economía | 11

| Lunes 24 de febrero de 2014

Nuevo incidente con los hangares en Aeroparque

salud en riesgo. El Orsna intentó desalojar el de BairesFly

y le impidió trasladar a un paciente; planteo judicial

Adrián Ventura LA NACION

El avión sanitario de BairesFly debía partir del aeroparque Jorge Newbery a las 15 del viernes, recoger a un enfermo en Tucumán y llevarlo a Córdoba. Lo había dispuesto el PAMI. Pero un organismo estatal intentó desalojar a la empresa del hangar que tiene alquilado y lo impidió. El hombre, que estaba descompensado, para poder volar debió esperar 24 horas, hasta que otro avión, de la gobernación de Tucumán, pudo transportarlo el sábado. Mientras tanto, ninguna explicación le alcanzó al Organismo Regulador del Servicio Nacional de Aeropuertos (Orsna), que dirige Gustavo Lipovich, para entrar en razones. Para llevar adelante el desalojo, el Orsna, que siempre litiga con las compañías aéreas ante la justicia civil y comercial federal, había recurrido al atajo de conseguir una orden de desalojo de un juez contencioso administrativo, que era incompetente. Para eso, el organismo invocó la ley 17.091, en rigor, un decreto ley del ex presidente de facto Juan Carlos Onganía, que permite disponer el desalojo de un bien público sin escuchar previamente al ocupante. El personal del Orsna, para desalojar el hangar, actuaba con el auxilio de la Policía de Seguri-

dad Aeroportuaria. Al lado de ese galpón está otro que explota Autonomy, la firma de taxis aéreos de Cristóbal López, a quien nadie quería desalojar esa tarde. El allanamiento había comenzado a las 13.25, y cuando varias horas después, a media tarde del viernes, el juez federal civil y comercial Francisco Asís Soto dictó la medida cautelar –que dejó en claro que el desalojo era improcedente–, el Orsna insistía en seguir con el operativo. Pero la PSA se negó a llegar tan lejos y no quiso desobedecer la orden judicial. A estas alturas, ya habían despegado otros tres vuelos sanitarios de BairesFly, una empresa que habitualmente brinda servicios al PAMI, al Hospital Italiano, al Garrahan, al Incucai, al SAME y a Swiss Medical, por ejemplo. Pero el operativo había impedido acondicionar con equipamiento médico el cuarto vuelo, que debía llegar a Tucumán. Desde hace varios años, el Orsna viene arremetiendo contra todas las empresas que compiten con Aerolíneas Argentinas para sacarlas del mercado. Y para lograr ese objetivo recurre a distintas vías: intenta desalojarlas de los hangares que éstas arrendaron a Aeropuertos Argentinos 2000 y que las empresas necesitan para hacer el mantenimiento de las aeronaves; pretende impedirles que operen vuelos chárter; les saca

mostradores para hacer check in o atención al cliente y les niega en forma imprevista los servicios logísticos –rampa, buses, transporte de equipaje– que aquellas compañías habían contratado previamente. El caso de LAN tal vez sea el más notorio por el volumen de su movimiento. El Gobierno aún mantiene abierta la discusión judicial por los hangares, y este verano, cuando el Orsna quiso prohibir el despegue de decenas de vuelos chárter –que el organismo había autorizado con anterioridad–, miles de turistas vieron peligrar sus vacaciones en el Caribe hasta que llegó otra orden judicial en favor de la compañía aérea. En efecto, esa empresa y las firmas de taxis aéreos vienen consiguiendo, desde hace meses, que los jueces del fuero civil y comercial federal dicten resoluciones que frenan la aplicación arbitraria que el Orsna pretende hacer de varias resoluciones. El viernes pasado, sin embargo, el ente de control creyó encontrar mal parada a BairesFly: Autonomy, de Cristobal López, también había obtenido una cautelar hasta marzo, y eso le alcanzó al juez del caso BairesFly, Iván Garbarino, para dictaminar que entonces esta otra empresa no corría peligro alguno, al menos por el momento. El Orsna aprovechó ese haz de luz para lanzarse sobre BayresFly. Para entonces, poco valía la salud del enfermo. ß

Obligan a registrarse en EE.UU. a bancos y agentes que operan allí datos. Una ley de ese país castiga con una retención de 30% a los

que no se inscriban en el organismo fiscal antes del 25 de abril

Martín Kanenguiser LA NACION

Sin el apoyo del Gobierno y con temor a represalias legales de sus clientes, todos los bancos, casas de cambio y agentes de Bolsa de la Argentina que operen en Estados Unidos deberán estar inscriptos ante el organismo fiscal de ese país en no más de dos meses para que no les retengan un 30% de su renta en forma compulsiva. Esto se debe a la ley Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca) de ese país, que exige que, como máximo, el 25 de abril las entidades financieras de todo el mundo estén inscriptas en un registro (IRS) para no sufrir sanciones del gobierno norteamericano. El tributarista Marcos Torassa, socio del estudio Lisicki, Litvin & Asociados, dijo a la nacion que “las entidades financieras, agentes de Bolsa y casas de cambio deben inscribirse ante el IRS y obtener su número de identificación global antes del 25 de abril para evitar las consecuencias negativas de la Fatca, en especial la retención del 30% de cualquier pago gravable de fuente de Estados Unidos que tenga su origen en una transferencia efectuada desde una entidad financiera en ese país”. Esto significará que deberán informar de cualquier cuenta de norteamericanos en el exterior, ya que la norma busca reducir la evasión fiscal en ese país. Los bancos argentinos agrupados en ABA, Adeba y Abappra negociaron en 2013 con el Gobierno para tener un paraguas legal antes de anotarse en el IRS, porque temen que, al cumplir con la ley norteamericana, violen la ley de secreto bancario argentino. Esta norma impide brindar información de sus clientes a organismos oficiales de otros países. Torassa recordó que “los bancos especulaban con que el Gobierno, a través de la AFIP, llegara a suscribir un acuerdo intergubernamental con Estados Unidos”, denominado IGA. “De todos modos –advirtió–, aun cuando se firmara, algo que estimo no va a ocurrir en el corto plazo, las entidades locales están obligadas a inscribirse ante el IRS. Esto es algo que muchos desconocen y el problema lo van a tener a partir del 1° de julio, cuando reciban transferencias desde Estados Unidos.” En este sentido, el abogado Martín Litwak, socio de Litwak & Partners, dijo que “en realidad los bancos no tienen mucha opción; todo el mundo, más allá de las quejas y reparos, está cumpliendo con la ley. Y la Argentina no es un país donde precisamente el secreto bancario sea muy fuerte”. Opinó que “en la práctica, lo que deben hacer las instituciones financieras en países con secreto bancario es hacer firmar a sus clientes un perdón en el momento de la apertura de la cuenta, ya que si una entidad financiera no se registra va a tener la sanción del 30 por ciento”. En la AFIP admitieron a la nacion que las conversaciones con Estados

Unidos para lograr un acuerdo bilateral que permita al sector financiero revelar esta información sin infringir las normas locales son muy lentas. Desde que el jefe del organismo, Ricardo Echegaray, le planteó en 2013 al encargado de la embajada en Buenos Aires, Kevin Sullivan, la necesidad de un acuerdo que contemplara intercambio recíproco de información tributaria “no se registraron avances”, indicaron. La AFIP pretende que el IRS le entregue también datos de los contribuyentes argentinos que tienen cuentas bancarias en EE.UU., pero Washington pone reparos por la falta de un acuerdo previo bilateral en esta materia. En el sector bancario, una calificada fuente dijo que “como el Gobierno no quiere avanzar a nivel colectivo, la alternativa que nos queda a los bancos es anotarnos en forma individual en el IRS”. Los bancos ya le informaron a la embajada norte-

americana que optaron por esa vía. Otro ejecutivo aclaró: “Ya comenzamos los trámites para inscribirnos, no es un problema para nosotros”, pese a que varios abogados temen posibles demandas de los clientes por estas revelaciones. Litwak explicó que será transmitida al IRS la información de cualquier cuenta en la que un contribuyente estadounidense aparezca como dueño en forma directa o indirecta de más del 10% del valor de esa cuenta. Por su parte, el abogado Carlos Gerscovich, socio de Aguirre Saravia y Gebhardt, explicó que “en la Argentina el secreto se limita a las operaciones pasivas que realizan los bancos, mientras que la información que busca el Fatca no vulnera las operaciones activas de los bancos, aquellas en las cuales las entidades tienen un crédito contra sus clientes, en las cuales no habría problema legal para que se informen”. ß

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