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POLITICA

I

Viernes 8 de abril de 2011

LOS ATAQUES A LA PRENSA s PRESENTACION DE UN INFORME EN EE.UU.

Fuerte denuncia argentina en la SIP Continuación de la Pág. 1, Col. 2 de expresión como un enemigo”, pese a que la presidenta Cristina Kirchner anunció en marzo que “había que terminar –recordó– con los enfrentamientos porque el país se nos va de la mano como un enfermo que se desangra sin remedio (la citó textualmente).” “Se esperaba coherencia entre sus palabras y los hechos, algo que ha quedado todavía pendiente”, sentenció Montes en su exposición, de casi treinta minutos, ante el silencio de unos cien representantes de medios de Estados Unidos y América latina. El periodista argentino se refirió al bloqueo que impidió la salida de Clarín y demoró la de LA NACION semanas atrás como “uno de los días más oscuros en materia de libertad de expresión”. “Pese a las denuncias penales y policiales, la presencia policial fue pasiva y no intervino en ningún momento. Esta actitud de cercenar el derecho a la libre circulación de los diarios mediante una coacción y sin que los afectados recibieran la más mínima defensa por parte de las autoridades e, incluso, desobedeciendo expresas decisiones judiciales constituye una afrenta gravísima contra la libertad de expresión”, dijo Montes. También mencionó las penurias que deben atravesar periodistas que no coinciden con la visión oficial, que frecuentemente reciben acusaciones públicas y ataques lanzados desde los medios oficiales y los controlados por

el Gobierno, dijo. Entre éstos, mencionó los casos de Joaquín Morales Solá, Jorge Lanata y Luis Majul. Lo escuchaban el presidente de la SIP, Gonzalo Marroquín, director del diario Prensa Libre, de Guatemala; el titular de la Comisión de Libertad de Expresión del organismo, Robert Rivard, del San Antonio ExpressNews, de Texas; el presidente de la cadena venezolana Globovisión, de Venezuela, Guillermo Zuloaga –hoy exiliado en EE.UU. tras la persecución sufrida a manos del presidente Hugo Chávez–, y los directivos del diario El País, Julia Rodríguez Larreta, y de la revista Búsqueda, Claudio Paolillo, ambos de Uruguay.

Duro mensaje Preocupada por la delicada situación que viven periodistas y medios independientes en la Argentina, la SIP enviará una misión a Buenos Aires el próximo 4 de mayo, encabezada por Marroquín, para la cual ya solicitó una audiencia a la Presidenta. El informe de Montes, el más duro que se recuerde desde el retorno de la democracia en la Argentina entre los asistentes a este encuentro periodístico, precede al documento formal que emitirá mañana el organismo, en el que detallará la situación de la prensa libre país por país. Se descuenta que no habrá grandes modificaciones entre uno y otro. En su reporte, Montes también recordó las enérgicas condenas que hicieron la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y los más prestigiosos periodistas ar-

EL FRENTE SINDICAL

Francisco Montes expuso el informe sobre la Argentina gentinos sobre el bloqueo a los diarios. “La obstaculización de publicaciones constituye un delito previsto en el Código Penal”, reclamó. ¿Qué cabe ser destacado para la prensa independiente argentina de esta reunión de la SIP? En principio, tres hechos novedosos: 1) La abierta condena del representante del gobierno norteamericano, Arturo Valenzuela, a las embestidas contra los diarios argentinos, formulada sin tapujos durante un almuerzo el martes en el Instituto de las Américas. Dijo allí Valenzuela: “Nos preocupan los ataques a los diarios porque tienen que ver con un valor

esencial para la democracia como la liberad de expresión”. 2) La paulatina ubicación de la Argentina junto con países cuyos gobiernos autoritarios acosan y agreden sistemática y descaradamente a periodistas y medios independientes, como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Los casos de México y Cuba no son comparables, porque el problema en México radica en la amenaza criminal del narcotráfico y en Cuba impera un régimen totalitario que no da lugar a disidencia de ningún tipo. La Argentina ha quedado muy expuesta. Practicamente no ha habido editor de diario que no se haya

acercado a quienes participamos en esta reunión, expresando incredulidad y preguntando detalles de los sucesos que consideraban propios de otras epocas. 3) El informe de Montes, un periodista de larga trayectoria en el interior del país, debió recurrir a términos inusuales, desconocidos hasta ahora ante la gravedad que van adquiriendo los acontecimientos con los periodistas y medios críticos del oficialismo. Un video de seis minutos sobre la situación de la prensa en la Argentina se proyectó en el auditorio. Allí se recogieron, entre numerosos testimonios, recientes declaraciones del dirigente camionero Raúl Altamirano en las que amenazaba con enviar miles de camioneros a las puertas de los medios que publicaran informaciones contrarias al titular de la CGT, Hugo Moyano, y también declaraciones de Cristina Kirchner, cuando afirmaba que había una absoluta libertad de prensa en la Argentina. Las imágenes exhibieron las opiniones de los periodistas Jorge Fontevecchia (“la prensa libre está en problemas en la Argentina”), Jorge Lanata (“no me gusta que me aprieten”) y José Ignacio López (“el Estado de Derecho ha sido avasallado en el país”). Tras la proyección, editores ecuatorianos y venezolanos manifestaron su estupor por el reciente premio a la comunicación otorgado por la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata al mandatario venezolano, Hugo Chávez. “Es como si le hubieran dado el Premio Nobel

MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS

ENRIQUECIMIENTO

Un peritaje crucial quedó bajo sospecha

Moyano perdió un lugar clave para las obras sociales

Favorece al secretario de Cristina Kirchner

El Gobierno impuso a un hombre ajeno a la CGT en el control de los programas especiales MARIANO OBARRIO LA NACION El gobierno de Cristina Kirchner le quitó ayer al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, un cargo clave en el control de los recursos de las obras sociales sindicales, al designar en la Administración de Programas Especiales (APE) al abogado Manuel Martín Alves, hombre de confianza del ministro de Salud, Juan Manzur, con el fin de “normalizar” ese polémico organismo. De todos modos, el nombramiento fue conversado entre Manzur y Moyano en una charla telefónica, según informaron ayer a LA NACION fuentes oficiales de la cartera de Salud. El ministro del área no recibió a Moyano en su cartera, como estaba previsto. Si bien en Salud adujeron problemas de agenda de Manzur, lo cierto es que tampoco hoy se producirá. En esa reunión la CGT y el líder camionero negociarían además la devolución de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución de las obras sociales sindicales. Se trata de una deuda de 6800 millones de pesos. La central obrera reclama el reintegro de por lo menos 2000 millones, incluso amenazó con una demanda judicial, pero el Gobierno sólo programó hasta hoy la devolución de 1000 millones para todo 2011. El primer giro fue de 250 millones en febrero último y se transferirán tres cuotas idénticas en el mes actual, en julio y en septiembre. Lo cierto es que al suspender la reunión de ayer, Manzur postergó cualquier definición en este punto. “En realidad, no existe un acuerdo”, dijo una alta fuente. En el Gobierno no descartaban que el encuentro se haga la semana próxima. Respecto de la designación de Alves en el APE, se interpretó ayer que Moyano perdió espacios de poder: Daniel Colombo Russell, de extrema confianza de Moyano, renunció an-

teayer en forma indeclinable y así se le fue un funcionario estratégico en el manejo de los reintegros que ese organismo realiza a las obras sociales para tratamientos de alta complejidad. Sin embargo, cerca de Moyano hubo otra visión. “Hugo quería sacar a Colombo Russell para salirse del problema y no quedar vinculado a las demoras en el giro de los fondos”, dijo a LA NACION un ladero de Moyano. El APE administra un presupuesto anual de 1100 millones de pesos. Moyano había amagado con retirar a Colombo Russell del APE cuando llegó el exhorto de Suiza por una investigación judicial, pero luego fue confirmado. “Desde que explotó la causa de la mafia de los medicamentos el APE está paralizado y las demoras de los giros a las obras sociales ya no se toleran”, aseguraron fuentes sindicales. “La designación de Alves va a ayudar a distender y a normalizar el APE, hoy frenado”, aseguró una fuente cercana a Manzur, que afirmó que el nuevo funcionario tiene el aval de la presidenta Cristina Kirchner. El cambio no deja de ser, por ello, un mensaje de la jefa del Estado a Moyano. Alves era gerente de Asuntos Jurídicos en la Superintendencia de Seguros de Salud, que dirige Ricardo Bellagio. “Manzur lo había puesto en la SSS y lo tenía como funcionario desde su gestión en Tucumán”, agregaron hombres del ministro. Pese a la renuncia de Colombo Russell, seguirán otros hombres de Moyano: Abel Sergio Beroiz, hijo del asesinado tesorero de la Federación de Camioneros, y Cristian Asorey, del área de informática. Previo a la llegada de Colombo Russell, Manzur había intentado imponer allí al tucumano Mario Koltan en lugar de Hugo Sola. Pero Koltan duró 48 horas en el cargo y fue reemplazado por Colombo Russell, el 4 de noviembre de 2009.

PAZ RODRIGUEZ NIELL LA NACION

RICARDO PRISTUPLUK

Testimonio oficial en una delegación policial La ministra de Seguridad, Nilda Garré, presidió ayer la colocación de una placa en la Superintendencia de Seguridad Federal, en Moreno 1431, donde funcionó un centro clandestino en la dictadura militar. En esa sede se encontraba la Coordi-

nación Federal de la Policía, donde en julio de 1976 estalló una bomba que dejó varios muertos, hecho por el cual fueron sobreseídos hace dos semanas el ex jefe guerrillero Mario Firmenich y el periodista Horacio Verbitsky, entre otros.

Videla, más complicado por el crimen del obispo Angelelli La Justicia Federal de La Rioja ordenó las detenciones del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y de su ministro del Interior Albano Harguindeguy por el asesinato, en agosto de 1976, del obispo Enrique Angelelli. El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena firmó la resolución luego de tomarles declaración indagatoria a Videla y a Harguindeguy. Videla, de 85 años, ya cumple prisión preventiva en el penal de la guarnición de Campo de Mayo, mientras Harguindeguy, de 83, está con detención domiciliaria en su casa de Los Polvorines. Ambos están siendo enjuiciados en otras causas por delitos de lesa humanidad. El juez Herrera Piedrabuena, que investiga la muerte de Angelelli, ya había dictado la prisión preventiva del entonces jefe del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, con seis condenas a prisión

perpetua, que cumple en detención domiciliaria en la casa de un hijo, en San Miguel de Tucumán. De las indagatorias a Videla y Harguindeguy participaron el secretario José Luis Combina, la fiscal federal subrogante Marta Kunath y la defensora pública subrogante Silvina Martínez. En la causa también fue imputado el militar retirado Edilio Cristóbal Di Cesare, quien entre 1976 y 1977 ocupó paralelamente la jefatura de Logística del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 y comandó la policía riojana, además del vicecomodoro Luis Fernando Estrella, ex segundo jefe de la Base Aérea de Chamical. La muerte de monseñor Angelelli –obispo de La Rioja y de fuerte compromiso social– siempre despertó sospechas: la dictadura militar habló de accidente, pero la Justicia lo investiga como un homicidio.

El 4 de agosto de 1976, conducía su auto desde Chamical hacia La Rioja, luego de denunciar que dos sacerdotes, Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, habían sido secuestrados, torturados y asesinados unos días antes. A la altura de Punta de los Llanos, sobre la ruta 38, el vehículo volcó y hay sospechas de que el accidente fue provocado. Arturo Pinto, quien acompañaba a Angelelli y ahora impulsa la investigación como querellante, relató que el vehículo fue cruzado por otro automóvil hasta que lograron hacerlo volcar. El obispo sobrevivió al vuelco y su cuerpo quedó tendido en el pavimento, donde poco después murió. El juez citó a 14 imputados, encabezados por Videla. Se sospecha que el cura llevaba consigo documentos sobre los religiosos muertos y que esos papeles aparecieron luego en poder de Harguindeguy.

ABUELAS DE PLAZA DE MAYO

CASO AMIA

ESPIA EN ECONOMIA

Síntesis OPOSICION

Piden cambios en el proyecto antilavado Un día después de que el Gobierno reclamara al Congreso la sanción de una nueva ley de lavado de dinero, la oposición en la Cámara de Diputados anunció un acuerdo para impulsar un dictamen conjunto y reclamó que el oficialismo aceptara cambios en el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo. Los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR), Gustavo Ferrari (foto) (Peronismo Federal), Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica) y Federico Pinedo (Pro) propusieron que la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal encargado de combatir el lavado de dinero, tenga autarquía financiera y que sus autoridades deban superar un concurso para ser designadas.

de la Paz a Khadafy”, se indignó luego Zuloaga, acaso la figura más valorada por su condición de exiliado y por la estoica resistencia de Globovisión a los ataques de Chávez. Presenciaron esta reunión de la SIP por parte de la Argentina el director de Relaciones Institucionales de LA NACION, Norberto Frigerio; el gerente de Comunicaciones Externas de Clarín, Martín Etchevers; Marcela Noble Herrera, del mismo diario; Luis Remonda, de La Voz del Interior; Leonor Etchevehere, de El Diario, de Paraná; Nélida Rajneri, del diario Río Negro, y Ernesto Kraiselburd, de El Día, de La Plata, entre otros. Montes lamentó el frustrado intento de un grupo de intelectuales oficialistas de impedir que Mario Vargas Llosa, último premio Nobel de Literatura, abriera la próxima Feria del Libro de Buenos Aires, si bien rescató el freno impuesto por la Presidenta a la iniciativa. “Todavía la discrepancia se transforma en agresiva confrontación y ésta es una práctica orientada a convertir al adversario en enemigo y a la disidencia en un insulto. Cuando la pluralidad de ideas es combatida, la libertad queda oscurecida”, afirmó. Y terminó parafraseando a la flamante presidenta brasileña, Dilma Rousseff, para dejar en evidencia el contraste entre el clima de opresión que padecen los medios independientes argentinos y la fresca realidad que emana del país vecino: “Es preferible un millón de voces críticas de una prensa libre al silencio de las dictaduras”.

Recuperan a otra nieta Crítica judicial a D’Elía

Benefician a Larosa

Las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron que fue identificada la nieta 103, apropiada durante la dictadura militar. La joven, cuya identidad no trascendió, es hija de Cecilia Beatriz Barral y Ricardo Horacio Hlotzman, desaparecidos el 2 de agosto de 1976 en la ciudad de Rosario. La identidad fue confirmada por la Justicia, luego de que la joven fuera obligada a realizarse estudios genéticos.

La Cámara Federal revocó el procesamiento de Roberto Larosa, acusado de haber ingresado subrepticiamente al Ministerio de Economía en abril de 2010 y ordenó seguir investigando. La Sala I del tribunal revocó un fallo del juez Claudio Bonadío, quien había procesado a Larosa por violación de domicilio, hurto simple y hurto agravado. No se probaron esos delitos.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó ayer su “rechazo” a expresiones descalificatorias del dirigente oficialista Luis D’Elía sobre el fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman. “Esos ataques afectan el normal desarrollo de las tareas que, por imperio de la Constitución y las leyes, tienen a su cargo el Ministerio Público y los jueces de la Nación”, advirtió.

Isidro Bounine es uno de los funcionarios más cercanos a la presidenta Cristina Kirchner: es su secretario privado. Fue denunciado por enriquecimiento ilícito, pero un peritaje oficial presentado anteayer sostuvo que su crecimiento patrimonial está justificado. Sin embargo, el tema no está cerrado. La Justicia acaba de abrir una causa por supuestas irregularidades en ese peritaje. Todo empezó con una denuncia anónima en el juzgado de Claudio Bonadio, que investiga a Bounine y a dos ex secretarios presidenciales por enriquecimiento. Según la nota, se había manipulado la integración del equipo de peritos. Con el anónimo, Bonadio presentó una denuncia para que se investigaran el contenido de la nota y la presunta “violación de secretos”: sólo alguien que conocía la causa desde adentro podía contar con los detalles que exponía la nota. El peritaje lo hicieron Héctor Roccatagliata, del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema, y Jorge Luis Fernández, que participó como perito de parte (la ley prevé que el acusado puede designar a su contador). Ambos firmaron un informe, presentado anteayer, en el que sostuvieron que Bounine, con sus ingresos y egresos, “justifica contar con los fondos suficientes para haber adquirido los bienes cuya titularidad se ha constatado, más un consumo razonable”. Con este dictamen, Bounine –cuyo abogado es el ex ministro León Arslanian– queda muy cerca de un sobreseimiento. El peritaje incluye al ex secretario Daniel Muñoz, pero no es tan favorable para él. Dice que le faltan comprobantes de deudas por $ 213.952 y que tiene $ 19.537,50 no justificados. Igual, Fernández afirmó que sus cuentas están en regla. El peritaje lo ordenó Bonadio el 17 de noviembre. Roccatagliata y Fernández se habían reunido tres veces cuando Roccatagliata se enfermó. Entonces, el juez pidió que se lo reemplazara para no demorar la causa y se designó a Alberto Alonso. Según Fernández, Alonso “unilateralmente cambió los criterios” convenidos con Roccatagliata y se manejó con arbitrariedad. Fernández le informó esto a Bonadio el 23 de febrero y le dijo que Roccatagliata estaría en condiciones de reintegrarse en forma “inmediata”. Entonces, Bonadio suspendió el peritaje hasta que volvió Roccatagliata, una semana después. Esto motivó el anónimo. La nueva causa quedó a cargo del juez Norberto Oyarbide.