NOTA DE TAPA

Domingo 1º de marzo de 2009

C ONSECUENCIAS

I

3

DE LA ESTATIZACIÓN

FOTOS DE ANDREA KNIGTH

La sede de Profesión + Auge, en Paraná 666, está cerrada con rejas

Poco queda de la AFJP Prorrenta, que tenía su sede en Sarmiento 811

Las AFJP se extinguen en silencio Ya no queda casi nada de las compañías, que tenían 4 millones de aportantes; varias de ellas reorientaron sus negocios al seguro LUJAN SCARPINELLI LA NACION La luz se refleja sobre los cuatro pisos de ventanas espejadas; en el frente, se conserva la impronta de lo que hace sólo dos meses era una compañía que administraba cerca de $ 1700 millones. Junto a la puerta hay un cartel: “Empresa en liquidación. No se atiende al público”. Adentro, dos mujeres hacen cálculos sobre el mostrador de recepción. Dos meses después de la sorpresiva eliminación de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), ya no hay nadie a quien recibir. En este edificio, ubicado en la calle Paraná 666, donde funcionaba Profesión + Auge, la actividad se extinguió en diciembre. No hay empleados, jubilados, aportantes ni beneficiarios. Apenas, custodios. Lo demás son salones vacíos y documentos embalados que esperan ser trasladados a la actual administradora: la Anses. Desde la aprobación de la ley que

La estatización estableció también el traspaso de un porcentaje de los 14.000 empleados de las AFJP al Estado dispuso la eliminación del régimen de capitalización, las AFJP se disolvieron. La readaptación, en general, se orientó hacia el mercado de seguros de vida y de riesgos de trabajo. Otras no tuvieron más que cerrar sus puertas y dedicarse a las tareas administrativas que demanda su desaparición, como hacen por estos días. Mientras tanto, los inmuebles esperan el remate. En una recorrida por distintas sucursales del centro porteño, LA NACION pudo atestiguar la situación en la que quedaron las compañías. Las 30 sillas vacías en la planta baja del edificio de Orígenes, los boxes deshabitados,

los escritorios limpios, los monitores apagados, los teléfonos callados. Como una imagen del cine hollywoodense en la que un temporal ahuyentó a todos. Algo similar ocurre en la ex sede de Unidos, en Sarmiento y 25 de Mayo, donde los 10 empleados que quedan ingresan por una puerta lateral. En la entrada que está sobre la ochava, un cartel informa al público sobre la fecha de cierre, como si fuera el día de defunción: “9-12-08” La ley de traspaso de fondos a la Anses estableció también el traspaso de un porcentaje de los 14.000 ex empleados de las administradoras al Estado, con el mismo salario que percibían en el sector privado. El pase preveía una indemnización. Y para quienes no aceptaran el cambio, se ofrecieron también planes de retiro voluntario. El aparato estatal se nutrió de una fuerza de mano de obra renovada. Desde el 20 de noviembre hasta el 17 de este mes, fueron 5246 los empleados que se desvincularon de las AFJP. Los reubicados suman 4605. La cifra

surge de la suma de los despidos con motivo del traspaso, restando a 169 trabajadores aún no asignados, y 69 que no aceptaron el nuevo puesto laboral. La AFIP recibió 1941 empleados; la Anses absorbió 1551 y el PAMI, 1007. En la AFIP, los nuevos empleados fiscalizarán la ley de moratoria y blanqueo de trabajadores, impulsada por el Gobierno como medida ante la crisis. La herencia de recursos humanos obligó al Estado a alquilar espacios a las administradoras. Uno de ellos son los dos pisos de Sarmiento al 732 que renta a Consolidar. Allí, según informaron a LA NACION desde la empresa, todo se mantiene igual, con la gran excepción de que ya no es una empresa privada, sino pública. En Arauca Bit, la AFJP del grupo OSDE, también dijeron alquilarle un inmueble a la Anses. La empresa mantuvo un 80% de los 600 trabajadores de la ex AFJP en otras áreas. De los 2600 de la plantilla de Consolidar, 1300 empleados decidieron dejar el sector privado,

Pocos amparos por la estatización No hay reclamos masivos en la Justicia por el pase de los fondos de las AFJP al Estado Se comenta en los pasillos de tribunales que los amparos en curso en los juzgados contra la ley de eliminación de las AFJP rondan los 500, aunque quedan otros centenares sin sortear, por lo cual la cifra se elevaría, al menos en 300. El dato, más bajo de lo esperado, sorprende. Y más aún al contraponerlo con la litigiosidad que crece por temas de movilidad. La conclusión fue unánime entre los consultados por LA NACION: remar contra la ley, para evitar el traspaso de fondos, es una acción judicial con pocas posibilidades. En todo caso, la esperanza está para aquellos que realizaron aportes voluntarios. En los amparos se reclama la violación de la propiedad privada. Algunos aducen la existencia de un daño, aunque esto no es del todo comprobable, dado que el traspaso de los fondos puede resultar en un haber estatal mayor al de la AFJP. Numerosos estudios decidieron no presentar amparos porque

Una vida intensa, pero muy corta La vida de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) fue corta, pero intensa. Todo se inició en medio de una fuerte polémica, en 1994, con la sanción de la ley que creó el régimen de jubilación privada. Inmediatamente, las administradoras se convirtieron en estrellas del mundo empresarial local. Fragmentos de esa ley votada en 1994 se repiten por los portales de las extintas AFJP. Casi sin excepción, se remiten las consultas al 0-800 de la Anses.

Unos pocos resabios También en el mundo virtual quedan los resabios del sistema previsional privado, que ostentaba unos 9,5 millones de afiliados y alrededor de cuatro millones de aportantes. Las 10 compañías que operaban en el país administraban un caudal de 74.000 millones de pesos, en mayor parte, en títulos públicos y otras colocaciones. Ese monto fue traspasado a la Anses, que tendrá un flujo anual de aportes de 15.000 millones de pesos. Desde la estatización de los fondos, la Anses se convirtió en la fuente de financiación de los planes oficiales para paliar los efectos de la crisis internacional.

van a ir por juicios ordinarios, para pedir que, ante determinadas contingencias, se resguarden derechos sobre los saldos acumulados. “No se puede decir que hubo una catarata de amparos; al contrario, el Gobierno debe de estar contentísimo, porque de cuatro millones de aportantes, sólo suman 500 amparos. Creo que hay una resignación por parte de la gente, pero tampoco es seguro que a los que iniciaron un amparo se les vaya a devolver el dinero. No se les puede decir que gasten a cuenta”, afirmó Guillermo Jáuregui, especialista en la materia y contador. Adrián Troccoli, del estudio Sobral Troccoli, precisó: “La mayoría de los amparos presentados son para solicitar que no se traspasen los fondos a la Anses”, algo que considera “papel para el fuego”, ya que cree improbable que la Justicia lo vaya a frenar por “no haber daño alguno por parte del Estado”. Y mucho menos si se solici-

ta que los fondos sean administrados por una compañía de seguros de retiro, en la que se percibiría una menor jubilación. Tampoco María del Carmen Besteiro, directora del posgrado sobre seguridad social en la UCES, piensa que los amparos contra la ley prosperen. “No hay una verdadera propiedad privada de los fondos de aportes, sino una pertenencia de fondo que se va entregando de a partes, y éstos están orientados a cubrir o financiar prestaciones previsionales. Es decir, en el traspaso, el Estado no resta derecho, sino que lo reconoce de otra manera. Tanto capitalización como reparto son herramientas que sirven a un fin”.

Aportes voluntarios Las posibilidades están, en todo caso, en el costado de los aportes voluntarios, en los que, según coinciden, se puede trabar la disposición oficial. La semana pasada, un fallo hizo lugar a una medida cautelar y los fondos

quedaron en un plazo fijo a nombre del juzgado, hasta que la Justicia se expida sobre lo que sucederá con estos aportes en general. Graciela Stasevich, abogada que trabajó en el caso Badaro –que dispuso que los haberes deben ajustarse desde enero de 2002 según el índice de salarios–, dijo a LA NACION que aún no presentó ningún recurso contra la ley. La recomendación a sus clientes es que tengan prudencia y esperen a que se compruebe un daño, ya que sólo se puede reclamar por un perjuicio. Otro tema espinoso es el de las herencias. “En este punto, hay chances; por ejemplo, el caso de un soltero con una enfermedad que tenía un retiro programado y un fondo de un millón de pesos, y que deseaba dejar la herencia a sus padres. En el sistema de reparto lo perdería, pero su voluntad es manifiesta”. Indicó que también debería respetarse la opción elegida por un fallecido, antes de la sanción de la ley.

La herencia de recursos humanos obligó al Estado a alquilar espacios a las administradoras según contó Paula Morera, que solía ser vocera de la empresa. En Profesión + Auge sólo 30 personas de cargos jerárquicos de los 380 empleados quedaron al margen del traspaso. “Ahora van a tener que buscar trabajo por sus propios medios”, dijo Pablo Salpeter, antes encargado de legales de la AFJP y ahora inspector de la AFIP. “Hay buena voluntad de integrarnos, pero nuestro trabajo será en la calle porque no hay computadoras, no hay teléfonos y, a duras penas, hay sillas”, comentó Salpeter. Los 1200 ex empleados de Nación AFJP prestarán servicios en las fir-

mas de seguros, venta de servicios y fideicomisos, todas respaldadas por el Banco Nación. Sin dar demasiadas precisiones, fuentes de la empresa detallaron que 180 trabajadores decidieron seguir su carrera en la Anses. Consolidar, del grupo español BBVA, ofrece ahora seguros de vida y de riesgos de trabajo. En la sede de Independencia, dos boxes atendían al público constituido por una mujer en la tarde del jueves, cuando LA NACION pasó por allí. “Hicimos una nueva ingeniería en la operatoria interna porque muchas áreas desaparecieron. Además, rehicimos el plan anual que habíamos enviado a España en septiembre. Cerramos sucursales y montamos una capacitación para quienes pasaron a la red de ventas”, relató Morera. También MetLife se concentró en sus ya existentes firmas del mercado de seguros, al igual que Orígenes, controlado por ING, Máxima y Nación. El grupo Unidos, la única AFJP con sede en el interior, busca proyectar nuevos negocios.