16 | ADN CULTURA | Viernes 12 de septiembre de 2014

patrimonio Debates sobre preservación

Pringles y Potosí (Almagro)

Alsina y Piedras (Microcentro)

Arte. Cambalache porteño En busca de soluciones creativas. Como otras capitales del mundo, Buenos Aires necesita alternativas consensuadas a los principales problemas que plantea la protección de la cultura urbana y arquitectónica: qué preservar, qué destruir, qué construir y cómo hacerlo. El patchwork que caracteriza la identidad local contrasta con la voluntad de homogeneizar la ciudad Fabio Grementieri | Para La nacion

L

a preservación del patrimonio arquitectónico y urbano se ha consolidado en esta última década como una variable fundamental en el desarrollo de las ciudades. Un fenómeno similar al que ocurrió con la conservación de la naturaleza, que tuvo su estallido en la década de 1970. En ambos casos son emergentes de la posmodernidad, que vino a desestabilizar los relatos y las certezas modernas. En el devenir del patrimonio tangible e El autor es arquitecto, especializado en patrimonio. Fue distinguido por la Universidad de Notre Dame por su acción pública y es autor de numerosos libros sobre estilos patrimoniales tradicionales.

inmueble en todo el mundo concurren muchas variables con distintos actores en tensión que pujan por intereses generalmente encontrados. Pero cada ciudad, en especial las grandes metrópolis, tiene su problemática y su búsqueda de soluciones específicas. Buenos Aires no escapa a los fenómenos globalizados. El dilema de fondo, en un sentido ecológico y territorial, es la disyuntiva entre crecimiento vertical y crecimiento horizontal. Concentración y densificación poblacional en tramas existentes o nuevas expansiones de las aglomeraciones urbanas. La primera requiere de mayor gasto energético, la segunda avanza y destruye suelos naturales, cultivables o incluso vírgenes. En términos porteños: Belgrano o Nordelta. El

dilema no está resuelto y se ensayan todas las alternativas. Quizá la respuesta más apropiada sea la densificación de zonas ya “verticalizadas” y la preservación de áreas con tejido más bajo y jardines. Esto requiere del establecimiento de jerarquías y grados de protección en materia patrimonial, surgido de consensos para conservar lo más valioso de la mejor manera posible. La responsabilidad fundamental es de la gestión pública –de los tres poderes del Estado– pero también deben concurrir los otros actores que tienen derechos y deberes: propietarios privados, desarrolladores e inversores, profesionales y empresas de la construcción, así como también ONG, vecinos, medios de comunicación y opinión pública.

Las preguntas principales son qué preservar y cómo hacerlo. Pero también debe plantearse qué destruir y cómo hacerlo. Y aún más: qué construir y cómo hacerlo. Cada grupo de actores asume su rol desde una postura casi fundamentalista aunque muchas veces contradictoria. El Estado, como director de orquesta, se erige en árbitro pero casi en forma exclusiva sobre las propiedades privadas; rara vez se autocontrola o lo hace de manera laxa, y el patrimonio bajo su jurisdicción sufre toda clase de tropelías. El potente coro de la alianza de la industria de la construcción insiste con la renovación implacable, siguiendo un paradigma progresista ya muy desvencijado, y casi nunca vislumbra la capacidad de hacer buenos ne-