. En el caso de la Gracia Presidencial por razones humanitarias a Julio Espinoza Jiménez, ex Jefe del Seguro Integral de Salud (SIS), la Comisión encuentra que existen indicios razonables del presunto delito de Encubrimiento Personal por el ex Presidente de la República Alan Gabriel García Pérez y quienes resulten responsables, por lo cual remitirá lo actuado a la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales. La acción de sustraer a una persona – que está involucrada en un proceso judicial – de la acción sancionadora del Estado, a través del Poder Judi­ 16 ANEXOS: Indulto: Julio Espinoza Jiménez: Proyecto de ley suspensión de control

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cial, por la comisión del delito de colusión y false­ dad genérica en agravio del Estado, se encuentra previsto en el artículo 404° del Código Penal. 5. La Comisión tomó conocimiento de diferentes denuncias que se realizaron ante la Comisión de Gracias Presidenciales presidida por Miguel Fa­ cundo Chinguel sobre diversos cobros a internos para la tramitación de las solicitudes de conmu­ tación de pena. Las denuncias fueron presenta­ das por Nelson Rosales Espinoza17, Carmen de Guadalupe Delgado Méndez de Rivera18, Sócrates Grillo Bockos y Julio Antonio Paico Chimoy19. El Ministerio de Justicia informó del trámite admi­ nistrativo que se siguió en la denuncia formulada por Nelson Rosales Espinoza y Julio Paico Chimoy. No hubo ningún tipo de sanción al respecto. 6. Se acreditó que el Ministerio de Justicia contrató servicios de Consultoría para la Comisión de Gracias Presidenciales, adjudicándose las contrataciones a Manuel Huamán Montenegro y Sonia Mendoza Quintanilla. El Ministerio de Justicia informó a la Comisión que no obra en sus archivos el informe que debió presentar Manuel Huamán Montenegro para que proceda el pago de honorarios, sin embargo Miguel Facundo Chinguel otorgó la conformidad para el desembolso de los mismos. Manuel Huamán Montenegro fue posteriormente contratado como abogado para laborar en la indi­ cada Comisión a pesar de haber sido condenado por delito de tráfico ilícito de drogas. Se acreditó que durante el periodo en que estuvo contratado Manuel Huamán Montenegro y Facundo Chinguel se mantuvo en el cargo de Presidente de la Co­ misión de Gracias Presidenciales, se dieron 1,010 conmutaciones a narcotraficantes, de las cuales 89 fueron otorgadas a condenados por delito de tráfico ilícito de drogas en su forma agravada. Sonia Mendoza Quintanilla, amiga personal de Miguel Facundo Chinguel fue nombrada miem­ bro no permanente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Se le adjudicó el concurso para consultoría; paralelamente a esta labor preparaba expedientes de indultos y conmutaciones de pena para posteriormente participar en la votación para decidir si procedía la gracia presidencial20. En tal sentido, se evidencia que Sonia Mendoza Quintanilla cumplió la doble función de elabora­ ción de expedientes y participación en la votación como Comisionada. 17 Pág. 69 18 Pág. 70 19 Pág. 71 20 Ver Pág. 72

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La Comisión de Gracias Presidenciales presidida por Miguel Facundo Chinguel, contrató los servi­ cios de dos condenados por delito de tráfico ilícito de droga: i) Manuel Huamán Montenegro21 y ii) Carmen Morales Pérez22. Manuel Huamán Montenegro fue condenado a ocho años de pena privativa de la libertad por pertenecer a la organización delictiva liderada por los hermanos López Paredes conocida como “Los Norteños”. Carmen Morales Pérez fue condenada a cuatro años de pena privativa de la libertad por tráfico ilícito de drogas, la Comisión de gracias Presi­ denciales presidida por Miguel Facundo Chinguel tramitó su conmutación de pena, siendo benefi­ ciada el 8 de mayo del 2009 mediante Resolución Suprema Nro 100-2009-JUS. Posteriormente fue contratada en la gestión del propio Facundo Chinguel para laborar en la indicada Comisión. La contratación de dichas personas al interior de la Comisión de Gracias Presidenciales responde­ ría a la intención de dar prioridad a los casos de condenados por tráfico ilícito de drogas. 7. El Testigo 01MEGA13, realizó una sindicación directa en contra del ex Ministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso, referente a que con su disposición y anuencia, se favoreció el trámite de la conmutación de pena del ciudadano eslovaco Eugen Csorgo, condenado por delito de tráfico ilícito de drogas, a cambio del pago de quince mil dólares americanos; el acuerdo con el ex Ministro Aurelio Pastor se habría producido el 19 de diciembre de 2009, fecha en que éste visitó el establecimiento penitenciario de Lurigancho y le indicó al testigo que coordine con su asesor José Marruffo. La Comisión ha corroborado lo declarado por 01MEGA1323 respecto a los depósitos, retiros y transferencias. Los depósitos fueron efectuados desde el extranjero por montos aproximados a los señalados por el testigo y se han corroborado transferencias a cuentas pertenecientes a terceras personas cuya identidad se mantiene en reserva para no entorpecer la investigación fiscal. La Comisión considera que existen indicios razo­ nables para formular denuncia Penal contra el ex Ministro de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso y su ex asesor José Marruffo, por la presunta comisión 21 Ver Pág. 74 22 Ver Pág. 76 23 ANEXO: Transcripciones: TESTIGO 01mega13

del delito de Cohecho Pasivo impropio previsto y penado por el artículo 394° del Código Penal. 8. Existen indicios razonables de la presunta co­ misión del delito de Asociación Ilícita tipificado en el artículo 317° del Código Penal, que podría haber incluido a altos funcionarios de Palacio de Gobierno, Ministerio de Justicia e integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales. La comisión considera que la cantidad de gracias presidenciales otorgadas a sentenciados por tráfico ilícito de drogas, en su forma agravada, no pudo ser ejecutada por una o dos personas, sino por una red que conocía perfectamente sus acciones y las ejecutaba coordinadamente. RECOMENDACIONES En mérito a las investigaciones realizadas, la Comisión Investigadora Multipartidaria encar­ gada de investigar la gestión del ex Presidente Alan Gabriel García Pérez, formula las siguientes recomendaciones: 1. Formular acusación constitucional ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones, contra: a) Alan Gabriel García Pérez, Aurelio Pastor Val­ divieso y Rosario Fernández Figueroa, por haber infringido los artículos 8º, 39º, 43º, 44º, 45º, 118º, inciso 1 y 9 de la Constitución Política del Perú. b) Alan Gabriel García Pérez, por la presunta co­ misión del delito de encubrimiento personal, tipi­ ficado en el artículo 404º del Código Penal, por la supuesta sustracción de la acción penal al ciuda­ dano Julio Espinoza Jiménez. c) Aurelio Pastor Valdivieso, por la presunta co­ misión del delito cohecho pasivo impropio tipifi­ cado en el artículo 394º del Código Penal. 2. Elaborar y presentar proyecto de desarrollo Constitucional a fin de mantener el carácter ex­ cepcional del derecho de gracia presidencial, pues su ejercicio indiscriminado e irrazonable genera desconfianza ciudadana, más aún si la excarcela­ ción de varios conmutados, algunos reincidentes, puso en riesgo la seguridad ciudadana. El carácter resocializador de las penas impuestas no siempre se concretó, sobre todo en algunos que fueron condenados por actos criminales y en particular por tráfico de drogas. 3. Recomendar que el Congreso de la República, a través de las comisiones correspondientes, haga 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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efectiva su facultad de control político respecto de las resoluciones supremas mediante las cuales se otorgan las gracias presidenciales, cuando resulte evidente la trasgresión de los límites constitucionales (materiales y formales) de la potestad presidencial. 4. Detallar en las resoluciones supremas que otor­ gan el indulto y las conmutaciones de pena el tipo penal del delito cometido, la pena impuesta, fecha de inicio y cumplimiento de la pena, el tiempo trascurrido de carcelería al recibir el beneficio; y las razones explícitas y objetivas que motivan el otorgamiento de la gracia. 5. Remitir copias del presente informe al Minis­ terio Público a fin de que se adjunte a la investi­ gación que se tramita ante la Fiscalía, respecto a los presuntos delitos cometidos por los integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales, que han sido mencionados en el presente informe, y por otros ex servidores o funcionarios públicos que no tienen la prerrogativa del antejuicio político. Asimismo, para que investigue los vínculos de Miguel Facundo Chinguel con las personas que registran visita a la sede la Comisión de Gracias Presidenciales durante su gestión; así como, la gestión de Miguel Facundo Chinguel como Direc­ tor de SERPOST. 6. Remitir el informe y anexos a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República y a la Contraloría General de la República para que en uso de sus atribuciones investigue las presuntas irregularidades en la contratación de consultorías para la Comisión de Gracias Presidenciales entre los años 2006 a 2011. 7. Recomendar al Ministerio Público que inves­ tigue el motivo por el cual 24 personas a quienes se les concedió la conmutación de pena entre los años 2008 a 2009, realizaron 80 aportes de entre S/. 1.00 a S/. 7.00 Nuevos Soles al Partido Aprista. Asimismo, que se investigue si es que – como ha declarado el testigo 01 MEGA 13- hubo conmu­ tados que fueron convocados para movilizaciones partidarias del Partido Aprista.” “Votación del informe de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión de Alan García Pérez como Presidente de la República, caso Indultos y Conmutaciones de Pena” Señores congresistas que votaron a favor: Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Benítez Rivas, Canches Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Che­ hade Moya, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Dueñas, Delgado Zegarra, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichai­ co, Huayama Neira, Inga Vásquez, Isla Rojas, Jul­ ca Jara, León Rivera, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, Mavila León, Mendo­ za Frisch, Molina Martínez, Mora Zevallos, Nayap Kinin, Oseda Soto, Pari Choquecota, Reynaga So­ to, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Solórzano Flores, Tejada Galindo, Valencia Quiroz, Valle Ra­ mírez, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar. Señores congresistas que votaron en contra: Belaunde Moreyra, Bruce Montes de Oca, León Romero, Mulder Bedoya, Reggiardo Barre­ to, Rodríguez Zavaleta y Velásquez Quesquén. Señores congresistas que se abstuvieron: Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Galarre­ ta Velarde, García Belaunde, Iberico Núñez, Si­ mon Munaro y Wong Pujada.” Se aprueban modificaciones al Cuadro de Comisiones correspondiente al período anual de sesiones 2013-2014 y a la Comisión de Ética Parlamentaria El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a dar cuenta de modificaciones al Cuadro de Comisiones y a la Comisión de Ética Parlamentaria. El RELATOR da lectura: Modificación al Cuadro de Comisiones correspon­ diente al período anual de sesiones 2013-2014 y a la Comisión de Ética Comisión de Cultura: Sale de titular la congresista Uribe Medina. Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Acha Romaní. Comisión de Educación: Sale de titular la congre­ sista Uribe Medina. Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Gamarra Saldívar. Comisión de Justicia: Sale de titular la congresista Uribe Medina. Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Delgado Zegarra. Comisión de la Mujer: Sale de titular la congresista Uribe Medina. Sale de accesitaria e ingresa como titular la congresista Espinoza Cruz.

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Comisión de Ética Parlamentaria: Sale la congre­ sista Chacón De Vettori. Ingresa el congresista Díaz Dios. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se van a votar a mano alzada las modificaciones leídas por el Relator. Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la votación, se aprueban las modificaciones al Cuadro de Comisiones correspondiente al período anual de sesiones 2013-2014 y a la Comisión de Ética Parlamentaria. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Han sido aprobadas. —Las siguientes modificaciones en el Cuadro de Comisiones Ordinarias y en la composición de la Comisión de Ética Parlamentaria: -En la Comisión de Cultura: Sale de titular la con­ gresista Uribe Medina. Sale de accesitario e ingresa como titular el congresista Acha Romaní. -En la Comisión de Educación: Sale de titular la congresista Uribe Medina. Sale de accesitario e in­ gresa como titular el congresista Gamarra Saldívar. -En la Comisión de Justicia: Sale de titular la con­ gresista Uribe Medina. Sale de accesitario e ingre­ sa como titular el congresista Delgado Zegarra. -En la Comisión de la Mujer: Sale de titular la con­ gresista Uribe Medina. Sale de accesitaria e ingresa como titular la congresista Espinoza Cruz. -En la Comisión de Ética Parlamentaria: Sale la congresista Chacón De Vettori. Ingresa el congre­ sista Díaz Dios. Se aprueba el texto sustitutorio de la Moción de Orden del Día N.° 3324, que propone la conformación de una comisión investigadora respecto de procesos de transferencia de terrenos de propiedad del Estado y presuntas apropiaciones ilícitas del empresario Rodolfo Orellana Rengifo El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— El congresista Víctor Andrés García Belaunde ha pedido brevemente el uso de la palabra.

El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidente, desde hace veinticinco meses hay una moción para otorgar facultades extraordina­ rias a una comisión para investigar a este famoso grupo mafioso de Ore­ llana Rengifo, que todos los días sale en los periódicos y está metido en varias regiones a través de una serie de actos irregulares. Planteo que se vote ahora. Todos los portavoces han firmado el pedido para que hoy día se vote que una comisión investigue los actos de esta mafia organizada y sus vincula­ ciones con el Ministerio Público, el Poder Judicial y otras instituciones del Estado. No sé si podremos votarla ahora, Presidente, porque ya lleva veinticinco meses de espera. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista García Belaunde, la idea era que se votara sin debate. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Votemos de una vez. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Bien, pero lo que yo tengo es la moción para dar facultades de comisión investigadora. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Presidente, estamos pidiendo que se nombre una comisión especial que investigue, y aquí está la moción, cuyo texto podría ser el siguiente: “Conformar una comisión investigadora por el plazo de 180 días hábiles con el fin de: 1. Investigar el proceso de transferencia de terrenos de propiedad del Estado, con el fin de determinar, entre otros, la irregularidad del proceso de transferencia del Hospital Hermilio Valdizán y de inmuebles de la Fundación por los Niños del Perú. 2. Investigar los nexos del empresario Rodolfo Ore­ llana Rengifo con altos funcionarios del Estado, con cuya presunta colaboración o anuencia hubieran obtenido beneficios relacionados con la presunta apropiación de bienes estatales, públicos o privados. 3. Investigar los casos de presuntas apropiacio­ nes ilícitas que el empresario Rodolfo Orellana Rengifo habría realizado u obtenido valiéndose de contactos, redes o nexos con funcionarios públicos del Estado.” 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Yo quisiera que se ponga esto a votación para nombrar la comisión. Los integrantes pueden nombrarse ahora o, en todo caso, la próxima semana. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista García Belaunde, Oficialía Mayor me informa que el día de hoy no podemos votar. Se va a dar trámite a la moción y votaremos la próxima semana. Las reuniones privadas no se hacen públicas. Se va a consultar la admisión a debate de la moción. Congresista García Belaunde, yo le pido más respeto y que deje de gritar. Relator, dé cuenta de la moción. El RELATOR da lectura: Moción de Orden del Día 3324 El Congreso de la República, Acuerda: Otorgar facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de Fiscalización y Contraloría, conforme al artículo 88.° del Reglamento del Congreso de la República, por el plazo de 180 días hábiles, con el fin de investigar el proceso de transferencia de terrenos de propiedad del Hospital Hermilio Valdizán y de la Fundación por los Niños del Perú y su vinculación con el presunto tráfico de terrenos de propiedad del Estado. Así como para investigar los posibles actos de corrupción cometidos por funcionarios de la Municipalidad distrital de La Victoria vía remate de terrenos en los procedimientos de ejecución coactiva en perjuicio de los vecinos de la mencionada comuna, entre otros casos. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista Vicente Zeballos, presidente de la Comisión de Fiscalización. El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Presidente, lo que ha leído el Relator es precisamente el conte­ nido de la Moción de Orden del Día 3324, presentada el 31 de mayo del 2012. Los argumentos y el acuerdo son los que él textualmente ha expresado. Sin embargo, lo vertido Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

por el congresista García Belaunde en lo que respecta al acuerdo es diferente. En la propuesta inicial hablamos de otorgar facultades de comisión investigadora a la Comisión de Fiscalización. La propuesta alcanzada por el congresista García Belaunde habla de una comisión especial. Yo no tengo ningún inconveniente, como presi­ dente de la Comisión de Fiscalización, en que sea la majestad del Parlamento la que decida. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Una vez admitida a debate. Antes de que procedamos a consultar la admisión a debate, se va a registrar la asistencia. —Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Han registrado su asistencia 86 congresistas. Se recuerda que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 88.° del Reglamento, la admisión a debate requiere del voto a favor del 35% de los miembros del Congreso; es decir, de 46 congre­ sistas. Al voto la admisión a debate. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la votación, se acuerda, por 82 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la admisión a debate de la moción de orden del día. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ha sido acordada. Se deja constancia, además, de los votos a favor de los congresistas Huaire Chuquichaico, Carrillo Cavero, Inga Vásquez, Angulo Álvarez, Díaz Dios, Yovera Flores y Cordero Jon Tay. Resultado final: 89 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La moción ha sido admitida a debate. “Votación de la admisión a debate de la moción de orden del día 3324

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Señores congresistas que votaron a favor: Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Anica­ ma Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingo­ lea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Ma­ mani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, De la Torre Due­ ñas, Elías Ávalos, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Isla Rojas, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Ri­ vera, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Ma­ vila León, Medina Ortíz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez Tello de Rodríguez, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Simon Munaro, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Wong Pujada, Yrupailla Montes, Zamudio Bri­ ceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el congresista García Belaunde. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Señor Presidente, pido que la moción se apruebe. Los miembros de la comisión podrían elegirse perfectamente en la próxi­ ma sesión, la próxima semana. Que se apruebe la moción hoy y que la conformación de la comisión se elija la próxima semana. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene la palabra el con­ gresista Vicente Zeballos para que indique el texto sustitutorio que va a ser sometido a votación. El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Señor Presidente, como lo he manifestado, la moción de orden del día a la que ha dado lectura el Relator es la número 3324, que es producto de un acuerdo sostenido en mayo de 2012. Obviamente, hay una nueva propuesta, que ha sido alcanzada por el congresista Víctor Andrés

García Belaunde, y nos allanamos a ella. No tenemos ningún ánimo de tener exclusividad en la acción de fiscalización. Hay un total despren­ dimiento de parte de nuestra comisión. Hago eco de la propuesta alcanzada. Que el día de hoy se apruebe la constitución de esta comisión y que la próxima semana se elija a sus integrantes. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se va a dar lectura al texto remitido por el presidente de la Comisión. El RELATOR da lectura: “Texto Sustitutorio de la Moción de Orden del Día 3324 El Congreso de la República; Acuerda: Conformar una comisión investigadora por el plazo de 180 días hábiles, con el fin de: 1. Investigar el proceso de transferencia de terre­ nos de propiedad del Estado, con el fin de deter­ minar, entre otros, la irregularidad del proceso de transferencia del Hospital Hermilio Valdizán y de inmuebles de la Fundación por lo Niños del Perú. 2. Investigar los nexos del empresario Rodolfo Orellana Rengifo con altos funcionarios del Es­ tado, con cuya presunta colaboración o anuencia hubieran obtenido beneficios relacionados con la presunta apropiación de bienes estatales, públicos o privados. 3. Investigar los casos de presuntas apropiacio­ nes ilícitas que el empresario Rodolfo Orellana Rengifo habría realizado u obtenido valiéndose de contactos, redes o nexos con funcionarios públicos del Estado.” El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Vamos a abrir el debate. Primero el congresista Modesto Julca, luego el congresista Javier Velásquez. Les pido que sean precisos. El señor JULCA JARA (PP).— Señor Presidente, quisiera que se agregue lo que se refiere a Coopex [Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras], cooperativa que ha tenido toda una suerte de sistema en todas las regio­ nes y entidades del Estado. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Por eso, quisiera que dentro la moción se diga de manera específica que se investigue toda la relación con Coopex. Además, Presidente, hay denuncias que involu­ cran delitos de lavado de activos y narcotráfico, y también deberían incluirse dentro de la moción.

Puede haber hechos en apariencia legales, pero después se determina su ilegalidad. Gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Leonardo Inga, brevemente.

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Javier Velásquez. El señor VELÁSQUEZ QUESQUÉN (GPCP).— Señor Presi­ dente, en el último texto hablan de beneficios; pero lo que tendría que investigar la comisión son beneficios ilegales. Pido que a la palabra beneficios le añadan el término ilegales. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Correcto. Hay dos recomendaciones: una del congresista Julca y otra del congresista Velásquez. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaunde. El señor GARCÍA BELAUNDE (AP-FA).— Habría que añadir las vinculaciones con el crimen organizado, incluidas la Cooperativa Coopex y otras.

El señor INGA VÁSQUEZ (APFA).— Señor Presidente, quisiera que la Representación Nacional tome nota que la Moción 10671, que también debería de haber sido sometida al voto. Que quede el compromiso de debatirla en el próximo Pleno. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Tiene toda la razón, y asumimos el compromiso de que el primer tema del próximo Pleno sea ese. Se va a proceder a dar lectura al texto remitido por el presidente de la Comisión. El RELATOR da lectura: “Texto Sustitutorio de la Moción de Orden del Día 3324

El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Congresista Vicente Zeballos.

El Congreso de la República;

El señor ZEBALLOS SALINAS (SN).— Pre­ sidente, mientras más se amplíe la gama de actos que hay que investigar, en buena hora.

Conformar una comisión investigadora por el plazo de 180 días hábiles, con el fin de:

Creo que se han presentado todas las propuestas alcanzadas. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Sírvase remitir el texto con esas adiciones. Mientras tanto, tiene la palabra el congresista Josué Gutiérrez. El señor GUTIÉRREZ CÓNDOR (NGP).— Señor Presidente, no puede haber restricciones, al comenzarse las investigaciones, respecto de cuál es ilegal y cuál no es ilegal, porque eso recién se sabrá a consecuencia de la investigación. Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

Acuerda:

1. Investigar el proceso de transferencia de terre­ nos de propiedad del Estado, con el fin de deter­ minar, entre otros, la regularidad del proceso de transferencia del Hospital Hermilio Valdizán y de inmuebles de la Fundación por los Niños del Perú. 2. Investigar los nexos del empresario Rodolfo Ore­ llana Rengifo con altos funcionarios del Estado, con cuya presunta colaboración o anuencia hubieran obtenido beneficios relacionados con la presunta apropiación de bienes estatales, públicos o privados. 3. Investigar los casos de presuntas apropiacio­ nes ilícitas que el empresario Rodolfo Orellana Rengifo habría realizado u obtenido valiéndose de contactos, redes o nexos con funcionarios públicos del Estado. 4. Actividades relacionadas al crimen organizado.”

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El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Ese es el texto presen­ tado a las 22 horas y 45 minutos por el presidente de la Comisión de Fiscalización, el congresista Vicente Zeballos. Sírvanse marcar asistencia. —Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Han registrado su asistencia 89 congresistas. La aprobación de la presente moción requiere el voto favorable del 35% de los miembros del Congreso; es decir, por lo menos 46 congresistas. —Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital. —Efectuada la votación, se aprueba, por 88 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el texto sustitutorio de la Moción de Orden del Día N.° 3324, que propone la conformación de una comisión investigadora respecto de procesos de transferencia de terrenos de propiedad del Estado y presuntas apropiaciones ilícitas del empresario Rodolfo Orellana Rengifo. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La Presidencia deja constancia de su voto a favor. Resultado final: 89 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. La moción ha sido aprobada. —El texto de la moción aprobada es el siguiente: “EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA; Acuerda: Conformar una comisión investigadora por el pla­ zo de 180 días hábiles, con el fin de: 1. Investigar el proceso de transferencia de te­ rrenos de propiedad del Estado, con el fin de de­ terminar, entre otros, la regularidad del proceso de transferencia del Hospital Hermilio Valdi­ zán y de inmuebles de la Fundación por los Ni­ ños del Perú.

2. Investigar los nexos del empresario Rodolfo Orellana Rengifo, con altos funcionarios del Es­ tado, con cuya presunta colaboración o anuencia hubieran obtenido beneficios relacionados con la presunta apropiación de bienes estatales, públi­ cos o privados. 3. Investigar los casos de presuntas apropiacio­ nes ilícitas que el empresario Rodolfo Orellana Rengifo, habría realizado u obtenido valiéndose de contactos, redes o nexos con funcionarios pú­ blicos del Estado. 4. Actividades relacionadas al crimen organizado. Lima, 19 de junio de 2014. “ “Votación del texto sustitutorio de la moción de orden del día 3324 Señores congresistas que votaron a favor: Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bardález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Cabrera Ganoza, Canches Guzmán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coa Agui­ lar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, Díaz Dios, Elías Ávalos, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Isla Rojas, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Rivera, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Mavila León, Medina Ortíz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez Tello de Rodríguez, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rodríguez Zavaleta, Romero Rodríguez, Ruiz Loayza, Saave­ dra Vela, Salazar Miranda, Sarmiento Betancourt, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Ina­ fuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Briceño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar.” El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014 - Diario

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Diario de los Debates - Segunda Legislatura Ordinaria de 2013 - Tomo III

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando la mano. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente. —Efectuada la votación, se acuerda tramitar todos los asuntos tratados en la presente sesión sin esperar la aprobación del acta. El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— La dispensa ha sido acordada. “Registro de asistencia a la última votación digital de la sesión (22:45 h) Presentes: Los congresistas Otárola Peñaranda, Aguinaga Recuenco, Andrade Carmona, Angulo Álvarez, Anicama Ñañez, Apaza Ordóñez, Bar­ dález Cochagne, Becerril Rodríguez, Bedoya de Vivanco, Beingolea Delgado, Belaunde Moreyra, Benítez Rivas, Cabrera Ganoza, Canches Guz­ mán, Cárdenas Cerrón, Carrillo Cavero, Ccama Layme, Chávez Cossío, Chehade Moya, Chihuán Ramos, Coa Aguilar, Coari Mamani, Condori Cusi, Condori Jahuira, Cordero Jon Tay, Crisólogo Espejo, Dammert Ego Aguirre, Díaz Dios, Elías Ávalos, Galarreta Velarde, Gamarra Saldívar, García Belaunde, Gastañadui Ramírez, Grandez Saldaña, Guevara Amasifuen, Gutiérrez Cóndor, Huaire Chuquichaico, Huayama Neira, Hurtado Zamudio, Inga Vásquez, Isla Rojas, Julca Jara, Kobashigawa Kobashigawa, Lay Sun, León Ri­ vera, León Romero, Lescano Ancieta, Lewis Del Alcázar, Llatas Altamirano, López Córdova, Ma­ vila León, Medina Ortíz, Melgar Valdez, Mendoza Frisch, Molina Martínez, Mora Zevallos, Mulder Bedoya, Nayap Kinin, Neyra Olaychea, Oseda Soto, Pari Choquecota, Pariona Galindo, Pérez Tello de Rodríguez, Ramírez Gamarra, Reátegui Flores, Reynaga Soto, Rimarachín Cabrera, Rodrí­ guez Zavaleta, Romero Rodríguez, Ruiz Loay­za, Saavedra Vela, Salazar Miranda, Sarmiento Be­

Diario de los Debates - 16.a A Sesión (matinal) 19-6-2014

tancourt, Solórzano Flores, Spadaro Philipps, Tan de Inafuko, Tapia Bernal, Tejada Galindo, Tubino Arias Schreiber, Valencia Quiroz, Valle Ramírez, Valqui Matos, Velásquez Quesquén, Wong Pujada, Yovera Flores, Yrupailla Montes, Zamudio Brice­ ño, Zeballos Salinas y Zerillo Bazalar. Con licencia oficial: Los congresistas Omonte Durand (ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables), Castagnino Lema, Espinoza Cruz, Jara Velásquez (ministra de Trabajo y Promoción del Empleo), Núñez de Acuña, Salgado Rubianes y Teves Quispe. Con licencia por enfermedad: Los congresistas Abugattás Majluf, Acha Romaní, Falconí Picardo, Neyra Huamaní, Tait Villacorta y Urquizo Maggia. En función de representación: Los congresis­ tas Chacón De Vettori, Merino De Lama y Rosas Huaranga. Ausentes: Los congresistas Luna Gálvez, Iberico Núñez, Acuña Núñez, Acuña Peralta, Alcorta Suero, Apaza Condori, Bruce Montes de Oca, Capuñay Quispe, Cuculiza Torre, De la Torre Due­ ñas, Delgado Zegarra, Eguren Neuenschwander, Espinoza Rosales, Fujimori Higuchi, Monterola Abregú, Pérez del Solar Cuculiza, Portugal Cata­ cora, Reggiardo Barreto, Rivas Teixeira, Rondón Fudinaga, Schaefer Cuculiza, Simon Munaro y Vacchelli Corbetto. Suspendidos: Los congresistas Gagó Pérez y Uribe Medina.” El señor PRESIDENTE (Fredy Rolando Otárola Peñaranda).— Se levanta la sesión. —A las 22 horas y 48 minutos, se levanta la sesión. Por la redacción: Fernando Casado Calderón