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POLITICA
I
Sábado 11 de febrero de 2012
PAPEL MONEDA s EL INSOLITO CASO DEL REPRESENTANTE DE UN FONDO VINCULADO AL PODER
Denuncian a Boudou y lo investigará Rafecas
Jubilado, sin plata y controla la firma Ciccone Continuación de la Pág. 1, Col. 1 de inversión holandés, ni sabe qué es o qué produce la ex imprenta Ciccone Calcográfica. Es decir, todo lo contrario de lo que consta en los registros oficiales. Sólo luego recordará que le dieron $ 200, hace unos años, por firmar “unos papeles” y que él “necesitaba mucho los mangos”. En esos papeles, Schneider figura como representante de la sociedad extranjera Tierras International Investments CV, constituida en Holanda con las firmas de dos mujeres de las Antillas. Acaso también “prestanombres”: una mujer de 33 años, Jullisa Abigail Comenencia-Koolman, y otra de 39, Indra Farah Marie Vilchez. En la Argentina, también figuran tres abogados como apoderados, pero sólo para su inscripción administrativa: Hernán Melchor Cruchaga, Gonzalo Pascual y María Victoria Ctibor, el primero de los cuales deslindó toda responsabilidad “en lo que hagan los dueños de la sociedad”, cuyo nombre evitó precisar por el “secreto profesional” (de lo que se informa por separado). Inscripta como sociedad extranjera en la Dirección de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires mediante el legajo 1/167050, en el expediente 21209/143013-9, el verdadero representante de Tierras International Investments CV es Alejandro Paul Vandenbroele, el abogado al que su mujer, Laura Muñoz, señaló como amigo, presunto “testaferro” y gestor de negocios del vicepresidente Amado Boudou. El 15 de marzo de 2010, fue Vandenbroele, no Schneider, quien representó al fondo de origen holandés en la asamblea de accionistas de The Old Fund SA, con la que meses después tomaría el control –y la presidencia– de la ex imprenta Ciccone Calcográfica. “A ver, «Piluso», empezá de nuevo y dejame tomar nota”, pide Schneider,
que por algún motivo bautizó “Pilusa” a su perrita, de raza desconocida, y apoda “Piluso” a todo aquel que se le ponga adelante. LA NACION le explica entonces que figura como representante de un fondo holandés, que aparece con un domicilio en la calle Davel de Longchamps, partido de Almirante Brown, en pleno conurbano bonaerense, pero con un número de casa incorrecto. De hecho, ese número no existe. Y, peor aún, figura como representante de otras dos sociedades extranjeras. Schneider no parece convencido y vuelve a la carga: “¿Vos me estás jodiendo?”.
“Esto es la Argentina” Ambas sociedades también son de origen holandés: Sky Trasport [sic] Services CV y Chelsworth Holdings CV. Y mediante reuniones de socios que en teoría se celebraron, ambas, el 15 de febrero de 2010, dispusieron abrir una sucursal, cada una, en esa misma calle Davel de Longchamps. Pero allí, claro, no hay nada. Peor aún, en la primera consignaron mal su apellido, “Scheneider”, aunque su documento sí es el correcto. “Para que sepas, «Piluso» –aclara
Silencio de la AFIP sobre su actuación La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) mantuvo ayer su silencio oficial sobre el régimen “excepcional” de pagos que le concedió a la ex Ciccone Calcográfica, y que LA NACION reveló en su edición de ayer. La AFIP le otorgó ese plan durante 2010, después de lograr que la Justicia decretara su quiebra y cuando allegados a Amado Boudou tomaron el control de la firma.
el jubilado–, me enteré de que hay cinco DNI con mi nombre y algún hijo de puta cobró el retroactivo que me corresponde a mí en la Anses. Pero, bueno, esto es la República Argentina, ¿no?” Nacido en 1936, Schneider conserva una buena apariencia física. Cobra la jubilación mínima –“1400 pesos de bolsillo”, aclara– y no quiere que nada pueda perjudicar a su hija. Eso es, insiste varias veces, lo “único” que le importa. Entra y sale de la casa varias veces. De andar rápido y ágil, aparenta menos años de los que tiene. Y es rápido para el retruque y dejar claro que no le gusta nada el Gobierno. “A mí, con ellos, nada, ¿está claro, «Piluso»?”, refuerza. Schneider delimita, también, ciertas pautas y reglas. “No quiero que me saques fotos. Y si alguien me llega a venir a joder, lo cago a tiros”, dice, antes de que la sonrisa retorne a su rostro, como si nada. Para él, cuenta, mientras muestra unas fotos colgadas en el armario de su cuarto, su vida actual “es andar en bicicleta”. La cocina de su casa es poco más que testimonial, mientras que Pilusa deambula entre una mesa de madera petisa y tres sillas de madera que hay en el jardín delantero, entre la casa sin timbre y el número pintado con pincel en una maderita, y el alambrado que delimita con la calle y el quiosco de al lado, de un vecino con el que Schneider se lleva bien. O al menos lo bastante bien como para compartir la noticia. “Pará, pará, «Piluso», dejame que le cuente lo que me estás diciendo. ¿Así que soy el jefe de una empresa internacional?”, le dice a LA NACION, que le aclara que no, que sólo figura como su representante de ese fondo holandés que controla a la firma argentina que controla a la ex Ciccone. Y vuelve a la carga: “¿Vos me estás jodiendo? Mirá que tengo mis problemas del corazón, ¿eh?”.
LA NACION
La casa de Longchamps donde vive Schneider
El representante
En cuatro líneas, el anuncio publicado en el Boletín Oficial bonaerense en julio de 2009 informó la inscripción en el país de la firma holandesa Tierras International Investments y la designación de Carlos Schneider como su representante.
El caso por presuntos negocios irregulares del vicepresidente, Amado Boudou, llegó a la Justicia. Por sorteo, la causa quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas. El expediente se abrió por una denuncia presentada ayer por el abogado Jorge Vitale, que acusó a Boudou de “violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales públicos”. Todo indica que el lunes se acumulará a este expediente una presentación del procurador general, Esteban Righi, el jefe de los fiscales, que giró a los tribunales la nota del abogado Ricardo Monner Sans pidiendo que se investigara el caso. La fiscalía a cargo de la causa, que deberá decidir si impulsa la investigación, es la de Carlos Rívolo. De larga trayectoria, Rívolo fue el fiscal que motorizó una de las principales causas de corrupción contra un funcionario kirchnerista: la del presunto enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime. Está de licencia hasta el jueves próximo. Hasta entonces, lo reemplazará su par Gerardo Pollicita. En su denuncia, Vitale hizo referencia a los dichos de Laura Muñoz, que afirmó que su ex marido, el empresario Alejandro Vandenbroele, era “el testaferro” de Boudou. El denunciante solicitó que se investigaran los lazos entre el vicepresidente y la empresa Ciccone Calcográfica, así como las operaciones de esta compañía con el Estado, de las que dieron cuenta LA NACION y Clarín. Rafecas, nombrado en octubre de 2004, es el juez que investiga los crímenes cometidos durante la última dictadura bajo la órbita de I Cuerpo de Ejército y fue quien procesó al ex presidente Fernando de la Rúa en la causa por sobornos en el Senado, un caso que espera el juicio oral.
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“Yo sólo inscribo sociedades extranjeras; el resto no lo sé”, indicó ayer el abogado Hernán Melchor Cruchaga, a LA NACION, quien figura como representante o apoderado de la firma holandesa Tierras International Investments CV en la Argentina, aunque aclaró que sólo “para su inscripción administrativa”. Cruchaga remarcó que cuando su estudio inscribió la sociedad en la Argentina y se publicó en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el 27 de julio de 2009, sólo hizo “lo que la ley manda y autoriza”. “Se trata de un trámite administrativo, por el mero requerimiento que impone la ley de sociedades”, dijo desde Pinamar, donde se encuentra tras el fallecimiento de su padre, el ex diputado nacional por el radicalismo Melchor Cruchaga, también ex viceministro de Justicia durante la gestión De la Rúa. Cruchaga también aclaró que los otros dos abogados que figuran como apoderados de la sociedad, Gonzalo Pascual, ahora en México, y María Victoria Ctibor, también lo eran sólo a los fines de la inscripción social. “Están igual que yo; lo que luego hayan hecho los dueños, no lo sabemos ni nos compete; yo estudié en Inglaterra, hago derecho societario e inscribo las sociedades que me piden”, remarcó. –¿Usted sabe quién es el dueño?, preguntó LA NACION. –No puedo decírselo por razones del secreto profesional. –¿Y Carlos Schneider, el jubilado al que le pagaron 200 pesos? –El sólo figura como representante porque la ley así lo impone y le pagué por el servicio de mensajería. Porque hay sociedades que fijan su domicilio en nuestro estudio y hay otras que prefiero que llegue la correspondencia a otro lugar.
