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eDITORIALeS | CARTAS

| Lunes 31 de marzo de 2014

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870 Número 1, Año 1 “la nacion será una tribuna de doctrina” Director: Bartolomé Mitre

Víctimas del terrorismo sin justicia La memoria frente a los episodios de violencia terrorista nunca debe ser parcial ni ser utilizada como elemento de venganza

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on un recordatorio de las víctimas del peor atentado terrorista que sufrió España, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dio comienzo el pasado 11 de marzo a los profusos homenajes que en toda España se efectuaron para recordar a las 191 víctimas mortales y a los más de 1500 heridos que ocasionaron las bombas depositadas en los trenes de Atocha, en Madrid, diez años atrás. Este doloroso aniversario, que dio motivo al Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, contó en las principales ceremonias de recordación con la presencia de todos los funcionarios del gobierno español y del gobernante Partido Popular, así como de la oposición, y de la Casa Real, que arroparon con su presencia a los sobrevivientes y a los familiares de los muertos. Todas las personalidades de la vida política española dijeron presente en la misa celebrada en la Catedral de la Almudena, así como en el concierto en honor a las víctimas celebrado en el Auditorio Nacional de Música con la presencia de la reina Sofía, mientras centenares de personas, durante otro homenaje realizado en el Parque del Retiro, dejaron flores a los pies de los árboles plantados en recuerdo de los desaparecidos en Atocha. Todos estos actos, tendientes al ejercicio del llamado derecho a la memoria, pretendieron rescatar ese pasado, para aplicar sus enseñanzas en el presente, de manera de sanar las heridas no sólo a nivel individual, sino colectivamente como sociedad. Este derecho ha sido reconocido en varias oportunidades por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ocurrió en el caso “Villagrán Morales y otros vs. Guatemala”, al determinar que “en cuanto a la solicitud de nombrar un centro educativo con el nombre de las víctimas, la Corte ordena al Estado designar un centro educativo con un nombre alusivo con las jóvenes víctimas de este caso (…) Ello contribuirá a despertar la conciencia para evitar la repetición de hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso y conservar viva la memoria de las víctimas”, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe anual de 1985, dijo: “Toda la sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro”. Este décimo aniversario de la mayor tragedia que el terrorismo causó en España contó con la presencia de ONG de víctimas del terrorismo de distintas partes del mundo que fueron invitadas para acompañar a los españoles en el dolor y mostrar que este flagelo ataca a todos, más

allá de las diferencias culturales, raciales, políticas o religiosas. Entre los invitados, se encontraba el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), asociación civil que agrupa a familiares de víctimas del terrorismo de los años 70, ocasionadas mayoritariamente por Montoneros y el ERP, y que aún continúan sin ser reconocidas por el Estado argentino, pese a la profusión de reparaciones y medidas tendientes a garantizar verdad y justicia para quienes en aquella década sufrieron la violencia desde el Estado. La presidenta de esa entidad, Victoria Villarruel, fue invitada a brindar una declaración en la sede del Parlamento Europeo en Madrid, donde expresó: “Para quienes, como nosotros y algunos de los presentes, no tenemos voz ni somos reconocidos en nuestros países, ser recibidos aquí en la sede de la Comisión Europea, tener la oportunidad de ser escuchados, es la clara muestra del respeto a la investidura de las víctimas y de la no discriminación por razones políticas. (…) Exhortamos a las naciones a arbitrar los medios para el dictado de una convención internacional que condene al terrorismo y defina universalmente y en forma inequívoca qué es terrorismo. De esta manera, las víctimas no sólo de Europa, sino todas, estarán protegidas por un instrumento internacional que las ampare y castigue a sus agresores en todo el mundo”. En esa dirección, fue creada la Federación Internacional de Asociaciones de Víctimas del Terrorismo, al tiempo que quienes la integran en la Argentina solicitaron la condena pública internacional hacia aquellos gobiernos que no reconocen a sus víctimas y garantizan la impunidad de sus victimarios. Ninguna política de derechos humanos puede alentar enfrentamientos facciosos ni excluir a ninguna víctima de la violencia, cualquiera que sea su procedencia. Como lo hemos señalado reiteradamente desde esta columna editorial, la reconciliación de los argentinos exige cultivar una memoria integral sobre lo acaecido en los trágicos años 70, despojada de cualquier sentimiento de odio o venganza. A pocos días de haberse conmemorado en nuestro país el llamado Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, continuar denegando el reconocimiento de sus derechos a las víctimas del terrorismo es una deuda que el Estado argentino tiene y que se acentúa aún más, cuando esas víctimas son aceptadas y arropadas por naciones extranjeras, que recuerdan su pasado con luces y sombras, pero que no utilizan el dolor para escribir un relato, donde los inocentes quedan excluidos, para garantizar la impunidad de los terroristas.

Incertidumbre en el límite territorial con Bolivia Se ha presentado en el Congreso un proyecto para crear una comisión especial que investigue el desplazamiento de un hito fronterizo en Salta

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omo se ha informado, recientemente se produjo el corrimiento de un hito fronterizo entre la provincia de Salta y la República Plurinacional de Bolivia, que significó tanto un desplazamiento de unos treinta kilómetros de la frontera hacia territorio salteño como una pérdida de 600 kilómetros cuadrados de territorio argentino. A raíz de estos graves hechos, a los que nos referimos en esta columna el 24 del mes pasado, se ha presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto para constituir una comisión especial investigadora sobre tan grave suceso. En los fundamentos de ese proyecto del diputado Alberto Asseff (UNIR-Frente Renovador) se afirma que el motivo obedece a las denuncias realizadas por pobladores del paraje Abra de Santa Cruz, en el Valle del Silencio, comprendido por el municipio de Santa Victoria Oeste. Esas denuncias fueron investigadas y publicadas por el diario El Tribuno, de Salta. Según da cuenta el proyecto, el límite internacional entre la Argentina y Bolivia “está determinado por el Tratado Definitivo de Límites de 1925”, algo que parece desconocer el actual Gobierno al haber permitido, según un acuerdo de noviembre del año pasado, el corrimiento del mojón sin que el Ministerio de Relaciones Exteriores ni su titular, Héctor Timerman, hayan dado a publicidad el contenido de lo acordado ni brindado la justificación legal pertinente. Ante la gravedad de lo acontecido, el proyecto

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ha propuesto que la comisión por crearse sea integrada por once miembros designados por resolución del cuerpo legislativo respetando la pluralidad de la representación política de la Cámara”, y que se designe presidente, vicepresidente y secretario, quienes serán elegidos por la mayoría de los votos. Entre las facultades concedidas a la comisión merece destacarse que podrá recibir denuncias, debidamente registradas ante escribano público, por parte de las familias afectadas. A su vez, gozará de la facultad de solicitar informes a todos los poderes del Estado nacional, provincial, municipal y realizar inspecciones en el sitio fronterizo mediante constancia fehaciente por acta notarial. La iniciativa legislativa establece que la comisión podrá ordenar pericias técnicas y denunciar ante la Justicia cualquier intento por parte de funcionarios nacionales, de la provincia de Salta o del Estado boliviano de “acallar, amedrentar –cosa que ya ha sucedido– o amenazar a los habitantes denunciantes del hecho investigado”. Entre otras potestades, se reserva asimismo la facultad de denunciar la disputa limítrofe ante los organismos internacionales que corresponda, así como la de proponer arbitraje internacional. La iniciativa es valiosa porque nos encontramos ante un suceso plagado de sombras y que compromete tanto a una porción del territorio nacional como a compatriotas nuestros, abandonados a su suerte por un acuerdo nunca esclarecido.

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Zarpazo Lo que me aumentaron en paritarias ahora lo tengo que usar para pagar las nuevas tarifas de servicios. Moraleja: no es tarifazo ni inflación, pero hay que pagar más. El Gobierno esperó el fin de las paritarias para dar un nuevo zarpazo al bolsillo y además lo muestra como un aumento de sueldo, que no es. Las mentiras ya no tienen patas cortas en la era kirchnerista. Hoy “tienen acceso al avión”, como bien dice la Presidenta. Gustavo Gil [email protected]

Flagelo La conocida frase de lord Acton “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” es, lamentablemente, de estricta aplicación en nuestro país. La corrupción se ha institucionalizado y no existe ningún organismo ni poder del Estado, incluido el Poder Judicial, que se encuentre exento de ella. La realidad de los hechos es que nosotros los ciudadanos dejamos que crezca por nuestra inoperancia para detenerla en sus comienzos. Aquello de “roba pero hace” justificaba a muchos funcionarios y el pueblo se callaba. La única forma de que nuestro país deje atrás ese flagelo, que nos empobrece a todos sin distinción de clases sociales, es que la ciudadanía toda diga basta y mediante un amplio acuerdo de todos los partidos políticos imponga efectivos castigos a quienes incurren en el delito de corrupción. Enrique Javier Martorell DNI 10.964.088

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: [email protected] o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

el propio autor del delito. La pena es de prisión de dos a seis años, agravándose con reclusión o prisión de tres a diez años si el cuerpo o la salud de la víctima sufrieran un daño grave como consecuencia del abandono. Un mayor agravante, que eleva la pena a cinco y a quince años en su mínimo y máximo, sucede si muere la persona abandonada. Nuestra población, en la mayoría del territorio, sufre las consecuencias de la inseguridad, la impunidad, las carencias en asistencia sanitaria, los magros salarios de los activos y mucho más de los jubilados, que apenas les permiten sobrevivir, etc, de los cuales son responsables los poderes políticos nacionales y provinciales. ¿No deberían estos hechos ser tipificados como abandono de personas? Horacio R. Repetto LE 4.753.353

Malvinas Luego de 150 años de usurpación, el 2 de abril de 1982 nuestra enseña patria flameó majestuosamente en nuestras queridas islas Malvinas. Espero que con el paso de los años aprendamos a valorar la gesta y con ella a nuestros combatientes y héroes, gloria y honor para todos ellos. En un momento crucial de la Argentina, en que las pasiones y los viejos rencores se han desatado, mi deseo

En la Red Sobrevivió a Once y se suicidó Facebook

Premio El drama de haber erigido delincuentes en mártires lo estamos sufriendo hoy, con la inusitada ola de violencia que está devastando nuestro país. Ex terroristas devenidos kirchneristas, quienes en los años 70 atentaron con bombas y asesinaron (aun durante gobiernos constitucionales), han sido premiados con indemnizaciones y cargos bien remunerados en este gobierno. ¿Qué ejemplo es ése para nuestra juventud? Y además se comprueba a diario que la Justicia se muestra impotente ante un nivel de corrupción nunca antes visto. Alberto José Fortin DNI 7.608.868

Denuncia de evasión He presentado ante la justicia federal de Jujuy una denuncia penal tributaria contra el gobernador Fellner, por supuesta autoría de evasión calificada y retención indebida de recursos de la seguridad social. La mayor parte del sueldo de los empleados públicos jujeños se paga en negro, a través de varios ítems no remunerativos ni bonificables, para omitir tributación. Sobre lo que permanece en blanco se deducen a los trabajadores sus aportes, pero ni éstos ni las contribuciones patronales se depositan íntegramente en la Anses. Esto ocurre desde diciembre de 2011. Algunos rubros ya venían comprometidos por la gestión Barrionuevo. Como diputada tengo la obligación de denunciar, porque se retienen fondos de los trabajadores estatales y se defrauda al fisco nacional. La AFIP hasta ahora omitió controlar. Sin embargo, si un empresario, comerciante o emprendedor omiten a veces obligaciones formales, se intima, se clausura colocando fajas, se cobran multas con intereses y se hace juicio. El gobierno debe dar el ejemplo de cumplir la ley. Esta situación llegó a mi conocimiento tras recibir a la comisión intersindical de gremios, en reunión celebrada en las escalinatas de la Legislatura. El fiscal federal corrió vista de la denuncia a la AFIP local. Diputada Isolda Calsina [email protected]

Abandono de persona El artículo 106 del Código Penal tipifica esta figura delictiva describiéndola como el que pusiere a otro en peligro en su vida o en su salud, ya sea por colocarlo en estado de desamparo o abandonando a una persona incapaz de valerse por sí misma y con respecto a la cual haya un deber de cuidado o a quien ha incapacitado

sea una inversión, el contralor debe ser eficaz, pero falla. Además, por cierto, la conducta de los paseantes debe mejorarse en cuanto a poner los papeles en los cestos y no tirarlos entre las plantas. Hugo Jorge Carassai DNI 6.552.242

Bautismo anómalo El arzobispado de Córdoba ha autorizado la celebración del sacramento del bautismo para una niña cuya patria potestad se encuentra ejercida por su madre biológica y su pareja del mismo sexo. Esto constituye una anomalía respecto del Código de Derecho Canónico, al violar el c. 868, que dice: “Para bautizar lícitamente a un niño se requiere […] 2º) que haya esperanza fundada de que el niño va a ser educado en la religión católica; si falta por completo (prorsus) esa esperanza, debe diferirse el bautismo, según las disposiciones del derecho particular, haciendo saber la razón a sus padres”. Como puede apreciarse, el núcleo del inciso es la certeza de que el bautizado no va a ser educado en la fe católica. Esto último queda suficientemente atestiguado en tanto quienes están a cargo de la tutela han incurrido, sin lugar a dudas, en la homosexualidad como un estado permanente de vida, conducta absolutamente opuesta a la enseñanza de la Iglesia (cf. Catecismo de la Iglesia Católica 2357-2359). Pero, además de las razones de índole canónica –que no constituyen sólo un legalismo, sino más bien la praxis evangélica conforme al magisterio de la Iglesia–, llama la atención la centralidad que se le quiere dar al hecho realizando el bautismo en la catedral y aparentemente con el madrinazgo de Cristina Kirchner, una de las principales promotoras de la ley antinatural de “matrimonio” igualitario. Diác. Ricardo P. Palacio DNI 13.133.346

Embotellamientos

“Pobrecito, cuánto abandono, cuánta necesidad habrá tenido” Cristina Cervetto

“Al Gobierno sólo le importa el 76” Griselda Paijes

“Le faltó apoyo psicológico. Debe ser verdaderamente horroroso vivir eso” Rosana Pedrozo

“El Gobierno sólo se ocupó de demostrar que la culpa es de otro. Los verdaderos perjudicados no le interesan” Norma Franch

es que esta fecha, símbolo de unidad y soberanía, ilumine nuestros corazones, indicándonos el camino de paz y crecimiento. Luchemos por una Argentina grande, unida, soberana y socialmente justa. Pedro Pablo Farías DNI 11.420.597

Parches en Florida Siempre fue una arteria tradicional, que pasó por momentos de belleza y decrepitud. El gobierno de la ciudad la ha recuperado y ha gastado en calzadas, maceteros y hasta modernos quioscos de revistas. Bien, pero: a) los maceteros están llenos de papeles sucios; b) hay nuevas roturas, que han sido mal reparadas; c) frentes de edificios abandonados. Si se cumplen las normas, todo ello se soluciona rápidamente: 1) que quienes limpian no sólo pasen la barredora, sino que además quiten toda la suciedad; 2) que los que rompen las veredas las reparen bien, dejándolas en el estado en que estaban originariamente; 3) que las exigencias de edificio seguro (fachadas) se hagan cumplir a todos por igual. Se gastó mucho en obras. Para que

El Registro de la Propiedad del Automotor nos dice que las 12.255 manzanas de la ciudad de Buenos Aires albergan 1.398.595 vehículos, es decir, 114 unidades por manzana. Diariamente este parque automotor provoca embotellamientos y dificulta el acceso a los que llegan del Gran Buenos Aires. La velocidad con que han crecido y crecen cada año los atascos en la circulación en calles y avenidas se explican con las cifras de la Asociación de Fábricas de Automotores del saldo nacional entre producción, importación y exportación de vehículos, que fue de 703.604 en 2012, llegó a 898.642 en 2011 y a 874.317 en 2012. El Metrobus implementado en la avenida Juan B. Justo y ahora también en la avenida 9 de julio es una pobre respuesta en un país que no construye calles ni carreteras desde hace muchos años. Las restricciones y los mayores costos del estacionamiento no bajan la masa de vehículos. El aumento del peaje no pudo mantenerse. En Roma una persona paga cinco euros si viaja sola en su vehículo y un euro cuando la acompañan cuatro pasajeros. Esto motiva al vecino a compartir su vehículo en el traslado al trabajo en el centro de la ciudad. Luis Chiodo [email protected]

Aguas servidas Invito al señor intendente de Vicente López, Jorge Macri, a que recorra la calle Juan Bautista Alberdi al 400, donde podrá observar la salida de aguas servidas de la cámara ubicada en la vereda del edificio de Alberdi 420, debido a la sobrecarga de la colectora de la Avenida del Libertador, cuya presión impide que los líquidos cloacales fluyan hacia ésta, provocando el desborde en la vereda, lo cual nos obliga a hacer equilibrio al caminar, además de tener que soportar el permanente mal olor. Esta situación se agrava porque los vertidos circulan por la calle hacia los sumideros de agua de lluvia y son arrastrados hacia el río, contaminándolo. Si bien la solución es responsabilidad de AySA, que hasta ahora no ha atendido los reclamos, pido al señor intendente su intervención para que interceda ante ella. Juan Carlos Abud DNI 4.207.751

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