Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC)
Reunión de organizaciones campesinas y la Secretaría de Gobernación Palacio de Cobián, D.F., a 19 de junio de 2013
Posición del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) sobre la agenda prioritaria para un cambio de fondo en las políticas agroalimentarias y de desarrollo rural, y las condiciones requeridas para un diálogo y negociación fructíferos Texto leído por Isabel Cruz Hernández, en representación del CONOC. Saludos al Secretario de Gobernación y a los demás secretarios de Estado presentes Saludos a las y los representantes de los bloques de las organizaciones campesinas presentes Saludos a los medios de comunicación presentes Señores y señoras. El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, integrado por la AMUCSS, ANEC, CNOC, MAIZ, Red Mocaf y FDC, expresa su disposición a construir a través del diálogo y la negociación entre las organizaciones campesinas y el gobierno federal un nuevo rumbo para el campo mexicano. A lo largo de más de 25 años, las organizaciones del CONOC hemos demostrado en la práctica, desde lo profundo de las comunidades campesinas e indígenas y a lo largo y ancho del país, que sí hay alternativas viables para resolver los grandes problemas del campo y de la seguridad alimentaria del país, y que sí existen otros caminos diferentes al del modelo de abandono del campo y de privilegio a las importaciones y a las corporaciones agroalimentarias que nos ha sido impuesto desde hace tres décadas. Lo que no ha existido hasta ahora es la voluntad política de gobernar en función del interés público y de la nación y de recobrar la autonomía y la soberanía del Estado mexicano frente a los monopolios y los intereses externos. En el CONOC nos hemos caracterizado por ser organizaciones campesinas autónomas, independientes, plurales, no vinculadas a ningún partido político ni a grupo de poder alguno. Las organizaciones del CONOC estamos comprometidas con procesos y modelos innovadores de organización económica autogestiva para la productividad sustentable, el manejo de los recursos naturales, el bienestar de las familias y el desarrollo local. Con base en estas experiencias hemos desarrollado una alta capacidad de elaboración, propuesta e incidencia de políticas públicas alternativas. Así, por ejemplo, hemos sido pioneros y somos ejemplo en: i) la organización de los pequeños cafeticultores para la producción orgánica y la exportación directa bajo el modelo de Comercio Justo; ii) en la organización de los pequeños y medianos productores de granos básicos para la administración campesina de la oferta y la comercialización directa de sus cosechas y en modelos innovadores de productividad agrícola sustentable; iii) en el manejo forestal comunitario y el ordenamiento territorial participativo; iv) en la creación de instituciones de servicios financieros rurales de propiedad social, de 1
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proximidad y adaptadas a las necesidades de la gente del campo; v) en la defensa de la milpa, las semillas nativas, los derechos de los pueblos originarios y de los territorios de ejidos y comunidades; y, vi) de organización de los productores temporaleros del norte del país para la productividad, la comercialización y el bienestar de sus familias. Por todo esto, celebramos que en esta reunión se establezcan las bases y condiciones para un diálogo y una negociación de manera directa, entre las organizaciones campesinas y el gobierno federal, sin intermediarios ni gestores. Somos mayores de edad, somos organizaciones maduras, somos organizaciones plurales. Y por eso nos parece apropiado establecer este proceso sin la intermediación de los partidos políticos del Pacto por México. Asimismo, entendemos que este proceso es y debe estar basado en el diálogo y la negociación entre los bloques de organizaciones campesinas presentes y el gobierno federal para llegar a acuerdos concretos y verificables, para lograr cambios sustantivos en el rumbo fracasado de las políticas agroalimentarias y rurales que han prevalecido en México desde 1982 . Entendemos que no se trata de una consulta del gobierno, ni mucho menos de simular acuerdos para que todo siga igual a cambio de techos presupuestales y privilegios para las organizaciones participantes. A eso no viene aquí, ni se presta, el CONOC. Diagnóstico: CONOC plantea una agenda de cambios transformadores los cuales no surgen de una elucubración u obstinación intelectual; por el contrario, son resultado del cansancio de más de 3 décadas de políticas públicas inequitativas, regresivas, discriminatorias; mismas que desde la reforma al artículo 27 Constitucional en 1992, hicieron la gran apuesta por la desaparición de los ejidos y comunidades, bajo un modelo en el que la mano de obra migraría hacia centros urbanos y de esta manera quedarían en la producción primaria, por depuración íntegra de mecanismos de mercado, sólo los productores más eficientes capaces de comercializar productos alimentarios en gran escala. Sin embargo, esta apuesta no consideró diversas circunstancias. En primer lugar, que el crecimiento de las ciudades en los años ochenta y noventa no estuvo acompañado de un modelo de industrialización de alta tecnología, intensivo en capital humano y generador de empleos; sino más bien de una política económica mediocre basada en la industria maquiladora que contrata mano de obra poco calificada precisamente porque su ventaja comparativa es pagar bajos salarios frente a lo que se pagaba en Estados Unidos e incluso China en aquellas décadas. Por su parte, la población rural que emigraba a las ciudades quedaba conminada al rezago educativo y el desempleo, engrosando los cinturones de pobreza urbana denominados: ciudades perdidas. Además, la reforma al artículo 27 Constitucional en 1992, formaba parte de un modelo de agricultura extensiva, de gran escala, con miras a la agro-‐exportación, buscando participar en los mercados internacionales a partir de la entrada en vigor, en 1994, del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), de ahí que se abriera la puerta a
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concesionarios extranjeros para la explotación de recursos naturales mineros, maderables, entre otros; así como a una industria alimentaria monopólica que debilitó la infraestructura y planta productiva de alimentos a nivel nacional (Nestlé, Kellogg, Danone, Bimbo, Femsa y PEPSICO, entre otras grandes corporaciones que han acaparado con productos chatarra y de bajo valor nutrimental, la alimentación de los mexicanos), con consecuencias desastrosas en desnutrición y obesidad. Esto se ha dado así, porque la mercadotecnia y la invasión de productos con alto contenido de azúcar, grasa, sodio y carbohidratos están más disponibles que los alimentos naturales, nutritivos, ricos en proteínas, vitaminas y minerales, tanto en zonas urbanas como rurales. En este sentido, hemos comenzado a experimentar las consecuencias desde el punto de vista de la salud pública. Un ejemplo es que el Instituto Nacional de Salud Pública estimó que en 2011, el gasto para tratamientos de diabetes ascendió a 8,000 millones de dólares, de los cuales 4,352 fueron erogaciones privadas, mientras que 3,648 millones de dólares fueron gasto público de IMSS, ISSSTE y Secretaría de Salud. Subsidios y Financiamiento al campo El modelo económico neoliberal también ha sesgado los subsidios y financiamiento hacia un grupo de productores de gran escala ubicados en su mayoría en el Bajío y Norte del país, a quienes estamos conscientes que es necesario apoyar; sin embargo, lo que no es aceptable es la desproporción con la cual se les ha apoyado. En cambio, a las zonas agrícolas de pequeña escala y de agricultura familiar, en su mayor parte ubicadas en el Sur y Sureste de México, se les incrustó en una política social asistencialista de administración de pobreza, sacándolas de toda posibilidad de evolucionar en materia de producción agrícola y con ello clausurando la posibilidad de participar en una economía de mercado; excluyéndolas de toda movilidad social con una consecuente vida de pobreza que se reproduce de un periodo generacional a otro. Este sesgo de las políticas públicas ha tenido impactos sociológicos y demográficos importantes que rara vez son mencionados en estudios de análisis de políticas agro-‐alimentarias. Un efecto importantísimo es por ejemplo, que la migración rural no se dio masivamente hacia las ciudades en México como conceptualizó la reforma de 1992; sino más bien se dio hacia los Estados Unidos de América (EUA). Los mexicanos en el extranjero han sido la mejor política anti – pobreza de la que gozaron los sexenios de los ex -‐presidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y una parte del gobierno de Felipe Calderón, con un promedio de 400,000 migrantes por año desde 1994 hasta el ataque terrorista a las Torres Gemelas del WTC en Nueva York en 2001, donde mermó por un tiempo el ingreso de mexicanos a EUA; no obstante se mantuvo constante hasta la crisis financiera de los Estados Unidos, cuando el promedio se redujo a menos de 200,000 migrantes por año, y no sólo eso, sino que muchos migrantes regresaron a México frente al desempleo en los EUA.
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Fuente: Estudio Binacional 1960 -‐ 1 970 28 México-‐ Estados Unidos sobre 1970 -‐ 1 980 138 Migración, Commission 1980 -‐ 1 990 235 Reform-‐ USA y SRE-‐ México, 1997 y estimaciones de 1990 -‐ 1 995 296 CONAPO. 1995 -‐ 2 000 360 2000 -‐ 2 003 390 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Miles de p ersonas Fuente: tomado de “Migración México – Estados Unidos en cifras (1990-‐2011) en la Revista Migración y Desarrollo, Vol. 10, Nº 18, 2012, pp. 101-‐138. Estos datos son congruentes con una enorme cantidad de remesas que han llegado a México desde entonces, mismas que han permitido a los hogares sobrevivir, hacerse de un pequeño patrimonio y mejorar su capacidad de consumo. Por otra parte, las políticas públicas anti-‐pobreza por antonomasia, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (en sus inicios Progresa) y PROCAMPO, han tenido aciertos importantes e impactos positivos pero no se ha reconocido su limitación, por lo tanto, se han convertido en programas para el confort institucional en donde, el gobierno no hizo mayor esfuerzo por complementarlas con opciones de desarrollo territorial y por otra parte, los hogares rurales también dejaron de esforzarse. Es así que los datos muestran, cómo se invirtieron los papeles en la composición del ingreso familiar: Periodo
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Fuente: Tomado del Informe de Evaluación de la Política Social, CONEVAL, 2008. En el cuadro anterior es claro cómo aumentó en 320% el ingreso vía transferencias gubernamentales, 400% por la vía de remesas, en cambio la producción de autoconsumo disminuyó 71.4% y estas tendencias no han cambiado en 2012, ya que CONOC y sus organizaciones han hecho estudios sobre pobreza y vulnerabilidad rural en zonas marginadas1 y en ellos se ha notado que entre 80% y 90% de los ingresos provienen de transferencias gubernamentales federales, estatales y remesas de migrantes en EUA, entonces lo que se ha venido fraguando es un resquebrajamiento profundo de la estructura productiva a nivel nacional. Además, este conjunto de políticas públicas mostró su vulnerabilidad ante la crisis alimentaria de 2007-‐2008 y la crisis financiera mundial en 2008-‐2009 porque México fue de los últimos países en superar la crisis, con un alto costo social materializado en un aumento de la pobreza2 . 1 Encuesta
de Vulnerabilidad de Hogares Rurales de México, AMUCSS, 2009. Estudio de viabilidad de microfinanzas en los Altos de Chiapas, AMUCSS, 2012, entre otros. 2 Esto se basa en el informe Panorama Social de América Latina 2010 de CEPAL, en donde afirma que México y Venezuela fueron los países más fuertemente azotados por la crisis financiera, con mayor dificultad para superarla. Por otra parte, CONEVAL en el Comunicado de Prensa 006/2009, anunció los incrementos en
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La omisión del gobierno para atender y reforzar la estructura productiva de los campesinos de pequeña agricultura familiar y encadenarlos en una senda de desarrollo económico y territorial, también permea al financiamiento y a un programa de ingreso objetivo sesgado en un puñado de grandes productores. Esto no sólo deja en vilo a la pequeña economía campesina, que en lo individual puede producir una cantidad insignificante para quienes han diseñado la política en los últimos tiempos, pero que organizados, capacitados y con medios para producir, son capaces de satisfacer el consumo familiar y producir excedentes para abastecer el mercado local de alimentos, hecho que aumenta la oferta local y por ende, reduciría los precios de alimentos con más impactos en alimentación y reducción de pobreza. De manera que tanto los subsidios como el financiamiento han sido inexistentes en el campo mexicano, o bien, sólo han llegado a una mínima proporción de productores. Esto parte de una filosofía de desarrollo en la que el pequeño agricultor o productor no se ve como una posibilidad para contribuir al crecimiento económico del país, sino como un lastre que requiere de subsidios anti-‐pobreza para sobrevivir. Desafortunadamente la filosofía y la visión que se tenga del desarrollo es vital, porque hasta este momento, se ha errado. Por lo anterior, tratándose específicamente de la reforma financiera, hacemos un análisis detallado de las implicaciones de esta visión, así como propuestas que podemos desarrollar en conjunto, gobierno y sociedad, para tener una reforma financiera integral. Antecedentes: En primer lugar reconocer que el crédito que llega a los pequeños campesinos y productores organizados de mediana escala, es caro y de difícil acceso. La banca privada no tiene incentivo alguno para proveer este servicio; la banca de desarrollo se ha replegado y se ha comportado como banca privada, olvidando que es precisamente una banca de fomento que debe incurrir en determinado riesgo para detonar procesos, que en principio son socialmente rentables, pero que al generar ingreso, empleo y movilidad, se vuelven rentables en el sentido privado. Fuente: elaborado con datos de Banxico. pobreza previos al levantamiento de la ENIGH 2010, los cuales sólo confirmaron las estimaciones de CONEVAL al detonarse la crisis financiera.
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En los últimos 10 años, las reformas legales no han propiciado la creación de un mercado financiero robusto con incentivos a participar en la economía mexicana, sino más bien se han servido de ésta. Basta recordar que las reformas legales de 1998-‐1999 favorecieron la apertura de la inversión extranjera para que las instituciones extranjeras tomaran el control de los bancos del país, de manera que para 2007, los 5 bancos extranjeros más grandes concentraban el 80% de los activos. La baja intensidad competitiva del mercado y la posibilidad de alinearse a la reducción de costos según las prácticas internacionales ofrecieron incrementos en la rentabilidad, aunque los mexicanos (consumidores y empresas) no se han beneficiado, ni con mejores servicios, ni con incrementos en el crédito para la producción; mucho menos a través de reducción de precios o tasas. La banca extranjera, apegada a los principios de Basilea y a una racionalidad meramente comercial, atiende solamente aquellos nichos o sectores en donde puede generar economías de escala, en los que tenga disponibles todos los servicios, alta densidad de población (eminentemente urbanas), y sobre todo, participa dentro de los servicios que le generen el menor costo y la mayor rentabilidad (el crédito al consumo, vivienda, medios de pago). De tal suerte que la profundización financiera de México es de las más bajas aún entre los países que no tienen una alta profundización financiera (estamos por debajo de Brasil, Chile, Sudáfrica) de acuerdo con la OCDE. En contraste, entre 2000 y 2007, se incrementó la oferta de fondos financieros en casi 2% del PIB promedio anual, ya que los saldos de agregados monetarios M4 pasaron de 65.7% en el año 2000 a 71.2% en 2007 como porcentaje del PIB. En esos mismos años se dio un incremento en el crédito al consumo y la vivienda, pero una caída de la participación del crédito hacia empresas ya que para 2007 se tenían los mismos niveles de utilización de fondos por parte de empresas que en el año 2000 y menos de una cuarta parte disponible se aplicaba en este rubro (23.7%). Por lo tanto, hemos tenido una desafortunada combinación: por un lado contracción de la participación empresarial y un sistema financiero poco extendido, origen de una clara pérdida de competitividad en todos los sectores; con mayor énfasis en el campo que siempre está en la última prioridad de la política económica. Por lo tanto, el aparato del Estado y la Banca de Desarrollo deben ir hacia el desarrollo de mercados financieros mexicanos y la banca social que sí tiene vocación e incentivos para atender zonas marginadas y asegurarles el flujo de fondos necesario para su desarrollo. En este sentido, dado que se ha presentado una reforma financiera por parte del Poder Ejecutivo en la cual se tiene la intención de abrir y profundizar el sector financiero mexicano, consideramos que todavía carece de elementos de integralidad que alienten la bancarización. Estas consideraciones se explican a continuación: a) La banca comercial extranjera no funciona en nuestro país (CITIGROUP, BBVA, HSBC, SANTANDER, SCOTIABANK) porque aún con las facilidades que pretende la reforma para la recuperación de cartera; su modelo de negocio y sus criterios de rentabilidad le hacen imposible y poco atractivo atender zonas rurales marginadas. El fondeo que se
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) canalizará a través de ellos, seguirá siendo extremadamente caro al momento de llegar a las zonas rurales, por lo que es necesario que la reforma profundice el acceso a otros intermediarios financieros no bancarios y bancos mexicanos para que accedan directamente a fondos de la banca de desarrollo, a través de organismos de integración financiera previstos en la legislación actual, pero que requieren de mayores incentivos e impulso por parte del Estado. De antemano estamos seguros que las facilidades que se están dando a la banca comercial con la reforma, podrán quizá aumentar el fomento a pequeñas empresas de industria o servicios en el medio urbano, más no llegarán al sector rural. Paradójicamente, cuando una sociedad de ahorro y crédito popular tiene exceso de liquidez, no tiene mecanismos territoriales para hacer una sana colocación de cartera dirigida a la producción de manera que hay recursos para colocar, pero el contexto institucional no permite dirigirlos eficientemente. El campesino, tampoco encuentra mecanismos para reducir su riesgo, como por ejemplo, compaginar los fondos de aseguramiento agrícola, las políticas de subsidios, capacitación y asistencia técnica, de manera que una visión integral de la reforma financiera haría más fácil la vida para los sectores financieros no bancarios y los campesinos, detonando procesos de desarrollo de alto impacto. Por eso la reforma financiera debe incidir en que el sector financiero popular cuente con esquemas y modelos de financiamiento integrales desde la banca de desarrollo, que les permitan abrir el crédito a la producción con todo su potencial. Entendiéndose por integral la parte que corresponde a transferencia de tecnología, asistencia técnica, evaluación de proyectos, comercialización y combinación /alineación de programas de subsidio con fomento de banca de desarrollo. Si esta reforma financiera se sigue viendo en forma sectorizada, es decir, sin integrar al resto de las políticas y combinaciones exitosas que se pueden hacer con los programas de subsidios, no tendrá los impactos deseados porque seguirán operando de manera miope atendiendo casos “por proyecto” presentado y no por “estrategia de desarrollo territorial”. En este caso, la propuesta concreta sería mandatar en la ley que la banca de desarrollo se coordine con las dependencias federales para integrar subsidios con financiamiento.
b) La banca mexicana (AFIRME, MIFEL, ACTINVER, INTERACCIONES, VE POR MÁS) y el sector no bancario regulado (COOPERATIVAS, SOFIPOS, SOFINCOS, SOFOMES, UNIONES DE CRÉDITO) han estado en franco crecimiento y en lugar de haber reducido su cartera de crédito, la han incrementado en los últimos años. Este reconocimiento no lo está haciendo la reforma financiera presentada y es necesario reconocerlo e incluir incentivos directos, i.e., fondeo continuo y de bajo costo. Véase el siguiente cuadro con datos del Crecimiento de la Cartera con base en la información de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas A.C. para los años 2003 – 2010.
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Crecimiento 2003-2010 Cartera Total Vivienda Consumo A empresas A entidades gubernamentales A entidades financieras
Banca Mexicana 8.4% 12.3% 12.9% 14.6% -3.2% 14.7%
Banca Extranjera 6.2% 12.9% 15.2% 11.4% -10.6% 7.9%
La reforma financiera tiene que responder a la paradoja en la cual el sector no bancario mexicano obtiene fondeo caro y está respondiendo al atender a pequeñas y medianas empresas, hogares rurales, sectores de bajos ingresos y cerrando mercados rotos a nivel regional independientemente de la escala de producción. Un ejemplo con los datos disponibles es que el costo de captación para la banca extranjera es en promedio 34% de TIIE, mientras que para la banca mexicana es de 59% de TIIE (Misma fuente que la tabla anterior).
c) La visión del sector financiero está centrada en un modelo de negocios basado en la expansión de sucursales, sin aprovechar otras ventajas como las corresponsalías bancarias y las tecnologías de banca móvil que pueden reducir los costos para la captación y movilización. La banca social y el sector productivo juegan un papel fundamental para embonar todos estos elementos y la reforma financiera actual no los contempla, no los atiende y no los profundiza. d) En la reforma financiera, hace falta enfatizar y hacer mucho más explícito que la banca de desarrollo, para poder ampliar sus redes de penetración del sistema financiero mexicano y llegar a los sectores no atendidos por la banca comercial, debe definir otros parámetros de medición de riesgo y calificación. Actualmente la banca de desarrollo se rige por los estándares internacionales de calificación financiera y las normas del Banco
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) Internacional de Pagos en Suiza, que si bien son directrices para evitar riesgos sistémicos en bancos multinacionales, no tienen por qué ser los mecanismos de medición de riesgo de una banca de desarrollo, la cual justamente está para correr más riesgo que el de mercado. Asimismo hay que hacer explícito en la reforma que la banca de desarrollo dé prioridad al fondeo de recursos sostenido y subsidiar el costo para desarrollar el sistema financiero mexicano y la planta productiva nacional. Es necesario reducir la dependencia de nuestro sistema financiero a la banca extranjera porque cuando ésta se contrae, inmediatamente se contraerá la economía real, de tal suerte que la reforma debe incidir con más fuerza en eficientar e incrementar la posición de la banca social y la banca mexicana. e) Finalmente, en relación con la banca rural: FIRA, Financiera Rural y Bansefi, la reforma financiera no hace una sola mención para mejorar su funcionamiento, ya sea integrando un solo banco de fomento rural que considere ahorro, crédito, seguros, capacitación y asistencia técnica, comercialización, etc., o bien, especializando a los 3 institutos de manera que haya mayor equidad y acceso de los productores al financiamiento, al reconocimiento del ahorro rural como punta de lanza para el crédito productivo; así como tampoco se hace presente la participación que debe tener AGROASEMEX en todo el entramado institucional para reducir el riesgo de la actividad agrícola y con esto mejorar las condiciones en las que puedan desarrollarse las actividades económicas de Estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Hidalgo, en las que existe potencial para producir gran cantidad de frutales, hortalizas, café, cítricos, huevo, carne, miel, pesca, maíz y frijol; así como otros productos de mayor valor agregado. En la siguiente gráfica se puede observar que hay evidencia sobre la concentración de recursos que se ha venido explicando.
Fuente: tomado de Héctor Robles Berlanga, 2012. PD1 son productores pequeños, PD3 ya son productores empresariales.
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Políticas de precios e ingreso objetivo: Siguiendo la línea discursiva, posterior a la desaparición de CONASUPO y la eliminación de los precios de garantía, siguieron transformándose los programas hacia lo que hoy se conoce como ingreso objetivo y apoyos a la comercialización agropecuaria. A este respecto, lo que se ha dado es nuevamente una distribución inequitativa de estos programas, en donde los pequeños productores y las organizaciones campesinas que aglutinan a muchos campesinos cafetaleros, apicultores, de granos básicos, etc., no acceden a los apoyos debido a que los requisitos no están pensados para adaptarse a esta realidad rural, como si no fuera la realidad mexicana. Diversos estudios del PRECESAM en el Colegio de México muestran que 49% de los recursos de ASERCA se van a productores comerciales de maíz en zonas con excedentes y a grandes empresas que lo adquieren. El programa Ingreso Objetivo cubre a menos de 61,000 productores frente a un padrón de PROCAMPO con 2.8 millones de productores; así como también el 93% de los recursos de ASERCA para maíz se destinan sólo a 5 Entidades Federativas, de las cuales el 69% llega a Sinaloa. Esto sigue sucediendo y no se han hecho cambios radicales ni en la legislación, ni en las reglas de operación para que no ocurra, de manera que la política regresiva sigue siendo en detrimento del bienestar general. Con esto no estamos en contra de la agricultura de exportación, ni de gran escala, sino que más bien, los subsidios deben dirigirse de manera equitativa, progresiva y generando un piso parejo para la competencia de TODOS los productores rurales y no de un pequeño grupo. El diagnóstico puede ser mucho más largo todavía si profundizamos en los aspectos de discriminación a zonas indígenas, mujeres campesinas, adultos mayores; así como también la indefinición de derechos de propiedad social que han permitido la explotación de recursos naturales valiosos como el bosque, lagos, minas, malbaratándolos a concesiones extranjeras por su ventaja tecnológica, en lugar de dotar de tecnología a los propietarios de la tierra, por no mencionar la violación a la naturaleza que ha sido auspiciada y soslayada por una política ambiental laxa y omisa. Por lo que presentamos a continuación una agenda de cambios sustantivos que permitan a la población rural mejorar sus condiciones de vida en el corto plazo, no con una demanda de recursos infinitos, sino de su uso eficiente, equitativo y con visión de impulso a la economía nacional, el mercado interno y erradicación definitiva de pobreza. AGENDA PRIORITARIA DE CAMBIOS DE FONDO Para lo cual, el CONOC propone la siguiente agenda prioritaria de cambios de fondo para acordar con el gobierno federal el establecimiento de una nueva política agroalimentaria y de desarrollo rural que demanda con urgencia el campo y la nación en su conjunto:
I.
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) Alcanzar la autosuficiencia alimentaria con campesinos y equidad de género y generacional, con un nuevo modelo de productividad sustentable, sin transgénicos y sin monopolios. Lo anterior, a través de la prohibición de las siembras comerciales de maíz transgénico y de un programa integral multianual para la autosuficiencia alimentaria 2014-‐2018 que incluya a los cultivos considerados como básicos y estratégicos por la ley de desarrollo rural sustentable, con prioridad en el fomento productivo de las pequeñas y medianas unidades de producción y que comprenda, entre otros puntos, los siguientes: 1) metas de producción; 2) disminución de importaciones; 3) inversión pública productiva estratégica; 4) crédito a tasas no mayores del 5% anual; 4) reorientación y compactación de subsidios; 5) producción local de insumos sustentables; 5) asistencia técnica a ras de campo bajo control de organizaciones locales; 6) capacitación de “campesino a campesino” y de “científico a campesino y de campesino a científico”; 7) vinculación científicos-‐campesinos; 8) convenios multianuales entre organizaciones locales y gobierno con base en proyectos productivos integrales; y 8) apertura programática en SHCP a este programa en el PEF, Sagarpa y PEC Rural.
II.
Reforma financiera rural: crédito y ahorro para el impulso a la agricultura campesina. La reforma financiera propuesta por el Gobierno Federal es parcial, engañosa, apuesta todos los incentivos a la banca privada; no propone ninguna reforma de fondo a la banca de desarrollo, olvida la banca social y sólo ofrece promesas al mundo rural. Exigimos una verdadera reforma financiera rural, con inclusión financiera y financiamiento al desarrollo que contemple: 1) Reforma a la banca de desarrollo rural con fusión de Bansefi y Financiera Rural en un sólo banco de fomento al ahorro y crédito rural; cuya misión sea el fomento de banca comunitaria para la inclusión financiera con servicios integrales de ahorro, crédito, microseguros, bancarización de remesas y participación en el sistema de pagos nacionales; 2) Reformar a FIRA y transformarlo en una Financiera de segundo piso, con patrimonio propio y autonomía, responsable de financiar la producción de alimentos, cadenas productivas, desarrollo sustentable y fomento de intermediarios financieros rurales comunitarios, con la misión de lograr inclusión financiera de todos los territorios rurales en equidad y productos financieros adaptados, limitando techos a regiones más desarrolladas y exigiendo cobertura por número de unidades de producción rural; 3) Establecimiento de un Programa Nacional de Crédito Productivo a tasas de 5% para todos los productores con menos de 5 has, financiando 1 millón adicional de pequeños productores cada año través de la banca de desarrollo y la banca social. Aumento de la oferta de crédito para la producción de alimentos a productores hasta 30 has. a tasas de interés no mayor a 6% y plazos de hasta un año. El costo debe ser el mismo en todas las regiones de agricultura familiar canalizado a través de todo tipo de intermediarios financieros. Este programa implica reorientación de todos los subsidios del sector financiero, y garantizar cada año cobertura a un millón adicional de productores; 4) Creación de un programa de fomento a intermediarios financieros rurales que ofrezcan servicios integrales de ahorro y crédito, amplíen la oferta de crédito productivo, producción de alimentos, financiamiento a
III.
IV.
V.
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) micro y pequeña empresa agrícola y no agrícola y que vincule los servicios de microfinanzas a la seguridad alimentaria y programas de combate a la pobreza con enfoque productivo; y, 5) Creación de un Sistema Nacional de Garantías a partir del FEGA y FONAGA construir un sistema de garantías recíprocas respaldando fondos de los propios productores y con acceso a todo tipo de intermediarios financieros y no sólo a la banca. Este sistema debe ser parte de la reforma de FIRA y desarrollo de la banca social mediante cooperativas de ahorro y crédito, sociedades financieras comunitarias, uniones de crédito y todo tipo de intermediarios, en especial aquellos propiedad de los productores.
Establecer de un sistema de precios remunerativos para los productores y certidumbre en la comercialización de las cosechas. Lo anterior a través de un decreto presidencial que establezca: 1) los precios remunerativos por cultivo y los mecanismos de compensación federal en caso de que el mercado no alcance dichos precios; 2) reservas públicas de alimentos; 3) obligación a las entidades y programas gubernamentales para la compra de al menos el 70% de sus requerimientos de alimentos a organizaciones de pequeños y medianos productores; 4) consejo regulador de las importaciones; 5) transformación de Aserca en un organismo público descentralizado; 6) se requiere suspender toda negociación de liberalización comercial agroalimentaria (TPP y demás) y renegociar el TLCAN; y, 7) ejecutar una estrategia antimonopolios en el sector agroalimentario e imponer límites a la importación de café robusta, que únicamente se use para reexportación y no impacte los precios internos. Frenar la carestía de los alimentos y garantizar el derecho a la alimentación. Lo anterior a través de un aumento significativo de tiendas rurales de Diconsa, con un abasto seguro, a precios inferiores a los mercado, sin alimentos chatarra y garantizando compras de excedentes de productos alimentarios locales. Asimismo, se requiere el establecimiento de una política de Estado para la plena realización del derecho constitucional a la alimentación y la construcción de un nuevo sistema nacional de producción, distribución, regulación y consumo de alimentos. Debe legislarse la Ley General del Derecho a la Alimentación por el Congreso de la Unión y aprobarse por el Senado la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria y Nutricional. Asimismo debe establecerse un Programa Nacional Alimentario y Nutricional 2014-‐2018 y el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Nos oponemos al establecimiento de IVA en alimentos, lo cual profundizaría la carestía, la desigualdad, la pobreza y la malnutrición en el medio rural principalmente. Fortalecimiento de los derechos de campesinos e indígenas. Demandamos se frene la privatización de la propiedad social de la tierra, el despojo de los territorios campesinos e indígenas y, en suma, el modelo neoextractivista neocolonial en nuestro país. Exigimos la derogación de las concesiones mineras expedidas al amparo de las modificaciones a la ley minera de 1992, reglamentaria de la contrarreforma al artículo 27 constitucional, y la suspensión de los megaproyectos que vulneran los modos de vida rurales, violan los derechos humanos y la voluntad de los dueños, poseedores y pobladores del territorio; y que incumplen con la legislación ambiental. Debe otorgarse prioridad a la defensa de la propiedad social de la tierra, al manejo forestal comunitario
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) y a la producción alimentaria, por sobre la explotación minera. Es ineludible que se reconozcan los beneficios ambientales que proporcionan los bosques bajo manejo comunitario, los cultivos agroforestales y la agricultura sustentable de baja emisión de carbono. Demandamos se ponga un alto a la violencia en el campo y, en especial, se castiguen los asesinatos de dirigentes campesinos por luchar contra los megaproyectos y en defensa de su tierra y territorio. Demandamos a las autoridades que actúen para detener a los culpables y frenen la violencia y la destrucción de nuestros territorios. La mayoría de los asesinatos recientes de dirigentes campesinos han estado ligados a los megaproyectos. Como ejemplo ponemos el asesinato de Mariano Abarca Robledo en Chicomuselo, Chiapas y el asesinato de Bernardo Méndez Vázquez, ocurrido en enero pasado en San José del Progreso, Ocotlán, Oaxaca. También han sido asesinados muchos dirigentes desde Chihuahua hasta Chiapas y se han presentado graves amenazas contra la vida de defensores del territorio como en el caso de los proyectos eólicos en Oaxaca.
VI.
VII.
Estrategia campesina de manejo sustentable de recursos naturales y tierras. Establecer una mesa campesina e indígena amplia e incluyente para: 1) la revisión y actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático; 2) para la revisión del borrador de la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (ENA-‐REDD+); 3) para revisar y acordar con el gobierno la reorientación del Paquete de Préstamos Internacionales en materia de Bosques y Cambio Climático para el establecimiento del Fondo Mexicano Verde que impulse proyectos de buen manejo de recursos naturales de manera transparente y a nivel nacional; 4) para la implementación inmediata de la Estrategia Nacional de Manejo Sustentable de Tierras con la publicación del Programa correspondiente y asignando el presupuesto necesario; 5) para la revisión y reorientación de la Política de Conservación de la Biodiversidad y de Áreas Naturales Protegidas y de Pago por Servicios Ambientales; 6) para el diseño conjunto de un Acuerdo Nacional por la Legalidad Forestal y para establecer un Mercado Justo de Carbono; g) para garantizar la participación Campesina e Indígena en el Consejo Nacional de Cambio Climático y de Áreas Naturales Protegidas; 7) para el diseño e Implementación de un Sistema Nacional de Salvaguardas Campesinas, Indígenas y Ambientales en materia de proyectos de Carbono Forestal, Minería, Hidroeléctricos y en general de aquellos que representen un riesgo para la población rural y el medio ambiente; y, 8) para el establecimiento de un régimen especial de protección de la agrobiodiversidad y en especial del maíz, prohibiendo la siembra comercial de maíz transgénicos Ciudadanía y democracia efectivas para dignificar la vida rural. Es impostergable la supresión definitiva del uso político-‐electoral, clientelar y corporativo de los recursos públicos e impulsar una política de Estado para la reorganización campesina, de los ejidos y comunidades y, en general, de la población rural, con base en la autogestión, la pluralidad y el respeto a su autonomía. Es imprescindible establecer una política de Estado para la defensa de los derechos de los migrantes, desde sus comunidades de origen, transito y destino; incluyendo a los migrantes centroamericanos. Ya es tiempo de erradicar de nuestro país la cultura de la opacidad, discrecionalidad y de la corrupción política con los recursos y atribuciones de los tres niveles de gobierno, cultura que permea en la sociedad y destruye el tejido social y
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socava las capacidades y energías productivas del campo. No queremos que se nos siga considerando como “pobres”. No lo somos; somos ricos. Tenemos tierra, territorios, recursos, conocimientos, organización, capacidad de trabajo y dignidad; sin embargo las reglas del juego han sido siempre inequitativas y discriminatorias de manera que no tenemos las mismas opciones para participar en el mercado a partir del uso y aprovechamiento de nuestros recursos naturales en beneficio de quienes habitamos estas tierras. No más “techos”, ni dádivas, ni simulación, ni “voto verde”, ni acarreados, ni beneficiarios, ni población-‐objetivo, ni despachos. Demandamos nuevas reglas y un nuevo trato entre el Estado y las organizaciones campesinas con base en cambios de fondo en las políticas hacia el campo y el reconocimiento a nuestra calidad de sujetos productivos, sujetos de derechos y agentes portadores de conocimiento agropecuarios, forestales y de la biodiversidad relevantes para la nación y las futuras generaciones. Es inaceptable que además del empobrecimiento y discriminación a que estamos sometidos, los partidos políticos traten a nuestras comunidades como botín electoral a través del uso corporativo de los subsidios públicos. Exigimos establecer un padrón único de beneficiarios de subsidios y la entrega de los mismos a través del sistema financiero y de la banca social, para neutralizar el manejo político-‐electoral, clientelar y corporativo de los recursos públicos. Este padrón y los medios de pago deben ser de conocimiento público. No puede construirse democracia ni ciudadanía efectivas cuando partidos políticos y organizaciones campesinas reproducimos las políticas clientelares. Pero el origen y soporte de esa cultura se sustenta en programas públicos con base en reparto de cuotas políticas según acuerdos cupulares. El campo necesita políticas públicas no programas discrecionales con cuotas políticas. Proponemos: 1) establecer una política de Estado en materia de organización económica y social de ejidos, comunidades y actores rurales, sustentada en la representación legítima, respetando la autogestión, pluralidad y derechos ciudadanos; 2) las organizaciones deben contar con padrones y membresía confiable y pública con derecho de acceso a recursos según su trabajo de organización y niveles de desarrollo; y, 3) promover la creación de capacidades en asistencia técnica, capacitación y empresarialidad de las organizaciones, eliminando el rol protagónico que hoy tienen los despachos y la industria de corrupción que los soporta. -‐Finalmente, proponemos el establecimiento inmediato de una comisión mixta gobierno-‐bloque de organizaciones para acordar con precisión los objetivos, el método y la ruta del proceso de diálogo y negociación. -‐Hacemos un llamado al resto de las organizaciones para consensar una agenda común y una estrategia única de acción y negociación. -‐El campo no aguanta más. El país tampoco. El hambre no espera. Hacemos un llamado respetuoso al gobierno federal para que se conduzca a la altura de las circunstancias y evite la simulación, el desgaste y la cooptación. -‐Para lo anteriormente expuesto, cuenten con el CONOC. MUCHAS GRACIAS.
Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC)
Atentamente Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC: Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), Coordinadora Estatal de Productores de Café del Estado de Oaxaca (CEPCO), Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF)
