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economía

| Domingo 25 De mayo De 2014

Las zonas riesgosas del empleo: no cede la informalidad Viene de tapa

En cambio, cayó de 35,3 a 33,3% el porcentaje de personas activas que están en un empleo precario. Se incluye a los que no tienen aportes pero sí cierta estabilidad en sus puestos, que son de jornada completa. O sea, su situación es algo mejor que la de los subocupados inestables. En esos índices está contemplada la situación del conjunto de trabajadores. Si se mira sólo el segmento de los asalariados, el trabajo en negro resulta de 31,1% (el dato consignado por la UCA es inferior al 33,5% que da el Indec para el cuarto trimestre de 2013). Y entre los cuentapropistas, la informalidad caracteriza a siete de cada diez ocupaciones. Los problemas, como ocurre también en otros países, golpean con mucha más fuerza a determinados grupos de la población, como los jóvenes. De acuerdo con un informe elaborado por el Ieral en base a datos de 2013 de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), entre quienes tienen de 18 a 24 años, tres de cada diez se dedican sólo a estudiar, mientras que el 25% está en un puesto laboral de baja calidad y 18%, en un empleo formal. Otro 11% sufre desocupación y 15% no estudia ni trabaja. En el último grupo mencionado, hay casi 750.000 personas que llegaron a la vida adulta como inactivos; son los llamados Ni-Ni, que revelan una situación tanto más preocupante cuanto más cerca se está de la pobreza. Es que esa condición frena para muchos el acceso al empleo con derechos y así lo reflejan los números: en las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, siete de cada 10 ocupados están en una microactividad informal. Si se mira la población total (más allá de su condición social), en ese tipo de ocupaciones está casi la mitad de los trabajadores del área metropolitana (los índices son de 25,3% en la ciudad y de 55,3% en los partidos bonaerenses), según un informe de la UCA y la Subsecretaría AMBA del gobierno porteño. “Hay un núcleo duro de personas que no acceden a un empleo pleno; durante algunos años hubo mejoras que se pararon en 2007, y poscrisis de 2009 volvió a repuntar la situación, pero ahora parece que se encontró un techo en el índice de quienes tienen un empleo pleno de derechos”, analiza el sociólogo Agustín Salvia, coordinador de la encuesta de la UCA. Esta muestra, que tuvo su primera edición en 2004, revela que entre ese año y 2008 el porcentaje de activos con empleos plenos de derechos subió de 31 a 45,8%, para caer a menos de 40% en 2009 y repuntar en 2010, pero sin volver a los niveles previos. Ahora, lleva dos años en los que registró leves caídas. El análisis a fondo de los números del propio Indec también conducen a leer una situación crítica. Datos elaborados por el Ieral con los resultados de la EPH, revelan que del total de ocupaciones laborales, 45,7% es de baja calidad. Si se considera la tasa de desempleo, el escenario no es muy diferente al planteado por el centro de estudios privado.

Según Salvia, es posible estimar que al menos entre 7,3 millones de adultos que viven en zonas urbanas (si se toman datos de la EPH) y 8,4 millones (cuando se considera la encuesta de la UCA) “no acceden todavía a aun empleo pleno de derechos, aunque la situación es mucho mejor que la de 2003 y 2004”. El jueves pasado, el Congreso aprobó la iniciativa del Poder Ejecutivo que se propone reducir la informalidad en el grupo de los asalariados, básicamente con dos herramientas: un endurecimiento de las sanciones y una baja del costo laboral destinada principalmente a pequeñas unidades de producción. “El nuevo enfoque dado a las políticas económicas, sociales y laborales modificó de raíz la dinámica de exclusión y precarización del trabajo instalada en el país desde mediados de la década del 70”, reza uno de los fundamentos del proyecto de la presidenta Cristina Kirchner, en referencia a la última década. Pero el optimismo de esa frase queda frenado cuando el punto de partida para comparar la situación actual va más allá del momento de la gravísima crisis de inicio de siglo, que es siempre el elegido por el discurso del Gobierno. Según advierte el economista Claudio Lozano, la tasa de asalariados no registrados que hoy da el Indec es más alta que la relevada por el organismo oficial en la década del 90, cuando resultó, en promedio, de 32,6 por ciento. Por debajo de la región Las estadísticas regionales revelan que la mejora del índice de asalariados informales en la Argentina entre 2000 y 2010, fue de las más modestas en la región. Un informe del centro de estudios Cedlas, de la Universidad de La Plata, da cuenta de que hubo mejor evolución en Perú, Ecuador y Paraguay (que de todas formas siguen con una informalidad más elevada que la local) y en Brasil y Uruguay (países con índices más bajos). En la opinión de Lozano, para la alta informalidad hay razones de fondo no atacadas, que están en el esquema mismo del circuito de producción de la economía. “La Argentina tiene un espíritu evasor a flor de piel; no habría lugar para el empleo en negro si no existiera la economía en negro”, considera Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios sobre Población, Empleo y Desarrollo de la UBA, quien no cree que haya motivos para pensar que la nueva ley pueda tener buenos resultados en un contexto de crisis en el mercado laboral. “Llega bastante tarde la medida –dice Marcelo Capello, director del Ieral–. Se desaprovecharon contextos propicios de expansión económica y buenas relaciones de trabajo para modificar instituciones y leyes laborales.” Los resultados de la EPH del primer trimestre de este año que el Indec difundió el lunes último, admiten que no hubo creación de empleos. Si la tasa de desocupación cayó de 7,9 a 7,1% en el término de un año fue porque menos gente buscó trabajo, con lo cual se redujo la po-

Serio, pero no Solemne Juan Carlos de Pablo

Para qué regular algunos mercados si son competitivos En muchas intervenciones estatales, el remedio es peor que la enfermedad, dice Brozen

E

n la Argentina, gracias al “mercado”, hay más teléfonos celulares que habitantes. El senador Eugenio Justiniano “Nito” Artaza anunció que está presentando un proyecto de ley para

regular la actividad, para que el gobierno defienda a los usuarios dadas las tarifas que cobran los prestadores, la calidad del servicio, etc. Si la disposición se llega a aprobar, ¿los usuarios estarán mejor o peor

Un mercado laboral muy segmentado Situación de la población económicamente activa de 18 años y más. En porcentajes

CALIDAD DE EMPLEO

2004 2005

La mejora iniciada tras la salida de la crisis se detuvo en 2009. Persiste la situación en que más de la mitad de los trabajadores tiene problemas

17,8

15,1

15,6

2006

2007

12,8

12,4

13,3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,4

10,7

12,2

11,2

9,1

9,3

8,7

10,7

45,8

9,3

9

11,2

11,3

14,6

Desocupación Personas que buscan activamente un empleo y no lo encuentran

36,1

36

34,1

32,1

35,3

38,9

35,3

34,9

35,3

33,3

31

35,1

40,7

46,8

45,8

39,6

44,5

44,8

44

43,4

Subempleo inestable Personas que hacen changas o tienen trabajos sin continuidad y con ingresos bajos

Empleo precario Personas ocupadas en puestos sin aportes sociales, a veces sin continuidad

Empleo pleno de derechos Personas que tienen un trabajo asalariado registrado o actividad autónoma estable y con aportes

SITUACIÓN EDUCATIVA Y LABORAL DE LA POBLACIÓN POBRE TOTAL Segundos trimestres de 2003 y 2013

2003

Ocupado formal

Ocupado informal

Desocupado

Menor de 5 años de edad

Estudia No trabaja y no trabaja ni estudia 33,8

blación activa, que es la base para la medición del índice. Esa caída de la tasa de actividad podría esconder, advierten en el Ieral, un desempleo oculto de más de dos puntos (adicionales a la tasa actual), si se considera la hipótesis de que se deja de buscar empleo por el desaliento que provoca el no encontrar. Salvia cuenta que el comportamiento del empleo en blanco (hoy estancado y en algunos sectores, en caída) repercute en el sector informal, por ejemplo con un incremento de la tasa de subocupados inestables (algo que ocurrió en 2013). Ello, por una dinámica en la que los expulsados del circuito formal buscan alternativas para procurarse ingresos. A la vez, y sobre todo en un escenario de actividad en baja y alta inflación, los propios informales corren el riesgo de ser desplazados a zonas de mayor vulnerabilidad, dada la caída de ingresos disponibles en manos de quienes son los consumidores de sus bienes o servicios. La duración escasa de los empleos que suele afectar a ese segmento se refleja en el índice de “riesgo de desempleo”, que en 2013 subió de 24,1 a 26,1% según la encuesta de la Deuda Social. Se trata del porcentaje de ocupados que durante los 12 meses previos a la consulta estuvieron desocupados por algún tiempo.

^b^b^ Según el Barómetro de la Deuda Social de la UCA, la pobreza afecta a 27,5% de la población en la Argentina. La situación está muy ligada a la informalidad. Según un estudio del Ieral, en el total de hogares de más bajos recursos, de cada $ 10 de ingresos percibidos, $ 3 vienen del empleo formal; $ 3,5 de ocupaciones precarias; $ 2,5 de prestaciones sociales y previsionales y $ 1 de fuentes alternativas. Esa integración le quita al ingreso sostenibilidad en el tiempo.

^b^b^ El acceso al empleo pleno de derechos muestra fuertes diferencias según la situación social en la cual se vive. Según los datos de la UCA 2012, en el estrato socioeconómico muy bajo, sólo 12,4% de los trabajadores estaba en alguna ocupación formal y de calidad, mientras que en el segmento mejor posicionado de la sociedad, ese índice se elevaba a 71,8 por ciento. Un dato que surge de la encuesta es que en los sectores más desprotegidos ese índice es más inestable.

^b^b^ Los datos más recientes del mercado laboral difundidos por el Indec muestran una caída de la tasa de empleo (porcentaje de población total que trabaja). Según una estimación del economista Claudio Lozano, en el primer trimestre del año y con respecto al cuarto de 2013, se perdieron 286.463 puestos. Para el Ministerio de Trabajo, hay razones estacionales, como las vacaciones, que explican que el empleo se vea afectado en esos meses, principalmente en el sector informal.

Problemas en las provincias “Existen provincias donde más de un tercio de los trabajadores son del sector público, ya sea nacional, provincial o municipal, y en algunas, los ocupados privados formales no pasan el 20% del total; hay un modelo que no induce suficiente empleo privado productivo, que debería ser la base del crecimiento”, dice Capello. La provincia con mayor incidencia del empleo público es Santa Cruz (47% de los puestos), seguida por Río Negro (45%), La Rioja y Catamarca (37 por ciento). Para Lozano, el Estado ha mostrado ser parte de los empleadores que usan modalidades precarias de contratación, al utilizar formas de trabajo a plazo y no relaciones permanentes, algo que incluso abarca –afirma– a inspectores fiscales. Ese tipo de relaciones (alguien que debe facturar cuando en la práctica es un empleado dependiente, por ejemplo) marca un área gris en el mapa de la calidad del empleo. “Se identifican seis realidades –describe Daniel Arroyo, ex secretario de Políticas Sociales, hoy en el Frente Renovador–. Una es la del trabajo formal, donde mejor se sobrelleva la inflación; otro segmento es el trabajo semiformal, donde hay contratos que están en una zona gris o se declara en forma parcial la relación; una tercera realidad es el trabajo en negro y otra, la de los cuentapropistas; están quienes tienen planes sociales vinculados al trabajo, y por último, los desocupados.” Con la complejidad y la magnitud que tiene el tema, Arroyo opina que la propuesta del Gobierno para una regularización “está fuera de escala” aunque valora que la nueva ley reconozca la realidad diferente que tiene la microempresa. “Para los cuentapropistas, como medida para la formalización hoy existe el monotributo social; habría que hacer algo muy fuerte con créditos subsidiados”, afirma el ex funcionario. “No basta con pequeñas medidas”, plantea Salvia. Y señala la necesidad de tomar en cuenta los problemas estructurales que afectan a quienes están en el subempleo inestable. Por un lado, agrega, habría que pensar en políticas que den magnitud a estrategias de enlaces entre la economía informal y la formal. Por el otro, se podrían incentivar los puestos de cercanía para la población con mayores problemas de acceso al empleo productivo; serían empleos de servicios sociales en barrios y requerirían de una vinculación, prevista ya en algunos casos, con los planes sociales. ß

que ahora? Para saber más sobre esto entrevisté al norteamericano Yale Brozen (1917–1998), uno de los principales expertos en leyes antimonopólicas. Impulsó a Thomas Gale Moore a realizar un exhaustivo análisis de la regulación en el servicio de transporte por camiones, que le sirvió a Herbert Stein, presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Richard Milhous Nixon, para desregular la actividad. Tiempo después se desreguló el servicio aéreo, tarea encarada por Alfred Edward Kahn e inicialmente aprovechada por el inglés Frederick Alfred Laker, pionero de los vuelos chárter. Un pasaje aéreo a Nueva York cuesta hoy en dólares aproximadamente lo mismo que hace medio siglo, a pesar de que los precios en Estados Unidos aumentaron por lo menos 5 veces. –La pasión por regular, ¿es patrimonio exclusivo de los políticos argentinos? –No. Alan Greenspan recoge en sus

memorias la siguiente aguda observación de Martin Feldstein, que viene a cuento: “En la India los teléfonos celulares se consiguen fácilmente y a bajo costo, porque como son considerados un bien de lujo se deja en manos del mercado; en cambio es difícil conseguir electricidad porque como es considerada una necesidad está administrada por el Estado”. –¿Nunca hay que regular nada? –Que los recursos son escasos y tienen usos alternativos, no sólo se refiere a que con la misma cantidad de cemento se pueden construir casas, piscinas, diques o cárceles, sino también a la energía de los dirigentes políticos y los funcionarios. A mediados del siglo XX se pensaba que el Estado debía proveer defensa, seguridad, educación y salud. Con el correr del tiempo les fueron encargando a los funcionarios que se ocuparan de muchísimas otras cosas más, como consecuencia de lo cual dejaron de proveer de manera razonable... todo.

–Pero la telefonía celular no se ofrece bajo condiciones de competencia perfecta. –El de competencia perfecta es un caso límite, que los economistas utilizamos como los físicos utilizan el modelo donde no existen fricciones. Así como no conozco a ningún físico que utilice ese modelo para proyectar la velocidad con la cual desciende un avión, no conozco a ningún economista que base sus recomendaciones en base al caso de competencia perfecta. –¿Cuál es la cuestión? –La cuestión es por qué el servicio de telefonía celular se ofrece a ciertos precios y calidades, en vez de a precios inferiores y a calidades superiores. Si se debe a alguna regulación existente, que se la revise y mejore la competencia; si tiene que ver con miedo a la inversión en equipos, la regulación no genera credibilidad; si tiene que ver con el cambio tecnológico, en un sector tan dinámico como el de la telefonía celular, no depende del Estado.

–¿Por qué es tan tajante? –La cuestión de la regulación y la desregulación es idiosincrática. Quizás haya países donde las regulaciones se circunscriben a lo estrictamente necesario, y los funcionarios no ceden a las tentaciones que les plantean los oferentes afectados por ellas. La Argentina está lejos de una cosa y la otra. Ustedes aprueban regulaciones con gran generosidad y luego hay que reparar los excesos negociando con el funcionario encargado de custodiarlas, quien naturalmente cobra por el servicio. –¿Su consejo? –Concentren las energías de los legisladores y de los funcionarios en aquellos sectores donde el “mercado falla”. Si el Estado desde el primer momento hubiera intervenido en el mercado de los teléfonos celulares, muy probablemente el servicio se prestaría de manera mucho más cara y por consiguiente sería mucho más exclusivo de lo que es. –Don Yale, muchas gracias.ß

2013

En la década cayó la desocupación, pero no mejoró la calidad del empleo; más personas pudieron estudiar sin trabajar, pero eso no impidió un crecimiento de la tasa de los que no estudian ni trabajan

29,5

20,7

6,3

19,5

14

13,2

5

12,3

20,9 18,4

6,3

TASAS DE EMPLEO SIN APORTES

TASA DE ASALARIADOS SIN APORTES JUBILATORIOS

SITUACIÓN LABORAL Y EDUCATIVA DE LOS JÓVENES

Jurisdicciones con mayor problema. En porcentaje

Las cifras corresponden a períodos históricos, estimados por lapsos de tiempo que no son iguales

Población de 18 a 24 años. En porcentaje

Santiago del Estero 63,7

Formosa 63

Informalidad promedio (%)

Período

29,9 Sólo estudia

0 1991-1999

(1.459.000 personas)

32,6

25,4 Empleo de baja calidad

Salta 59,7

2000-2001

(1.243.000 personas)

37,7

Chaco 58,9

2002

18,1

43,7

Empleo formal

(885.000 personas)

Tucumán 56,7

2003-2006

45,7

11,3

Situación en área metropolitana

Provincia de Bs. As. 41,6

Desocupado

(551.000 personas)

2007-2013

35,7

15,3

Ciudad de Bs. As.

No estudian ni trabajan (748.000 personas)

26,2

Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA, Ieral e Instituto Pensamiento y Políticas Públicas / LA NACION

Un problema fuertemente ligado a la pobreza