OPINIÓN | 23

| Viernes 26 de diciembre de 2014

el futuro de cuba y la región. Tras el restablecimiento de relaciones con EE.UU., el régimen podría iniciar un camino hacia

la apertura; sin embargo, no siempre los beneficios del comercio producen una liberalización en la esfera política

Del totalitarismo al autoritarismo Natalio R. Botana —PARA LA NACION—

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e más está decir: la experiencia del largo medio siglo que transcurre entre el triunfo de la revolución cubana y la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana fracturó la política latinoamericana. Cuba se convirtió así en el signo de contradicción por excelencia, que dividió nuestro pasado del siglo XX en campos opuestos y radicalmente irreductibles. Euforia, ascenso y declinación. La utopía sangrienta, devota de la construcción por medio de la violencia de un hombre nuevo sobre las miserias y desigualdades del continente, concluye envuelta en el fracaso y, para los que quizás evoquen las ilusiones perdidas, por un irremediable tono melancólico. De todo aquello ahora quedan la agonía y la esclerosis de un gobierno gerontocrático. ¿Significa acaso esta audaz decisión del presidente estadounidense, Barack Obama, el punto de partida de una nueva historia para Cuba, en la cual las promesas de una sociedad abierta sean capaces de socavar la asfixia de una sociedad totalitaria? No necesariamente. El error de los Estados Unidos, defendido a todo trance por varias presidencias desde comienzos de los años 60, consistió en olvidar una de las grandes razones estratégicas del pensamiento liberal. Según la enseñanza de Montesquieu, que recogen los libros XX y XXII de Del espíritu de las leyes, el despotismo –la peor forma de gobierno– se podría vencer paso a paso gracias a la acción pacificadora del comercio, partero de “costumbres apacibles”. Esta reflexión de uno de los maestros de los padres fundadores de los Estados Unidos fue dejada de lado aun por aquellos (pienso sobre todo en el exilio cubano) que enfáticamente hacen de abanderados de aquella tradición. Las razones que esgrimía Montesquieu ponían frente a frente dos tipos de moral: la moral guerrera y represiva, que encarnaba el despotismo, y la moral pacífica que resultaba de combinar las libertades civiles, políticas y comerciales con hábitos basados en beneficios mutuos. Muy pocos ejemplos había en aquel momento de mediados del siglo XVIII para abonar esta teoría. Por otra parte, huelga recordar que, en la Argentina del XIX, con lo mismo soñaba Alberdi. Esas corrientes de pacificación no llega-

ron a Cuba y es posible que todavía pase un tiempo para que tal propósito se consume con el levantamiento del embargo por parte del Congreso norteamericano. Sería conveniente que los legisladores revisaran los efectos negativos de la política de mano dura cristalizada en la interrupción del intercambio con la isla. No sirvió para mucho, salvo para acentuar la indigencia de la sociedad cubana y robustecer, paradójicamente, los intransigentes movimientos tácticos de Fidel Castro. Debido a esta tozudez compartida por ambas partes, cuando se fue apagando el recurso de la violencia revolucionaria con el colapso de la Unión Soviética, hará pronto un cuarto de siglo, Cuba permaneció encerrada en su fortaleza ideológica y supo hacer de trampolín para que se lanzara sobre el continente otra versión del socialismo recreada por Hugo Chávez y sus abundantes recursos petroleros. Tabla de salvación, Venezuela sucedió de este modo a la Unión Soviética. No duró mucho tiempo esta maniobra, aunque le permitió a Cuba sortear el drama de una pronunciada escasez para satisfacer necesidades básicas de la población. Hoy también el ensayo de socialismo tropical que intentó Chávez se está desmoronando al influjo de la gobernanza incompetente de Nicolás Maduro y de la caída en picada de los precios del petróleo. Estamos pues en presencia de un tembladeral, en el cual chapotean Cuba y Venezuela, que tiene al menos dos salidas posibles. En la primera, el camino lo trazan Estados Unidos, en franca recuperación económica y energética, y las democracias occidentales, en particular las europeas, que no atinan a superar una etapa de estancamiento; en la segunda, el camino lo alumbra la estrella de China. La diferencia no es ociosa para América latina, porque la lección que se desprende, en estos tres lustros del siglo XXI, es que los beneficios del comercio, de la acumulación de capital, de la inversión y de la aceleración del consumo no producen, como si se tratase de una consecuencia mecánica, una liberalización amplia en la esfera política y en el plano de las libertades públicas. Ésta es la rotunda novedad que ha introducido el exitoso experimento de China: el flujo del comercio no es en efecto incompatible con un sistema

Con la apertura hacia los Estados Unidos, la aventura totalitaria de Cuba se ha enterrado definitivamente Es obvio que a China no le disgustan los ensayos propios de la tradición populista latinoamericana político autoritario de partido único. Y no se trata solamente de China; otros países, el ejemplo más citado es el de Vietnam, se suman a este modelo ascendente. Sus resultados nos advierten que sobre las ruinas del totalitarismo al modo soviético, maoísta o cubano, esta nueva forma de autoritarismo político, capaz de impulsar el desarrollo económico, goza al contrario de excelente salud. Lo que vendría a demostrar que el arte de combinar en una fórmula de-

mocrática las libertades civiles y económicas con la libertad política proveniente de las vertientes republicanas representa, en muchos países, un logro difícil de alcanzar. En este mundo heterogéneo está ubicada América latina. Con la apertura hacia los Estados Unidos, la aventura totalitaria que se acopló a las pasiones revolucionarias se ha enterrado definitivamente. Esto no significa que, de un plumazo, por la mera acción de los tres poderes involucrados (la presidencia de los Estados Unidos, el desgastado liderazgo de los hermanos Castro y el poder religioso y diplomático del Estado del Vaticano asumido en esta oportunidad por el popular papa Francisco), Cuba y América latina entren de lleno en una etapa de plena vigencia de la democracia republicana y del imperio de las libertades públicas y de opinión. Si bien podríamos afirmar que ese horizonte nos atrae y convence, según señalan las encuestas de opinión, no es menos cierto que la traducción institucional de esa legitimidad valiosa avanza a los tropezones, con retrocesos que contrastan con otros indudables avances. Entre esas recaídas, como viene ocurriendo en nuestro país desde hace más de veinte años, está clavada la tentación hegemónica. Son gobiernos con fuerte apoyo del electorado que no re-

signan su ambición de montar una democracia de control sobre la opinión pública. La hegemonía del Poder Ejecutivo y el rol dominante de esos líderes con vocación reeleccionista a perpetuidad son la clave de bóveda de esos regímenes. Es probable que Venezuela sucumba en esta empresa debido a la ineptitud del régimen para transmitir el carisma de Chávez a su sucesor, pero la consolidación de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador son un botón de muestra del arraigo de esta fórmula alternativa en América latina, a mitad de camino entre el autoritarismo y la democracia republicana. Evidentemente, esto es lo que el kirchnerismo no logró en nuestro país, aunque no esté dicha la última palabra hasta tanto las opciones opositoras puedan quedarse con el laurel de la victoria el año próximo (hipótesis que, hasta el momento, aún está en veremos). Es obvio que a China no le disgustan los ensayos propios de la tradición populista latinoamericana. Tampoco al vetusto liderazgo cubano que buscará salvar lo que se pueda defendiendo un autoritarismo remozado gracias a los beneficios de las inversiones norteamericanas, las remesas y el turismo. El tiempo dirá si estos aprontes también fracasan. © LA NACION

Uruguay en su laberinto Julio María Sanguinetti —PARA LA NACION—

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MONTEVIDEO

irado desde Buenos Aires, el Uruguay siempre luce apacible. Es natural que así sea en medio del constante agonismo melodramático que es la política argentina, donde los tantos brillos individuales se opacan con las airadas polémicas. Superada esa impresión superficial, debajo de ese oleaje de suave apariencia se viven peripecias bastante más preocupantes. Una es la aprobación, a cajas destempladas, de una ley de medios que se fue elaborando del modo más peculiar. Nuestro presidente Mujica dijo en su tiempo que “no hay mejor ley de medios que la que no existe” (septiembre de 2010, en la revista brasileña Veja) y cosechó aplausos en todo el continente. Ante la insistencia periodística, que tomaba nota de que se estaba trabajando en silencio en una ley, añadió: “Si me traen un proyecto de regulación de los medios, lo tiro a la papelera” (diciembre de 2010, en Mar del Plata). El hecho es que se siguió adelante con la iniciativa y en mayo de 2013, con 198 artículos, el mismo presi-

dente que tan enfáticamente había hablado envió la ley al Parlamento. En el trámite parlamentario aparecieron numerosas objeciones y se hicieron algunos retoques que no alteraron su esencia reglamentarista. Ya próximos al tiempo electoral, la ley se encajonó, para no generar protestas incómodas, y ahora, no bien pasó la hora del sufragio, al amparo de la mayoría parlamentaria, se votó a trancas y barrancas. El oficialismo no se inmutó ante el anuncio que hizo el Partido Independiente de que impugnará la norma por inconstitucional, en cuanto regula la publicidad electoral sin las mayorías requeridas (2/3 de votos) para la delicada materia. Tampoco consideró los serios cuestionamientos de la SIP y el rechazo de todos los medios a su introducción en los contenidos, vigilados por varias instituciones políticas, con capacidad sancionatoria. Ellos tendrán a su cargo juzgar asuntos tan vidriosos como prohibir, entre las 6 y las 22, toda publicidad para niños que les induzca al consumo, o en general situaciones confusamente descriptas relativas a la “tru-

culencia” u otros maleables conceptos. Los argumentos gubernamentales van en la misma línea del gobierno kirchnerista. La ley, según la oposición, se parece muchísimo a la argentina: se la sanciona bajo el himno de impedir monopolios, aunque crea uno nuevo, en manos de la empresa telefónica del Estado, para la transmisión de datos. Pretendiendo justificarse, el presidente dijo: “Yo no quiero que Clarín o Globo o Slim se hagan dueños de las comunicaciones en Uruguay”. Lo que, naturalmente, nada tiene que ver con la realidad. Mientras esto ocurre, lenta, trabajosamente, se va poniendo en marcha la discutida legalización de la marihuana, que, aprobada en diciembre, aún no ha comenzado a funcionar. Pero la tal legalización ha sido tomada como una suerte de bendición y los chicos ya fuman marihuana más que tabaco, como acaba de comprobarlo una encuesta oficial (Junta Nacional de Drogas, 9 de diciembre de 2014). Luego de una exitosa campaña contra el tabaquismo, impulsada por Tabaré Vázquez cuando era presidente, ahora se vive

la contradicción de promover el cultivo y el consumo de la marihuana. Y decimos “promover” porque el propio Laboratorio Tecnológico del Uruguay acaba de hacer una exposición sobre los méritos del cannabis y Mujica llegó a decir: “Teníamos un famoso profeta, Julio Herrera y Reissig, que escribía poemas y vivía en una torre de marfil. Se daba la papa y compraba la cocaína en la farmacia y era de espléndida calidad. Y no pasaba nada”. Le faltó decir que nuestro gran poeta modernista padecía de una enfermedad cardíaca que le producía severos espasmos y que, en la pobre terapéutica de la época, los médicos le habían recetado morfina (no cocaína) con tan escaso resultado que murió con sólo 35 años. Si el ejemplo era malo, peor aun el mensaje subliminal de que “darse la papa” es más o menos benemérito. Pero lo que es realmente irresponsable es que no exista una campaña de información adecuada, advirtiendo sobre los riesgos –indiscutibles científicamente– del consumo de marihuana. Los informes médicos son rotundos y no hace mucho tiempo la

Academia de Medicina de Francia emitió un drástico pronunciamiento sobre sus efectos psíquicos y físicos (www.academiemedicine.fr). Así como no hay uruguayo que no tenga claro el efecto cancerígeno del tabaco, no hay joven que posea, en cambio, la información mínima sobre la marihuana, cuya tendencia a la evasión impacta justamente en el mayor problema que hoy advierten los docentes: la dispersión. De este modo se rebasa un umbral psicológico y se les abre a los adolescentes, con sus temores y sus vacíos espirituales, el camino de la búsqueda de paraísos artificiales que les colmen lo que sus afectos, sus vocaciones, su religión o el deporte aparentemente no les proporcionen. Son dos debates importantes sobre las libertades. Y en ambos hay más preocupaciones que tranquilidades, más riesgos que certezas. Mientras, en el firmamento uruguayo vuelan los fuegos artificiales sobre los presos de Guantánamo o los inmigrantes sirios. © LA NACION El autor fue presidente del Uruguay

Perseguir la evasión sin lesionar derechos Roberto Durrieu Figueroa

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l Congreso busca crear una Comisión Bicameral para investigar evasión y fuga de capitales a través de cuentas bancarias no declaradas en Suiza. La iniciativa está fundada en la reciente denuncia de la AFIP ante el fuero penal tributario sobre 4040 posibles casos de fraude fiscal de contribuyentes argentinos por más de 3000 millones de dólares. La iniciativa parece irreprochable; tanto, que obtuvo un amplio apoyo en diputados. Incluso se aclaró, por suerte, que el objeto de la comisión investigadora no será condenar a los agentes económicos (empresas y contribuyentes argentinos): la cuestión quedará en manos de la Justicia. Pero la propuesta, por seductora que parezca, es pasible de reproches que hacen al respeto de la privacidad, intimidad, honra

—PARA LA NACION—

y derecho a la reserva personal, laboral y familiar de las personas, garantías protegidas incluso por tratados de derechos humanos. Hay quienes dicen, en concreto, que la iniciativa no supera el “examen de legalidad”. Es que no está claro bajo qué circunstancias se obtuvieron y aportaron los nombres de los supuestos titulares de cuentas irregulares del exterior. Se dijo que todo nació de un acuerdo entre la AFIP y el fisco francés; y que, a su vez, el gobierno francés obtuvo la información de terceros anónimos (no identificados aún). Resulta fundamental, entonces, que dichos extremos se corroboren antes de iniciar cualquier investigación legislativa o judicial. Lo que se pretende así es evitar el peor escenario; esto es, que quienes aportaron dicha información clave a los organismos

fiscales no sean más que “difamadores seriales” en busca de protagonismo o rédito político. La experiencia en el caso de Enrique Olivera y de otros tantos que fueron víctimas de campañas difamatorias montadas sobre livianas acusaciones de evasión y lavado de activos exige poner el ojo en el origen de la noticia. Para evitar excesos y dobles intenciones, la Justicia negó en sucesivas oportunidades las pesquisas originadas en fuente difusa e incierta. Se exige como requisito que el nacimiento de cualquier interrogatorio estatal esté fundado en información obtenida legalmente por tal o cual persona. La actividad investigativa del Estado, dicen los fallos, no puede transformarse en una “excursión de pesca”, en el sentido de que si el resultado de una denuncia de fuente objetable es negativo, sigo con otra y así sucesivamente

hasta conseguir lo deseado. Dicho de otro modo, se puede decir que es válido investigar hechos, pero resulta írrito proceder a la inversa e interrogar a particulares para cerciorarse si incurrieron en algún episodio ilegal. Sobre todo si se trata de interrogatorios que serán públicos y con abultada audiencia. En esta línea, en el fallo “Ilic Dragoslovs s/ prueba”, la Cámara Penal Económica agregó que “el origen incierto de una denuncia de evasión no es cuestión menor, porque imposibilita conocer la procedencia de la información y el interés concreto de quién la envió, asegurando la impunidad de la denuncia falsa”. En palabras del tratadista Cafferatta Nores, aprovechar la prueba obtenida en forma irregular para iniciar una pesquisa es tan inadmisible como aprovechar la ilegalidad para intentar probar la comi-

sión de un hecho aún incierto y sospechoso. Ahora bien, ¿cuál es la conducta más prudente que debería adoptar la comisión parlamentaria para indagar sobre los supuestos 4040 casos de evasión sin incurrir en abusos y superposiciones con la justicia penal? Sencillo: que se estudie con detenimiento, en sede administrativa y previo al inicio de cualquier pesquisa (judicial o parlamentaria, da igual) el cómo, cuándo y por qué –en qué contexto– se obtuvieron las famosas listas de posibles evasores. Este mínimo baño de seriedad permitirá diluir los riesgos de que personas sin escrúpulos se sirvan de la comisión investigadora o de la justicia penal con fines espurios, tales como la venganza, la envidia o la mala competencia política. © LA NACION El autor es doctor de derecho