Política

Página 10/LA NACION

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Sábado 13 de enero de 2007

Derechos humanos: una vida cruzada por la polémica

Oyarbide también pedirá que la capturen

Cronología de una revisión inesperada

El juez anticipó que “habrá novedades”

Avanzan las causas sobre el PJ de los 70

Cuando se ordenó desde Mendoza la detención de María Estela Martínez de Perón, el juez federal Norberto Oyarbide ya tenía preparada su propia orden para arrestarla por los crímenes de la Triple A. Dudó incluso de firmar la captura esa misma tarde. Lo discutió con sus asesores más cercanos, pero decidió esperar. “La próxima semana habrá novedades acerca de la señora”, señaló anoche el juez en declaraciones a radio América. Fuentes que conocen en detalle la causa habían dicho a LA NACION que “hay muchos indicios, pero no hay una referencia directa a Isabel” en el expediente. Por eso, el juzgado decidió no apurarse tanto. En la causa hay dos acusaciones concretas contra la ex presidenta. Una por su presunta participación en la reunión en la que se decidió asesinar a Julio Troxler, subjefe de la policía de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Héctor Cámpora. La otra, por haber autorizado la compra de armas que habrían sido destinadas a abastecer a la Triple A. Oyarbide reabrió el caso el año pasado. Allí se incluían entre las pruebas decretos de 1974 y 1975 que disponían la compra de una importante cantidad de armas. El juzgado analiza la posible vinculación de esta compra con un extraño episodio en el aeropuerto de Ezeiza, cuando se retiraron bultos a nombre del Ministerio de Bienestar Social que contenían armas no declaradas. Las denuncias de los empleados del aeropuerto dieron origen a una causa por contrabando. Otro indicio que analiza el juzgado es el hallazgo de un arsenal ocurrido en aquella época en el Ministerio de Bienestar Social. La supuesta vinculación de la viuda de Perón con la muerte de Troxler la aportaron tres testigos. Ellos declararon que el 8 de agosto de 1974, en una reunión de gabinete, se pasaron diapositivas de personas catalogadas como de extrema izquierda y se resolvió la eliminación del policía. Pero ninguno de esos testigos (el periodista Rubén Antonio Sosa, la viuda de Troxler y un hermano de éste) participó de aquella reunión. Según sus relatos, a todos ellos les contó el propio Troxler que un ministro que estaba en esa reunión de gabinete le había advertido que se había decidido matarlo y le había recomendado que se fuera del país.

Las investigaciones sobre la Triple A y los desaparecidos previos al golpe militar tuvieron un avance meteórico en las últimas semanas, después de haber permanecido en el olvido durante años. El primer paso lo dio el juez federal de San Rafael, Mendoza, Raúl Acosta, que comenzó a investigar a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón y a sus ex ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, en una causa por desaparecidos, a raíz de la firma de tres decretos en 1975 que ordenaban “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. El 3 de noviembre del año pasado, Acosta se negó a confirmar si había solicitado la detención de la ex presidenta y se excusó en el secreto sumarial, aunque admitió que había ordenado la investigación de “un montón de personas”. Esa primera jugada le valió una réplica casi inmediata. El 7 de noviembre, el abogado José Bibiano Cedrún Gutiérrez presentó ante el Consejo de la Magistratura un pedido de remoción contra Acosta con el argumento de que habría ordenado la detención de la ex presidenta y dos de sus ministros sólo para “adquirir notoriedad”. Dos días después, el juez hizo lugar al pedido de exención de prisión del ex ministro Cafiero y solicitó una fianza de 200.000 pesos que fue apelada por el apoderado legal del ex senador por considerarla excesiva. Un mes después llegaría la siguiente revelación: el 19 de diciembre se conoció que en la ciudad de Valencia, España, vive el ex subcomisario Rodolfo Almirón, un ex jefe de la Triple A y jefe de la custodia de Perón y José López Rega. Desde entonces, el avance fue imparable. ● 20 de diciembre: la justicia federal envió un informe a Interpol de España recordándole que desde 1984 en la Argentina existe un pedido de captura contra Almirón. ● 21 de diciembre: el Movimiento Argentinos en el Exterior, que lidera Lois Pérez Leira, presentó al juez Baltasar Garzón y al Ministerio del Interior de España un pedido formal de detención de Almirón. ● 26 de diciembre: el juez Norberto Oyarbide declaró delitos de lesa humanidad imprescriptibles a los crímenes cometidos por la Triple A y ordenó la captura de Almirón. ● 28 de diciembre: la policía española arrestó a Almirón. ● 5 de enero: el abogado español José Angel Pérez Nievas denunció que Almirón participó en acciones de la ultraderecha española e italiana. ● 8 de enero: Juan Ramón Morales, ex policía y uno de los jefes operativos de la Triple A, quedó bajo arresto domiciliario en Buenos Aires. ● 9 de enero: Oyarbide afirmó que existía la posibilidad de citar a declarar a la ex presidenta, a Ruckauf y a Cafiero. ● 10 de enero: Atilio Neira, uno de los abogados de la ex presidenta, insistió en desvincularla de las acusaciones respecto a la desaparición de dos ciudadanos mendocinos. ● 11 de enero: el juez Acosta solicitó a Interpol la captura y detención de Isabel Perón para que declare en la causa sobre la desaparición de Héctor Aldo Fagetti Gallego. Pocas horas después, la ex presidenta sería detenida para abrir el proceso de extradición, mientras en Buenos Aires Oyarbide detenía a Miguel Angel Rovira, otro ex acusado de integrar la Triple A.

Expectativa Ahora, el juez espera que las nuevas pruebas que ordenó le permitan dilucidar cuál era el vínculo de la viuda de Perón con la Triple A, informaron fuentes de Tribunales. Una de esas pruebas es la declaración del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, que fue citado porque, en su carácter de miembro de la Comisión Argentina de Derechos Humanos, le tomó declaración en 1983 al ex oficial de la Policía Federal Rodolfo Peregrino Fernández, un supuesto arrepentido que relató cómo funcionaba la organización. Años antes, Duhalde había compartido un estudio jurídico con el diputado Rodolfo Ortega Peña, que fue asesinado por la Triple A. También está pendiente la declaración del ex senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, sobreviviente de un atentado de la Triple A en 1973. Estaba citado para ayer, pero no se presentó.

FOTOS DE ARCHIVO

Convertida en presidenta, María Estela Martínez de Perón sale al balcón de la Casa Rosada

Con Perón y López Rega, en el exilio de Madrid

Con Menem y con Alfonsín

La fábula de la bailarina que terminó acorralada por el terror Isabel conoció a Perón en Panamá y le cayó el poder en plena crisis de violencia Heredó el seudónimo de “Isabelita”, o más bien se lo apoderó, por su relación cercana con su madrina, Isabel Zoila. Se fue a vivir con ella y el marido, José Cresto, en su juventud, cuando abandonó la casa de sus padres. Con ese nombre, María Estela Martínez de Perón buscó alcanzar fama como bailarina, aunque finalmente la logró en su devenir político como la primera presidenta argentina. Dicen que fue Cresto quien la inició en la creencia espiritista, afición que años después la acercaría íntimamente a José López Rega, más conocido como “El brujo”. Martínez de Perón nació en La Rioja, donde vivió sus primeros tres años. Luego se mudó con sus padres, María Josefa Cartas y Carmelo Martínez, a Buenos Aires. Algunos historiadores sostienen que nunca terminó sus estudios secundarios. Otros le reconocen haber tomado clases de piano y francés, y de haber cursado danzas en el conservatorio del teatro Cervantes. Allí comenzó la profesión de bailarina de la futura presidenta. A los 23 años se unió a una compañía de teatro

que la llevó a sus primeras giras. Su gran salto fue integrar el ballet del empresario español Faustino García como una de las “bailaoras”. Pasó por Uruguay, luego estuvo en Caracas contratada por un coreógrafo cubano, hasta que ese recorrido marcó su destino para siempre: llegó a Panamá en 1955 y conoció a Juan Domingo Perón. Según la biografía de la historiadora María Sáenz Quesada, ese elenco pasó directamente de Medellín a Panamá. Otra escuela sostuvo que de Bogotá viajó a Caracas, donde se presentó en el cabaret Pasapoga, que funcionaba en una casa antigua y era un espectáculo de revista más bien pobre. Hay varias versiones sobre cómo conoció a Perón. Una dice que fue el ex embajador argentino en Panamá Carlos Pascali el responsable de la presentación y que ella se ofreció para ser su secretaria. La segunda indica que fue la bailarina la que se presentó en el departamento al que se había mudado Perón, en el edificio Lincoln, y enseguida se asumió en el papel de ayudante personal. La tercera hipótesis sostiene que ambos

se habían conocido cuando ella bailó danzas nativas delante de él como parte de un grupo artístico juvenil. Satisfecho con el espectáculo, el líder justicialista le regaló una medalla a cada uno de los participantes. Con su medalla en la mano, la joven se le habría presentado en su departamento a Perón, en pleno exilio. Juntos se fueron a Venezuela y tiempos después a la República Dominicana, gobernada entonces por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Sólo en 1960 llegaron a Madrid, la ciudad que albergó a Isabel durante sus últimos años de autoimpuesto silencio.

Esposa y compañera El 5 de enero del año siguiente se convirtió en la tercera esposa de Perón. A partir de ese lazo llegó entonces su intensa actividad en pos del regreso de su marido al país, adonde viajó varias veces como encargada de las gestiones para concretar la vuelta del líder justicialista. En uno de esos viajes conoció a López Rega, con quien volvió a la Argentina en 1971, ya convertido en su mano derecha. Sáenz Quesada recuerda en su biografía que allí co-

menzaron también los más diversos rumores: “Desde los supuestos escarceos amorosos [entre ambos] ante la indiferencia de Perón, a los rituales esotéricos y los rumores sobre maltratos físicos de López Rega a una Isabel ya viuda”. En junio de 1973 integró la famosa comitiva del regreso que terminó en el trágico enfrentamiento de Ezeiza. El 12 de octubre de ese año, tras integrar la fórmula con su esposo, asumió como vicepresidenta. El 1° de julio de 1974, la muerte de Perón le dejó sola frente al sillón presidencial. López Rega fue su asesor casi excluyente, hasta que el escándalo de la Triple A y las tensiones en el peronismo lo forzaron a dejar el país. Agobiada por la crisis y la violencia de la guerrilla y de la derecha peronista, empezó a distanciarse del poder y a delegar la presidencia. Tras el golpe militar de 1976, fue detenida y trasladada a la residencia El Messidor, en Neuquén. Liberada en 1981, Isabelita volvió a Madrid. Casi 26 años después, enfrenta el dilema de recorrer el camino opuesto.

Hubo 600 desaparecidos antes del 76 Así se informa en la última versión del Nunca Más; para varias ONG, fueron 900 Por Gabriel Sued De la Redacción de LA NACION Desde el comienzo del gobierno constitucional de Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973, hasta el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, que derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, hubo más de 1100 casos de desapariciones forzadas de personas y ejecuciones sumarias. La cifra surge –nada menos– que de uno de los anexos del informe Nunca Más, en la edición del 30 aniversario del golpe de Estado, publicada en marzo del año pasado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. De acuerdo con esa publicación, una reedición del informe que elaboró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) entre 1983 y 1984, las desapariciones forzadas previas al golpe de 1976 fueron unas 600 y las ejecuciones sumarias, unas 500. Los datos figuran en el sitio de Internet de la Secretaría de Derechos Humanos, en el apartado del Archivo Nacional de la Memoria, un organismo creado por el presidente Néstor

Kirchner, en diciembre de 2003. Esa información es, para los organismos de derechos humanos agrupados en Justicia Ya, sólo una parte de la verdad. La estimación de esas organizaciones, que acompañaron al albañil Jorge Julio López en el juicio contra el represor Miguel Etchecolatz, duplican el número oficial. Ese grupo sostiene que entre el 20 de junio de 1973, el día de la llamada Masacre de Ezeiza, hasta el inicio de la dictadura militar, hubo 900 desapariciones y 1500 asesinatos. Además, estiman que unas 3000 personas fueron apresadas por causas políticas. José Schulman, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, explicó que los legajos que acumula el Gobierno fueron elaborados a partir de las personas que se presentaron para reclamar una reparación económica por esos crímenes. La estimación de Justicia Ya se elaboró sobre la base de la revisión de archivos y diarios de la época. “La represión es constitutiva del Estado argentino. Siempre tuvo una dimensión legal y pública y otra oculta”, sostuvo Schulman. “En la Masacre de Ezeiza [como se llamó al enfrentamiento de

grupos peronistas ante el retorno de Juan Domingo Perón al país] ya estaban los que iban a formar la Triple A”, agregó. Si bien el anexo del Nunca Más sobre desapariciones y ejecuciones previas al último golpe de Estado abarcan el período 1966-1976, antes del comienzo del gobierno de Cámpora hay registrados menos de cien casos. Según ese informe, la mayor cantidad de desapariciones y ejecuciones de ese período se produjo en 1975, con más de 800 casos. En octubre de ese año, el gobierno de la viuda de Perón emitió los tres decretos por los cuales se disponía la “aniquilación del accionar de los elementos subversivos”. En febrero se había dictado otro decreto, el 261, que ordenaba a las Fuerzas Armadas aniquilar el accionar de elementos subversivos que actuaban en Tucumán. Entre los legajos que guarda el Archivo Nacional de la Memoria figuran los de varias víctimas extranjeras: hay chilenos, uruguayos, italianos, españoles, colombianos, bolivianos, paraguayos, polacos y peruanos. Además, están incluidas cinco embarazadas: Olga González Montenegro,

desaparecida el 8 de julio de 1975, en Tucumán; Ceferina López Córdoba, también desaparecida en Tucumán, el 27 de febrero de 1976; Amalia Moavro Ciotta, también desaparecida en Tucumán, el 4 de octubre de 1975; Beatriz Neuhaus Aicardi, desaparecida el 16 de marzo de 1976, en La Matanza, y Nora Rojas Cuevas, desaparecida el 29 de diciembre de 1975, en la Capital Federal. A esos nombres hay que agregarles los más famosos golpes de la Triple A, como los asesinatos del diputado Rodolfo Ortega Peña, del profesor Silvio Frondizi y del ex subjefe de la policía bonaerense Julio Troxler. “Los casos de desaparición forzada ocurridos antes del golpe militar de 1976, durante los años 1974 y 1975, son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. En la mayoría de estos delitos se presume que ha existido participación de agentes de Ejército”, dijo a LA NACION Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales. Ese organismo comenzó en 2000 una causa para que se investigara la desaparición de un joven en 1974, pero la investigación nunca avanzó.

ARCHIVO

1975: Isabel Perón preside el gabinete; a su derecha, Cafiero y Ruckauf

Otro detenido por la Triple A ■ Otro de los presuntos jefes de la Triple A se entregó ayer a la Justicia. Se trata del ex policía Miguel Angel Rovira, que en su declaración indagatoria negó ante el juez federal Norberto Oyarbide haber pertenecido a la organización paramilitar liderada por José López Rega. Es más, el acusado puso en duda la existencia de la Triple A. Como consecuencia de la orden de captura que había firmado Oyarbide, Rovira se presentó voluntariamente en los tribunales de Retiro y se defendió ante el magistrado. Sin embargo, Oyarbide dispuso que el suboficial retirado de la policía bonaerense quedara detenido.