OPINIÓN | 31

| Jueves 15 de mayo de 2014

El renacimiento de una esperanza Mariano Grondona —LA NACION—

¿V

olveremos a ser una república democrática “normal”, como las que prevalecen en Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá y buena parte de América latina (léase Uruguay, México, Chile, Brasil, Perú o Colombia)? Después del ocaso de la pretensión hegemónica de Néstor y Cristina Kirchner, ésta es la pregunta que debiéramos formularnos en la Argentina. La distinción entre una “pretensión hegemónica”, como la que alberga Venezuela y albergó el kirchnerismo, y una república democrática “normal”, como las que prevalecen en casi todo el resto de Occidente, no es meramente formal. Por aquí se desplaza en efecto la frontera entre el autoritarismo y la libertad. La discontinuidad de la presidencia de Cristina Kirchner, que se manifestará plenamente en diciembre del año que viene, ¿permitirá la recreación de una nueva línea sucesoria, esta vez republicana y no autoritaria? La buena noti-

cia es que ninguno de los precandidatos a suceder a Cristina en la presidencia a partir del año próximo, y ya se apelliden Sanz, Macri, Massa, Carrió, Scioli, Binner o Cobos, presenta signos inquietantes del síndrome autoritario. De aquí a algo más de un año, pues, lo más probable es que nuestro país integre la lista mayoritaria de las repúblicas democráticas, entendiendo por tales aquellas donde no gravitan las distorsiones monopólicas. Así se recreará la continuidad de la república democrática que los Kirchner quisieron interrumpir. Reconciliado con esta tradición, nuestro país se pondrá en condiciones de convivir otra vez con el resto de las naciones libres, hasta ocupar de nuevo, eventualmente, el podio de las naciones avanzadas. Habrá otra continuidad, así, en lugar de la discontinuidad autoritaria de Cristina. Los gobiernos republicanos que la sucedan serán más o menos exitosos o fallidos en su gestión, pero todos ellos podrán sumarse al pluralismo occidental.

Es evidente que entre nosotros la tradición política anterior, de sesgo monárquico, ofreció más resistencia que en otros lugares al advenimiento de la democracia plenaria. Entre nosotros, hubo más apego a la tendencia unificadora de los reyes y los caudillos. Allí están Rosas, Perón y los Kirchner para comprobarlo. Por estos antecedentes, tenemos que ser muy cuidadosos para no dejarnos llevar por el triunfalismo democrático. En materia de triunfalismo democrático, somos como el alcohólico que, ayer no más, dejó de beber. No estamos condenados al autoritarismo, pero nos hallamos todavía muy cerca de él; demasiado cerca como para considerarlo un problema superado. La democracia plenaria que hoy triunfa en el mundo es, en el fondo, un régimen mixto de autoridad y libertad, que conserva el mínimo de autoridad para no caer en la anarquía y que asegura por otra parte la libertad necesaria para que florezcan los ciudadanos. Esta mezcla virtuosa entre

dos valores en última instancia antagónicos fue sugerida por grandes pensadores como Locke, Montesquieu y nuestro Alberdi, pero terminó por encarnarse en instituciones concretas, como la Constitución norteamericana y la Constitución argentina. En el fondo, fue más el producto de la experiencia que de la lectura. En otras palabras, aprender el arte que lleva a la democracia plenaria nos ha costado mucho. Hoy tenemos, después de los Kirchner, la posibilidad de manejarlo. No debemos malgastarla. En un país que cuenta con otras bendiciones sobreabundantes en el fértil abanico de sus recursos naturales y humanos, quizá podría decirse que la plena democratización es la mayor de sus asignaturas pendientes. Lo que mueve a un razonable optimismo es que no estamos, hoy, tan lejos de aprobarla. ¿Cuáles serían hoy, nuestras tentaciones principales con vistas a esta meta? A mediados del siglo XIX, cuando nuestros mayores suscribieron el Acuerdo de

San Nicolás, “todos” los grupos políticos argentinos relevantes adhirieron a él. De este gran acuerdo resultaron nada menos que ochenta años de progreso. Pero desde los años 30 en adelante, sólo un sector, solitario, quiso imponerse a los demás. Este sector fue a veces civil o militar, peronista o antiperonista, pero negador en suma del espíritu de San Nicolás. Hoy, casi milagrosamente, resurge San Nicolás. ¡Por Dios, no lo perdamos de vista! Están frente a frente entre nosotros, en lucha, dos tendencias contrapuestas. De un lado, la tendencia universal de San Nicolás. Del otro, la tendencia exclusivista de los años 30. Aquélla nos hizo grandes. Ésta cortó en serrucho nuestro progreso. Hoy, casi milagrosamente, se cierne otra vez San Nicolás. Ninguno de los presidenciables vigentes se siente imprescindible. Nadie lo es. La Argentina plenamente democrática ¿se anunciará por fin en el horizonte? © LA NACION

carmen argibay. Administrar justicia fue su vocación, y como miembro de la Corte Suprema fue capaz de separar su historia

y sus convicciones personales del rol que asumió como magistrada en el armado de una democracia constitucional

La jueza que se atrevió a decir que no Martín Böhmer —PARA LA NACION—

C

uando murió mi padre, recibí una esquela manuscrita de Carmen Argibay en la que me contaba del afecto que le había tenido. Yo sabía de ese afecto, que había sido mutuo, pero me conmovió que una jueza de la Corte se tomara el tiempo y tuviera la deferencia de hacerme llegar su recuerdo. Fue, como muchos, una “judicial”, una abogada que se sentía a sus anchas administrando justicia. Sólo ejerció la profesión durante la dictadura militar luego de ser expulsada de su cargo, detenida por varios meses y eventualmente liberada. Fue docente, comenzó como ayudante alumna en la cátedra de Filosofía de la UBA que dirigía Ambrosio Gioja, para luego dedicarse al derecho penal. En democracia volvió a la docencia por unos diez años y renunció, como pocos, para dedicar todo su tiempo a los cargos que ocupó desde el año 2000. Fundó la Asociación de Mujeres Juezas y ejerció como magistrada de tribunales internacionales que investigaron violaciones masivas de los derechos humanos en Japón (en un memorable juicio ficticio con consecuencias nada ficticias) y en Yugoslavia. Su momento de exposición pública llegó cuando el presidente Kirchner la propuso como jueza de la Corte. El proceso público de nominación permitió saber que Argibay, fallecida el sábado, era una atea militante que estaba en favor de la despenalización del aborto y que creía en la necesidad de trabajar por la igualdad de las mujeres. Pocos repararon en que era una “judicial”, que una cosa eran su historia y sus convicciones personales y otra su forma de entender el rol que le cabe a una jueza en el armado de una democracia constitucional. Por eso muchos se llevaron sorpresas. Era su convicción que la Justicia, como todo ejercicio de autoridad, gana en legitimidad cuando se restringe. El desafuero tiene patas cortas: produce rechazo y desobediencia, y los jueces sólo pueden construir su autoridad persuadiendo a otros. Argibay insistía, como en el fallo Arriola, en que la Corte debía construir reglas precisas en sus fallos. Reglas que los ciudadanos puedan seguir, pero, crucialmente, reglas con las que otros jueces puedan operar fácilmente. Ella había sido una de

ellos y conocía la incomodidad de dictar sentencia sin el apoyo de una práctica jurídica consistente. Advertía también que esas reglas debían hablarle al caso concreto, para que nadie saque conclusiones desaforadas, porque su convicción también le vedaba convertir a la Corte en una instancia creadora de reglas generales. Supongo que pensaba que esa era la función de los legisladores, lo que no le impidió acompañar a sus colegas en extender el alcance de una sentencia a grupos que se encontraban en situaciones similares a la del caso, como lo hizo en Halabi. Argibay, creo, tuvo su hora alta, como diría Borges, en el fallo Mazzeo, en el año 2007 (ver A. Allori, Tesis, UdeSA). En esa causa se decidía si la Corte permitiría continuar con los juicios a partir de la derogación de los indultos del presidente Menem, si esa derogación conmovía la garantía de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, si la entidad de estos juicios, de estos crímenes, justificaba una excepción a la garantía de la cosa juzgada. Las miradas se fijaban en la Corte y en particular en la jueza que había sufrido en carne propia la persecución de la dictadura. Ya había aceptado que la garantía de la prescripción cedía ante la obligación de perseguir delitos de lesa humanidad. ¿Cómo decidiría frente a la garantía de la cosa juzgada ella, una funcionaria judicial de toda la vida? Si admitía la continuación de los juicios, ¿no se vería su decisión como una venganza? Y si votaba en contra, ¿con qué argumentos sostendría sus convicciones democráticas y la consistencia con su historia personal? La mayoría de la Corte siguió una línea de precedentes conocida: algunas garantías del debido proceso ceden ante la excepcionalidad de los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura. La importancia de esta definición debe ser subrayada. La Corte acepta la excepcionalidad fundante de los juicios contra los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos. Es a partir de ella que la Argentina ha construido su regreso a la democracia. La sacralidad de los derechos humanos se funda justamente en ese quiebre que marca un antes y un después en la historia argentina. Es la excepción sobre la que se intenta crear

el orden del Nunca más. Toda democracia acepta excepciones fundantes: Alemania restringe la libertad de expresión frente a las apologías del nazismo; Estados Unidos califica la igualdad frente al legado de la esclavitud. Argibay (como Fayt) califica esa decisión disintiendo. Mazzeo es una sentencia mayoritaria, no unánime. La jueza se detuvo ante la cosa juzgada, “por mucho que personalmente me disgusten las consecuencias”, dijo. Todo tribunal colegiado busca la unanimidad. Se dice que las sentencias no unánimes envían un mensaje confuso. Pero los fallos no unánimes también nos dicen que los temas que tratan son difíciles, nos invitan a volver a los tribunales, a discutir más, a producir más recursos culturales que permitan mayor claridad. Mazzeo, gracias a las disidencias, en particular la de una jueza que pone en juego su pasado personal, nos vuelve a advertir sobre la excepcionalidad que debe guiar el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad. Que el relajamiento de las garantías constitucionales ante delitos aberrantes debe ser sólo permitido con cuidado, evitando toda extensión que banalice la excepción fundante de nuestra convivencia. La mayoría de la Corte descansó en la disidencia de Argibay. La jueza brindó a sus colegas la ofrenda del límite, la calificación de la regla que surge de las decisiones más difíciles que haya escrito un tribunal argentino: juicios, sí, pero excepcionales. La Corte de esta manera permite la persecución penal relativizando las garantías del debido proceso con el objeto de que en la Argentina haya debido proceso; es decir para que nunca más sea necesario el Nunca más. Como hizo conmigo en un momento importante de mi vida, Argibay se tomó el tiempo y nos hizo la deferencia de escribir para todos y para que la voz de la Corte se escuche con claridad. La deliberación pública continúa y a pesar de que ya no recibiremos más sus escritos, debemos seguir conversando como si tuviéramos a nuestra disposición el tiempo que ella supo dar y como si supiéramos tratarnos con la deferencia de la que ella era capaz. © LA NACION

El autor es investigador principal de Cippec

¿Qué hace Grondona con la plata del fútbol? Luis Majul —PARA LA NACION—

A

hora que empezó la cuenta regresiva para el inicio del Mundial de fútbol en Brasil, considero oportuno comentar parte de la entrevista que mantuve el 8 de mayo con el vocero de la Asociación del Fútbol Argentino, Ernesto Cherquis Bialo. Es que fue desopilante. Le pedí que informara la lista de dirigentes del fútbol argentino que viajarán a Brasil, con todo pago. Se hablaba de unas 500 personas. Quería saber, además, de dónde saldrá el dinero para costearlo y si también participarán del tour los hijos y las esposas de esos dirigentes. Le pregunté si la AFA pagará las entradas que son tan difíciles de conseguir para cualquiera. Cherquis me respondió como si el organismo donde trabaja fuera una empresa privada y si su presidente, el eterno Julio Grondona, no debiera rendir cuenta de nada. Le expliqué entonces que, desde 2009, cuando el Gobierno decidió sostener con fondos públicos a los clubes de fútbol, la AFA no sólo tenía la obligación ética de informar sino que estaba obligada por ley. El vocero primero lanzó una carcajada. Después intentó darme un clase magistral de finanzas y ética pública. Informó que “al fútbol lo banca el negocio del fútbol” y que los fondos para el Fútbol para Todos (FpT) son

aprobados, todos los años, por el Congreso de la Nación; por lo tanto, dijo, nadie tiene derecho a reclamar. Le di entonces el ejemplo de La Fundación Sueños Compartidos y de la Universidad de las Madres. Supuse que Cherquis no ignoraba las causas abiertas por sospechas de administración fraudulenta. Intenté hacerle comprender que se trata de organizaciones no gubernamentales, pero que reciben fondos del Estado y que, por lo tanto, debían ser auditadas y controladas como cualquier empresa del Estado. Le di el ejemplo de Lotería Nacional, parte de cuyos fondos van a parar al Ministerio de Desarrollo Social, razón por la cual sus autoridades debían responder por el manejo de esos recursos. Comenté que la presunta negligencia en el control de la recaudación de las tragamonedas es lo que llevó al fiscal Guillermo Marijuán a imputar a todo el directorio de Lotería. No puedo asegurar cómo terminará el proceso, pero sí me atrevería a pronosticar que el control, a partir del escándalo en las salas de juego de Cristóbal López, va a ser más estricto y que, posiblemente, la Auditoría General de la Nación será autorizada a revisar las cuentas sospechadas. Algo parecido debería suceder con el dinero que el Estado les da a los clubes de fút-

bol. La información es pública hasta que el dinero llega a la cuenta de la AFA. A partir de esa instancia, el rastro se pierde y no hay santo que pueda determinar cómo se mueve la ruta del dinero que maneja Grondona. Se supone que todos los clubes de primera A, primera B y primera C reciben un porcentaje por derechos de televisación que deben cobrar de manera transparente y verificable. Pero todas las versiones de los dirigentes de los principales clubes son coincidentes. Afirman que Grondona les da dinero cuándo y cómo quiere. Que juega con la desesperación de los directivos con las cuentas en rojo. Que los necesitados y los desesperados son una abrumadora mayoría, con algunas excepciones conocidas, como los representantes de Vélez o de Lanús. Que el déficit de todos los clubes de primera del fútbol argentino ascendería a más de 1600 millones. Y que el dinero del Fútbol para Todos (FpT), en vez de mejorar a los clubes y el juego, está contribuyendo a agrandar el agujero negro cuyos billetes maneja el dueño del Fútbol de la Argentina. Cherquis me explicó que los ingresos de la AFA no dependen solamente del dinero que le da el Gobierno a FpT. Que la AFA también recibe plata de los sponsors del seleccionado y de los partidos que juega el equipo na-

cional. Le sugerí entonces que para evitar confusiones pusiera los números sobre la mesa. Que informara a los oyentes el total de ingresos que recibía la entidad que preside Grondona desde 1979, que después discriminara el origen de los fondos, que dijera qué porcentaje de dinero recibe cada uno de los clubes y si lo hacen a través de un protocolo transparente, que no dependiera del humor del mandamás. Igual que hizo en su momento el presidente de Lotería Nacional Roberto Armando López, Cherquis habló de la transparencia y el decoro con que la AFA manejaría sus cuentas. Juró que cada uno de los balances fue presentado en tiempo y forma desde 1979. Aceptó que hay dirigentes y clubes “negligentes” que no administran bien sus ingresos, pero que eso no es culpa de Don Julio y que deberían ser investigados por la Justicia penal. El vocero utilizó no pudo o no quiso contestar ninguna pregunta concreta. Ni a cuánto ascienden los ingresos de la AFA, ni qué porcentaje representan los millones del FpT del presupuesto total, ni de dónde sacó Grondona los cientos de millones que de un día para el otro le entregó a Independiente para que el club les pagara a sus empleados, ni cuántos van a ser los dirigentes que van a viajar a Brasil pagados por AFA,

ni de dónde sacará la Asociación el efectivo para solventarlo. Se fue por la tangente. Habló del nuevo torneo largo cuando nadie se lo preguntó. Trató de vender al público un nuevo “buzón” informando que Grondona pretendía “legalizar” las apuestas de fútbol online que hasta ahora son ilegales. Batió el parche del secuestro de los goles cuando el fútbol lo manejaba el Grupo Clarín. Negó que Grondona fuera socio de la agencia de viajes Rotamund, pero reconoció que posee, entre otros bienes, una estación de servicio. Consideró que la violencia en el fútbol no es responsabilidad de la AFA sino que le compete a toda la sociedad. Desmintió que Don Julio hubiera recibido alguna coima para levantar la mano y posibilitar la elección de Qatar como sede para el Mundial de 2015. También confesó que una sola conversación con Grondona en el restaurante La Raya le sirvió para dejar de criticar al dirigente de fútbol que hasta ese momento había comparado poco menos que con el diablo. Cherquis prometió enviar los números y la lista completa de dirigentes que viajan al Mundial invitados y pagados por AFA en cuanto tuviera la información a mano. Fue escuchado por decenas de miles de personas. Sería bueno que no nos tomara por tontos y cumpliera su promesa. © LA NACION