SEGURIDAD | 17

| Martes 18 de Marzo de 2014

SEGURIDAD Edición de hoy a cargo de Fernando Rodríguez | www.lanacion.com/seguridad

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Vallan calles en Pilar para evitar el paso de los delincuentes

Los vecinos del barrio La Alborada bloquearon 24 de las 32 vías de acceso en busca de mayor prevención Gabriel Di Nicola y Santiago Peluffo LA NACIoN

El miedo pudo más. Cansados, y temerosos de los delitos que se repiten en la zona, los vecinos del barrio La Alborada, en la localidad de Derqui, Pilar, tomaron una medida extrema: cerraron varias calles públicas para dificultar las vías de ingreso y de egreso de las bandas delictivas. No es un caso aislado en Pilar. Ni es nueva esa modalidad como medida preventiva contra los delitos. Hay barrios que desde hace dos décadas tienen bloqueados de diferentes formas los accesos públicos. Los Robles del Monarca, en La Lonja, fue uno de los primeros barrios abiertos en cerrar parcialmente sus accesos. Después se sumaron otros, como Los Mirasoles, Pellegrini III y Villa Alpina. “Creemos que, entre los dos derechos, se afecta menos el de libre tránsito que el de la seguridad de los vecinos”, explicó a LA NACION Claudia Zakhem, concejala de Pilar por la Unión Cívica Radical (UCR) y vecina de La Alborada. En este barrio la medida se comenzó a gestar en agosto pasado, después de un violento robo donde un vecino fue herido de bala. Los residentes recibieron un diagnóstico confeccionado por una empresa de seguridad privada y decidieron ir a fondo con la drástica medida. Unos 400 vecinos pusieron su firma para pedirle a la Municipalidad

de Pilar la autorización para cerrar parcialmente el barrio. Al intendente Humberto Zúccaro lo consultaron dos vecinas que también son concejalas: Zakhem y Marcela González, que representa al oficialismo en el Concejo Deliberante, y que en octubre pasado sufrió en carne propia la inseguridad en el barrio: ladrones le desvalijaron la casa. Según fuentes legislativas de Pilar, el intendente Zúccaro les dio vía libre para impulsar la iniciativa. Entonces, Zakhem presentó un proyecto para autorizar el cierre parcial de La Alborada, pero la propuesta no fue aprobada en el Concejo Deliberante ya que algunos ediles alegaron que el bloqueo de calles públicas es inconstitucional. Entonces, sin el consentimiento del Concejo Deliberante, pero con el aval informal del intendente, los vecinos de La Alborada cerraron con postes de madera el paso de 24 de las 32 calles de acceso al barrio. Uno de los vecinos proveyó el material para construir las vallas y los propios habitantes el vecindario pusieron la mano de obra. “Después de una serie de hechos delictivos graves los vecinos me pidieron un cuadro de situación y, tras un estudio, aconsejé que era necesario obstaculizar una serie de calles para dificultar las vías de escape”, explicó a LA NACION Ramón Lobo, responsable de la empresa Lobo SRL, firma contratada por los vecinos de La Alborada tras el homicidio de la docente Sandra Almirón

La mayoría de las calles de acceso a La Alborada está cerrado con postes y cuenta con seguridad privada en noviembre de 2009 (ver aparte) . Cuatro custodios de Lobo SRL patrullan con bicicletas y cuatriciclos las 56 manzanas del barrio. “Nosotros les señalamos a los vecinos cuáles eran las calles que se debían cerrar. No se pudieron obstaculizar todas las que pretendíamos porque hubo gente que no estuvo de acuerdo”, explicó Lobo. El secretario de Seguridad de Pilar, Juan Carlos Lozada, dijo a LA NACION que los habitantes de los barrios no pueden obstaculizar las vías de ingreso y de egreso. “Pero hay una ordenanza donde se establece que si el ciento por ciento de los vecinos de la zona están de acuerdo en cerrar las calles, se puede hacer”, explicó el funcionario municipal. Este bloqueo parcial del barrio tampoco logra bajar la tasa de robos, según dijeron la propia Zakhem, el jefe de seguridad y los vecinos a los que LA NACION consultó en una recorrida por el barrio. “El bloqueo no permite el paso de autos, pero sí de motos. Esto impide que los patrulleros puedan perseguir a los «motochorros»”, según afirmó el comisario Roberto Andrada al periódico El Diario Regional, de Pilar. ß

ricardo pristupluk

El homicidio de una mujer fue el caso que impulsó la iniciativa Los familiares de una víctima en La Alborada fueron recibidos en 2009 por la Presidenta Sandra Almirón era docente y tenía 37 años. En noviembre de 2009, fue asesinada a quemarropa por tres delincuentes que le robaron el auto cuando llegaba a su casa, en el barrio La Alborada, de Pilar. El homicidio movilizó a los vecinos y los llevó a tratar de tomar medidas para evitar nuevos casos como ése. Uno de los que más trabajaron en ese sentido, según dijeron a LA NACION vecinos del barrio, fue el esposo de la víctima, Walter García, que desde la Sociedad de Fomento La Alborada buscó soluciones para el problema de la inseguridad. Casi inmediatamente después de despedir a Sandra Almirón con una misa en la iglesia San Antonio de Padua, donde la víctima se había ca-

sado cuatro años antes, su familia comenzó con una serie de movilizaciones para pedir justicia. Pocos días después del brutal asesinato, García fue recibido en la quinta de olivos por la presidenta Cristina Kirchner. Una de las primeras medidas que tomaron los vecinos fue contratar una empresa de seguridad para vigilar las 32 calles de acceso al barrio La Alborada. A los custodios privados se suman móviles del programa municipal Servicio de Apoyo Policial (SAP) de Pilar. Días después de aquel crimen, la policía bonaerense detuvo a tres sospechosos. Uno de ellos tenía 16 años. Los tres tenían importantes antecedentes policiales. La violencia delictiva volvió al barrio La Alborada en agosto pasado, cuando un vecino fue herido de bala por un ladrón. Pero la víctima del robo salvó su vida porque pudo ser trasladada en forma rápida a un

hospital. Ese hombre fue atacado por tres delincuentes que irrumpieron durante la mañana en la propiedad que ocupaba la víctima junto con su esposa, que estaba embarazada. Los agresores saltaron la pared lindera de la casaquinta y sorprendieron al hombre en el jardín. Al intentar proteger a su esposa, fue baleado en una pierna. En octubre pasado, en tanto, una pareja fue sorprendida cuando volvía al hogar en su Volkswagen Bora. Cinco delincuentes desvalijaron la casa de las víctimas, pero tres de los sospechosos fueron arrestados en una posterior persecución por la autopista Panamericana. En noviembre, dos delincuentes fueron atrapados minutos después de robar en ese barrio golpeado por la inseguridad. Uno de los patrulleros asignados a la vigilancia de la zona advirtió cuando los ladrones saltaban la pared de una casaquinta.ß

La mitad de las personas asesinadas por disparos en Rosario ya habían sido baleadas

Matan a un policía en un tiroteo en Caballito

violencia. En 2013, el 80% de los 264 crímenes fue por armas de fuego; hubo 900 heridos

asalto. Un efectivo de la Policía Federal fue asesinado anoche al enfrentarse con dos ladrones que intentaron asaltar a un taxista en el barrio porteño de Caballito. Como consecuencia del tiroteo, también murió uno de los delincuentes. Testigos del hecho dijeron a LA NACION que el tiroteo se produjo a las 21 en Curapaligüe entre Ramón Falcón y Rivadavia. El uniformado, cuya identidad anoche no había trascendido, recibió un disparo en la cabeza. Una ambulancia que llegó rápidamente al lugar lo trasladó con urgencia al hospital Parmenio Piñero, de Flores, pero el policía no pudo sobreponerse a la herida recibida y murió camino al centro asistencial, según explicaron fuentes del caso a LA NACION. En tanto, el sospechoso del robo perdió la vida en el acto. Tampoco había sido suministrada su identidad por la policía. Al cierre de esta edición, el tránsito por Rivadavia estaba cortado en el tramo que va de Curapaligüe a Pumacahua. También estaba ve-

Germán de los Santos PARA LA NACIoN

RoSARIo.– La violencia deja rastros y cicatrices que se traslucen en los registros de guardia del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde en 2013 ingresaron 900 heridos de bala. La mayoría de las 264 personas asesinadas el año pasado murieron bajo el fuego de las armas. Peor aún: casi la mitad de ellas ya habían sido baleadas antes. Eso es lo que revela un informe de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario, que decidió sistematizar esta información para realizar un abordaje novedoso en materia de seguridad: hacer un seguimiento de las víctimas para tratar de interrumpir el encadenamiento de la violencia que se produce tras un crimen. El estudio revela que el 80% de las personas que fueron víctimas de un

homicidio murieron por lesiones con armas de fuego. El 40% eran jóvenes de entre 15 y 24 años, en su mayoría sin estudios secundarios. La intendenta de Rosario, Mónica Fein, adelantó algunos puntos de este diagnóstico en la apertura de sesiones del Concejo Municipal, donde advirtió que “durante la última década en Rosario hubo un incremento de 45% de la participación de armas de fuego en el total de homicidios”. El estudio estadístico, que alerta sobre las edades, la vulnerabilidad y el uso de armas de fuego para dirimir conflictos que derivan en el aumento de la tasa de asesinatos violentos, fue realizado sobre la base de las estadísticas oficiales de 2013. Durante el año pasado, en el Gran Rosario se cometieron 264 asesinatos, unos 22 por cada 100.000 habitantes, lo que arrojó una cifra que superó en más de 46% la de 2012, cuando se produjeron 15 homicidios cada 100.000 habitantes. Aquella tasa de

22 cuadruplica la media nacional de homicidios dolosos, que según los últimos datos llegó a 5,8 cada 100.000 personas. Estos datos, que demostraron un incremento significativo de delitos violentos, llevaron a que la Municipalidad de Rosario realizara un estudio para determinar algunos de los factores de crecimiento de la criminalidad en un contexto crítico: en lo que va de 2014 ya se cometieron 76 homicidios. Según registros del Hospital de Emergencias, el 48,8% de los asesinados habían tenido durante el primer semestre del año pasado al menos un ingreso en la guardia por heridas de consideración. Sobre la base del análisis realizado, se estableció que las principales víctimas de homicidios resultaron ser varones jóvenes residentes en sectores populares y que la mayoría de los hechos se cometieron en las zonas sur y oeste del Gran Rosario.

Tras divulgar el informe, la subsecretaria de Salud Pública del municipio de Rosario, Gabriela Quintanilla, dijo: “Los datos demuestran que la violencia atraviesa en este momento histórico de la ciudad un proceso circular. Esto involucra a protagonistas vulnerables que se repiten, que en muchos casos se conocen y dirimen a tiros sus disputas territoriales”. Una de las causas principales de los asesinatos es el enfrentamiento entre grupos en “zonas conflictivas”. La mayoría de los pacientes con lesiones de disparos sufrieron el ataque en un radio no mayor de 12 cuadras de su vivienda. La funcionaria rosarina explicó que cuando ingresan heridos con arma de fuego en los centros asistenciales hay profesionales que indagan sobre las condiciones socioeconómicas de la víctima y de su entorno. “Se trata de explorar en un escenario violento y complejo que antes no se atendía”, apuntó.ß

dado el paso de vehículos por Curapaligüe en dirección al Norte y a su continuación, Donato Álvarez. Fuentes policiales confiaron a LA NACION que el enfrentamiento se habría producido en momentos en que el uniformado federal intentó identificar a dos personas sospechosas que aparentemente se disponían a asaltar a un chofer de un auto de alquiler. Tras el breve enfrentamiento, en el que uno de los sospechosos fue muerto en el acto y el policía cayó, alcanzado por un proyectil en la cabeza, el otro delincuente habría escapado en un taxi. No se especificó si se trataba del mismo vehículo a cuyo conductor habían intentado asaltar o si era otro auto. Al cierre de esta edición, varios patrulleros garantizaban el cierre de las calles adyacentes mientras tres unidades de Criminalística de la Policía Federal trabajaban en la escena del hecho para levantar rastros del enfrentamiento, mientras detectives de Homicidios buscaban testigos del crimen.ß