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POLÍTICA

| Martes 11 de septieMbre de 2012

Aplican por primera vez la ley antiterrorista y congelan fondos derechos humanos. Lo hizo la UIF y un fiscal lo apoyó; es dinero de una empresa de juegos de azar del hijo de un ex jefe de la ESMA que está prófugo Hernán Cappiello LA NACION

En lo que constituye la primera aplicación de la ley contra el financiamiento del terrorismo, la Unidad de Información Financiera (UIF) congeló fondos de una empresa dedicada a juegos de apuestas ante la sospecha de que le da soporte financiero a un ex jefe de la ESMA que está prófugo en una causa por derechos humanos. Además, pidió a la Justicia que ratificara esta medida, por lo que el fiscal Patricio Evers dictaminó que corresponde congelar el dinero de la firma y de sus directivos. Esa cuestión debe resolverla ahora el juez federal Norberto Oyarbide. La medida de la UIF recayó sobre Jorge Ernesto Vildoza, presidente de American Data e hijo del ex numero 2 de la ESMA Jorge Raúl Vildoza. Su mujer, Ana María Grimaldos, fue detenida en junio tras 25 años de estar prófuga, y ambos son buscados por apropiarse de Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas y de Héctor Penino, secuestrados el 13 de julio de 1977. American Data SA, la empresa de Vildoza hijo, se dedica a la explotación de casinos electrónicos. En Ushuaia manejó dos salas de apuestas. La UIF entendió que el

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dinero del hijo estaba destinado a solventar al padre, por lo que lo enmarcó como financista de organizaciones terroristas, según la última ley antiterrorista. La norma aprobada a fines del año pasado, luego de un firme lobby norteamericano, era uno de los puntos por los que abogaba el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para el control del financiamiento de células terroristas como las que volaron las Torres Gemelas. José Sbattella, a cargo de la UIF, denunciado por la oposición por la utilización del organismo antilavado con fines políticos, comenzó a investigar, a instancias del Ministerio de Justicia, el listado de prófugos en las causas por violaciones de los derechos humanos para ver quién los financia. Los consideró en la resolución en la que se dispone el congelamiento de los fondos de American Data SA como “terroristas prófugos” por el apoyo económico que reciben. Por eso, entendió que las actividades de la empresa del hijo de Vildoza y su vicepresidente y yerno, Rodolfo Giromini, deben considerarse financiamiento del terrorismo. La ley permite en casos de urgencia congelar administrativamente los bienes de la empresa y

Investigación sobre la represión ilegal b Debut Investigan quiénes proveen fondos a los prófugos de las causas de lesa humanidad y a los recién capturados. Se los considera financistas del terrorismo. b Casinos El primero es Jorge Ernesto Vildoza, hijo del ex jefe de la ESMA Jorge Raúl Vildoza. Congelaron fondos de su firma American Data, que maneja apuestas. También fondos de Fernando Giromini, su yerno.

de sus directivos, lo que así se hizo mediante la resolución 152, firmada por Sbattella. El origen de la información que liga a Vildoza con la manutención de su padre es la declaración de Carlos Viñas, tío de Javier Gonzalo, víctima de la apropiación. Dijo que Vildoza padre estaría montando un negocio de juego en Apósto-

les, lo que confirmaría la existencia “de una organización comercial que brida apoyo financiero a los prófugos de delitos de lesa humanidad como algo sostenido en el tiempo”. Además, se sumaron las declaraciones de un ex abogado de Vildoza y tareas de inteligencia que hicieron concluir a Sbattella que se estaba frente al delito autónomo de “financiamiento del terrorismo”, castigado con 5 a 15 años de prisión. El fiscal Evers opinó que Oyarbide debe confirmar el congelamiento de fondos de la empresa, de Vildoza y de su yerno. La firma debe unos 45.000 pesos al banco Macro y tiene otras deudas por 145.000 pesos, según la base de datos comerciales Nosis. Evers pidió que declare Carlos Viñas y se requiera a la Inspección General de Justicia que informe la composición social de American Data SA. También solicitó al Banco Central que diera cuenta de todos los movimientos bancarios que registran la empresa American Data, Jorge Ernesto Vildoza y Rodolfo Fernando Giromini. La información sobre el dictamen fiscal fue difundida por el sitio web Mercado de Dinero, un diario digital que maneja Ausbanc, una ONG internacional de usuarios de bancos. Su colaboradora en la Argentina es la nueva procuradora Alejandra Gils Carbó. La información también encabeza la página web de la Fundación Mercado y Transparencia, registrada por Damiana Alonso, hija de Gils Carbó, empleada de la UIF y colaboradora de la agencia de noticias Télam, según informó Noticias. Los patrocinadores de su web la Fundación Mercado y Transparencia son la ONG Ausbanc y Mercado de Dinero, que envía un newsletter con información, auspiciado por el Ministerio de Justicia.ß

Sanción a una diputada por repudiar el crimen de Jujuy El bloque kirchnerista penó con una quita salarial a una legisladora que condenó el hecho de Humahuaca IsoLDa CaLsIna diputada de lyder

“Siento vergüenza por la falta de apoyo de los diputados oficialistas”

Defensa concretó cursos con militares de EE.UU.

Se dictan a civiles del Ministerio desde esta semana; el canciller Timerman no formó parte del acuerdo

arturo puricelli ministro de defensa

Acordó los cursos con la embajadora Vilma Martínez y lo concretó tras la reciente visita a la Argentina del subsecretario de Defensa de Estados Unidos Frank Mora.

Juntos son noticia

La diputada provincial Isolda Calsina, del partido Lyder, fue sancionada con una reducción salarial por sus pares del bloque del Frente para la Victoria al promover un repudio general de la Legislatura jujeña por el asesinato de Luis Darío Condorí, que murió el miércoles pasado en Humahuaca durante una toma de tierras. Por el crimen de Condorí, se investiga a un allegado de Milagro Sala, la líder de Tupac Amaru, una agrupación alineada al Gobierno. Calsina planteó en el recinto la condena por el violento episodio de Humahuaca. Pero en esa misma sesión, por consideración del diputado oficialista Javier Hinojo y decisión del presidente del bloque kirchnerista, Olindo Tentor, la Legislatura aprobó una moción de sanción contra Calsina. “Hay una voluntad autoritaria, hay una actitud de pensamiento único. Hay un contagio respecto a la Nación, donde si uno no dice lo que quieren escuchar desde el oficialismo, parece que es un agravio. El que calla otorga”, dijo Calsina en diálogo con Radio 2, de Jujuy. Desde la UCR apuntaron a Milagro Sala y al gobernador, Eduardo Fellner, por el crimen de Humahuaca.ß

El Ministerio de Defensa ratificó ayer los acuerdos en materia de cooperación militar que empezó a desarrollar esta semana con el gobierno de los Estados Unidos y que son un relanzamiento de las relaciones con Washington en este campo, ya que ese vínculo estaba totalmente cortado, luego de que el canciller Héctor Timerman impidió el ingreso de un avión militar norteamericano en febrero de 2011. El programa de formación de educación militar internacional (IMET, por sus siglas en inglés) es un proyecto del gobierno de los Estados Unidos mediante el cual se provee capacitación a diferentes países en materia de defensa. El Ministerio de Defensa emitió ayer un comunicado en el que expresó que este programa se realiza desde 1996 y que “está dedicado principalmente al personal civil”. También especificó: “El criterio para realizar esta tarea fue que prevalecieran los cursos del tipo operativo y técnicos, desechando aquellos de contenido doctrinario”. La aclaración del ministro Arturo Puricelli no resultó fortuita, sino que respondió a las críticas en reserva que le hicieron llegar desde el Ministerio de Seguridad y la Cancillería. La embajada de Estados Unidos en Buenos Aires destacó que los IMET sólo se concretan con “países aliados y amigos” de Washington.ß

Prorrogan la suspensión del contrato del SUBE

En medio de las sospechas de irregularidades, el gobierno nacional amplió la medida por otros 20 días

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millones Es lo que había acordado pagarle el Estado al grupo de empresas que iba a supervisar el funcionamiento del SUBE Foto: prensa gobernacion

No es usual verlos en la misma foto. El gobernador Daniel Scioli y su vice, Gabriel Mariotto, recibieron ayer en La Plata a la madre de Fátima Guadalupe Catán, una joven asesinada en un caso de violencia doméstica en agosto de 2010. Durante el encuentro, Scioli prome-

tió a Elsa, madre de la víctima, “el respaldo del máximo nivel institucional e ir hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia”. Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete bonaerense, Alberto Pérez, y el diputado provincial kirchnerista Fernando Navarro. Ha-

cía tiempo que Scioli y Mariotto no compartían una actividad pública. Fuentes de la gobernación provincial dijeron que la foto puede tomarse como una señal de distensión en la larga historia de desencuentros entre Scioli y el ultrakirchnerista Mariotto.ß

Procesan a Pedraza por un soborno

caso ferreyra. También a un ex juez y a un empresario que querían beneficiar al ferroviario La Justicia proceso al líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza; a un ex juez federal, a un ex agente de Inteligencia, a un empleado judicial y a un empresario por pagar sobornos para liberar a ferroviarios presos por el crimen de Mariano Ferreyra. Sin embargo, el juez Luis Rodríguez, que firmó el fallo, entendió que todo el plan se gestó y puso en marcha a espaldas de los tres jueces de la Cámara de Casación que debían decidir sobre los presos y a quienes el fiscal del caso, Sandro Abraldes, investigaba. Rodríguez acaba de ser ascendido a juez federal en un polémico concurso que duró seis años y pese a las reservas de la oposición. Los procesados en esta causa son además de Pedraza, el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid; el vicepresidente del Belgrano Cargas, Ángel Stafforini; el ex agente Juan José Riquelme, y Luis Escobar, prosecretario de Casación. El plan, de acuerdo con el fallo del juez Rodríguez, consistió en so-

bornar a Escobar para direccionar el sorteo y que la causa recayera en la sala de Casación, integrada por Eduardo Riggi –aún en su cargo–, el jubilado Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo, que volvió a su cargo en otro tribunal. Según el fallo, Stafforini y Pedraza pusieron la plata (50.000 dólares, que se iban a completar con 25.000 más); Aráoz de Lamadrid aportó su influencia sobre Escobar, ya que trabajaron 13 años juntos, y junto al ex agente Riquelme intentó convencer a los jueces de Casación. El complot se puso en marcha, y Stafforini sacó 50.000 dólares de una caja de seguridad; el resto lo iba a poner Pedraza y luego lo iba a recuperar, añadió el juez. Esos cinco fajos de 1000 dólares en billetes de 100 fueron hallados en la caja fuerte de Aráoz de Lamadrid en un sobre con la inscripción “Octavio”. Pedraza y Riquelme en las escuchas telefónicas hablan del pago. “Son verdes, reitero, son verdes”, dijo el ex agente de la SIDE al gremialista de los ferroviarios.

Escobar, el empleado judicial, que en las escuchas es llamado “el Señor de las Teclas”, realizó el virtual sorteo por medio de una computadora. El caso le quedó a la Sala III, y Escobar le avisó mediante un mensaje de texto a Aráoz de Lamadrid, que estaba de vacaciones en Brasil. “Escobar dio aviso a Aráoz y éste, estando a miles de kilómetros, le envió un mensaje a Riquelme para ponerlo al tanto, este último, a su vez, se lo comunicó a Stafforini telefónicamente y a Pedraza de manera personal”, sostuvo el juez. Riquelme aparece como uno de los nexos con los jueces de Casación que iban a ser sobornados y tiene comunicaciones telefónicas con Riggi, mientras que Stafforini, segundo del sindicalista en Belgrano Cargas, fue quien llevó el dinero al estudio de Aráoz de Lamadrid, según la causa. La Sala III nunca intervino en la causa y, en febrero de 2011, Pedraza fue detenido por el crimen de Ferreyra. Desde entonces sigue preso y está siendo ahora juzga-

do como instigador del crimen. El juez Rodríguez despegó a los tres jueces de Casación: “Estoy persuadido que el dinero secuestrado no llegaría a manos de alguno de los camaristas nombrados, quienes desconocían toda esta operación”. Agregó: “Debe descartarse que [los jueces] estuvieran al tanto o de acuerdo con las maniobras emprendidas”. De Mitchell y González Palazzo dijo que no hay prueba concreta más allá de que aparecen nombrados por los acusados. En tanto, de Riggi, el juez consideró: “Más allá de haber tenido durante años como colaboradores a los imputados Aráoz de Lamadrid y Escobar en su vocalía, no existen en el legajo elementos objetivos que acrediten su vinculación con los hechos”. En el juicio por el crimen de Ferreyra, una testigo confirmó ayer que Riquelme visitó por lo menos en dos oportunidades a Pedraza poco antes de que el gremialista fuera detenido por el asesinato.ß

El Gobierno extendió por 20 días la suspensión del contrato y los pagos al grupo de empresas que tenía a su cargo la supervisión del contrato de la tarjeta SUBE, un proceso investigado por la Justicia ante la sospecha de irregularidades. La resolución 331/2012 del Ministerio del Interior y Transporte prorroga una suspensión anterior por 30 días e instruye a la Unidad Ejecutora de Proyectos “para que proceda a la revisión y análisis de la documentación respaldatoria del contrato, certificaciones y pagos vinculados”. El contrato de supervisión del boleto electrónico había sido firmado el 11 de marzo de 2011 entre la Unidad Ejecutora de Proyectos de Transporte y la UTE conformada por las firmas Global Infraestructure SA, Ingeniería en Relevamientos Viales SA, Iatasa SA y González Fischer y Asociados. Se había acordado pagar 65 millones de pesos. Una investigación de la nacion reveló irregularidades, que incluían sobreprecios y la contratación de empleados fantasma. En la causa judicial, que lleva el juez federal Sergio Torres, fue imputado el ex secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi.ß

Vuelven a investigar la compra de Tandanor

Se trata de una presunta estafa de los años 90 cuya investigación había sido cerrada hace seis meses Pasaron 20 años la causa Se investigó la venta de los astilleros Tandanor a un grupo privado que sólo pagó 7 de los 60 millones de dólares que debía abonar. prescripción La causa había sido cerrada. Pero ahora se volverá a investigar.

Después de más de 20 años, la Justicia volverá a investigar a funcionarios y empresarios por una presunta estafa multimillonaria al Estado con la compra de los astilleros Tandanor, que pertenecían a la Armada. La Cámara de Casación, máximo tribunal penal, ordenó reabrir el caso, que había sido cerrado por prescripción, hace seis meses, por un tribunal oral. En el caso se investiga una presunta estafa que consistió en que un grupo empresario compró en 1991 los astilleros Tandanor en 60 millones de dólares, pero pagó sólo 7 millones y vendió parte del lote donde está la planta, sobre el río, en 18 millones de dólares para desarrollar un multimillonario emprendimiento inmobiliario. Es muy cerca de Puerto Madero, en la zona de la isla Demarchi, donde el gobierno nacional anunció que montará un polo audiovisual. El caso fue reabierto con los votos de los camaristas Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos. Mariano Borinsky, también integrante de la sala, votó en disidencia. El Estado recuperó el dinero porque las acciones del astillero regresaron a sus manos, pero aún está pendiente de resolución el destino del negocio inmobiliario y la posibilidad de que los acusados puedan accionar contra el Estado.ß