Zanola y Moya ano, en la mira judicial

LA NACION. POLI. En cercanías del Palacio de Tribunales, aparecieron afiches para defender ... en la misma dirección. El Banco Santander Río le remitió a la.
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Martes 22 de septiembre de 2009

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EL VIAJE PRESIDENCIAL s LA RENEGOCIACION CON LOS BONISTAS

POLI TICA Martes 22 de septiembre de 2009

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LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS s INVESTIGACION A LOS GREM MIOS EL ESCENARIO

Protesta de tenedores de deuda argentina en el hotel de Obama

Laboratorios y política: algo huele muy mal

Pidieron que el Gobierno les pagara antes de volver a pedir prestado; gestiones oficiales

Continuación de la Pág. 1, Col. 5

SILVIA PISANI CORRESPONSAL EN EE.UU. NUEVA YORK.– Tenedores de deuda impaga de la Argentina no dejaron escapar la oportunidad de la presencia de la presidenta Cristina Kirchner para lanzar un mensaje público contra “la intención del gobierno de volver al mercado de capitales cuando no cumple con aquellos que le prestaron dinero”. La protesta contra la “promesa incumplida” del Estado argentino se montó en medio de otras tantas que, con bullicio creciente, transcurren en esta ciudad ante el inminente comienzo de la asamblea general de Naciones Unidas. Y se mezcló entre ellas. La repetición del reclamo coincide con la intención del gobierno de Cristina Fernández de aprovechar este foro y el inmediatamente posterior de la cumbre del G-20 para intentar un acuerdo con acreedores del Club de París y promover su aspiración de retornar al mercado de capitales para buscar financiamiento. “No se entiende cómo pretenden volver a ese mercado si no son capaces de pagar lo que deben a quienes ya les prestaron dinero”, dijo Robert Shapiro, uno de los codirectores de la Argentina Task Force, entidad que representa a “tenedores de deuda impaga y ciudadanos afectados por índices mentirosos, como el de la inflación”. El llamamiento se lanzó en el

PRESIDENCIA DE LA NACION

Cristina Kirchner se reunió con el titular del BID Luis Alberto Moreno mismo hotel donde se alberga el presidente Barack Obama, y en medio de las impresionantes medidas de seguridad que genera su desplazamiento; en la misma sede a la que asistirá mañana la presidenta para participar en el cóctel que ofrece el mandatario norteamericano. Coincidió con expresiones del ministro de Economía, Amado Boudou, quien, en Buenos Aires, señaló que

se exploran “varias propuestas” para intentar alcanzar un acuerdo con tenedores de tenedores de deuda incumplida, que no participaron en la reestructuración en 2005, pero que todavía no se alcanzó acuerdo alguno con ninguno de ellos. “Es la primera noticia que tengo de esas gestiones”, dijo Shapiro, quien la saludó como “un paso del gobierno argentino a favor del rea-

lismo económico al que no puede soslayar”. En su llamado, confió en que “a este primer paso sigan otros”, orientados hacia el “reconocimiento del compromiso” impago, aunque previno que si la propuesta era inferior a la conocida en 2005, difícilmente podría funcionar. “Lo que parece positivo es que el gobierno argentino se está dando cuenta de que tiene que hacer algo con lo que debe; de que no puede pretender pedir dinero otra vez si no paga antes lo que adeuda. Y no sé si de eso se dio cuenta él solo o si para eso también ayudó el respaldo que en el Departamento de Estado tiene nuestro reclamo”, señaló. La deuda en cesación de pagos de la Argentina en manos de tenedores privados se estima en cerca de 30.000 millones de dólares. El incumplimiento dejó al país prácticamente fuera de los mercados voluntarios de deuda en los últimos siete años transcurridos desde entonces. Al confirmar la voluntad de llegar a un acuerdo, Boudou señaló que habría una diferencia de consideración en el trato a los llamados “fondos buitre” y los que no lo sean. Eso despertó aquí expresiones de rechazo. “No hay argumento legal ni político para sostener semejante cosa. Cuando el gobierno argentino pidió prestado, tuvo el dinero. Y lo que toca ahora es que, alguna vez, lo devuelva y se deje de historias”, dijo Shapiro.

Dichos y hechos Recuerdos de Skanska en las Naciones Unidas (De un enviado especial).– Tal vez la Presidenta no alcance a verlos. Pero los funcionarios de la Argentina que ingresen mañana a la sede de la asamblea general de las Naciones Unidas no los podrán eludir. Son barreras de colores puestas por una de las empresas que trabajan en la ampliación y remodelación de una parte del edificio de la ONU

para proteger a quienes circulan por ese lugar. Seguramente le traerán recuerdos cuando lean, en grandes letras, la palabra Skanska, la empresa que involucró al Gobierno en un caso de corrupción.

La confusión del mercado y el Estado Tan concentrada estaba ayer la presidenta en su discurso en la Universidad de Columbia que al volver por

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enésima vez a cuestionar las recetas del Consenso de Washington, aplicadas en los años 90 en la Argentina y en varios países de América latina, confundió mercado con Estado. “Se definió –dijo– que el Estado era el mejor distribuidor de la riqueza.”

Las sospechas del costo del hotel presidencial Siempre se ha dicho que el hotel Four Season donde se hospeda

la Presidenta cada vez que viene a Nueva York es uno de los más caros de la ciudad. En la comitiva comentaban ayer, para el asombro de sus interlocutores, que en el bar una botella de champagne Dom Perignon cuesta 1100 dólares. No está como para que se vuelque, dijo uno de ellos. Este hotel está situado en pleno corazón de la Gran Manzana, en la calle 57, a pocos metros de la Quinta Avenida y el Central Park.

DYN

En cercanías del Palacio de Tribunales, aparecieron afiches para defender a José Zanola

MARIANA ARAUJO

También hubo una pegatina en Corrientes al 700 contra Oyarbide

Zanola y Moyaano, en la mira judicial Profundizan las causas de irregularidades en las obras sociales de bancarios y camioneros; Capaccioli será citado HERNAN CAPPIELLO LA NACION El juez federal Norberto Oyarbide se tomará dos semanas para analizar la documentación que viene reuniendo sobre la mafia de los medicamentos y sólo entonces citará a declarar al líder de los bancarios José Zanola y al ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli. Mientras esto ocurre, otro juez, Claudio Bonadío, decidió imprimirle velocidad a otra causa en la que investiga el manejo que hicieron las obras sociales de los fondos del Estado. En este caso, está en la mira el sindicato del camioneros, del poderoso líder de la CGT, Hugo Moyano. Oyarbide anunció ayer que dispuso el secreto del sumario en la causa y dijo que Zanola y Capaccioli están en su lista de convocados en breve. “Esa persona [por Capaccioli] ocupaba un rol preponderante por aquel entonces, de manera que sí, va a ser convocado”, confirmó. El juez se anotició a primera hora de que existió una pegatina de afiches en su contra por estas investigaciones, tanto en las paradas de colectivo de la zona de Plaza Lavalle como cerca del Palacio de Justicia, lejos de su des-

pacho de Retiro. La fiscalía también radicó una denuncia para investigar si, tal como dijo el director médico de la Policlínica Bancaria, Jorge Fainstein, se sospecha que alguien “está plantando medicación vencida” en algunos lugares de ese centro de salud. Entre los investigados por su relación con Lorenzo, el juez Oyarbide mencionó a Alberto Costa, segundo del ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin. Incluso dijo que aparecía en escuchas telefónicas en las que Lorenzo supuestamente le proponía comercializar un antiviral en plena época de la gripe A, con el pago de “retornos”. Tras esas revelaciones, el médico renunció a su cargo. Costa puso en marcha su propia estrategia asesorado por el abogado Fernando Burlando. Se autodenunció en la justicia provincial y federal platense al entender que los delitos por los que se lo investiga ocurrieron en el ámbito provincial. En su escrito, Costa rechazó haberle comprado medicamentos a Lorenzo, aunque reconoció que tuvo un trato profesional con él a partir de su gestión como gerenciador del Centro Oncológico de Excelencia (COE) de Gonnet. Dijo que le pareció “una persona solitaria, necesitada de amigos”. Ahora, la Justicia investiga

al ex funcionario y al empresario. En tanto, el juez Bonadío motorizó una denuncia en la que investiga el reintegro de fondos adelantados por la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud a las obras sociales. Se trata de un fondo utilizado por las obras sociales cuando tienen que realizar tratamientos costosos de alta complejidad. Esos fondos, una vez usados, deben ser rendidos al Estado.

Camioneros El juez puso el ojo en la Obra Social de Camioneros, denunciada por el enemigo de Moyano Juan Pablo Medina, de la Uocra. Ayer declaró en esta causa Hugo Sola, titular del APE, y lo harán esta semana Juan Rinaldi, ex gerente general de APE, Capacciolli y el titular de la Superintendencia de Salud, Ricardo Bellagio. El juez le mandó un oficio al ministro de Salud, Juan Manzur, para que informe cuánto dinero usó la APE de 2003 a 2009, y a Camioneros le pidió que le informe los tratamientos pagados por la APE, el monto anual recibido y el detalle de cada tratamiento con nombre y número de afiliado de cada paciente, la enfermedad padecida y las rendiciones de cuentas en cada caso.

La Bancaria realiza la elección de autoridades En pleno escándalo por la supuesta adulteración de medicamentos en la obra social bancaria, Juan José Zanola intentará mañana su reelección como secretario general del gremio. Acostumbrado a conducir ininterrumpidamente La Bancaria durante 22 años (desde 1987), donde ya integraba la comisión directiva con la restauración de la democracia, en 1983, Zanola deberá enfrentar, después de 16 años de participar con lista única, la tradicional lista Celeste 2 a un adversario concreto. Se trata de Raúl Fontana, que lidera la lista 9 Azul y Blanca, secretario general de la Seccional Buenos Aires entre 2002 y 2006, y quien integra la comisión interna del Banco Nación, que aglutina a más del 40% de afiliados de La Bancaria en todo el país. En un intento de criticar la “falta de representatividad” de la nómina opositora, allegados a Zanola argumentaron a LA NACION que “mientras

la lista Celeste 2 llevará candidatos en las 53 seccionales de todo el país, la 9 lo hará solamente en 24”. El ex secretario administrativo del gremio y actual titular de la Comisión Interna del Banco Nación, Hugo Dessal, no es candidato pero denunció judicialmente a Zanola y aportó “documentación” al juez Oyarbide. Mientras la Junta Electoral aprobó un padrón electoral de 45.000 afiliados que pueden votar en 800 mesas, la lista 9 ya denunció “el fraude que prepara Zanola”, según dijo a LA NACION el candidato a consejero directivo Daniel Mercado. “Cuando nos entregaron los padrones, comprobamos las irregularidades: hay nada más que 18.000 en condiciones de hacerlo.” Sin embargo, el presidente de la Junta Electoral, Oscar Cancelar, refutó esos dichos ante LA NACION: dijo que él mismo firmó unas 6000 fojas del padrón entregadas a la justicia electoral.

de droguería San Javier, que está acusado de proveer medicamentos falsos a la obra social bancaria y de fraguar expedientes para conseguir subsidios a cambio de nada. Lorenzo también fue el coordinador de un grupo de contribuyentes al proselitismo de la Presidenta. El recaudador era quien debía controlar a las droguerías, el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli, ahijado político de Alberto Fernández. Algunos de los cheques en poder de Servini son de Gabriel Brito, titular de una Global Pharmacy. Brito declaró delante de Servini que los cheques, por $ 310.000, le habían sido pedidos por Lorenzo. También relató que el 11 de noviembre de 2008, Capaccioli, en su despacho de Superintendente y ante un escribano público, le hizo firmar un acta reconociendo que esos fondos eran suyos. Pero aclaró que el juramento lo suscribió bajo presión, ya que el dinero le había sido provisto por Lorenzo. El 11 de noviembre fue el día en que Capaccioli abandonó la Superintendencia. ¿De dónde salieron los fondos, si no eran de Brito? La pregunta conduce a una hipótesis delicada que huele muy mal. Que la campaña de Cristina Kirchner haya servido para lavar dinero de origen incierto. Hay otras informaciones en la misma dirección. El Banco Santander Río le remitió a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia, dos cheques por $ 1 millón girados a la orden del Frente para la Victoria por los monotributistas Carlos Torres y César Posse, ambos ligados a Lorenzo. Servini está intrigada por otro detalle: muchos de los cheques que aparecieron en los allanamientos de Oyarbide no coinciden con la contabilidad de campaña que presentó el oficialismo en su juzgado. La investigación es impulsada por Ricardo Monner Sanz, el mismo abogado que promovió la causa por contrabando de armas por la que Carlos Menem terminó en prisión. Es difícil prever qué destino tendrá esta otra pesquisa. Servini se ha hecho famosa –como otros jueces federales-- por mantener causas abiertas para negociar

con el poder. La jueza atraviesa un mal momento con el kirchnerismo. Ella comenta, delante de interlocutores de la oposición, que le han suspendido el trato. Hasta se confiesa perseguida. La de los cheques no es la única investigación que le permitiría salir de ese estado de aislamiento que, al parecer, la mortifica. Servini estaría también en condiciones de intervenir el PJ, no sólo por las irregularidades en el financiamiento electoral. Esa fuerza no ha cumplido con ninguno de los requisitos de su ritual interno. Ya en septiembre de 2005 la jueza había designando como normalizador a su amigo Ramón Ruiz, ex funcionario de la SIDE y actual diputado nacional. Los desplazados respondían a Eduardo Duhalde, en aquel año enfrentado a muerte con Kirchner. Ahora se desalojaría a hombres de Kirchner, como pretende Duhalde.

La de los cheques no es la única investigación que le permitiría a Servini salir del estado de aislamiento que la mortifica La investigación de Oyarbide tiene otro cruce con la política. Zanola denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura. El vocal sorteado para seguir la instrucción fue el senador radical Ernesto Sanz, severo fiscal del Gobierno. ¿Qué hará la consejera kirchnerista Diana Conti a la hora de decidir por Zanola u Oyarbide? Su esposo, Enrique Dratman, fue acusado de integrar otra droguería sospechosa, Cofeme, que presidiría el médico Néstor Vázquez. Vázquez es, según infinidad de testimonios, un eslabón clave en esta cadena. Su vínculo con Lorenzo se remontaría a la gestión Menem, cuando Vázquez oficiaba como principal colaborador del sindicalista José Luis Lingieri, por entonces superintendente de Salud. Capaccioli repuso a Vázquez en la Superintendencia como gerente general. Cuando Zanola se confiesa ante íntimos, relata que “Capaccioli y Vázquez, aprovechando que la obra

social estaba al borde de la quiebra, me obligaron a entregarme a Lorenzo”. Lo único documentado es que, en el congreso de la Asociación Bancaria celebrado en 2008, Vázquez presentó, a instancias de Zanola, el proyecto de un fideicomiso para salvar a la institución. Graciela Ocaña, ministra de Salud, no quiso autorizarlo. La banca privada se negó a aportarle fondos. El Banco Nación, también. Sólo el Banco de la Provincia de Buenos Aires se involucró. Otra salpicadura del caso de los medicamentos sobre Scioli. El escándalo de las droguerías está ingresando, sin estridencias, al corazón de la política. El presidente de la UCR, Gerardo Morales, pidió que se constituya en el Congreso una comisión bicameral para investigarlo. Pero Zanola sigue aferrado a su sillón. Mañana espera retener la secretaría general de la Bancaria. Su desafiante, Raúl Fontana, también llevó a Zanola a la Justicia por adulteración de padrones y de otras reglas electorales. La jueza Liliana Tarbuch ordenó poner en orden los listados. Pecata minuta, al lado de las imputaciones de Oyarbide. El sindicalista sigue confiando en sus vínculos con el Gobierno. En la interna, su abogado es Carlos Robinson Marín, viejo amigo del ministro de Trabajo. No es el único puente de Zanola con los Kirchner. En 2005 demostró tener otros, muy transitables. Por entonces, la ministra Felisa Miceli y su esposo, Ricardo Velasco, intentaron destronarlo alentando la candidatura de su amigo Luis Graña. Pero Zanola activó a su secretario de prensa, Eduardo Berrozpe, quien gracias a sus amigos Guillermo Moreno y Carlos Kunkel transformó al viejo caudillo de los bancarios en un ardiente militante kirchnerista. A los pocos días, para desencanto de Miceli, Cristina Kirchner lanzaba su campaña en la Bancaria, pegada a Zanola. “Siento esta adhesión como una condecoración” dijo, emocionada. Además de condecorarla, el secretario general le regaló la impresión de sus boletas, contratada a un papelero del PJ bonaerense. Es posible que hoy, acosados los Kirchner por las truculentas novedades de su financiamiento electoral, a Zanola le estén pidiendo algo más caro. Un regalo imposible.