POLÍTICA | 9

| Miércoles 29 de octubre de 2014

Allanan una radio que difundió escuchas sobre narcotráfico

bahía blanca. La emisora puso al aire grabaciones de una causa contra Juan Suris, el

empresario que también está involucrado en la trama de facturas falsas que usó Báez La justicia federal de Bahía Blanca allanó ayer una radio y un diario digital de esa ciudad bonaerense y secuestró audios de escuchas telefónicas que forman parte de la causa por narcotráfico por la que está detenido desde enero pasado el empresario Juan Ignacio Suris, que se hizo conocido por sus vínculos con Lázaro Báez. El operativo se realizó por la mañana en la sede de La Brújula 24, en el centro bahiense, y derivó en denuncias por la supuesta violación del derecho a la libertad de expresión y de la protección de las fuentes periodísticas, consagrado por la Constitución Nacional. Según Germán Sasso, periodista y director del sitio web, el allanamiento se llevó adelante pocas horas después de que, desde la radio y el diario digital, se anticipara la próxima publicación de nuevas escuchas. “Habíamos anunciado que en los próximos días íbamos a pasar una escucha en donde Suris comprometía a gente del Poder Judicial de Bahía Blanca. Dos o tres días después de eso nos cae el allanamiento. Nos llama mucho la atención”, relató Sasso a Radio Mitre. “La intención, según nos dice la policía, es llevarse todo lo relacionado con Suris, [Leonardo] Fariña y las escuchas que desde febrero venimos revelando. Son escuchas de la causa vinculadas a narcotráfico y al entramado policial que a él [por Suris] lo protegía para vender la droga”, añadió. Pocas horas después del allanamiento, el juez que lo ordenó, Santiago Martínez, a cargo del Juzgado Federal N° 1, difundió un comunicado para aclarar que había actuado por pedido del Ministerio Público Fiscal. No aclaró si se refería al fiscal de instrucción, Antonio Castaño, o a

Periodistas de La Brújula 24, la radio y diario digital allanados su superior, el fiscal Alejandro Cantaro. En el escrito, Martínez, que es subrogante, precisó que el allanamiento se hizo para investigar “la presunta sustracción o violación de secretos por parte de funcionarios públicos” y “eventuales complicidades y/o encubrimiento de quienes los hubieren recibido y difundido”. El operativo provocó la reacción de la Fundación Libertad de Expresión + Democracia (LED), que lo describió como “un grave procedimiento contra la libertad de prensa”. “Estaríamos ante un caso de violación de los derechos y principios tutelados por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales que la integran”, advirtió la

presidenta de LED y ex diputada nacional Silvana Giudici. El allanamiento y la posterior aclaración del juez Martínez se dieron en el marco de una fuerte interna, y un vínculo de creciente desconfianza mutua, entre el magistrado y su secretario, Álvaro Coleffi. Martínez sospecha que las escuchas llegaron a manos de los periodistas por filtraciones desde dentro del juzgado. Por otra parte, los movimientos en la causa en la que Suris está acusado y detenido por narcotráfico ocurrieron mientras sigue pendiente otra línea de investigación que también alcanza a Suris, pero cuyos eslabones conducen a Lázaro Báez. Según una investigación publicada por la nacion hace 10 días, Austral

La DAIA denunció que hay una “explosión antisemita” en el país críticas. En la cena anual de la entidad, cuestionaron la “falta de

justicia” tras los atentados; estuvieron Massa y Rodríguez Larreta Jaime Rosemberg LA NACION

Con ausencia de referentes del Gobierno, y acompañados por buena parte de la oposición, la DAIA hizo anoche su cena anual, una reunión en la que no faltaron críticas a la “falta de justicia” en el esclarecimiento de los atentados de la embajada de Israel y la AMIA, y la denuncia sobre la “explosión antisemita” vivida en la Argentina en los últimos meses. “No vamos a bajar ninguna bandera. Nuestras convicciones no se compran, ni se venden ni se alquilan”, dijo el titular de la DAIA Julio Schlosser ante los más de 500 invitados que llegaron, bajo la lluvia, al hotel Panamericano. Un rato antes, el titular de la entidad afirmó que “no podemos olvidar” a las víctimas de los atentados perpetrados en Buenos Aires durante la década del 90. Las críticas de Schlosser llegaron luego de un fuerte entredicho entre la DAIA y el Gobierno vinculado a la relación con Irán, defendida por la presidenta Cristina Kirchner

y su canciller Héctor Timerman, firmantes del memorándum de entendimiento con Teherán, y hoy virtualmente paralizado. Ni Schlosser ni los representantes de la Anti-Defamation League presentes en el acto nombraron a Irán en sus discursos. Michael Salberg, de la ADL (por sus siglas en inglés), sí habló de “estar atentos” frente a las amenazas del “odio, el antisemitismo y el terrorismo”. El que recogió el guante fue Sergio Massa, quien recordó que el juicio en ausencia (una figura que él y otros dirigentes proponen para juzgar a los iraníes presuntamente implicados en el ataque a la AMIA) no figura en el proyecto del nuevo Código Penal enviado por el Gobierno al Senado. “Se ve que se lo olvidaron. Pero es una gran oportunidad para que puedan reparar el daño de la falta de Justicia que afecta a los familiares y a la sociedad argentina toda”, afirmó con una pizca de ironía Massa a la nacion tras las palabras de Schlosser. Massa, que llegó promediando el

acto y mientras Salberg hablaba, no fue el único opositor presente. El jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue en lugar de Mauricio Macri, acompañado por el secretario de Derechos Humanos porteño, Claudio Avruj, y las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich. La UCR tuvo una nutrida delegación de diputados como Ricardo Alfonsín, Julio Martínez y Hugo Maldonado, y hasta la izquierda tuvo como representante a Alejandro Bodart, que recibió críticas por su condena a Israel en el reciente conflicto en Gaza. Más allá del secretario de Culto, Guillermo Oliveri; el titular de la Sigen, Daniel Reposo, y representantes del Inadi, la ausencia del kirchnerismo fue notoria. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, había prometido su presencia, pero no llegó. “Se asustaron demasiado. Nadie los iba a criticar abiertamente”, reflexionó un dirigente comunitario, que también se mostró sorprendido por la falta de menciones a Luis D’Elía en la enumeración vía video de los episodios antisemitas vividos en el país.ß

labrújula 24.com

Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla Báez, socio de la presidenta Cristina Kirchner, utilizó facturas truchas por decenas de millones de pesos emitidas por al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca para evadir impuestos. Uno de esos grupos es Iberoamericana de Servicios SA, para la que Suris emitió facturas truchas. Al cierre de esta edición, Brújula 24 publicó la escucha que, según afirmó, habría motivado el allanamiento. Es una conversación entre un supuesto “líder narco” y un hombre, identificado por el medio como Suris, en el que el primero habla del fiscal Castaño como su “amigo personal”. ß

Quejas en EE.UU. por la Defensoría ^b^b^ Inquietas por los efectos nocivos de la prolongada ausencia de un defensor del pueblo formalmente designado para el cargo, un nutrido grupo de organizaciones civiles logró ayer la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se comprometió a intervenir en una cuestión que “erosiona” las instituciones. “Me gustaría poder ayudar en esto”, dijo el comisionado Pablo Vanucci, tras escuchar la inquietud de las organizaciones civiles. “La ausencia de esa función daña a las instituciones, las debilita, y no es bueno”, añadió el comisionado, quien viajará en breve al país. “La Defensoría está poco menos que catatónica”, dijo Luciana Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Representantes del Gobierno, delegados por la Casa Rosada para viajar, expresaron “extrañeza” por la inquietud porque “sobre todo, desde 2003, la Argentina es muy cuidadosa en eso”.

Repuso la Corte una cautelar para los diarios Mientras se resuelve un litigio, la AFIP no podrá cobrar una deuda que los medios discuten La Corte Suprema resolvió que, mientras se prolongue el litigio judicial entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y un conjunto de diarios de todo el país, el organismo recaudador no podrá intentar cobrar una deuda impositiva que los medios continúan discutiendo en la Justicia. Ayer, el máximo tribunal, que preside Ricardo Lorenzetti, restableció una medida cautelar que había dejado sin efecto la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Para llegar a esa decisión, la Corte tuvo en cuenta, por un lado, que el Gobierno, a través de varias leyes y regímenes impositivos, “discriminó” a los medios de comunicación. Además, el alto tribunal afirmó que el “levantamiento de la medida cautelar podría producir graves daños a las empresas periodísticas, que podrían derivar en su quiebra o desaparición y cuyos perjuicios también perjudicarían a toda la comunidad, por la afectación a la libertad de prensa”. El conflicto tiene su historia. Se remonta a la convertibilidad, cuando los medios computaban como crédito fiscal a cuenta del IVA los aportes patronales, porque así lo había dispuesto un decreto cuya vigencia caducó el 31 de julio de 2003. El por entonces presidente Néstor Kirchner se había comprometido a crear un régimen sustitutivo de aquel decreto y, expresamente, lo reconoció en los considerandos del decreto 746/03. Pero el Gobierno nunca cumplió este último compromiso. Por ello, a través del amparo, la Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires, la nacion y los otros medios –entre los que hay varios diarios ahora oficialistas– lograron la protección judicial, primero a través de un fallo del por entonces juez Osvaldo Guglielmino, de la Cámara Federal y

de la Corte. Pero, luego, esa cámara de apelaciones dejó sin efecto la cautelar. Ayer, la Corte restableció esta cautelar mientras dure el proceso judicial. Para la Corte, el avance de la AFIP daría lugar a una situación de “gravedad institucional”. Señala en este sentido la Corte que los medios de comunicación, en una de las audiencias que celebró el tribunal, hicieron una propuesta de acercamiento, pero la AFIP no siguió con la negociación. Además, el máximo tribunal indicó que si bien la ley 26.982, sancionada este año, introdujo modificaciones a la ley de IVA y estableció una alícuota diferenciada para la venta de diarios y revistas, la norma discriminó a los diarios de mayor envergadura. Algo parecido había ocurrido cuando la AFIP dictó la resolución 3451/2013, que estableció un régimen de regularización de deudas impositivas. Allí expresamente excluyó de los potenciales beneficiarios a las deudas y medios involucradas en la causa Aedba. La Corte, en el fallo dictado ayer, señaló que “la política fiscal no puede ser utilizada como un instrumento para excluir a un grupo de los beneficios que se otorgan a todos los demás sectores de la economía y de ese modo indirecto afectar la libertad de expresión”. Y agregó: “La ausencia de razonabilidad de la exclusión se hace evidente si se la conjuga con el fin que persigue el plan de facilidades, el desarrollo de la empresa.” La Corte recuerda que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA estableció que los Estados no deben utilizar la aplicación de normas tributarias y de impuestos como medio de presión directa e indirecta dirigida a silenciar la labor periodística. Según la Corte, la resolución de la AFIP fue una “discriminación ilegítima” y el tribunal “no puede desentenderse del contexto en el que las medidas fueron dictadas y de la particular situación de las empresas periodísticas”.ß

Sobreseen a un periodista santiagueño acusación. Un tribunal tucumano entendió

que Suárez no cometió incitación a la violencia Fabián López PARA LA NACION

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.– El periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, que en mayo último había sido procesado por un juez federal de su provincia por supuesta “incitación a la violencia colectiva”, fue sobreseído por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. El tribunal fundamentó su decisión en la inexistencia de los delitos imputados, por lo que dispuso la nulidad de lo actuado en el expediente y ordenó el sobreseimiento de Suárez, a quien un fiscal también había pedido imputar por la ley antiterrorista. En su fallo, los camaristas Marina Cossio de Mercau, Ricardo San Juan y Ernesto Wayar también hicieron lugar al planteo del fiscal general Antonio Gustavo Gómez y ordenaron que la justicia santiagueña investigue a los policías y magistrados que intervinieron en la causa por abuso de autoridad y prevaricato. Suárez, director del portal Última Hora, fue detenido el 9 de diciembre

de 2013, cuando cubría la protesta salarial que realizaba el policía Nelson Villagrán, quien también fue llevado preso. Inicialmente, ambos fueron imputados por el supuesto delito de sedición. Luego, la causa quedó en manos del juez federal de Santiago del Estero Guillermo Molinari, quien los procesó. Entre otras irregularidades, la Cámara advirtió que los allanamientos no contaban con una autorización firmada de un juez y que los acusados estuvieron diez días presos sin que un tribunal se expidiera por su situación de modo inmediato. “Siento que se terminó una pesadilla. Cuando uno se enfrenta a un poder político como el de los Zamora en Santiago del Estero tiene todas las de perder, y por eso tuve que buscar justicia en Tucumán, donde se comprobó que se me armó una causa por informar lo que al gobierno no le gusta”, dijo Suárez a la nacion. El fiscal Gómez opinó que “este fallo es un triunfo de la libertad de expresión y de prensa; crea una jurisprudencia imprescindible”.ß