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| Domingo 12 De enero De 2014

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España quiere cambiar el rol del trabajador de la seguridad

El perfil de los vigilantes privados

redefinición. Los vigilantes privados tendrían la potestad de detener, identificar y cachear

Alba Tobella EL PAíS

MADRID.– “Los vigilantes no somos ni una cosa ni otra. Yo salgo corriendo atrás de alguien que robó en la tienda, pero no me quiero meter en los líos de la calle”, explica Pedro, un agente de seguridad privada de una tienda del centro de Madrid. Vio en las noticias que si se aprueba el proyecto de ley de seguridad privada, su jefe puede mandarlo a patrullar a la calle. Y le da bastante miedo. El borrador que presentó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este mes amplía aún más el terreno de acción de los vigilantes privados, que podrán hacer ronda en las calles comerciales y tendrán potestad para detener, identificar y cachear a quien cometa algún delito flagrante dentro de su área de protección delimitada. Los primeros escépticos son los propios vigilantes que,

con una formación más básica que los policías, sienten que la ley no los protege como a ellos. “El ministerio tiene que garantizar que el servicio que se delega lo pueda ejercer la seguridad privada y para eso tiene que formarnos mejor”, dice José Rafael Centeno, director del sector de seguridad de la Unión General de Trabajadores (UGT). “Se atacó mucho a los vigilantes y no nos lo merecemos. Si hemos valido para escolta en el País Vasco y en Navarra durante 30 años, somos válidos para cualquier otra función, pero tenemos que recibir la formación necesaria”, agrega. La instrucción es, efectivamente, uno de los aspectos que perfila la nueva ley, aunque no deja claro cómo acabará cuajando esta intención de mejorar las competencias de los vigilantes. El borrador deja la puerta abierta a concretarla con programas de formación profesional o universitarios, pero los afectados temen que

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jadores en industrias, construcción, oficios, servicios y campo. Además, desde su nacimiento, en diciembre de 2012, se generaron alianzas con más de 50 fundaciones y ONG, y con el Ministerio de Trabajo y sus oficinas de empleo.

archivo

el gobierno les otorgue responsabilidades de policía sin las herramientas para hacerlo. “Aún tenemos mucho camino que recorrer en el trato con la ciudadanía. No es lo mismo cachear a alguien en un espacio privado que en plena calle”, advierte Nelo Maldonado, asesor de seguridad privada de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y profesor en academias de vigilantes. “Incluso con la formación de algunos funcionarios de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, donde se invirtió un tiempo mucho más largo, se siguen dando casos de abuso en algunas ocasiones”, indica el abogado penalista Jaime Sanz de Bremond. La profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad

Autónoma de Barcelona Roser Martínez alerta que la reforma legislativa relaja la formación que se exige a los vigilantes armados –el 78% del total de un sector con 82.150 trabajadores–. “Ahora están obligados a hacer dos prácticas de tiro al año, mientras que el último borrador de la ley [del 10 de diciembre] sólo dice que el mantenimiento de la actitud en el uso de armas se hará con la participación de instructores de tiro habilitados. No especifica ni qué actitud deben tener los preparadores ni el número de prácticas ni el número de tiros”, explica la experta. Martínez también destaca que la reforma permitirá que los vigilantes no depositen el arma en la empresa en algunas ocasiones. Los permisos

de arma son otorgados a las empresas, no a sus trabajadores, por lo que los vigilantes están obligados a dejarla en manos de la compañía cada vez que acaban el servicio. Con la nueva ley podrán dejarla en la caja fuerte de un hotel, por ejemplo, en el caso de que estén realizando una protección privada de varios días para evitar que tengan que desplazarse hasta la sede de su empresa. El sector perdió un 20% de su volumen de negocio desde 2008 y la Asociación Profesional de Compañías de Servicios de Seguridad (Aproser), la asociación que engloba a las 12 compañías más grandes que facturan el 70% de los ingresos del sector, no cree que la reforma de la ley reflote sus balances. ß © El País, SL

El de Pedro, un nombre falso porque no quiere que la empresa para la que trabaja conozca su identidad, es uno de los dos perfiles más habituales en los cursos de habilitación para seguridad privada: desempleado de larga duración, mayor de 40 años y con una profesión de un sector en declive, como la construcción. De hecho, él es mecánico, pero después de varios años en el paro acabó optando por esta alternativa. Encontró un trabajo estable aunque, según cuenta, no pasa de mileurista. El otro perfil habitual entre los candidatos lo constituyen jóvenes de entre 18 y 21 años que ven la vigilancia como una carrera, y que aspiran a ascender a puestos más complejos como el control de sistemas operativos o la prevención de incendios. Juan Carlos Rodríguez, coordinador de estudios de Abalar, una academia que forma a unos 700 estudiantes al año, asegura que, por el contrario, los que aspiran a entrar en la policía nacional son, en general, mucho más vocacionales que los que intentan convertirse en seguridad privada. La formación es mucho más exhaustiva. “La idea de que son policías frustrados es falsa”, asegura. Sí pasa al revés, que estudiantes de policía nacional se sacan el título de vigilante para poder mantenerse mientras estudian.ß