POLÍTICA | 7

| Lunes 25 de agosto de 2014

Abastecimiento y pago local de la deuda, dos proyectos que pondrán al Senado en el centro del debate el frente económico. El oficialismo tiene previsto emitir dictamen para ambas iniciativas

entre mañana y el miércoles; aspira a llevarlas al recinto y aprobarlas la semana próxima

Gustavo Ybarra LA NACION

El oficialismo se prepara para una semana cargada de tensión en el Senado, donde buscará emitir dictamen entre mañana y el miércoles a los proyectos de modificación de la ley de abastecimiento y de pago local de la deuda, iniciativas que cuentan con el rechazo de la oposición y obligarán al kirchnerismo a cerrar filas y poner su mejor esfuerzo para avanzar en su aprobación. Tras una audiencia de casi 10 horas de duración el miércoles pasado, el Senado retomará mañana, a las 11, el debate, con la presencia de representantes de entidades de defensa de usuarios y consumidores, entre otros exponentes, del paquete de proyectos que intentan regular las relaciones de consumo. Se trata de tres iniciativas que crean el fuero judicial para usuarios y consumidores, un Observatorio de Precios y modifican la controvertida ley de abastecimiento, respectivamente. Este último texto fue motivo de durísimos reclamos por parte de las centrales fabriles y empresarias, a pesar de lo cual el Poder Ejecutivo no planea realizarle grandes cambios. Las quejas, respaldadas por casi todos los bloques de la oposición, apuntan a cuestionar los “superpoderes” que el proyecto le otorga a la Secretaría de Comercio para intervenir en la cadena de formación de precios, regulando costos, valores y niveles de producción, y aplicar

sanciones a quienes no cumplan con el mandato de las agencias gubernamentales. Hasta el momento, desde el Poder Ejecutivo aseguran que no se realizarán mayores cambios a la iniciativa, salvo tomar en cuenta el reclamo de la Cámara de Actividades Mercantiles y Empresarias (CAME) para que se deje por escrito en el proyecto que la intervención estatal no alcanzará a las pequeñas y medianas empresas, ya que el sector no tienen capacidad para tallar en la formación de precios. No obstante, se espera que la Cámara Argentina de Comercio (CAC) acerque una propuesta con varias modificaciones al texto remitido por el Poder Ejecutivo. Ese escrito podría incluir “causales objetivas” que hagan más previsibles y menos arbitrarias las facultades de intervención estatal, las que podrían ser escuchadas por el secretario de Comercio, Augusto Costa, según deslizaron fuentes parlamentarias. Como suele ocurrir con las iniciativas surgidas de la usina de funcionarios que responden a La Cámpora, no se descartan cambios hasta el día mismo del tratamiento del proyecto en el recinto, el próximo miércoles 3 de septiembre. Por lo pronto, la intención del oficialismo es firmar dictamen a los tres proyectos mañana, una vez concluida la ronda de exposiciones prevista ante un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y

Garantías, de Industria y Comercio, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Una agenda recargada en la Cámara alta

Deuda Una vez superado ese primer obstáculo, el kirchnerismo ya tiene decidido avanzar al día siguiente con el tratamiento del proyecto del Poder Ejecutivo que modifica el lugar de pago de los bonos emitidos en los canjes de 2005 y 2010. Pensada como una estrategia para sortear los fallos del juez Thomas Griesa, que tiene congelados en Nueva York los pagos a los bonistas que entraron al canje ante el desacato de la Argentina a su fallo a favor de los holdouts, el texto ya mereció el rechazo de todo el arco opositor. El primero en expresarse en contra de la decisión anunciada la semana pasada por Cristina Kirchner fue Pro, de Mauricio Macri. Tras unas horas de dudas se manifestaron en el mismo sentido el Frente Renovador, de Sergio Massa, que anunció que presentará una iniciativa alternativa; el peronismo disidente, y los socios principales del Frente Amplio UNEN. Esto no parece perjudicar los planes del oficialismo, que contaría con los votos necesarios para firmar dictamen pasado mañana y así avanzar con su tratamiento en el recinto de la Cámara alta la semana próxima. La única duda es si el proyecto se tratará en una megasesión junto a ley de abastecimiento o si se discutirá al día siguiente.ß

Abastecimiento El kirchnerismo tiene decidido emitir dictamen mañana al polémico proyecto que modifica la ley de abastecimiento Modificaciones No se esperan grandes cambios. El oficialismo sólo esperará la exposición de entidades de consumidores antes de avanzar con el dictamen Pago a bonistas Una vez superado el tema abastecimiento, el kirchnerismo pondrá a debate, pasado mañana, el proyecto de cambio del lugar de pago de la deuda Dictamen Encolumnado detrás del Gobierno, el oficialismo prevé fiirmar dictamen el mismo miércoles Debate en el Recinto Así, los proyectos sobre abastecimiento y deuda llegarían al recinto del Senado la semana próxima

El senador Pichetto y el secretario de Comercio Augusto Costa, el miércoles último en la Cámara alta

medidas. También bloqueará el acceso a las

fábricas controladas por gremios oficialistas

Nicolás Balinotti LA NACION

Rumbo al paro nacional del jueves próximo, convocado por los gremios opositores, el pragmatismo empujó a la Coordinadora Sindical Clasista a unificar sus fuerzas con el gremialismo clásico y peronista que se encarna en la CGT. La alianza esconde cierta ambigüedad porque los referentes cegetistas suelen ser todavía blanco de las críticas más feroces de las agrupaciones de izquierda. Como sucedió en la primera huelga nacional activada por las CGT de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo, la izquierda volverá a tener un rol activo y determinante. Activará piquetes y cortes de rutas en los accesos a las grandes urbes, tal como lo hizo el 20 de noviembre de 2012. Pero el acuerdo con sus laderos cegetistas esta vez es mucho más amplio: los militantes bloquearán el acceso a las fábricas donde manden sindicatos afines a la Casa Rosada enrolados en las centrales de Antonio Caló y Hugo Yasky. La estrategia fue reconocida por Néstor Pitrola, líder del Partido Obrero (PO) y gremialista de la industria gráfica. “Vamos a obligar parar a los gremios que no paran. Nosotros [por el PO] tenemos gente en las cinco centrales obreras. Vamos a impedir los ingresos en las plantas de Lear, Donnelly, Emfer, Tatsa, entre otras”, dijo Pitrola a la nacion. Y agregó: “Estaremos luchando por el paro general en el Smata, gráficos y metalúrgicos, cuyas burocracias sindicales no adhieren a la medida. Haremos lo mismo en el subte, con los docentes y con los telefónicos”. La Coordinadora Sindical Clasista mantiene un acuerdo con la CTA disidente, que encabeza Pablo Micheli, quien también forma parte de la organización del paro. Ambos sectores prevén una movilización de protesta al Congreso y a la Plaza de Mayo para el día anterior a la huelga. “Vamos a convertir el paro matero y dominguero de la CGT en una gran jornada de lucha de 36 horas”, pronosticó Pitrola, que, además, es diputado nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. La conflictividad que propone la izquierda se da en un contexto de alta tensión. Sucede apenas una semana después de que la comisión interna de la autopartista Lear, en la que hay militantes activos del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y del PO, haya sido desplazada por una asamblea del Smata avalada por las autoridades de la empresa y por los ministerios de Trabajo de la Nación y de la provincia de Buenos Aires. Así como las vertientes opositoras de la CGT divulgaron un documento sobre las razones de la convocatoria al paro, en el que pusieron énfasis en la “caída del

el escenario

Viene de tapa

En su incursión por terra incognita, Cristóbal realizó otro descubrimiento: los funcionarios que controlan el juego en Florida son más rigurosos que los que él acostumbra a tratar en la Argentina. Dania Casino & Jai Alai tuvo que pagar 400.000 dólares antes de que el Estado dispusiera una auditoría. Según los registros oficiales, la compañía había declarado una ganancia promedio, por máquina, demasiado baja: US$ 12 en mayo, US$ 30 en abril y US$ 50 en marzo. Sus competidores presentaron entradas promedio que van de US$ 120 a US$ 192. Aun después de revisar su propia contabilidad, los ingresos del casino de López no llegan a ser la tercera parte de establecimientos similares. Consultado por la nacion, Federico Achával, uno de los socios de López, explicó que el cierre del casino no está relacionado con este percance impositivo. Según él: “Advertimos que estábamos pagando menos impuestos de los que correspondían por una investigación iniciada por nosotros mismos”. Achával asegura que no esperaron a que los intimaran para compensar el faltante. La culpable del error en el pago de impuestos fue, según Achával, IGT, la firma que les provee el software para determinar la recaudación. Es la tecnología con la que Lotería Nacional controla lo que debe tributar López por el casino de Palermo y los barcos de la costanera. Lotería cuenta con ese sistema porque se lo regaló López. Del cálculo del Estado depende lo que esas salas aportan a la asistencia social y a la ciudad de Buenos Aires. El año pasado, Mauricio Macri acordó con el gobierno nacional que

FERNANDO MASSOBRIO

La izquierda sindical se sumará al paro con cortes y piquetes

Los inquietantes socios de Cristóbal López Carlos Pagni —LA NACIoN—

López sea exceptuado del impuesto a los ingresos brutos a cambio de un refuerzo en el canon que paga al Instituto del Juego porteño a través de Lotería. Como en Florida los casinos están obligados a determinadas prestaciones, para suspender las actividades López depende de un permiso de las autoridades. El fracaso en la conquista del mercado norteamericano y el supuesto error en el pago de impuestos no son las peculiaridades más llamativas de esta internacionalización del empresario kirchnerista. Más notoria es la escurridiza identidad de sus socios. López se estableció en los Estados Unidos de la mano de misteriosos testaferros. La firma que controla Dania Casino & Jai Alai es Dania Entertainment Center (DEC), a cuyo frente figura como manager Harris Friedman con la dirección 425 North Federal Highway, de la localidad de Hallandale, Florida. Fue registrada en el estado de Delaware, un paraíso fiscal. El 75% de DEC pertenece a Ondiss Corporation, de los argentinos López, Achával y Ricardo Benedicto. El 25% restante es de Dania Entertainment Holdings, también radicada en Delaware. Sus directores son Friedman, Louis Birdman, Bart

Seidler y Eval Levy. Pero ¿quién es el propietario de Dania Entertainment Holdings? Es decir, ¿quién es el socio de López en los Estados Unidos? El accionista de Dania Entertainment Holdings es Lender’s Clearing House. Pertenece a Sunvest Global, que a la vez es controlada por Sunvest Resort Communities. Las tres fueron creadas en Delaware, tienen como domicilio 425 North Federal Highway de Hallandale y cuentan con Friedman y Birdman como directores. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, Sunvest Resort Communities tiene un dueño identificable: Sarah Petre-Mears, que pidió la disolución de la sociedad en noviembre de 2010 y revocó ese pedido en enero de 2011. Achával manifestó no conocer a esta señora. Sus relaciones societarias en Florida se limitarían a Birdman y Friedman. Sin embargo, Sarah Petre-Mears no es una desconocida. Al contrario, se trata de una inglesa de 40 años, nacida en Bradford, que desde hace un lustro ha sido puesta bajo la lupa del periodismo internacional por figurar en el directorio de más de 1200 compañías de Inglaterra, Irlanda, Nueva Zelanda, paraísos fiscales del Caribe y los Estados Unidos. El 25 de noviembre de 2012, James Ball publicó en The Guardian la inquietante historia de

esta mujer con cientos de domicilios que no son más que casillas de correo. Su hogar, se supone, estaría en Navis, una bellísima isla del Caribe, en la que vive con su esposo, Edward, quien también figura como director de más de un millar de sociedades. The Guardian y el International Consortium of Investigative Journalists, una ONG de Washington dedicada a revelar casos de corrupción alrededor del mundo, expusieron a Sarah Petre-Mears, la socia de Cristóbal López en los Estados Unidos, como una testaferro profesional. Es decir, una persona que cobra honorarios por figurar como “director nominal” en sociedades cuyos verdaderos propietarios están ocultos. Harris Friedman tiene el mismo oficio: aparece como director de más de cien firmas en Florida. Los “directores nominales” operan en el borde de la legalidad. A la justicia le cuesta cercarlos porque viven fuera de la jurisdicción de las sociedades que figuran a su nombre. Radicadas en paraísos fiscales, esas compañías de papel son los nudos de una red a través de la cual se lava dinero de la corrupción o del tráfico ilegal. En su extenso informe, The Guardian consigna que uno de los negocios preferidos de los multimillonarios se sirven de testaferros

como Petre-Mears, son los casinos. De modo que López se asoció en Florida con alguien, en realidad, desconocido. ¿Será un traficante de diamantes africano, un cabecilla de la mafia rusa o un político corrupto de América latina? Que el lector elija. Lo que llama la atención es que los dos empresarios más ligados a la Presidenta, López y Lázaro Báez, hayan escogido el mismo método para insertarse en los Estados Unidos: la inscripción de opacas sociedades en Delaware. Es decir, en una “guarida fiscal”, como dice Axel Kicillof cuando denuncia a los fondos “buitre” por un comportamiento similar. Si se evaluara a López con las categorías político-morales del kirchnerismo, el resultado sería desopilante. Se instaló en Dania Beach en sociedad con alguien que se hace representar por una testaferro de fama global y, en apenas seis meses, tuvo problemas con los entes recaudadores y despidió a 300 empleados. ¿Qué estará esperando Barack Obama para aplicarle una ley antiterrorista? Paul Singer, el titular del fondo NML, ya reclamó información sobre los negocios de Báez y de López en los Estados Unidos. Pero López parece estar más interesado en aprovechar los últimos meses de su amiga Cristina Kirchner en la Casa Rosada.

empleo, la inflación, los jubilados y el impuesto a las ganancias”, la Coordinadora Sindical Clasista elaboró su propio petitorio, en el que hay algunas coincidencias con el de las centrales de Moyano y Barrionuevo. Estas coincidencias radican en los reclamos salariales y en el pedido para un aumento a los jubilados. La izquierda se diferencia con el impulso de un proyecto de ley para prohibir despidos y suspensiones por un año. También la Corriente Sindical del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) se sumará “con fuerza”, según afirmó, al paro nacional. Guillermo Pacagnini, coordinador de la corriente e integrante del secretariado nacional de la CTA, señaló que “este paro es una gran oportunidad para fortalecer y unificar los múltiples conflictos contra el ajuste y la recesión impuestos por el Gobierno”. El dirigente cuestionó sin embargo a Moyano al señalar que “la CGT es responsable de que esta medida nacional llegue tarde y no se le haya dado continuidad al paro de abril”.ß

Adhesión de médicos y bancarios ^b^b^ Los trabajadores de la salud de la provincia de Buenos Aires anunciaron que se sumarán al paro que organizó la CGT opositora. El gremio hará una medida de fuerza de 48 horas que comenzará el miércoles, un día antes de la convocatoria del sindicalismo de Hugo Moyano y Luis Barrionuevo. ^b^b^ En tanto, hoy podría definir su plan de acción la Asociación Bancaria, que aún no decidió si se sumará o no al paro. De concretarse, sería el octavo que emprenden en lo que va del año. ^b^b^ El éxito de la protesta, de todas maneras, dependerá de si se pliega finalmente la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que agrupa el servicio de colectivos. La entidad que conduce Roberto Fernández se había distanciado de la Casa Rosada y se había sumado al anterior paro nacional. Pero ahora negocia con el Gobierno una suba de los subsidios al sector que podría mantenerla al margen de la huelga.

Su próximo objetivo es quedarse con el negocio de las apuestas deportivas, sobre todo del fútbol. Una noche antes de morir, Julio Grondona confesó sus angustias a un amigo y ex dirigente deportivo. Le dijo que ya no soportaba las presiones del Gobierno. “No puedo atajar todos los penales”, fue la frase. En la AFA comentan que Grondona había sido arrinconado por algunos funcionarios para que permitiera el ingreso de Cristóbal López a Santa Mónica. Es la empresa que monopoliza la representación comercial del fútbol argentino, muy ligada a Grondona. En el círculo de Grondona identifican a Carlos Zannini como el kirchnerista más cercano al zar del juego. Los españoles que se vieron forzados a asociar a López en los casinos flotantes de la costanera piensan los mismo: cuando preparaban la documentación de la nueva sociedad en el hotel Hilton, debían someterse al control que Zannini, como si fuera abogado de López, ejercía por teléfono. López ya se acercó al negocio del fútbol. Su hijo Emiliano pertenece a la conducción de San Lorenzo, lo que provocó varios conflictos con Marcelo Tinelli. Además de vicepresidente del club, Tinelli es socio de López en Ideas del Sur. El multimillonario kirchnerista pretende reorganizar los campeonatos con más clubes, para que haya más partidos y, por lo tanto, más apuestas. Se cerraría el círculo de un negocio que se abrió con la “democratización” impuesta por Fútbol para Todos. Para volver al diccionario oficial: López se convertiría en “secuestrador de goles”.ß