POLITICA

Martes 24 de julio de 2012

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POLEMICA LICITACION s NUEVAS ACUSACIONES DEL CONSULTOR INGLES

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SOSPECHAS DE CORRUPCION

SUBE: Chandler mostró un mail que complicaría al Gobierno El texto revela un supuesto acuerdo entre funcionarios de Transporte y del Banco Mundial IVAN RUIZ ENVIADO ESPECIAL LONDRES.– Stephen Chandler expuso sobre tinta y papel las acusaciones lanzadas la semana pasada contra sus socios locales, la Secretaría de Transporte y el Banco Mundial (BM). El consultor inglés, ex jefe de la supervisión del SUBE, entregó a LA NACION un correo electrónico que compromete a la funcionaria Nora Turco y al ex gerente del BM Andrés Pizarro. El correo firmado por Pablo Vainberg, socio de IRV, fue enviado a Chandler y a varios miembros de Iatasa, otra de las firmas que integraron el consorcio que se quedó con el control del SUBE. En el texto se menciona un acuerdo entre los funcionarios a cargo de la licitación y los consultores que luego ganaron el contrato de $ 65 millones. También se señala la posibilidad de ingresar “en la lista”, en un momento clave del concurso. “Nora [Turco] habló con Andrés [Pizarro]. El piensa que estará todo bien si presentamos la documentación como Andrés y Stephen [Chandler] acordaron”, dice. Y continúa: “También él [en referencia a Pizarro] revisará la lista corta [la primera evaluación de la licitación] y dirá que nuestro grupo tiene que estar en la lista con o sin los antecedentes de GI. Pero él todavía tiene algunas dudas sobre la inscripción de GI”. Por último, con mayúsculas: “Sugiero que le entreguemos toda la documentación al BM para finalizar este paso”. Turco y Pizarro fueron determinantes en la licitación. La directora nacional de Planificación y Coordinación del Transporte integró el comité de evaluación que recomendó contratar a la unión transitoria de empresas (UTE) integrada por Global Infrastructure (GI), IRV, Iatasa y González Fischer y Asociados, pese a que el Estado contó con una oferta $ 10 millones más económica realizada por una consultora internacional. Ese tribunal, integrado por tres miembros, también estuvo compuesto por Alberto Barrionuevo, un técnico que trabajaba en la car-

Sugestivo correo Pablo Vainberg, socio de una de las empresas del consorcio que se quedó con el control de la SUBE, le reveló en un correo electrónico al consultor inglés Stephen Chandler un pacto entre funcionarios encargados de la licitación y los consultores que luego la ganaron. Se menciona a Nora Turco, directora nacional de Planificación y Coordinación del Transporte, y a Andrés Pizarro, del BM.

STEPHEN CHANDLER Fue jefe de la supervisión del SUBE hasta que el Gobierno suspendió el contrato. Global Infrastructure, su empresa, presentó irregularidades. En su domicilio legal funciona una peluquería. El asegura que la licitación fue ”orquestada” por Transporte, el BM y sus socios locales.

tera comandada por Turco. Pizarro fue el hombre que el BM asignó –como entidad que financió el contrato– para controlar el proceso. Cada uno de los pasos del concurso fue avalado con la emisión de los documentos de “no objeción”. Pizarro renunció al BM en julio de 2011 y desde ese momento es consultor externo del organismo para proyectos en Asia, informó la entidad. El correo que entregó Chandler está fechado el 19 de julio de 2009, un momento clave en la licitación. El comité de evaluación integrado

por los funcionarios de Transporte todavía no había realizado la apertura de sobres número dos –fue el 4 de agosto–, correspondientes a las ofertas económicas. Tampoco estaban habilitadas las negociaciones formales que permiten a los funcionarios entablar diálogo con el oferente mejor calificado para pautar los detalles del contrato.

La acusación Chandler fue el máximo responsable del control del SUBE hasta que hace dos semanas el Gobierno

decidió suspender el contrato. Ante la consulta de LA NACION sobre el “acuerdo“ que se menciona en el correo electrónico, el consultor acusó al funcionario del BM. “Me llamó Vainberg para que fuera urgente a la Argentina porque había algo importante. Después me dijeron que había una reunión con el BM, pero en las oficinas de Iatasa. Cuando llegué, como era un encuentro secreto, hablamos con Pizarro por teléfono. En esa misma conversación, el 19 de julio –el día que se escribió el correo–, Pizarro me presionó para que creara una sociedad argentina y me asociara con IRV e Iatasa. Era un acuerdo forzado; si no, me dejaba afuera”, se defendió. Y agregó: “Era evidente que necesitaban mis antecedentes como pantalla”. Chandler acreditó antecedentes en la Oyster card, la tarjeta que se utiliza en el transporte de Londres. Vainberg fue uno de los empleados calificados por el comité de evaluación integrado por Turco, Barrionuevo y Gabriela Boaglio. Este ingeniero obtuvo la máxima performance según los funcionarios de Transporte y luego fue contratado como parte del personal clave de la supervisión del SUBE con un sueldo $ 1.700.000 por los cuatro años de trabajo. Desde IRV se limitaron a decir: “El único vínculo que tuvieron con la gente del Banco Mundial era una requisitoria por parte del organismo para que GI presentara documentación. En ese contexto Vainberg puso en contacto a Chandler con Pizarro”. No quisieron dar mayores detalles ante los requerimientos que hizo LA NACION. A la vez, este diario intentó comunicarse ayer con la Secretaría de Transporte y con los socios locales, pero no hubo respuesta para explicar los alcances del correo electrónico mencionado por Chandler. Desde el Banco Mundial aseguraron que están “muy preocupados por las informaciones que han tomado estado público“ y afirmaron que están “analizando” los procesos de la contratación. Pero evitaron referirse al correo electrónico.

Protagonistas en la trama del escándalo LONDRES (De un enviado especial).– Una larga lista de nombres y cargos se cruzan en la trama del escándalo por la licitación de la tarjeta SUBE. Las acusaciones del Stephen Chandler, el consultor inglés que denunció irregularidades en la licitación del contrato para el control de la tarjeta SUBE, acusó a funcionarios del gobierno argentino y del Banco Mundial. También el hombre al que

contactó LA NACION en esta ciudad apuntó contra varios empresarios. Los siguientes son personajes clave de una trama compleja: L Nora Turco: es una funcionaria del Gobierno que resultó clave en la licitación. La directora nacional de Planificación y Coordinación de Transporte integró el comité de evaluación que recomendó contratar al consorcio ganador pese a contar con una oferta 10

TRAS EL CONFLICTO CON LA POLICIA

millones de pesos más económica. L Andrés Pizarro: es el máximo responsable del Banco Mundial para controlar la licitación que el organismo financió. Chandler asegura que lo presionó para asociarse con IRV y Iatasa, y entregó un correo electrónico en el que se habla de charlas con funcionarios de Transporte y los empresarios locales. En el Banco Mundial manifestaron preocupación por el

tema y evalúan qué dirección tomar. L Pablo Vainberg: es el director de IRV, uno de los integrantes del consorcio. Según Chandler, este ingeniero fue uno de los responsables de las gestiones entre la Secretaría de Transporte y el Banco Mundial para ganar la licitación. Trabajó en el Ptuba, la dependencia pública que ejecutó el préstamo del Banco Mundial con el que se pagó la supervisión del SUBE.

Por NIK

Momento

Peralta: “Santa Cruz es mi responsabilidad” El gobernador negó que lo hayan dejado solo MARIELA ARIAS CORRESPONSAL EN SANTA CRUZ RIO GALLEGOS.– El gobernador Daniel Peralta ayer salió al cruce de las críticas que marcaban su soledad política para resolver la huelga policial que duró 20 días y en forma personal encaró las negociaciones. “Yo soy el gobernador y la policía de la provincia de Santa Cruz es mi responsabilidad, y cuando pasan estas cosas uno las tiene que afrontar solo o acompañado por 10.000 personas, pero lo que tiene que hacer es afrontarlo”, afirmó el gobernador. La crisis policial coincidió con la primera parte del receso invernal en la administración pública y la Legislatura provincial cumplió a rajatabla el receso; sin embargo, el edificio se abrió para el diputado Alejandro Victoria (FPV), quien ofició como solitario mediador con los delegados policiales. El logró restablecer el diálogo interrumpido entre el gobierno y la policía, y después de varias reuniones la huelga policial se destrabó en la madrugada del domingo. Salvo Peralta, Victoria y dos de sus ministros, no hubo otros funcionarios mediando en este conflicto, por encontrarse de vacaciones o simplemente por conveniencia. Lo cierto es que la clase política santacruceña guardó silencio mientras la sociedad se esforzaba por entender qué iba a pasar con su seguridad al

día siguiente. Luego de mantener una nueva reunión con los delegados de la mesa de diálogo, Peralta ayer recorrió obras públicas y evaluó el final del conflicto con la policía, negó que fuera a haber nuevos cambios en el gabinete y pidió a los jefes policiales que no se apliquen reprimendas a los huelguistas. En la rueda de prensa Peralta fue consultado por la ausencia del vicegobernador Fernando Cotillo durante el conflicto policial. “Cada uno hace la lectura que quiere –expresó–. Lo cierto es que él se comunicó conmigo, me dijo que estaba en la Capital Federal y que si había que firmar algo que tuviera que ver con la resolución del conflicto, contábamos con él”, y aclaró: “La dinámica de la crisis nos llevó a que no tengamos tiempo para eso y que nos ocupemos en el día a día de cosas que iban cambiando permanentemente”. Por otra parte, el gobernador de Santa Cruz consideró que la soledad o no en las decisiones políticas “está dentro de cada uno de nosotros, yo soy el gobernador y la policía de la provincia es mi responsabilidad”, y agregó que el conflicto policial más largo de la historia de la provincia “ameritaba que no me mueva un centímetro de la búsqueda de herramientas y de resoluciones para arribar a soluciones. Mas que mirar hacia atrás, me congratulo de las soluciones a las que hemos arribado”.

ARCHIVO

Juan Carlos López, al salir de su casa de Mar del Plata, en junio

Un colaborador de Boudou figura en ocho sociedades Es testigo en su juicio de divorcio y una figura clave en la trama patrimonial del vicepresidente HUGO ALCONADA MON LA NACION Le dicen “el Sordo”, pero sólo lo es de un oído. Resultado, cuentan, de un balazo que recibió mientras transportaba dinero en efectivo. El, sin embargo, prefiere el bajo perfil. Se llama Juan Carlos López. Y es, junto con José María Núñez Carmona, un eje clave para comprender la trama societaria y patrimonial multimillonaria del presunto enriquecimiento ilícito del vicepresidente Amado Boudou. Testigo en el juicio de divorcio de Boudou, la relación entre ambos viene de años, como derivación del vínculo mutuo con Núñez Carmona desde los tiempos en que éste se metió en los negocios del correo y de la basura en Mar del Plata. Asistente y empleado multifunción de Núñez Carmona, el rol de López creció aún más durante los últimos seis años. Apareció como socio, presidente o director en por lo menos ocho sociedades anónimas vinculadas a “Nariga” o, incluso, al propio vicepresidente, según verificó LA NACION en distintos registros públicos del país. Aun así, López mantiene su domicilio de siempre en una sencilla casa de un barrio periférico de Mar del Plata. Y no exhibe grandes lujos, aunque las sociedades en las que aparece son dueñas de inmuebles que valen millones en esa ciudad. z Inversiones Inmobiliarias Aspen SA: López apareció como su presidente desde 2006, con Núñez Carmona como director suplente. Boudou no aparece en las publicaciones del Boletín Oficial, aunque el vicepresidente sostuvo que es el dueño del 50% de la firma en la última declaración jurada que presentó ante la Oficina Anticorrupción. La sociedad es dueña del pequeño departamento en el que creció “Nariga”, en la calle Roca 214 de Mar del Plata, según consta en el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense. Y un detalle: el domicilio de la firma es en la planta baja de la avenida Corrientes 222 de Buenos Aires. Allí no hay oficinas, pero el portero recibe su correspondencia. z Embarcaciones Argentinas SA: López aparece como uno de los socios fundadores desde principios de 2009, junto con Núñez Carmona. Con un capital de $ 12.000, la firma compró un yate valuado en US$ 295.000 al conductor televisivo de C5N, Eduardo Feinmann, según reveló la revista Noticias. También fijó su domicilio en Corrientes 222. z Action Media SA: fundada por el actual subsecretario de Servicios

Financieros del Ministerio de Economía, Guido Forcieri, y por Sandra Rizzo, quien voló a Miami junto con Núñez Carmona en 2011, en un viaje pagado por The Old Fund, la controlante de la ex Ciccone. En 2011, López asumió como su presidente, y Eduardo Dehaut, compañero de colegio y contador de Boudou, ingresó como director suplente. Pero el verdadero dueño es Núñez Carmona, según expuso cuando debió defenderse ante la Justicia por el presunto intento de sobornos en la agencia Télam. “Los aportes de capital los he realizado con fondos propios en mayor medida y con préstamos bancarios ocasionalmente”, declaró junto a su abogado Ignacio Danuzzo Iturraspe. ¿El domicilio? También Corrientes 222. z Rock Argentina SA: al igual que en Action Media, también figuró Guido Forcieri, quien renunció en abril de 2009. Entonces ingresó López junto con Danuzzo Iturraspe, el abogado que provocó el apartamiento del juez federal Daniel Rafecas del “caso Ciccone”, al exponer los mensajes de texto que había intercambiado. Con serios problemas en el club Champagnat, Danuzzo Iturraspe también apareció en Habitat Natural SA, la otra sociedad que Boudou admitió como propia ante la OA, también con domicilio en Corrientes 222. z WSM SA: López la preside junto con Leticia Núñez, la hermana de “Nariga”, como directora suplente. Y desde diciembre pasado, se sumaron Juan Carlos Mazzeo –otro amigo del colegio de Boudou– como vice, y Andrés Gerardo Gens, entonces de 24 años y sobrino de Núñez Carmona. También con domicilio en Corrientes 222. z Fuerza Laboral SA: también junto con “el Chino” Mazzeo, López aparece como rostro visible de esta sociedad desde febrero de este año, pocos días después de que estallara el “caso Ciccone”, aunque como director suplente. ¿El domicilio? También en la planta baja de la porteña avenida Corrientes 222. z Vail Investment SA: López aparece como director suplente desde 2009, cuando se amplió su capital a $ 1,4 millón, mientras que como presidente apareció Laura Solaberrieta. Con domicilio en la porteña San Martín 910 (el mismo que Digital Signage SA, con Martín Manna), luego pasó a Corrientes 222. Es la dueña desde marzo de 2010 del inmueble donde funciona Pehuén, un conocido restaurante marplatense. La operación con las familias Garriga Lacaze y Suárez Lastra se completó un año después.

PAMI, inmuebles y tres centros de esquí

Síntesis DERECHOS HUMANOS

RADICALISMO

Detuvieron a la mujer de un marino

El hijo de Illia se postula a diputado

La jueza federal María Servini de Cubría procesó y dejó presa a la esposa del prófugo ex represor de la ESMA Jorge Vildoza por la apropiación del hijo de la secuestrada Cecilia Viñas, en la última dictadura militar. La decisión recayó sobre Ana María Grimaldos, de 76 años, detenida tras permanecer prófuga 24 años.

El dirigente radical Leandro Hipólito Illia, hijo del ex presidente, lanzó su postulación para diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires para las elecciones de 2013. La intención del hijo del ex presidente Arturo Illia es “recuperar la identidad” del radicalismo y su “representatividad” en el ámbito porteño, dijo.

Acaso por la balacera a la que sobrevivió de milagro gracias a un paisano que lo encontró a la vera de la ruta, Juan Carlos López figura registrado, a los 44 años, en el PAMI. Lo está junto con su hija adolescente, aunque “el sordo” también figura inscripto ante la AFIP como prestador de “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial”. Esos servicios abarcan a Beaver Cheek SA, en la que López asumió como presidente en agosto de 2011, en tanto que Sandra Rizzo –la fundadora de Action Media SA– apareció como directora suplente. Juntos reemplazaron a Sergio Martínez (a su vez ex socio minoritario en The Old Fund y prófugo de la justicia de Estados Unidos) y su sobrino Mariano Esteban Martínez. ¿Domicilio? Como tantas otras firmas vinculadas al vicepresidente Amado Boudou, en la planta baja de la avenida Corrientes 222. Al igual que Vail Investment SA, Beaver Cheek es dueña desde 2010

de un inmueble en Mar del Plata, a través de un tracto abreviado, según consta el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense. Compraron la casa de Bernardo de Irigoyen 3951 del barrio Los Troncos, donde le guardan las dos camionetas Kia que Martínez compró para la precandidatura de Boudou a jefe de gobierno porteño. Aspen –como en Inversiones Inmobiliarias Aspen SA–, Vail y Beaver son, a su vez, los centros de esquí en el estado de Colorado, Estados Unidos, preferidos de Boudou, según comentó el entonces ministro a un diplomático norteamericano y quedó expuesto en WikiLeaks. También son los de Núñez Carmona, quien viajó hasta allí en otro de los 19 viajes que pagó The Old Fund, la firma controlante de la ex Ciccone. Alejandro Vandenbroele gastó por lo menos $ 130.000 para que “Nariga” pudiera disfrutar de la nieve, junto con una familia amiga de Mar del Plata, los Mendiondo. López, en cambio, se quedó esa vez sin volar.