ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
LA CONSTITUCIÓN DE 1917: LA MUJER Y SU APORTACIÓN EN EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE Margarita Gómez Juárez Miguel Ángel Reyes Rives
La Constitución de 1917: la mujer y su aportación en el desarrollo rural sustentable
México, julio de 2017 La Constitución de 1917: la mujer y su aportación en el desarrollo rural sustentable Margarita Gómez Juárez y Miguel Ángel Reyes Rives D.R. © Honorable Cámara de Diputados LXIII Legislatura / Congreso de la Unión Av. Congreso de la Unión, núm. 66 Col. El Parque, 15960 México, D.F. ISBN 978-607-8501-40-3 Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria Responsable de la Subdirección de Difusión Editorial del cedrssa Gladis Martha Adriana Ugalde Vitelly Supervisión técnica de la edición Irma Leticia Valera Jaso Corrección de estilo Miguel Carranza Formación de portada e interiores Alejandro Romero Cuidado de la edición Nayeli Amaya Diseño de la colección Kinética / Irma Leticia Valera Jaso Diseño de la portada de la colección Kinética Fotografía de la portada Martha Cruz Ramírez, fotografía de Ernesto Perea; Granja de tilapia, fotografía de Conapesca. Toda reproducción de imágenes de monumentos arqueológicos, históricos y artísticos y zonas de dichos monumentos está regulada por la Ley y su Reglamento, por lo que deberán de tramitar ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia el permiso correspondiente. Las opiniones y conclusiones vertidas en esta publicación son responsabilidad exclusivamente de los autores y no representan necesariamente la opinión del cedrssa . Impreso en México / Printed in Mexico
La Constitución de 1917: la mujer y su aportación en el desarrollo rural sustentable
Margarita Gómez Juárez Miguel Ángel Reyes Rives
Colección: Estudios e Investigaciones
y la
Centro de E studios para el Desarrollo Rural Sustentable S oberanía A limentaria . C ámara de Diputados, LXIII L egislatura México, 2017
C ámara de D iputados LXIII L egislatura Mesa Directiva Presidenta: María Guadalupe Murguía Gutiérrez Vicepresidentes: Edmundo Javier Bolaños Aguilar, Gloria Himelda Félix Niebla, Jerónimo Alejandro Ojeda Anguiano, Sharon María Teresa Cuenca Ayala Secretarios: Raúl Domínguez Rex, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Isaura Ivanova Pool Pech, Andrés Fernández del Valle Laisequilla, Ernestina Godoy Ramos, Verónica Delgadillo García, María Eugenia Ocampo Bedolla, Ana Guadalupe Perea Santos
Junta de Coordinación Política Presidente: Francisco Martínez Neri Coordinadores: César Octavio Camacho Quiroz, Marko Antonio Cortés Mendoza, Jesús Sesma Suárez, Norma Rocío Nahle García, José Clemente Castañeda Hoeflich, Luis Alfredo Valles Mendoza, Alejandro González Murillo
Cuerpo Administrativo de la H. Cámara de Diputados Secretario general: Mauricio Farah Gebara Secretario de Servicios Parlamentarios: Juan Carlos Delgadillo Salas Secretario de Servicios Admnistrativos y Financieros: Carlos Alfredo Olson San Vicente
Comité del CEDRSSA Presidente: José Hugo Cabrera Ruiz Secretarios: Delia Guerrero Coronado, Lilia Arminda García Escobar, Elio Bocanegra Ruiz Integrantes: Iveth Bernal Casique, Adriana Elizarraraz Sandoval, Hugo Daniel Gaeta Esparza, Óscar García Barrón, Cynthia Gissel García Soberanes, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, María Eugenia Ocampo Bedolla, Elías Ojeda Aquino, Gerardo Federico Salas Díaz, Salvador Zamora Zamora
Centro de E studios para el D esarrollo R ural S ustentable y la S oberanía A limentaria Director general: Héctor Hugo Olivares V.
Índice
Prólogo
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Evolución histórica en los procesos de incorporación de las mujeres
13
El caso mexicano
29
La Constitución y los derechos de las mujeres
33
La perspectiva de género y el desarrollo rural sustentable
41
Proyectos regionales en el desarrollo rural sustentable
47
Conclusiones
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Bibliografía
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Prólogo
El marco conmemorativo del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, brinda la oportunidad de referirse a las reformas constitucionales reivindicativas de los derechos de igualdad y no discriminación de la mujer, para interpretar los avances y estrategias que favorecen su participación en el proceso de transición al desarrollo rural sustentable, integral e incluyente, como uno de los valores políticos fundamentales. En el presente ensayo se reconoce la importancia del valor económico, social y de subsistencia del trabajo agrícola no remunerado que realizan las mujeres rurales y campesinas; se plantea la necesidad de visibilizar su trabajo y ejecutar políticas gubernamentales que fortalezcan su capacidad autogestiva en las actividades productivas y cambios cualitativos en su calidad de vida. A escala mundial, las mujeres representan 50.1 por ciento de la población; mientras que en México alcanzan 50.3 por ciento de la población total. Estas cifras simbolizan un bono de productividad en materia de género, indispensable para el crecimiento económico mundial; por ello, uno de los retos que tiene nuestro país es consolidar la perspectiva de género en los programas de sustentabilidad y dentro del marco constitucional. En México, la mujer desempeña un papel fundamental en la gestión, conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), las mujeres son las principales productoras agrícolas y clave en el sostenimiento de la seguridad alimentaria de los países; también son quienes realizan los mayores esfuerzos y quienes menos ingresos perciben; 38 por ciento de las mujeres carece de ingreso.
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Por ello es necesario orientar las acciones de gobierno hacia la construcción del desarrollo rural sustentable a partir del reconocimiento de las diferencias de género. En lo político, como recuerda la investigadora Rosa María Álvarez, en el siglo xix hubo muchas “publicaciones de asociaciones de mujeres que continuamente estuvieron pidiendo la inclusión en el espacio público de la mujer mexicana, y fuimos de los últimos países en Latinoamérica en darle el derecho al voto a las mujeres que fue hasta la reforma constitucional de 1953” (Álvarez, 2001). En 1947 se aprobó la reforma al artículo 115 de la Constitución, en el que se reconoce el derecho de la mujer a votar y ser votada únicamente en las elecciones municipales, para finalmente dotarla de ciudadanía plena por reforma constitucional de 1953 a los artículos 34 y 115. Aunque no todo estaba perdido, porque estableció “todo un capítulo de protección a las mujeres trabajadoras, de que fueran protegidas en la maternidad, en el parto, en el posparto; establecerles como apoyo las guarderías”, lo que, acota la investigadora, “desafortunadamente no ha funcionado”. Los artículos 27 y 123 constitucionales, al referirse a los derechos de los campesinos, establecen de manera indirecta derechos que habrían mejorado la vida de las mujeres trabajadoras a través de la inclusión del concepto “patrimonio de familia”, que protegía la vivienda de los trabajadores, la parcela y los enseres de trabajo; los cuales no se podían embargar ni vender, salvo en los casos en que los miembros de la familia estuvieran de acuerdo. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (ldrs, 2016), reglamentaria de la fracción xx del artículo 27 constitucional, establece en su artículo tercero: “el mejoramiento integral del bienestar social de la población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera de los núcleos considerados urbanos de acuerdo con las disposiciones aplicables, asegurando la conservación permanente de los recursos naturales, la biodiversidad y los servicios ambientales de dicho territorio”. Es importante destacar que dentro de esta ley se inscribe como parte importante la equidad de género en el medio rural, el artículo 6° señala que: “tendrán carácter prioritario las acciones que el Estado, a través de
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los tres órdenes de gobierno y en los términos de las leyes aplicables, realice en el medio rural. Dichas acciones, se efectuarán bajo los criterios de equidad social y de género, integralidad, productividad y sustentabilidad, podrán participar los sectores social y privado” (ldrs, 2016). De igual manera, el artículo 15 de la ldrs establece que el Programa Especial Concurrente fomente acciones en materia de alimentación, agua, salud, educación, seguridad social, planeación familiar, laboral, en la vida cultural, vivienda digna y adecuada para el desarrollo rural sustentable, así como la equidad de género, la protección de la familia, el impulso a los programas de los jóvenes, la protección de los grupos vulnerables, en especial niños, discapacitados, personas con enfermedades terminales y de la tercera edad que viven en las comunidades rurales. Este ensayo pretende analizar, desde un enfoque de género, la importancia que tienen las mujeres en los procesos y acciones de desarrollo rural sustentable en el marco jurídico constitucional y de las leyes secundarias establecidas en México en este sentido.
Evolución histórica en los procesos de incorporación de las mujeres
En el transcurso del tiempo se ha registrado una constante desigualdad de las mujeres, en especial de la mujer rural. No obstante que las mujeres han contribuido en los distintos movimientos sociales, en la búsqueda de igualdad de oportunidades y de los derechos que les permitieran la incorporación a una sociedad más abierta y con menos prejuicios en contextos de igualdad, en aras de una justicia plena y expedita. En México se vive una evolución histórica en los procesos de incorporación de las mujeres en distintos ámbitos, por ello es preciso señalar en una línea del tiempo los principales acontecimientos ocurridos en el país.
1826
En Zacatecas aparece El Abanico, primera revista feminista.
1870
Matilde Montoya fue la primera mujer universitaria: inició estudios de obstetricia en la Escuela Nacional de Obstetricia de la Universidad Nacional.
18841887
En la revista femenina Violetas del Anáhuac, fundada y dirigida por Laureana Wright González y escrita solamente por mujeres, se planteó la demanda del sufragio para la mujer y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.
1886
Sin asistir a la universidad, Margarita Chorné y Salazar consiguió el mérito de ser la primera mujer titulada en una profesión independiente en América Latina. Adquirió su título profesional en la Facultad de Medicina, luego de que un cirujano dentista avalara sus conocimientos y prácticas suficientes en dentistería para realizar su examen profesional y obtener su certificación.
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1910
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Diversas asociaciones feministas se unieron a Madero, entre ellas el Club Femenil Antirreeleccionista “Hijas de Cuauhtémoc”. Poco tiempo después, las integrantes del Club protestan por el fraude en las elecciones y demandan la participación política de las mujeres mexicanas. Dolores Jiménez y Muro funda “Regeneración y Concordia”, organización Pro Derechos de la Mujer. Las sufragistas mexicanas solicitan a Emilio Vázquez Gómez se les otorgue el voto.
1916
Primer Congreso Feminista (13 de enero) impulsado por el general Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán; las organizadoras fueron Consuelo Zavala, Dominga Canto, Adolfina Valencia de Ávila, María Luisa Flota, Beatriz Peniche, Amalia Gómez, Piedad Carrillo Gil, Isolina Pérez Castillo, Elena Osorio, Fidelia González, Candelaria Villanueva, Lucrecia Badillo, Adriana Badillo, Rosina Magaña y Consuelo Andrade. Uno de los principales acuerdos a los que se llegó en este Primer Congreso Feminista fue demandar que se otorgará el voto ciudadano a las mujeres. En Chiapas, Yucatán y Tabasco se conquista la igualdad jurídica de las mujeres para votar y ser elegidas en puestos públicos de elección popular.
1917
Posterior a la promulgación de la Constitución Política de 1917, en abril de ese mismo año se expidió la Ley de Relaciones Familiares, según la cual los hombres y las mujeres tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar. Hermila Galindo lanza su candidatura para diputada por el V distrito electoral de la ciudad de México. Aun cuando la Constitución de 1917 no negó la ciudadanía a las mujeres y en consecuencia el derecho a votar y ser elegidas, tampoco se les otorgó el voto expresamente.
1922
Durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto en el estado de Yucatán (1922-1924), se produjeron importantes avances en la lucha por los derechos de las mujeres a través de la creación de las ligas feministas, que tenían por objeto ser autogestoras del mejoramiento de la situación de la mujer en todos los aspectos, reconociéndose el derecho de las mujeres a participar en elecciones municipales y estatales.
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También durante este periodo se produjo un gran escándalo en el ámbito nacional al intentar introducir temas relativos a la educación sexual y la planificación familiar, por lo que fue instaurado desde entonces el 10 de mayo como el “Día de las Madres” para contrarrestar dicho escándalo. 1923
Del 20 al 30 de mayo, la sección mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso Nacional Feminista, que se reunió en la ciudad de México con la asistencia de cien delegadas. Sus principales conclusiones en lo político buscaron impulsar la igualdad civil para que la mujer pudiera ser elegible en los ayuntamientos (en ese momento, los ayuntamientos eran cargos administrativos no políticos), así como el decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de agrupaciones sociales. Como consecuencia del Congreso Nacional Feminista, el 13 de julio de ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres que supieran leer y escribir tomar parte en los procesos electorales municipales y estatales. En Yucatán, unos meses antes, Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cicero figuraban como candidatas a diputadas al Congreso del estado de Yucatán. Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputada al Congreso local por el V distrito, el 18 de noviembre de 1923. Sin embargo, después de desempeñar su cargo por dos años renunció debido a las amenazas de muerte que recibió. En Mérida, Rosa Torres es la primera mujer presidenta municipal.
1925
La legislatura del estado de Chiapas concedió a la mujer, de los 18 años en adelante y en todo el territorio de la entidad, los mismos derechos políticos del hombre.
1928
Siendo presidente Plutarco Elías Calles se redactó un nuevo Código Civil, en el que se dispuso que “...la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos; y que al llegar a la mayoría de edad tiene la libre disposición de su persona y sus bienes, estando capacitada para celebrar toda clase de contratos”.
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Elvia Carrillo Puerto cambia su residencia a San Luis Potosí y es elegida al obtener la mayoría de votos, pero el Colegio Electoral no reconoció su triunfo. El Código Civil del Distrito Federal establece el divorcio por consentimiento mutuo y otorga la patria potestad sobre las hijas e hijos a la esposa. Se eliminan las diferencias jurídicas entre los hijos legítimos y los naturales, y se establece que toda descendencia de la pareja nacida dentro o fuera del matrimonio goza de los mismos derechos. 1929
Surgen nuevas asociaciones de mujeres, cuyo principal objetivo es obtener los derechos políticos plenos: el Partido Feminista Revolucionario y el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias.
1931
Se promulga la Ley Federal del Trabajo donde se protegió a las mujeres de los trabajos pesados y peligrosos en la etapa del embarazo.
1934
Durante la campaña presidencial del general Lázaro Cárdenas se conforma el Frente de Mujeres Mexicanas.
1935
Por primera vez las mujeres participan en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario ( pnr). El Frente Único Pro Derechos de la Mujer reúne a 800 agrupaciones femeninas de todo el país y de diversas posturas ideológicas que comparten un mismo objetivo: conquistar el derecho a votar y ser elegidas.
1936
En Veracruz dos mujeres lanzan su candidatura para diputadas locales: María Tinoco y Enriqueta L. de Pulgarín. El registro fue aceptado por el Departamento Electoral Nacional, pues la Ley Electoral no incluía ningún capítulo sobre las mujeres.
1937
El presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtengan la ciudadanía.
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1938
El Frente Único Pro Derechos de la Mujer decide incorporarse al pnr , considerando que bien valía perder la autonomía en aras de hacer ver a los opositores del movimiento feminista que no eran “ni mochas ni comunistas y que su lealtad estaba con la revolución”. Aurora Meza Andraca se convierte en la primera presidenta municipal en Chilpancingo, Guerrero.
1946
El 24 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó al artículo 115 constitucional que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. Entrando en vigor el 12 de febrero del siguiente año.
1947
A partir de la reforma del artículo 115 de la Constitución, se conquistó el derecho a las mujeres a votar y ser votadas en los procesos electorales municipales a nivel nacional. En Aguascalientes, María del Carmen Martín del Campo se convierte en la primera presidenta municipal de esa ciudad. En el Distrito Federal, Aurora Fernández es nombrada delegada de Milpa Alta y Guadalupe I. Ramírez de Xochimilco.
1952
Adolfo Ruiz Cortines prometió, ante 20 mil mujeres asistentes a un mitin de campaña, la ciudadanía sin restricciones para las mujeres.
1953
El 17 de octubre se publicó en el Diario Oficial el nuevo texto del artículo 34 constitucional: “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir”. Se gana el derecho de votar y de ser candidatas en las elecciones nacionales, obteniendo el sufragio universal.
1954
En el Congreso de la Unión, Aurora Jiménez de Palacios es la primera diputada federal.
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1955
En las elecciones del 3 de julio las mujeres acuden a emitir su voto a las urnas, para elegir diputados federales a la xliii Legislatura.
1959
En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cristina Salmorán de Tamayo es la primera ministra.
1964
El Congreso de la Unión: María Lavalle Urbina y Alicia Arrellano Tapia son las primeras senadoras.
1969
Durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, es publicado el decreto por el cual se otorga la ciudadanía a los jóvenes mexicanos al cumplir los 18 años. Antes la ciudadanía se obtenía hasta los 21 años.
1970
La Ley Federal del Trabajo regula las relaciones laborales a que se refiera el apartado “A” del artículo 123 constitucional, en donde se establece que dicha ley debe aplicarse indistintamente para los trabajadores y trabajadoras.
1974
El Movimiento Nacional de Mujeres organiza reuniones para estudiar la legislación mexicana, y el sexismo en los libros de textos gratuitos.
1975
Se lleva a cabo en la Ciudad de México la Conferencia de la onu del Año Internacional de la Mujer. La Conferencia aprueba la Declaración y un plan de acción gubernamental amplio en torno a los ejes de igualdad, desarrollo y paz.
1979
Una gubernatura de estado: Griselda Álvarez Ponce de León en Colima.
1981
Un ministerio o secretaría de Estado: Rosa Luz Alegría, Secretaria de Turismo.
1988
Rosario Ibarra de Piedra se postula como candidata a la presidencia.
Se establece el Programa Nacional de Mujeres en Solidaridad, con el propósito de aumentar los ingresos de las mujeres en pobreza.
1989
Se conforman las primeras agencias especializadas en delitos sexuales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal y se establece una instancia del Ministerio Público para la atención de delitos sexuales.
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1998
La Cámara de Senadores fue presidida por María de Los Ángeles Moreno.
2001
Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) como la instancia rectora del quehacer del Estado mexicano en materia de igualdad.
2002
El 25 de junio se publica en el Diario Oficial de la Federación las reformas al Cofipe, donde se obliga a los partidos políticos a inscribir por lo menos el 30 por ciento de las candidaturas femeninas en las listas a puestos de elección popular en calidad de propietarias; además de asegurar en las listas plurinominales una mujer por cada tres hombres.
2006
Se publica la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres.
2007
En el mes de febrero se aprueba por decreto presidencial la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En abril se aprueba la Ley de interrupción del embarazo en el Distrito Federal.
2008
Ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas.
2009
Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
2011
La reforma modifica los artículos 1, 5, 17, 33, 34, 37, 40 y 42 de la Ley general para la igualdad entre mujeres y hombres: se incorpora la obligación del Estado a implementar medidas a favor de la conciliación del trabajo, de la vida personal, y de la corresponsabilidad en las tareas del hogar.
2012
Reforma laboral de la Ley Federal del Trabajo, donde se prohíbe la discriminación por género, el hostigamiento o acoso sexual y la práctica de exigir certificados de ingravidez. Se establece que las mujeres puedan distribuir las semanas de descanso pre y postnatal y reducir en una hora la jornada en los periodos de lactancia; se otorgan licencias de paternidad con goce de sueldo.
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Se define el concepto de “Trabajadores del campo”, y se clasifican como permanentes, eventuales o estacionales; se establecen obligaciones para los patrones, expedir constancias de labores y percepciones a los trabajadores eventuales al final de la temporada, establecer el pago proporcional de prestaciones devengadas al final de cada temporada, proporcionar en forma gratuita a los trabajadores transporte desde las zonas habitacionales hasta los lugares de trabajo, utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen español. 2014
La reforma político-electoral en el artículo 41 constitucional, “para garantizar la paridad entre géneros en candidaturas a legisladores federales y locales”.
Fuente: , .
Los años han pasado inexorables. Los movimientos sociales dentro y fuera del país contagiaron de ánimo, valor, conciencia y convencimiento pleno a las mexicanas en su lucha. Es ahí donde surge la figura señera, “la mujer rural”: indefensa, decidida y reconociendo su vulnerabilidad; combativa y jugando un importante rol frente al fenómeno de la migración; cabeza de familia y responsable directa de la alimentación y educación de sus hijos; resguardante fiel de la tierra.
Mujeres campesinas, ca. 1908, Fondo C.B. Waite/W. Scott. © (120780) Secretaría de Cultura, inah, Sinafo, Fototeca Nacional, México. Reprodución autorizada por el inah.
Club femenil antirreeleccionista “Hijas de Cuauhtémoc”, 1911, Fondo Archivo Casasola. © (5966) Secretaría de Cultura, inah, Sinafo, Fototeca Nacional, México. Reprodución autorizada por el inah.
Mitin de mujeres campesinas, ca. 1920, Fondo Archivo Casasola. © (5951) Secretaría de Cultura, inah, Sinafo, Fototeca Nacional, México. Reprodución autorizada por el inah.
Mujeres de la Casa del Obrero Mundial manifestándose por la iguladad civil y política, ca. 1924, Fondo Archivo Casasola. © (5884) Secretaría de Cultura, inah, Sinafo, Fototeca Nacional, México. Reprodución autorizada por el inah.
Mujeres exigiendo por sus derechos civiles, 1939, Fondo Archivo Casasola. © (230235) Secretaría de Cultura, inah, Sinafo, Fototeca Nacional, México. Reprodución autorizada por el inah.
Por el voto femenino, ca. 1934-1940, Fondo Archivo Casasola. © (49494) Secretaría de Cultura, inah, Sinafo, Fototeca Nacional, México. Reprodución autorizada por el inah.
Mujeres emiten su voto, ca. 1952-1958, Fondo Archivo Casasola. © (68637) Secretaría de Cultura, inah, Sinafo, Fototeca Nacional, México. Reprodución autorizada por el inah.
El caso mexicano
De acuerdo con el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), “Las mujeres en el México rural”, existen aproximadamente 14 millones de mujeres que habitan localidades rurales; 21 por ciento de ellas no sabe leer ni escribir, más del 50 por ciento no enfrenta condiciones de trabajo digno y tres millones viven en pobreza, lo cual representa el doble de la situación de las mujeres en zonas urbanas. Asimismo, 22 por ciento de la población femenina total, aproximadamente, habita en zonas rurales y 17.7 por ciento habla exclusivamente su lengua nativa. El 15.4 por ciento de la población femenina económicamente activa de México participa en la producción de bienes y servicios para el consumo (Inegi, 2002). Este sector de la población, al menos 8.5 por ciento (14 millones), sobrevive en condiciones críticas debido a la pobreza, lo cual está ligado a las deficientes condiciones laborales y a la falta de acceso a servicios públicos en comunidades rurales. Y el futuro no se presenta mejor, cuando las niñas de 5 a 12 años de edad que viven en poblaciones con menos de 2 500 habitantes no asisten a la escuela, lo cual aumenta en seis veces (12.3%) en el caso de niñas mayores de 12 años de edad. El nivel de analfabetismo en el segmento de 15 años y mayores es de 21.8 por ciento, más del doble de lo que reportan zonas urbanas. Las principales actividades que realizan estas mujeres son en materia de agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca y artesanía, lo cual supera en 17 veces a las tareas que realizan las mujeres en las zonas urbanas. A pesar de su incorporación al ámbito laboral y que trabajan jornadas dobles, considerando las labores domésticas que desempeñan sin
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remuneración, además de su trabajo productivo, 32.7 por ciento trabaja por su cuenta (no son asalariadas) y 16.3 por ciento no obtiene remuneración alguna por el trabajo que desempeña. El 51 por ciento no cuenta con prestaciones de salud; más de la mitad no tiene prestación de ningún tipo. El desamparo absoluto. Seis de cada diez de esas mujeres rurales no cuentan con un contrato escrito que les garantice estabilidad en sus ingresos; 31 por ciento sólo recibe un salario mínimo y 18 por ciento asume jornadas laborales semanales de 48 horas. Las condiciones educativas y laborales que afrontan las mujeres de las áreas rurales de México, propician que se acentúe la brecha de desigualdad que se vive en el campo. Alrededor de 66.6 por ciento de la población en pobreza extrema del país está conformada por población rural. Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estima que en el año 2012, 27.6 millones de mujeres estaban en condiciones de pobreza y 8.5 millones son de un contexto no urbano, lo que equivale a que seis de cada diez mujeres rurales en el país se encuentran en situación de pobreza y más de tres millones viven en pobreza extrema. Esto sin mencionar que 93.5 por ciento de las mujeres rurales mexicanas son vulnerables por “carencias sociales” (alimento, educación, servicios de salud, servicios públicos, vivienda y otros).
O tros elementos de juicio De acuerdo con el Inegi, en general, los pobladores de áreas rurales en México manifiestan niveles de vida inferiores al resto de la población en términos de desarrollo y bienestar, lo cual fomenta y estimula la conformación de uno de los principales grupos marginados, no sólo porque habitan localidades dispersas a lo largo y ancho del país, lo cual hace más complicado el acceso a los servicios de comunicación y servicios en general, sino, sobre todo, porque su principal actividad económica se basa en las actividades agropecuarias rezagadas en el país. Este sector de la población, los más pobres del país, son catalogados por el Inegi como un grupo “socialmente vulnerable” que manifiesta en
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su estilo de vida factores de precariedad en términos de bienes de producción, acceso a la tierra de cultivo, a empleos propios de su desempeño agropecuario y también a los empleos no agropecuarios, por su falta de formación escolar que limita su oportunidad de desarrollo económico, social, de salud y educativo. Es evidente que este tipo de situaciones propicia crisis recurrentes en el campo, forzando a las familias a tomar decisiones y adoptar estrategias que les garanticen en alguna medida su sobrevivencia, como la migración no sólo a áreas urbanas sino al extranjero, particularmente a Estados Unidos, en la búsqueda de trabajo mejor remunerado; mientras que las mujeres jefas de familia se quedan en su localidad asumiendo una mayor y más directa participación en lo que queda por recuperar la economía rural del país. Para la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa, 1999), México enfrentó una “feminización de la agricultura”, lo que coloca a las mujeres en esos procesos de producción en una enorme desventaja, ya que históricamente estuvieron marginadas de la producción en sus comunidades, y actualmente tienen que enfrentar problemas como la falta de titularidad de las tierras (los dueños son los hombres, muchas veces emigrados), el acceso a créditos (sistemáticamente se les niegan), a los recursos y a la asistencia técnica. Todo esto sin considerar que su incorporación a dichos procesos productivos, en condiciones de desventaja cultural, social, económica y académica, no las releva de las actividades propias de su género: el cuidado y educación de hijos, su sustento económico, etcétera, que las avasalla de tiempo completo.
Una visión más a fondo Para analizar la situación que prevalece con la mujer en México, podemos encontrar diversos enfoques teóricos que buscan delimitar un modelo de estudio capaz de extraer y agrupar las variables que resultan comunes a las comunidades rurales. Enfoques que privilegian la migración, uno de los factores más determinantes de la situación que guarda el medio rural en nuestros días.
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El derecho femenino a la tenencia de la tierra tiene un impacto notorio; pone de manifiesto en diferentes niveles su interés en la necesidad de participar en los medios de producción, organización y capacitación. De forma especial, está la constante preocupación por la tenencia de la tierra para que el desarrollo rural sustentable se mantenga como sostén económico, tanto individual como colectivo. Durante el reparto agrario, en las décadas de 1920 y 1930, fueron pocas las mujeres a las que se les reconocieron derechos agrarios. Fue hasta 1971, con la expedición de la Ley Federal de Reforma Agraria, cuando se eliminó la restricción de que se reconocieran como sujetos de derecho solamente cuando fueran jefes de familia, entendiendo la igualdad de derechos sobre la tierra a hombres y mujeres. Un aporte de la regularización de los derechos de propiedad ha sido reconocer e integrarla a nuevas oportunidades para ampliar sus derechos a la propiedad de la tierra. La participación de las mujeres en la vida económica y social de los ejidos y comunidades ha crecido. Las mujeres han logrado obtener sus derechos agrarios a partir de un gran esfuerzo individual y de un complejo proceso de negociación en el seno de la familia, particularmente con el cónyuge titular. Poco más de la mitad de las actuales ejidatarias y comuneras heredaron la tierra que poseen, mientras que una quinta parte la obtuvo mediante cesión gratuita; en ambos casos de manos del cónyuge o del padre, principalmente, o de la ejidataria titular.
L a Constitución y los derechos de las mujeres
Nuestro país ha tenido la tarea de proteger los derechos de las mujeres contemplados en nuestra Carta Magna, así como en diversas leyes y en los distintos postulados que establecen los instrumentos internacionales firmados por nuestra nación. En México todas las autoridades, desde el ámbito de su competencia, están comprometidas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad (artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). Es decir, los derechos humanos son para todos. Se conectan unos con otros, no se pueden separar y se tiene que alcanzar su cumplimiento paulatinamente. Esto implica investigar y sancionar su incumplimiento. Los derechos consagrados en los instrumentos internacionales son la base para impulsar el desarrollo, garantizando los derechos políticos, económicos, culturales y sociales. Esto conlleva al Estado mexicano a sentar las bases que posibiliten mejores condiciones de vida para las mujeres rurales, a partir de un enfoque centrado en los derechos humanos y a favor de los grupos de población que viven una mayor marginación, exclusión y discriminación. Los derechos humanos son facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter civil, político, económico, social, cultural, psíquico, personal e íntimo que posee el ser humano, reconocidos en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se contemplan los principales derechos a favor de las mujeres.
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Artículo 3º constitucional La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. [...] I. [...] II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Las mujeres de todas las edades tienen derecho a recibir una educación no discriminatoria y que promueva los valores de la solidaridad, la equidad y el respeto; alcanzar niveles educativos cada vez más altos, y recibir capacitación que permita ampliar sus posibilidades de desarrollo laboral.
Artículo 4º constitucional El varón y la mujer son iguales ante la ley.
La igualdad consiste en que los diferentes comportamientos, aspiraciones, necesidades de mujeres y hombres se tomen en cuenta, valoren y promuevan de la misma manera, esto es, que los seres humanos tienen derecho a vivir libres de cualquier forma de discriminación por motivos de género. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Para un pleno bienestar físico, emocional, mental y social, las mujeres tienen derecho a: Contar con servicios de salud accesibles y de buena calidad. Que los servicios de salud brinden atención integral que tome en cuenta las diferencias biológicas, médicas, psicológicas, laborales y económicas.
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Que la información sobre los servicios de salud tome en cuenta la condición de género. Que en todas las instancias y programas de gobierno se incorporen estudios e investigaciones relacionados con la salud de las mujeres. Contar con una alimentación balanceada que permita el desarrollo pleno. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Las mujeres necesitan aprender que es posible separar la sexualidad de la reproducción. Para el desarrollo pleno de la sexualidad, se tiene derecho a: La información y la educación sexual. Ejercer la sexualidad responsablemente, decidir por propia elección la maternidad; elegir en forma libre e informada sobre la utilización de anticonceptivos. El no sufrir violencia sexual.
Artículo 6º constitucional La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero [...] El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Para el uso democrático de los medios de comunicación, las mujeres tienen derecho a: Información. La libre expresión. Tener las mismas oportunidades que los hombres. Que no se promueva en los medios de comunicación ningún tipo de violencia contra las mujeres.
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Contar con espacios en los medios de comunicación para difundir información sobre sus derechos. Construir una cultura de la equidad.
Artículo 25 constitucional Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
Para un medio ambiente sano, las mujeres tienen derecho a: Educación y capacitación en el manejo adecuado de los recursos naturales y en la conservación del medio ambiente, aire no contaminado, agua limpia, alimentos no tóxicos, entre otros. El uso de tecnología adecuada que no implique peligro para la salud y la vida del planeta. Participar en los planes de ordenamiento ecológico territorial. Que en las políticas de desarrollo se incluya la perspectiva de género. Participar en la toma de decisiones en políticas públicas para alcanzar un medio ambiente sano.
Artículo 26 constitucional El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía.
La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es una barrera que impide el desarrollo pleno de la humanidad. Para un desarrollo con justicia económica, las mujeres tienen derecho a:
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La distribución equitativa de bienes, patrimonios, ingresos y servicios. Igualdad de oportunidades para obtener recursos económicos y la propiedad de la tierra. Una vida digna y con bienestar. Que se reconozca y valore la contribución de las mujeres al desarrollo económico.
Artículo 35 constitucional Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley.
Para aspirar a la ciudadaía plena a través de una intensa y constante participación, las mujeres tienen derecho a: Participar activamente y de manera equitativa en las instituciones gubernamentales, la administración pública, los órganos legislativos y los tribunales judiciales. Tomar decisiones en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en el ámbito privado como en el público. Recibir capacitación para fomentar el liderazgo de las mujeres.
Artículo 123 constitucional Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. [...]
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VI. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación. [...] VIII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad.
En México persiste la discriminación laboral contra las mujeres y es común que se exija a las aspirantes a un puesto un certificado de no gravidez para ocupar una plaza laboral. Para la igualdad en el ámbito laboral, las mujeres tienen derecho a: Recibir salario justo e igual al que perciben los hombres por el mismo trabajo. Que hombres y mujeres tengan horarios laborales justos, que les permitan compartir equitativamente las responsabilidades familiares, lo cual debe incluir los permisos y las licencias por maternidad y paternidad. Trabajar sin que importe el estado de embarazo, estado civil o cualquier otra condición especial. Que no se discrimine para ocupar puesto alguno por el hecho de ser mujeres.
Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia
Artículo 2º. La Federación, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestarias y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Tener una vida libre de violencia es un derecho humano de las mujeres reconocido por las leyes nacionales e internacionales. Entre estas últimas, destacan las convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención
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Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. El Estado mexicano asienta las bases legales sobre cómo se coordinarán las dependencias federales y los tres órdenes de gobierno para conjuntar esfuerzos, instrumentos, servicios y políticas con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todo el territorio nacional. Algunos esfuerzos relevantes proclamados en la lucha por los derechos de las mujeres, se han plasmado en los siguientes documentos internacionales: Los Derechos Humanos de la Mujer. Guía a los Documentos Oficiales de las Naciones Unidas. Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Convención sobre los derechos políticos de la mujer. Ratificaciones. Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. Convención De Belém Do Pará. Documentos de la onu sobre la violencia contra la mujer. Documentos de la onu sobre niñas. Informe de la Conferencia de El Cairo Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Declaración de Beijing. Participación de la mujer en los diversos aspectos del desarrollo económico.
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La variable “género” es determinante cuando se realizan análisis sobre propuestas de conservación, ya que asume una perspectiva mucho más amplia que explica, en todo caso, los diferentes usos que hombres y mujeres hacen de los recursos disponibles de acuerdo con los roles, actividades y responsabilidades diferenciadas que históricamente la sociedad les ha asignado. En 1987, el Informe Brundtland presentó a la comunidad internacional el concepto de desarrollo sustentable como un nuevo paradigma para el crecimiento económico, la igualdad social y la sostenibilidad ambiental. El Informe afirma que el desarrollo sostenible podría lograrse mediante un marco normativo integrado a partir de estos tres ejes; desde entonces el mundo ha adquirido un conocimiento más profundo de los desafíos interrelacionados que afrontamos, y donde el desarrollo sostenible brinda la mejor oportunidad de vida para las personas. En términos de los enfoques críticos acerca de la perspectiva de género y el desarrollo sustentable, se reconoce que las perspectivas vinculadas con la tecnología (tecnocéntricas) y el cuidado del medio ambiente (ecocéntricas) contribuyen al cuestionamiento de medidas encaminadas exclusivamente a la protección de los sistemas naturales. Estos enfoques se sustentan en la superación de los límites que la naturaleza impone al crecimiento económico, sin dejar de lado el modelo de desarrollo que integran estas políticas. En este sentido, los planteamientos que dominan el panorama de estudio, objeto de este ensayo, son el énfasis principal del entendimiento y la instrumentación de las medidas implementadas para el logro de la sustentabilidad. Esta percepción limitada propicia que las políticas e iniciativas para el desarrollo sustentable en el ámbito rural se atiendan como realidades
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separadas, con la visión de cumplir con los objetivos de conservación de los recursos naturales y del mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres rurales en las comunidades. Ante esto surge la necesidad de implementar una nueva visión del desarrollo que atienda la fuerte relación que existe entre aspectos ambientales, pero también los de carácter económico y social que se han trabajado paulatinamente en nuestro país. Al mismo tiempo, una perspectiva novedosa en este sentido implica, de manera obligada, una mayor conciencia para alcanzar el desarrollo sustentable requerido para este sector de la población, que considere las condiciones de desigualdad social prevalecientes. Algunos sugieren plantear la sustentabilidad como un conjunto de estrategias interconectadas que necesitan construirse micro, meso y macro con el fin de poner en marcha procesos de transformación económicos y sociales sustentables... A partir de la perspectiva de género y medio ambiente, se ha determinado que más allá de la incorporación de las mujeres a las políticas sociales se hace indispensable reconsiderar las estrategias para, efectivamente, sentar las bases de la sustentabilidad desde una perspectiva que considere las diferencias de género (Velásquez, 2003). El desarrollo sustentable es un modelo alternativo de desarrollo, tiene como premisa fundamental la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, involucrando un desarrollo sustentable a largo plazo en términos no solamente económicos y ecológicos, sino también sociales, políticos, culturales e institucionales, es por tanto, una visión integral de los procesos de transformación (Informe “Nuestro futuro común” y Agenda 21).
En la discusión acerca del uso del término “desarrollo sustentable” se añade el de “mujeres y medio ambiente”, los cuales surgen de las visiones críticas del denominado ecofeminismo: Desde esta corriente se considera a la construcción de género como uno de los agentes intermediadores de las relaciones entre las mujeres y los varones con el medio ambiente. A partir del concepto de género se produce un profundo
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cambio en la delimitación del objeto, ya no se habla sólo de las mujeres sino de las relaciones sociales que éstas establecen y del sistema de poder en el que están insertas (Rico, 2008).
En cuanto a los factores que han modificado los roles y responsabilidades de hombres y mujeres, permitiendo su incursión a áreas como la política y la economía, la ciencia y el arte, el mercado laboral, se observa la persistencia de desventajas sociales donde prevalece la desigualdad con respecto al género masculino. Es precisamente esta diferencia la variable que viene a esclarecer y a develar la serie de valores, creencias, interpretaciones y prácticas sociales en torno a las diferencias biológicas más allá de lo obvio, planteando cómo éstas pueden alcanzar el estatus de referencias para clasificar de manera diferente a los integrantes de cada género, lo que lleva a asignarles distintas características, comportamientos, actividades y jerarquías. El desafortunado uso de este concepto, es responsable también de un sesgo en el análisis de los mecanismos por medio de los cuales la sociedad genera y reproduce dichas creencias, que desembocan en relaciones desiguales en todos los ámbitos entre hombres y mujeres. Las diferencias se constituyen, bajo esta perspectiva, en un principio organizador determinante del tipo de sociedad que hemos alcanzado, el cual ordena las relaciones sociales mediante usos y costumbres, símbolos y normas determinados a partir del género. Esta visión sólo produce una organización social en la que el desempeño de los hombres tiene un valor distinto al de las mujeres, diferenciándose principalmente en los usos del poder que cada uno ostenta en sus respectivos ámbitos, el cual se define por relaciones de jerarquía y desigualdad. Estas formas sesgadas de entender e interpretar las diferencias existentes entre géneros, evidentemente difieren en cada sociedad; de una comunidad a otra, con el transcurso del tiempo, las diferencias se ajustan casi siempre en disfavor de las mujeres. Lo único en común es la desigualdad que afecta al más vulnerable, si bien esto no implica, al menos no necesariamente, que el género sea sinónimo de mujer como suele interpretarse con suma frecuencia. Éste se refiere al tipo de relaciones que se
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establecen entre hombres y mujeres en nuestro medio y particularmente a la desigualdad de poder que tipifica este tipo de relaciones. Desafortunadamente, en nuestras comunidades las relaciones tan diferenciadas entre ambos géneros con los medios de producción son un constructo social. Esto implica que son determinadas por los usos y costumbres, por la cultura prevaleciente, pero sobre todo por el rol asignado históricamente a la mujer, particularmente en las sociedades rurales del país. Las actividades sociales en México determinan que las experiencias y conocimientos de las mujeres sobre los medios de producción y sus aplicaciones sean diferentes. Una simple categoría de análisis permite percibir en toda su magnitud las relaciones que tanto hombres como mujeres establecen con dichos medios, lo cual se constituye en el punto de partida para identificar con claridad los factores que generan las inequidades como el deterioro de la situación económico-social, particularmente en el medio rural. Es así como la perspectiva de género se constituye en una visión que analiza tanto las situaciones como las condiciones de la mujer rural, identificando las diferencias imperantes en contextos específicos, e intentando explicarlas a partir de la aplicación de métodos y herramientas específicas en cada caso. La división del trabajo en México marca la cantidad y características de las actividades productivas de hombres y mujeres, el tiempo que invierten cada uno en ellas, tanto en el ámbito doméstico (no remunerado) como en el productivo, en el laboral y en el colectivo. En el terreno del trabajo doméstico, el análisis de género sienta las bases para esclarecer las actividades de cada uno de los integrantes de las familias, las formas en que sustentan sus decisiones, sus alternativas de educación y su utilización del tiempo, pero, particularmente, su accesibilidad a los recursos productivos y los efectos que éstos tienen en la transformación de su situación económico-social. Lo más común en el entorno rural mexicano es que las mujeres se constituyan en las principales responsables, y casi siempre en las únicas que atienden las labores del hogar, independientemente de otras actividades que deben desarrollar ajenas a las labores domésticas esenciales, sean éstas o no trabajo remunerado.
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Si agregamos a lo anterior los graves efectos que en algunas comunidades tiene la emigración de los hombres en búsqueda de nuevas oportunidades de trabajo, y que mientras la aventura empieza a producir ganancias las madres son las responsables de mantener a la familia mediante su actividad agrícola, agropecuaria, etcétera, la situación de las mujeres se complica aún más. La migración de los hombres constituye uno de los principales factores de deterioro de la situación de las mujeres rurales en el país. Hoy en día, el problema de la migración en los países en desarrollo, la necesidad de intervenir en este proceso migratorio, la aceptación de responsabilidad para la planeación regional por parte de muchos gobiernos a fin de regular los patrones de localización de movilidad de la gente y de los negocios, requieren de nuevas investigaciones sobre la migración orientada a políticas concretas.
Proyectos regionales en el desarrollo rural sustentable
En México se están gestando experiencias de desarrollo rural sustentable. En este apartado hacemos una exploración, mediante testimonios directos, de dos estudios de caso donde las protagonistas son las mujeres. Estas historias se ubican en los municipios de San Felipe, Estado de México y en Coahuayana, Michoacán.
San Felipe del Progreso, Estado de México San Felipe del Progreso se ubica en la parte noroeste del Estado de México y en una pequeña área del oriente del estado de Michoacán. Su topografía se caracteriza por contar con un sistema montañoso de mediana altura. Los municipios que componen la región en el Estado de México son Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro de Hidalgo, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Temascalcingo, Villa de Allende y Villa Victoria, así como Zitácuaro en territorio michoacano. En la zona mazahua, ubicada en este municipio, las mujeres han desarrollado actividades productivas como la agricultura en microtúneles irrigados por agua de lluvia, donde cosechan hortalizas que venden en la propia localidad y generan ingresos para sustento de la familia y la educación de los hijos. En paralelo, realizan actividades como la cría de aves, desgranado de maíz, pesca y venta de trucha, así como bordado de artículos diversos. Ante el proceso de migración en San Felipe del Progreso, las mujeres mazahuas asumieron las actividades productivas, tradicionalmente en manos de los hombres. Con el apoyo de la Fundación Pro Mazahua emprendieron proyectos productivos de autoconsumo en microtúneles para
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cosechar hortalizas o para la crianza de animales en traspatio. Una vez garantizada la alimentación de las familias en la localidad, los excedentes se pueden vender en la misma comunidad. Estas actividades productivas han hecho posible la generación de ingresos que, en algunos casos, contribuyen a la educación de los hijos, lo cual les brinda otra perspectiva de desarrollo. En materia medioambiental, las mujeres aprovecharon el apoyo que brindaba la fundación, las instituciones de gobierno y el sector privado, para la construcción de obras que les permitieran cosechar y almacenar el agua de lluvia que emplean en sus microtúneles o invernaderos. Esto ha resuelto una de las carencias más sensibles en la zona mazahua, donde la deforestación y erosión del suelo ha generado serios problemas de fertilidad. En paralelo, con obras para reforestar se comienza a dar un proceso de recuperación de espacios arbolados y de humedad para los suelos. En este proyecto mazahua hay una estrategia fundada en cuatro dimensiones: físico-ambiental, social-humana, económica-productiva y cívico-cultural, cuyas acciones han dado como resultado un cambio de fondo en la región, donde el desarrollo rural sustentable empieza a trazar nuevos horizontes tomando como referente principal el trabajo de las mujeres, quienes se están convirtiendo en protagonistas de su propia historia. Hace más de dos décadas, en la zona había hambre, problemas de salud y el nivel educativo no llegaba a sexto de primaria. “Cuando llegamos, quienes nos escucharon fueron las mujeres; casi no había hombres”, comenta la directora de Comunicación y Responsabilidad Social de la Fundación Pro Mazahua, Sofía Gómez Arriola. Datos de la fundación sobre las características socioeconómicas de la región refieren que en aquellos años, 33 por ciento de la población no contaba con dispositivo de desechos; 11 por ciento no tenía energía eléctrica; 36 por ciento de la población carecía de una toma de agua en su domicilio, y 73 por ciento obtenía sus ingresos de la agricultura o trabajaba de jornalero. En relación con los efectos sociales, en la mazahua existían severos problemas de nutrición y de salud en general, la falta de agua ocasionaba enfermedades gastrointestinales; se tenía inseguridad alimentaria; falta de alimentos y de ingresos para las familias; además de fuertes problemas de migración en 90 por ciento de la fuerza laboral.
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Respecto al entorno ambiental, 80 por ciento de los suelos observaban problemas de erosión, con una pérdida de 30 toneladas al año por hectárea, lo cual daba como resultado suelos improductivos por falta de nutrientes. Había problemas de abasto de agua en el periodo de estiaje por disminución de manantiales y desaparición de escurrimientos y falta de agua para beber por deficiencias en el suministro en las redes de agua entubada. La contaminación del agua era del cien por ciento en ríos, arroyos y escurrimientos. La sobreexplotación del bosque derivó en que 90 por ciento de la superficie estuviera deforestada y además se registraba una pérdida de especies vegetales y animales endógenas (oyamel, venado), lo cual propició el destierro de la mariposa monarca.
A la fecha la situación en la mazahua ha cambiado. A raíz de la migración de los hombres y de las necesidades de asumir la responsabilidad de las actividades productivas de la parcela y los traspatios, las mujeres han asumido el poder de decidir los proyectos productivos que se han convertido en una alternativa de desarrollo, de acuerdo con las fuentes consultadas y los testimonios documentados. En aquel entonces –rememora Sofía Gómez– los hombres desconfiaban de los proyectos, hoy muchas mujeres brindan sustento a su familia, cultivan sus propios alimentos, comen bien y tienen excedente para vender. Incluso pagan los estudios de sus hijos. Así, las señoras, “que no hacían nada”, de pronto fueron las que llevaban el ingreso al hogar y la comida, se volvieron muy emprendedoras. Antes se les hacía menos y había violencia.
El control de las decisiones de estas mujeres, donde lo fundamental ha sido la organización, es notable ante la ausencia de los hombres que migran hacia las ciudades de México y Toluca o incluso a Estados Unidos. A partir de los proyectos productivos encabezados por mujeres, los hombres empezaron a regresar, porque ellas les dicen: “vente para acá, tenemos huevo, carne, agua, ya no necesitamos gastar en comida”. El hombre regresa y se da una complementariedad con la mujer: “El hombre ayuda a producir la tierra, pescar, cargar, construir; la mujeres siembran, quitan hojas, dan de comer a las gallinas, venden sus productos”.
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Sofía Gómez recuerda que llegó a la mazahua en 1994, por un programa escolar: Lo más impresionante era la desesperanza. Hombres no había; los que quedaban estaban en la “copa” o en la violencia. La mayoría eran señoras llenas de hijos en sus hogares. No había organización. Pero con los proyectos que se emprendieron se dio un proceso, a través de las asambleas comunitarias, que fueron clave para el desarrollo de éstos.
De acuerdo con una medición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao, por sus siglas en inglés), sobre el impacto del combate a la pobreza extrema de Pro Mazahua en San Felipe del Progreso, donde la fundación trabaja con 39 de las 41 comunidades existentes, entre 2009 y 2013 la pobreza severa pasó de 23 a uno por ciento; la moderada de 27 a tres por ciento; la leve de 29 a 21 por ciento y el número de no pobres de 22 a 75 por ciento. El director operativo de Pro Mazahua, Elías Pacheco, quien lleva más de una década trabajando en la mazahua, destaca que estos resultados son atribuibles al trabajo realizado con este programa, donde 95 por ciento son mujeres: El cambio en las mujeres es un mayor protagonismo en su participación familiar, que antes era mínima, más reservada y dependiente de su pareja. Ahora hasta la actitud ha cambiado, son más expresivas, con mayor confianza en sí mismas y hay una participación muy fuerte en la economía y toma de decisiones de la familia.
Acciones en la mazahua Pro Mazahua, asociación que se constituyó en 1997, diseñó un modelo de desarrollo para la zona que contempla cuatro dimensiones: Físico-ambiental: incluye la captación de agua de lluvia, la reforestación o instalación de presas. Social-humana: engloba salud, educación, seguridad alimentaria y vivienda.
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Económica-productiva: aborda la generación de ingreso, talleres de bordado, microtúneles, invernaderos para cultivar hortalizas o proyectos pecuarios. Cívico-cultural: promueve el rescate de la cultura de la comunidad, lengua, música, medicina, fiestas y leyendas. Dentro de este concepto se han construido represas, obras de captación de agua de lluvia, microtúneles e invernaderos. Sofía Gómez Arriola detalla: La gente se esfuerza. La clave fue la organización y empoderar a las mujeres... A la fecha se han instalado invernaderos, en módulos de 100 y 50 m2, donde producen hortalizas. El objetivo de los proyectos productivos, así como los de traspatio, microtúneles, gallineros, módulo de borregos, es que coman bien. Es parte de su seguridad alimentaria, donde ellas siembran hortalizas, producen carne y huevo. Luego si hay excedentes pueden generar ingresos y formar cooperativas más grandes. Con esto la salud de la comunidad ha mejorado, porque había obesidad y desnutrición; la anemia era muy grave.
Gómez Arriola destaca que en la zona mazahua “ya se vuelve a dar el trueque: ¿para qué necesitan el dinero si unas tienen gallinas y otras jitomates?”. En la zona también hay problemas de abasto de agua, porque el acceso es muy restringido; el río está a dos horas y tenían que ir por el agua, perder cuatro horas de traslado. No hay drenaje. Pero con la construcción de cisternas de ferrocemento que promovimos, pueden captar agua de lluvia y almacenan de 15 a 20 mil litros para usarla en su hogar y sus microtúneles o invernaderos... También se han dado cuenta que la falta de árboles genera erosión para su tierra y significa dejar de cultivar, por lo que han reforestado 84 hectáreas. El índice de sobrevivencia de los árboles es de 70 a 80 por ciento. Para ello se cuenta con apoyo del voluntariado de WalMart, Bimbo, American Express y Pepsico.
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Actoras de su propio destino Elías Pacheco destaca que en las comunidades mazahuas se hace un trabajo de promoción y sensibilización donde participa la gente activamente, identifica su problemática y se concientiza que son ellos los principales actores para solucionarla y cuentan con apoyo de aliados externos. Así la gente se interesa e involucra en procesos de desarrollo; integran comités y asambleas comunitarias, hacen un autodiagnóstico y elaboran un plan de acción, donde se buscan soluciones concretas en el mediano y largo plazos. El objetivo es “hacer que las comunidades sean actoras de su propio desarrollo”. Partimos de la organización social existente, que en la parte de la tenencia de la tierra es ejidal y en algunas partes pequeña propiedad. Adaptamos la estrategia a la realidad. En los ejidos son las asambleas las que toman decisiones.
Los elementos que componen la organización comunitaria son: asamblea de representantes, representante de la comunidad, comité de trabajo y miembros de la comunidad. El proceso para la toma de decisiones se lleva a cabo de la siguiente manera: Las integrantes de la comunidad se reúnen voluntariamente y toman la iniciativa de participar en la solución de problemas en común que afectan para lograr una mejor calidad de vida. Reconocen sus necesidades más comunes, priorizan y se identifican las oportunidades para cumplir sus objetivos. Realizan su propuesta de desarrollo y se ejecutan las acciones de gestión. Se evalúan las actividades realizadas. Las comunidades son capaces de generar su propio desarrollo y lo que necesitan es alguien que facilite su desarrollo, que sea un puente entre comunidades e instituciones y aliados que puedan confluir en estas comunidades. Lo que aportamos son apoyos, subsidios, capacitación, asesoría y acompañamiento que se brinda. No sólo es dar el recurso sino que es todo un proceso –subraya Elías Pacheco.
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Proyectos Pro Mazahua, fotografía de Ernesto Perea.
Durante un recorrido por la zona, Filiberto García Cruz, promotor comunitario de Pro Mazahua, comenta que la integración de las mujeres a todos los trabajos es de gran importancia: Ellas han emprendido un nuevo camino porque ya tienen conocimiento y los saberes, a través de su cultura y de la capacitación, donde han aprendido el valor de aprender a sembrar y producir. Antes pensábamos que la mujer sólo servía para criar a los hijos; hoy ellas han tomado un papel importante, son un pilar de la familia y aportan 50 por ciento del trabajo en su comunidad. Hay una cooperativa de 20 familias, donde no sólo trabajan hombres; ellas entran al corte y disponen de mano de obra para apoyar a sus esposos y no permiten que ellos migren.
Profeta en la Mazahua Profeta es una mujer de origen oaxaqueño que echó raíces en la zona mazahua. Es un ejemplo de cómo la mujer ha logrado tener un papel protagónico en el desarrollo de actividades productivas como la agricultura, que antes realizaban en forma preponderante los hombres, y con la que ha logrado generar ingresos para mantener a su familia, pagar la educación de sus hijas y tener una expectativa diferente para ellas.
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Profeta Andrés Martínez, fotografía de Ernesto Perea.
Esta mujer trabaja en su microtúnel desde hace tres años, donde siembra nabo, cilantro, col, acelgas, espinaca y jitomate, que alterna a lo largo del año, lo cual ha transformado su vida en forma radical. “Antes no teníamos nada, salíamos a trabajar fuera de la comunidad o teníamos que esperar al marido que nos trajera o apoyara”. Profeta Andrés Martínez comenta que con el proyecto Pro Mazahua les explicaron cómo germinar, trasplantar, tutorar y cuidar la planta de jitomate: “Ya aprendimos a cultivar verdura para que no nos falte que comer. También nos apoyaron con gallineros para que tengamos animalitos para no comprar carne o huevo”. En el cultivo del jitomate, Profeta lleva dos años y le va bien, según comenta: “Tengo a mis dos hijas en la escuela y con lo que estoy sacando de aquí apoyo a mis hijas. Una estudia para biomédica en Pachuca, Hidalgo, en la Universidad”. Pero los tiempos no siempre habían sido buenos para ella, porque tiene otras dos hijas que querían estudiar, “pero no pude porque no tenía recurso”. Esta campesina recuerda que antes no tenían computadora, pero el recurso que obtiene de la venta de hortalizas y otras hierbas, “me ha ayudado bastante. Antes no tenía ni para calzarme. Gracias a dios ahora ya tengo recursos para apoyar a mi hija que salga adelante. Una de ellas va
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a salir de la secundaria y la voy a apoyar para que vaya a la preparatoria”. Su hija recibe una beca de Pro Mazahua. Profeta dice que lo que más le deja es el jitomate, que ella “ranchea” –va a vender de casa en casa– en el pueblo. El kilo lo vende en diez pesos si el precio está bajo; si está alto da 800 gramos por el mismo precio. No lo lleva a los mercados porque pagan muy barato, “tengo que ranchearlo para sacarle algo”. Debido a que los ingresos y la circulación de dinero en efectivo en la zona son escasos, las mujeres han vuelto al trueque, intercambian unos productos por otros. Profeta comenta: Hay gente que a veces me dice: “no tengo dinero, pero tengo un pollo o tengo frijoles; te lo cambio”. Bueno, dámelo y yo te completo, ¿cuántos kilos de jitomate quieres? Otras me dicen no tengo dinero, pero te doy una gallina, ya después me vienes a dejar más jitomate, hasta donde alcance.
En su microtúnel, de escasos 25 metros cuadrados, Profeta tiene cuatro camas de tierra donde siembra 200 plantas de jitomate. Los racimos de jitomate cuelgan de guías para una mejor distribución en este espacio. Recuerda que el primer año de cosechar jitomate sacó ocho mil pesos, para el segundo más de diez mil y sólo invirtió 400 pesos, ya que compra la plántula y otra parte de su siembra la completa con “chupones” que se dan bien y que trae de una asociación de mujeres de la zona donde ella participa. Esta actividad, asegura, le da para comer: “saco para mi sopa, una ensalada. Aquí sale todo para el gasto, para comer... Ya hasta me compre un burro –le costó mil 700 pesos– para cargar el jitomate y así ya no se hace tan pesado. Me voy a ranchear con el burro”. Para tener siempre que cosechar, Profeta alterna sus cultivos. Incluso subió tierra al techo de su casa, donde tiene dos camas para sembrar tomate verde: “se me da bien arriba. Estoy haciendo lo que aprendí y ahora ya tengo trabajo porque antes no tenía qué hacer”. También sabe de la importancia del ahorro: “yo llevaba mi lista diario, cuántos kilos vendía, cuántos kilos tocaban para mí. Ahorraba. Si vendía 250, 50 eran para mí y 200 para mi ahorro”.
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Profeta dice que en la zona hay trabajo, “pero la gente no te paga bien, me daban 80 pesos en la cosecha por echar abono o iba a San Felipe, iba a echar tortillas, donde pagaban lo mismo; pero no alcanzaba, de pasaje eran ocho o nueve pesos”. La mujer comenta que su hermano le regaló una hectárea de terreno en Oaxaca, y este año va a sembrar 800 matas de maguey mezcalero para asegurar el futuro de sus hijas: “Quiero que agarren una carrera. Ese es el futuro que estoy esperando. A lo mejor el día de mañana yo ya no estoy y le dejo algo a mis hijas”. Su esposo trabajaba en la central de abasto, pero le dio diabetes y hace doce años que no trabaja: Ahora yo mantengo el hogar, a mis hijos, tengo mis propias cosas que hacer, en la mañana ahí estoy acarreando mi agua, a regar mis plantitas. Ya tengo trabajo, con que comer, ya no me preocupo de nada. Mi hija está estudiando. Ya no vamos a ir a otro lado a sufrir y no tener que comer.
“Con trabajo no me muero de hambre” Cuando doña Martha dice: “no me voy a morir de hambre, porque yo tengo la costumbre de trabajar”, lo hace con conocimiento de causa. Esta mujer de la mazahua tiene un microinvernadero de unos 18 metros cuadrados, donde siembra flores que vende en su propia comunidad, principalmente durante las fiestas de pueblo, y que le permite generar un ingreso con el que cubre parte de sus gastos. En su parcela, además, cultiva nopales, acelgas, lechugas, cilantro, zanahoria, cebolla y cría gallinas; todo lo vende en la comunidad. También borda carpetas, manteles, almohadas, entre otros artículos. Estas actividades le permiten tener diversas fuentes de ingreso. “Una parte del dinero es para el gasto del hogar y la otra la ahorro por si hay una situación difícil. Soy de las personas que guarda dinero y sé administrarlo”, afirma con orgullo. Como otras mujeres de Dotegiare, comunidad de San Felipe del Progreso, Martha Cruz Ramírez ha tenido la necesidad de trabajar desde hace años de manera más intensa, a partir de que su esposo enfermó de la columna. En ocasiones, incluso, se iba a desgranar maíz, actividad por la que recibía 100 o 120 pesos por alrededor de ocho horas de trabajo.
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Martha Cruz Ramírez, fotografía de Ernesto Perea.
Ahora con sus diversas actividades productivas, afirma: “No necesito salir fuera para trabajar, yo misma soy mi patrona. Sólo así voy a salir adelante”. La mazahua considera que las mujeres han aprendido a trabajar en grupo y estar unidas, a partir de que en 2009 se incorporaron al proyecto Pro Mazahua. Ante la escasez del agua en la zona, la fundación diseñó, junto con las comunidades, un sistema para captar agua de lluvia en tinas de ferrocemento, que utilizan para necesidades básicas, para la siembra en sus microtúneles y para alimentar a sus animales. Muchas de nosotras salíamos fuera a lavar o traer agua, hacíamos unas dos horas para llegar al río Hoyos, y allá lavábamos. Era irse todo el día. Pero como era una comunidad vecina, había personas que ya no nos dejaban lavar. También hicimos unas represas en la comunidad, porque sufríamos mucho de agua para dar a nuestros animales o plantas. El agua potable sí nos llega, pero las autoridades nos dicen que no la gastemos, que la cuidemos.
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Su microinvernadero de tres por diez metros lleva dos años y “está muy bien porque de ahí sacó ingresos”. Aunque en forma periódica sus cultivos son afectados por las heladas. Cuenta que su esposo sembraba maíz en su parcela y ella plantó cuatro árboles de capulín para vender y 50 pinos para reforestar, de los que sobreviven 45, los que sobresalen a la vista en una zona donde los árboles son escasos debido a la erosión de los suelos. Hay personas que los cuestionan: “¿para qué quieren árboles; qué van a comer?”. Y ella les responde: “son oxígeno natural para las personas”. La mazahua manifiesta que las mujeres aprendieron a trabajar en grupo, “unidas y juntas vamos a vencer la situación, porque en la comunidad casi no hay trabajo”. Esto ocasionó que su esposo se fuera en 2008 a Estados Unidos, aunque ella le preguntaba qué iba a hacer allá. Estuvo poco más de un año y regresó a México y no se volvió a ir. “Cuando nuestros esposos se van, quienes hacen el trabajo acá son las mujeres. No nada más hacemos el trabajo de la cocina, sino también los trabajos del campo”. Los jóvenes –dice– ya no quieren trabajar en el campo. “Y si nosotras no vamos a cultivar la tierra, ¿de dónde va a salir para comer?”. Martha tiene una creencia particular: “si no trabajo siento que se va a enfriar mi sangre”. Su abuelo pensaba lo mismo y murió a los 99 años. El trabajo con Pro Mazahua, comenta, “nos ha enseñado a que la mujer vale lo mismo que los hombres, que son muy machistas. Ahora las mujeres tenemos más libertad y el mismo valor que los hombres; antes no”. Recuerda que cuando llegó un programa para apoyar la construcción de vivienda en la zona, ella convenció a su esposo de entrar a éste, porque “antes vivía en una casita de lámina y cuando llovía el agua goteaba y hacía frío”. Luego él enfermó y ella le dijo: “a ver cómo le voy hacer, pero yo necesito esa casa”. El apoyo sólo era para material y los beneficiarios tenían que poner la mano de obra. Su esposo decía que cómo iban a construir, “yo le dije que le iba a ayudar y lo ayude a pegar piedra, igual que un hombre”.
Pescadores de ilusiones En la región Mazahua, Rosa Playa García y su familia alternan la producción de hortalizas con la pesca de trucha, productos que comercializan
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en las rancherías de su comunidad, Guadalupe Cote, o en otras aledañas como San Miguel la Labor. La mujer campesina comenta que antes alrededor de su parcela estaba todo baldío, pero eso ya cambió y algunos plantan árboles o nopales en su milpa. “Antes no nos dedicábamos a nada, hoy sembramos y los hombres pescan y nosotras vendemos”. En su pequeño invernadero trabajan tres hombres y dos mujeres, quienes cultivan tomate saladette. Una parte de su cosecha la consumen y la otra la venden en la comunidad. Hace seis años empezó el proyecto, con otra familia que luego ya no continuó. “Le estamos echando ganas también al gallinero y está funcionando bien. El resultado no es mucho, pero sí hemos tenido algo, es cosa de que le echemos más ganas para que no se nos acabe esto”, expresa Rosa.
Rosa Playa García, fotografía de Ernesto Perea.
Durante una plática en de su invernadero, mientras carga a un bebé con un rebozo en su espalda, anota: “las mujeres estamos ayudando en la
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milpa, en la siembra, le estamos dando y si queremos le echamos en lo que podamos, como hombres”. Las mujeres venden el jitomate –“que es natural y dura hasta 15 o 20 días después del corte”– en 12 pesos en las rancherías o las tienditas. “En el mercado pagan poco y hay épocas en que sólo te dan cinco pesos”. El otro producto que venden es la carpa, cuyo kilo vale 40 pesos y el de charal 30 pesos. La temporada es en abril y agosto. “La mayoría de los hombres está en la ciudad”, dice Anselmo Plata Segundo, quien estima que alrededor del 80 por ciento han emigrado, los que quedan tienen de 60 o 65 años; los jóvenes se van a trabajar o estudiar. Y asegura: “Las mujeres se quedan a cargo de siembra y son las que escardan, deshierban y cosechan. También cortan zacate y lo acarrean. Son las que están más empeñadas al cultivo”. Mientras prepara la tierra en el invernadero, explica que de su cosecha de jitomate, media tonelada se queda para consumo familiar, un kilo o medio kilo diario. Lo demás se vende en las comunidades. Desde 2011 siembran jitomate. “Los inges nos explicaron cómo cultivarlo”. Ahora ellos procesan el estiércol para fertilizar su parcela porque: “si fuera comprado se llevaría cinco mil pesos y no dejaría nada”. Sólo invierten en plántula cada ciclo. Siembran 800 plantas, cuyo costo por cada una es de 4.60 pesos, pero la variedad es la más resistente a enfermedades y les ha dado buenos frutos. A estos pequeños productores lo que más los afecta son las heladas y las lluvias que propician la aparición de hongos. Ligado al microtúnel está instalada una olla de captación de agua de lluvia con capacidad para almacenar 250 mil litros, “lo cual les alcanza para un ciclo y hasta les sobra”, asevera Anselmo. El grupo siembra una hectárea de maíz para autoconsumo y venta, donde con buen mantenimiento obtienen de tres a cuatro toneladas. Con lo que reciben de la venta del grano compran fertilizante. Los hombres siembran y pescan trucha en la presa de Tepetitlán, ubicada a unos pasos de su parcela. Forman parte de una cooperativa integrada por 14 pescadores. Todavía hay ajolote, cuya captura está prohibida porque está en peligro de desaparecer, “por eso lo estamos resguardando para que no se acabe. Hay que tenerlo porque, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos?”, se cuestiona Anselmo.
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Coahuayana, Michoacán El caso de Coahuayana, Michoacán, destaca por ser una empresa familiar encabezada por una mujer, que ha ido consolidando su proceso productivo de tilapia y que finca las bases para desarrollar, con apoyo institucional federal y estatal, uno de los proyectos más ambiciosos de la región y del país, ya que busca hacer de Michoacán el primer productor nacional de tilapia en México y América Latina. Aquí hay que destacar el impacto económico y social que tendrá este desarrollo acuícola con la generación de miles de empleos, en una región donde las oportunidades de trabajo son limitadas y los problemas de inseguridad se han hecho presentes. El proyecto familiar ya ha generado la repatriación de migrantes, y se espera que, al consolidarse el cultivo de tilapia en la presa “El Infiernillo”, se comience a dar un proceso de desarrollo económico y social más amplio en una entidad caracterizada por su migración. Un aspecto fundamental es que a partir de esta experiencia familiar se podrá propiciar un proceso virtuoso de mayor dimensión, el cual no sólo contribuirá a mejorar la alimentación y la salud de los habitantes de la propia localidad, sino que, al ser un proyecto con canales comerciales establecidos en las principales centrales de abasto y que se busca ampliar en las tiendas de autoservicio, sus beneficios se extenderán a los ámbitos regional y nacional.
Pescadoras de tilapia consolidan proyecto de desarrollo rural Cuando Mónica López García enviudó, no sabía que su nueva condición de vida y la necesidad de mantener a sus tres hijos la llevarían a iniciar un proyecto exitoso en la crianza de tilapia en Coahuayana, Michoacán. Hoy sienta las bases para una empresa de mayor tamaño en la presa “El Infiernillo”, con la meta de posicionar a la entidad como líder en la producción de tilapia en América Latina, lo que tendrá impactos económicos, sociales y nutricionales en la población mexicana. La experiencia de acuicultura familiar en la granja “La Noria”, en este municipio, está fundada en el aprovechamiento del capital natural de
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la región, la práctica adquirida en el manejo de la especie y la vinculación estratégica con los mercados que demandan un producto fresco y de alta calidad.
Granja de tilapia, fotografía: Conapesca.
Coahuayana, municipio donde se desarrolla esta iniciativa, se localiza al suroeste de Michoacán, a una altura de 30 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el estado de Colima y Chinicuila, al sur con el Océano Pacífico y Aquila, y al oeste con Colima. Su distancia de la capital del estado es de 556 kilómetros. Tiene una superficie de 365.84 km2. Su relieve lo constituye la Sierra Madre del Sur y planicies costeras; los cerros de San Juan de Alima, Bufa, Guayaba y Puerto de la Mula. Su hidrografía está integrada por el río Coahuayana; los arroyos el Zapotán, Achotán y Ticuiz, y las lagunas de Mezcala y Colorada. Su clima es tropical con lluvias en verano. Tiene una precipitación pluvial anual de 1 162.9 milímetros y temperaturas que oscilan de 20.3º a 32.5º centígrados.
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Mónica López, directora general de granja “La Noria”, quien desde 2005 encabeza esta empresa familiar, señala que la experiencia adquirida durante estos años es la base para emprender e iniciar, con apoyo de los gobiernos federal y estatal, en la presa “El Infiernillo”, un proyecto “más grande y robusto que tiene el objetivo de convertir al estado de Michoacán en el productor de tilapia nilótica más importante del país”. La empresaria comenta que granja “La Noria” se basó en un proyecto de camarón presentado en un evento para jóvenes emprendedores en Colima, el cual tomó como ejemplo para empezar en la parte costera de Michoacán con la producción de camarón, y que luego cambió por la de tilapia. Ya con las instalaciones adecuadas buscó opciones para crecer y encontrar mercados para vender su producto, con créditos y algunos apoyos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y del gobierno estatal. Inició con dos estanques, dos hectáreas de producción rústica y después se tecnificó, lo cual le permitió duplicar su producción. Construyó entonces otros dos estanques y empezó a producir hasta 400 toneladas de tilapia de calidad, que fue colocando en el mercado nacional. Granja “La Noria” es una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada, la cual se define como “un consorcio enfocado a la producción y comercialización de productos acuícolas a nivel nacional”. Consciente de la importancia de la seguridad alimentaria en México, no sólo de la generación de alimento con altos valores nutricionales y de excelente calidad, también busca contribuir con la mejora social y económica a través de la generación de empleos en Michoacán, fomentando el desarrollo del sector acuícola en el país.
Al referirse a la forma en que se organizaron, Mónica López refiere que “al inicio, como empresa familiar, no requerimos de una estructura muy compleja, teníamos una dirección donde se tomaban las decisiones de todo y sólo contábamos con asesoría contable y un poco en la parte productiva”. Con el tiempo se formalizaron y profesionalizaron las áreas. Hay una dirección general y una administrativa, la cual cuenta con asesoría fiscal y contable, así como una dirección operativa, encargada de todos los
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aspectos de producción. También se creó la parte comercial, encargada de la comercialización de la tilapia y de darle valor agregado. Ahora se cuenta con asesores en la parte técnica, financiera, ambiental y arquitectónica para el nuevo proyecto en “El Infiernillo”.
La multiplicación de los peces La empresa familiar liderada por Mónica López, consolidada con los años, aportará su experiencia para la ejecución del Proyecto estratégico para el desarrollo del cultivo comercial de tilapia en la presa “El Infiernillo”, Michoacán, que propone la Sagarpa a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca). El proyecto productivo se desarrollará en el vaso de la Presa Adolfo López Mateos, “El Infiernillo”, aproximadamente a 1.5 kilómetros al sureste del puente y de la comunidad del mismo nombre en Pinzandarán, municipio de Arteaga, Michoacán, ubicada por el km. 236 de la autopista Siglo xxi, a los alrededores de la Isla de Paracatál, en las coordenadas geográficas 18°39´04.89” Latitud Norte y 101°88´79.99” Longitud Oeste, frente al km. 234 de dicha autopista.
Tilapia, fotografía: Conapesca.
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La justificación para implementar el proyecto estratégico plantea que la zona de influencia presenta un grave problema de carácter socioeconómico, como resultado de la falta de oportunidades de empleo, lo que ha derivado en problemas de inseguridad que complican la situación de los pobladores en la región. El documento de dicho plan describe que los pescadores y habitantes de los municipios aledaños a la presa han dependido de la captura de especies como tilapia, bagre, langostino y carpa; empero, por diversos motivos de índole hidrológico, manejo de pesquerías, pesca ilegal y aparición de especies exóticas, este volumen ha venido decreciendo en forma progresiva cada año. Esto afecta drásticamente los ingresos de los productores, quienes capturan sólo unos diez kilos al día, lo que les representa ingresos de cien pesos diarios, aproximadamente. La producción de tilapia en el estado de Michoacán ha disminuido de 2006 a 2013, de 14 mil a sólo nueve mil toneladas, indica el proyecto estratégico. Por ello, plantea que esta iniciativa representa la oportunidad de recuperar la pérdida que han sufrido los ingresos de las familias de la región a través de la creación de casi mil empleos, directos e indirectos, deteniendo el incremento de los niveles críticos de pobreza, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Ante este escenario, a partir de la experiencia de granja “La Noria”, el nuevo proyecto en la presa “El Infiernillo” contempla, en su primera etapa, producir cuatro mil 374 toneladas de tilapia por año, que se proyecta comercializar en el mercado nacional, en su totalidad, a un precio promedio base de 35 pesos por kilogramo. Esto implica operar 48 jaulas circulares flotantes de engorda de 20 metros de diámetro; instalar un módulo de diez jaulas flotantes circulares de pre-engorda de diez metros de diámetro. Esta fase generará hasta 150 empleos directos y 300 indirectos. En la segunda etapa, de “madurez productiva”, proyectada a cinco años, se prevé obtener 35 mil toneladas de tilapia anuales y generar hasta mil 500 empleos directos y más de tres mil indirectos, lo cual beneficiará a más de cuatro mil 500 familias. Además de generar empleo en la obra y construcción del nuevo proyecto.
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El proyecto integral, en sus dos etapas, contempla la construcción, instalación y puesta en marcha de un sistema de 303 jaulas circulares de 20 metros de diámetro por seis de profundidad, con un volumen de 1 885 m3 cada una. También se contempla un laboratorio de producción de crías de alta calidad genética; granja de cultivo intensivo de tilapia y plantas industriales de productos de valor agregado, subproductos de rendimiento (harina y aceite de tilapia); de alimento balanceado y de tratamiento de aguas residuales y comercializadora. En la primera etapa se invertirán cerca de sesenta millones de pesos: 35 por ciento serán recursos de la Sagarpa, 26 por ciento del gobierno estatal y nueve por ciento aportación de los socios. Otro 24 por ciento será de líneas de crédito para capital y seis por ciento de aportación para capital trabajo. Cabe mencionar que granja “La Noria” utiliza sistemas de producción en estanques de tierra recubiertos con geomembrana y con sistemas de aireación intensiva; mientras que el nuevo proyecto es cultivo en jaulas, esto para incrementar el volumen de producción en una forma eficiente y rentable, aprovechando el potencial hidráulico de la presa “El Infiernillo”. De acuerdo con información de “La Noria”, se trata de un plan de desarrollo sustentable que traerá importantes contribuciones al estado de Michoacán, que hoy ocupa el cuarto lugar nacional como productor de tilapia; con el volumen de producción que aportará el proyecto en marcha, pasaría al primer lugar al sumar, junto con otras regiones de la entidad, alrededor de 45 mil toneladas de producción. Según el proyecto estratégico integral, la meta principal “es lograr un importante impacto en el incremento de la calidad de vida y condiciones socioeconómicas de la población rural dentro de la zona de influencia del proyecto, a través de la generación de empleos”. El área de impacto, una vez alcanzada su madurez, comprenderá los municipios de Artega, Churumuco, La Huacana y Lázaro Cárdenas, principalmente.
Comercialización Las estrategias de comercialización de tilapia –alimento incluido en la canasta básica con influencia en el Índice Nacional de Precios al Consumidor– en territorio nacional, contempla puntos de venta en mercados
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de abasto de la Ciudad de México (La Viga), Jalisco (mercado de Zapopan), Monterrey y Michoacán; así como en tiendas de autoservicio como Chedraui, Superama y Sam’s Club. También se tiene el plan de entrar a restaurantes y áreas de banquetes, “que valoran mucho la calidad de nuestros productos y en cocinas industriales”, señala Mónica López. Hoy en día, los canales de comercialización de granja “La Noria” son restaurantes, supermercados, mercados tradicionales, establecimientos en zonas hoteleras y la compra directa de amas de casa. El producto se coloca en la Ciudad de México y el estado de Veracruz; en Colima se distrubuye vivo para restaurantes y consumidores. Esto se se lleva a cabo a través de comercializadoras que facilitan el proceso; más adelante, el plan es contar con la infraestructura necesaria para llevar el producto a diferentes mercados en forma directa.
Repatriación de migrantes Los aspectos económicos derivados de granja “La Noria” son varios. A Mónica López le permitió brindar sustento y educación a su familia. En forma adicional, en la zona se han detonado trabajos eventuales durante la época de cosecha que representan alrededor de 25 empleos temporales. La directora general de la empresa resalta que uno de los compromisos del proyecto es evitar la migración en busca de oportunidades laborales y promover la integración de las familias: “Queremos contribuir a la generación de empleos dignos, donde los jóvenes sientan que se pueden arraigar en sus lugares de origen y quedarse con sus familias”. En Coahuayana, la gente que labora en esta empresa tiene la experiencia de seis personas migrantes (cuatro hombres y dos mujeres), quienes al encontrar una oportunidad de trabajo decidieron permanecer en su comunidad. Mónica López comenta que cuando estas personas convierten pesos en dólares sienten que su salario es más bajo que el que tenían en Estados Unidos, pero cuando valoran que es un empleo fijo y que sus gastos no son en dólares, empiezan a asimilar que pueden vivir bien con lo que perciben. Lo más importante es que se reduce la situación de incertidumbre al estar en otro país.
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Impacto alimentario La tilapia que produce esta empresa familiar es de calidad suprema y fresca, lo cual la distingue del producto importado de China, que representa la principal amenaza para el crecimiento de la producción nacional. El producto asiático es de mala calidad y se ha posicionado en el mercado por su bajo precio, que representa 40 por ciento respecto al del alimento mexicano, señala la directora general de granja “La Noria”. La tilapia china se vende a través de las tiendas de autoservicio y cada año ingresan unas cincuenta mil toneladas, lo que afecta mucho el desarrollo nacional de esta actividad, agrega Mónica López, también presidenta del Consejo Empresarial de Tilapia Mexicana, a.c. Subraya que entre las fortalezas del proyecto, además de la producción, está contribuir a la seguridad alimentaria del país, donde el consumo actual de tilapia per cápita es de 1.5 kilos al año. “Vamos a informar al consumidor para que sepa que ofrecemos producto fresco, de calidad y con alto valor nutricional, que no lo van a encontrar en las importaciones”. En este sentido, considera que las políticas públicas deben apoyar para difundir esta información y, en materia de sanidad, garantizar el ingreso al país de productos que tengan las condiciones sanitarias adecuadas para evitar riesgos en la salud de los consumidores. “La Noria” ampliará su mercado de distribución y etiquetará sus productos para diferenciarlos y, paulatinamente, buscará una mayor presencia con amas de casa. Poco a poco aumentará la demanda nacional y se reducirá la importación. Esta experiencia, asegura, puede ser un ejemplo para otras regiones de país, porque es replicable en zonas donde las condiciones de agua, clima y de capital humano estén dadas, lo que produciría empleos y generaría economía en las localidades. Retos Entre las debilidades del proyecto estratégico integral, asevera Mónica López, “está la poca experiencia con la que se cuenta. Hay que capacitar a toda la gente, vamos a hacer escuela en un lugar donde la gente no conoce el cultivo. Tenemos que empezar de cero, prepararlos y dejar el mensaje y
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la expectativa de que muchos pueden ser emprendedores y empresarios a partir de este proyecto”. No obstante, hasta ahora el éxito de la empresa está fundado en el trabajo de capacitación que realiza con su personal, lo cual es una fortaleza para el nuevo proyecto: “Fue un constante aprendizaje, donde pasamos la curva de aprendizaje, nos equivocamos, aprendimos a cultivar y convivir con la tilapia, a sacar provecho, a tener mejores factores de conversión alimenticia y a saber cómo llegar al mercado”. En materia de sustentabilidad, la empresa considera cuidar las zonas de operación con responsabilidad; de hecho, ha participado en toda la parte normativa, “donde hay que cuidar el tema del medio ambiente, el agua que es el recursos del que va a vivir el proyecto y no generar ningún daño a la región”. La empresa cuenta con manifiesto de impacto ambiental, permiso de acuacultura de fomento y aparece en el Registro Nacional Pesquero. Con esta experiencia, afirma Mónica López: Se demuestra que sí es posible que la mujer se involucre en actividades productivas que estaban en manos de los hombres y las encabece, sobre todo cuando las mujeres sentimos una responsabilidad por llevar adelante una familia y empleo a zonas como El Infiernillo, donde vamos a poder contribuir en la generación de empleos, en un municipio donde no hay más oportunidades... La siembra de tilapia propicia una gran ilusión en la zona, porque habrá una generación más robusta de empleo, hay un poco más de confianza, ya no se habla tanto de inseguridad, se habla de oportunidad y eso es muy bueno”.
Situación sociodemográfica de la Región del Bajo Balsas Cuatro municipios colindan con el embalse de la presa “El Infiernillo”: Arteaga, Churumuco, La Huacana y Lázaro Cárdenas, conocida como Región del Bajo Balsas, una de las regiones quizá menos desarrolladas del estado de Michoacán. Según el Inegi, la superficie de la región (6 527 km2) representa diez por ciento del estado, con una población de 71 836 habitantes (1.6 por ciento del total estatal). La población masculina representa 49 y la femenina 51 por ciento.
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La población económicamente activa de la región es de 20 500 habitantes (28.5 por ciento del total), de los cuales 72 por ciento son hombres y 28 por ciento mujeres. Las principales actividades son el sector primario (agricultura y pesca) con un 40 por ciento; el sector servicios con 32 por ciento; el sector secundario con 15 por ciento y el comercio con 13 por ciento. Por su situación geográfica y orográfica (árido seco extremadamente cálido), la región es pobre para la agricultura y la ganadería; si bien es el sector con más peso económico, no significa que represente oportunidades de empleo para los habitantes. Los ingresos son estacionales, eventuales, fortuitos y, en la mayoría de los casos, sin la cobertura mínima de seguridad social. Por lo accidentado de la región y lo disperso de las comunidades, la cobertura de servicios básicos es escasa o limitada; el acceso a servicios de salud, educación, agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones son carencias típicas de la zona. De acuerdo con el Coneval (2015), los principales índices de desarrollo social de la región son críticos.
Municipio
Índice de marginación 2010
Índice de rezago social 2010
Índice de desarrollo humano 2014
Arteaga
Medio
Medio
Medio
Churumuco
Bajo
Alto
Bajo
La Huacana
Alto
Medio
Medio
Fuente: Proyecto estratégico para el desarrollo del cultivo comercial de tilapia en la presa El Infiernillo, Michoacán.
*** La continua lucha de amplios sectores de la población y de algunas autoridades por mejorar la situación económica y social de las mujeres rurales, ha propiciado avances en sus niveles de vida. Como se ha observado, el desarrollo de proyectos productivos, al aportar ingresos a las mujeres, también ha propiciado el regreso de hombres, muchos de los cuales habían emigrado, para reincorporarse a éstos u otras labores productivas como la agricultura o la pesca, junto con las mujeres, quienes se han consolidado como verdaderos agentes de cambio en la comunidad y han logrado hacer más equitativa su relación con el hombre.
Conclusiones
En 1917, la Constitución mexicana dio origen al constitucionalismo social que prevalece hasta nuestros días. No se limitó a reconocer y proteger los derechos del hombre en su aspecto individual, sino que agregó el valor de los derechos sociales. México se ha comprometido ante la comunidad internacional a observar y respaldar los principios, acuerdos y disposiciones para lograr los objetivos del desarrollo, la paz, la libertad e igualdad para las mujeres rurales (Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948). Nadie en este país ni en el extranjero considera que la incorporación de las mujeres a los procesos productivos sea una lucha terminada; de hecho, no se puede afirmar que la mujer rural, en particular, esté construyendo las bases del desarrollo sustentable cuando carece de medios elementales de subsistencia en general. A pesar de que la producción que generan las mujeres con respecto a la participación en el pib nacional alcanza niveles del 19 por ciento, es un hecho que los beneficios de dicha producción o no les llegan o los reciben incompletos, a destiempo o son menores a los que obtienen los hombres por las mismas actividades y productos, lo cual las sitúa en una posición de vulnerabilidad, junto con sus hijos y familiares. Para lograr objetivos de equidad se debe admitir que las mujeres y los hombres aportan capacidades y conocimientos diferentes, que deben ayudar a elaborar políticas y programas que contribuyan al crecimiento económico; en este sentido, se requiere crédito oportuno y barato, acceso a la tecnología, inclusión y capacitación técnica para aumentar su producción y apoyar con redes de comercialización para la venta de sus productos.
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Los responsables del diseño de políticas sociales en México tienen el compromiso de impulsar un marco normativo que garantice el desarrollo de la mujer rural en todas sus fases, económica, social, educativa, de salud, etcétera; sin esta proyección queda indefensa, sin alternativas ni soluciones que le permitan responder ante los nuevos retos. De acuerdo con la Ley general para la igualdad de mujeres y hombres, se necesitan acciones afirmativas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y de promoción, con visión de largo plazo, encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Hoy más que nunca es indispensable lograr un pacto mundial que sensibilice a las generaciones presentes y futuras sobre la importancia de la mujer en el desarrollo rural sustentable; un pacto que identifique, analice y resuelva los problemas que afectan de manera sistemática a las mujeres, quienes deben tener el beneficio de todos sus derechos, a condiciones de igualdad, a vivir libres de todas las formas de discriminación, a la seguridad, en el marco del desarrollo rural sustentable. En 100 años de la Constitución, dos fechas han significado los principales avances hacia la igualdad de mujeres y hombres. En 1975 se llevó a cabo en México el año internacional de la mujer, propiciado por la Organización de Naciones Unidas, que obligó a repensar, modificar y reformar la legislación hasta entonces vigente para dar plenitud de igualdad a la mujer respecto a los varones. Con la reforma de 2011 referente a la inclusión en la Constitución de los derechos humanos, y la de 2014, adquiere plena vigencia la igualdad. Con el presente ensayo, nadie puede afirmar que la mujer rural pueda presumir que su futuro está garantizado, que la situación socioeconómica que guarda actualmente garantice en forma alguna el desarrollo rural sustentable, individual, familiar o de las regiones que habita. Falta mucho por hacer, mucho camino por recorrer para considerar que se ha alcanzado el punto de la sustentabilidad de su desarrollo comunitario e individual. Sin duda, del texto constitucional se puede desprender un conjunto de principios o decisiones políticas fundamentales que tanto pueblo como gobierno han adoptado para el reconocimiento de los derechos de las mujeres, lo que ha permitido a la mujer rural incorporarse desde distintos ámbitos a la construcción del desarrollo rural sustentable.
C onclusiones
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Es tiempo de que México pueda aspirar a su mayor potencial con el soporte de la otra mitad de la población; para este fin, la protección de los derechos de las mujeres rurales debe estar contemplada en leyes y políticas nacionales, armonizadas con las normas internacionales en materia de derechos humanos.
Bibliografía
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La Constitución de 1917 la mujer y su aportación en el desarrollo rural sustentable se terminó en julio de 2017, producción editorial y duplicación digital: mc editores, Selva 53-204, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530, Ciudad de México, tel. 5665 7163 [
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El marco conmemorativo del centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, brinda la oportunidad de referirse a las reformas constitucionales reivindicativas de los derechos de igualdad y no discriminación de la mujer, para interpretar los avances y estrategias que favorecen su participación en el proceso de transición al desarrollo rural sustentable, integral e incluyente, como uno de los valores políticos fundamentales. En el presente ensayo se reconoce la importancia del valor económico, social y de subsistencia del trabajo agrícola no remunerado que
realizan las mujeres rurales y campesinas; se plantea la necesidad de visibilizar su trabajo y ejecutar políticas gubernamentales que fortalezcan su capacidad autogestiva en las actividades productivas y cambios cualitativos en su calidad de vida. En México, la mujer desempeña un papel fundamental en la gestión, conservación, protección, restauración y aprovechamiento de los recursos naturales, por ello es necesario orientar las acciones de gobierno hacia la construcción del desarrollo rural sustentable a partir del reconocimiento de las diferencias de género.
