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POLITICA

I

UNA CAUSA QUE COMPLICA A MACRI

Miércoles 11 de noviembre de 2009

INUSUAL JUICIO s AUDIENCIA DE ALTO VOLTAJE POLITICO

DEBATE LEGISLATIVO

Hallan datos que suman sospechas contra Ciro James

Negocian cambios en la reforma política El Gobierno bajaría límites a los partidos

En los juzgados de Misiones no estaban los CD con las escuchas; estiman que nunca llegaron HERNAN CAPPIELLO LA NACION Dos juzgados de Posadas, Misiones, fueron allanados ayer por orden del juez federal Norberto Oyarbide, que investiga el espionaje telefónico por el que está preso el ex policía y empleado del gobierno porteño Ciro James. Allí la policía fotocopió las causas en las que se habían ordenado las escuchas telefónicas, pero no se encontró ni rastro de las grabaciones. La falta de los audios hizo alentar la sospecha entre los investigadores de que los jueces misioneros, que autorizaban estas intervenciones en causas donde investigaban homicidios, eran “presta firmas”, a los que nunca llegaba el resultado de las escuchas, dijeron fuentes de los juzgados porteños a LA NACION. Los CD con los audios eran retirados por Ciro James en la SIDE y al parecer –según los investigadores– no habrían llegado nunca al juzgado para escucharlos y ver si había conversaciones relacionadas con los homicidios. Ayer, los jueces de Posadas en cuyos despachos se buscó información, Horacio Gallardo y José Luis Rey, debían ser indagados por Oyarbide, pero ninguno de ellos fue a los tribunales porteños. El fiscal Alberto Nisman había pedido que se les inicie juicio político para quitarles los fueros y que sean arrestados. Oyarbide optó por citarlos a declarar como sospechosos. Ante su ausencia, el juez prepara una segunda citación. En caso de que tampoco se presenten, es posible que directamente pida sus juicios políticos y sus detenciones. No obstante, el fiscal insistió ayer en pedirles el arresto al entender que pueden entorpecer la investigación. Además, Oyarbide ordenó dos nuevas medidas: que el procurador general de la ciudad de Buenos Aires, Pablo Tonelli, declare el próximo jueves como testigo para que explique la denuncia que hizo el jefe de gobierno, Mauricio Macri, al entender que

existía un complot contra su Policía Metropolitana. Además hoy volverá a tomarle declaración al cuñado de Macri, Néstor Daniel Leonardo, que denunció que el clan familiar ordenó espiarlo porque no aceptaron su casamiento con Sandra, una de las hijas de Franco Macri. El allanamiento en los juzgados de Posadas no fue una tarea sencilla. El juez Oyarbide firmó la orden que se debió cumplir el lunes. Una delegación de agentes de la SIDE y de la Policía Federal llegó a Misiones para sacar copias de las causas en que se habían ordenado las escuchas, que tuvieron como objetivo a Sergio Burstein (familiar de una de las víctimas del ataque a la AMIA), al abogado Francisco Castex, a dos gerentes de supermercados Coto, a Carlos Avila y a Leonardo. Oyarbide le había mandado un exhorto a su colega federal de Posadas Ramón Chávez para que allanara en su nombre, pero el magistrado se negó. Entendió que el exhorto “no especifica motivos suficientes para ejecutar la medida coercitiva”. Y argumentó que los allanamientos se deben realizar “en domicilios y en moradas”, no en oficinas públicas. Entendió que en lugar de allanar los juzgados, una medida que consideró “claramente desmedida”, bastaba con pedir al Superior Tribunal de Justicia esa información. Envió, entonces, un oficio al presidente del tribunal, Roberto Uset, para que coopere con Oyarbide. Así logró la policía recabar la información en el juzgado, fotocopiaron los expedientes en los que se habían ordenado las intervenciones telefónicas, pero no hallaron rastros de los CD con las escuchas telefónicas. El dato hizo alentar más sospechas en Buenos Aires, donde se investigan los vínculos de James con quien fue jefe de la Policía Metropolitana, el comisario mayor retirado Jorge “Fino” Palacios.

Con la colaboración de César Sánchez Bonifato, desde Posadas

LAURA SERRA LA NACION

LUIS PAZ

Duhalde fue con su esposa a la audiencia; a Carrió la acompañaron sus abogadas

Un cruce íntimo de Carrió y Duhalde en Tribunales La líder de ARI declaró como acusada de calumnias e injurias PAZ RODRIGUEZ NIELL LA NACION En un ínfimo despacho del tercer piso de los tribunales de Comodoro Py, Elisa Carrió y Eduardo Duhalde se reunieron por primera vez en sus vidas: fueron tres horas de tensión, cargadas de acusaciones y reproches, ante un atónito grupo de testigos. Carrió declaraba como acusada de los delitos de calumnias e injurias en la oficina de la jueza María Romilda Servini de Cubría. “Yo nunca hubiera hecho una alianza con Duhalde porque siempre dije que controlaba la droga en la provincia de Buenos Aires. Yo nunca hubiera hecho un acuerdo con el poder mafioso”, fue la frase que motivó el juicio. Duhalde pretendía que Carrió se retractara. Ella no quería ser condenada, pero no tenía planes de desdecirse. Entonces, alegó que no había dicho que él fuera un narcotraficante, dijo ser una purista del lenguaje y sostuvo que la Real Academia define “controlar” como saber, examinar, fiscalizar. “Es la mínima palabra que cabe en relación con la responsabilidad política de quienes se desempeñaron cuando creció la droga como lo hizo. El problema es que usted fue todo, Duhalde: vicepresidente, gobernador, presidente, y no quiere hacerse cargo de nada”, declaró Carrió. El ex presidente, que cuando empezó la audiencia estaba tranquilo y les pedía a sus abogados que no

interrumpieran la larga exposición de la acusada (“un divague”, a juicio de los letrados del querellante), fue perdiendo la calma. “Digamos las cosas como son. Yo no vine acá por lo que usted explica ahora que dijo, sino por lo que dijo en televisión y la gente entendió”, afirmó, ya de pie. Sentada al lado de él estaba su mujer, Hilda González. El despacho era tan chico que nadie podía moverse sin empujar la silla del de al lado. Había 19 personas en una oficina de siete metros por cuatro. La jueza, Carrió, Duhalde, su mujer, cinco abogados, tres funcionarios del juzgado, cinco periodistas y el diputado Adrián Pérez. Todo en medio de cuatro armarios, tres cajas fuertes y pilas de expedientes. –¿Coincide en que la droga inunda la Argentina? –increpó Carrió a Duhalde. –Sí –le respondió él. –¿Y usted gobernó el país? –Sí. –¡Qué conste! –dijo Carrió y señaló la computadora del relator. Su defensa fue que lo que le había adjudicado al ex presidente era una “responsabilidad política” y no más que eso. Y diferenció a Duhalde de su mujer: “Yo creo en su absoluta buena fe –le dijo a ella–, pero no en la de su esposo”. El matrimonio se ofuscó y él pidió terminar con el “conventillo”. Como si buscara convencer a Carrió de que no hubo nadie más interesado en luchar contra las drogas que él, Duhalde recordó que había hecho los

primeros congresos antidrogas, que creó la Sedronar y que escribió cuatro libros sobre el tema, que intentó sin éxito regalarle a Carrió. Admitió, sí, que se había concentrado en los enfermos más que en combatir el narcotráfico, tarea –según él– “de los jueces y el gobierno federal”. Finalmente, le anunció que los próximos 20 años serán aún peores en materia de drogas. “Sí, si sigue gobernando el peronismo...”, lo interrumpió Carrió. Duhalde, como si no escuchara, leyó el prólogo de uno de sus libros, escrito por un obispo de Lomas de Zamora, referido a las plagas de Egipto, en donde se lo elogiaba. Carrió se sintió a sus anchas. “¿Usted sabe quién mandó las plagas? Dios ¿Esto supone que la responsabilidad por el avance de la droga en el conurbano es de Dios y que usted va a liberar al pueblo? Porque entonces estamos en problemas...” La jueza oficiaba de mediadora. La ley no preveía que esa audiencia se convirtiera en un debate, pero como es un delito de acción privada, si el acusado se retracta o concilia con el querellante, el juicio se termina. Ayer, nadie quería una condena y los abogados de Duhalde interpretaron las declaraciones de Carrió como una retractación. Ella no aceptaba esa definición. “No lo acuso de ningún delito, pero ratifico todo lo que dije”, afirmó. Servini decidirá hoy si da el juicio por terminado. Todo indica que será así.

“No soy candidato a presidente” En medio del juicio por calumnias e injurias de Eduardo Duhalde y Elisa Carrió hubo una inesperada primicia política: el dirigente del PJ anunció que no es candidato a presidente. Cuando el ex presidente intentó regalarle un libro suyo sobre drogas a Carrió, ella le dijo: “Qué suerte que tiene tiempo y puede escribir

libros”. Inmediatamente, Duhalde le respondió: “Tengo tiempo porque no me dedico a la política... todavía”. “Pero me dijeron que es candidato...”, se sonrió Carrió. “No”, contestó él, terminante. Hubo también referencias a la presidenta Cristina Kirchner. Carrió le preguntó a Duhalde por qué no la había querellado cuando

lo acusó de ser “el Padrino”. El dijo que lo analizó, pero que sus abogados le dijeron que como no lo había nombrado el juicio no prosperaría. “Si no, lo hubiera hecho”, afirmó. Después de la audiencia, Carrió y Duhalde dialogaron un rato a puertas cerradas y sin testigos. Al salir, ella dijo que la audiencia judicial fue “cool”.

El oficialismo introducirá importantes cambios en el polémico proyecto de ley de reforma política que envió al Congreso: dará marcha atrás en las exigencias que les imponía a los partidos políticos minoritarios para preservar su personería jurídica; cederá a los partidos políticos poder de contralor en materia electoral y restablecerá algunos mecanismos de control en el financiamiento de las campañas. La conducción del bloque de diputados oficialistas diseñó en las últimas horas este borrador con el propósito de acercar posiciones con la oposición, crítica del proyecto original. Ayer fue un día intenso de reuniones reservadas entre distintos referentes de la oposición y del oficialismo, aunque todavía no hay fumata: los diputados oficialistas aguardan el visto bueno del ministro del Interior, Florencio Randazzo, y la oposición quiere revisar la letra fina del dictamen definitivo antes de dar su opinión. El dictamen se discutirá mañana, durante un plenario de las comisiones. El kirchnerismo ya anticipó que quiere apurar el debate de este tema y, en lo posible, darle media sanción el próximo miércoles. Pero la oposición reclama más tiempo y dice que no se puede votar a las apuradas. Así coinciden Oscar Aguad (UCR), Federico Pinedo (Pro), Patricia Bullrich (Coalición Cívica) y Silvia Augsburger (Partido Socialista). Pero el oficialismo no daría el brazo a torcer. Y para seducir a la oposición aceptó introducir modificaciones, que fueron ideadas por la conducción del bloque, que lidera Agustín Rossi. En ese armado participó, también, el director nacional electoral Alejandro Tullio, que ayer formó parte de las reuniones con los referentes de la oposición. La contraoferta oficialista contempla varios puntos, aunque el más relevante es la decisión de dar marcha atrás con las exigencias que el proyecto original imponía a los partidos minoritarios para preservar su personería jurídica y competir en elecciones nacionales. La iniciativa les exigía, para constituirse como partido nacional, el 5 por mil de afiliados en cinco distritos y, para competir en elecciones nacionales, el 1 por mil del padrón nacional. Asimismo, obligaba a cosechar un piso de 3% de votos en las elecciones primarias para competir en los comicios generales. “En el nuevo proyecto esas exigencias se dejan sin efecto y el piso del 3% se baja al 2%”, deslizaron ayer en el oficialismo Asimismo, se conformaría una comisión formada por todos los apoderados partidarios para controlar el reparto de los fondos partidarios y la distribución de los espacios televisivos y radiales entre las distintas agrupaciones durante la campaña. En materia de control del financiamiento, se restablecerá la obligación de presentar, 10 días antes de las elecciones, un informe de rendición de gastos.

CASO SOSA

Fallo de la Corte contra Santa Cruz La Corte Suprema rechazó los recursos planteados por el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, y por el fiscal provincial Claudio Espinosa, y dejó firme la sentencia por la cual había resuelto que el ex procurador general Eduardo Sosa debe ser repuesto en el cargo de fiscal general. Sosa había sido apartado de su cargo en 1994 –durante la gestión del entonces gobernador Néstor Kirchner–, luego de una reforma legal que le suprimió la vacante sin haberlo sometido a juicio político. Eso disparó una larga batalla judicial que llegó en cinco oportunidades a la Corte y esta vez el alto tribunal quiere ponerle punto final al caso. Hace diez días, el máximo tribunal nacional, que preside Ricardo Lorenzetti, resolvió que Peralta, bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente, tiene un plazo de 30 días para tomarle juramento a Sosa.