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5A opinión

NO R O E S T E . c o m

Respeto a los derechos de todos

siderúrgico, que denuncia pérdidas por alrededor de 700 millones de pesos por falta de materiales. Pero no sola mente se afecta a las grandes industrias y cadenas. Muy señaladamente, están sufriendo también los daños las pequeñas empresas, que además tienen mucho menor margen de maniobra para hacer frente a las pérdidas. A ellos, que invierten su esfuerzo, su trabajo y su patrimonio personal, se les está negando la posibilidad de salir adelante, de superarse y construir un futuro para sus familias. En el sector empresarial, el reclamo viene tanto de microempresarios locales y pymes regionales como de corporativos nacionales e internacionales y sus organismos representativos. Porque los derechos humanos son de todos y éstos no se limitan al de protestar; los reclamos no pueden ser justificación para que se coarten las demás garantías legales que todos tenemos

—a circular libremente, trabajar, ir a la escuela—, se violente a las personas y se dañe a las economías familiares. Las instituciones del Estado tienen la responsabilidad de garantizar el respeto a la ley, evitando la anarquía. Una sociedad no puede funcionar si no se cumple el requisito mínimo del Estado de derecho: si se viola la ley y no hay consecuencias, si no existe seguridad física y patrimonial, ni justicia efectiva. Más aún, si la intransigencia y la violencia son premiadas con canonjías o claudicaciones, dejando el pésimo ejemplo de que la afectación a terceros es una vía efectiva para resolver problemas o soluciones a demandas, legítimas o no. Si en aras de resolver un problema político desde el diálogo, se concede la no aplicación de la ley y sus consecuencias para quien la infrinja, se generan muy graves precedentes políticos y sociales. Tolerar la infracción sistemática de la ley no va a resolver la

problemática; al contrario, la perpetúa. Y en paralelo, se incuba la polarización dentro de la sociedad. El encono de unos grupos contra otros en un enfrentamiento que agrede a terceros afectados y que alienta la fractura social que a nadie beneficia y que no lleva a ningún destino positivo. El debate educativo se debe dar, para encontrar las soluciones a los temas técnicos, pero en el marco del respeto, y no a cualquier costo: el diálogo es necesario, pero difícilmente puede prosperar bajo chantaje y a costa de los derechos de todos. El quebranto de la ley no puede quedar impune. Las soluciones sustentables están en el respeto mutuo, la legalidad y la convivencia pacífica entre todos los mexicanos. Sólo a través del fortalecimiento de las instituciones, las leyes y el Estado de derecho se podrá generar inversión y desarrollo homogéneo en nuestro País, para todos los mexicanos.

Judicial, esta “práctica” que en nada toma en cuenta el derecho de los niños a aprender de Oaxaca y de México, pasó de ser “dañina” a violatoria de la Constitución mexicana. A través del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, los compromisos entre Segob, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y la Sección 22, han sido calificados de “ilegales”. Los argumentos del Juez son muy sencillos: nadie puede estar por encima de la Constitución. Hubo una modificación al Articulo Tercero Constitucional en noviembre de 2013, lo que impide que tu modo de actuar (Segob) se repita. Existe una Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) que señala puntualmente la forma en que se puede acceder a una plaza; incluso, lo que sucede si un aspirante o maestro es calificado de “no idóneo” al momento del concurso. Quizás el Subsecretario

de Gobernación o, por qué no, hasta el propio Secretario, lo desconoce. Sería extraño, porque la Segob es responsable de que el Poder Ejecutivo Federal cumpla con la normatividad del Estado mexicano. Luego entonces si no es ignorancia, ¿qué es? El litigio estratégico es una herramienta para la protección de los derechos humanos a través del uso de los sistemas judiciales. Consiste en la judicialización de un caso emblemático de vulneración a derechos como el de la educación, con el objetivo de modificar criterios judiciales para las leyes, reglamentos o prácticas administrativas que limitan el libre ejercicio del dicho derecho. En este sentido, a Mexicanos Primero le fue concedido un amparo que limita la violación al Artículo Tercero Constitucional ante cualquier tipo de acuerdo (de tipo político, electoral o laboral). El amparo concedido no es sentencia definitiva y la Secretaría de Gobernación aun podría impugnar la resolución del juez, más aun ahora que se “rumora” de posibles nuevos acuerdos. Si fuera el caso, lo más interesante sería conocer sus argumentos. Porque, por otro lado, existen lecciones que valdría la pena fueran consideradas por las autoridades mismas antes de aventurarse nuevamente en este sentido en contra del

mandato de los mexicanos. Primero, hasta hace poco tiempo, sólo el Poder Ejecutivo y el Legislativo se habían pronunciado sobre el derecho de los niños a aprender. Resoluciones valientes como la del juez Martín Santos Pérez, involucran al Poder Judicial en la defensa del derecho constitucional a una educación de calidad. No es la primera vez, ya en otra ocasión a la unanimidad los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvieron sobre la preeminencia de este derecho sobre el derecho laboral. Segundo, parece increíble que funcionarios de tan alto nivel desconozcan la ley. Aunque lo confieso, no sé qué es peor: su posible desconocimiento o su confianza en que es negociable. Lo creen de tal forma, que son capaces de firmar los acuerdos en una minuta; y lo mejor, aunque el Poder Judicial resuelva sobre la ilegalidad de los mismos, ni el Secretario ha despedido al Subsecretario; ni el Presidente ha hecho lo propio con el Secretario. Esto habla de una visión patrimonialista de quienes ostentan los cargos en la función pública. Algo así como “el Estado soy yo”, cuatro siglos después de Luis XIV. Tercero, si bien es cierto desde el punto de vista jurídico el amparo otorgado a Mexicanos Primero sólo sur-

te efecto sobre dichos acuerdos, también es verdad que hay una posición desde este Poder sobre el derecho a una educación de calidad y la correcta implementación de la ley. En caso de que la Segob pretenda violar nuevamente la ley o, de que los líderes sindicales se aprovechen del pragmatismo de los funcionarios, vale la pena que tengan conocimiento de causa, pues su victoria será temporal. Que no se engañen. Que el derecho a aprender de los niños en México sea una realidad nos corresponde a todos. La piratería tuvo un declive no cuando existieron reglas para el tránsito internacional de las mercancías, sino cuando existieron mecanismos para hacerlas cumplir. Que los funcionarios en México dejen de asumir que están por encima de la Ley, que ésta es negociable porque ganaron una elección o, por ser compadres del Presidente de la República, depende de una sociedad informada a la altura de una debida exigencia por la rendición de cuentas. Mexicanos Primero seguirá atenta a los acuerdos entre la autoridad mexicana y los líderes de la CNTE. Como lo hicimos antes, impugnaremos ante el Poder judicial cualquier compromiso ilegal que afecte el derecho a aprender de los niños en México. Que así sea.

con cerrar porque no dejan pasar a las pipas. Y sin embargo, hay quien dice que todo eso es mentira: que en Oaxaca no falta nada, que los mercados y tiendas rebozan de mercancías y las playas de turistas, que la vida sigue su curso como siempre. “No les creas a los medios, lo que dicen son puras mentiras, puras falsedades”, me aconsejan. Pero ¿y las imágenes, las voces, de dónde salen?, pregunto sorprendida. Todo es inventado, nada es cierto. Eso me dicen. ¿Será realmente que se pueden inventar las noticias? Se bien que se pueden con st r u i r. Por ejemplo, cuando hace algunos meses se quiso armar escándalo con que si el matrimonio de la pareja Peña Nieto-Rivera era válido o no. Con supuestos documentos y declara-

ciones de personas que dicen saber de eso, algunos medios nos quisieron convencer de que era un asunto importante y sobre todo, turbio. Pero la verdad es que eso no tiene la menor importancia para nosotros, los ciudadanos de este país. Importantes son las decisiones que el mandatario toma para el país, no esas cosas. Día con día vemos cómo se repite este esfuerzo por construir noticias, haciendo “un elefante de un mosquito” como dice un dicho de Kerala en India. El objetivo de esto no es difícil de adivinar: se trata de forjar en el imaginario colectivo algo para explotarlo en beneficio de alguien. En tiempos del presidente Fox, cuando alguna revista veía caer sus ventas, ponía en su portada a la señora Marta Sahagún y se recuperaba de inmediato,

porque ella fue construida como la persona a quien todos los ciudadanos debíamos seguir con enorme morbo. Construir una noticia pues, es hablar de hechos reales, de cosas que existen, pero que se busca hacerlos más grandes. O al revés, más pequeños. Porque dichas construcciones noticiosas también pueden ser en sentido negativo, por ejemplo, cuando autoridades, empresarios o Iglesias niegan hechos que suceden en su territorio, como actos de terrorismo o epidemias de salud, para que el turismo no se espante y deje de ir. Pero esto no es lo mismo que de plano inventar las noticias. Este procedimiento significa partir de cero, de la nada, de lo inexistente y pretender que sí es, que sí existe.

Y esto es lo que dicen que hacen los medios en el caso de los bloqueos. Y yo me pregunto: ¿De verdad puede ser que esas acciones no existan?, ¿o que si existen no le hayan hecho daño a la movilidad de las personas y mercancías? ¿De verdad puede ser que no afecten a la economía? ¿De verdad todo es una invención y no pasa nada como afirman los grupos sociales que los apoyan? ¿Es tan brutal la perversidad de los medios, que crean imágenes y voces que son falsas? Esto sería sin duda terrorífico. Pero al mismo tiempo, de ser así, de ser todo una invención, yo respiraría tranquilizada, porque entonces dejaría de enojarme tanto con un gobierno que no toma medidas para resolver lo que tanto daño le está haciendo a este país.

J ua n Pa b lo C a s ta ñ ó n C a s ta ñ ó n

Presidente del CCE

Twitter: @jpcastanon

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demás de frenar cambios que se requieren para que las nuevas generaciones tengan acceso a una mejor educación, en especial en algunas de las zonas más castigadas por la pobreza y la exclusión, el conflicto con la CNTE está generando afectaciones muy graves y cuantificables en una muy diversa gama de actividades y en el mismo ánimo de la población. Una pequeña minoría, con for mada por g r upos que poco representan a los maestros y en su mayoría responden a intereses particulares, está trastornando la vida económica, social y política del País, con métodos violentos e ilegales. A los problemas de desabasto de productos básicos

para la población de las regiones en las que se concentran las movilizaciones, se agrega el que padecen varias ramas industriales, comerciales y de servicios en regiones amplias e incluso con repercusiones nacionales, debido a bloqueos de carreteras y ferrocarriles. Hay una disrupción aguda, con efectos en cadena, de ciclos de negocio y procesos productivos que son esenciales para las comunidades y para la subsistencia no sólo de las empresas, sino de sus propios empleados y trabajadores: miles de personas que dependen de su trabajo diario. No es de extrañar el que, en esas condiciones, se estén dando paros técnicos en centros de trabajo, junto con la acumulación de pérdidas

millonarias. El riesgo, totalmente real, es que éstos se multipliquen, no sólo por las causas magisteriales, sino mañana o pasado por reclamos locales o particulares: que cada quien vea por sus propios intereses, sin respetar la ley y el derecho de todos. En el puerto de Lázaro Cá rdenas se estima una disminución en la llegada de contenedores de cerca de 17 mil, paralelamente a la suspensión intermitente del servicio ferroviario, en ocasiones con más de 150 trenes detenidos, con un costo promedio diario de 20 millones de pesos. Súmese a eso las filas de camiones varados de hasta 15 kilómetros que se han registrado en algunas carreteras o casos como el sector

Kratos

J UAN ALFONSO M E J Í A LÓ P E Z [email protected]

Piratería a la mexicana: los acuerdos Segob-CNTE

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a piratería es tan antigua como la navegación misma. Se refiere a una práctica de saqueo organizado en aguas internacionales, supuesta propiedad de nadie pero espacio propicio para la convivencia de todos en la que ningún Estado tiene jurisdicción, donde una embarcación se amotina en contra de otra para despojarla de sus bienes. Piratas “emblemáticos” los ha habido desde la época del mundo antiguo (550 a.C) hasta inicios del Siglo 21 en las costas africanas de Somalia. Nunca dejará de sorprenderme la forma en que los políticos mexicanos consideran los bienes públicos como un botín, a manera de un “saqueo organizado”. Por supuesto que hay excepciones pero son sólo eso, excepciones a la regla, en los distintos órdenes de Gobierno (federal, estatal y municipal) y poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sin distingo partidario alguno. Los acuerdos firmados entre la Secretaría de Gober-

nación (Segob) y la Sección 22 de Oaxaca, llevan a preguntarme si: ¿La piratería como práctica en el Estado mexicano terminó o, sólo mutó en su fisonomía y métodos de acción? Me explico. La autoridad mexicana, representada en el Gobernador del Estado de Oaxaca y/o, la Secretaría de Gobernación a nivel federal, viene firmando una serie de acuerdos desde 1992 con las Sección 22, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esta “mala práctica” se repitió en 2013, 2014, 2015 y pretende hacerlo nuevamente en 2016. Entre los “usos y costumbres” ambicionados se encuentra: la reserva de “un banco de plazas” magisteriales de uso exclusivo para los líderes del sindicato, la imposibilidad de despido en caso de un mal resultado en las evaluaciones docentes, la negativa a ser removido a funciones administrativas en caso de no obtener un resultado positivo hasta en tres ocasiones. De acuerdo con el Poder

¿Cuál es la verdad? Sara Sefchovich Escritora e investigadora en la UNAM. [email protected] www.sarasefchovich.com

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eo, escucho, leo: los bloqueos en Oaxaca, Michoacán y Chiapas impiden que pasen mercancías y personas, afectan a los ciudadanos y ahuyentan el turismo. Las imágenes están allí: largas f ilas de camiones detenidos, cientos de contenedores apilados en los muelles; playas, hoteles y restoranes sin clientes; anaqueles de las tiendas sin productos. Las voces están allí: mujeres pobres con los hijos a cuestas lamentan la falta de

leche y huevo o afirman que cuando los hay, se los venden muy caros; pequeños y grandes productores o empresarios que no venden nada: desde el dueño de un hotel hasta la propietaria de una enramada, todos se quejan de que han tenido que despedir a miles de empleados y las cifras de pérdidas van de los miles a los millones de pesos. Las industrias nacionales temen tener que parar su producción por falta de insumos, las extranjeras piensan en dejar el estado o incluso el país y hasta una refinería de Pemex amenaza

Domingo 31 de julio 2016. Culiacán, Sinaloa