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Sociedad

| Miércoles 25 de septieMbre de 2013

SEGURIDAD Edición de hoy a cargo de Luis Moreiro | www.lanacion.com/seguridad

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Presos encerrados como en la Edad Media, pero en Marcos Paz

En 96 horas hubo cuatro homicidios en provincia

Una comisión de jueces, fiscales y defensores oficiales recorrió en forma sorpresiva el Complejo Penitenciario Federal N° 2 y descubrió calabozos sin luz y sin baño; ordenaron la clausura del lugar Viene de tapa

Si bien se conoció ayer, la visita ocurrió el viernes pasado. Recorrieron el penal de Marcos Paz, además del juez Hornos, sus colegas Mariano H. Borinsky, Sergio Paduczak y Martín Vázquez Acuña; los integrantes de la Procuvin Abel Córdoba y Roberto Cipriano García, y Germán Artola, en representación de la Defensoría General de la Nación. Según informaron a la nacion fuentes judiciales, cuando la comisión de magistrados llegó al pabellón 7, eran las 15.30 y los presos, según dijeron, aún no habían desayunado. “Algunos de los detenidos estaban en esa situación desde junio pasado. Vestían incluso la misma ropa con la que habían sido alojados”, afirmó a la nacion uno de los jueces que hicieron la recorrida. De los 12 presos que estaban alojados en el pabellón 7 del módulo 1, siete estaban en condición de sancionados y cinco, en calidad de detenido en “tránsito”, es decir, reclusos a los que es difícil encontrarles un lugar. Según la documentación del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, a la que tuvo acceso la nacion, “los 12 internos encerrados en celdas estancas mi-

raban a jueces y fiscales a través de estrechas mirillas. Las llaves de los calabozos no aparecían, los detenidos gritaban que la visita no se fuera. Esas personas habían estado encerradas por largo tiempo en calabozos individuales, sin salida, sin baño, sin electricidad ni vidrio en una pequeña ventana por la que tiraban el excremento afuera, sin visitas ni aseo”. Anteayer, según fuentes judiciales, el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, estuvo en la CFCP, donde los jueces le pidieron que “establezca con certeza que hechos de esta gravedad no existen en otras unidades y que no se repitan situaciones como la expuesta”. En diálogo con la nacion, Marambio negó que los reclusos estuvieran sin luz y sin agua, pero sí reconoció que había reclusos “en tránsito” alojados como si estuvieran sancionados y exculpó por esta situación al actual director de la cárcel de Marcos Paz, de apellido Frezin, porque se hizo cargo de la unidad penitenciaria hace cinco días y, por las irregularidades, responsabilizó a la gestión anterior, encabezada por Víctor Hortel, líder de la agrupación kirchnerista Vatayón Militante, que organizaba murgas y salidas “culturales” de los detenidos.

Marambio asumió como director del SPF el 20 del mes pasado, después de la escandalosa fuga de 13 presos de la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza. Explicó a la nacion que ordenó que se realice una investigación para determinar si se registran anomalías similares en otras unidades del SPF. Según el sitio web del SPF, la cárcel de Marcos Paz está situada sobre un predio de 120 hectáreas, su edificación ocupa 85.000 metros cuadrados y el penal está conformado por cinco módulos de residencia con capacidad para 300 internos divididos en seis pabellones de 50 celdas individuales cada uno. Tres recorridas La visita en la cárcel de Marcos Paz fue la tercera recorrida del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. El 3 del actual, Hornos; el presidente del Consejo de la Magistratura, Mario Fera; la jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Mirta López González, y los jueces integrantes de la Subcomisión de Ejecución Penal de la Cámara de Casación, Paduczak y María Cristina Deluca Giacobini, concurrieron al Complejo Penitenciario Federal N° 1, en Ezeiza. En la visita, “se ordenó

“Sin dignidad humana” Así estaban alojados 12 reclusos, según un juez

“Sentimos, vimos y olimos la situación en la que estaban alojados los 12 presos”, afirmó a la nacion el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos

dElitos gravEs. Los

hechos sucedieron en el conurbano bonaerense

el cese del alojamiento de dos internos en las celdas de cumplimiento de sanciones”. Ocho días después, los jueces Hornos, Paduczak y Deluca Giacobini visitaron el Complejo Penitenciario Federal N° 3, la cárcel de mujeres más grande. “En un primer momento, llamaron la atención la falta de higiene, la deficiente alimentación, las quejas por la falta de atención médica y la permanente presencia de cucarachas”, según fuentes judiciales. Y agregaron: “Luego aparecieron varias irregularidades graves, como una mujer aislada y notoriamente golpeada en una celda para el cumplimiento de sanciones, sin que esas circunstancias hubieran sido documentadas. Todo ello motivó la intervención inmediata de los magistrados, que tuvo como consecuencia el pase a disponibilidad del director de la unidad y el procedimiento de solución de las irregularidades halladas”. Ese mismo día, la comisión especial visitó la Unidad 31, en la que algunas internas habían declararon una huelga “de brazos caídos” –no concurrían a trabajar ni a estudiar– debida a dificultades en el aprovisionamiento de alimentos y la atención pediátrica, ya que en ella residen internas con hijos de hasta cuatro años, entre otros.ß

Una marcha en el inicio del juicio por el caso Bulacio

imputado. El ex comisario Espósito está acusado de privación ilegítima de la libertad Unas 200 personas participaron ayer de un acto y movilización organizados para acompañar el inicio del juicio por la detención ilegal del Walter Bulacio, quien murió en 1991 tras ser apresado y alojado en una comisaría, luego de un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La marcha estuvo organizada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y comenzó en la esquina de Paraguay y Callao, a tres cuadras del tribunal donde se desarrolló el juicio contra el ex comisario Miguel Espósito, acusado de privación ilegítima de la libertad de Bulacio, quien tenía 17 años. Allí estuvieron presentes la abogada de la familia, María del Carmen Verdú, junto con familiares y allegados a la víctima, entre los que estaba su hermana Tamara, quien dijo que estaba “contenta”, pese a que consideraba que la imputación contra Espósito “no es suficiente”. “Estamos contentos porque después de tantos años de lucha de mis

padres y de mi abuela se hace el juicio”, dijo la hermana de Bulacio, según informó la agencia de noticias Télam. En el lugar también hubo más de 100 personas de diferentes agrupaciones de izquierda, con bombos y banderas con la inscripción “Yo sabía que a Bulacio lo mató la policía”. Los manifestantes marcharon luego hasta las puertas del tribunal, donde al encontrarse con el abogado defensor de Espósito, Pablo Argibay Molina, comenzaron a insultarlo. El ex comisario Miguel Ángel Espósito, único imputado por la detención ilegal hace 22 años del adolescente, quien luego murió por un aneurisma cerebral, se negó ayer a declarar en la primera audiencia del juicio oral y público. Espósito contra Fernández Espósito ni siquiera estuvo en la sala de audiencias de la planta baja del edificio judicial de la calle Paraguay al 1500, ya que por “razones

La marcha por el comienzo del juicio del caso Bulacio de salud“ se le permitió asistir a la primera parte del debate mediante el sistema de teleconferencias. Cuando los integrantes del tribunal oral N° 29 le preguntaron por sus problemas de salud, Espósito responsabilizó de esa situación a la fiscal Mónica Cuñarro y al ahora senador Aníbal Fernández, en referencia a un infarto que sufrió al ser expulsado de la Policía Federal en 2008 por orden de Fernández, por entonces jefe de Gabinete.

Espósito estuvo presente junto con un médico y una ambulancia en las afueras de una sede del Consejo de la Magistratura, y tras la lectura de la declaración que prestó durante la etapa de instrucción de la causa se retiró del lugar. “No me siento bien, es preferible que me retire. Estoy a disposición de la Justicia, siempre”, dijo antes de retirarse. “No voy a declarar, ni ahora ni durante el juicio”, aclaró el imputado.

dyn

Espósito no está acusado por homicidio (fue sobreseído en dos oportunidades por ese delito y la sentencia está firme), sino por “privación ilegal de la libertad agravada” por tratarse de un menor de edad. En la lectura de su declaración durante la instrucción, el ex comisario dijo que aplicó el “memorando 40”, una norma interna que permitía a los policías detener a menores sin dar parte a la Justicia.ß

Grassi no podrá celebrar misa en público En prisión. Pese a poner en duda el fallo judicial, el Obispado de Morón sancionó al sacerdote El Obispado de Morón expresó ayer sus “dudas acerca de la culpabilidad” del padre Julio César Grassi, condenado a 15 años de cárcel por abuso de dos menores, aunque aclaró que el sacerdote no podrá dar misa hasta que sea tomada una resolución canónica definitiva. Mediante un comunicado, el Obispado a cargo de monseñor Luis Guillermo Eichhorn cuestionó que la Justicia ordenara el arresto de Grassi basándose en un supuesto peligro de fuga, que el Obispado puso en duda. Grassi quedó alojado ayer en una cárcel con mayor seguridad, la de la ciudad de Campana, donde cumple su condena, entre otros, Carlos Carrascosa, sentenciado por el crimen de su esposa, María Marta García Belsunce. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Morón había dispuesto anteanoche que el cura quedara preso para cumplir la condena dictada en 2009 y ratificada por el Tribunal de Casación y la Suprema Corte bo-

naerenses, en un fallo conocido la semana pasada, pero entendió que debía estar en la cárcel de mediana de seguridad de Ituzaingó, jurisdicción del Obispado de Morón. Hasta allí fue llevado Grassi, donde pasó la noche, pero el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) le informó al tribunal que había resuelto trasladarlo a un penal de mayor seguridad, según consignó la agencia DyN. La Unidad N° 39 de Ituzaingó, en cambio, es una institución modelo, en medio de un barrio residencial, con un régimen “semiabierto”, donde se busca la resocialización y la inclusión de los internos “medianamente peligrosos” o próximos a salir. Sin embargo, hubo reiteradas fugas de presos altamente peligrosos de esa unidad. Incluso, hace un mes un condenado a casi 40 años de prisión como violador serial escapó del penal tras “dormir” a los guardias con somníferos. Ahora, Grassi quedó alojado en la

Unidad N° 21 de Campana, donde se maneja un régimen “cerrado” y hay controles más estrictos, aunque no tan duros como los de un penal de máxima seguridad, por ejemplo la cárcel de Sierra Chica. La Unidad Penal N° 41 de Campana es una cárcel para presos de buena conducta, en la que hay una escuela primaria y otra secundaria. Ubicada en el kilómetro 5,5 de la ruta provincial 6, cuenta además con una biblioteca, una escuela agraria, donde están instalados sectores para la cría de cerdos y gallinas, según informó Télam al tomar en cuenta los datos del Servicio Penitenciario bonaerense. En tanto, con Grassi tras las rejas se siguieron generando repercusiones por la detención del sacerdote, a 11 años de iniciada la causa judicial y a tres del veredicto condenatorio. Mientras el fiscal Alejandro Varela y los querellantes celebraron la noticia y se quejaron por el tiempo que se había demorado en disponer

el arresto, el hermano del sacerdote, Juan José Grassi, habló en su defensa: “Sólo con palabras condenaron a una persona que luchó toda la vida. Por la palabra de un chico apoyado, que ahora está disfrutando de una vida totalmente libre”. “La gente está saboreando un espectáculo donde están viendo sufrir a una persona que hizo toda una obra y un sacrificio”, dijo el hermano del sacerdote condenado. A esa posición se sumó el Obispado de Morón, que, oficialmente, expresó las “dudas acerca de la culpabilidad” de Grassi. En ese sentido, el Obispado advirtió que esperará que haya “una sentencia firme” para decidir si le quita el estado sacerdotal, mientras que acompañará al cura “con la oración”. Lo único que dejará firme el fallo es una resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la última instancia a la que puede recurrir ahora el sacerdote. De cualquier forma, el Obispado

recordó: “Conforme a derecho, le aplicó la medida disciplinaria de la prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal, hasta tanto se resuelva definitivamente esta situación”, mientras que la “investigación e informe de todo el proceso y actuación del padre Grassi fueron elevados a la Santa Sede”. El comunicado del Obispado de Morón agregó: “Contando con el asesoramiento de estudiosos especializados,sedesprendendudasacercade la culpabilidad del padre Julio Grassi, así como del peligro de fuga, siendo que él residió durante mucho tiempo sin alejarse de la vivienda declarada como su domicilio personal”. De mantenerse firme la condena por abuso sexual agravado y por no existir más instancias de apelación, a Grassi puede caberle una dura condena canónica, entre otras la suspensión de por vida en el ejercicio del ministerio sacerdotal, por lo que no podrá dar misa ni administrar sacramentos.ß

Gonzalo Prado LA NACION

Cuatro personas fueron asesinadas en las últimas 96 horas como consecuencia de una serie de hechos de inseguridad ocurridos en el conurbano bonaerense. El primero de los hechos sucedió el sábado pasado, en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, cuando una banda integrada por tres delincuentes asesinó de un disparo en el pecho a Julio Enrique Merea para robar un vehículo. En el momento del crimen Merea estaba junto con dos amigos en la puerta de su casa, situada en la calle Juan Posse 3040, con quienes estaba preparando el auto de uno de ellos para un viaje de pesca. Sorpresivamente, tres delincuentes armados aparecieron en una moto Honda, que además contaba con un pedido de secuestro desde agosto pasado, cuando fue robada. Sin mediar palabra, uno de los ladrones le disparó en el pecho a Merea con un arma calibre .22 y le provocó la muerte acto. Mientras sus amigos intentaban auxiliarlo, el homicida se subió al vehículo y se fugó junto con sus cómplices, que lo hicieron en la moto. Según fuentes policiales, dos de ellos fueron detenidos ayer. Pocas horas después, en el partido de Almirante Brown, Pablo Orellano y Rosa Battaglia, un matrimonio de 39 y 37 años, respectivamente, fueron asesinados en el medio de una discusión con sus vecinos del complejo habitacional Don Orione. Según una calificada fuente policial de la DDI de Esteban Echeverría, el presunto autor del doble homicidio, un hombre de 68 años, fue detenido ayer en su departamento del mismo complejo. Junto con la aprehensión del sospechoso se secuestró la presunta arma homicida El asesinato restante ocurrió ayer por la tarde en Ciudadela, partido bonaerense de Tres de Febrero, cuando Horacio Daniel Collado, de 61 años, fue asesinado por una banda de al menos cuatro delincuentes, quienes le dispararon en el abdomen mientras se disponían a robar uno de los vehículos que estaba en reparación en el taller donde trabaja la víctima.ß

No hallan a la menor perdida en Cipolletti rastrillajEs. Los padres

dicen que alguien la “levantó” y se la llevó

La búsqueda de la niña que permanece desaparecida desde el sábado en la ciudad de Cipolletti, Río Negro, se reanudó ayer con operativos de la policía provincial, bomberos de Plottier, Cinco Saltos y Allen, que incluyen rastrillajes en la zona de los balnearios neuquinos por la costa del Limay. Los operativos para encontrar a la niña de 2 años, con síndrome de Down, comenzaron a las 9.30, y los investigadores no descartaban la hipótesis de que la menor de edad haya caído al río Limay, según consignó la agencia DyN. La niña, de nombre Belén, fue vista por última vez el sábado, cuando a las 15.50 salió al patio de la vivienda mientras sus padres y su hermano permanecían en el interior de la casa, situada en el barrio Río Sol del paraje Las Perlas, a unos 100 metros de la costa del río Limay y a 15 kilómetros del centro de Cipolletti. Los padres de la menor creen que “alguien la levantó y se la llevó”, y manifestaron al diario Río Negro que una vecina de la ciudad de Neuquén les dijo que la vio en una camioneta Peugeot color blanco, junto a dos hombres. El fiscal Oscar Cid prefirió no descartar ninguna hipótesis, mientras los investigadores consideraron posible que haya caído al río. Los padres de la niña pidieron ampliar la búsqueda a la provincia de Neuquén, y afirmaron que analizan cortar el puente de acceso a la ciudad para “ser escuchados”.ß