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POLITICA

I

Sábado 18 de agosto de 2012

TUCUMAN s INQUIETUD PARA UN ALIADO DE LA CASA ROSADA

CONTRATO BAJO SOSPECHA

La auditora del SUBE, privilegiada por el Gobierno

El caso

MIGUEL ANGEL BRITO

EX TITULAR DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Antes de las irregularidades detectadas, había ganado una decena de grandes negocios IVAN RUIZ Y MAIA JASTREBLANSKY LA NACION Iatasa, una de las empresas que auditó la tarjeta SUBE, no es una firma desconocida para el Gobierno. Fue contratada para controlar obras de infraestructura ferroviaria, represas, puentes, subtes y transporte de cargas. Y para realizar estudios de vialidad y hacer encuestas. En los últimos años, sus contratos se concentraron en Proyecto de Transporte Urbano Buenos Aires (Ptuba), la dependencia que ejecutó la supervisión del SUBE. Sus funcionarios, que reportan al secretario de Transporte, quedaron bajo la mira de la Justicia. Antes de que se detectaran esas irregularidades, Iatasa había ganado un tercio de las consultorías que licitó esa oficina: diez concursos por $ 90 millones. Ptuba fue creado para ejecutar préstamos del Banco Mundial por US$ 450 millones. Iatasa se destaca en las consultorías: estudios técnicos, proyectos de viabilidad y, sobre todo, supervisión de grandes obras. Según informes del organismo internacional, es la firma más beneficiada por Ptuba. LA NACION reveló ayer que seis socios de Iatasa aportaron para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007. El contrato por la SUBE dejó a Iatasa bajo la lupa de la Justicia. Carlos Verdi, su presidente, fue imputado en la causa que investiga irregularidades en la licitación, otorgada a esta firma pese a contar con una oferta de $ 10 millones más económica. El control del boleto electrónico –suspendido por el Gobierno– era su contrato más alto: sólo entre sus cuatro “empleados clave”, los sueldos sumaban $ 4,7 millones. Por fuera del Ptuba, esta consultora tiene antecedentes en Planificación. Con el financiamiento de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado (ADIF) –Juan Pablo Schiavi fue su titular entre 2007 y 2009–, la

firma supervisó la renovación del ferrocarril Belgrano Cargas, según indican en su página web. En Energía –también bajo la órbita de Julio De Vido– proyectaron la represa argentino-brasileña Garambí y Parambí por $ 37 millones. También trabajaron en Yacyretá. En Santa Cruz, realizaron estudios para la represa Cóndor Cliff y La Barrancosa, junto a Consular, una firma de santacruceños conocidos del ministro de Planificación. Con ellos también participaron de la ampliación del puerto Caleta Paula.

Consultorías La consultora auditó la modernización de la línea A de subte, la obra con más presupuesto del préstamo Ptuba, a cargo de Siemens, Roggio, Techint, Alstom y Alcatel. En la supervisión del SUBE, Iatasa controló a las compañías Siemens, Metronec (Roggio), Indra, Laser y Tallion, firma atribuida al empresario kirchnerista Cristóbal López. Fuentes consultadas por LA NACION dijeron que el nexo de Iatasa es Angel Ferrigno, vicepresidente de la firma. “Tiene relación con Schiavi. Todas las consultorías están bajo su tutela”, aseguró un consultor. Como secretario de Transporte, Schiavi autorizó en marzo de 2011 la contratación de Iatasa para supervisar la tarjeta SUBE por $ 65 millones. “Ferrigno era un asiduo frecuentador de Manuel Vázquez”, agregó un ex funcionario, en referencia al hombre que gestionaba buena parte de los intereses del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. Uno de los contratos más importantes de Iatasa fue otorgado por Jaime en 2008: la supervisión de la extensión de la línea E por más de $ 10 millones. La obra, todavía en ejecución, está a cargo de Roggio. Según pudo saber LA NACION, Vázquez mostró especial interés en ese concurso en varios de los reveladores mails que fueron investigados por la Justicia. Semanas después, Iatasa ganaría el concurso.

Sobreprecios. Brito renunció el 2 del actual al gabinete de Alperovich tras las sospechas de haber pagado de más en los materiales para restaurar la Casa de Gobierno. Hubo gastos en luminaria un 128% superiores a los valores de mercado.

FERNANDO FONT

En esta propiedad funciona una iglesia evangélica que figura como una firma proveedora del Estado

Empresas fantasmas. La Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) también es investigada por haber hecho pagos de más de 100.000 pesos a empresas inexistentes.

Una investigación sobre obras públicas salpica a Alperovich Renunció un funcionario acusado de desviar fondos y de avalar empresas fantasma JOSE IGNACIO SBROCCO PARA LA NACION SAN MIGUEL DE TUCUMAN.– Empresas fantasma, la misma obra realizada dos veces, sobreprecios, compañías vinculadas a parientes. Estas cuatro situaciones son apenas la punta de un iceberg de un presunto caso de corrupción que genera escándalo en la provincia. Los legisladores radicales Silvia Elías de Pérez y Ariel García presentaron ayer una denuncia penal en contra de Miguel Angel Brito, que estaba a cargo de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) del gobierno del kirchnerista José Alperovich. Brito renunció a su cargo después de que el Tribunal de Cuentas revelara que intentó pagar entre un 48 y un 128% más caro los trabajos para iluminar la Casa de Gobierno. Sólo entre 2010 y 2011, la DAU, que se encarga de obras pequeñas, gastó más de 40 millones de pesos. La mitad del monto se distribuyó entre diez empresas que presentan una serie de irregularidades, como dueños que

no saben de su participación accionaria, domicilios inexistentes y problemas con la AFIP. Una de las empresas que más facturó es DC Construcciones. Entre 2010 y 2011, cobró poco más de 2,5 millones de pesos. El domicilio declarado por esa empresa es avenida Roca 1534, donde funciona una iglesia evangélica. El titular de la firma, según figura en una factura B, es Domingo Luciano Corbalán, con domicilio en Jujuy al 5000, una zona pobre al sur de esta Capital. Según los denunciantes, Corbalán es albañil y, en su tiempo libre, se dedica a vender choripanes en la puerta de la iglesia. Según la web de la AFIP, la empresa tiene un domicilio legal inexistente. En el barrio humilde Smata II, hay otra curiosidad. En una misma propiedad conviven dos empresas: Bianconero SRL y Constructora Bonanno. Entre las dos le facturaron casi 600.000 a la DAU. A pocos metros de esa vivienda, está la empresa Esteban Bonanno, en el mismo barrio, pero en otra manzana. Esta firma realizó obras por 1,19 millones de pesos.

Según el Boletín Oficial provincial, los socios de Bianconero SRL son Esteban José del Valle Bonanno y José Benedicto Bonanno. Desde 2004 no hay datos en el Registro Público de Comercio sobre las empresas Esteban Bonanno ni constructora Bonanno. Tal vez uno de los casos más polémicos sea el de la empresa Drober Aráoz SRL, cuyos propietarios son Jorge Mauricio Miguel y Jorge Edmundo Miguel, cuñado y suegro del funcionario desplazado. En esos dos años, le facturó 999.000 pesos al organismo que conducía el ex bussista y alperovichista Brito. La investigación realizada por el equipo de la legisladora radical Elías de Pérez encontró que el Tribunal de Cuentas ya había llamado la atención a los funcionarios de la DAU por distintos motivos. Por ejemplo, porque pretendía gastar 105.000 pesos para recolectar montículos de tierra en distintos barrios. Pero cuando los técnicos del organismo de contralor fueron a verificar, se encontraron con que una de las calles que pretendían limpiar estaba pavimentada.

El Tribunal de Cuentas también detectó que la DAU quiso instalar alumbrado público en el barrio 141 Viviendas, pero en ese sitio ya había conexión de energía eléctrica. La última advertencia fue cuando Brito quiso cambiar la iluminación de la Casa de Gobierno y el ente de control alertó que se iba a pagar sobreprecios entre un 48 y un 128 por ciento. La obra finalmente no se hizo. LA NACION llamó a Brito y dejó mensajes que no fueron respondidos. “No se trata de una denuncia política. Se trata de un acto de defensa de las instituciones y del dinero de los tucumanos. Porque cuando se malversa el dinero del Estado, se está metiendo la mano en el bolsillo de la gente”, dijo Elías de Pérez. Brito perdió su cargo, pero fue rescatado pronto. El 10 de agosto, el senador nacional Sergio Mansilla (Frente para la Victoria) envió una nota a la municipalidad de esta capital para pedir la adscripción de Brito para que trabaje en su despacho en el Senado. Brito tiene categoría 24, la más alta.

EL PATRIMONIO DE CRISTINA KIRCHNER

Critican un sobreseimiento que benefició a la Presidenta Garrido dijo que con el fallo de Canicoba se impide volver a investigar HERNAN CAPPIELLO LA NACION El diputado radical Manuel Garrido, ex fiscal de Investigaciones Administrativas, cuestionó que la Justicia hubiera sobreseído a la presidenta Cristina Kirchner en una causa por enriquecimiento ilícito que estaba archivada. De ese modo, explicó, se impide volver a investigar el patrimonio presidencial en el período que había sido cuestionado. “Es una barbaridad. Acá se está sobreseyendo a alguien en una causa que estaba archivada por inexistencia de delito. Se está sobreseyendo a alguien en una acusación que nunca se había abierto antes”, se quejó. La denuncia, que había sido presentada por abogado Ricardo Monner Sans, cuestionaba el enriquecimiento presidencial durante los períodos contables correspondientes a los

años 2005, 2006 y 2007. El fiscal del caso, Eduardo Taiano, dijo que del análisis de los recortes periodísticos que acompañaban la denuncia y de las declaraciones juradas de bienes no surgía que Cristina y Nestor Kirchner, presidente en ese momento, hubieran cometido algún delito. El fiscal, en abril de 2008, desestimó la denuncia y no impulsó la acción penal, por lo que el juez Rodolfo Canicoba Corral archivó la causa. El fiscal de Investigaciones Administrativas, que era entonces Garrido, apeló esa medida, pero la Cámara consideró que los bienes estaban correctamente declarados. Tres años más tarde, Canicoba Corral sacó la causa del archivo para sobreseer a la Presidenta, “sin que se hubieran aportado elementos que permitieran la reapertura de la investigación” y declaró extinguida la acción penal con respecto a Néstor

Kirchner, dado su fallecimiento. Garrido criticó esta decisión. “Si la causa fue directo al archivo, nunca se abrió, así que mal puede sobreseerse. Con esto se pretende dar carácter de cosa juzgado al período en cuestión, con lo que no se podría volver a investigar” se quejó el legislador. “Hay una jurisprudencia antigua de la Corte que dice que todo el mundo tiene derecho a que se defina su situación porque no puede estar sometido a proceso para siempre, pero acá no hay nadie sometido a proceso; la causa nunca se inició”, añadió. Canicoba dijo que sobreseía a la Presidenta porque entendió que todos los imputados tienen derecho a que se les levante esa condición, si es que no hay pruebas en su contra. Pero aclaró que lo hacía a pesar de no compartir la idea que señala que la sola mención de una acusación ya convierte al denunciado en imputado.

REUNION EN DIPUTADOS

Síntesis

Reclamo de jueces por el Código Penal

CERCA DEL JUICIO ORAL

Más de 200 jueces federales y nacionales pidieron al Congreso que “en forma urgente” se debatan los proyectos existentes para realizar una reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación, porque consideran que el actual es “una herramienta arcaica” que “no puede garantizar un servicio de justicia eficiente”. Una delegación de siete jueces, encabezada por Angela Ledesma, Luis María Cabral y Mariano Borinsky, de la Cámara de Casación Penal, se reunieron ayer con el presidente de la Comisión de Legislación Penal, el kirchnerista Oscar Albrieu, y con el titular de Seguridad Interior, Raúl Barrandeguy, también oficialista. Los magistrados entregaron a los

diputados un texto con la firma de 203 jueces para que el Código Procesal Penal nacional –en el que se fijan las pautas del proceso penal– se adecuen a un sistema oral íntegro en todas sus etapas y se abandone el expediente de papel, como ocurre en la mayoría de las provincias. Se propone que los procesos sean más transparentes, que la investigación la hagan los fiscales y los jueces controlen la causa, que se acoten los plazos de las causas y que las víctimas tengan mayor intervención. También piden la aplicación de los juicios por jurados, que todas las etapas de la causa sean orales y no escritas, y un mayor control sobre los hechos de corrupción.

Avanza la causa de los medicamentos La causa por la mafia de los medicamentos está cerca de ser elevada a juicio oral y público. Ayer se conoció una de las últimas medida que permitiría que el juez Norberto Oyarbide comience con los últimos pasos antes de enviar el sumario a un tribunal oral. La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento de Hugo Sola, un moyanista ex gerente de la Administración de Programas Especiales (APE), un organismo que se encargaba de reintegrar a las obras sociales sindicales costosos tratamientos de sus afiliados. Se cuestiona que se hicieron pagos indebidos, falseando tratamientos o constancias de la compra de remedios. Por esto hay una decena de acusados, incluido el ex jefe del gremio bancario Juan José Zanola.