Mara Cristina Santana Delincuencia juvenil Reportaje Noviembre 2014
Delincuencia Juvenil: La guerra ignorada. La indignación y la desesperanza están presente en la vida de muchas familias puertorriqueñas, quienes tienen que lidiar dia a dia con la ola de violencia y criminalidad que arropa la Isla, buscando una solución a un problema que parece ser ignorado por el sistema de justicia y que está afectando sustancialmente a la juventud. En Puerto Rico se ha podido observar un aumento progresivo en las incidencias criminales de adolescentes, y según indica un reporte estadístico de la Oficina de Asuntos de la Juventud de Puerto Rico las intervenciones legales con menores por haber cometido actos delictivos son de un promedio anual de 17,384, lo que constituye el 20 por ciento del total reportado a la Policía. Sin embargo, a pesar de que la sociedad se ha criminalizado de manera creciente y descontrolada, no existe al sol de hoy un sistema de justicia efectivo y prudente para manejar este asunto.
En lugar de tratar el problema con una rehabilitación intensa y práctica, el
método que actualmente utiliza el sistema legal para corregir a un menor delincuente, es aumentar la longevidad de su sentencia lo que no solo le cuesta dinero a la
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sociedad, sino que no ha mostrado ser una manera efectiva de rehabilitar al joven infractor. La psicóloga y abogada Marta Jomar Martínez, indicó que en la corrección del adolescente debe ser prioridad la educación y rehabilitación del joven, y no solo el castigo. ¨La adolescencia es la etapa formativa en la vida de cada ser humano, es cuando la persona se encuentra en su mayor evolución personal, intelectual, y educativa, por lo que no se puede tratar la delincuencia juvenil ligeramente. Ya que la corrección a tiempo es vital para que ese adolescente enderece su vida y no se convierta en un infractor frecuente¨, insistió. .
Según la Constitución, es imperativa la rehabilitación de todos los confinados, y
el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) está legalmente sujeto a obedecer y establecer un sistema que asegure el pleno cumplimiento de este mandato. De manera que el sistema correccional de Puerto Rico debe brindarle a cada una de las personas que han cometido actos delictivos el disfrute de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, teniendo como objetivo principal promover y desarrollar el crecimiento personal de las personas y no restringirse a penalizar y sentenciar. Aún así el DCR ha recurrido a imponer sentencias cada vez más severas sin medir las consecuencias tanto sociales como económicas que repercuten a raíz de eso. Un ejemplo bastante reciente lo es el caso del joven Jeremy Ruíz Tomassini quien
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ha sido sentenciado a cuatro años de cárcel por ser sorprendido fumando un cigarrillo de marihuana. Esta decisión ha causado que diferentes organizaciones como los miembros del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), reclamen a la Legislatura que desestime la penalización. Asimismo ha ocasionado que las personas vayan a las redes sociales para expresar su descontento con la situación. Por otra parte, el aumento de la duración de las sentencias influye significativamente en la economía puertorriqueña puesto que se necesitan más de 37 mil dólares anuales para mantener a un reo recluido. 37 mil dólares que estaría pagando el pueblo puertorriqueño durante toda la estancia del menor en el recinto. El economista Jorge Ignacio Santiago expresó que un sistema que trabaja subjetivamente basándose en querer castigar a los delincuentes para intentar limpiar el País no es un sistema que pueda trabajar correctamente. ¨Hay que mirarlo desde una perspectiva bien realista, mantener durante 30 años recluido a un joven que cometió una infracción a sus 15 o 16, sin primero brindarle los recursos necesarios para rehabilitarse, no solo es infructuoso, es incomprensible desde un ámbito social y por supuesto, económico¨, declaró Santiago. Hasta el momento la metodología del sistema de justicia no está siendo completamente eficiente ya que varios expertos confirman que más de un 30 por ciento de los jóvenes reinciden e incluso pasan de cometer actos leves, a cometer actos severos.
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Este fue el caso del hijo de la conductora de guaguas escolares, Daly Bonilla, quien falleció hace dos años en medio de una guerra de poder por drogas. La mujer admitió que durante los años de juventud de su hijo, el mismo tuvo problemas con la ley debido a las influencias externas y ajenas a ella, sin embargo Bonilla trató en numerosas ocasiones de buscarle ayuda a su hijo a través de los programas de rehabilitación que ofrece el gobierno, pero todos sus intentos fueron fallidos. Bonilla explicó que el problema con el sistema de rehabilitación es que te ofrecen numerosas opciones, pero no se enfocan en llevarlas a cabo de manera útil y beneficiosa para los jóvenes. ¨Ellos te ponen unos programas, te dicen fechas y horas, y qué trámites hacer, pero a la hora de la verdad, nada de eso funciona, porque te lo presentan todo bonito, pero así no es como lo trabajan en realidad¨, criticó la mujer, quien también dijo que intentó todo en el núcleo familiar para ayudar a su hijo, pero sentía que necesitaba una ayuda profesional que no estaba recibiendo. Esto es solo un ejemplo de la gran cantidad de familias que se enfrenta a este tipo de situaciones con frecuencia, y que carecen de los recursos necesarios para poder brindarle a los jóvenes la ayuda que necesitan, por lo que requieren de la intervención del sistema de justicia para poder llevar la historia a una conclusión favorable. La ineficacia y la tardanza con la que se han abordado los problemas de delincuencia juvenil, junto a la falta de recursos y respuestas para solucionar el asunto, son algunos de los factores influyentes en el aumento de las incidencias delictivas.
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El delito, según la psicóloga Martínez, es motivado por diferentes razones, una de ellas la falta de educación, al igual que la falta de orden y dirección, de la cual gran parte de estos jóvenes carecen. Sin embargo, también indicó que no se debe generalizar: ¨Es cierto que el perfil común del delincuente suele indicar una baja escolaridad al igual que un bajo nivel económico, pero no se debe generalizar, debido a que no todos los jóvenes de escasos recursos delinquen, ni todos los jóvenes ricos son ejemplares¨, a esto añadió que hay que reestructurar la manera en que se mira la delincuencia juvenil, ya que es un término altamente estereotipado y puede estar errado. Según la psicóloga la clave para prevenir las incidencias es la detección temprana del problema, y su corrección de manera prudente y minuciosa, ya que, como indicó Martínez, en los seres humanos existe el derecho de errar, pero también el deber de asumir la responsabilidad y rectificar. Por lo que es sumamente necesario que el sistema de justicia y el DCR hagan un trabajo impecable, y así evitar mayores consecuencias tanto para las familias, y los jóvenes, como para el país.
