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POLÍTICA

| Viernes 20 de diciembre de 2013

Los confLictos sociaLes | tensión salarial

Por primera vez, la Cámara del Trabajo reconoce el derecho a que haya un gremio policial

Otros tres grupos, a la espera de la Corte

Aceptó un reclamo de los efectivos de Córdoba, los mismos que iniciaron la ola de acuartelamientos de las últimas semanas; el fallo marca un antecedente clave

El fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo conocido ayer, que por primera vez reconoció el derecho de un grupo de policías a sindicalizarse, alienta la esperanza de otras tres agrupaciones que hicieron planteos judiciales similares y esperan una resolución de parte de la Corte Suprema. Se trata del Sindicato Policial Buenos Aires (Sipoba), el Sindicato de Policías y Penitenciarios (Sinpope), también bonaerense, y el Sindicato de Empleados Penitenciarios, Policiales y Afines (SEPA), de la provincia de Córdoba. “El fallo es más democracia y sin duda abre el camino para que la Corte pueda fallar a favor nuestro”, se ilusionó el titular del Sipoba, Nicolás Masi, en diálogo con la nacion. Su agrupación hizo el primer pedido de inscripción gremial ante el Ministerio de Trabajo en 1997. El planteo fue rechazado en primera y segunda instancias y, desde 2010, está en manos de la Corte. Hace un año, por pedido del máximo tribunal, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, examinó el expediente y dictaminó en contra de la sindicalización. El Sipoba está alineado con la CTA opositora, que conduce Pablo Micheli. Lo integran unos 1000 policías bonaerenses, retirados y en actividad. Forma parte de la Federación Argentina de Sindicatos Policiales y Penitenciarios (Faspyp), que reúne a agrupaciones de Córdoba, Santa Fe,

Adrián Ventura LA NACION

Dos semanas después de que la policía de Córdoba se autoacuartelara para reclamar al gobierno de José Manuel de la Sota mejoras salariales, la Cámara de Apelaciones del Trabajo reconoció el derecho de esos efectivos a formar un sindicato. La decisión judicial aclara que la policía puede crear una asociación gremial en iguales condiciones que otros trabajadores y, aunque expresamente aclara que la simple inscripción no alcanza para que ese sindicato negocie convenios colectivos, en la práctica los policías sindicalizados pasarán a tener una voz única para negociar. El fallo, el primero de la cámara de apelaciones que reconoce a los efectivos policiales esa libertad, fue dictado por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo –doctores Graciela González y Miguel Ángel Pirolo– y le ordena al Ministerio de Trabajo inscribir como asociación gremial a la Unión de Policías Penitenciarios ArgentinaCórdoba (UPAC). El fiscal de la cámara, Eduardo Álvarez, había opinado en ese mismo sentido. Ahora se descuenta que las fuerzas policiales de otras provincias

tratarán de obtener el mismo beneficio. En todo el país hay, según dijo la presidenta Cristina Kirchner, 200.000 efectivos provinciales que podrían agruparse por provincia e, incluso, por jerarquías. Pero seguramente la sentencia será apelada y la controversia continuará hasta que sea resuelta por la Corte Suprema. El máximo tribunal ya viene estudiando el tema porque allí circula otro expediente, promovido por el Sindicato Policial de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en contra del planteo de la policía bonaerense y, desde que ocurrieron los levantamientos policiales, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y todos los funcionarios políticos también se manifestaron en contra de la agremiación. El levantamiento de las policías de varias provincias dejó un sabor amargo, porque los incidentes dejaron el saldo de al menos 13 muertos y el accionar de los saqueadores que desvalijaron miles de comercios y domicilios particulares. El fallo de González y Pirolo señala que “la organización sindical propende a encauzar el conflicto, a mejorar el diálogo, a lograr mayores niveles de compromiso de los agentes policiales con la institución emplea-

dora y a erigirse como interlocutora, para actuar de manera preventiva, pudiendo de tal modo evitar reacciones injustificadas que puedan llevar a privar de adecuada protección a la ciudadanía o a las personas a quienes deben tutelar”. Para fundamentar su decisión, la Cámara se basó en el artículo 14 bis de la Constitución, que reconoce el derecho de todos los trabajadores a la “organización sindical libre y democrática por la simple inscripción en un registro especial”, y en el Convenio 87 de la OIT, que también reconoce ese derecho a todos los trabajadores “sin ninguna distinción”. Eso quiere decir, sostienen los camaristas, que el derecho de la policía a agremiarse no puede ser rechazado y que el Congreso nacional lo único que puede reglamentar es el “ámbito y modo de ejercicio” de esa libertad, teniendo en cuenta que la policía presta un servicio esencial para la seguridad de la población. Si la Corte sigue sus propios antecedentes de garantizar la libertad sindical, es probable que confirme el fallo de la Cámara, aunque sea con algunas restricciones. Pero no podría descartarse que el Gobierno decida avanzar con un proyecto que limite el poder de los gremios policiales.ß

Entusiasmo de los impulsores ^b^b^ CÓRDOBA.– La resolución de la Sala II de la Cámara del Trabajo fue recibida con beneplácito por los impulsores de la Unión de Policías y Penitenciarios de Argentina Córdoba (Uppac), que desde 2007 vienen bregando por su reconocimiento legal. El oficial subinspector retirado René Zabala, uno de sus mentores, dijo que “es un paso importante en pos del objetivo final”. Zabala reveló a la nacion que la agrupación ya le ganó siete instancias administrativas al Ministerio de Trabajo y afirmó que el expediente “se había perdido” hasta que, después de intimaciones formuladas a esa cartera, el instrumento apareció como “archivado”.

El máximo tribunal analiza planteos de gremios no oficiales que exigen reconocimiento

Mendoza, Entre Ríos, Santa Cruz y Chubut, entre otras provincias. Varias ya judicializaron su reclamo de sindicalización, pero se toparon con fallos de Cámara adversos y no apelaron ante la Corte. Para Masi, el fallo de cámara de ayer, que favoreció a la Unión de Policías Penitenciarios ArgentinaCórdoba, “va en consonancia con los fallos sobre libertad sindical que viene dictando la Corte” y “es una buena señal” para reclamos como el del Sipoba. También el SEPA celebró la resolución del tribunal. “Es hora de que empiecen a reconocerse nuestros derechos. El fallo nos da esperanza y elementos para pensar que la Corte puede darnos la razón”, dijo a la nacion Adriana Rearte, líder del sindicato cordobés. El SEPA inició la disputa por la inscripción gremial en 2009 y hace un año llegó con un amparo a la Corte, que desde agosto pasado espera el dictamen de Gils Carbó. Según precisó Rearte, integran el SEPA unos 10.000 efectivos en actividad y retirados de la policía y del servicio penitenciario de Córdoba. El expediente con el reclamo de sindicalización del Sinpope, que conduce José Carranza, en tanto, ingresó a la Corte Suprema en agosto de este año y está desde hace una semana en la vocalía de Eugenio Zaffaroni. El Sinpope es apadrinado por Hugo Moyano . De hecho, su hijo Hugo es el abogado de la agrupación. Otro referente de la agrupación es Salvador Baratta, ex subjefe de la policía bonaerense y actual concejal de Lanús por el Frente Renovador, de Sergio Massa. ß

La CGT oficialista no avala nuevos sindicatos Rechazaron los métodos de los uniformados para el reclamo; contradicen así la opinión de Caló Tras las revueltas policiales de la semana pasada, la CGT más cercana a la Casa Rosada se opuso ayer orgánicamente a la sindicalización de las fuerzas de seguridad. La determinación volvió a dejar mal parado a su jefe, Antonio Caló, que se había manifestado públicamente a favor de agremiar a los policías, siempre y cuando el avance sea amparado por una ley. “Nunca vamos a estar en contra de un reclamo salarial, pero no coincidimos en los métodos. Apoyaría la agremiación si es mediante una ley”, dijo Caló a la nacion, hace diez días, cuando el conflicto estaba en alza. Pero ayer, durante el brindis de fin de año de la CGT, el metalúrgico sufrió desplantes por su opinión. Y tras un debate interno se decidió oponerse orgánicamente a una eventual agremiación de las fuerzas. “Pueden haber sacado el 30%, pero ellos negocian con los fierros en la mesa, en cambio nosotros no”, se diferenció un gremialista.

Supermercadistas chinos anuncian un cierre para hoy Las entidades que agrupan a los supermercados chinos anunciaron un cierre preventivo de locales para hoy, destinado a evitar saqueos y ataques. La decisión fue comunicada por Yolanda Durán, presidenta de la cámara de supermercadistas del sector (Cedeapsa), y Miguel Calvete, de la Federación de Supermercados y Asociaciones chinas, ante un nuevo aniversario de la trágica jornada del 20 de diciembre de 2001. “No sabe-

emiliano lasalvia

mos hasta cuándo, sabemos que todo el día de mañana [por hoy] van a permanecer cerrados. Más vale prevenir”, manifestó Durán. “En los lugares donde ya sufrimos saqueos o no hay garantías de seguridad, estamos sugiriendo que no abran”, explicó Calvete, quien anunció que el cierre de locales será total en Santa Fe. Ayer, algunos supermercados porteños reforzaron su seguridad como el local situado en avenida Paseo Colón.ß

Colombi analiza emitir una cuasimoneda Dijo que las cuentas de Corrientes están “al límite”; otras provincias podrían hacer lo mismo El gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, admitió ayer que tiene “planificado”, en caso de ser necesario, emitir una cuasimoneda para hacer frente a las obligaciones del Estado provincial. Y afirmó, además, que otros gobernadores analizan también esa alternativa, similar a la adoptada por varias provincias en la crisis de 2001. “Estamos al límite, no podemos adoptar ninguna medida salarial más sin revisar la cuestión de fondo, que le corresponde a la Nación”, sostuvo Colombi. Al referirse a la posible emisión de dinero provincial, dijo: “Lo tenemos planificado, tenemos analizada la cuestión y llegado el momento

estamos en condiciones de poder hacerlo”. “Si la Nación no entiende y no comprende cuál es la cuestión de fondo, creo que en marzo muchas provincias argentinas están pensando seriamente en emitir bonos para hacer frente a las obligaciones del Estado”, advirtió. El radical Colombi afirmó además que cuando el lunes pasado se entrevistó con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, le planteó la inquietud. “A este ritmo, las provincias argentinas estamos a un paso de volver al año 2000 y 2001, cuando empezamos a emitir bonos provinciales para hacer frente a las obligaciones fundamentales del Estado.” Durante su primer mandato como gobernador, entre 2001 y 2005, Colombi sacó de circulación los Certificados de Cancelación de Obligaciones de Corrientes (CeCaCor),

emitidos por la intervención federal que lo precedió y que había ordenado el entonces presidente Fernando De la Rúa. El mandatario correntino también le planteó a Capitanich la necesidad de una nueva refinanciación de la deuda provincial. “No podemos aguantar esta situación y más cuando la Nación se está quedando con casi el 77 o 78% de los recursos. No hay ninguna provincia que sea viable con esta situación”, dijo. “A este ritmo no tendríamos otra salida” que la emisión de cuasimonedas, agregó. Último recurso Los bonos provinciales, o cuasimonedas, comenzaron a emitirse en algunos distritos provinciales en los años 80, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, pero se generalizaron en 2001, en medio de la crisis económica y con el limitante de la

ley de convertibilidad, que prohibía entonces al Banco Central emitir pesos sin el respaldo de reservas. En la actualidad no existe esa limitación que imponía la convertibilidad, pero las provincias aducen ahora que el gobierno nacional disminuyó la participación de las provincias en la distribución de las transferencias de recursos fiscales. La ley de coparticipación estableció en su artículo séptimo que “el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al 34 por ciento de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley”. Sin embargo, sobre la base de las declaraciones de Colombi, las provincias retendrían hoy apenas el 22 o 23 por ciento de la masa total de recursos.ß

La CGT de Caló divulgó ayer un documento en el que consideró que el país atraviesa “un momento crítico” y que “no hay respuestas de fondo” por parte del Gobierno a sus demandas. Además, rechazó negociar salarios a raya. “Destacamos la necesidad de que continúen vigentes las paritarias libres en las negociaciones salariales”, dice un párrafo del documento firmado por todo el consejo directivo. Entre otros puntos, la central oficialista pidió “la actualización del salario mínimo, vital y móvil, y la mejor aplicación del mínimo no imponible” del impuesto a las ganancias. Y volvió a la carga por la suba de precios: exigió un “programa de corrección de la inflación” y reclamó más controles a los fijadores de precios. La postura de la CGT oficialista se contrapone con la que expuso hace una semana la central sindical antikirchnerista encabezada por Hugo Moyano que impulsará la sindicalización de los efectivos y habló de “condiciones laborales lamentables”. Moyano se quejó por la cantidad de horas que un policía está en servicio y de “las condiciones precarias” en que están las comisarías. ß

Estado de alerta en el peronismo bonaerense La cúpula partidaria coincidió en que están preparados para eventuales saqueos En alerta, en su primera reunión formal, la nueva conducción del PJ bonaerense cerró filas en apoyo a Cristina Kirchner, en un clima enrarecido por temor a desbordes sociales y acicateado por los cortes de luz que se propagaron por el conurbano. Ayer, los consejeros –en su mayoría intendentes y jefes territoriales– se congregaron en la sede de Matheu 130 para la asunción de Fernando Espinoza, el jefe comunal de La Matanza que el domingo pasado fue ungido en elecciones internas partidarias. En el temario del encuentro partidario, escueto, se coló una lectura interna sobre eventuales saqueos y el impacto de las protestas salariales que se adelantaron y, según coinciden, asoman complicadas. “Siempre que llega diciembre tenemos esta psicosis generalizada, después de 2001 y la huida de De la Rúa en helicóptero. Este año se potenció con los acuartelamientos de la policía”, explicó Espinoza, ante la consulta de la nacion. En contacto permanente entre ellos, los intendentes de los distritos

más populosos montaron un operativo especial para neutralizar estallidos y hasta ayer decían no haber detectado incidentes de relevancia en el conurbano. “Estamos preparados”, aseguró Raúl Othacehé, de Merlo, que, aunque no especificó nombres, deslizó que hay “sectores que buscan la desestabilización” y “están interesados en que las cosas se pongan feas”. Los intendentes reunidos en la sede del PJ coincidieron en que desde el gobierno nacional y el provincial hay un mecanismo de prevención y seguridad policial en toda la provincia para impedir eventuales saqueos. Anoche, la mesa chica del peronismo provincial le daba las últimas puntadas al documento en “defensa de la democracia” y por la “paz social de fin de año”, cuyo eje era el respaldo al Gobierno, un gesto que también se extendió a la administración bonaerense, conducida por Daniel Scioli. Con el objetivo de terminar de normalizar el sello, que estuvo a punto de perder la personería jurídica, el PJ convocó para el próximo viernes al congreso partidario, en la Universidad Nacional de La Matanza. Allí, se definirán autoridades de ese órgano, que aún están en discusión.ß