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| Jueves 14 de noviembre de 2013

Filipinas: se extienden los saqueos y el éxodo en las zonas afectadas catástrofe. Ocho personas murieron en el asalto a un depósito de arroz en una de las

ciudades arrasadas por el tifón; miles tratan de abandonar en avión la región devastada

TACLOBAN, Filipinas.– Desesperados y furiosos por la lentitud con la que se distribuye la ayuda humanitaria, miles de sobrevivientes del tifón Haiyan intentaban ayer huir en avión de Tacloban y otras poblaciones afectadas por la tormenta huracanada que arrasó la región central de Filipinas hace seis días. A la escasez de víveres y medicinas se une el caos en el que se sumió la provincia central de Leyte, donde rige la ley de la selva y los saqueos son moneda corriente. Según informaron las autoridades locales, ocho personas murieron cuando se vino abajo un depósito de arroz asaltado por una turba en la ciudad de Alangalang, próxima a Tacloban. Los saqueadores se llevaron más de 100.000 sacos de 50 kilos de arroz, informó la Autoridad Nacional de la Alimentación. Ante la incapacidad de las autoridades para proporcionar agua, comida, medicamentos y refugio, grupos armados saquearon también algunos de los edificios de Tacloban que todavía quedan en pie, a pesar del toque de queda impuesto por las autoridades. Debido al caos que reina en Tacloban, una ciudad de unos 220.000 habitantes, las autoridades se vieron obligadas a aplazar un entierro colectivo. “Terminamos de cavar el emplazamiento para el entierro colectivo, pero luego se registraron varios disparos y nos detuvimos. La policía pidió al convoy que diera media vuelta”, explicó el alcalde de la ciudad, Aflred Romuáldez. En Tacloban, donde el aeropuerto quedó semidestruido, pero opera de manera parcial desde hace unos días, cientos de personas se agolpan cada día para tratar de salir de la ciudad. Agotados, traumatizados y hambrientos, algunos vecinos provocaron ayer una avalancha cuando intentaron abordar los aviones militares que transportan ayuda humanitaria. “Vamos a morir de hambre; lle-

En Tacloban, un escenario de desolación vamos tres días acá, pero no conseguimos tomar un avión”, dijo Angeline, madre de una niña de siete años que se desmayó entre la multitud. “Los vuelos que despegan y aterrizan en Tacloban todavía son muy limitados y los transbordadores están abarrotados”, admitió Patrick Fuller, vocero de la Cruz Roja Internacional en la región AsiaPacífico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre los riesgos de enfermedad, especialmente sobre las relacionadas con el agua. El supertifón Haiyan, uno de los

ap

más potentes en la historia de Filipinas, devastó la zona central del país asiático el viernes pasado, con vientos de más de 300 kilómetros, y dejó un saldo de 2275 muertos, según el último recuento oficial del gobierno de Benigno Aquino. Sin embargo, las estimaciones de las Naciones Unidas elevan a 10.000 la cifra de muertos. La ONU no quiso entrar en la polémica de cifras. “Nos concentramos en los vivos, no en los muertos”, señaló la jefa de operaciones humanitarias del organismo, Valerie Amos. Diez millones de personas se vieron afectadas por el huracán (el 10% de la población del país) y más

de 600.000 perdieron sus casas. El secretario del gabinete gubernamental, Rene Almendras, reconoció que las autoridades están desbordadas por el número de muertos. “La razón por la que dejamos de recoger cadáveres es porque nos quedamos sin sudarios”, señaló. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de tres millones de personas perdieron temporal o definitivamente sus medios de subsistencia. Aunque la ayuda humanitaria comenzó a llegar a la zona central de Filipinas, la lentitud en la distribución y la magnitud de la catástrofe hacen que todavía la mayoría de la población afectada no se pueda beneficiar de esa asistencia. Las fuerzas armadas norteamericanas seguían enviando ayer ayuda suplementaria de emergencia a los afectados por el tifón en una docena de aviones y helicópteros, informó el Pentágono. Cuatro aeronaves MV-22 Osprey dejaron ayer su base de Okinawa, en Japón, en dirección a las zonas afectadas del archipiélago filipino. Mitad avión, mitad helicóptero, el MV-22 está dotado de una importante capacidad de carga y puede recorrer distancias cuatro veces más largas que los helicópteros convencionales y a más velocidad. Como refuerzo, Washington envió ocho aviones de carga MC-130 –una variante del Hércules–. Estados Unidos anunció que ya entregó cerca de 60 toneladas de ayuda humanitaria a Filipinas. En la operación militar, el Pentágono destinó diez millones de dólares. Para agilizar las tareas de ayuda, Washington envió también el portaaviones George Washington, equipado con 15 helicópteros y decenas de aviones, y dotado con un sistema de potabilización de agua. En la nave, escoltada por dos cruceros y un destructor, viajan más de 7000 marines.ß Agencias AP, AFP, ANSA y EFE

Absuelven en España a los acusados por la catástrofe del Prestige fallo. No hallaron responsables políticos por

el naufragio que provocó un desastre ecológico

Martín Rodríguez Yebra CORRESPONSAL EN ESPAñA

MADRID.– No hubo imprudencia ni dolo. No hay responsables políticos. No se sabe con certeza qué falló. Once años después del naufragio del petrolero Prestige frente a las costas de Galicia, una de las peores catástrofes ecológicas de la historia europea, la Justicia absolvió ayer a todos los acusados y descartó los multimillonarios reclamos de indemnización. El fallo de la Audiencia Provincial de la provincia de La Coruña, que causó conmoción en España, apenas se limita a condenar por “desobediencia” al capitán del buque, el griego Apostolos Mangouras. Le achaca haberse negado a ser remolcado y le fija una pena de nueve meses de prisión, que podrá cumplir en libertad. Pero descartó las condenas por delitos contra el medio ambiente –con penas de hasta 12 años de cárcel– que reclamaba la fiscalía contra el capitán, contra el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos y el entonces director de la Marina Mercante española, José Luis López-Sors. El Prestige se partió en dos el 19 de noviembre de 2002, seis días después de reportar una avería en el mar Cantábrico. Vertió al agua más de 60.000 toneladas de crudo, que afectaron las costas de Galicia, el sur de Francia y el norte de Portugal. Durante meses, ciudadanos de toda España participaron de un operativo para limpiar las playas del norte de la península, devastadas por las mareas negras. Aquella catástrofe minó la popularidad del gobierno del entonces presidente José María Aznar por sus desesperados intentos por minimizar el desastre. El mundo conoció por aquellos días la cara de Mariano Rajoy, entonces vicepresidente, a quien le encargaron la gestión de la crisis. Hasta hoy, al actual jefe del gobierno español lo persiguen algunas de las frases que pronunció para negar que la mancha de petróleo se acercaba a las costas gallegas: “El fuel está aún enfriándose, salen unos peque-

ños hilitos, con aspecto de plastilina en estiramiento vertical”, leyó en una conferencia de prensa. La realidad lo desmintió de manera brutal días después. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno español cuando el Prestige avisó que había resultado averiado después de una fuerte tormenta fue ordenarle al capitán del buque que se alejara de la costa gallega. “Sólo querían una cosa: que lleváramos el barco lo más lejos posible”, dijo uno de los responsables del barco durante el juicio. Aquella medida amplificó la catástrofe, según los querellantes: el buque se hundió a 260 kilómetros de Galicia y la contaminación se esparció por 3000 kilómetros de costa en lugar de quedar en un punto focalizado. Pero los jueces consideraron que “en aquellos momentos la decisión adoptada era la más correcta, sino la única posible” y que el gobierno “gestionó profesionalmente” la emergencia. Añadieron que “no hay ningún dato concreto que permita establecer con seguridad las causas de la extraordinaria, repentina e irreparable avería”. Y descartaron que los responsables del buque pudieran haber conocido los desperfectos. Al no identificar tampoco responsables civiles, nadie pagará los daños, valuados en 4300 millones de euros. La fiscalía pretendía endosarle la factura a la aseguradora británica The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance (la única sociedad que logró identificar detrás del Prestige). El fallo despertó una ola de indignación entre la oposición y entre grupos que denunciaron durante 11 años la negligencia de las autoridades y el dolo de los responsables del Prestige (un barco liberiano con bandera de Bahamas). Greenpeace expresó su malestar: “Los culpables políticos no pagan, las empresas culpables tampoco. Hubo información falsa y se tomaron decisiones catastróficas, como alejar el buque de la costa cuando estaba averiado. Es increíble que se diga que nadie es responsable”.ß