PAROS en EDUCACIÓN el 23 de octubre Manifiesto sindical firmado por CCOO, CGT y USTEA Los centros educativos andaluces, el profesorado y sus trabajadores y trabajadoras, están sufriendo el mayor ataque que ha padecido la educación desde el fin de la dictadura. El profesorado y los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos en Andalucía estamos sufriendo recortes y pérdidas de derechos en nuestras condiciones laborales, dañándose así los logros sociales que nuestros años de democracia habían permitido alcanzar en la educación. Se está desmantelando sin ningún pudor la educación en España y en Andalucía, rompiéndose con ello el principio de igualdad de oportunidades que debe imperar en todo sistema educativo de calidad. Las medidas impuestas por el Gobierno de España en materia educativa y en las condiciones laborales de los trabajadores de los centros educativos, como la ampliación de carga horaria, los recortes salariales y pérdida de poder adquisitivo, la tasa de reposición raquítica y vergonzosa, la imposibilidad de sustituir las bajas del profesorado de manera ágil, entre otras, han tomado cuerpo de ley con la aprobación unilateral de la LOMCE y con una futura ley de las universidades que vendrá a dañar igualmente la educación superior en España. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, más allá de llevar a cabo medidas que eviten la aplicación de esta ley desde el marco competencial que le otorga nuestro estatuto de autonomía, no sólo se ha limitado a asumirlas, sino que incluso está aplicando mayores recortes. No es cierto que la Administración Educativa andaluza esté paliando estas medidas legislativas que denuncian como impuestas. Muy por el contrario, la Consejería de Educación está aplicando aún mayores recortes en las plantillas del profesorado, privatizando servicios y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores que en Andalucía nos dedicamos a la enseñanza con medidas tales como: Reducción de nuestras pagas extras, eliminando el complemento autonómico cuyo pago corresponde directamente a la Junta de Andalucía. Incumplimiento de los presupuestos en materia educativa de la Junta de Andalucía para este año que contaron con un incremento de 14 millones de euros para crecimiento de plantilla en los centros educativos andaluces y que sólo se ha visto incrementado con 250 nuevos docentes. Aplicación del incremento de dos horas lectivas sobre el horario del profesorado con asignación de grupos directos de estudiantes y en ningún caso con horario de refuerzo, apoyo educativo o desdobles de grupos, lo que hubiese permitido el incremento de las plantillas y la mejora de la atención a la diversidad. Privatización del personal educativo complementario. En los centros educativos públicos andaluces más del 50% del personal de administración y servicios está contratado por empresas externas con unas condiciones laborales muy precarias. Ampliación del periodo de carencia impuesto por el Gobierno de España para realizar las sustituciones del profesorado, que en muchos casos incluso no llegan a hacerse efectivas, obligándose, con cupos asignados a los centros, a que las direcciones deban decidir sobre la sustitución o no de una baja. Modificación de los criterios de asignación de plantillas en los centros públicos sin ningún tipo de consenso, especialmente en la aplicación de las coberturas de las horas lectivas de reducción del profesorado mayor de 55 años. Ampliación de las ratios de muchas aulas, especialmente en las grandes áreas metropolitanas. Reducción de las plantillas al modificarse los criterios de dotación de vacantes aplicadas hasta el momento para el desarrollo de planes y proyectos educativos, caso, por ejemplo, de los programas bilingües. Hay más que razones para que desde los centros educativos andaluces se le diga a la Consejería de Educación que este ataque a la educación andaluza y a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los centros educativos cese.

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